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Ministra de la Niñez no defiende recursos para niñez y adolescencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Cabezas

 

A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.

No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.

El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.

Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.

Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.

Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/

Enviado por el autor.

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La responsabilidad política del partido centro democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Una verdadera carrera de criminalidad se ha ensañado a lo largo y ancho del país y lo ocurrido en la Provincia de Ocaña- Nororiente colombiano- sacudida por el secuestro de un niño de cinco años, hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander) no es extraña a esa sintomatología. De los habitantes de El Carmen se pregona: los del Centro del casco urbano son decentes. Los del extremo de Guamalito, vinculados al arribismo consumista del traqueteo narco paramilitar. El comportamiento anómalo en el manejo de una sociedad trasciende a la función estatal, más allá de la gobernabilidad de un país. Al cuerpo de nación le afecta lo de un Estado fallido.

Lo acaecido en los últimos sesenta años en Colombia lo catalogan como un país en guerra (internacionalmente, como un país asolado por un conflicto armado interno). Esa guerra interna ha dejado 262.197 muertos. 80.514 desaparecidos. 37.094 víctimas de secuestros. 15.867 víctimas de violencia sexual, 17.804 menores reclutados. Pese haberse firmado un Acuerdo de fin del conflicto con las Farc-ep, 25.000 personas fueron expulsadas de sus lugares de origen. A más de seis millones asciende la población desplazada durante los últimos años. Ya son cerca de 500 los líderes sociales asesinados, desde ese supuesto fin del conflicto con el anterior presidente Santos, titular del opaco Premio Nobel que no significó emblema, ni representó la Paz.

LA FINALIDAD DEL ACUERDO Y UN DESPROPOSITO DE PAZ

El Estado colombiano no ha demostrado un firme propósito en la obtención del fin del conflicto armado interno. La no cooperación armónica de los poderes públicos constitucionales así lo demostró. La injerencia de los órganos de control, la Procuraduría y en especial la Fiscalía, constituyéndose en una talanquera en la noria de la implementación de los Acuerdos. Los partidos políticos, cual conmilitones en el ejercicio de la guerra, gracias al ejercicio de un sistema electoral corrupto e ilegitimo, echaron a perder la finalidad de la salida política al conflicto armado interno en Colombia. Todos a uno y en particular el partido fascista denominado Centro Democrático (CD), dieron al traste con la finalidad que un Acuerdo de Paz o fin del conflicto con una insurgencia no derrotada militarmente. No acatan el significado de erradicar o sacar la violencia de la práctica política. Ese propósito lo desconocieron. Generaron la polarización de las figuras Santos-Uribe, siendo la misma cara de la moneda del Bloque Oligárquico Anti insurgente dominante. Bombardearon la implementación de los acuerdos, desde todos los ángulos. No permitieron el fin del conflicto; sino que por el contrario enfilaron toda actividad hacia el engaño, la felonía, la traición y la frustración de un pueblo, generando el enfilamiento del conflicto a manifestaciones de una nueva guerra, aún no esclarecida en la realización de sus propósitos. ¡Implantaron en el escenario nacional la paz de los sepulcros!

QUE ESTA PASANDO CON EL ESTADO, CON LAS FUERZAS ARMADAS, CON LA POLICÍA, CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El panorama nacional y regional es claro oscuro. Paramilitarismo se asimila a terror estatal. Para el mes de mayo de 2018 un estudio difundido por el periódico The Guardian, indica que el ejército colombiano ejecutó, a 10.000 civiles en los falsos positivos, para truncar las estadísticas, hacer ver que estaban “ganando” la guerra y aumentar la ayuda militar estadounidense. Los investigadores Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Rodríguez (“Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”). Corresponde a un ejercicio frio y calculado, durante décadas de conflicto. Las ejecuciones extrajudiciales “fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con discapacidad funcional… Para los Juristas del Mundo que han participado en Caravanas de Juristas en Colombia. (La VI Caravana Internacional de Juristas se realizó en el pasado mes de agosto, con visitas a escenarios como El Catatumbo): “Nos ha sido muy difícil confrontar la bondad de los colombianos con unas tragedias humanas insospechadas”. “la violencia y la falta de esclarecimiento es lo que nos mantiene más preocupados”. Concluyen que luego de tantas denuncias y conocimientos de causas “nada hacia el futuro…”.

Ese “nada hacia el futuro” martilla la conciencia nacional ante la impunidad. Rebosan los dossiers sobre investigaciones y conocimiento sobre el paramilitarismo. La Corte Penal Internacional (CPI) no da compás de espera. Pero corresponde colocar el dedo en la llaga en el papel de los partidos políticos en el incremento del conflicto armado interno en Colombia. El propósito de un Acuerdo del fin del conflicto con las antiguas Farc- ep era sacar la violencia de la política. Los partidos de la derecha militarista no lo han permitido. Corresponde a una imposición de condiciones a regir para ambas partes: para el régimen y para quienes los confrontan.

Asistimos al exterminio, en escala genocida, contra los líderes sociales. Pero existen relaciones de con causalidad entre los asesinatos selectivos y sistemáticos a líderes en las diferentes regiones del país y los postulados del partido fascista Centro Democrático (CD). A manera de enunciado:

  • Todo lo relacionado con la mega minería, la defensa del agua y otros recursos ambientales corresponde a lo programático neoliberal del partido CD. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera sin límite al cinturón de la soberanía nacional es del ejercicio de poder hegemónico actual. Las manifestaciones contra los procedimientos para oponerse a tal fin las enarbolan los líderes sociales y dirigentes comunitarios, en defensa de lo autóctono nacional y soberano. El indicio o señal de la actual ocurrencia es que esos contradictores son exterminados sistemáticamente.
  • Se conoce como reclamantes de tierras, a sujetos activos de los diez millones de hectáreas que, en un tiempo anterior y muy reciente de los periodos sanguinarios de Uribe en el poder, fueron desfoliados de sus tierras por la aplicación de la reforma agraria blanca del paramilitarismo en los campos colombianos. Lo programático del CD enfila contra la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras. Consagran el estatus quo de los juicios de pertenencia, en el sistema aberrante imperante en el Código Civil colombiano de la usucapión a los veinte años sin justo título; es decir, por las vías de hecho y el embuchado de los “terceros poseedores de buena fe”. Hoy esas tierras no son de paramilitares en particular, ni de agentes del ejército (…) son de multinacionales de los agrocombustibles, entre otros. La senadora del CD, María Fernanda Cabal, radica proyectos para el manejo de tierras, proteger a esa multinacionales y terratenientes particulares del latifundio improductivo, que criminalmente ocuparon esas tierras y persisten en los despojos a victimas campesinas. Ese proyecto busca “no molestar” a los que se quedaron con las tierras de los desplazados. En la usanza del vituperio, que es el modus operandi de ese partido fascista, el CD, esa flamante senadora, que cual ventrílocua señala a los reclamantes de tierras como “vagos y bandidos que no les gusta trabajar”, a sabiendas de sus consecuencias, ha llevado a considerar a Hernando Gómez Buendía: “Este asunto es crucial para el CD y por eso ha sido cogestionado entre Duque y su bancada”.
  • Buen número de los acribillados líderes sociales son voceros de los reclamantes de tierra; sacrificados por tener conocimiento de las situaciones de despojo y mantener los contactos con las victimas despojadas de esas tierras. El sicariato al servicio de los intereses programáticos de un partido fascista como el CD. Todo, por cuanto impulsan la desigualdad económica y social, bajo lo legal y la permanencia de despojo y de concentración de tierras. Enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal, pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder gracias al sistema desbastador de lo extractivo en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, a parecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales.
  • Ese partido, CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas de modos de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social. Corresponde “hacia el futuro” desentrañar o desenmarañar la simbiosis para beneficiarse mutuamente, como si existieren intereses y finalidades en común, entre la existencia de la sistematicidad de los crímenes a líderes sociales y comunitarios (ya hoy no acusados de auxiliares de las güerillas) y el acumulado político para ese partido fascista, el CD.
  • El Partido CD, apoyados por el presidente electo, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto y con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión, como si ello fuera albur de cualquier “perico de los palotes” y no de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de esencial aplicación del juez natural. La finalidad buscada apunta a entrabar y colocar talanqueras a la insoportable situación de no continuidad de las conversaciones con el ELN y la actitud de avestruz, ante la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación (EPL).
  • Lo de la injerencia en la Justicia, por parte del fatídico partido CD, será tema de análisis en otra oportunidad, destacándose la búsqueda de una Justicia de bolsillo, al no aplicar ni el eufemismo de cortesana y de limarle a la Constitución del 91, el incisivo de la tutela: instrumento de mejor trato para servir de algo al sufrido pueblo. Sin olvidar la suerte de las ciudades, en el gobierno hegemónico de la derecha militarista, los pobres de los lugares apartados soportan la focalización de la violencia y son los sectores populares los que continúan poniendo los muertos en esta guerra que no termina.

¿Quién LOS ESTA MATANDO?

Por todo ello a futuro surge la cuestión: “¿Quién los está matando?”. La actividad política de denuncia nacional e internacional no se detiene. La convocatoria a la audiencia pública “Colombia por la Vida” en Popayán, requirió la presencia de los cuadros de ese partido CD, Guillermo Botero, como ministro de la guerra. De la Nancy Patricia Gutiérrez, como ministro del Interior. Ninguno de los dos asistió. La Fiscalía General aplica falsos positivos judiciales a miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y del Congreso de los Pueblos y luego del escarnio y la picota pública son liberados.

Lo teleológico o finalista del presente enunciado corresponde a analizar que está trazada una directriz con el propósito que cualquier manifestación progresista, socialdemócrata, de la Colombia Humana y en especial consecuentemente revolucionaria, sea borrada de la faz del escenario político del país. Resulta inocultable que el partido fascista CD, se propone eliminar de la contienda política a todo líder y práctica política que proponga alternativas al modelo depredador de economía de casino neoliberal, que huela a defensa de los derechos humanos y la ecología, de reclamación y recuperación de tierras, de educación popular y defensa de la educación pública. No existe proclama política que reivindique el buen nombre de los líderes asesinados por parte de ese partido llamado e inscrito como Centro democrático (CD). De manera que cada día que cae un líder social o un testigo de excepción expresará: ¡un buen muerto!

No puede resultar que con el cumulo de sintomatologías enunciadas, un actor político como el partido Centro Democrático (CD) pueda eludir el peso de las investigaciones de la inteligencia del sistema estatal judicial y de la Corte Internacional de Justicia o Corte Penal Internacional (CPI).

Parecen los conciliábulos de sus Directorios Regionales, émulos de los partidos liberal y conservador, con su canibalismo político en la época de la violencia de los años 1950, tan degradados como en el presente, en que el “monstruo” Laureano Gómez editorializaba en el diario El Siglo, lo difundían los pulpitos del clericalismo anticomunista y al día siguiente se producía la masacre de liberales, tipo El Carmen, en el Norte de Santander, en el año de 1949.

LA RESPUESTA POPULAR

El actual gobierno hegemónico de derecha en Colombia entregó al imperio estadounidense la política exterior frente al caso de la República Bolivariana de Venezuela. Ha confiado, a pie juntillas, su política de seguridad al Centro Democrático. Su política corporativista y de especulación financiera a los gremios económicos. Semejando los sábados de Duque a los sábados de Uribe, el analista Manuel Humberto Restrepo Domínguez, en artículo publicado en el portal Rebelion.org. alude a los Talleres del Horror, enunciando que vuelven las masacres y la paz de los sepulcros. De otro lado, el líder popular Gustavo Petro ha roto el paradigma de la existencia de las tales “Águilas Negras” o “Águilas Verdes”, en la búsqueda de sustituir, dentro del contexto de investigación y desmonte definitivo del paramilitarismo, los ejemplos o modelos de antaño, superados y conocidos y centrarnos en los agentes de carne y hueso, criminales y desalmados de quienes están “de nuevo en el poder” atribuyéndose “el derecho a matar” e imponiendo el deber de “dejarse matar”.

Pero la Caravana de juristas Internacionales, en puntualización de la abogada británica Sue William, que nos visitó, plasmó una recomendación: “Después regresamos a nuestros países y escribimos un informe para visibilizar la situación del Catatumbo y el país, y que espero que sea un pequeño paso para cambiar”. ¡Ese también sea el reto “a futuro” de y para los juristas colombianos!

  1. Al finalizar el presente escrito circula la noticia que el menor Cristo José, hijo del Alcalde de El Carmen Norte de Santander fue liberado, luego de siete días de desaparecido.

 

 

Enviado por el autor.

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Lo que me dejó esta huelga

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Giany Mora

 

✔ A tener muuuucha paciencia y respeto para quienes opinaban distinto a mí… sin embargo, a los que faltan el respeto o utilizan adjetivos bien fuertes, los dejé de seguir sin eliminarlos. Silenciados mejor.

✔ Ver la gran manipulación masiva de los medios de comunicación a su antojo al pueblo.

✔ Aprendí muchísimo sobre legislación, leyes y derechos.

✔ Me di cuenta de cómo las personas de clase media y alta, menosprecian a los más pobres… que para algunos 3 mil colones no significa nada pero para otros son 3 cajas de leche o los pasajes de toda la semana.

✔ Pude ver a todo color la soberbia, altanerismo y caídas las promesas de crear puentes de comunicación que una vez prometió un partido.

✔ Pude llenar mi corazón de orgullo al escuchar las palabras de algunos diputados que alzaron la voz por el pueblo que los eligió, sin importar la opinión del resto de su fracción política. Votar con el corazón siguiendo sus convicciones. Aún existe gente honrada en este país… 22 corazones del pueblo!

✔ Es la primera vez que me sé el nombre de la mayoría de los diputados de este país en vez de los nombres de jugadores de la Selección Nacional.

✔ Pude ver de cerquita a representantes de nuestros pueblos autóctonos pidiendo ser escuchados. ¡Valientes salieron a reclamar lo que es suyo! Sin estar usando un celular para ofender, discriminar, desear el mal a otros ciudadanos o difamar la profesión u oficio de otros. Esos son los ticos de nuestras raíces

✔ ¡El día que entre a mi aula, voy llena de orgullo! Fui a manifestar mi inconformidad, mi molestia, mi dolor por el país. No me quedé en la casa criticando a otros. Por mi derecho dije NO MAS al pueblo! ¿Y si me rebajan mi salario como muchos desean que suceda? ¡Pues que lo rebajen! Pero este mes hice algo por lo que venimos todos criticando: ¡la corrupción! Salí todos estos días a la calle a manifestar mi repudio ante tanta cochinada a la que todos NOS HEMOS DOMESTICADO A CALLAR y ser valientes solo en redes sociales.

✔ Jamás he cantado el Himno Nacional, la Patriótica Costarricense y el Himno del 15 de setiembre con más orgullo que en estos días. Bajo el sol, bajo la lluvia y en media calle a pulmón lleno. Eso es un momento histórico en mi vida.

✔ Sorprendentemente, para muchos las molestias por los bloqueos de un mes fueron nefastos y al terminar esta huelga sus vidas siguen igual… pero para mí es más nefasto que muchos de mis estudiantes vivan gran parte de sus vidas pagando los lujos de los más ricos. ¿Que sólo son 2500 colones? ¡Tengo chicos que no tienen zapatos para ir a la escuela! O no asisten porque no tienen medios para llegar. Que a mí no me digan que esto no va a afectar a los más necesitados.

 

Por si alguien va a comentar que salí a huelga por mis privilegios:

  1. No tengo dedicación exclusiva.
  2. Mis anualidades son un componente salarial y no un plus… si es por el bien de este país, está bien que se le ponga un porcentaje fijo.
  3. Carrera profesional me la gano yo para capacitarme para ser mejor profesional y soy yo quien me pago mis títulos. No usted con sus impuestos.
  4. Siempre me han rebajado el impuesto de renta a mi salario. Yo de mi salario siempre he aportado a mi país, desde hace años.

 

Lamento mucho mi querido contacto, que mi huelga le haya causado tantísimas molestias… pero si yo no hubiera salido a la calle este mes, mi consciencia no podría estar tranquila, menos en algunos años cuando nos veamos más golpeados por esta economía que no es culpa suya ni mía.

 

*Imagen ilustrativa tomada de CEP-Alforja

Publicado por la autora en sus espacios digitales, compartido con SURCOS por Claudio Monge.

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Tres mentiras detrás del “plan fiscal” de Carlos Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

 

1.La “reactivación” de la economía

Tras la aprobación en primer debate del proyecto fiscal 20.580, tanto el Presidente Alvarado, como su Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, expresaron, en diferentes contextos (entrevista a La Nación y conferencia de prensa respectivamente), una idea similar: las medidas fiscales que impulsa este gobierno –impuestos más recorte de gastos– traerán reactivación de la economía, porque devuelven la confianza y reaniman la inversión de las empresas y la contratación de personal. En la teoría económica, esto tiene un nombre: “austeridad expansiva”, la cual propone que aplicar medidas de austeridad tiene un efecto impulsor sobre la economía.

Aunque inspirada en principios derivados del ordoliberalismo alemán, esta teoría se origina en Italia, vinculada al nombre de Luigi Einaudi en la Universidad de Boconi (Milán). Otros economistas italianos, discípulos suyos, le dieron continuidad hasta lograr que tuviera influencia a escala mundial…Costa Rica incluida, como bien lo vemos. Las conclusiones a que la teoría llega, parten de supuestos o premisas altamente restrictivas, las cuales se resumen en esa cosa extremadamente fantasiosa y alucinada llamada “hipótesis de las expectativas racionales”.

No sé si Alvarado y Aguilar saben de estos antecedentes. Posiblemente no. Esta idea –que tanto les conforta– ha sido severamente cuestionada en lo teórico y no ha logrado sobrevivir a ningún test empírico al que haya sido sometida. Pero no les culpo: también muchos economistas siguen repitiendo ideas fosilizadas, con toda la intrepidez que la ignorancia infunde.

Lo importante es que, al fin, encuentro respuesta a una pregunta que muchas veces he formulado: ¿existe una propuesta gubernamental para la reactivación? Sí, efectivamente, existe ¡Albricias! Alvarado y Aguilar nos lo han explicado. Que sea una idea desatinada y sin futuro de nada, pues ya eso es estiércol de otro chiquero.

2.Déficit fiscal, inflación y tasas de interés

El gobierno –incluyendo a don Carlos y a doña Rocío– se hacen eco de una tesis que se ha vuelto epidémica en el paisaje ideológico de Costa Rica: el déficit fiscal –nos dicen– provoca aumento de las tasas de interés y, por lo tanto, frena la inversión de las empresas y de las familias, y, asimismo, agudiza la inflación.

Si usted observa los datos disponibles con algún detenimiento, no encontrará respaldo alguno para tan preocupante advertencia. Dígase, por ejemplo, el último año, entre octubre 2017 y septiembre 2018. En ese lapso la inflación apenas si logra llegar al 2% y toda la amplia gama de las tasas de interés en el sistema financiero se mantienen notablemente estables. Entretanto el déficit escala nuevas cumbres. Esto claramente desmiente esa narrativa, y evidencia que, en realidad, se trata de pura cháchara ideológica, cuyo propósito es justificar el recorte al sector público y la violenta estigmatización contra empleados y empleadas públicas.

Detrás de esto hay otra teoría económica, la cual se ha demostrado –lo mismo en el debate teórico que en la evidencia empírica– falaz e insostenible. Es básicamente la tesis de los “fondos prestables”, una antigualla según la cual en un momento dado, hay una cierta cantidad de dinero disponible para financiar los préstamos que los bancos dan y el déficit presupuestario del gobierno. Se postula entonces una especie de competencia entre bancos y gobierno por captar ese dinerillo disponible, lo cual elevaría las tasas de interés. En realidad, la teoría correcta (la de la «endogeneidad de la oferta de dinero»), bien respaldada empíricamente, es la que nos explica que los bancos no necesitan depósitos para generar créditos, cuando más bien los créditos crean el dinero y generan los depósitos.

De ahí que el único episodio de aumentos de tasas de interés que tuvimos en los últimos dos años se escenificó allá por los meses de mayo a julio de 2017, pero fue enteramente provocado por el Banco Central, como respuesta a la inestabilidad y alza del tipo de cambio en mayo de aquel año. Nada tuvo que ver el déficit fiscal, y, en la eventualidad de que, desgraciadamente, la economía costarricense sufra una crisis (y ese es un peligro muy real), es bien posible que de nuevo el Banco Central opte por elevar las tasas de interés, para tratar de apaciguar la fuga de capitales que la crisis generaría, y la consecuente devaluación del colón frente al dólar. Y, por otra parte, esto último –la devaluación– sería el desencadenante de una mayor inflación. Pero nada de esto sería consecuencia directa del déficit, sino resultado de un mal manejo de ese problema, que desemboque en una crisis.

Esto hay que entenderlo correctamente, para entender lo que hemos venido observando: el Ministerio de Hacienda se ve obligado a pagar tasas de interés cada vez más altas sobre los bonos de deuda que trata de colocar, sin que las demás tasas en el sistema financiero sufran ningún sobresalto. Esto refleja una situación de creciente desconfianza respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica, pero de por medio hay también un factor de poder, porque se trata de una acción de chantaje que ejercen quienes tienen dinero, tratando de sacar ganancias de las penurias financieras del gobierno. No olvidemos, por favor, que, coaligados con poderes financieros externos, podrían hacer que la profecía que habla del colapso financiero de nuestro sector público, se haga realidad. No deberíamos permitírselos, pero lamento constatar que el gobierno Alvarado no hace lo correcto ni lo necesario para prevenirlo.

3.La anemia crónica de la economía ¿es culpa del déficit fiscal?

Esta es otra de las mentiras que deambulan rozagantes y saludables, y que este gobierno se afana por repetir para justificar el carácter marcadamente retrógrado de su política fiscal.

Volver al punto 1) nos ayudará a entenderlo: nos regalaban don Carlos y doña Rocío la falacia de que su política de austeridad (recorte de gastos + aumento de impuestos) devuelve la confianza y reactiva la economía. Pues pongamos el argumento al revés (como si lo miráramos al espejo): como hay déficit –nos dicen– ello crea desconfianza y frena la economía. De nuevo, es posible que poca gente en el gobierno –si es que alguien– tiene consciencia de la teoría detrás de ese discurso y de los supuestos voladísimos que la alimentan: que los “agentes económicos” no solo entienden a la perfección el problema del déficit, sino que, además, anticipan con certeza sus consecuencias futuras. Tal es, muy en resumen, la llamada “hipótesis de las expectativas racionales”, que ya mencioné en el punto 1). Una propuesta perfectamente desquiciada y delirante.

No es cierto que la anemia crónica que sufre la economía costarricense y los gravísimos problemas de empleo que la aquejan sean causados por el déficit. La relación que se intenta establecer entre una cosa y otra es tan abstracta y esotérica, que merece ser considerada en el orden de lo supersticioso. Los problemas son otros e incluyen, entre algunos más, la sobrevalorización del colón y los grandes rezagos de la infraestructura, las cuales son situaciones de muy largo plazo que reflejan las grandes falencias del proyecto neoliberal. Un aspecto en particular es omitido como causa muy importante de la ralentización de la economía en los últimos dos años: los altísimos niveles de deuda privada que introducen una presión hacia abajo en el consumo de las personas y la inversión de las empresas, obligadas a entrar en un proceso de “desapalancamiento”, o sea, de recorte de gastos a fin de reducir la presión asfixiante de las deudas acumuladas. Lo cual, por cierto, dice mucho acerca de los graves problemas de la banca surgida a partir de la reestructuración neoliberal del sistema financiero.

Es cómodo achacarle estas culpas al déficit fiscal para justificar el tipo de ajuste fiscal regresivo por el que ha optado el gobierno de Alvarado. Permite distraer la atención lejos de las grandes fallas del proyecto neoliberal –las cuales convocan a su urgente replanteamiento– y asimismo son una graciosa concesión a los prejuicios ideológicos dominantes. También resulta una tonada dulce y acariciadora para el gran poder económico y para los ricos-realmente-ricos (los del 1%), que saben muy bien que este mensaje falaz y retorcido, les inmuniza ante el “peligro” de que alguien les recuerde su deber con el sostenimiento del Estado social del que Costa Rica solía –pero ya no más– enorgullecerse.

He explicado en este artículo, tres grandes banderas ideológicas, que son otras tantas groseras mentiras, utilizadas por Carlos Alvarado y sus aliados para justificar su “plan fiscal”. Quedan pendientes otras que espero escrutar en un futuro artículo.

 

 

Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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Los tonos grises de la situación fiscal del país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El pasado 8 de octubre se llevó a cabo la conferencia «Los tonos grises de la situación fiscal del país», la cual fue organizada por la Escuela de Sociología y la Comisión Eje de Talleres de la Universidad de Costa Rica.

La conferencia fue impartida por el profesor emérito y sociólogo Dr. Daniel Camacho.

Los tonos grises de la situacion fiscal del pais

 

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Cambios valientes y de fondo, o terquedad y comodidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlín Ávila

 

¡Qué decepción! Pensé que el Sr. Presidente, Carlos Alvarado, sabía conceptualizar lo que en ciencias políticas son medidas de cambios “valientes y de fondo”.

El primer calificativo se da cuando sus precursores sacrifican sus intereses particulares por los del bien común. Nuestra historia se construye con esos sacrificios. En ésta etapa de controversias por la solución de un alto déficit fiscal (casi 7% del PIB), el presidente y su partido político no muestra sacrificio alguno, excepto el riesgo de su prestigio como partido a futuro. Los sacrificios, ahora y antes, han sido del pueblo, quien entre desinformación e información, se ha lanzado a protestar contra los privilegios de un grupito élite de nuestra sociedad. Lo valiente ha estado y está en la población trabajadora, del campo y ciudad, quienes han tenido que sufrir de represión por parte de ustedes los gobernantes. Ahora vienen mayores sacrificios, desde ya anunciados por los burócratas acomodados de las instituciones bajo la directriz presidencial, quienes no han sacrificado ni un solo día de sus privilegios, pero si están preparando extracción de salarios y despidos.

El otro calificativo sobre «cambios a fondo», es irrisorio. No ha habido cambios estructurales, excepto establecimientos de medidas administrativas para que algunos privilegios y muchos abusos de poder y de tráfico de influencias, dejen de existir. Aun cuando han sido medidas parciales, esperamos se apliquen debidamente. Sí lo que se busca es impresionar al público con hablar de haber acordado medidas profundas, no vemos nada que impresione al pueblo, pero podría ser que impresionen al poder fáctico, quiénes seguramente se sienten satisfechos con que don Carlos Alvarado demuestre que es tercamente obediente.

El Sr. Presidente sabe bien a lo que juega, pero los resultados no se verán a corto plazo. Estamos constantemente vigilantes, le quisiéramos ayudar, para que su gestión sea exitosa, sin embargo, parece escuchar solamente con el oído derecho. Hay unos audífonos muy buenos que el presidente denla CCSS podría colocarle en el oído izquierdo, y así colocarse uno él mismo.

 

 

Enviado por el autor.

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De miserias ideológicas y acusaciones delirantes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Cruz-Barrientos

 

Durante los 29 días de huelga por la justicia tributaria, hemos escuchado todo tipo de acusaciones efectistas contra el movimiento. Sin prueba alguna se acusó a trabajadores de RECOPE de “sabotaje contra el oleoducto”, que “bloquearon el paso de la antorcha de la libertad”, que “secuestraron un quirófano del Hospital San Juan de Dios” y recientemente que “atentaron contra la integridad física del presidente Alvarado”.

Para el gobierno se trata de ganar la guerra por imponer la narrativa sobre el conflicto, a fin de restar apoyo ciudadano a la huelga, echando mano al viejo y efectivo recurso de desprestigio a los huelguistas. A la estrategia se sumaron oficiosos los grandes medios informativos y una brigada de propagandistas seguidores del PAC que se han dedicado a difamar a los actores sociales en huelga, a hacer apología del odio antisindical, a minimizar el uso de la violencia policial y a exagerar los efectos de la huelga sobre la población Hasta aquí nada nuevo ni original en la guerra ideológica en torno a este y a la mayoría de los conflictos sociales en el país.

La nota original y novedosa en la guerra de sentidos, la ha puesto una connotada figura del PAC, quien le atribuyó al movimiento huelguístico, intenciones insurreccionales, superando todas narrativas fantasiosas en torno a este conflicto y que trae a la memoria los ataques que usaron los gobiernos en las huelgas de la década de los setenta, así como los relatos fantasmagóricos de la guerra fría.

Esta huelga no es ni más ni menos que otro episodio de confrontación entre las dos visiones de país que ha estado presente desde el Combo del ICE y como tal ha exaltado pasiones entre los bandos, pero de ahí a acusar a los huelguistas de querer convertir el movimiento de masas en una insurrección popular, hay una enorme brecha, tan grande como la que abrió el PAC en el campo progresista al alinearse con la derecha neoliberal del PLUSC.

Y es que, esta huelga ha puesto en evidencia la miseria ideológica de un PAC que pretendió en sus orígenes romper con el bipartidismo y frenar el avance neoliberal, pero que terminó haciendo casa común con los dos partidos que han impuesto ese modelo económico, responsable de los principales problemas que hoy enfrenta en país, incluido el déficit fiscal. Un PAC que llega a su segundo mandato preso de un alianza con el sector más reaccionario del PUSC y de la ultraderecha económica agrupada en la Academia de Centroamérica.

El PAC encalló ideológicamente, impulsando, a sangre y fuego, la peor reforma fiscal que podía hacerse, porque castiga a las clases media y baja y complace al gran capital. Atrás quedó la buena intención de levantar un proyecto partidario socialdemócrata moderno que actualizara y profundizara los logros del modelo del Estado Social de Derecho.

Llegar al gobierno transformó o tal vez mostró lo que hay en el fondo de muchos de los militantes PACsistas: una pléyade de neoliberales progresistas que reivindican aquellos derechos humanos que no toquen los intereses del capital.

Es en esa bancarrota ideológica en la que hay que ubicar la desafortunada y hasta ridícula opinión de esta prominente figura de ese partido sobre el objetivo insurreccional de la huelga.

Heredia, 8 de octubre de 2018.

 

 

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La reciente demanda de Palestina contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breves apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

 

Resumen: Palestina procedió el pasado 28 de setiembre a interponer una demanda contra Estados Unidos relacionada al traslado de su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, anunciado en diciembre del 2017 y materializado en mayo del 2018. Con esta demanda, Palestina estrena el procedimiento contencioso ante la CIJ en su condición de Estado, reafirmando nuevamente su confianza en el derecho internacional y en la justicia internacional para solucionar controversias con otros Estados.

El pasado viernes 28 de setiembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que Palestina procedió a presentar formalmente una demanda contra Estados Unidos debido al traslado de la embajada norteamericana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén (véase comunicado de prensa en francés y en inglés).

Se trata de la primera demanda que presenta Palestina como Estado ante la CIJ, en respuesta a una acción de Estados Unidos considerada por muchos observadores internacionales como una verdadera «línea roja» que ningún presidente de Estados Unidos se había atrevido a cruzar antes del actual ocupante de la Casa Blanca, por más solícitudes recibidas por parte de Israel.

A la fecha, Palestina mantiene relaciones oficiales de Estado a Estado con 137 Estados, siendo Colombia el último en haber reconocido a Palestina como Estado, el 3 de agosto del 2018. Recientemente el jefe de la diplomacia española declaró que España estudia la manera de liderar un proceso en el seno de la Unión Europea (UE) sobre el reconocimiento de Palestina como Estado (véase nota de prensa de ABC del 21/09/2018).

El único Estado de la UE que sí ha reconocido a Palestina como Estado es Suecia, en octubre del 2014 (véase comunicado oficial); los únicos Estados en América Latina que aún no reconocen a Palestina como Estado son México y Panamá. Nótese, en el caso de México (que desde 1988 acoge en su capital a una “Delegación Especial de Palestina” y estableció una “Oficina de Representación de México” en Ramallah), que esta posición podría cambiar en los próximos meses.

Lo que Palestina le pide a la CIJ ordenar

En su demanda presentada a los jueces de la CIJ en La Haya (véase texto completo), Palestina solicita que se ordene a Estados Unidos que:

«51.By the present Application, the State of Palestine therefore requests the Court to declare that the relocation, to the Holy City of Jerusalem, of the United States embassy in Israel is in breach of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

52.The State of Palestine further requests the Court to order the United States of America to withdraw the diplomatic mission from the Holy City of Jerusalem and to conform to the international obligations flowing from the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

53.In addition, the State of Palestine asks the Court to order the United States of America to take all necessary steps to comply with its obligations, to refrain from taking any future measures that would violate its obligations and to provide assurances and guarantees of non-repetition of its unlawful conduct«.

Tal y como se puede apreciar, se trata de una petición que busca obligar a Estados Unidos a actuar de conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena de 1961 y a tomar medidas para evitar conductas similares en el futuro.

La base de competencia de la CIJ presentada

Es muy posible que Estados Unidos alegue que Palestina no es un Estado, no es miembro pleno de Naciones Unidas y que la CIJ debe declararse por lo tanto incompetente para conocer el fondo del asunto. Dificultarle a Palestina el pleno reconocimiento de su calidad de Estado y su membresía plena en Naciones Unidas constituye una constante de la política exterior israelí y norteamericana, con el fin de limitarle sustancialmente el acceso a mecanismos al que puede acudir cualquier Estado en sus controversias contra otro Estado. En esta estrategia, han podido contar con el apoyo de Canadá, de la UE así como de Panamá que mantienen su posición de no reconocer a Palestina.

En este caso preciso, intentar esquivar a toda costa la competencia de la CIJ será prioritario para Estados Unidos, dado que en la etapa sobre el fondo, Palestina tendrá a su disposición varias resoluciones del mismo Consejo de Seguridad que apoyan su reclamo: siendo resoluciones que no fueron objeto de ningún veto por parte de Estados Unidos, resultaría sumamente original el buscar oponerse ahora a su contenido por parte del Departamento de Estado norteamericano.

La batería de argumentos norteamericanos se centrará muy probablemente en intentar demonstrar a los jueces que la base de competencia usada por Palestina es débil: esta última será brevemente expuesta en las líneas que siguen de manera a entender mejor los alcances de esta iniciativa de Palestina.

La base de competencia utilizada por Palestina es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que suscribió y ratificó en abril del 2014 (véase estado oficial de ratificación), así como un Protocolo adicional a esta convención de 1961: se trata de un instrumento adicional, al que accedió Palestina en marzo del 2018, del que es parte Estados Unidos y que Israel no ha ratificado (véase estado oficial de ratificación). Este instrumento internacional permite a los Estados Partes recurrir a la CIJ en caso de controversias sobre la implementación y/o interpretación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Siempre atentos a cualquier iniciativa de Palestina, la accesión de Palestina a este protocolo fue objeto de una nota diplomática de Estados Unidos en mayo del 2018 (véase texto), en la que Estados Unidos señala que:

«The Government of the United States of America does not believe the ‘State of Palestine’ qualifies as a sovereign State and does not recognize it as such. Accession to the Optional Protocol is limited to sovereign States which may become Parties to the Vienna Convention on Diplomatic Relations«.

Palestina respondió de igual forma un mes después a la nota norteamericana, recordando el voto obtenido en el 2012 sobre su Estatuto de «Estado no Miembro Observador» en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (vease texto completo) y en la que precisa a Estados Unidos que:

«As a State Party to the Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning the Compulsory Settlement of Disputes, of 18 April 1961, which entered into force 21 April 2018 [for the State of Palestine], the State of Palestine will exercise its rights and honor its obligations with respect to all States Parties. The State of Palestine trusts that its rights and obligations will be equally respected by its fellow States Parties«.

Algunos detalles con relación a la accesión de Palestina a otros instrumentos internacionales

El intercambio de notas entre Estados Unidos y Palestina no se verificó cuando Palestina accedió en el 2014 al Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966, del que es también parte Estados Unidos (véase estado de ratificación y declaraciones emitidas): con lo cual puede persistir la duda de si Palestina sí es considerada como un Estado para unos tratados y no para otros por parte del Departamento de Estado. De cara a un litigio en el que se discutirá el alcance de una objección como la de Estados Unidos, esta (y posiblemente otras) inconsistencia(s) podría(n) surtir efectos desde el punto de vista jurídico.

Con relación a otro tratado internacional clásico como lo es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, al que accedió Palestina en abril del 2014, al no ser parte Estados Unidos de este instrumento (como tampoco Israel), no hubo ningún intercambio de notas diplomáticas similar al antes referido (véase estado oficial de ratificaciones).

En lo atinente a un tratado más reciente y particularmente temido por Israel y por Estados Unidos, el Estatuto de Roma adoptado en 1998 (que crea la Corte Penal Internacional o CPI), Palestina logró obtener el estatuto de «Estado Observador» en diciembre del 2014 (véase nota nuestra titulada «Palestina: estatuto de Estado observador acordado por Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI)» editada en el sitio de DIPúblico). Posteriormente Palestina accedió, en enero del 2015 a este instrumento como Estado Parte. En este caso, la ausencia de Estados Unidos y de Israel entre los Estados Partes descarta la necesidad, para Estados Unidos, de proceder a algún intercambio de notas similar con la Secretaría General de Naciones Unidas (véase estado oficial de ratificaciones). Recientemente, un alto funcionario de Estados Unidos profirió amenazas contra los mismos integrantes de la CPI, posiblemente en razón de las investigaciones que ha abierto la CPI con relación a las operaciones militares israelíes en Palestina (véase nuestra nota titulada «La Corte Penal Internacional (CPI) toma nota de amenazas hechas por Estados Unidos«, publicada en el sitio de Monitor de Oriente).

De algunos ejercicios previos en Naciones Unidas sobre el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén

Como se recordará, la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel dada a conocer al iniciar el mes de diciembre del 2017 fue objeto de una resolución del Consejo de Seguridad el 18 de diciembre del 2017: el texto recibió el voto a favor de los 14 integrantes del máximo órgano de Naciones Undas, oponiéndose únicamente Estados Unidos. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital: 14 votos y un veto«, publicada en el sitio de DIPúblico, en la que nos permitimos plantear algunas preguntas:

«Jurídicamente, Estados Unidos vetó una resolución que instaba a respetar lo dispuesto por el mismo Consejo de Seguridad: estamos a todas luces ante una situación raramente vista en Nueva York.¿Vetó Estados Unidos la autoridad del mismo Consejo de Seguridad? ¿O el respeto a la legalidad internacional? Esta actitud inédita que se materializó con el recurso al veto constituye sin lugar a dudas una verdadera bofetada al ordenamiento jurídico internacional«.

Posterioremente, el mismo texto fue objeto de una votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre del 2017 (véase nuestra nota titulada «Análisis del contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital«, publicada en el mismo sitio antes referido).

Estas acciones en estos dos órganos de Naciones Unidas evidenciaron el profundo aislamiento de Estados Unidos (y de Israel), logrando ambos obtener únicamente a un reducido grupo de Estados para votar en contra del texto en el seno de la Asamblea General.

Pese al repudio generalizado a su decisión, Estados Unidos procedió a inaugurar formalmente su embajada en la Ciudad Santa en el mes de mayo del 2018, así como dos Estados de América Latina: Guatemala y Paraguay. El 15 de mayo del 2018, una nueva reunión del Consejo de Seguridad – que se limitó esta vez a un intercambio de posiciones – confirmó la situación de aislamiento de la delegación de Estados Unidos (véase al respecto nuestra nota titulada «The transfer of the US Embassy to Jerusalem: the need of responses from international community«).

Un reciente traslado de embajada desde Jerusalén hacia Tel Aviv

Al iniciar el mes de setiembre del 2018, Paraguay optó por retirar a su embajada de Jerusalén y trasladarla a Tel Aviv, decisión que había tomado en sentido inversa pocos meses antes sin ninguna explicación (véase nuestra nota titulada «La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva» publicada en el sitio de Debate Global). Al restablecer su embajada en Tel Aviv, Paraguay deja únicamente al embajador de Guatemala para hacerle companía a su homólogo norteamericano en la Ciudad Santa.

La reciente demanda de Palestina contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia

Foto del actual ocupante de la Casa Blanca ante el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, extraída de artículo de la BBC.

A modo de conclusión

La demanda interpuesta este 28 de setiembre del 2018 por Palestina contra Estados Unidos viene a intentar obtener de la justicia internacional un respaldo ante la actitud de la administración del Presidente Trump con relación a Oriente Medio: una manera de intentar frenar al actual ocupante de la Casa Blanca, el cual se ha enfocado desde que asumió su cargo en enero del 2017, en satisfacer cada una de las pretensiones de Israel, aunque ello signifique desafiar abiertamente la legalidad internacional y el consenso por más de 70 años sobre el estatuto particular de Jerusalén.

La CIJ deberá ahora decidir si da trámite a esta demanda, convocando como es lo usual, a ambas partes para acordar un cronograma; o si opta por otra opción, la cual merecerá la atención de muchos en Palestina y en el resto del mundo.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

 

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El engaño a la opinión pública nacional e internacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

A 23 de enero de 2018. Rebelion.org publicó mi artículo “EL CONTRA DE LA INSTITUCIONALIDAD COLOMBIANA A LA JUSTICIA TRANSICIONAL” en el que intento explicar que el Sistema Integral de Justicia Transicional Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (S.I.V.J.R.N.R), fue acordado por los plenipotenciarios del Estado colombiano y los plenipotenciarios de la fuerza insurgente y beligerante Farc-ep, bajo la inspiración del Derecho Internacional y los Acuerdos celebrados entre un Estado parte y un sujeto de derecho internacional como taxativamente se señala a “Los movimientos de liberación nacional con sus fuerzas beligerantes” y por ende los principios fundamentales de Justicia Transicional , que en Colombia encarna la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y su Tribunal para la Paz, quedaron inmersos dentro del llamado bloque de constitucionalidad; sin requerirse del sonajero del plebiscito, como tampoco de la intromisión del ejercicio del órgano de la función legislativa y el papel de la Corte Constitucional.

El tema acordado lo fue sobre la creación de una jurisdicción especial para tratar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos con ocasión del conflicto y por parte de las fuerzas en confrontación: fuerzas armadas de la Republica de Colombia y fuerza insurgente de las Farc-ep. Temas álgidos como lo del narcotráfico y el secuestro hacen parte de la conexidad del delito político de la rebelión. Así dicho, puesto que el secuestro no es delito de lesa humanidad, sí lo es “la toma de rehenes” como corresponde explicarlo a la opinión pública, como quiera que los delitos de lesa humanidad, tomando como fuente el derecho internacional y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, citando como ejemplo el enrolamiento de menores en la guerra y/o la violencia de sexo, obedece a calificaciones que le corresponde definir al juez natural ( en el caso nuestro a la JEP) y no a la fiscalía , ni mucho menos a la mediática dictatorial.

Esa categoría de conflicto entre un Estado y una fuerza insurgente está reglamentada en el sistema universal del derecho internacional y por ende lo rigen los Principios Fundamentales de ese sistema. Mencionando algunos: el principio res inter alius acto; por medio del cual lo acordado solo crea obligaciones entre las partes. Por ello los vinculados a la justicia transicional pactada son aforados. El principio de la Bone fide (Buena fe) y que del consentimiento- ex consensu advienent vinculum- deviene la obligación de responsabilidad internacional, por parte del Estado y la institucionalidad colombiana, al no implementar en su totalidad y sin modificación alguna lo Acordado entre esas dos partes

Es sobre este elemental enunciado, que desde entonces me propongo explicar y sustentar, cómo la Institucionalidad colombiana ha quebrantado sus responsabilidades internacionales al no implementar, en su totalidad, y sin modificación alguna lo Acordado entre esas dos partes.

En el interregno de dos años de implementación resalta el que la contraparte insurgente de las FARC-EP, ha cumplido con lo Acordado, destacando la entrega definitiva de las armas. La contraparte estatal, por el contrario no ha implementado conforme a lo Acordado y contrario al espíritu de ese a Acuerdo, no aplicó la armonía o colaboración armónica en el ejercicio de los poderes, sino que acudiendo a lo denominado en nuestro foro jurídico, la concepción santanderista de la legalidad, monto la enredadera jurídica del desconocimiento del bloque de constitucionalidad; habilitó el ejercicio legislativo y la competencia de la Corte Constitucional, erigiéndolos como si fueren plenipotenciarios; optando por modificar lo Acordado en contravía al mandato constitucional de búsqueda de la paz y el desarrollo armonioso de las ramas del poder público, en torno a lo Acordado.

En el planteamiento jurídico expuesto, los principios de autonomía y de inescindibilidad en la justicia transaccional (JEP) son tópicos inmodificables por el legislador y la corte constitucional. Por ende, las modificaciones unilaterales al sistema acordado no son vinculantes para los Magistrados de la JEP. El sistema de hermenéutica jurídica abarca no solo los aspectos y aplicación de las normas como también la comprensión de un sistema jurídico determinado y en el entendido que la justicia transicional es una justicia diferente a la justicia ordinaria.

La Justicia transicional es resultado de la aplicación de un sistema de justicia que supera o deja atrás al sistema judicial convencional. En el caso colombiano, el sistema judicial ordinario fue incapaz de dar una respuesta eficaz al problema de las víctimas y las violaciones de los derechos humanos. Superando el aspecto simplemente descriptivo, la Justicia Transicional aplica y usa mecanismos totalmente distintos a los del sistema judicial ordinario. No es que se trate de una justicia blanda. Obedece a una justicia restaurativa y a una justicia prospectiva, a futuro, a favor de las víctimas. Justicia aplicada a casos como el colombiano, en que un conflicto armado interno, a la luz del Derecho Internacional, al no ser derrotada ninguna de las contrapartes en conflicto, ni sometidas militarmente; para garantizar la no impunidad ante delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto, aplica esa justicia alternativa.

LA VINCULACION A LA CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

En esa Convención, en tratándose de Tratados alude a los Estados soberanos e igual terminología como la de “Estado negociador”, “Estado contratante”, Estado parte”, aplica a lo convenido bajo la denominación de Acuerdos celebrados entre un Estado parte y un sujeto de derecho internacional; que como en el caso de las Farc-ep asume ese rol desde el momento que el Estado parte le reconoce el status de beligerancia. Siendo un Acuerdo lo pactado para el fin del conflicto armado con una de las insurgencias colombianas; corresponde dilucidar el soporte jurídico internacional que explica la aplicación del bloque de constitucionalidad. Invocamos el Artículo 3, de la Convención de Ginebra, explicando que tomamos en ello una interpretación extensiva de validez en la hermenéutica jurídica. “Artículo 3.- Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de la presente convención. El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará: a) Al valor jurídico de tales acuerdos; b) A la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convención a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de esta Convención; c) A la aplicación de la Convención a las relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional.”

Para los Acuerdos de La Habana y Teatro Colón los plenipotenciarios del Estado colombiano actuaron con plenos poderes y funciones de representación. Bajo el mandato del artículo 22 de la Constitución Política (CP): “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y el presidente, como cabeza visible de la unidad nacional (Articulo 188 CP) al firmar el Acuerdo de Paz lo hizo a nombre de todos(as) los colombianos(as). Conforme a esa representación ejerció la soberanía, que reside en el pueblo colombiano y del cual emana el poder público (Articulo 3 CP). No firmó como poder ejecutivo, sino como ejercicio soberano y popular. Las otras Ramas del Poder Público (Legislativo y Judicial) al no hacer parte de las conversaciones, ni de las negociaciones, ni firmar el Acuerdo Definitivo, sabían que colaboraban armónicamente para la realización de sus fines (Articulo 113 CP).

DE LA NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA A LOS MIEMBROS DE LAS ANTIGUAS FARC-EP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Entró en vigor en los términos establecidos en el Acuerdo Final, 24 de noviembre de 2016 del Teatro Colon

Por ahora el gobierno colombiano no reanuda la implementación de los Acuerdos. El partido Farc ha pedido reactivación de los Acuerdos. Los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Far-ep, comparecieron ante la Comisión de la Verdad para exponer las razones históricas que motivaron sus acciones durante el conflicto armado. Indudablemente todos se han acogido a la JEP. El enunciado que el primer delito que ventilaría la JEP y que a los 32 miembros del Secretariado de las Farc-ep recibirían un listado de secuestrados cuyo paradero se desconoce desde hace años, es falso. También lo es lo de la obligación de rendición de cuentas a los de las ex Farc-ep sobre su reincorporación. Cumplieron con la cita a la audiencia del 13 de julio de 2016, a las 2.30 pm. Ninguno de los aforados por la JEP tiene procesos en curso en la jurisdicción ordinaria, por sustracción de materia. Los aforados de las antiguas Farc-ep, que no han disfrutado de la amnistía y permanecen como presos políticos les ha sido incumplido lo Acordado. Todos los acogidos se pueden mover por todo el territorio nacional y es falso que en caso de citación por la JEP tuvieren que presentarse personalmente y no por intermedio de sus apoderados; salvo que ante un llamado de calificación por un delito de lesa humanidad y/o crimen de guerra sean citados; situación jurídica aún no presentada. Se registra que ex jefes de las Far-ep acuden a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puesto que no les han resuelto su situación jurídica, con actuación del Dr. Gabriel Parra como su apoderado judicial, solicitando Medidas Cautelares. Censuran con prohibición de salida al aire de entrevista a un miembro del antiguo Secretariado, realizado por la directora del programa Mimbre, emitido en el canal institucional, bajo el prurito que el programa que debe estar al aire durante dos años no puede consistir en que una parte acuse a otra parte de incumplimientos ante millones de colombianos… Amenazan con reiniciar las fumigaciones aéreas con glifosato; decisión que violaría, una vez más, el espíritu del Acuerdo en lo de sustitución de cultivos con los cultivadores en las zonas de sembradíos de la planta de coca, ni proyectos económicos alternativos. En Carta al Senado el Ex Negociador Márquez dice que el Acuerdo de Paz fue traicionado, que ello sucedió después de la entrega de las armas y afirma eso es “perfidia, trampa, conejo; lamentando que “Nunca se debería haber entregado las armas sin haber asegurado nada a la guerrillerada”. Manifiestan que si bien no se declaran por fuera de los Acuerdos si están ante un proceso fallido.

Conforme a los anteriores enunciados corresponde calificar jurídicamente que a ninguno de los aforados de la antigua fuerza insurgente se les puede exigir el cumplimiento de una conducta diferente a la de no cumplir si no les cumplen.

La cláusula Rebus Sic Stantibus, alude a “estando así las cosas”. Al darse circunstancias nuevas, conforme a alteraciones enunciadas respecto a lo Acordado, se generan difíciles asimetrías entre los derechos vulnerados y alteraciones en las relaciones entre las partes. Conforme al Pacta Sunt Servanda: “lo pactado obligado” la contraparte al Estado colombiano no está obligada a cumplir mientras no se le cumpla lo pactado que se traduce en la implementación de lo Acordado conforme fue Acordado, sin majaderías de leguleyadas santanderistas. La Exceptio non ad impleti Contractus, se predica sobre la excepción al contrato no cumplido. Esto conforma aspectos y efectos de tipo jurídico universales. Digamos de sanción universal y efectos pecuniarios e indemnizatorios. Mas el sistema de lo Acordado implica la No Repetición y esta sabia definición de tipo político implica la No retoma de las armas por la contraparte afligida; sin eludir la responsabilidad estatal a esa No Repetición que en forma descarda el Bloque de Poder Oligárquico Contrainsurgente no aplica, al no erradicar el paramilitarismo, sabiendo por donde va el agua al molino. No obstante, el antecedente signado genera efectos negativos para los desmovilizados insurgentes farianos, individualmente considerados. Genera desconcierto para las Insurgencias aún activas en el territorio nacional como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con una Mesa de Conversaciones suspendida y expresiones regionales del Ejército Popular de Liberación (EPL), que manifiesta el interés en un trato especial para la búsqueda de la salida política al conflicto armado existente en Colombia. Queda la confianza puesta en la JEP que conforme al criterio de sus integrantes se juegan el no ser inferiores a las circunstancias.

 

 

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Un ejemplo de lucha por la justicia fiscal y social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Oscar Ávila H.

4 de octubre de 2018

 

Si obviamos el contexto internacional en que se desarrolla la más larga huelga nacional de las últimas décadas en Costa Rica, podríamos pensar que su pueblo está dando muestras de una fuerza social sin parangón, utilizando el marco ideológico de Mahatma Gandhi sobre la no violencia para demostrar su oposición (1) a los dictados de un gobierno que obedece más a la oligarquía criolla e internacional, que al pueblo que le eligió, como es lo común. Hoy esta huelga general e “indefinida” cumple 24 días sin que el movimiento civil haya logrado que el gobierno central retire de la Asamblea Legislativa el Plan Fiscal, como su principal exigencia (2).

Ahora, por los intereses creados en las élites políticas dentro de las estructuras de poder, y por las exigencias de los máximos líderes del movimiento de protesta, podría ser que se pase a otra fase más delicada, como es la desobediencia civil, las huelgas de hambre y la resistencia pacífica en crescendo dentro de un pueblo que ha aprendido que el cristianismo no solamente es liturgia y culto pasivo; va más allá de “colocar la otra mejilla” cuando unos pocos (fariseos) se enriquecen a costa de las masas en proceso de empobrecimiento continuo. Los riesgos políticos y sociales son propios de una lucha de clases y, la clase trabajadora tiene riesgos inmediatos, mientras que el PAC, partido en el poder, tiene mayores riesgos políticos mediatos. No con los organismos internacionales, pero con el pueblo que no olvida.

La lucha que se libra no solamente es contra un plan fiscal injusto e inequitativo, es contra los abusos administrativos que se han venido dando desde inicios del presente siglo, en los tres poderes del Estado. Por ejemplo, unos 46 miembros de la Corte Suprema de Justicia, se auto incrementaron sus salarios en 2008 y 2010, entre el 26 y el 96% violentando la misma Constitución. Esto además de un sinnúmero de pensiones denominadas de lujo, que llegaban hasta un ingreso mensual de US$28 mil. Estas pensiones de lujo se han venido descubriendo en el transcurso del presente año, lo que incluye a ex diputados, jueces y ex-presidentes. Solamente los aumentos en la Corte se estiman en C. 2,000 millones (unos US$3, 570,000).

En los debates en esta larga controversia nacional se han denunciado muchos abusos y privilegios a grandes empresas y familias afortunadas. Por ejemplo, se informó que unas 90 empresas internacionales y nacionales reciben un subsidio en combustible cada mes por la empresa nacional RECOPE. Se denuncia que en los últimos 8 gobiernos, entre la Caja Fishel, Alcatel, Trocha, Soresco, OAS, Yanber, Cemento Chino, Hidrotárcoles y, Coopelesca, se han robado US$ 433 millones. Se denuncia que ciento treinta (130) costarricenses utilizaron la Oficina de abogados Mossack Fonseca (Panama´s Papers) con la cooperación del grupo de abogados Facio & Cañas, para evadir y eludir impuestos, entre el 2000 y el 2014. Se argumenta que Alberto Raven Odio, actual directivo del Banco de Costa Rica, aparece de mediador en más de 60 empresas vinculadas a los famosos Panama´s Papers. Las zonas francas están exentas del pago de impuestos al igual que las grandes y medianas cooperativas, algo que en Costa Rica, una de estas cooperativas, la Dos Pinos, es una empresa regional o transnacional que mantiene negociaciones confidenciales con los diputados de la Asamblea Legislativa para recibir favores, manteniéndose exenta de impuestos.

Para la ciudadanía costarricense estos y otros privilegios no se justifican, pues el déficit fiscal del país es grave, al tener que gastar cinco veces más de lo que recibe (3) en sus recolectas fiscales. El año anterior concluyó con un 6.2% del PIB. La evasión y escape fiscal, las exenciones de impuestos, además de los ingresos de lujo de la alta jerarquía que ha manejado la institucionalidad del Estado, han llevado a la crisis financiera que ahora, nuevamente, la clase política en el poder, unida a las grandes trans-nacionales, quieren que sea la clase trabajadora la que siga pagando sus costos.

Presionado por las organizaciones civiles el actual gobierno presentó un plan con diez acciones para rescatar fondos por la suma de US$ 130 millones a unos 800 grandes contribuyentes que se habían evadido el fisco y controlar a unos 117, 000 contribuyentes que declararon no recibir utilidades en el año 2017. Un sistema automatizado en línea ayuda a evitar la evasión. “Además, la iniciativa anuncia que durante el segundo semestre de 2018 las autoridades llevarán a cabo 1.000 operativos contra el contrabando de mercancías y que utilizará nuevas herramientas tecnológicas en las aduanas para garantizar el pago de los respectivos impuestos.”(4) Pese a estas medidas, la ciudadanía quiere y exige equidad fiscal, tanto horizontal como vertical.

El plan fiscal presentado a la Asamblea se sigue discutiendo, mientras multitudinarias demostraciones en todo el país, han exigido, que ese plan se anule y se discuta uno donde se incluye las aportaciones de la ciudadanía votante y la clase trabajadora organizada en sindicatos. No obstante, la Asamblea sigue discutiendo el Plan Fiscal tomando cada una de sus partes, en las cuales, han habido mejoras, sin embargo, no se ha logrado aprobar que grandes empresas cooperativas paguen algún impuesto. Se asegura que esas empresas con sus grupos de cabildeo, han llegado hasta el soborno. Algo usual en las grandes corporaciones históricamente, ha sido la compra de conciencias, particularmente dentro de las estructuras de poder.

Como en muchos países de nuestro continente, el sindicalismo costarricense sufrió un deterioro en las décadas ochenta y noventa, tanto por la corrupción de sus dirigencias y la compra de conciencia desde las patronales, unido esto a la gran campaña internacional de desprestigio como efecto de la guerra fría. Así que la empresa privada costarricense se apuntó un “gran éxito” al sustituir los sindicatos por grupos “solidaristas” consistentes en asociaciones de empleados “asociados” logrando así su neutralización. Así que el sindicalismo que activa en protesta por el Plan Fiscal enviado a la Asamblea, es un sindicalismo que pertenece a más de 28 instituciones del Estado. Pero a este movimiento se ha unido mucha ciudadanía organizada, y no organizada, de otros sectores. En un país que su población no pasa de los cinco millones de habitantes, con una PEA de aproximadamente 2, 350,500, lograr manifestaciones públicas de aproximadamente 800 mil ciudadanos (arriba del 2.5%) es algo significativo.

Los medios represivos utilizados han sido la declaración de ilegalidad de las huelgas; el no pago de salarios los días que han faltado al trabajo; la detención del transporte de activistas que viajaron en los autobuses; la detención de cinco estudiantes luego de que la policía se introdujo violentamente en la Universidad de Costa Rica; y, el asesinato de un joven manifestante en la ciudad de Limón, en el Atlántico del país, sin que aún se confirme la autoría. Ahora, falta saber si vienen despidos y otras represalias por parte del gobierno. Si suceden otros actos de represión, seguramente los movimientos de protesta pueden pasar de un reclamo contra un plan fiscal a uno de reivindicaciones por su derecho a la protesta y la anulación de medidas represivas. Sin embargo, sí siguen ocurriendo hechos como el de ayer miércoles, de sobresaliente incultura en Plaza de la Cultura por parte de activistas sindicales, en contra del Señor Presidente Carlos Alvarado, este movimiento puede decaer rápidamente, brindándole a los medios, como el periódico la Nación y TV7 (5), beneficiarios de la exoneración de impuestos, abundante material para su desprestigio.

Si tomamos en consideración el contexto internacional, Costa Rica es la excepción de la regla en nuestro continente, incluyendo a la mítica democracia estadounidense. Nuestro presidente Carlos Alvarado fue electo con un 60.66% de la votación en enero del presente año. Donald Trump es presidente de EUA con 46.9%; Nicolás Maduro es presidente de Venezuela al haber obtenido 67,8% en la última contienda. Los ejercicios administrativos de estos dos últimos están cundidos de controversias. Esperemos que Carlos Alvarado no caiga en este mismo carril de desprestigio. Esto sin mencionar que los gobiernos centroamericanos, a excepción del salvadoreño, están perfilados con el nuevo calificativo de “gobiernos en dictadura democrática”. Por ejemplo, en Nicaragua, en menos de medio mes de protestas ya había cerca de una centena de activistas asesinados. En Honduras, las familias viven un completo y constante calvario desde el 2010, con cifras de asesinatos que van de 15 mil a 25 mil. Ya las estadísticas interesan menos, porque diariamente se asesinan jóvenes, mujeres, profesionales de diversas disciplinas, indígenas, negros, etc. hay masacres constantes, mientras el gobierno busca y encuentra a las maras como sus chivos expiatorios. Sólo falta que imiten a los Ortega, para acusar de terroristas, a sus víctimas.

Todo mundo sabe la importancia que tiene Costa Rica para el sistema internacional de una simulada democracia. La comunidad occidental tiene una verdadera identidad: el neoliberalismo, la imposición de gobiernos y de medidas financiero económicas dictadas por los bancos internacionales, el FMI y la OMC, quien está de capa caída por la guerra comercial impulsada por uno de sus creadores como lo es el gobierno de los EUA. Si Costa Rica no se amolda a sus medidas, puede caer en la desgracia de ser sancionada por esos organismos. Al “gendarme mundial” poco le importa perder a este país como vitrina democrática, sabemos que serían muy escasas las posibilidades de réplica, además, al neo-fascismo, poco o nada le interesan las democracias verdaderas. El que se evadan impuestos y que Costa Rica caiga en crisis financiera es bueno para los organismos financieros internacionales, para hacer crecer el pasivo que mantiene con países como Argentina. Éticamente, las evasiones de impuestos son populares en el Norte del Continente, así que el interés de una justicia y equidad fiscal, es un interés solamente nuestro, el pueblo trabajador costarricense.

Los aprendizajes obtenidos en estas semanas pueden valer más que una año de estudios superiores en ciencias políticas. Hay un nuevo tejido social. Desde luego, hay enojos, cóleras, muchas emociones encontradas, hay pérdidas comerciales y económicas, pero si analizamos lo positivo, es muy probable que pese más lo positivo. Ojalá que los líderes del movimiento social y el gobierno logren un acuerdo lo antes posible. Esto se logra con madurez y pensando en Costa Rica, más que en intereses personales y de grandes empresarios.

 

1Sin la ortodoxia que exigía Gandhi, puesto que ha habido muchas alteraciones emotivas y provocaciones, que los ha llevado a situaciones contradictorias, hasta colocarles en un arriesgado desprestigio moral y político.

2https://delfino.cr/2018/10/22-dias-de-huelga-iglesia-tira-la-toalla-gobierno-da-a-sindicatos-una-semana-mas/

3https://www.larepublica.net/noticia/puede-costa-rica-sobrevivir-al-deficit-fiscal-mas-alto-de-su-historia

4https://www.elpais.cr/2018/06/20/el-gobierno-de-costa-rica-presenta-un-plan-de-lucha-contra-evasion-fiscal/

5Estos medios tienen a grandes empresarios y familias de la clase política como accionistas.

 

 

 

 

 

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