Viendo los resultados de la votación en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, más conocida por sus siglas como la OEA, no puedo evitar el pensar y el hacer comparaciones con aquella tristemente célebre X Conferencia de Caracas de la misma organización, efectuada en mayo de 1954, la que se había trazado como metas, bajo las pautas del entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, la eliminación de los regímenes considerados como díscolos, no sé si se aplicaba entonces el término rogue states, a saber los siguientes: la Guatemala de Jacobo Árbenz Guzmán, nacida de la revolución democrática de 1944, la Argentina de Juan Domingo Perón y la Costa Rica de José Figueres Ferrer. Sucedió que, mientras la Guatemala de Árbenz intentó defenderse heroicamente por medio de su canciller Guillermo Toriello, los gobernantes de Argentina y de Costa Rica optaron por no hacerse presentes en el aquel espectáculo circense montando por los EEUU, en nombre de la “democracia” para acabar con la democracia guatemalteca, por cierto la única que ha conocido ese desdichado pueblo.
Es aquí donde viene a mi memoria lo que me contaba el químico Fernando Chaves Molina (1908-1997), un recordado amigo y dirigente del Partido Vanguardia Popular de entonces, a propósito de aquellos tristes días en la Caracas de 1954, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en la que se encontraba exiliado, al igual que otros calderonistas y comunistas, como consecuencia de pertenecer al bando derrotado durante la guerra civil o golpe de estado figuerista de 1948. Con el propósito de obligarlos a firmar una carta pública, pidiendo el derrocamiento del gobierno costarricense de José Figueres Ferrer, el régimen de Marcos Pérez Jiménez lo mantenían a él y a su hijo Luis Fernando(quien después llegó a ser un destacado académico en la Universidad de Los Andes, en la ciudad venezolana de Mérida) presos en una cárcel caraqueña, mientras ellos reiteraban su negativa, a pesar de su condición de exiliados políticos y adversarios de Figueres Ferrer, lo que me hace pensar en la coherencia y el agudo sentido político de los hombres de aquella generación, a diferencia de este ascenso de la insignificancia, parafraseando al filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis(1922-1997), en el que nos hayamos sumergidos en este cambio de siglo, donde las distinciones entre izquierda y derecha se han tornado irrelevantes, sobre todo por la complacencia, y la carencia de sentido de la realidad, por no decir de conservación, del que da muestras, casi diario, la primera de ellas. La obediencia que muestran hacia la agenda de Washington no puede ser más paradojal ¿será qué acaso ni siquiera se han percatado?, terminan así aceptando y adoptando las pautas que les da el diario español EL PAÍS, convertido ahora en el oráculo de las llamadas izquierdas.
En esta asamblea de la OEA los Estados Unidos lograron por fin, después de una década de esfuerzos, poner a los países latinoamericanos en su redil para demandar el derrocamiento del actual gobierno de Nicaragua, en un total contraste con lo ocurrido en aquella asamblea de la OEA que había tenido lugar en San Pedro Sula, Honduras, en abril o mayo de 2009, cuando casi por unanimidad se aprobó el regreso de Cuba al seno de esa organización, la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas saludó ese acontecimiento, y pocos meses después su gobierno sería derrocado, con la complicidad del gobierno de Costa Rica y de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, el imperio no estaba para esa clase de juegos democráticos. Empezaba en la región la nueva era de los golpes blandos, sin sacar los tanques, ni los soldados de infantería a la calle.
Sin entrar a juzgar los recientes acontecimientos de Nicaragua, con su secuela de violencia sangrienta, dentro de lo que parecen los componentes de un guion preestablecido para derrocar a su gobierno, un régimen sobre cuya naturaleza he evitado pronunciarme, aún a riesgo de parecer alguien demodé para una buena parte de la intelligentzia progre de este país. Simplemente se trata del gobierno a odiar y a derrocar (Ay del que no se muestre lo suficientemente enérgico y entusiasta en sus muestras de odio hacia esos gobernantes, el totalitarismo mediático nos los recuerda, a cada instante), sin que se hagan investigaciones independientes sobre los hechos de violencia, especialmente sobre las lamentables muertes ocurridas, ya se decidió que sólo una de las partes era culpable, tenemos que aceptar lo que digan algunos, renunciando a nuestro juicio crítico y a la elemental prudencia política. Algunos actúan como si Guatemala, México, Honduras, Colombia, Perú, Paraguay y otros países que firmaron para denostar al régimen de Nicaragua tuvieran un prontuario limpio, cuando los ríos de sangre corren por allí, un día sí y otro no: nuestra insignificancia es tan grande que no logramos retener en la memoria algo que vaya más allá de cinco segundos en las imágenes de la TV, o de las redes sociales del siglo XXI, tal y como decía Castoriadis, hace poco más de veinte años.
Por ahora, nos queda flotando una pregunta: ¿cuándo en abril empezaron las protestas contra el gobierno de Nicaragua, por el tema de la seguridad social y otros, no era el momento para emprender una negociación seria con el gobierno de Daniel Ortega sobre una gran cantidad de temas?, ¿en vez de impulsar la violencia y los tranques por todo el país, no era el momento de ponerle un jaque mate a los gobernantes del país vecino, en vez de impulsar lo que a todas luces parece un golpe de Estado?, en ese momento el gobierno hubiera tenido que ceder casi en todas las demandas. Todo esto da la impresión de que la cultura democrática en Nicaragua es demasiado pobre e inexistente, un problema que aqueja a ambos bandos, por lo que un cambio de gobierno no resolverá lo esencial que está en juego en esta crisis: la falta de cultura democrática y de negociación en una sociedad, que tiene casi dos siglos de resolver todo mediante la violencia, en un marco donde los integrantes de las elites ponen al pueblo a pelear en las calles y en los campos, mientras ellos terminan acordando todo para su beneficio en sus cómodos sillones de las alturas. Ay Nicaragua, Nicaragüita tan querida, que termine ya este baño de sangre y se le abra camino a la verdad, como un primer paso, para que algún día tengan una democracia que sea algo más que una mera palabreja vacía.
Hace apenas unos meses, para ser más exactos era el día 4 de diciembre de 2017, a media mañana por así decirlo, nos disponíamos mi estimado amigo Francisco Cordero Gené, y quien escribe estas líneas no sin una dosis de emoción, a asistir a una manifestación de solidaridad con el pueblo hondureño, en lucha contra el fraude electoral que acababa de ser perpetrado en ese país, la que tendría lugar frente a la Cancillería de la República, cuando en un determinado momento, todavía era muy temprano, constaté que sólo nosotros habíamos llegado al pequeño Parque España, una área verde sobre la que confluyen un conjunto de edificaciones históricas y el inmenso edificio del Instituto Nacional de Seguros, uno de los puntos de referencia más elevados, y que no dejan de llamar la atención tanto a los habitantes como a los visitantes de la capital de Costa Rica, fue entonces cuando le dije a Francisco algo así como lo siguiente, a manera de interrogación: ¿sabes una cosa Francisco , para vos cuál es la razón de nuestra presencia aquí esta mañana? ¿Por qué es que hemos estado luchando, contra viento y marea, desde hace muchos años?, mi interlocutor – por su parte- me miró por un momento, dándome la impresión de que me estaba devolviendo aquella batería de preguntas que le lancé, por lo que yo, de inmediato, le respondí diciéndole que la verdad, la única verdadera, es que nosotros habíamos acudido esa mañana para demandar apenas lo mínimo de una democracia que nunca hemos tenido en esta sufrida América Central. No venimos aquí a luchar por ningún socialismo (cuando no comunismo) –le di a entender-, como el que nos endilgan -de manera gratuita- unos y otros defensores del statu quo, algunos de la derecha más reaccionaria u otros, presuntos revolucionarios de una izquierda que hace rato que no encuentra el rumbo. Lo único cierto es que esa planta, llamada por algunos democracia, abonada muchas veces con sangre de hermanos, nunca ha prosperado en este istmo del centro del continente, a pesar del ruido y oropeles de que la revisten unos y otros. Concluí diciéndole a Chico que nuestros propósitos siempre han sido más modestos, pero no por ello menos profundos e importantes ¿tendremos alguna vez una democracia verdadera en estos países del istmo de la América Central? Nos queda como consuelo saber que, a diferencia de la gran mayoría de las gentes, al menos estamos al tanto de los males que nos siguen aquejando, aunque hay momentos en que resultan más evidentes, mientras que la rutina de lo cotidiano los torna casi inexistentes, haciéndonos albergar la ilusión de que vivimos en una democracia.
En medio del caos y la imposibilidad de comunicarnos de verdad, en la que nos encontramos sumidos los centroamericanos, casi al concluir la segunda década del nuevo siglo, se añade a título de agravante el hecho de que el aparato mediático de los grandes propietarios de las televisoras, diarios y estaciones de radio, al servicio de las viejas élites de la región y sus intocables privilegios, nos impone de una manera –a veces no tan sutil- sus agendas políticas, económicas y sociales, de una manera tal que, como en el universo totalitario orwelliano de la novela 1984, terminamos repitiendo y gesticulando maldiciones contra determinadas gentes, incluso a partir de su apariencia física (hay que quemar a la bruja) o del odio que otros les profesan(el gobierno que hay que derrocar) y se encargan de inyectárnoslo, de una manera no siempre dosificada, tal y como sucede durante en los cotidianos minutos del odio de aquel gris ambiente de la ficción literaria, donde el personaje Winston se ve obligado a moverse, en un ámbito en el que la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza y la libertad es la esclavitud.
Cuando el fraude electoral en Honduras del 24 de noviembre del año anterior se encargó de prolongar la dictadura, impuesta en ese país con el golpe militar y palaciego del 28 de junio de 2009, el aparato mediático actuó como si tales hechos no hubieran tenido lugar, pues para estos medios el fraude electoral y la represión posterior, con su secuela de muertos, heridos y presos políticos no constituyó siquiera un asunto digno de ser mencionado, fue por ese motivo que dijimos en su momento que las elecciones de Honduras constituyeron un evento que jamás ocurrió, tal vez apenas fue un delirio de nuestras mentes o un exceso de imaginación. A pesar de nuestros esfuerzos de aquel 4 de diciembre para protestar por esos hechos frente a la Cancillería de Costa Rica, en la ciudad de San José, no logramos siquiera un apoyo significativo de la llamada izquierda del espectro político local, la suerte del pueblo hondureño había sido decidida en otras latitudes, tal y como se evidenció poco tiempo después.
Cuando habían transcurrido apenas unos meses, y en el marco de una protesta social que en principio nos pareció muy legítima, la violencia irrumpió volcánicamente en las calles de las principales ciudades de Nicaragua, aún y cuando como respuesta inicial el gobierno cedió a las demandas sobre el tema de las pensiones y la seguridad social, sin embargo fue entonces cuando la violencia más cruenta, se recrudeció por parte de algunos sectores de la oposición y de los movimientos sociales, por lo que nos encontramos, de súbito ante la evidencia de que se trataba de derrocar a los gobernantes de ese país, unos políticos de profesión con los que se puede estar de acuerdo o no, sin que necesariamente estemos obligados a apoyar su derrocamiento, diciendo que eso es un acto democrático o entrando en unos rituales de odio hacia sus personas. Una campaña de prensa, bien dosificada apareció de inmediato en los grandes diarios y en las principales televisoras de Costa Rica y de otros países, incluida la Deutsche Welle de Alemania y la CNN en español, con el agravante de que mucha gente compró esa agenda casi sin darse cuenta, empezando a repetir sus consignas pero sobre todo –y esto es lo más grave-, estableciendo que las noticias de uno de los bandos debían ser creída a pie juntillas, mientras que las del otro no pasaban de ser mentiras absolutas. Una visión en blanco y negro se instaló sobre el panorama, mientras que una serie de apóstoles de la derecha y de la izquierda empezaron a demandar el derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega, cueste lo que cueste, incluso con una guerra civil, sin tener en cuenta que esto terminará por desestabilizar toda la región, empezando por los graves daños sufridos por la economía de Nicaragua y los restantes países del istmo. ¿Es acaso que el caos y la recesión económica sacarán a los centroamericanos de la pobreza? ¿quiénes y cómo estarán dispuestos a apoyar la reconstrucción de Nicaragua, teniendo que en cuenta que los años noventa los EEUU que gastó millones apoyando al guerra de la contra, no estuvo dispuesto para aportar un centavo para esa tarea?
Fue ahí donde se instaló el tema de los muertos, al parecer más buscados por los opositores que por un gobierno, al principio debilitado por la sorpresa con que lo tomó el escalamiento del conflicto, pero que de ninguna manera había tenido como una de sus políticas visibles la ejecución de sus opositores, la gran pregunta seguirá siendo ¿cómo es que un gobierno tan hostilizado y con una campaña internacional en su contra iba a cifrar su continuación en una represión sangrienta? El problema es que muchos olvidan que en este tipo de conflictos, verdaderas guerras civiles de baja intensidad, la primera baja es la verdad. ¿Estamos obligados a creer o aceptar lo que digan los voceros más autorizados de uno de los bandos, descalificando todo lo que provenga del otro? El dilema seguirá siendo, tanto para los periodistas verdaderamente profesionales como para nosotros, el resto de la ciudadanía ¿cómo es que podremos establecer la veracidad de lo que está ocurriendo en el país vecino, situado al norte de Costa Rica? Siguiendo las viejas tradiciones, no debemos olvidar que sólo la verdad nos hará libres.
Durante los períodos de confusión en términos de valores y representaciones de la realidad (o de lo que podríamos llamar “lo verdadero”) por los que atraviesa la especie humana, con alguna periodicidad histórica, suele suceder que en el terreno de los hechos mismos, se torna imposible la aprehensión de la verdad de lo que está aconteciendo, en un momento o período determinado, todo ello por cuanto casi todas las herramientas de que disponemos para conseguirlo, se deterioran hasta tal punto que no sólo se tornan inútiles, sino que devienen en elementos generadores del caos y de la mayor de las confusiones imaginables, sin que necesariamente muchos de los protagonistas del drama histórico, se percaten de ello por estar sumergidos en él, de una manera tal que ni siquiera contemplan la posibilidad de poner en duda, al menos algunos de los componentes o mecanismos de lo que se les vende como la verdad, o la inapelable realidad absoluta del acontecer histórico que aparece ante sus ojos, como una puesta en escena, elaborada sutilmente por otros actores sociales, los que suelen disponer de las herramientas epistemológicas y tecnológicas adecuadas para el logro de esos propósitos los que, de ninguna manera, resultan explícitos para el conjunto de la sociedad.
Mucho de lo que ha venido aconteciendo en el istmo de la América Central, a lo largo de los últimos años, ha tenido la virtud de producir esa confusión, y esa imposibilidad de entender el sutil manejo mediático e ideológico que las elites del poder efectúan para perpetuar la dominación social, política además de cultural que han ejercido desde siempre, basada en una hegemonía cuasi absoluta, cuya génesis se remonta a los siglos de la dominación colonial ibérica.
Sucede así como parte de lo que hemos venido afirmando que el lenguaje, la principal herramienta de que disponemos para producir conocimiento y comprensión de lo real, se vuelve contra nosotros mismos casi sin darnos cuenta, y se genera entonces una especie de Torre de Babel, la que como en el drama presentado en el famoso relato bíblico, dentro de un complejo proceso por el que habría atravesado la especie humana, los protagonistas de los hechos ni siquiera logran encontrar un lenguaje común para entenderse en medio del caos desatado, con lo que se pierde así la perspectiva y la posibilidad de la empresa o el accionar común para intentar salir adelante. Todo esto se expresa en nuestros días en la utilización reiterada de algunos términos que correspondieron a un período histórico anterior, dentro del que tuvieron una significación determinada y un cierto grado de correspondencia con el acontecer de entonces, con el sólo propósito de descalificar al adversario, privándolo incluso de su condición humana, los que terminan por hacer incomprensibles y oscuros los rasgos propios del período histórico que se está viviendo, dada la poca o ninguna correspondencia que guardan con aquello que podríamos, con más precisión y rigor, reconocer como la realidad de un presente histórico, al que no corresponden aquellos sustantivos adjetivados y ya privados de su carga semántica inicial, con los que la gente pretende mantener un presunto debate con una serie de gentes o identidades sociales y políticas, las que resultan ser a lo sumo expresiones fantasmagóricas o caricaturescas.
De esta manera, nos encontramos con “democracias” y “socialismos” que nunca lo fueron, simples fachadas de la dominación ejercida por los mismos de siempre, que no por ello dejan de estar revestidas de cierta complejidad. Esos rótulos, en cada caso, han resultado muy convenientes para ocultar o camuflar el inmovilismo que ha caracterizado a las sociedades centroamericanas, a lo largo de los siglos transcurridos desde que se implantó la dominación europea sobre esta parte del continente. Podemos atravesar las calles de las viejas ciudades de la América Central, y casi por inferencia espontánea podemos captar, a partir de la mera observación, como la dominación social y cultural de las viejas elites sobre las grandes mayorías se expresa en distancias sociales que encuentran su correlato en lo espacial, de una manera tal que hay siglos entre unos y otros transeúntes de esas calles, aunque estén separados apenas por una o dos cuadras, o incluso mucho menos.
Por otra parte, cabe destacar aquí que durante las dos primeras décadas del nuevo siglo, ha resultado evidente que este siglo XXI arrojó y produjo nuevas oleadas de caos y confusión entre las grandes multitudes que pueblan el paisaje urbano, sobre todo en términos de las percepciones y de las reacciones de las gentes en relación con su entorno social y político, pero también en cuanto a las herramientas para acceder al conocimiento, sobre todo aquellas a las que podemos ubicar bajo el impacto de las nuevas tecnologías de la información, unos aspectos o elementos de la forma o medio de comunicación, las que han terminado por condicionar a aquellos que están referidos al fondo o la esencia misma de los procesos históricos, todo como resultado de un aceleramiento y una saturación experimentados, en cuanto al tiempo y a las cantidades de información que estamos recibiendo, de manera constante, dentro de una mismo período de su transcurrir. Hoy, disponemos de una oferta de información, de una naturaleza tal como nunca se había producido en otros períodos históricos, sin negar la importancia que tuvieron procesos como el que se produjo con la invención y utilización de la imprenta, la aparición de la radiodifusión y más recientemente la televisión.
La tragedia colombiana al reproducirse el genocidio de la Unión Patriótica (UP), ahora en cabeza del asesinato de los líderes sociales, hombres y mujeres de arraigo popular, nos coloca en la advertencia del poeta Ilhan Berk, “como si la muerte fuere un asunto cotidiano”.
Pareciere que el número de víctimas que atiborra estadísticas, tanto oficiales, de investigadores, ong´s, medios de comunicación, se convirtiere en un propósito; valiendo destacar que las escalofriantes cifras reseñadas de asesinatos de tal a tal fecha, o de los últimos meses o en lo corrido del año etc., reflejare insolidaridad e indolencia, como si el tiempo de vida fuere un fugaz relámpago y viento para miles de dedicados y abnegados activistas de derechos humanos, defensores del derecho de la naturaleza y de los animales, dirigentes naturales nacidos de las propias entrañas del pueblo, a quienes en cualquier parte del mundo elevarían en los estrados de héroes y en Colombia representan un guarismo más de la larga lista de un martirologio de quienes optaron por la noble causa de la defensa de la vida, del ecosistema, de la reivindicación de la tierra despojada, de los derechos humanos de la dignidad y soberanía de la nación.
Se suceden las denuncias y las expresiones de artículos en periódicos y publicaciones similares. Existe verdadera conmoción social, tanto a nivel nacional como internacional, destacando las manifestaciones de rechazo y de advertencias al estadio gubernamental colombiano por parte de organismos como Las Naciones Unidas, para que cese la matanza, se identifique a los responsables intelectuales y se condene a los culpables, mas no existe una respuesta contundente, ni de fondo.
Al paso de cada día prosigue sesgándose vidas en forma sistemática, continúa, selectiva; denotándose que el verbo asesinar, como acción de matar a una persona bajo circunstancias agravantes, cobarde y con alevosía, no obtiene respuesta eficaz de un Estado fallido, signado en una constante de Terrorismo de Estado, adonde confluye de manera inevitable, la dantesca permanencia de un conflicto armado interno en ascendencia, que pudo tener un respiro de civilizada concertación, con la entrega de las armas por parte de la antigua insurgencia de las farc, pero que el bloque de poder oligárquico y pro imperio torció a un lado con la práctica de la deslealtad, vulnerando los principios del cumplimiento de lo acordado y atravesando, cual talanquera, la oportunidad de una salida política civilizada al conflicto económico, político, militar, ecológico, de más de medio siglo de angustias padecidas por la población.
LA PERMANENCIA DEL PARAMILITARISMO
Falso que exista una especie de neo paramilitarismo en Colombia. El fenómeno paramilitar como instrumento de creación contrainsurgente, continúa siendo el mismo desde que fue creado por el bloque de poder oligárquico y que se mantiene con la hegemonía de derecha instaurada desde el “triunfo” electoral presidencial de la derecha que ungió al señor Iván Duque y que abre el periodo de continuismo presidencial neoliberal y militarista bajo el distintivo de Uribe III.
En referencia histórica mediata, el paramilitarismo, que constituyó “la sexta división” del ejército colombiano, además de cumplir la “lavada de cara” de las fuerzas armadas estatales y depositar el trabajo sucio en esa horrenda división de trabajo contrainsurgente, ante el rechazo mundial de unas fuerzas armadas incursas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cumplió un fase de desinstitucionalización y acude ante un estadio de “posconflicto”, que no se dio, a una permanencia en el escenario del persistente conflicto armado interno.
La inteligencia militar y la dictadura mediática los denominó como bandas criminales “bacrim” en un juego de multiplicaciones de expresiones armadas persistentes; que han funcionado como la aceitada maquinaria para la permanencia de formas delincuenciales del narcotráfico, rearmamento de ejércitos privados locales regionales con intereses en la permanencia del estatus quo de propiedad sobre tierras usurpadas debido a una reforma agraria sangrienta de moche de cabezas y motosierra; aplicada en interés del latifundismo, la ganadería extensiva terrateniente, la agroindustria extractiva y el poder político-económico local que representa el monopolio del narcotráfico, la minería ilegal y el usufructo de esos extremos por parte de un comportamiento non sancta de las Fuerzas Armadas estatales en el escenario de ese conflicto. Todo ello aparejado de forma con causal con el fortalecimiento hegemónico de la derecha, políticamente hablando, y gráficamente entronizado en el poder local y regional de los directorios políticos, en consonancia con el utilitarismo de un poder electoral corrupto, que ha logrado el domino de un modelo neoliberal, de privatización a ultranza, en el reinado del capitalismo salvaje de estos tiempos.
Resulta de presentación indisoluble que en la medida en que persista el conflicto armado interno, por la existencia y permanencia de enfrentamientos de fuerzas rebeldes irregulares contra el Estado, en Colombia, el paramilitarismo subsiste. Y subsiste puesto que es el paramento, cual adorno o atavío en el accionar sobre encubierto de las fuerzas armadas estatales. En ello está el meollo del asunto y saber popular de adonde llega el agua al molino.
LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS VICTIMAS
La marca con hierro candente cual tinta indeleble, que reposa sobre el Estado colombiano, de ser un narco-estado funcional, por una economía subterránea de persistencia parasitaria financiera; parece que no ofendiere el honor de una república ni la dignidad personal de sus gobernantes. La respuesta ante los asesinatos selectivos y consecuenciales de líderes sociales, enfoca a denigrar de los líderes sacrificados, enunciando como causa de esos crímenes, ora que obedecen a líos de faldas, ora a rencillas personales, ora a comportamiento antisocial en el entorno de los negocios turbios de la economía ilegal. La injusta denominación y por ende anticipada injusta condena alentada por los medios de intoxicación masiva presentan el antecedente que en los casos más emblemáticos de denuncias de asesinatos de líderes sociales, ya los organismos de inteligencia del Estado los estaban investigando. Los asesinatos de líderes más destacados, que acaparan la atención por el impacto social causado, ahora resultan que en despliegue publicitario la Fiscalía General, en concordancia con el Ministerio de Defensa, los coloca en el intervalo de la duda de tener relación con organizaciones delincuenciales imperantes en sus regiones. Tamaña felonía, por desvió de la función estatal, es inconcebible. Con el san Benito de la Fiscalía, en su ya manoseada práctica, de guardarse la información “para más adelante” procede a la condena por presunción de los lideres asesinados. Esto indigna y por ende configura una respuesta de masas contundente, en el panorama nacional, que, dadas las circunstancias del momento, redundará en una campaña de movilización, de denuncia, de desenmascaramiento y de imposición popular, al logro que las medidas de fondo para erradicación y cese del fenómeno paramilitar vigente en Colombia, de una vez por todas.
SIGNIFICADO DE UNA RESPUESTA SUBVERSIVA ANTE LA OLA DE ASESINATOS
En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta pública es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares de potencia extranjera, capturados “en caliente” por el accionar beligerante insurgente; traído a colación ante el fracaso del fin del conflicto.
Acudo a los estudios de dos sociólogos sobre el tema: Miguel de Unamuno, con su obra “La Rebelión de Las Masas” y el francés Gustav Le bon con sus aportes de fenomenología política; transcribiendo apartes de anterior ensayo de mi autoría sobre la caracterización de lo subversivo en el escenario de la protesta de masas.
En su turno impositivo, el militarismo desplaza al Ministerio del Interior, concibiendo una normativa tendiente a reglamentar las manifestaciones de protesta social en Colombia; en las cuales los manifestantes participantes no podrán llevar gorras, sombreros, ni cachuchas, ni gafas negras que oculten el rostro, ni botellas de agua; tampoco sombrillas, ni celulares que permitan la comunicación…; ni pasamontañas; ni el bastón de mando popular-palo artesanal bellamente adornado por los campesinos catatumberos y las guardias indígenas- prohibiendo quizás también el que en acto de espontaneidad se quiten la camisa y se la enrollen en la cabeza, para cubrírsela de lo que sea; acto subversivo al que le aplicarán la mínima de la tarjeta amarilla de la garrotera sobre viniente; a ello agregado el que las mantas o pasacalles no podrán ser sostenidas con varas, potencialmente objetos contundentes contra las fuerzas policivas. Medidas todas innocuas, cual extraño mundo de Subuso, solo dignas de tenerse en cuanta ante el estatuto legal de la imposición de la judicialización de la protesta social en Colombia; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ellas los actores en el escenario natural de las protestas.
Las múltiples formas de violencia que aquejan al pueblo colombiano se expresan por actores en la protesta callejera. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho al habeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el terrorismo de estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y paraestatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contrainsurgencia a uno de supuesta legalidad. Son las medidas militaristas de guerra con que pretenden limitar el auge de la protesta política en Colombia.
Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana aplica practicas militares. Ejemplo el Escuadrón de la Muerte ESMAD.
Sí corresponde enunciar que la virulenta reacción de los manifestantes contra los efectivos policiales desnuda consecuencialmente los niveles de rechazo, indignación ante la perplejidad por tan fatal acumulado histórico de impunidad que con o sin estatuto militar especial ha imperado en Colombia.
LO SUBVERSIVO. En Colombia están estigmatizadas ciertas expresiones del acontecer político. Como con marca de hierro incandescente, la dictadura mediática sataniza a lo rebelde, lo insurgente, la beligerancia, lo subversivo, las formas de lucha política y de masas.
LO SUBVERSIVO COMO PENSAR
Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.
Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista) en su interior y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista. Es decir, el individuo se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Logra la reivindicación de individuo como ser social. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. Asume un reto de ciudadanía. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.
LO SUBVERSIVO COMO PRÁCTICA
Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva. Ese accionar social es accionar de la ciudadanía, que no concibe estar de espalda a la realidad. En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Corresponde al empoderamiento de ciudadanía. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo. Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…).
La valiente exsenadora Piedad Córdoba-en su momento- ante el conflicto estudiantil llamó a la juventud universitaria colombiana, a la subversión. A su vez, el Papa Francisco I, lanza también desde Brasil ese llamado subversivo.
Ante el ejercicio de una oposición radical se conocerán los diagnósticos más avanzados de la rebelión sociopolítica. La acción de las masas en contraposición a las normas e igualmente respuesta al comportamiento por el estado de cosas inconstitucionales.
Comencemos por ubicarnos en el doblez hombre-masa. En el papel del individuo que ingresa al torrente de la masa. Opera en él una mutación de interacción, que hace no sea el mismo. El dicho popular “a donde va Vicente, a donde va la gente…”, es gráfico de ese momento. Independiente de la motivación interna que lleva al protestante, al manifestante, al inconformista, a los indignados; una vez en la coparticipación masiva se generan variantes en su cualificación individual. Opera una variante en la personalidad del hombre medio o promedio. Esto funciona a toda forma activa y pudiéremos afirmar, inconsciente.
La ley de masas enunciada por Le bon, informa el fenómeno de las masas como de una colectividad amorfa. Es forma colectiva de comportamiento. No es forma de comportamiento de los individuos, cuando se comportan en instantes o momentos colectivos. Motiva un alma colectiva; por donde el individuo y su propia identidad, se confunden. En esos momentos afloran los acuerdos atávicos, a lo pasado originario, a los prejuicios. Gobiernan los impulsos, los instintos. ¡Resaltan los imaginarios! Por ello la violencia que se genera es acción directa de las masas. Por lo mismo se predica que las masas participantes, sin importar el número de quienes las engrosan, califican como minorías esencialmente cualificadas. Importa precisar cuándo se pasa de lo espontáneo a lo organizativo de masas. Diferenciar de la aglomeración y el bullicio, a la protesta dirigida, conducida, organizada. Claro que ello es posible e implica el juego de la responsabilidad política de los dirigentes. Diferente a la responsabilidad punitiva. Algo diferente es controlar y evitar que la acción desvié en saqueo o en la responsabilidad individual por el saqueo, en que degeneró la acción.
De manera que cuando se difunde la noticia que el canta-autor Caetano Veloso a sus 71 años, desfiló con los indignados brasileros con la cara encubierta, nos manda a los indignados e indignadas colombianas a seguir su ejemplo.
No va a permitir el movimiento popular y de masas la entronización de otro genocidio estilo UP. ¡A la Calle! o ¡A la carga! que es también mandato gaitanista de la Colombia Humana.
Un sistema tributario que no sirve para distribuir riqueza debe desaparecer
Carlos José Cabezas Mora
Secretario general
Central General de Trabajadores
El tan “simpático” llamamiento y posterior conformación del gobierno de Coalición Nacional de Carlos Alvarado, argumentando que por causa de la compleja situación del país un solo partido no la resolvería, podemos ya interpretar que se trata de la unidad de los partidos de la derecha -de los sectores poderosos- para continuar con el desarrollo de su proyecto económico y lo más grave la definición de la política social, sin consultarle a las mayorías afectadas y excluyendo claramente la participación sindical.
Nuestro país debe primero definir que servicios públicos, cual cobertura y que calidad deben brindarse y luego, mediante un verdadero acuerdo nacional determinar el aporte de cada clase social a su sostenimiento, buscando que el sistema tributario sea una forma de distribuir la riqueza, pero la propuesta del Ministerio de Hacienda ni se acerca un poco a estos fundamentos. El nuestro está “patas arriba”, mal diseñado, rezagado, complejo e injusto a propósito.
El ministerio de Hacienda le esconde a la población la verdad de su propuesta. Está más que demostrado en la práctica política de estos meses, que va fundamentalmente en el impulso de un paquete de impuestos que incluye no solo el impuesto del Valor Agregado (IVA) lo que es un mecanismo para el control del delito fiscal pero es una medida tributaria que es injusta para el que menos paga y muy cómoda para los que más ingresos tienen, disminuir el gasto (dañando salarios) implicará no hacer crecer la producción, aumentará el costo de la vida y el desempleo, lo que ya es un grave problema sin atender.
La política fiscal pretende engañar a la población haciendo creer que el problema de fondo es el gasto público, cuando que realmente pasó es que los huecos son producto de la disminución drástica de los impuestos.
El actual sistema fiscal está administrado de manera tan ineficiente, en un mercado nacional poco competitivo producto de que hay una gran monopolización, ha hecho creer a las mayorías que el costo de la vida se debe a los altos impuestos e incluso con altos costos estatales, lo cual es una vil manipulación, cerrando con “broche de oro” que el tema gravísimo del problema relacionado con el delito fiscal sea ultra secundario.
La política fiscal tiene un 80 por ciento de decisiones políticas (incluida visión ideológica) y un 20% de política fiscal, en el actual sistema tributario se defiende a capa y espada el “clima de negocios para los inversionistas” porque el argumento es que “dañarlo” generará más desempleo (a lo que se refieren con eso es a no aumentar impuestos o mejorar la recaudación), lo que hemos notado que sí sucede es que la acumulación de riqueza nos ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo, pues nuestros poderosos se han hecho superricos y no lo reflejan en su aportación fiscal.
El gobierno de Alvarado con un discurso demagógico se ha cerrado a la negociación en la práctica, promoviendo que la respuesta lógica del movimiento sindical sea la protesta como forma de evitar que se siga profundizando en la injusta política de que “paguen más los que menos tienen”.
Actualmente el cambio del régimen fiscal debe ser radical para lograr que cumpla una función útil a la sociedad y deje de engordar los bolsillos de los sectores ya poderosos.
Los señores magistrados y las señoras magistradas de la Sala Constitucional o Sala IV, son, sin excepción, personas muy eruditas. Entienden con plena claridad cuál es el lugar de la religión en un contexto democrático y republicano. Y, sin la menor duda, también tienen claros, no solo los principios democráticos y republicanos, sino la significación que conceptos como derechos humanos, ciencia y razón tienen en el mundo actual.
La democracia, en su acepción más avanzada, funda un principio de participación de las personas en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo. Esto, a su vez, parte del principio de la plena igualdad frente a la ley. Cierto que, en la práctica, diversas condiciones –económicas, culturales y de otro tipo– limitan y empobrecen la plena vigencia de tales principios: puesto que la igualdad frente a la ley no siempre es efectiva, la participación no siempre es paritaria. Pero reconocer tales restricciones tan solo nos dice que la democracia es siempre un proceso, es decir, una aspiración, un proyecto en permanente construcción y perfeccionamiento y, en fin, un motivo que invita a la lucha en procura de una mejor sociedad, una mejor convivencia.
La república, por su parte, es una propuesta por un orden político basado en las leyes, en la distribución y los contrapesos del poder, en la decisión democrática y participativa, en la vigencia de los derechos de ciudadanía, en la permanente rendición de cuentas por parte de quienes temporalmente ejercen el poder político.
Recordemos, por otra parte, que las sociedades del siglo XXI –y Costa Rica da buen ejemplo de ello– se caracterizan por un altísimo y creciente nivel de complejidad. Lo mismo en el campo de la economía o de la cultura; en el ámbito político y el de la organización ciudadana. Y tan solo por poner algunos ejemplos adicionales, la complejidad se visibiliza asimismo en los territorios, en las emergentes construcciones identitarias, la diversificación de las relaciones y conflictos en el mundo del trabajo, y todas las emergentes movilizaciones, conflictos y propuestas vinculadas con la problemática ambiental, el calentamiento global y el cambio climático.
Esa complejidad también se expresa en las relaciones e identidades de género, las familias, la vivencia de la afectividad y de la sexualidad. El mundo social -incluso en espacios geográficos reducidos donde en otros tiempos se imponía la homogeneidad- se parece cada vez más al mundo natural: rompe dicotomías simplificadoras o regulaciones que restringen y limitan, y se despliega al modo que lo hace la propia naturaleza: diverso, heterogéneo y multicolor. Sin duda, nada es tan antinatural como la homogeneidad monocolor.
Las democracias modernas y el orden republicano, deben avanzar hacia el pleno reconocimiento e incorporación de tal complejidad. Ello es así, incluso por un asunto de sobrevivencia, para mantener vigencia y viabilidad. De otra forma se desfasarían frente a la realidad, perderían eficacia y por lo tanto legitimidad, con todo el peligro que ello conlleva.
La religión también es parte de estos sistemas sociales complejos. De hecho, la religión misma se ha complejizado en grado significativo, y ello resulta obvio, tan solo con que se repare en la declinación que ha experimentado la hegemonía de la iglesia católica, la cual, hasta hace muy poco, era prácticamente absoluta.
El orden democrático y republicano debe garantizar plena libertad a cada persona para profesar la fe que elija. En la convivencia democrática, cada quien debe respetar plenamente esa fe que otra u otras personas han abrazado para sí. Y, desde luego, ello supone total garantía del derecho a seguir y aplicar en la propia vida las prescripciones morales que derivan de la religión que se profesa. Lo cual también legitima la posibilidad de no tener fe alguna, y de regirse por una moral laica.
Pero lo anterior también significa, que ninguna religión en particular podría imponer su visión de mundo y criterios morales, mucho menos imponerlos a las leyes que regulan la vida en sociedad. En un mundo cada vez más complejo y heterogéneo, ello excluiría a sectores importantes de la sociedad, y, por lo tanto, subvertirían las bases más fundamentales del orden republicano y democrático. Éste tiene el deber –para ser lo que es y no transformarse en una negación de sí mismo– de crear una institucionalidad que incluya a todas sus ciudadanas y todos sus ciudadanos, con las mismas obligaciones y los mismos derechos, en condiciones paritarias para participar y decidir, y gozando de las mismas protecciones para vivir sus vidas según sus propias elecciones y decisiones personales, que, entre otras, pueden ser de orden religioso, como también en material sexual, familiar y afectiva.
La limitación es bien conocida y absolutamente inviolable: mis derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Eso hace posible los valores de la paz y del amor, que jamás florecerían si ese respeto y tales límites no existieran. Puesto de otra forma: donde haya alguien que se cree en derecho de imponer su visión de mundo, su proyecto de vida y sus reglas morales a otras personas, se termina el respeto y se muere la paz.
Dije anteriormente que los valores y aspiraciones democráticas y republicanas enfrentan múltiples limitaciones, que han de ser superada en una lucha cotidiana. Es un proceso, una construcción dinámica. Nunca, y de ninguna manera, una realidad acabada.
De ahí la importancia de la decisión que la Sala Constitucional ha de tomar pronto sobre matrimonio igualitario. No es algo que pueda decidirse con base en criterios religiosos que, por su misma naturaleza de tales, incluye a quienes los profesan, pero deja por fuera a las demás personas. Se trata de dejar atrás un lastre histórico que, al discriminar y excluir, por ello mismo violenta los principios democráticos y republicanos. Supondría, por lo tanto, un paso adelante en el proceso de construcción de una democracia y una república, más plenas y completas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo entendió bien y lo argumentó con grandísima elocuencia. Toca a la Sala Constitucional hacer otro tanto.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses. En su comunicado, estos Estados, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
Breve recapitulativo sobre algunos usos diplomáticos
Como es sabido todo Estado puede expresarse con relación a la situación interna que vive otro Estado, y que le genera algún tipo de preocupación, como lo hicieron, por ejemplo Argentina, España y Ecuador con relación a la situación en Nicaragua: véase el comunicado de Argentina, el texto del comunicado oficial de España así como el contenido del comunicado de Ecuador, los tres del 15 de julio del 2018. Muy distintos en cuanto a su contenido, pese a llevar la misma fecha, referirse a la misma situación, estos tres comunicados responden a la lectura que cada uno hace de la situación y a la forma escogida, desde Buenos Aires, Madrid y Quito, para expresar su preocupación a las autoridades en Nicaragua.
Usualmente, el uso correcto del léxico diplomático en un comunicado oficial permite enviar un mensaje al Estado receptor de este sin que perciba este comunicado como una indebida intromisión en sus asuntos internos. En cambio, un uso incorrecto del vocabulario o expresiones valorativas pueden causar un profundo malestar por parte del Estado objeto del comunicado, al considerarse como una manifiesta violación a un principio fundamental en derecho internacional: el principio de no intervención en asuntos internos.
Ahora bien, a diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular y calibrar el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a negociar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; en algunos casos, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua, y creando algun tipo de confusión. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que deben respetar los Estados (así como las organizaciones internacionales) en casos de esta naturaleza: reglas que hay que diferenciar de las herramientas jurídicas de las que disponen en materia de derechos humanos las víctimas en el plano internacional, como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) – del que forma parte íntegra Nicaragua – también adoptaron una declaración titulada «Declaración especial sobre Nicaragua» (véase texto completo), el pasado 30 de junio.
Una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también se pronunció, en otros términos: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, fue el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el que adoptó una resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto no fue adoptado por consenso, sino con un voto de 21 Estados a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA, incluyendo a Nicaragua.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos comunicados conjuntos repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación (JICA) expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de grupos organizados contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Foto extraída de nota de prensa del 4 de julio del 2018 titulada «Japón reclama por posible mal uso de donación».
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situación de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohíbe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Nótese que este 24 de julio, la muerte de una estudiante brasileña en medicina en Nicaragua suscitó un comunicado oficial de la diplomacia brasileña en la que se lee que:
«Diante do ocorrido, o governo brasileiro torna a condenar o aprofundamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações coordenadas pelas equipes de segurança, conforme constatado pelo Mecanismo Especial de Seguimento para a Nicarágua instalado para implementar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos» (véase texto completo). El mismo 24 de julio, Brasil procedió a llamar a consulta a su embajador en Managua, recurriendo a esta figura diplomática para hacer ver su profundo malestar (véase comunicado de prensa del Itamaraty).
Ante la crisis en Nicaragua, un sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes causándoles la muerte y heridas graves, atentan gravemente contra estas obligaciones; al igual que la falta de investigación y de sanción de los responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones atribuibles a las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal convencional de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados considerados básicos sobre derechos humanos de Naciones Unidas. Estas convenciones internacionales preven mecanismos de supervisión y monitoreo a los que podrían en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afectasen a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de los informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayoz éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de Estados miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran en estos momentos Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados oficiales intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listadooficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama de la ciencia jurídica que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados.
En el caso de situaciones internas de violencia que no involucren a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua Lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El país más poderoso del mundo, al menos hasta recientemente, Estados Unidos de América, tiene en su clase política al sector más cínico que pueda conocerse en el mundo. Desde hace más de año y medio han debatido frenéticamente una posible intervención del gobierno ruso en las últimas elecciones nacionales para la presidencia. Ahora, su gobierno ha iniciado una guerra comercial internacional, gravando los productos en materia prima y procesados, de lo que llama sus países “socios” del libre mercado. Todo mundo sabe que históricamente, hasta la actualidad, EUA ha intervenido en una elevada proporción de elecciones en los países que cree son o deben ser de su dominio, es decir, más de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Así mismo, ha sido ese país, junto con Inglaterra y la mayoría de la Unión Europea, quienes promovieron e impusieron el libre mercado al cual ahora se opone la administración Trump. Desde luego, con balances comerciales desfavorables para los llamados, por ellos mismos, países en desarrollo. El argumento de la guerra comercial de la Casa Blanca, es su alto déficit comercial con los demás países industrializados, particularmente, China. Trump sabe que esta guerra le trae beneficios inmediatos (no mediatos) a su necesidad de popularidad política en los sectores nacionalistas estadounidenses, al igual que su política “tolerancia cero”, abonando a su próxima re elección.
En el caso centroamericano, la balanza comercial es deficitaria para la región, más para unos que para otros de sus miembros, pero no se escucha los reproches de los gobernantes y la renuncia a los tratados de “libre comercio”. En el 2016, se registró una exportación de US$46,265.9 millones, mientras se importaron US$86,133 millones de los EUA. Una diferencia o des-balance de casi un 54%. (La Prensa/Económica 23/03/17). Sin embargo, con Nicaragua la balanza comercial ha tenido sus primaveras, donde EUA tuvo déficit comercial. ¿La pregunta es si algún país centroamericano se atrevería a grabar las importaciones desde EUA, para estimular su economía interna y resolver parte de su deuda externa o su déficit fiscal?
Recientemente, Ruanda, un país africano exportador de café, con un 45% de población bajo la línea de la pobreza, decidió subir los aranceles a la ropa usada importada, principalmente de los EUA, de US$0.25 a 2.50 dólares por cada kilogramo, a manera de estimular su industria textil, para subir la demanda de ropa producida internamente. Ruanda importa 17 millones de dólares en ropa usada desde EUA. Esto ha enojado al Tío Sam, quien le amenaza con aplicarle sus leyes de manera bilateral, tal cual lo hace con cualquier otro país del mundo, sin importar la pobreza del país víctima.
Esta guerra comercial ya está a toda marcha, solamente que adentro del campo de batalla, solamente participan los países industrializados del norte, Europa Occidental y Asia. Los demás, observan nerviosos, buscando refugio de protección y evadiendo los golpes directos e indirectos que pueden venir desde esas zonas, esperando que no sean letales. Entre más estrechas sus relaciones comerciales con esos países del G20, que ya implantaron más de cuarenta restricciones comerciales, los efectos e impactos serán mayores. Si antes de iniciado el presente año, habían diversificado la relación comercial, dejando de depender en más del 50% en su comercio con EUA, es posible que los países del Sur tengan posibilidades de mayor maniobra.
Como sabemos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) depende más de las aportaciones del G20, y EUA no respeta a los organismos multilaterales cuando estos no coinciden con sus políticas nacionales. Así que, la OMC será poco o nada lo que haga para un comercio justo, y nuestros países sub desarrollados, en esta guerra comercial, se verán obligados a optar. Indudablemente, esta guerra comercial tiene implicaciones políticas internacionales y el mapa mundial está cada vez más alterado, por las políticas estadounidenses con su guerra comercial, por el Brexit en la UB, y por qué los países que están siendo fustigados por el imperio norteamericano, buscan como evadir las sanciones financieras y de mercado de que son objeto. En medio de las guerras comerciales de muchas regiones del mundo y las bélicas de oriente medio, están las batallas por el control de los recursos naturales, en las cuales, quiera latinoamericana o no, está íntimamente vinculada. Es por el control de estos recursos naturales y por la ubicación geográfica de algunos países suramericanos que diariamente nuestros países se ven involucrados en fuertes discusiones internacionales y en represiones intestinas de sus gobernantes.
Otra aberración actual de los EUA, es escandalizarse porque otro gobierno haya podido influir en sus elecciones políticas.
En los últimos días, la derecha rancia de los dos partidos políticos que dominan el espectro político de EUA, le han dirigido toda las baterías letales a su presidente Donald Trump, por las conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quienes consideran coludidos, para que los Republicanos ganaran las últimas elecciones. Cierto o no, sabemos que eso es como aquel que viste sotana y condena diariamente las relaciones extra-maritales de sus parroquianos, pero tiene regados a varios “ahijados” por su parroquia.
Al menos en Centroamérica se sabe que no puede elegirse un mandatario sin la venia del Departamento de Estado, incluyendo a “izquierdistas” como el caso nicaragüense. Si no, pregúntenle al ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Él ni los candidatos de Libre pueden llegar a tomar el poder, si la “Embajada” no se lo aprueba. Así como imponen gobernantes con golpes suaves o duros, definen, no solamente a quién se elige, pero a quiénes el elegido define como miembros de su gabinete. Para el Departamento de Estado, tener un presidente re electo de derecha en Honduras y otro, supuestamente de “izquierda”, en Nicaragua, es una fórmula adecuada en sus relaciones con Centroamérica. No sería difícil adivinar las negociaciones tras bambalinas que J. Orlando Hernández y Daniel Ortega sostuvieron con el Departamento de Estado, la NSA, la DEA y la CIA, para hacer viable su re elección. La historia latinoamericana esta cundida de ejemplos de intervenciones estadounidenses en las elecciones de sus gobernantes. Por lo que, suena hasta ridículo que ahora, los sectores más conservadores estadounidenses levanten banderas contra una posible intervención en sus últimas elecciones. Ese comportamiento exclusivista no les abona en nada.
Así se desenvuelve el cinismo de los Republicanos y Demócratas conservadores de EUA, mientras tanto, sus medios corporativos siguen aumentando sus capitales con los escándalos que ellos fermentan diariamente. Quienes finalmente pagan las consecuencias de esas políticas imperiales y sus exabruptos, son las clases trabajadoras, la ciudadanía indefensa, las minorías vulneradas y las mayorías inocentes.
Para la derecha internacional, conservadora, neo-liberal y hasta neo fascista, se trata no solamente de acumular el mayor capital posible en las élites mundiales, regionales y nacionales, su misión es dejar a las grandes mayorías y sus líderes sin capacidad de protesta, de sobrevivir hasta que estas rueguen clemencia, para llevarlos a estados de esclavitud, pues hasta la pobreza, miseria y esclavitud, ha sido convertida en negocio de élites nacionales e internacionales.
Los pequeños círculos de poder de cada nación, son asistidos por los círculos de mayor altura y trascendencia, para que logren las mayores riquezas durante sus funciones burocráticas. Para ello, aumentan tarifas de los servicios públicos, en educación y salud, en el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Los bancos internacionales colaboran concediendo créditos indefinidamente a nombre de los gobiernos que luego debe pagar el pueblo. Este drenaje de los raquíticos ingresos del pueblo e instituciones del Estado, no llega a satisfacer a los círculos del poder local, que tiene que compartirlo con los organismos internacionales, por lo que se involucran en mayores acciones que rebasan los cánones de la honestidad y el derecho establecidos, como son los lavados de activos, el tráfico de drogas y de humanos y el sicariato. Finalmente, llegan a un punto de no saber en dónde comienza la organización criminal y adonde se inicia la acción de las instituciones del Estado.
Algo similar, se está dando en las dimensiones internacionales. Cada vez se respetan menos las instituciones multilaterales y legados democráticos dejados en épocas anteriores, como son los acuerdos de paz, de los derechos humanos universales y parciales, de comercio, como del equilibrio climático, eco sistemas y riquezas culturales de la humanidad, del respeto a las autonomías y soberanías de los pueblos, gobiernos y naciones. Se rompe con mayor frecuencia con acuerdos multilaterales, buscando la hegemonía del más fuerte y poderoso. Instituciones multilaterales que han estado presentes cuando se requiere de intermediación, de puntos de equilibrio político y social, de la aplicación de la justicia ciega, de la aplicación de medidas restrictivas para evitar los abusos de los más fuertes contra los más débiles, esto y más hemos estado perdiendo en nuestra sociedad universal.
Se sabe que han existido esfuerzos constantes de la ultra derecha internacional para cooptar esas instituciones multilaterales, con resultados parciales. El caso de la OEA ilustra algunos resultados de cooptación conservadora. El rompimiento unilateral con el acuerdo multilateral suscrito por los 5+1 para el desarme nuclear de Iran, en mayo del presente año (ahora en negociación de un 4+1), es otro ejemplo. La sustracción de membresía unilateral de los EUA al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio del presente año y de UNESCO en octubre del 2017. La que ha sido una potencia mundial, controlada ahora por un gobierno ultraderechista, neo fascista, como el de EUA, se sustrae de los organismos multilaterales que no logra controlar o someter a su voluntad. EUA no resiste competencia en el control del mundo global, por lo que las Naciones Unidas son “su mal necesario” pero en proceso de reducción de fuerzas, por las políticas de la Casa Blanca. Según el partido Republicano en las Naciones Unidas no se actúa en concordancia de sus políticas internacionales y es un obstáculo para el control del destino global. Se lucha por el control absoluto del mundo y por ejemplo: en decisiones sobre quién respeta o no los derechos humanos, los EUA busca hegemonizar con su aplicación constante de sanciones a los países que no se someten a sus criterios e intereses. Ahora mismo está sancionando a altos funcionarios del gobierno nicaragüense, por corrupción y violación a los derechos humanos. Es posible que muchas personas estén de acuerdo, sin embargo, no aplica su regla medidora a otros países que han hecho lo del gobierno Ortega y mucho más. Es el caso de Colombia, desde Uribe y sigue sucediendo, sobre la eliminación de cienes de líderes sociales, negros e indígenas; en Honduras desde que apoyó el golpe de 2009 y el gran fraude en noviembre 2017 la impunidad, represión y violación de los derechos humanos es constante; sigue apoyando al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pese a su gran corrupción y últimamente, acusado de ser un depredador sexual, oculto en salas y cuartos oscuros. Tampoco se manifiesta contra las violaciones de los DH en otros países con gobiernos que son de su simpatía como Brasil, Argentina, Ecuador, adonde se coopta al sistema judicial local, para que persigan y neutralicen a los líderes políticos que no son de la simpatía de la Casa Blanca; menos actúan en contra de las matanzas masivas de palestinos por el gobierno israelita, ni por el asesinato en masa de yemeníes, en donde se ha demostrado su complicidad. Se ha tenido una década de quejas y acusaciones contra el gobierno venezolano por la violación de los derechos humanos, igual o mayor período de estar sucediendo matanzas cotidianas, femicidios, masacres, etc., en México y Colombia, pero allí la Casa Blanca se ha mandado al silencio.
Esto demuestra por donde van sus contradicciones de la ultra derecha con los organismos multilaterales, que como la ONU se manifiestan de forma colegiada respaldándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en convenios y acuerdos multilaterales. Es decir, lo que buscan los de la ultra derecha internacional es utilizar a los derechos humanos como un instrumento de lucha contra los gobiernos y pueblos que sí respetan los derechos humanos para lograr sus objetivos políticos de control, para finalmente apoderarse de los recursos naturales y el mercado que contribuyan a la acumulación del poder económico, militar y político de las élites mundiales conservadoras.
Los grandes conflictos bélicos que se han venido dando en el Golfo Pérsico por el control del petróleo y demás energéticos naturales, se está buscando implantarlos en nuestra Cuenca del Caribe, para lo cual, el Pentágono y las élites conservadoras buscan agudizar los conflictos sociales, llevarlos a conflictos políticos y eventualmente a conflictos bélicos. El objetivo es el mismo, pero el contexto es muy diferente. No es lo mismo asaltar y asesinar poblaciones completas a 8 mil kilómetros de distancia que hacerlo a las puertas de su casa. Indispensable es que se involucre a los gobiernos y pueblos de Sur América primero. No importa si en esto se involucra a pueblos como el costarricense, con una historia de paz y democracia envidiable. Y ya la OEA, mediante Luis Almagro, lo ha logrado al hacer miembro activo a Costa Rica del Grupo de Lima, frente político regional de esta estrategia regional contra América Latina.
Por lo anterior, la conquista contundente del pueblo mejicano el primero de julio, al elegir a un gobierno progresista, representado por Andrés Manuel López Obrador, está en un contexto muy delicado. Aunque el neo-liberalismo implantado por Peña Nieto ya le entregó la mayoría de su petróleo mejicano a las corporaciones gringas, queda todavía ver cómo va a reaccionar frente a esta estrategia regional de la Casa Blanca y su partido Republicano, de control de las riquezas existentes en toda la Cuenca del Caribe y en el Cono Sur, con el control también, del agua y otros recursos.
Desde luego, el tema de la migración seguirá siendo un problema que irá de mal en peor, dada esta estrategia estadounidense. Así como en Europa, el tema es de grandes “preocupaciones”, en ningún momento se verá a EUA viéndose dentro de las causales principales de la migración de latinos (“morenos discapacitados”). Desde luego, la causa principal está en el fracaso del neo-liberalismo para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, puesto que desde su creación fue para beneficio de una minoría elitista monetarista.
Algunos pueblos han venido enterándose lentamente del fondo de las maniobras elitistas conservadoras. Desde luego, es urgente que los pueblos de la clase trabajadora se concientice y deje al lado riñas secundarias e infantiles, para unirse en un solo bloque internacional. Seguir el ejemplo del pueblo mejicano es indispensable. Apoyar a los gobiernos en cada uno de sus proyectos en beneficio social general, y hacer valer su opinión ante cualquier medio, es prioridad. Como es prioridad no dejar a solas la lucha que ya está iniciando el nuevo gobierno mejicano, que aun cuando no se pertenezca a ese gran país, está buscando romper con las crisis, los abusos y las acciones imperiales de los EUA. Aún estamos a tiempo de que nuestro territorio no se convierta en campo de batalla por acaparar los recursos primarios y secundarios que la naturaleza nos proporciona, tal como han convertido al Golfo Pérsico.
Debemos estar claros que, en América Latina no existe una lucha entre el comunismo y el capitalismo como tales. Primero, porque el comunismo tal como se explica teóricamente no existe. Los gobiernos que hemos tenido denominados de izquierda, por favorecer a las mayorías que les eligió, no llegan a veces ni a socialistas. La izquierda no es sinónimo de comunismo, pero sí puede ser de la social democracia, el reformismo, y a veces, ha pasado de un perfil social demócrata a una imposición autoritaria conservadora que le hace el juego al neo liberalismo, como son los casos de Ecuador y Nicaragua actuales. En el contexto actual, donde la derecha se coloca en posiciones ultra-derechistas, hasta neo fascistas, los mismos liberales son acusados de socialistas y comunistas.
Así que dejando de lado la cacería de brujas a que se dedican las élites económicas por su incultura e intereses, se debe colocar bien los perfiles estratégicos de una lucha regional a la cual se ha invitado al pueblo trabajador latinoamericano. Así como emocionalmente se apoya a las selecciones deportivas en los torneos mundiales, así debemos trabajar para una vida de mejor calidad en la región donde hemos nacido.
