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Una derecha criminal y una izquierda ingenua

Marlín Oscar Ávila

 

Quienes creen que es ingenuo pensar que el gobierno de EUA no está metido en los intereses nicaragüenses, están en lo correcto. Pero también es ingenuo pensar que esos intereses estadounidenses en los asuntos nicaragüenses están a partir de las revueltas del 18 de abril. Si así fuera, cómo explicamos la formación de un gobierno corporativo, es decir, en alianza de los Ortega con la gran empresa nacional e internacional, sin equilibrar los beneficios con la clase trabajadora del campo y la ciudad; además, cómo explicamos que la familia gobernante se haya desviado del marco ideológico de Augusto César Sandino, General de hombres libres y de Carlos Fonseca Amador, para gozar de las mieles del capitalismo local y el poder hegemónico de la institucionalidad nacional. Creer que la inteligencia gringa está actuando, únicamente mediante ONGs internacionales y nacionales, sin apoyarse en la empresa privada, los pequeños partidos conservadores y los grandes medios de desinformación, la mayoría en manos de la familia Ortega, también es pecar de ingenuidad.

Creer que en política se juega sobre una cancha limpia de obstáculos, con reglas claras y solamente contra un equipo o dos, debe buscar jugar otro deporte. La derecha, en sus diferentes expresiones, ha estado presente en la cancha nicaragüense desde siempre, como lo está en todo territorio latinoamericano. La derecha esta hasta en las organizaciones que gritan “fuera la CIA, o fuera JOH o fuera Temer”. La política sería muy aburrida si se tratara de una lucha entre ángeles y diablos, a los que se distinguen por su apariencia dulce u hostil, la política no es un tablero de piezas blancas y negras, con marcas positivas y negativas. Cubren todo un arcoíris y tienen muchas siluetas. Son muchas las facciones y las corrientes políticas que juegan en una misma cancha, en un partido que se juega todo el tiempo, sin espacios de descanso, ni para dormir. La violación de las reglas es algo muy común, la demagogia, el fraude, el chantaje, el soborno, la mentira, la traición, y cualquier zancadilla, es de esperarse, particularmente de los sectores conservadores. En este juego, los árbitros (observadores o mediadores) también juegan el partido. Ni qué decir de árbitros de organismos multilaterales, quienes se suponen, son controlados por normas internacionales.

En nuestra zona geográfica cuando antes de elegir a nuestros gobernantes, debemos preguntar al magnate de la “hegemonía mundial” si podemos o no elegir a quien nos parezca el mejor, es porque las reglas del juego las determinan afuera de nuestras naciones. Se trata de algo diferente a la que concebimos como real democracia. Como dijo recientemente James Clapper, ex director de la inteligencia gringa: «Cuando intentamos manipular o influir en las elecciones, o incluso derrocar gobiernos, se hizo con los mejores intereses de la gente del país en cuestión«, después de confirmar que su gobierno estadounidense había actuado así en, al menos, 80 países. Entonces tenemos un “todopoderoso” al norte y no en el cielo, que nos cuida para que nuestras decisiones sean adecuadas a los intereses de “su gente”.

Si las manipulaciones e influencia en las elecciones se han hecho pensando en “los mejores intereses de la gente del país en cuestión”, tendríamos que preguntarnos cuál es la gente en la que piensan los gobiernos de EUA cuando hace tales manipulaciones y golpes de Estado. Sin retroceder mucho en la historia contemporánea, en Panamá, Noriega era de su confianza, primero y después del pueblo panameño. En Nicaragua, fueron aceptados Enrique Bolaños Geyer; Arnoldo Alemán Lacayo y Violeta Barrios de Chamorro, luego de una ardua lucha por derrocar del poder al Sandinismo. Dilma Rousseff, fue y es de la confianza del pueblo brasileño, al igual que Lula Da Silva. Manuel Zelaya, era y es de la confianza del pueblo hondureño. ¿Evidencia esto a qué intereses se refiere el ex director de la CIA? Los golpes de diferente naturaleza aplicados a estos ex gobernantes fueron apoyados por Washington, pese a que estos gobernantes han gozado de la popularidad necesaria para gobernar. Nicolás Maduro, ha sido elegido con una diferencia significativa en las últimas elecciones de Venezuela, sin embargo, el gobierno de Washington, junto con todas sus agencias, tropas y gobiernos lacayos, no quieren que Nicolás Maduro gobierne en su propio país. Estamos viviendo en un mundo donde la tan llevada y traída “democracia” pareciera ser última invención electrónica, apetecida por muchos, pero pisoteada por quienes logran comprarla. Es una democracia secuestrada hace bastante tiempo.

Es más que obvio saber los verdaderos intereses que defienden en la Casa Blanca. Pero el caso de Nicaragua puede confundir fácilmente al mejor observador.

La izquierda tradicional centroamericana confiaba que Nicaragua era tranquilamente controlada por el FSLN, aun cuando hubiera denuncias de algunos de sus viejos cuadros, sobre los abusos cometidos por los Ortega. Se dieron varios esfuerzos de privatización del agua, la electricidad y otros servicios, que recibieron la oposición del pueblo. La anticonstitucional re elección del indiscutible líder sandinista hasta recientemente, no fue confrontada dentro del FSLN de manera contundente y los Ortega lograron manejar la controversia a su favor. Ya había existido fuerte controversia con el proyecto del canal interoceánico. Las organizaciones campesinas fueron las primeras en tirar al suelo la bandera sandinista. Luego, ocurre el incendio de La Reserva Biológica Indio Maíz, considerada una de las reservas naturales mejor preservadas en Nicaragua, cuando se acusa al gobierno central de negligencia intencional. Se cree que comerciantes de la madera fueron los más aprovechados económicamente. En abril aparece el gobierno decretando medidas contrarias a los intereses de algunos sectores no consultados en cuanto al Seguro Social. La policía le da palos a unos ancianos y la juventud sale a protestar. Esa protesta es fuertemente reprimida y se da lo que ni los mismos gringos, los partidos de derecha, ni de izquierda, esperaban. La misma pareja Ortega debió sorprenderse de los resultados de sus órdenes represivas. En ese momento nos enteramos que la familia en el poder vivía en una especie de burbuja. Ni sus asesores le pudieron advertir que el pueblo nicaragüense estaba muy tenso con lo que se había venido gestando dentro del poder corporativo desde un año atrás y solo era necesaria una gota para rebalsar el vaso.

Al aceptar íntegro el informe publicado por la CIDH, nos enteramos que los Ortega acababan de despertar de la inconciencia que produce el poder absoluto encerrados en una burbuja mágica de oro. En menos de un mes, habían asesinado a más protestantes en las calles de los que podría creerse venir de un ex comandante de la Revolución Sandinista. Pero luego se enteró que los delitos por los cuales se le acusa son graves. Así que se aferra al poder argumentando que hay un complot internacional contra el país y su gobierno. El discurso que muchos poderosos utilizan cuando les conviene.

Algunas publicaciones progresistas hacen similitudes entre la lucha que se libra en Venezuela con la de Nicaragua, haciendo aparecer a ambos gobiernos como víctimas de las movilizaciones sociales violentas provocadas y financiadas desde el exterior. En ese símil coinciden, a la inversa, con la derecha internacional, argumentando que Daniel Ortega es un dictador del corte de Nicolás Maduro, que asesina a sus oponentes. Pero nada es más distante que las manifestaciones de miles de miles de nicaragüenses con los grupitos opositores de las guarimbas venezolanas. La historia de ambos países y pueblos es diferente y sus causas son diferentes, motivos para otro artículo al respecto.

¿Cuándo se concluirá con los enfrentamientos violentos en Nicaragua? no se sabe, especialmente cuando hay una izquierda ingenua y cerrada a los esquemas que le predican sus líderes tradicionales y, una derecha criminal, irrespetuosa, farsante y sucia en el escenario. En sus conflictos internos en Nicaragua, usualmente, han estado presentes actores centroamericanos y, desde luego, estadounidenses. Entre más se tarde en llegar a un acuerdo, más complejidad puede haber en una solución nicaragüense. Esperemos que el pueblo nicaragüense no se valla adaptando a ese estado de cosas, como lo ha hecho Honduras desde el golpe de estado hace nueve años, tiñendo de sangre diariamente sus calles, con una oposición muy débil y con el gobierno impune, más impopular de su historia.

 

Enviado por el autor.

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4 años durmiendo con un ojo abierto: Volcán Turrialba

*Eliécer Duarte

Académico e investigador, OVSICORI

 

Los cambios más drásticos que se hayan presentado en unos 150 años, tuvieron como punto de partida el 29 de octubre del 2014, cuando el Volcán Turrialba arrancó con el actual periodo freato-magmático.

Con anterioridad, el volcán había presentado varias modificaciones. Hubo algunos enjambres sísmicos que se dieron desde 1996. A mitad del 2005 hubo cambios en el patrón exhalativo y para los primeros meses del 2007 los efectos eran notorios. En mayo y julio de ese mismo año enjambres sísmicos produjeron agrietamientos en la cima del volcán y efectos que llegaron hasta unos 3 kms a partir de la cima. Cuatro erupciones principales sobresalen en los años subsiguientes a partir de enero del 2010 hasta mayo de del 2013.

El día clave

Las erupciones que desbloquearon el conducto del cráter oeste se sucedieron al filo de la medianoche del 29 de octubre del 2014 y depositaron el grueso de los materiales en los alrededores del cráter ensanchado. Tal actividad se vio acompañada de tremor y sismos volcano-tectónicos. Las columnas de sedimentos y materiales finos pre-existentes probablemente alcanzaron varios miles de metros sobre la cima, a juzgar por la depositación de tales productos a docenas de kms.

Las erupciones diseminaron capas de lodo y sedimentos hacia la caldera, alcanzando hasta 3 metros en el borde mismo del cráter oeste y un relleno similar en el vecino cráter Central. Oleadas de lodo alcanzaron unos 300 m, en la horizontal, con espesores de unos 40 cms. Algunos de los bloques de gran tamaño se encontraron a unos 200 m de la boca humeante con tamaños arriba de los 2.4 metros: algunos de estos provenían del fondo del cráter y otros de las altas paredes.

El cráter se ensanchó en todas direcciones; su borde este perdió unos 25 metros de altura y migró unos 30 metros hacia el cráter Central. Durante estos 3 años la actividad se ha concentrado en ese cráter oeste y el ensanchamiento parece ahora estar limitado a las paredes rocosas que lo conforman.

Un día sí y otro también

Una vez que el conducto quedó abierto hubo altibajos en las emisiones. Por largos periodos se mantenía la exhalación de gases y vapor para combinarse con periodos prolongados de emanación de cenizas. En innumerables ocasiones hubo acompañamiento de fragmentos incandescentes que a veces alcanzaron los flancos, principalmente al sur y sureste; debido a la forma de la abertura principal. Durante los meses secos del 2015 episodios de ceniza cubrieron la zona vecina al volcán; hacia el sur, suroeste y oeste alcanzando a veces hasta muchas comunidades del Valle Central. En los meses lluviosos de ese mismo año el patrón cambiante de actividad se mantuvo ensanchando el cráter en distintas direcciones y aportando partículas.

Durante el periodo seco del 2016 se repiten condiciones similares a las del año anterior. Dos periodos agudos de producción abundante de ceniza se producen este año: entre abril y mayo y luego en octubre cuando cortinas de ceniza enormes se desplazan en direcciones variables para producir afectación y preocupación a nivel local y regional.

A finales del 2016 y primeros días del 2017 es cuando se producen las últimas salidas más significativas de cenizas, pero principalmente de grandes segmentos de lava semi-fundida que se depositan en los alrededores del cráter activo. Luego de esto hay muchos meses de reducción de las emisiones de ceniza predominando la salida de gas y vapor acompañados, por las noches, de incandescencia sostenida por varios meses. Más recientemente es entre setiembre y octubre del 2017 que se produce salida tímida de pequeños volúmenes de ceniza que se llegan a depositar en las vecindades del macizo.

Por lo tanto los periodos de calma y reactivación se han repetido durante estos 3 años sin un patrón definido. En setiembre del 2015 se registró salida casi sostenida por más de 40 días y el patrón fue similar en octubre del 2016.

La actividad sísmica en forma de enjambres a veces se correlaciona con la salida de ceniza y otros piroclastos, aunque también se dieron prolongados periodos de salida pasiva de cenizas sin mayor estruendo en la boca ni alteración del sismograma. En días de abundante salida de ceniza los sismos volcano-tectónicos ascendieron a cientos y las bandas de tremor se sostuvieron, en algunos periodos, por varios días sin ceder.

Secuelas a la vista

Los veranos del 2015 y 2016 fueron prolíficos en producción de partículas que generaban severos daños en la agricultura, ganadería y en general en la rutina de las comunidades ubicadas al oeste y suroeste del volcán. Y es que en los meses secos no solo el desplazamiento de esas cenizas es mayor sino que es más visible; aumentando la ansiedad de vecinos y autoridades. Es en los meses secos cuando se da la mayor afectación de la ceniza en la navegación aérea y por lo tanto su impacto en la economía nacional por el cierre de aeropuertos.

Durante los meses lluviosos los efectos no son menores; la adherencia de partículas finas es más eficaz causando lesiones profundas en repastos y cultivos comerciales. Los montos depositados en la cima y flancos del volcán también eran blanco fácil de la erosión y de arrastre hasta largas distancias. Cauces grises, de los drenajes principales, eran comunes hacia la ciudad de Turrialba y comunidades aledañas, como también lo eran hacia las planicies del norte. En el borde oeste del cráter activo el engrosamiento de la superficie alcanzó poco más de 4 metros (a enero del 2017). El tapizado del “callejón de aniquilamiento” es uno de los efectos más lesivos para el edificio volcánico; la superficie endurecida promueve la escorrentía y reduce las posibilidades de regeneración natural a corto plazo.

Los efectos erosivos en los cauces principales hacia el oeste son dramáticos si tomamos en cuenta que en algunos tramos los cauces profundizaron entre 4 y 10 metros. El efecto de relleno por materiales orgánicos es también notable en las quebradas y ríos encañonados, donde en algunos puntos enormes troncos y ramas formaron auténticas represas.

Otra constante, tanto en periodos secos como lluviosos, es la acidificación. En ambos casos la afectación en las zonas de interés comercial así como en los bosques vírgenes es visible durante todo el año. Aunado a esto se debe mencionar otra consecuencia temporal de la actividad alternada y es que las fuentes de agua se ven contaminadas. Del mismo modo, se debe anotar como efectos directos los cortes de fluido eléctrico en la región, así como el impacto de proyectiles y cenizas en los equipos científicos de monitoreo volcánico.

Durante los últimos días de diciembre del 2016 y primeros de enero del 2017 este volcán presentó una emanación singular de material pastoso y semi-plástico que pareciera coincidir con el material más profundo hasta ese entonces producido. El conducto abierto a profundidad tendría la capacidad de producir una descompresión dosificada del sistema sin eventos traumáticos. Esto se refuerza con unos 10 meses de actividad eruptiva casi nula y con la salida débil y apenas esporádica de bajos volúmenes de ceniza. El descenso significativo de la sismicidad (comparada con años anteriores) genera la esperanza de que lentamente el volcán retorne a un estado de equilibrio.

Mientras tanto, la salida de gases magmáticos puede mantener montos de acidificación lesivos para las áreas circundantes por lo que el mejor uso de las tierras alrededor de este macizo, debería ser el de la regeneración natural y la conservación.

 

***Más detalles. Eliécer Duarte, OVSICORI. Oficina de Comunicación. Tel 2277-3067***

 

Imagen tomada de Youtube.

Enviado por UNA Comunicación.

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El nuevo gobierno costarricense y Centroamérica

Dr. Willy Soto Acosta (*)

Dr Willy Soto Acosta
Imagen tomada del Facebook de Willy Soto Acosta.

Después de la II Guerra Mundial, Alemania y Francia conformaron la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (que a la postre dio paso a lo que hoy es la Unión Europea), con las heridas aún sangrantes del conflicto bélico. Lo hacían más con un interés realista que por un deseo de hermandad: la toma de consciencia de que habitaban la misma “casa común”.

Centroamérica es el hábitat de Costa Rica, para bien o para mal. Ello significa un gran reto: ni diluirse en la región ni querer constituirse en una isla dentro de ella. “Costa Rica no es parte de los problemas de Centroamérica pero éstos si son parte de nuestro país”, manifestaba en su primer gobierno el ex -presidente Oscar Arias. Hoy en día esa premisa se revela parcialmente incorrecta. En una sociedad global, los problemas ticos tienen una continuidad con el resto de la región: la violencia engendrada por el narcotráfico, el aumento de la pobreza extrema, el desempleo, las migraciones, la tentación (como quedó demostrada en los últimos comicios costarricense) de violar derechos humanos incluso por la vía electoral, las consecuencias del cambio climático que actúan en una dimensión centroamericana y caribeña y no a escala estato-céntrica.

Mal haría el nuevo gobierno de hacer un berrinche como el que hizo Luis Guillermo Solís y su canciller de salirse temporalmente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por el asunto de las migraciones africanas, haitianas y cubanas que atravesaban el país, ante la negativa de Nicaragua de abrir sus fronteras. La nueva administración debe entender que la integración regional ya no es solo un discurso romántico de hermandad centroamericana sino sobre todo, una estrategia nacional de Alta Política para enfrentar problemas que solo se pueden gestionar y resolver mancomunadamente. La soberanía ya no es aislarse dentro de unas fronteras cada vez más porosas sino, manteniendo la identidad nacional, la capacidad de influir en los recursos de los países vecinos para así enfrentar riesgos nacionales-regionales.

¿Qué el SICA en mucho es un leviatán con una arquitectura frondosa, en algunos casos inútil, que alberga los intereses gremiales y salariales de una “mara” de burócratas con altísimos salarios y de un estamento de consultores centroamericanos e internacionales (ligados a la cooperación) que llevan un estilo de vida lujoso? ¡Eso nadie lo duda!

Aún más: desde la fundación del Mercado Común Centroamericano a finales de los 50´s y principios de los 60´s del siglo pasado, ha hecho más por la integración el empresariado (no de gratis, porque les convenía un economía regional) que la institucionalidad burocrática.

El reto del nuevo gobierno, en ese camino de compaginar identidad nacional y gestión en “condominio” de problemas centroamericanos, es conseguir una limpieza del SICA (tarea que Solís empezó, al menos en el discurso), impulsar la participación empresarial bajo el respeto de los derechos laborales y ambientales, y darle voz al gran ausente: la sociedad civil. Si la integración no se comienza a edificar desde abajo (desde la cultura, el deporte, las MYPIMES, las ciudades, el ambiente), todo será fantasía. La propuesta de Panamá de construir un metro o tren que la una a Costa Rica es en este sentido esperanzadora, y este espíritu se puede extender al resto de la región.

Nuestro país tiene un recorrido que puede potenciar en el marco regional: las relaciones comerciales con China (ahora que algunos países del SICA están alejándose de Taiwán), el TLC con Corea del Sur, sus avances en materia de enfrentar el cambio climático. Destaca aquí el replantearse la decisión de no participar en la Alianza del Pacífico (AP) (sin dudas el esquema integrador más dinámico actualmente en Latinoamérica), no obstante el trecho andado en esa materia. Sin desatender a los grupos internos que se oponen a esa adhesión, Costa Rica puede ser el puente entre la AP y Centroamérica.

Charles de Gaulle solía decir que “cada país debe hacer la política de su geografía”. Este principio se debe aplicar en nuestras relaciones con nuestro vecino del norte. En los últimos tres gobiernos ticos hemos esbozado una política de “caritas enojadas”, lindando con un extremo infantilismo. Algo similar ha hecho Managua. Esperamos de Carlos Alvarado un cambio: se puede defender el interés nacional, la integridad territorial, sabiendo que compartimos una “casa común”.

Hay razones para creer que así será: nombró a una mujer en la cancillería, y además brillante y afrodescendiente, lo cual dice mucho, demasiado. La idea del nuevo gobierno de celebrar el Bicentenario de manera regional, junto con los otros países centroamericanos, no puede sino que aplaudirse.

 

(*)Catedrático, Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomad de vox.lacea.org

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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A cinco años de la muerte de Jairo Mora y varias preguntas sin responder

Nicolás Boeglin (*)

 

Al conmemorarse el pasado 30 de mayo cinco años desde la muerte de Jairo Mora Sandoval, cuyo cuerpo apareció en Playa Moín, una solitaria playa del Caribe costarricense, son aún muchas las preguntas sin repuestas alrededor de este asesinato.

Jairo Mora Sandoval había detectado que de todas las playas en el Caribe, la playa Moín recibía la cantidad más elevada de tortugas marinas (véase nota de Mauricio Álvarez titulada «5 años Jairo Mora ¿cómo destruir su legado?» publicada en Elpais.cr). Semanas antes de su muerte, había señalado a un grupo de periodistas lo que el título de esta nota de La Nación indica de manera muy clara: «Si un policía dice que nos apoya, está mintiendo«. Si este titular puede causar profundo estupor, este otro del 2015 (véase nota de La Nación) posiblemente arroje la misma sensación al leerse esta vez que: «Sala Constitucional suspende comparecencia de fiscal general en Asamblea por caso de Jairo Mora«.

A pocos días de su muerte, y sin que mediara mayor investigación, en declaraciones a la cadena internacional de CNN del entonces Vice Presidente de Costa Rica, Alfio Piva, se señaló a hueveros y a contrabandistas como probables responsables de esta muerte. Viendo la gran cantidad de proyectos que se han concentrado en Playa Moín desde aquel fatídico 31 de mayo del 2013 ¿eran hueveros y contrabandistas los únicos en Costa Rica interesados en que no se ventilara mayormente que esta playa recibe la mayor cantidad de tortugas de todo el Caribe costarricense? ¿Por qué razón la Fiscalía General de la República privilegió esta única pista en sus investigaciones, sin interesarse por posibles autores intelectuales de este vil asesinato provenientes de otros sectores? ¿Por qué no haber seguido la recomendación del Experto Independiente John Knox del 2013 durante su visita a Costa Rica, apoyando la solicitud de varias ONG costarricenses de crear una Comisión de la Verdad ajena al Poder Judicial para investigar debidamente este caso y otros más (véase informe de John Knox, punto 67)? ¿Por qué haber hecho caso omiso de esta recomendación durante toda la administración 2014-2018?

Remitimos al lector a una nota que nos permitimos redactar al conmemorarse tres años de esta muerte (véase nota publicada en Informa-tico, titulada «Los pendientes a tres años de la muerte de Jairo Mora«), y cuyas preguntas persisten en el tiempo. Al haberse en el período 2017-2018 confirmado la separación de varios altos personeros del Estado costarricense por diversas faltas graves de carácter ético en su labor, y que estuvieron involucrados en las investigaciones realizadas al momento de la muerte de Jairo Mora, puede incluso que algunas de estas preguntas se tornen más persistentes aún.

Como la figura de Jairo Mora Sandoval, observando el horizonte desde su querida Playa Moín.

A cinco anos de la muerte de Jairo Mora y varias preguntas sin responder
Foto extraída de nota de prensa (La Nación) titulada «Patrullando Moín con Jairo Mora».

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

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Por la defensa de la justicia transicional

Carlos Meneses Reyes

 

En esto de buscar métodos y técnicas para explicar el contenido de una justicia transicional, conviene indicar a quienes va dirigida esta clase de justicia, por qué y quienes la imparten.

UNA CLASE DE JUSTICIA DIFERENTE

La materia o contenido del Derecho Internacional, comprende la distinción entre los Tratados Internacionales, celebrados entre los Estados parte del sistema internacional. En tanto, los Acuerdos son celebrados entre un Estado parte y un Sujeto de Derecho Internacional. Taxativamente se señalan los sujetos de derecho internacional y entre ellos se comprenden “Los movimientos de liberación nacional con sus fuerzas beligerantes”. La Convención de Ginebra y los Protocolos, como parte integrante del sistema universal, indican algunas valoraciones para calificar a una fuerza interna armada en un Estado parte como beligerante; pero, no obstante, el estatus o reconocimiento de beligerancia lo hace el Estado parte como acto soberano. El Acuerdo celebrado entre el Estado colombiano (debidamente representado por el Ejecutivo) y el Sujeto de Derecho Internacional Farc-ep, se llevó a cabo para dar por terminado un conflicto armado interno, que lo define el derecho Internacional, como diferente del conflicto armado entre Estados. Esa categoría de conflicto entre un Estado y una fuerza insurgente está reglamentada en el sistema universal del derecho internacional y por ende lo rigen los Principios Fundamentales de ese sistema. Mencionemos algunos: el principio res inter alius acto; por medio del cual lo acordado solo crea obligaciones entre las partes. El principio de la Bone fide (Buena fe) y que del consentimiento- ex consensu advienent vinculum– deviene la obligación. El pacta sur servanda, de estar obligado a cumplir lo pactado.

La Justicia Transicional, como instrumento de justicia universal, se inspira en los principios del ius cogens y el derecho de gentes. Por el llamado ius cogens, los Estados, debidamente representados, por el Jefe de Estado, se obligan. Todo obedece al marco jurídico del Derecho Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y a esas normas no se puede oponer la ley nacional o local (Lex Fori). Para el ámbito de aplicación de esa jurisdicción se califica de aforados a los (ex) guerrilleros de las Farc-ep y los miembros de la Fuerza pública incursos en delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, cometidos durante el conflicto y a los insurgentes incursos en delitos políticos y la conexidad con los mismos, como es el caso típico de conductas relacionadas con el narcotráfico.

DEL ORIGEN DE LA JEP

Seamos elementalmente claros: La JEP, como instrumento del sistema internacional de Justicia Transicional, no tiene origen constitucional. La Jurisdicción Especial de Paz no está taxativamente señalada en el Capítulo de Jurisdicciones Especiales (Artículo 246. Constitución de 1991). La fuente constitucional de la JEP radica en los artículos 22 y 93 ibidem y concordantes. Los Magistrados de la JEP no fueron o son nombrados por autoridad estatal ni del orden administrativo. No son empleados públicos. Fungen como servidores públicos. A manera de discusión planteo que No requerían de posesión para ejercer el cargo, puesto que, conforme al principio de inmediatez, el nombrado se posesiona ante quien le nombra y no fue el presidente de la República quien lo hizo. Tampoco juramento de posesión del cargo, no obstante, como servidores públicos están sometidos a la Constitución y Leyes de Colombia. Vale lo del formalismo impetrado. A la JEP, por no decir a sus integrantes, les cabe la observancia de los Principios Fundamentales, de los Derechos, Garantías, Deberes de la Constitución de 1991. No hacen parte de la Jurisdicción ordinaria y su existencia es transitoria y de competencia y jurisdicción calificada para los casos propios de su naturaleza jurídica. Su inspiración funcional no lo es la Rama Judicial de la Constitución Política, puesto que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SIJVRNR), no contempla un órgano máximo de justicia, como sucede en la Jurisdicción ordinaria. Lo Acordado definió con claridad que la JEP expediría su propio reglamento, puesto que la razón de ser de su existencia obedece al Sistema Universal de Justicia. Esto que es lo que sirve de fundamento para un prístino u original criterio de distinción es de lo que adolece en la práctica la Corte Constitucional, por su activismo judicial y contrario a la concepción dialógica de proyección de sus decisiones o sentencias para superar el estado de cosas inconstitucionales (eci) en Colombia.

DE CHUPATINTAS Y PICAPLIETOS

Da grima la manera como llamados abogados analizan la naturaleza de la JEP. Son cajas de resonancia de la adulteración mediática y desdicen, por carencia, del juicio razonado de los juristas. “La crítica es fácil, el arte difícil”. No es que desconozcan, es que no comprenden ni asimilan, por el peso del sofisma, que el cuerpo normativo que inspira y rige a la EJP, como instrumento de la Justicia Transicional, emana de los principios universales, consuetudinarios y normativas del Derecho internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las competencias de la JEP no las fija el legislador colombiano, ni la Corte Constitucional, que se erigió, mutuo propio, en superior jerárquico del sistema de jurisdicción alternativa que expresa la JEP, como aplicación de la Justicia Universal Transicional. Acorde y tal como se concibió para Colombia, La JEP se rige por los protocolos existentes y el reglamento interno de funcionamiento que conciba. Intentar aplicarle a la JEP el principio procedimental de normas de orden público, significa constreñir y desconocer su propia naturaleza. No es dable aplicar y/o delegar el ejercicio de jurisdicción y el de competencia, por parte del legislador y por la Corte Constitucional, al sistema de justicia transicional vigente en Colombia. Por ello es dable concluir, que la producción normativa y las resoluciones y sentencias del poder judicial o jurisdicción ordinaria, no tienen el carácter de vinculante para los (as) Honorables Magistrados(as) de esa Jurisdicción Especial, mientras esté vigente el artículo 93 de la Constitución Política, que se erige en el garante para que las leyes que se emitan y las decisiones de la Corte Constitucional no vayan en contravía o desconozcan la autonomía, independencia e inscindibilidad de la JEP y su Tribunal para la Paz.

La carencia de argumentaciones o mejor exhibir temáticas sin peso jurídico desdice de la renovación del Foro Jurídico nacional. Las Facultades de Derecho, los Colegios y Asociaciones de Abogado no pueden ser ajenos a tamaña irresponsabilidad. Asimilemos el enunciado de la JEP cuando suspende el procedimiento de extradición al heroico ex guerrillero J. Santirch, en el sentido que aceptemos el cambio de paradigmas en esto del desempeño y ejercicio de una justicia transicional en Colombia. Incorporemos, en lo jurídico-político, el desarrollo y asimilación de experiencias ante la situación de conocimientos nuevos que el modelo transicional brinda, de manera que se incorpora a los criterios de juristas, superando la concepción cuadriculada de antaño. Contribuyamos en la profundización del debate jurídico, para que no solo los intérpretes de la norma sino los operadores de esta incorporen cambios en la forma de pensar y de actuar. Que cuando la Corte Suprema toma la decisión, en el caso del exguerrillero de las Farc-ep, Pedro Luis Zuleta Noscué, solicitado en extradición por una Corte Distrital del Sur de New York- quien se acogió a la jurisdicción especial de paz- sienta el criterio que “el juez natural para continuar conociendo del pedido de extradición es la JEP”.

No todo puede ser regido por el estereotipito dictatorial de la mediática. Pretender privar al Jugador natural de los aforados de las antiguas Farc-ep, en la definición de fondo de sus conductas, cuando sean sindicados, es un exabrupto y causa enfado a la dignidad del juzgador. Eso es inconcebible e inaceptable en el mundo jurídico. Pretender colocar al juez natural de la JEP como un amanuense, contador de fechas, como si su oficio fuere copiar escritos, transcribir el dictado que una autoridad extranjera violatoria de la soberanía nacional, mancomunada con una Fiscalía tejedora de montajes judiciales y acusaciones apócrifas, falsas, supuestos o fingidos, puesto que en más de un mes no ha acreditado las “irrefutables” pruebas enunciadas, sienta la más profunda indignación. Hace más de un mes han mantenido encerrado al cantor popular. Al poeta de los arreboles de la selva, convertido en mártir y ejemplo.

En el caso concreto de J. Santrich, no se pueden desconocer los Principios Fundamentales y los Derechos y garantías que concede la Constitución Política a un sindicado. En particular el principio de inocencia le ha sido vulnerado por parte de la Fiscalía General, que en modo alguno hace parte de la Rama Judicial y que, al actuar en contra de un aforado de la JEP, puesto que en la consideración intuite personae de desmovilizado del ejército irregular rebelde Farc-ep, cometió abuso de autoridad al declarar su captura y detención. La orden de captura emitida por una autoridad judicial USA sobre un presunto delito no cometido en ese territorio, ni en Colombia, con su informe, expediente y acusación concreta, ha debido remitirse en forma insalvable a la instancia correspondiente de la JEP. Al materializar su captura y luego ponerlo a disposición del competente se incurre en nulidad de toda nulidad y ante esa situación una vez conocido el fondo del asunto por el Tribunal Especial de Paz, en buen romance, corresponde declarar la libertad inmediata del sindicado.

Y para colmo, por más que esculco y escarbo el motivo por el cual la JEP no resuelve el fondo del asunto de la nulidad por captura ilegal, percibo la intranquilidad de Guadalupe Salcedo en su mortaja histórica por la traición aplicada a quienes pretendieron igualarlo y no superarlo en el Siglo XXI.

 

Enviado por el autor.

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¿Protección o defensa del agro?

Dr. Carlos Pomareda (*)

 

Defensa comercial no es lo mismo que proteccionismo, aunque mucha gente cree eso o utiliza la frase con fines politiqueros o, peor aún, con mala fe. Hay quienes tratan de dar la impresión de que proteger es elevar los aranceles (tomado de los libros de texto) y argumentan que quienes pierden con eso son los consumidores.

El anuncio hecho por parte del Ministro de Agricultura de que se protegerá a la agricultura nacional, ha despertado irritación de parte de quienes están acostumbrados a ir por la libre en las prácticas comerciales internacionales, a la vista y paciencia de entidades con presunta responsabilidad en este campo y que no la cumplen.

Esta irresponsabilidad surge por la tolerancia a importaciones de productos mal etiquetados; por falta de vigilancia aduanera, que permite que ingresen unos productos con el nombre de otros parecidos, pero que pagan menos aranceles; por importaciones por parte de empresas que no cumplen las normas de disponer de facilidades para el comercio de acuerdo a los establecido; por prácticas que pueden ser de dumping pero que no son valoradas; por prácticas monopólicas encubiertas, y muchas más razones. Cambiar la actual praxis del comercio implica, como se dice en sencillo, tocarle los huevos al águila.

El país puede mantener sus tratados comerciales; pero no se debe aceptar de que con el cuento del libre comercio y la desgravación gradual, se actúe a río revuelto. El cambio en la praxis del comercio internacional es indispensable. Este cambio requiere una alianza por la agricultura, la agroindustria y la alimentación, en la que deben participar con energía el MAG, COMEX, el MEIC, Hacienda y la Comisión para promover la Competencia y la Defensoría del Consumidor.

Rectificar el verbo es muy importante, para aclarar que no se trata de volver al proteccionismo; pero también es necesario que el mensaje sea claramente entendido, tanto por los productores, para no crear falsas expectativas; así como por el resto de la sociedad, para no alarmarse por lo que no es.

 

(*) Ingeniero agrícola, Doctor en economía agrícola, consultor nacional e internacional, autor.

 

Foto del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Enviado por Fabiola Pomareda.

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La improvisación teatral llegó a Esparza y a Puntarenas

El Grupo Ketó de Perú (Sergio Paris) trajo al país un hermoso formato de improvisación llamado Improvisaciones Mínimas. Fue estrenado en Costa Rica en el Teatro Giratablas hace algunos años. Andrey Ramírez, quien trabaja en dicho teatro, es el director artístico de este espectáculo que ustedes no se pueden perder.

Este 31 de mayo al ser las 7:00 pm en El Teatro La Cambusina en San Jerónimo de Esparza, se presenta ImproPuerto con su espectáculo «NOCHES DE IMPRO». Seguidamente el 1° de junio, ImproPuerto llevará su acto hasta la Casa de la Cultura en Puntarenas a las 7:00pm.

Vaya y disfrute en familia del teatro

Entrada ₡4000

Ciudadanos de Oro y estudiantes ₡3000

https://www.facebook.com/impropuertobigband/

 

Información de la Sede del Pacífico de la UCR.

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Colombia: impresiones acerca del resultado electoral

Por Carlos Meneses Reyes

 

La politología aplica la polarización como la situación o proceso en que la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Ese no es el caso en Colombia. Lo de la “polarización” resulta un sofisma de distracción. El resultado electoral expresa una significación de la lucha de clases en el país. Por Petro votaron los del sin carro. Los del almuerzo “corrientazo”. Los que esperan Salud popular y educación no privatizada. Los segregados por etnicidad, negros, indígenas, minorías. Los liberados por su decisión de sexo y libre juego de la personalidad. Los que sienten vergüenza por la pisoteada soberanía nacional y el saqueo extractivo de los recursos contra los animales y contra la naturaleza. A los que les pensionan y olvidan y dan un miserable salario mínimo y los explotan doce horas. A los marginados y aislados de la comunidad que ubican como en guetos y bajo la chocante discriminación de estratos en las ciudades. Por Duque votaron, los de las castas privilegiadas. Quienes cual sanguijuelas se aprovechan del Establecimiento público: como las familias de los politiqueros y militares de carrera, que mejoran fortuna, prosperan, de las mieles del erario público y de la rapacidad del conflicto armado interno, el cual desean perpetuar. Los Uribeños reales, puesto que “otros” son los desposeídos y engañados, que votan por ellos. Los que pusieron el dinero para su campaña. Las señoras emperifolladas, adornadas, con el dedo “popo” parado, que todo les hiede y discriminan a doquier, si no es blanco, bonito o espigado. Por Duque votaron quienes cuando escuchan estas verdades califican a los demás como resentidos sociales.

La suma de los resultados electorales de Petro, Fajardo y De La Calle demuestran otra realidad: la de una Colombia que desea lo alternativo, el cambio. La que detesta a los partidos tradicionales y las practicas politiqueras de caciques y maquinarias que fueron enterradas. Demuestran que suman la mayoría por la conquista de lo Alternativo en lo político, militar, económico, social.

La segunda vuelta dibuja un panorama diverso a los de “pactos de gobierno”; etapa esta infructuosamente desaprovechada para la primera vuelta. Ya la brújula de la unidad nacional, del compromiso social y la opción democrática va viento en popa con el empoderamiento de la ciudadanía. Asistimos al triunfo de la ciudadanía, que se despoja de las directrices partidistas; hará caso omiso a coaliciones “por las alturas”. Estamos ante un país que definitivamente demuestra un tránsito de la guerra a la paz; que supera el bipartidismo y apunta a un sistema de pluralidad política, de partidos y movimientos múltiples, buscando los acuerdos en lo fundamental. El triunfo sumatorio de la opción política alternativa de las elecciones de ayer 27 de mayo de 2018 enseña, que esa ciudadanía individualmente considerada, ha alcanzado la mayoría de edad en la toma de decisión de su futuro y derrotero definitivo del país y por una Nueva Colombia.

El estadio de las adhesiones expresará su peso político específico en la medida en que las fuerzas políticas de la Coalición Colombia y el Partido Liberal u otros movimientos y partido afines, comprendan que el Programa de la Colombia Humana, materializará un proyecto de Gobiernos Alternativos que no será de cuatro años. Que de ese empoderamiento y triunfo de la ciudanía depende el acuerdo tácito de las fuerzas en adhesión sobre el presupuesto que no habrá reelección presidencial. No tiene cabida, en una concepción de la decencia política, que se acudiere al factor territorial local de los cuestionados varones congresistas electos.

La derecha enfilará y apelará a que el movimiento alternativo popular se enlode hacia las contradicciones por el poder de las fuerzas alternativas, en sumatoria, triunfantes. Aquí, con el mayor respeto, qué valor tiene el que individualmente ora el senador Robledo, opte por el voto en blanco, en consecuencia, a su “ni ni”, ni con Santos, ni con Uribe, sin ocultar sus compromisos con el sindicato patronal antioqueño; ora que el indeciso medias aguas de Fajardo opte por la inconsecuente e irresponsable actitud de la neutralidad; ora que el aparato político del Dr. De La Calle, lo deje al garete. Bajo una razonada reflexión, el ciudadano, el elector, superará lo del voto cautivo. ¿Es lo ideal no? En todo el derecho están los que diserten sobre las mil y una formas del aprovechamiento de la “ignorancia” popular, allá ellos y para ambos bandos. Sin olvidar que quedó constancia en los escenarios públicos que las tres damas de las fórmulas vicepresidenciales alternativas manifestaron: “Alternativo que pase a segunda vuelta lo apoyamos”. “Sin Discusión”. Por tanto, se hace indispensable y necesario que se cumpla, a esta hora. En consecuencia, modestamente considero que aplicara lo de las adhesiones particulares o individuales de esos actores, en búsqueda al triunfo de un Gobierno Alternativo y Popular de la Colombia Humana que triunfe el próximo 17 de junio de 2018.

Por último, es recomendable no atosigar, es decir, inquietar y causar agobios al electorado con exigentes y prolongados debates e interminables entrevistas, durante estas tres próximas semanas. ¡Que las fuerzas alternativas y populares, junto con el grueso de la sociedad civil y organizaciones sociales que las componen, desde el seno de las organizaciones y en del hogar de cada núcleo familiar, discutan civilizadamente la suerte de esta Colombia Grande!

 

Enviado por el autor.

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Una revolución por perderse

Marlin Oscar Ávila

 

Democracia

Los centros de poder en una nación con, al menos, democracia formal, son sus tres divisiones fundamentales, poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Pero además debe considerarse a las instituciones contraloras del Estado. Aparte de estos centros de poder, los analistas debemos ver las fuerzas sociales, económicas, académicas, religiosas y de las llamadas minorías. No se puede ignorar a las fuerzas armadas que en la historia y, la actualidad, juegan un papel significativo para la estabilidad e inestabilidad de los Estados, particularmente cuando en países como Brasil, Paraguay, México, Honduras y Guatemala, entre otros en menor dimensión, son garantes del sostén del poder ejecutivo por su alto nivel de impopularidad. Obviar a uno o varios de estos sectores para discutir asuntos medulares de un Estado, es fallar cualitativamente cuando se está procurando una verdadera democracia.

Credibilidad para mediar

No cabe duda que la iglesia católica nicaragüense se ganó el respeto y aprecio, más allá de su feligresía, de todos los diferentes sectores de este país centroamericano. Por ello, ha sido aceptado, tanto por el gobierno central como por los diferentes sectores para mediar, observar y atestiguar el diálogo para la democratización de Nicaragua. Este diálogo, que llegó hasta la tercera reunión, para luego ser suspendida por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), debido a la ausencia de consenso durante el miércoles 23 del presente mes, se mantiene pendiente de seguimiento. A final los obispos proponen una comisión, de tres por cada lado, que discuta los puntos torales del desacuerdo para luego volver a la mesa de diálogo.

En la mesa de diálogo están representados el sector académico, el estudiantil, donde se distinguen las centrales sindicales, la Asociación Nacional de Educadores y Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas, María Elena Cuadra; la empresa privada representada por COSEP, FUNIDES, UPANIC, AmCham y FAGANIC. El sector campesino, tiene su representante; además del gobierno central, por delegados y asesores de la presidencial. Pero también está la llamada sociedad civil representada por Azahalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Carlos Tünnermann, jurista y exdiplomático y Luis Sánchez Sancho, exdiputado y miembro de la sociedad civil. Tenuemente aparece alguien de los indígenas y de negros. Parece evidente que a los partidos políticos no los invitaron.

La primera reunión de la mesa fue una tormenta de acusaciones mutuas, como una catarsis necesaria por los acontecimientos ocurridos desde el 18 de abril. Ese día un pequeño grupo de estudiantes universitarios, más que todo de la UCA, fueron fuertemente reprimidos al solidarizarse por el maltrato recibido por un grupo de ciudadanos adultos mayores que protestaron por la retención de un 5% de su pensión. El uso de exceso de fuerza de la policía, contra los estudiantes, fue el detonante provocador de la escalada de protestas de varios sectores sociales, que en pocas horas se extendió por todo el país. Las autoridades policiales, de seguridad e investigación, actuaron, en coordinación con la Secretaría de Salud y otras instituciones gubernamentales, además de otras fuerzas de choque aliadas al gobierno de los Ortega, en contra de todo el creciente movimiento nacional de protesta. En menos de un mes ya había unos seiscientos heridos, setenta y seis muertos y presos políticos, que luego fueron liberados. El llamado al diálogo por parte del Episcopado tuvo el buen resultado de concluir con los altos niveles de protesta como de represión. Desde la primera reunión de diálogo se acordó una tregua de dos días, sábado 19 y domingo 20 de mayo. Esa calma que se respiró al no haber policías en las calles, aunque sí manifestaciones de protesta, se extendió hasta el miércoles 23, cuando se dio la tercera sesión de diálogo. En la segunda sesión del lunes 21, las partes integrantes de la mesa, aprobaron íntegro el informe y recomendaciones de la CIDH, que esa misma mañana publicó. Estos dos avances, especialmente el aprobar el informe de la CIDH, dieron muchas esperanzas a la población nicaragüense, puesto que denotaba claramente que el gobierno estaba aceptando sus responsabilidades por lo ocurrido desde el 18 de abril.

En esa misma segunda mesa de diálogo, los representantes del gobierno explicaron los avances para la reforma a la legislación electoral, la cual venían discutiendo con la OEA, e incluso, ofrecieron invitar a representantes del organismo multilateral a que explicaran lo logrado hasta el momento. Ya para finales de la tarde, la mesa de diálogo tocó el tema de los “Tranques” (obstáculos al paso de vehículos en calles y carreteras). Representantes del gobierno propusieron como moción el quitar los tranques por estar obstaculizando la movilización de la población nacional y dañando la economía del país, que hasta ese día se contabilizaba en muchos millones de dólares en pérdidas y como resultado, un impacto de arriba de 1.5% en caída del PIB, que hasta el año anterior era del 5%. Ya se detectaban efectos de desempleo, cierre de pequeños negocios e inflación. Los argumentos llegaron a calificar los tranques como violadores del derecho a la libre movilización, a las atenciones médicas y al derecho a la educación. El Episcopado hizo la propuesta a la mesa sin lograr consenso, por lo que pasó el punto a seguirse en la siguiente reunión del miércoles.

El mismo lunes, hubo reuniones de comisiones preparatorias de la agenda para el miércoles. El miércoles se inicia con lo siguiente: A) Propuesta del gobierno 1. Suspensión inmediata de todos los tranques del país que permita la libre circulación de la familia nicaragüense y su normalización y tranquilidad. 2. El cese inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga. 3. Garantizar los empleos de todos los y las nicaragüenses. B) Propuesta de la Alianza cívica por la justicia y por la democracia: Que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presente directamente al presidente Ortega los siguientes puntos de agenda: 1. Que la delegación del Gobierno acepte la discusión de los puntos 1,2,3 y B-11 de la agenda del 23 de mayo 2018, de acuerdo a las reflexiones de los grupos de trabajo del día lunes. Ambas propuestas no tuvieron consenso, por lo que la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, suspendió la mesa de diálogo, proponiendo una comisión integrada por tres delegados de cada lado que siguiera discutiendo hasta ofrecer un posible consenso.

No es sorpresa para nadie que las demostraciones de protesta, los tranques y demás acciones contra el gobierno se intensificaran de inmediato y los muertos vallan en aumento (79).

Durante las tres reuniones, los estudiantes universitarios, los miembros de la Alianza Cívica y el representante campesino, no dejaron de exigir la renuncia del presidente Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, su esposa. Fue muy reiterativo escuchar en los diferentes bandos hablar de establecer un proceso de democratización. Es decir, se aceptaba que la “democracia” en ejercicio distaba de satisfacer a los diferentes sectores. Así que no sorprende cuando al iniciar el tercer debate, la representación gubernamental denuncie que se está preparando un “golpe de estado” suave desde la mesa de diálogo. Algo que seguramente no agradó escuchar a la Conferencia Episcopal, quien así lo expresara de inmediato. Pero habría que ser muy inocente para no entender lo que se gestaba desde el inicio. Lo que no se escucha es cuáles son los grados de democratización que debe haber. La demanda, especialmente estudiantil, va al extremo, sin buscar un proceso intermedio.

Algunos Errores de las Partes

Los opositores al gobierno, con su Sociedad Civil, Alianza Cívica, empresarios y estudiantes, se dejaron llevar por las exclamaciones de victimización, protestas y hasta insultos de algunos de sus miembros, sin permitir ceder en algo, después de que ya habían obtenido bastante de sus opositores. La soberbia de la juventud arrastró hasta los más adultos y experimentados. Se declararon incapaces de quitar o reducir los tranques, lo cual evidenciaba una mentira a su beneficio, sin que se demostrara que tales tranques beneficiara al pueblo nicaragüense, pero si a su causa coyuntural. Tampoco se ha propuesto una democratización en fases o etapas. Puesto que no se parte de la nada para ir al todo. Ese extremismo no abona más que a los enemigos de Nicaragua.

La Conferencia Episcopal no llegó a la neutralización indispensable de los opositores para que mejoraran sus propuestas en la agenda, sin expresar una demanda que obligadamente debe pasar por seguir el marco legal y jurídico del Estado, dado que la Mesa de Diálogo, no es sustituto del Congreso Legislativo ni de ningún otro poder nacional o internacional. Al sugerir que el Secretario General de la OEA, Dr. Almagro, estuviese presente en la Mesa, no creemos que ignore que este señor es actualmente un Paladín de la ultraderecha continental, con fuertes vinculaciones en el Departamento de Estado, los republicanos más conservadores de EUA y conocido promotor del Grupo de Lima, quien ahora trabaja arduamente para derrocar al gobierno de Venezuela. Así que, sería inocente no sospechar de las intenciones de los Obispos.

El gobierno de los Ortega, dejaron de ser fieles representantes de los ideales sandinistas, de Carlos Fonseca Amador y del mismo Sandino desde hace unos años. Esto ha sido denunciado, incluso por algunos de los nueve comandantes del sandinismo nicaragüense. Su trayectoria en estos últimos años, contradicen la ética y el compromiso revolucionario de sus fundadores y de quienes lucharon por años hasta vencer a la dictadura somocista. Lo que ahora produce este lamentable hecho, es que la izquierda tenga obligadamente que sacudirse de sus implicaciones y reconstruir su proyecto nicaragüense. La misma historia del sandinismo, que viene desde inicios del siglo XX, desapareció de los textos de estudio en las escuelas y colegios del país, es por eso que, la juventud, ahora tirada en la calle, irrespeta las conquistas logradas con la sangre de miles de jóvenes, no solamente nicaragüense, sino centroamericanos, en décadas recientes. Desde luego, hay sandinistas auténticos dando su cara y dispuestos a rescatar su honor.

En el contexto en que se encuentra Nicaragua, lograr recuperarse económica, social y políticamente será muy difícil, no solamente porque deben salir del impase en la mesa de diálogo, pero por los intereses internacionales que están en juego y al asecho para destruir lo logrado hasta ahora. La bella, culta y acogedora Nicaragua no se merece menos que volver a la paz y seguir en su buen desarrollo socio económico. Las esperanzas están puestas en sus hijos e hijas sensatas, con mansedumbre, coraje e inteligencia.

 

Enviado por el autor.

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El problema de la violencia estructural y los derechos territoriales indígenas: una deuda histórica del Estado costarricense

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED

 

En América Latina perviven actualmente cerca de 650 pueblos indígenas, 60 de los cuales se localizan en Centroamérica, y 8 en Costa Rica. En Centroamérica representan aproximadamente un 17% de la población y un 2,5% para el caso de nuestro país.

El artículo 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que un pueblo se considera indígena “por el hecho de descender de las poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, que conservan todas sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas o parte de ellas”. Además indica que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental” para determinar la pertenencia a estos pueblos.

La riqueza y diversidad cultural de los pueblos indígenas se expresa en la multiplicidad de idiomas, prácticas culturales y productivas, formas de gobierno propio y en diversas cosmovisiones y espiritualidades, todo lo cual mantiene vigencia a pesar de la violencia permanente que sufren, y la negación que se ejerce sobre sus culturas y cosmovisiones.

El territorio tiene para estos pueblos una importancia singular: es el lugar donde estos crean y recrean su cultura, espiritualidad, vida y en general, su identidad indígena; es el espacio vital donde se desarrolla la comunidad y se interactúa con el resto de seres vivos y con el universo. Sin embargo, desde la Colonia los pueblos indígenas han sufrido el despojo de sus tierras, algo que sigue viviéndose en la realidad costarricense actual.

Es importante recalcar que el Estado costarricense ha asumido, múltiples compromisos internacionales relacionados con pueblos indígenas, entre los que cabe destacar los siguientes:

1) Los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre los derechos de los pueblos indígenas y Tribales en países independientes”, ratificado por Costa Rica en 1959 y 1992, respectivamente, ambos con rango constitucional;

2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), firmada en el 2007;

3) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada en el 2016;

4) La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”, que Costa Rica fue el primer país de América en aprobar en 2013.

5) A nivel nacional, el país dio reconocimiento a los derechos territoriales indígenas desde 1939, mediante la Ley Nº 39 de Terrenos Baldíos, en la que se declara la inalienabilidad de las tierras ocupadas por estos pueblos.

6) A partir de 1956 varios decretos ejecutivos establecen las llamadas Reservas Indígenas, que son tierras de propiedad colectiva reconocidas por el Estado como territorios indígenas. A la fecha suman 24, en diferentes cantones del país.

7) En 1977, mediante la Ley 6172, conocida como Ley Indígena, el Estado costarricense estableció el carácter inalienable, intransferible e imprescriptible de sus territorios y se comprometió a restituirles las tierras que, estando dentro de ellos, se encontraran en manos de población no indígena, así como a protegerlos de nuevas invasiones. A cargo del cumplimiento de ese objetivo quedaron el Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y a la Comisión Nacional Indígena (CONAI).

8) En el 2015, mediante reforma del artículo 1º de su Constitución Política, el Estado Costarricense declara que somos una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.

No hay, sin embargo, correspondencia entre estos avances en el nivel jurídico-normativo y de las prácticas sociales y estatales reales, lo cual se evidencia claramente en relación con la situación de tenencia de la tierra. El problema es extremadamente grave: de los territorios indígenas, entre un 50% y hasta en un 90% -en algunos casos como Térraba, China Kichá y Altos de San Antonio- están en posesión de personas no indígenas, o bien regidos por una institucionalidad de gobierno local bajo control gubernamental, como es el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Se desconocen así las instancias de gobierno propias de las comunidades indígenas, lo que también violenta los compromisos adquiridos.

Reconocemos algunos esfuerzos, positivos pero dispersos, principalmente en el nivel educativo, o la reciente directriz 042-MP Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, los cuales sin embargo resultan muy limitados, dada la efectiva ausencia de políticas públicas interculturales y de acción afirmativa para estas poblaciones y la persistente negativa por parte de la Asamblea Legislativa durante los últimos 24 años, a votar el proyecto “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, Expediente Legislativo No. 14.352, aun cuando este cuenta con un amplio proceso de consulta tutelado por la propia Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones y el correspondiente aval de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ( 2009).

Esta brecha en la implementación de los derechos de estos pueblos ha sido denunciada por las propias organizaciones y comunidades indígenas, por la Defensoría de los Habitantes y por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son denunciadas reiteradas a lo largo de varios gobiernos, sin que se registren avances significativos.

Ante estas históricas deudas del Estado costarricense en relación con sus derechos territoriales, los pueblos bribri y bröran del Cantón de Buenos Aires han decidido recuperar su territorio.

Indígenas bröran decidieron tomar posesión de la finca llamada POTOMAC, rebautizada CRUN SHURIN, teniendo como respaldo la Ley Indígena y una resolución de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de 1990, no ejecutada hasta el momento, la cual establece que esta finca es parte del territorio indígena de Térraba. Desde hace varias semanas, un grupo de unas 16 familias de ese pueblo se mantienen en el lugar. Se trata de aproximadamente 1000 hectáreas actualmente subutilizadas, en posesión ilegal por parte de no indígenas que viven fuera de la región, que serán reocupadas con fines de subsistencia y vida comunitaria bröran.

Estas acciones en Térraba se unen a las realizadas en Salitre y en Cabagra en los últimos ocho años, lapso durante el cual el Estado costarricense no ha hecho avance alguno en la regularización de la tenencia de los territorios indígenas de la región. Es decir, no se ha procedido, como corresponde, a una clara demarcación de los límites del territorio, la constatación de la legalidad de la posesión de las tierras, o su devolución a los pueblos indígenas. Se incumplen así los múltiples compromisos que asumió el gobierno recién concluido, sobre todo teniendo presente la violencia suscitada en Salitre y Cabagra por parte de personas no-indígenas. Se han dado agresiones y amenazas diversas, quemas de casas, destrucción de cultivos, persecuciones, uso de armas, sin que hasta el momento haya nadie detenido ni sancionado. Ello pone en evidencia el grado de impunidad así como la ineficacia de la acción del Estado y el desinterés de las altas autoridades políticas.

La inseguridad y la amenaza contra la integridad de las personas indígenas son evidentes, durante y después de las recuperaciones. Se hace urgente la atención efectiva del Estado costarricense en sus diferentes instancias, tanto administrativas, legislativas como judiciales y de todas sus instituciones, sean ministeriales o autónomas, para resolver, como corresponde y con la urgencia del caso, las necesidades y demandas conforme a los derechos colectivos de estos pueblos.

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), unidad de investigación científica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) hace un llamado respetuoso pero vehemente al nuevo Gobierno de la República, al Poder Judicial y a las señoras y señores diputados, así como a las autoridades de las diferentes instancias políticas y técnicas involucradas en el saneamiento y seguridad de los territorios, para que se actúe conforme al marco de derechos indígenas, especialmente la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la OEA y la atención a las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Costa Rica desde el 30 de Abril del 2015, de manera que se proceda a lo siguiente:

Garantizar la seguridad, protección e integridad física y patrimonial de las familias bröran y bribris, que han recuperado territorios indígenas en diferentes lugares del cantón de Buenos Aires.

Emprender e incrementar, con toda celeridad, las acciones institucionales pertinentes y eficaces para la atención de la situación de conflicto, tanto en sus aspectos de atención inmediata y urgente, como en sus aspectos estructurales, que permitan aplicar medidas efectivas para la regularización en la tenencia y la seguridad de los territorios indígenas, incluyendo el reconocimiento de los derechos autonómicos de estos pueblos sobre estos territorios.

Implementar la Medida Cautelar Nº 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con los pueblos y territorios indígenas de Buenos Aires.

Armonizar la legislación nacional conforme a los derechos reconocidos internacionalmente y con los que el país se ha comprometido, y establecer los correspondientes mecanismos de aplicación efectiva.

Aplicar las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas costarricenses.

Retomar el diálogo directo y eficaz entre el gobierno y los pueblos y territorios indígenas para el desarrollo de políticas públicas interculturales.

Ejecutar los múltiples acuerdos establecidos entre las diferentes instancias del Estado y los pueblos y territorios indígenas.

Realizar los desalojos administrativos ya aprobados, pendientes de ejecución desde el 2014.

 

Atentamente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

UNED

Costa Rica, América Central

(506) 8362-6681

 

Imagen tomada de https://surcosdigital.com/uned-conmemoro-el-dia-de-los-pueblos-indigenas-costarricenses/

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

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