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La salud del migrante, un tema que nos ocupa a todos

Brenda Esquivel

María Gabriela Mora

Dayanne Nájera

La migración es un hecho que ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus orígenes, es el factor fundamental que favorece a la constitución de la sociedad tal y como es conocida en la actualidad.

Diversos países han sentados sus bases históricas en los modelos extranjeros implantados por los inmigrantes, que posteriormente dieron forma a sus respectivos sistemas políticos que dan vida a la organización social estatal. Por tanto, las migraciones son un aspecto positivo en el desarrollo de los países.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU)[1], para el 2017 258 millones de personas eran migrantes; asentados respectivamente en Europa 78 millones, en Asia 80 millones, América del Norte 58 millones, África 25 millones, en América Latina 10 millones y en Oceanía 8 millones.

Las personas que deciden movilizarse de un país a otro, principalmente lo hacen por factores ligados a la globalización; en algunos casos este movimiento puede ser temporal como sucede con el turismo, o por motivo de trabajo o de estudio. Así mismo, la decisión de trasladarse a otro país se puede deber a razones de vulnerabilidad, como lo son la desigualdad en la distribución de la renta, la disminución de la oferta de empleo, la desestabilidad en el orden político, entre otros; que presentan a otro país como la mejor opción para encontrar bienestar y estabilidad.

Tomando como ejemplo a Costa Rica, se constata que es uno de los países de América Latina que posee un índice más alto de migración en contraste con la emigración, dando como resultado, un saldo migratorio positivo. Al mismo tiempo, cuenta con uno de los porcentajes más altos de la región centroamericana de inmigrantes, de 9% aproximadamente, acercándose a 400 000 habitantes.

Las cifras oficiales indican que la inclusión social de los inmigrantes es positiva pero requiere de mayores esfuerzos, por ejemplo, la tasa de matrícula en la primaria de los niños provenientes del extranjero y con residencia en el país es de un 91%, por lo cual se evidencia que existe un alto número de niños que no están atendiendo la escolaridad obligatoria en el país.[2]

Según lo anterior, el país cuenta con una población migrante altamente vulnerable: mujeres y niños, los cuales en muchos casos no cuentan con las garantías mínimas de cobertura social y de salud. Y específicamente en el caso nicaragüense éstos perciben aproximadamente un 60% menos del salario que ganan los nacionales.[3]

Por lo general, los empleos a los que se dedican las personas migrantes más el poco acceso a la información por parte de dicha población (falta de información, diferencias culturales que dificultan la comprensión e interpretación efectiva de las campañas preventivas, deficitarias campañas preventivas) producen su vulnerabilidad y la de sus familias con respecto a sus condiciones de salud.

Por otra parte es importante recalcar que la población inmigrante contribuye con el 11,9% del valor agregado nacional. En términos de dicha población que llega al 9%, se denota que la contribución económica es altamente dinámica. [4]

Ahora bien, cualquier tipo de traslado de personas representa una situación de vulnerabilidad para la salud de la población del país receptor, así como la de la persona migrante. Las enfermedades no conocen fronteras, y aunque la persona que emigra no es riesgo para salud el fenómeno de la migración si es un determinante de condiciones adversas, en especial cuando se realiza de forma irregular, pues favorece la convivencia en situaciones precarias que atentan contra el bienestar de la persona.

Algunos agravantes como en Costa Rica[5], es la exclusión por parte de patronos y empresarios a las personas migrantes del derecho a asistir a los servicios de salud, debido a prácticas como partir de prácticas como morosidad, deducciones de los salarios de las cuotas correspondientes pero que no se reportan así como una alta rotación de personal para eximirse del pago de los derechos sociales.

Las afectaciones a la salud más comunes en la población migrante son:

Enfermedades carenciales de tipo nutricional (desnutrición, anemia)

Enfermedades infecciosas (gastrointestinales y respiratorias)

Enfermedades transmitidas por vectores (dengue, malaria) y las derivadas del trabajo (accidentes, intoxicaciones por agroquímicos y envejecimiento prematuro)

 Riesgo de contraer ITS y SIDA.

Es por todo lo anterior, que se deben crear medidas que generen mejores condiciones para toda la población, y que permitan brindar una atención integral, a través de políticas públicas adecuadas que den una respuesta pronta a las necesidades de sus habitantes y de las personas que transitan el suelo nacional, sin distinción de origen.

De igual manera, se deben generar esfuerzos que promuevan la creación servicios de salud inclusivos, que no solamente procuren el bienestar físico, sino que también la salud mental; para esto se requiere de compromiso político y participación de todos los sectores sociales, incluyéndonos a nosotros, evitando conductas que pueden reprimir o discriminar a otros.

Además, no se debe olvidar la coordinación regional y la cooperación como una herramienta disponible para todos los países, que a pesar de su existencia en algunos casos no son completamente eficaces.

Se debe tomar en cuenta que en la escala de necesidades y prioridades que establecen las personas migrantes, la salud es algo que debe ser atendido en el momento, en virtud de los otros apremios a los que se tienen que enfrentar en la sociedad receptora (trabajo, alimentación, remesas, relaciones de pareja, relaciones sociales, no exposición a autoridades, entre otros.).[6] Debemos recordar que la salud es un derecho humano sin importar la condición migratoria. Las personas migrantes traen beneficios a los países receptores, diversifican el intercambio cultural y agilizan la economía.[7]

Por tanto, atender a las personas migrantes desde la prevención, hasta la curación es una estrategia de salud pública, que protege tanto a los migrantes como a la población nacional, y que además fortalece la gestión de la salud en el país.

[1] ONU. (2017). International Migration Report. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.

[2] OCDE (2010). Los 12 datos más importantes sobre los inmigrantes en Costa Rica, según la OCDE.  www.oecd.org/countries/costarica/45660735.pdf

[3] OCDE (2010). Los 12 datos más importantes sobre los inmigrantes en Costa Rica, según la OCDE.  www.oecd.org/countries/costarica/45660735.pdf

[4] PNUD. (sf). Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. https://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/centroamerica/002/Salud_Edgar_Barillas.pdf

[5] Acuña, G. (2005).  La Inmigración en Costa Rica; dinámicas, desarrollo y desafíos. https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/migracion/inmigracr.pdf

[6] Acuña, G. (2005). La Inmigración en Costa Rica; dinámicas, desarrollo y desafíos.  https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/derechos%20humanos/migracion/inmigracr.pdf

[7] Organización Mundial de la Salud. (OMS) (2003). https://www.paho.org/cor/index.php?option=com_content&view=article&id=143:publicaciones&Itemid=221

Fuente de fotografías:

  1. USA Hispanic PRESS, 2018
  2. ACNUR, 2018
  3. ACNUR, 2018

Enviado a SURCOS por Dayanne Nájera Matarrita.

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UNA: Envejecimiento de la población costarricense: un reto para el futuro

Fabiola Quirós Segura (*)

Las discusiones en torno al envejecimiento de la población, a nivel Latinoamericano, se vienen gestando con fuerza desde hace algunos años, ello debido a las transformaciones económico-sociales que traerá consigo la inversión de la pirámide poblacional.

Según datos publicados en el informe Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe a inicios de 2018, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente, un 11 % de la población de esta región supera los 60 años; mientras que las proyecciones indican que en el 2030 llegará a un 17 %, y en 2050, al 40 %.

En el caso costarricense, el crecimiento de la población adulta mayor se debe, en gran medida, al aumento de la esperanza de vida al nacer y al descenso de la tasa de la natalidad, cuyas tasas, en el 2018, se ubican en 4,5 % y 14,5 % respectivamente. Se estima que, en el 2025, dichas tasas se ubicarán en un 5,0 % y un 12,7 %, según los datos de la Estrategia nacional para un envejecimiento saludable, documento publicado a inicios de 2018 por el Ministerio de Salud, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo anterior, supone un aumento en la población adulta mayor y una disminución en la población joven; en este sentido, los datos del documento en mención, sostienen que para el 2040 la cantidad de adultos mayores será igual a la de menores de 15 años y, se estima que en 2045 los adultos de más de 70 años se encontrarán en la franja más notoria de la pirámide poblacional costarricense, por lo que para el 2050 una cuarta parte de la población estará compuesta por adultos con más de 60 años. Aunado a lo anterior, se sostiene que el índice de envejecimiento (relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes) variará entre el 2000 y el 2025 en un 220,8 %.

Según los resultados de la Encuesta Continua de empleo (ECE), para el tercer trimestre del 2018, Costa Rica cuenta con un total de 792 511 personas de 60 años o más, de las que sólo una pequeña parte (206 873, equivalente a un 26%), se encuentran insertas dentro de la fuerza de trabajo. La tasa promedio de desempleo abierto para dicho grupo poblacional es de un 4,8 %, (para los hombres dicha tasa es de un 4,6% y para las mujeres es de 4,9 %).

A su vez, la tasa promedio de empleo formal es del 26 % (por sexo, esta es del 28 % para los hombres, y de 20% para las mujeres). Mientras que la tasa promedio de empleo informal para este mismo grupo, es del 74 % (una tasa muy alta; entre los hombres ronda el 72 %, y entre las mujeres el 80 %). Adicionalmente, es importante señalar que del total de ocupados informales de 60 años o más, el 61 % posee un empleo independiente, mientras que el 39 % trabaja de forma dependiente.

Lo anterior indica que, si bien, la participación de las personas adultas mayores en el mercado laboral es baja, lo cierto es que los que se ven obligados a trabajar, lo hacen en su mayoría dentro de la informalidad y con empleo independiente. A su vez, las estadísticas indican que las mujeres son las que se encuentran en mayor vulnerabilidad, ya que la tasa de desempleo y de informalidad son más altas con respecto a las de los hombres.

En resumen, resulta prioritario para el diseño de las políticas públicas del país, a mediano y largo plazo, considerar el envejecimiento de la población, debido a las implicaciones que esto tiene para los sistemas de seguridad social. Además, a nivel familiar el envejecimiento también implica cambios, ya que estas personas cada vez demandarán más tiempo de cuidado y gastos en manutención (muchas personas no han cotizado para la seguridad social), lo que obliga a las familias a estar preparadas y a tomar las medidas pertinentes.

 

(*) Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.

Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Estudio identifica afecto positivo alto en costarricenses con envejecimiento saludable

Enviado UNA Comunicación.

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Falta Más

Marlin Óscar Ávila

Uno puede sorprenderse al confirmar que aún estamos en huelga de empleados públicos y el Ejecutivo, ni el legislativo, buscan una negociación seria con los sindicatos y demás sectores involucrados.

Puede ser que la juventud gobernante se considera iluminada por algún fenómeno mágico, o porque sus asesores de agencias internacionales les han lavado el cerebro, diciéndoles que si no lo hacen, sin dar tregua a quienes exigen mayor participación y discusiones, van a caer por defecto en el abismo de endeudamiento internacional sin poder superarse, como el caso de Argentina. Desde luego, no esperamos mucho de algunos altos ejecutivos de quienes sabemos las escuelas de pensamiento de donde se originan, particularmente la coordinadora del gabinete económico, la dirección del Banco Central y otros. Su liberalismo a ultranza es obvia. Pero hay algunos cuadros del PAC que nos empujan al desengaño, después de haber creído en otro perfil de sus personalidades mientras estaban en la Asamblea.

Los líderes sindicales también deben reflexionar sobre la lucha que se libera sin tomar oxígeno. Esto apenas está en una etapa inicial. Ahora vienen otras contiendas que requerirán de mucha energía, participación ciudadana, del sindicalismo y de toda persona informada y racional. No cabe dudas que los conservadores y asesores internacionales neoliberales tienen preparado el paquete de leyes para reducir al mínimo a nuestras instituciones de Estado, pasando la responsabilidad de los servicios rentables a la empresa privada.

Esto nos llevará el 2019 en fuertes discusiones. Huir de esa discusión sería irresponsable. Solamente hay que ver lo ocurrido en los países vecinos, para saber sus consecuencias. Se le quitan servicios esenciales a la ciudadanía, se reducen los derechos de las personas retiradas, se cierran y privatizan hospitales, los servicios educativos se convierten en centros de negocios, se imponen mayores impuestos indirectos y se invierte lo mínimo en el sector social por parte del Estado.

La juventud que ahora se queja porque siente haber envejecido varios años en éste 2018, debe saber que los «buitres» internacionales de la economía de nuestros países, están a la espera de las defunciones institucionales y la decaída económica nuestra. Ahora, los evangélicos politizados, conservadores y ultra derechistas se sienten exitosos en Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Honduras, Guatemala y otros países. A excepción de los Demócratas de los Estados Unidos, los demás países del continente estamos viviendo una embestida sin precedentes de la ultra-derecha. Así que Costa Rica no puede quedar afuera, según ellos.

 

Enviado por el autor.

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De nuevo las huelgas

Óscar Madrigal

Durante más de 60 años, desde la promulgación del Código de Trabajo, las huelgas en Costa Rica NO fueron un derecho de los trabajadores. En todo ese periodo, si acaso 1 ó 2 fueron declaradas legales, porque la legislación imponía tantos obstáculos que incluso las penalizaba. Gloria, mi esposa, junto con otras trabajadoras y trabajadores fueron llevados a un juicio penal por participar en la huelga de Adaptación Social allá por los 80, siendo defendidos por la licenciada Ligia Arce y finalmente un juez (de los vilipendiados ahora) las salvó de ir a prisión, las absolvió. La penalización de las huelgas fue derogada hasta los años 90.

El trabajador nunca pudo hacer efectivo el derecho a la huelga que está consagrado en la Constitución Política y era un derecho fundamental, como tanto otros, que solo significan papel mojado. La Reforma Procesal Laboral recogió en el derecho positivo algunos aspectos que ya venía sosteniendo de antaño la Sala Constitucional, tales como que a los trabajadores que participan en una huelga, se les debe rebajar los salarios a partir de la firmeza de la ilegalidad de la misma. Asimismo, la definición acerca de los servicios públicos ESENCIALES que se incluyó en la RPL es la misma que había sostenido la Sala Constitucional. En ese Reforma se recogen, además, las posiciones del Comité de Libertad y los convenidos de la OIT o los más modernos avances de la legislación laboral.

Algunos expresan con gran preocupación, los grandes daños que causa y ha causado la huelga contra el proyecto fiscal. Lo primero que hay que tener en cuenta es que toda huelga produce pérdidas. No conozco ninguna huelga en alguna parte del mundo que se realice generando beneficios para el patrono; si ese fuera el caso las promoverían. El segundo punto es que si bien esta huelga ha durado mucho tiempo, diría que demasiado, ello se debe a dos razones: porque se pensaba que las huelgas serían como en el pasado, es decir, que eran un derecho inexistente, sin entender que la legislación había cambiado. Por esta razón, el Gobierno se orientó a matarla por hambre, siguiendo el consejo del expresidente Rodríguez. Como no comprendieron que la huelga es un derecho constitucionalmente asentado, no creyeron en su prolongación, porque en el pasado todas eran ilegales y se liquidaban por hambre o represión. Fundamentado en este criterio, el Gobierno nunca aceptó sentarse a negociar seriamente con el movimiento sindical sino que mandó a mandos medios a darle largas al asunto. Y un Gobierno que no dialoga con seriedad, acaba enredado en sus propias truculencias.

Algo había cambiado en el país. A pesar de la feroz campaña del Gobierno, de los medios de comunicación y de algunos incondicionales, denigrando a los sindicalistas, a sus dirigentes o creando un miedo atroz, la mayoría de las y los docentes se han mantenido firmes en sus posiciones. La prolongación de esta huelga es única responsabilidad del Gobierno que no ha mostrado flexibilidades ni espíritu de diálogo. En 1970 estalló la gran huelga bananera del Pacífico Sur que rápidamente se declaró ilegal. La Nación, las cámaras patronales y los sectores más reaccionarios exigían al Presidente José Figueres reprimirla. De allí es su famosa frase de, “Huelga es Huelga” y obligó a la Yunai a sentarse a dialogar con la UTG, el sindicato.

Un gobierno que se diga representante del pueblo, tendría que dialogar con un grupo importante de trabajadores y no simplemente segregarlos mediante la ofensa o el matonismo.

El PLN y el PUSC (nada extraña de ellos) en conjunto con el PRN y el PAC (del que se esperaba algunas distinciones) se aprestan a derogar el derecho de huelga y el derecho de sindicalización. Y pretenden darle un trámite expedito mediante la aprobación de la aplicación del artículo 208bis.

La libertad sindical seguirá siendo motivo de lucha.

 

*Imagen ilustrativa.

Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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El genoma antidemocrático del plan fiscal de Carlos Alvarado

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Frente a las penurias fiscales, el plan que nos ofrece el gobierno de Carlos Alvarado –el proyecto 20.580 más la “hoja de ruta” definida por la Ministra Aguilar– resulta, en el mejor de los casos, un paliativo extremadamente limitado. Es mucho menos que un verdadero “plan fiscal”, aunque, en lo ideológico sí es muy agresivo.

1) Embarrialar la cancha

Lo ideológico permea a profundidad la propuesta formulada, especialmente en los apartados de “empleo público” y “regla fiscal”. En el primer caso, se opta por la restricción aplicada en forma indiscriminada, dejando de lado que la institucionalidad pública es un todo complejo, con muchos componentes heterogéneos a su interior. Cierto que la dispersión actualmente vigente en esta materia, propicia incoherencias indeseables. Pero desde ahí se quiere dar un violento salto para imponer irrestricta uniformidad. Esto último solo es comprensible desde lo ideológico –atizado por el odio hacia la gente empleada en el sector público– pero de ninguna manera responde a un compromiso con la mejora, para lo cual es indispensable tener en cuenta apropiadamente la diversidad de funciones y responsabilidades que competen a las diversas instituciones públicas. Se opta entonces por la centralización de decisiones y la generalización de las normas, sin ningún matiz ni selectividad.

Estas propuestas sobre empleo público, así como las atinentes a la “regla fiscal” –cuestiones teñidas de ideología en tonos realmente chillones– resultan inevitablemente polémicas. Quienes las introdujeron en este proyecto 20.580 se dejaron llevar por sus prejuicios ideológicos: contra empleados y empleados del sector público más su indisimulado antiestatismo. Acaso imaginaron –en lo que ha sido un cálculo de perniciosas implicaciones– que las urgencias fiscales podrían servir de cubierta para disimular sus objetivos ideológicos. En cambio, sus propuestas orientadas a atacar en lo inmediato el problema fiscal –que debió ser lo prioritario– quedaron reducidas a un mínimo intrascendente y anodino.

De esta forma se introdujo un factor de disenso y conflicto que ha polarizado la sociedad costarricense, dificultando en consecuencia avanzar en aquello realmente urgente, con lo que, de paso, se bloquea la construcción de los espacios de diálogo y entendimiento que ahora, como nunca, resultan indispensables.

Desde luego, si así lo desean, es legítimo que se ponga en discusión esos dos temas –empleo público y regla fiscal– siendo lo apropiado que ambos se diriman en procesos de debate democrático, amplios y transparentes. En su lugar, se opta por meterlos por la ventana de la cocina, y utilizar la difícil situación fiscal como herramienta de chantaje para forzar su aprobación.

2) El orden institucional-democrático en tensión

Hablar de chantaje, como acabo de hacerlo, no es exagerar en absoluto. En lo que, en rigor, se ha venido haciendo, lo cual se resuelve en un mensaje catastrofista, que asimismo gira alrededor de un discurso único. Un renacer agresivo del TINA (“there is no alternative”) de Margaret Thatcher. “El caos o yo” nos dice Carlos Alvarado y lo repiten en coro Rocío Aguilar, Rodolfo Piza y un largo etcétera de ecos, incluso, y en forma unánime, los economistas de la ortodoxia y la prensa comercial más poderosa. Dicho de otra forma: “el caos o su 20.580”. El único “Plan B” que se nos ofrece es ese: todos los desastres en un solo paquete.

Eso ha propiciado un nerviosismo generalizado, en mucho mayor grado de lo que el solo problema fiscal –sin duda grave– podría haber provocado. La incontinencia verbal de las altas autoridades de gobierno, la torpeza e irresponsabilidad con que manejan sus estrategias de comunicación, generan precisamente lo que dicen querer evitar: el caos. En economía las palabras importan, sobre todo cuando vienen de personajes políticamente muy encumbrados. Una cosa es que la situación sea delicada, lo que daría lugar, justificadamente, a un sentimiento de duda y vacilación. Otra bien distinta es que tan importantes señores y señoras imprudentemente incentiven la histeria colectiva.

Esa “operación chantaje” se ha aplicado incluso al Poder Judicial. Sin ningún disimulo se le está exigiendo que dé luz verde al proyecto 20.580 independientemente de cualquier irregularidad que pudiera tener. Buena ilustración nos la aporta las reacciones suscitadas ante lo resuelto por la Corte Plena, cuando, con arreglo al artículo 167 de la Constitución, hizo ver (con toda razón) que sí hay una afectación a la organización del Poder Judicial. Efectivamente la hay, pero eso fue invisibilizado totalmente a favor de un ataque bastante vulgar centrado en los elevados sueldos de magistrados y magistradas. Esto último puede ser todo lo cuestionable que queramos. Pero la cuestión de fondo era otra, y eso fue totalmente acallado.

Hoy el mismo procedimiento de chantaje –“20.580 o caos”– le es aplicado a la Sala Constitucional, como también a los tribunales que deben decidir sobre la legalidad de las huelgas. La división de poderes y todo el juego de pesos y contrapesos –base fundamental de cualquier orden institucional que se precie de democrático– es entonces puesto en tensión. La cuestión adquiere entonces una tonalidad abiertamente antidemocrática, la cual queda vea bien sintetizada en las bravatas de “hombre fuerte” a las que el presidente Alvarado se ha hecho tan aficionado.

La jefa del equipo económico de C. Alvarado.

3) Poner a la democracia contra la democracia

La democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos que la humanidad ha logrado inventar, sin duda tiene limitaciones y puede incurrir en vicios. Los presupuestos públicos pueden dar testimonio de ello, cada vez que, ante la presión de algún grupo en particular o propiciados por objetivos electorales, se toman decisiones que de alguna manera implican ineficiencias, despilfarros e, incluso, corrupción.

El neoliberalismo es una ideología que desconfía mortalmente de la democracia, precisamente porque ésta propicia intervenciones y limitaciones sobre los mecanismos del mercado capitalista, y, sobre todo, porque conlleva el “peligro” de que quienes en esos mercados carecen de voz, puedan tenerla en el territorio de la deliberación política. Los automatismos mercantiles que pueblan el imaginario ideológico neoliberal, y que se alimentan de las teorizaciones –al cual más alucinada e incoherente– de la economía neoclásica, no admiten el juego político que la democracia promueve y, sobre todo, la injerencia que propicia por parte de las clases menos favorecidas. Es algo inserto en el genoma del liberalismo económico, que, agudizado, sobrevive en el neoliberalismo. De ahí que resulte tan esclarecedora la lectura de “La gran transformación” –magna obra de Karl Polanyi– no obstante haberse publicado en 1944.

La “regla fiscal” recoge esas incomodidades ideológicas e intenta implantar en la institucionalidad pública de Costa Rica todos los mortales equívocos derivados de la fallida teorización neoclásica.

Primero, restringe a priori la capacidad de la propia Asamblea Legislativa, para decidir en materia presupuestaria y de gasto.

Segundo, propicia un alto grado de centralización del poder de decisión en instancias burocráticas, señaladamente el Ministerio de Hacienda (en materia de personal, el 20.580 concede también enorme poder al Ministerio de Planificación). Seguramente se trata de cuadros técnicos muy calificados, y de seguro bienintencionados. Pero carecen de la legitimidad democrática que nace del voto popular, no obstante lo cual se les entrega un enorme poder de decisión sobre asuntos que podrían afectar amplia y significativamente, las políticas en materia social y económica.

Tercero, se limita severamente el ejercicio de las políticas económicas. Incluso las “cláusulas de escape”, que el 20.580 introduce en relación con situaciones de emergencia nacional o recesión económica, quedan definidas dentro de parámetros sumamente astringentes.

Los puntos primero y segundo anteriores claramente restringen los mecanismos de la democracia. O sea: frente a las fallas de la democracia, se opta por empobrecerla y limitarla. En cambio pudo optarse por buscar mejorarla: una democracia más participativa e informada; más transparente y deliberativa; en mayor grado asentada en la educación cívica, la responsabilidad ciudadana, la reflexión bien fundamentada. Pero, sin duda, esas son ideas demasiado perturbadoras para el talante neoliberal y el sentido común que éste impone.

El punto tres recoge el imaginario que la teoría económica ortodoxa o neoclásica ha creado alrededor de los mercados capitalistas, con el presunto virtuosismo de sus mecanismos automáticos de ajuste y equilibrio. Aunque la enorme mayoría de economistas de Costa Rica todavía no se enteran, esa es una teorización comprobadamente falaz, incoherente e insostenible.

Y, sin embargo, es sobre esas peligrosísimas bases teóricas e ideológicas que Carlos Alvarado nos propone refundar el sector público de Costa Rica.

 

(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Enviado por el autor.

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Alberto Rojas analiza ruptura en Restauración Nacional

El catedrático de la Universidad Nacional y profesor de sociología en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de esa casa de enseñanza superior, Alberto Rojas, realizó en el programa Desayunos de Radio Universidad, un análisis de la ruptura que se produjo en la fracción del Partido Restauración Nacional.

Junto a los conductores el politólogo Constantino Urcuyo y el economista Ronulfo Jiménez, AlbertoRojas hizo una amplia y profunda exposición de los elementos sociológicos y doctrinarios implicados en el nacimiento de una nueva fracción independiente afecta a Fabricio Alvarado y la reducción de los votos legislativos del partido que encabeza Carlos Avendaño.

SURCOS recibió de Alberto Rojas el enlace mediante el cual se puede escuchar la conversación, la cual, inicia en el minuto 19 del programa. Siga este vínculo y espere a que cargue el programa:

Los Negritos: una tradición en boruca que perdura en el tiempo

Cada año y desde tiempos inmemoriales, Boruca no olvida celebrar esta actividad llamada «la mura».

Dicha festividad evoca un recordatorio histórico de la comunidad e inicia desde el 06 de diciembre por la noche y finaliza el 08 de diciembre, precisamente en el contexto de la celebración de las fiestas patronales en honor a la purísima.

Esta tradición consiste en la participación de personas de la comunidad que se pintan su rostro color negro y danzan alrededor de una mula, la cual es una figura creada por ellos mismos a base de madera y semejante a una mula.

Durante el desarrollo de esta actividad, los negritos bailan y beben chicha en las casas que visitan y al final van y le rinden homenaje o serenata a la virgen…

¿Será esto un disfraz para la resistencia?

Imagen tomada de https://www.ballenatales.com/es/baile-de-los-negritos/

Enviado por Uriel Rojas.

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Algo más que un atractivo turístico

Las esferas de piedra del período precolombino encierran en sus entrañas algo más que granodiorita o gabro.

Su enorme simbolismo espiritual para las sociedades indígenas hizo de este artefacto lítico, un ícono de su desarrollo artístico y cultural.

Encierra un conocimiento intangible que para muchos es imperceptible y para otros inadmisible.

Posee un enorme valor espiritual y su enigma seguirá siendo enigma para quienes antes de ver este legado ancestral como símbolo de sabiduría y desarrollo intelectual lo sigan viendo simplemente como un atractivo turístico.

Bienvenido sea el retorno de todo el patrimonio cultural a las tierras ancestrales del Sur.

 

Enviado por Uriel Rojas.

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Costa Rica: El dólar en zona de turbulencias

Luis Paulino Vargas Solís (*)

El asunto de los vaivenes del dólar en las últimas semanas, no es de ninguna manera un problema simple. No se amolda a la receta esquemática de moda, que obsesivamente busca depositar en el sector público y en sus funcionarios y funcionarias, la culpa de cualquier problema o calamidad que Costa Rica pudiera sufrir. Lo cierto es que todo esto confluyen diversas causas, con implicaciones y posibilidades de bifurcación igualmente complejas.

1) Factores coyunturales: la versión oficial

Esta narrativa nos dice que el problema se origina fundamentalmente en los desequilibrios fiscales, específicamente a través de las compras de dólares por parte del sector público, en especial, aunque no exclusivamente, el Ministerio de Hacienda (véase Semanario El Financiero aquí). Se indica que entre julio y octubre ello hizo necesario que el Banco Central vendiese a esas instituciones públicas, un monto de $1.345 millones. La explicación tiene sentido en una perspectiva estrechamente coyuntural, pero no alcanza para explicar un hecho particular: puesto que eso empezó en julio ¿cómo entender entonces el abrupto incremento del dólar en el mes de octubre y sobre todo en su última semana?

2) El factor subjetivo: la gente se pone nerviosa

Para las clases trabajadoras, el tema fiscal sigue siendo un asunto lejano, de inciertas y nebulosas consecuencias. Quienes sí se sienten concernidos –aunque no con mucha claridad– son los sectores medios, o, mejor dicho, esa clase media de cartón que a duras penas sobrevive hoy día, pegada al tanque de oxígeno de la deuda. Y justo porque carga un pesado fardo de deudas, se siente amenazada. Y también, desde luego, los grupos de gran poder económico, que tiene razones sobradas para “preocuparse” (no vaya a ser que a alguien se le ocurra cobrarles mayores impuestos).

El “nerviosismo” se agudizó a partir de la convocatoria a huelga, justo porque ésta logró sacar el asunto de las paredes de la Asamblea Legislativa, propiciando un intenso debate nacional. La cuestión se complica adicionalmente precisamente porque en Costa Rica existe una institucionalidad democrática, compleja y a menudo enmarañada, con su juego de pesos y contrapesos. Todo lo cual hace que “la” solución que se quisiera imponer, quede sujeta a un escrutinio meticuloso.

Entre quienes manejan suficiente información, esto probablemente alentaría estrategias de protección, básicamente la migración de los ahorros de colones a dólares. El gran poder económico, por supuesto, tiene a su disposición mejores “refugios”: incluso sacar sus capitales del país.

También hay una faceta que se proyecta internacionalmente, conforme se extiende entre los poderes financieros globales y sus expresiones institucionales, la idea de que las finanzas públicas están en situación de considerable vulnerabilidad. Ello desincentivaría las corrientes de capitales hacia Costa Rica.

3) La incontinencia verbal de las autoridades

Los innegables riesgos asociados al problema fiscal, se han visto magnificados, hasta la hipérbole y la hipertrofia, por el tipo de mensajes que las más altas autoridades de gobierno lanzan. Ha sido como al modo de un caso de aguda incontinencia verbal, una delirante metralleta de narrativas de desastres, hundimientos, pestes, catástrofes y calamidades.

“Las palabras cuentan”, decía un letrero de una persona que protestaba ante Trump, en relación con los discurso de odio que éste lanza en tropel. En economía las palabras efectivamente cuentan, sobre todo cuando de por medio hay situaciones frágiles como la actual. No entenderlo es signo de ignorancia, de pésima asesoría económica o, acaso, de un grado de torpeza e irresponsabilidad inusitados.

Podría ser una estrategia propagandística: atemorizar a la población para presionar a favor de la aprobación del proyecto 20.580. No lo sé; pregúntenselo a Carlos Alvarado. Basta una decisión al nivel de las altas esferas gubernamentales, que de lo demás se encarga la posición que estas personas ocupan. Porque en boca del presidente Alvarado y de figuras tan encumbradas como Rocío Aguilar o Rodolfo Piza, esos mensajes apocalípticos tienen, inevitablemente, un efecto contundente, potencialmente devastador. Es, literalmente, jugar con fuego.

Acaso eso es lo que subyace al abrupto incremento del dólar en octubre. No estoy insinuando ninguna estrategia conspirativa, quiero decir, no imagino que el movimiento del dólar haya sido manipulado por el gobierno. Lo que advierto es que los reiterados mensajes catastrofistas lanzados por figuras políticas del más alto nivel, propician un comportamiento especulativo potencialmente muy peligroso.

Rodrigo Cubero, presidente BCCR.

4) El contexto internacional

En especial la reorientación de la política monetaria del banco central de los Estados Unidos: la celebérrima Reserva Federal. Ya desde finales de 2015 había anunciado cambios importantes en su política monetaria. Pero no fue hasta diciembre 2017, y de ahí en adelante, que el proceso se aceleró. Desde entonces, la Reserva Federal ha ajustado cuatro veces su tasa de interés de referencia (llamada Federal Funds Rate), la cual pasó así de 1,25% a 2,25%.

Bajísimas tasas de interés del 0,25% rigieron durante un largo período de siete años hasta diciembre de 2015 cuando se la incrementó a 0,50%. Ello era parte de un engranaje de políticas excepcionales, en extremo heterodoxas y “creativas”, a las que la Reserva Federal recurrió ante la crisis económica de 2007-2009. De diferentes formas, y por variados conductos, esto propició el crédito barato y una inundación de liquidez. Esto poco aportó a la recuperación de la economía y el empleo, la cual fue muy lenta, pero sí alimentó la especulación en las bolsas de valores y una parte se fugó hacia los países del sur.

Las cosas, como he indicado, han cambiado. Las bolsas de valores del mundo rico, así como las monedas de países del sur, lo han resentido. Y aunque posiblemente no sea la única causa, si es la principal detrás de los disturbios que, a lo largo de 2018, han afectado las monedas de Argentina, Brasil, India, Turquía. Incluso Chile, México y Polonia.

Nada permite imaginar que Costa Rica no pudiera verse afectada por este movimiento de reflujo de los capitales a nivel mundial, sobre todo porque hay condiciones internas que así lo propician, entre las cuales la difícil situación fiscal es una entre otras.

5) Un factor estructural perdurable: la revalorización del colón

Hacia finales de 2005, el Banco Central decidió abandonar la vieja política de minidevaluación, la cual había regido por cerca de 20 años con cortas interrupciones. Ello invirtió las cosas: de una política que tendía a mantener subvaluado el colón a fin de que las exportaciones hicieran “clavos de oro” (Eduardo Lizano dixit), se pasó a una que, de manera sostenida a lo largo de un período muy extenso, ha propiciado su sobrevaloración.

En esto se hacen manifiestas, en un solo proceso, tanto las influencias provenientes de la economía mundial, como también la forma como esas influencias son canalizadas por la institucionalidad vigente en nuestro país. Lo cierto es que tanto el período previo a la crisis mundial de 2008-2009, como los años posteriores a ésta –hasta muy recientemente– se han caracterizado por una gran abundancia de capitales, febriles movimientos especulativos y creciente endeudamiento a nivel mundial. Para Costa Rica ello significó nutridos ingresos de capitales que empujaron hacia la revalorización del colón frente al dólar, bajo la mira satisfecha e indolente del Banco Central, y en parte agravado (en el cuatrienio 2012-2015) por el financiamiento externo al que se recurrió para cubrir parte del déficit fiscal.

Esto debe ser entendido como un proceso de larga duración, con algunos momentos de corrección episódica y parcial que, sin embargo, no modifican la realidad de la sobrevalorización tendencial de la moneda.

La historia mítica acerca del “tipo de cambio de equilibrio”, tan del gusto del Banco Central y de economistas como Jorge Guardia, no tiene mucho sentido. No es un asunto de oferta y demanda en equilibrio, puesto que los dólares que ingresan de alguna manera terminarán siendo “demandados” así sea como mera acumulación de reservas. Este tipo de razonamientos son pura tautología, juegos malabares alrededor de una identidad aritmética.

Lo que interesa es la evolución de los costos de producción en Costa Rica relativamente a los países con los cuales se comercia. Y siendo que esos costos están afectados por factores reales –la productividad del trabajo en particular– también tienen una expresión monetaria que se visibiliza a través del tipo de cambio. En particular, éste no debería subsidiar las exportaciones, pero tampoco penalizarlas, teniendo presente el hecho ineludible de que somos un país pequeño para el cual el comercio exterior siempre jugará un papel importante. Pero no olvidemos, por otra parte, que la tasa de cambio colón-dólar no solo incide en las exportaciones (y el turismo); también afecta la producción interna que compite con productos importados, lo cual incluye desde frijoles o maíz, hasta detergentes y zapatos. Pero incluso ello puede hacer que productores nacionales prefieran insumos importados en vez de los que se podrían obtener localmente.

Este es, a fin de cuentas, uno de los factores explicativos más importantes, en relación con la anemia crónica que nuestra economía padece y la tremenda gravedad de los problemas de empleo. Lo cual ha incidido severamente sobre el problema fiscal. Una economía débil más una desastrosa situación del empleo, son la peor noticia para la salud de las finanzas públicas.

Esta situación refleja a escala nacional la incidencia de los juegos especulativos globales que caracterizan el capitalismo financiarizado actual. Pero ello también recoge algunos poderosos intereses internos, sobre todo los de la banca –y en especial la privada– que ha usufructuado ricamente de la colocación de créditos en dólares.

Corregir esta situación es extremadamente difícil y conllevaría elevados costos, sobre todo por ese altísimo nivel de endeudamiento en dólares a que hago referencia. Es una especie de callejón sin salida al que el proyecto de desarrollo vigente nos ha empujado. Pero esto advierte sobre un asunto fundamental que las élites políticas, los/las economistas de la ortodoxia y el poder económico prefieren no mencionar: es una situación de vulnerabilidad profunda, lo cual conlleva riesgos que, en cualquier momento, y si las circunstancias lo favorecen, podrían explotar y en las cuales se manifiesta la crisis del proyecto económico vigente.

6) Las respuestas oficiales

En marzo de este año, entraron $1000 millones de un crédito que el Banco Central gestionó con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), lo que elevó sus reservas netas a casi $8.500 millones. Al día de hoy, éstas han bajado a algo menos de $6.900 millones. O sea: cerca de $1.600 millones menos. Así se ha intentado sostener el tipo de cambio. Es imposible continuar por esa vía por mucho más tiempo, lo cual evidencia que de fondo hay una situación de mucha vulnerabilidad. El problema fiscal seguramente lo agrava, pero la falla fundamental, como brevemente lo he explicado, es de otra índole, e incluye tanto factores internos como externos.

Recientemente se optó por empujar las tasas de interés al alza, tal cual se hizo a mediados de 2017 a raíz del alza que el dólar experimentó en mayo de aquel año. Contrario al cuento trillado y las tesis desactualizadas de los economistas, es algo que surge, no por causa del déficit fiscal, sino por explícita decisión del Banco Central. De momento ha sido un alza relativamente pequeña, pero nada permite descartar que se repita en el futuro cercano. Omito referirme a las justificaciones oficiales –harto dudosas– para solo advertir: esto amenaza agravar la debilidad de la economía y empeorar los horribles problemas del empleo, con consecuencias negativas sobre el manejo del déficit fiscal: debilitará los ingresos fiscales e incrementará los pagos por intereses.

 

(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya

 

Enviado por el autor.

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La ruta de Expediente 20580 y la realidad país

Álvaro Alberto Salazar Morales,

Secretario General AESS

La ruta del expediente 20.580 ha tenido grandes tropiezos. A Dios Gracias dice la Abuela.

La Reforma del Estado, nace ante una propuesta para instalar una Comisión que en siglas se conoció como COREC (Comisión de Reforma del Estado Costarricense) asentada en el año 1989, por mandato de Óscar Arias Sánchez.

Pero, anteriormente se hace necesario ir en retrospectiva, localizamos que como país en vías de desarrollo obtiene inversiones extranjeras, que para los efectos clásicos la determinamos en DEUDA EXTERNA. ¿Qué país no adquiere deudas? O ¿Qué país puede eludir adquirir Deuda Externa?

Es en la gestión de gobierno de Don Daniel Oduber Quirós, que idealizan la creación de un instrumento volátil, frágil y delicado de observancia y supervisión constante, se impone la DEUDA INTERNA. Dis que, para paliar los altos intereses que demandaba cumplimiento en responsabilidad con acreedores externos. Con ello, también dijo la Abuela “la confianza rompe el saco”.

Los descuidos y malos manejos de fondos públicos fueron mayores, los fondos correspondientes de inyección de capital en fondo de contingencia para paliar esos intereses de adeudo, fueron transgredidos y con ello la calificación de malversación de fondos públicos fue un lema. Nace la escuela lesiva de la corrupción, mediocridad y de influencia en intereses nefastos. Claro nosotros en simple le llamamos la escuela del robo encubierto y ahora de herencia y tradición.

Lo cierto, es que de la gestión de gobierno a finales de los años ochentas (siglo pasado) a la fecha de hoy día. En toda gestión gubernamental, el erario público se hizo un juego abierto para incursionar y recibir a inicios en desborde y poco a poco, paulatinamente minando el saco, agujereado de tanto hurto y pésimas gestiones con supervisión de ceguera aguda, oído sordo con sobrada indiferencia del bien patrimonial costarricense.

A la fecha, pese a los escándalos nadie es procesado, tampoco se sentencia para resarcir y hacer acto devolutivo de lo saqueado. Con esta afirmación, nadie implicativa y precisamente relaciona la figura de Presidencia de La República, NO, en esta afirmación debe de sobrar gente para la estrechez de espacios en penitenciaría. Es decir, el grande, robó porque aprendió y para colmo dio lecciones para su aprendizaje.

Más de cuarenta años haciendo uso abusivo para el despilfarro, para la obtención indebida de los fondos públicos nacionales. IMPUNIDAD IMPERANTE. GOLOSAS COSTUMBRES INTRAGENERACIONALES EN AMPLISIMO LIBERTINAJE, ES DECIR SE ROBA CON CLASE E INMUNIDAD.

NO HAY PLATA. LA EXCUSA INACEPTABLE, SE CENTRA EN SUS DISCURSOS ASOCIANDO, PERDON, QUERIENDO ASOCIAR QUE LAS FALENCIAS FINANCIERAS NACIONALES, SON RESPONSABILIDAD DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO. Vamos de nuevo a mirar al pasado. Escuelas, Clínicas, Caminos, Puentes y otras obras de desarrollo país se gestaban exitosamente y con costo razonado por esfuerzos de MOPT y Municipios. De esa Gran Reforma del Estado citada al inicio, también extraordinaria y sorprendentemente se hicieron reformas de Sectores y Reformas de Sistemas y Modelos, es decir arrebataron las acciones de desarrollo país, para ¡genialmente! incentivar ley de contrataciones de obra pública, de tal manera que ahora el sector empresarial privado, arremetía con oligopolios de desarrollo en temas productivos, financieros y sociales.

También se da la reforma del Sector Salud, comprometiendo muchas políticas nacionales en responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social y hoy día se tiene en nombre casi inactivo al Ministerio de Salud Pública de agente Rector. Así también se vino el proceso para debilitar al I.C.E. y con ello propiciar aperturas con bajas tarifas de uso, pero de inimaginables ganancias para quienes obtuvieron sus pedazos en reparto hoy privado.

El modelo de Educación también trastocado y limitado. Instituciones cerradas y otras minimizadas con síntomas de agonía.

Esa reforma de Estado, vino a debilitar la Banca Nacional y limitarla en áreas comerciales y de capitalización necesarias; incluso aún se deben justificaciones de prueba en motivación por cierre de entidades (caso Banco Anglo – Crédito Agrícola).

La Comisión de Reforma del Estado Costarricense, sin dudarlo tuvo integrantes de reconocida capacidad visionaria, le echaban el ojo a Modelos, Sistemas, Instituciones y porque no, al Erario Público. Con Varita en Mano (frase propia de un pésimo narrador dis que deportivo) y ZAZ se le piensa, se le menciona y viene su proceso destructor, para calificar de ineficiente al serlo de naturaleza y carácter público, para con descaro y sin sonrojo afirmar que en manos privadas será eficiente y funcional. En ello, vamos recordemos los diez años de Platina. Vamos una pinche carretera ante la critica nacional y mundial llamada “autopista ruta 27” en manos de quienes en lo absoluto dieron inversión. Con pena ajena, Laura y su trocha cuyos costos resuenan de absurdos, abusivos y que esperamos se procese resarcitoria devolución de lo expoliado de las finanzas públicas. Que decir, del Préstamo Español, el Finlandés y tantos otros.

Con esos y otros argumentos históricos, se puede precisar la gestación del Déficit Fiscal. Por cierto, “como Tragan Saliva” y “que pescuezo tan bueno para el pinolillo tienen estos sinvergüenzas” -otros dichos de la Abuela-, relacionando a los políticos y en cierto modo a sus asociados del Sector Ricachón que es competidor de la “Contratación Púbica”. Vamos les cuesta, argumentar que en cadena sucesoria hay escuela del robo, de corrupción e impunidad. Causahabientes hoy del despilfarro y la consecuencia de un Estado Crítico Financiero.

EL EXPEDIENTE 20.580 NO DA OPCIÓN DE CORREGIR LA HISTORIA. VAMOS A LA CRISIS. VAMOS A LA RECESIÓN FINANCIERA. Y VAMOS A RECORD GUINESS COMO EL PAIS MAS INGOBERNABLE E INEFICIENTE. EL PAÍS MAS DESCONFIABLE POR TANTO LADRON.

Los tropiezos se están dando, por cuanto, la crisis es real y muy alarmante, quiere decir que solo podrán dar oferta de promesa futura de compensaciones, pero casi podemos creer que muchas almas sin conciencia, al recibo de la vieja escuela del robo y corrupción exigen retribución hoy, de lo contrario han de seguir señalando los roces y perjuicios. Este el camino del Expediente.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.libertadyprogresonline.org

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