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«Cultura y Gobierno Local»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Ángel Salazar Oses

 

«El arte no es un espejo para reflejar la realidad sino un martillo para darle forma»  Bertold Brecht”

A menudo se escucha decir que las municipalidades son las formas de gobierno más cercanas al pueblo, nosotros estamos convencidos de que no deben estar simplemente «cercanas» al pueblo sino que deben ser los pueblos mismo auto gobernándose constantemente de manera tal que, dado que conocen como nadie sus capacidades y recursos, resuelvan con ellos, lo más participativamente posible, sus problemas cantonales y, mediante la inteligente y fraternal coordinación con las demás comunas, los regionales, provinciales y nacionales, propósito este último que lograrán al democratizar y fortalecer con su enérgica, sabia y poderosa alianza, los demás poderes de nuestra República, a fin de eliminar los grandes obstáculos que le impiden a nuestra Nación disfrutar del bienestar integral en paz con la Naturaleza, que tanto merecemos.

Y estas afirmaciones cobran hoy más vigencia que nunca pues, el sistema capitalista neoliberal, por desgracia gobernante mediante sus tradicionales partidos -PLN, PUSC, PAC en su versión Otonista, ML y pseudocristianos-, ha demostrado evidentemente que su único interés, al contrario de lo que su mentirosa propaganda electorera predica, es el de favorecer cotidianamente los intereses de su argolla de manera tan perversa, que convierte únicamente en ganancias para esas élites, la solución a problemas como la vivienda, el transporte, la alimentación, la seguridad ciudadana, la pobreza en general y un largo etcétera que, por ser tan buenos negocios, jamás va eliminar.

Como hemos destacado constantemente, la Cultura, entendida en general como toda creación humana y, en particular, como artes, ciencias, letras, filosofías, manifestaciones religiosas, etc. está constituida, de una u otra forma, tanto por las preguntas como por las respuestas teóricas y materiales que, como seres inteligentes, nos plantemos y obtenemos para sobrevivir y crecer en nuestra inevitable relación dialéctica con la Naturaleza, por lo que se constituye en el recurso fundamental que debe alimentar, alentar, sistematizar e impulsar toda forma de gobierno honesto que realmente se dedique a su tarea esencial de eliminar los obstáculos que le impiden a los pueblos, disfrutar plenamente del buen vivir que merecen en un medio ambiente sustentable.

Por desgracia, las argollas históricamente gobernantes y, en particular la vigente en nuestro país, han pretendido -¡y con la ayuda de sus esbirros y secuaces muchas veces lo logran- convertir a la Cultura en una simple mercancía, que les genera por cierto, muchos ganancias pecuniarias y, peor aún, en instrumento de manipulación ideológica para convertir al resto de la sociedad, que es apabullantemente mayoritaria, en un conjunto de dóciles esclavos, ciervos y proletarios, según históricamente ha correspondido. Hoy día, en nuestra querida Costa Rica, esta situación está plenamente vigente, por lo que le corresponde a nuestro Pueblo la tarea de liberar la Cultura para que cumpla su original papel, como plantea la clarificante frase supra citada del genial Brecht, de «un martillo para darle forma» de justa, equitativa, digna, humanista y ecologista a nuestra Patria, de manera tal que se convierta en cuna del nuevo ser humano redimido y constructor del mundo plenamente confortable que merece como hogar.

Acá en Grecia tenemos la oportunidad ideal par lograr este propósito empezando precisamente por nuestro Gobierno Local. Gracias a la presión y contribución de diversos sectores populares amantes y practicantes de las distintas manifestaciones que constituyen el quehacer cultural y, con la colaboración del Ministerio de Cultura y Juventud, nuestra Municipalidad apoyó la creación de nuestra Política Cultural Cantonal durante el año 2012 y, finalmente, la aprobó en el 2013 con lo que hizo nacer la actual Oficina de Gestión Cultural Municipal que, por cierto, ha jugado un excelente papel impulsando integralmente el desarrollo cultural para todas y todos los habitantes de nuestro Cantón y, lo que es también fundamental, de manera honesta e imparcial, con cuentas claras y sin importar favoritismos ni clientelismos politiqueros ni de ninguna otra índole.

Este excelente trabajo que, en aras de la reapropiación popular de la Cultura como instrumento fundamental para su auténtico desarrollo integral unió, de una u otra forma, a nuestro pueblo con su Ayuntamiento y el Gobierno de la República, se debe potenciar más aún. Nuestro Gobierno local tiene la oportunidad de hacerlo, convirtiendo a esta Oficina, sin cambiarle su nombre desde luego, en una especia de Ministerio de Cultura Cantonal, permitiéndole que cumpla plenamente con todas las trascendentales tareas que se incluyen en el extenso y denso documento que constituye la Política Cultural Cantonal que, además de la protección, fortalecimiento, conservación y desarrollo de nuestro patrimonio cultural, de su constante creación, difusión y disfrute por todas y todos los habitantes de nuestro Cantón, incluye la dotación de la infraestructura adecuada para lograr esos propósitos, la coordinación con otras fuentes de creación cultural, como universidades, ministerios, asociaciones y grupos culturales y su aprovechamiento, el desarrollo de todo tipo de campañas para impulsar creativamente diferentes y fundamentales especificidades como, cultura cívica, política -no politiquera-, municipalista, fiscal, ecológica, deportiva, recreativa, musical, cinematográfica, literaria, en Derechos Humanos, en Ecología, en Bienestar Integral, en Juventud, en preparación y disfrute de la Tercera Edad, y mil facetas culturales más, todas ineludiblemente importantes para nuestra comunidades.

Esta Oficina, de Gestión Cultural Municipal, adecuadamente instalada y rigurosa y profesionalmente dirigida logrará, además, el establecimiento de programas de intercambio cultural con otras regiones y países, la atracción de recursos para el desarrollo cultural legalmente exonerados, de espectáculos teatrales, plásticos, musicales -intérpretes, conciertos, solistas, coros, bailes, etc.-, y otras manifestaciones culturales que circulan en el ambiente internacional, de tal manera que su llegada y disfrute por parte de nuestro Pueblo, no dependa de la voluntad, intereses económicos o preferencias ideológicas o politiqueras de pseudo mecenas oportunistas.

Esta entidad municipal no se limitará a manejar operativamente la pobre visión reduccionista de Cultura que la limita a las Artes, sino que fomentará todo el quehacer cultural que, como vimos, incluye la Ciencia, la Literatura, la Filosofía, la Religión, la Artesanía, etc. y, en fin, toda otra creación humana.

Democratizará esta Oficina, mediante la constitución y puesta en funcionamiento de un Comité Asesor de la Gestora o Gestor titular, integrado por representantes de los diversos sectores culturales del Cantón, el manejo, desarrollo y distribución de los diversos recursos ya citados para que puedan ser disfrutados por todo nuestro Pueblo y no por un reducido grupo de habitantes de nuestra Ciudad, como, generalmente ha sido hasta ahora.

Esta mega tarea cultural que debe realizar esta Oficina requiere de un espacio físico muy amplio, de fácil acceso y estructuralmente adecuado y equipado. Por dicha nuestra comunidad ya cuenta con ese edificio -el Centro de la Cultura- que, además, está construido detrás de la Municipalidad en un terreno que es de su propiedad y que, por muchas otras razones -incumplimientos contractuales, deudas, interés comunal, etc.- nuestro Gobierno local se lo puede -y debe- anexar de inmediato. Otros factores fundamentales que justifican y, mejor aún, exigen esta recuperación por parte de nuestra Institución Municipal son:

1.- Si bien es cierto que, el Arquitecto Javier Bolaños Quesada impulsó su construcción y lo ha manejado desde esa época mediante su presidencia de la Asociación Centro la Cultura de Grecia (Sic) -constituida como tal el 25/04/1986- los recursos económicos con que fue construido y ha funcionado desde entonces -partidas específicas, mano de obra, cuotas, etc.- han sido generados en última instancia, por nuestro Pueblo.

2.- Tanto el actual Estatuto que rige esta Asociación que hoy administra el Centro, como el empleo que se ha hecho del mismo, han propiciado por un lado que su directiva se halla eternizado en el puesto -don Javier ha sido su presidente casi vitalicio- y, por otro, que el uso del edificio y sus instalaciones que, reitero, son legítima propiedad popular, haya sido voluntaria o involuntariamente cubierto por una mítica concepción de empleo limitado y manejado por intereses de diversa índole y no tan populares, democráticos libres y gratuitos como debe ser.

3.- El carácter casi privado que se le da a este tipo de Asociaciones, impide el adecuado control popular de sus instalaciones y de sus recursos que, como ya señalamos, en este caso pertenecen en su abrumadora mayoría a todo nuestro Pueblo. Por todo lo anterior, lo mejor para los intereses culturales y generales es que sea nuestro Municipio a través de su Oficina de Gestión Cultural Municipal la que tome posesión plena y administre, como le corresponde, el Centro de la Cultura el que en adelante, sugerimos, agregará a su nombre «…del Pueblo Griego»

 

«El Gobierno o es popular y participativo o no es democrático».

 

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Chile: morir en septiembre, la primavera que nunca fue

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro

 

Para los países del hemisferio sur la entrada del mes de septiembre significa también la llegada gradual de la primavera, pues desde que termina agosto y da inicio el nuevo mes los días empiezan a ser más largos, amanece cada día más temprano y la luminosidad comienza a apoderarse de nuestras emociones y de toda la cotidianidad; en el caso de Chile es el mes de las ramadas o festejos populares donde abunda la chicha y el vino, donde pronto las flores y los frutos abundantes alegrarán la vista de todos, también es el mes de las fiestas patrias tan lleno de remembranzas, sólo que en el año de 1973 cuando la derecha se preparaba para dar el último zarpazo al gobierno de los mil días de la Unidad Popular Chilena, con el transcurso del tiempo los días se fueron tornando lúgubres y tensos mientras se conmemoraba el tercer aniversario del triunfo electoral de la Unidad Popular, el día 4 de septiembre de 1970, los rumores de golpe de estado ya habían corrido entre los marinos y soldados en Valparaíso y Talcahuano, algunos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria(MIR) y el Partido Socialista habían hecho denuncias sobre el complot en marcha, mientras el gobierno vivía un trance difícil e incierto.

Amanece el martes 11 de septiembre, con la marina alzada en armas en Valparaíso, desde las cuatro de la mañana de ese día, en la capital y en el resto del país corren toda clase de rumores, el presidente Salvador Allende y sus colaboradores se dirigen muy temprano al Palacio de la Moneda, pensando todavía contar con algunas lealtades en el resto de las fuerzas armas y el cuerpo de carabineros, mientras la dura realidad mostrará que la traición ha llegado muy hondo y sólo un puñado de civiles, policías de investigación, pero sobre todo amigos cercanos al presidente encararán el ataque militar al Palacio de la Moneda, en un combate desigual que duró varias horas, durante las que la aviación bombardeó y provocó el incendio de la casa de los presidentes de Chile. Hacia las dos o tres de la tarde el combate ha concluido, los combatientes que resistieron se rinden y durante cuatro décadas se mantendrá la desinformación y la tergiversación acerca del final de la vida del presidente Allende, llegando a afirmarse que se había quitado la vida, con argumentaciones que nunca resultaron convincentes y por lo tanto creíbles, ahora ante la foto que muestra el cadáver acribillado del líder y símbolo más importante de la Unidad Popular Chilena, con gran dolor para nosotros, la verdad ha terminado por abrirse paso: Salvador Allende fue asesinado por los militares golpistas, sólo que ante la evidencia de la foto los momios ya no podrán seguir mintiendo, ni riéndose miserablemente de los vencidos, cuya historia se va haciendo cada día más nítida e inocultable.

Siempre, a lo largo de las más de cuatro décadas transcurridas, estuve convencido de que nuestro querido compañero, el entonces presidente chileno Salvador Allende Gossens (1908-1973), cuya grandeza y ejemplo han crecido con el paso del tiempo, había sido asesinado por los criminales golpistas, unas gentes carentes de dignidad y humanidad como puede apreciarse a partir de lo dicho por Pinochet en su cuartel de Peñalolén sobre el avión que se caía, por parte del propio Pinochet, traidor y golpista de última hora, con toda la vulgar bajeza de su vocabulario soez y cargado de odio, como bien lo relata la periodista Patricia Verdugo, en un libro en que reproduce la grabación que quedó de las comunicaciones de los golpistas ese día, el infausto martes 11 de septiembre de 1973. Al respecto dije en un texto años atrás: «En honor a la verdad, hay que hacer un reconocimiento a Salvador Allende y sus compañeros por no haberse doblegado a la intimidación y a la vulgaridad de quien dirigía el golpe militar bien oculto en el cuartel de Peñalolén, pero también extraer la lección que nos da el testimonio de un pequeño grupo de francotiradores, ubicados en el Ministerio de Obras Públicas, al otro lado de la calle Morandé, quienes mantuvieron a raya al ejército durante muchas horas ayudando a quienes, como el propio Salvador Allende, de una manera suicida, resistieron desde las vulnerables instalaciones del Palacio de la Moneda, la casa de los presidentes de Chile» (Los mil espejos de la realidad social, UNA Heredia Costa Rica 2013, pág. 129). Entiéndase, entonces que el acto de resistir en condiciones tan desiguales era, en sí mismo, un acto suicida, no que el presidente Allende se haya suicidado. Ahora cuando han pasado más de cuarenta años se pudo constatar al fin su asesinato, por parte de algunos militares de los que ya fallecieron entre los que recuerdo al capitán Palacios, encargado de dirigir el asalto a la Moneda. Por mi parte, sigo pensando que algún día se abrirán las grandes alamedas para que pase el hombre libre, como dijo el Chicho por las ondas de Radio Magallanes, cuando ya la suerte estaba echada, en la mañana de ese terrible día y para algunos como Salvador Allende, Augusto Olivares, Claudio Jimeno y otros compañeros significaba, ni más ni menos, que morir en septiembre cuando se anunciaba una primavera que nunca pudo ser.

 

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Sobre el asesinato de Salvador Allende

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro

Rogelio Cedeño

Siempre estuve convencido que nuestro querido compañero, el entonces presidente chileno Salvador Allende Gossens(1908-1973), cuya grandeza y ejemplo han crecido con el paso del tiempo, había sido asesinado por los criminales golpistas, unas gentes carentes de dignidad y humanidad como puede apreciarse a partir de lo dicho por Pinochet en su cuartel de Peñalolén sobre el avión que se caía y la vulgar bajeza de su vocabulario, como bien lo relata la periodista Patricia Verdugo, en un libro en que reproduce la grabación que quedó de las comunicaciones de golpistas ese día infausto, el martes 11 de septiembre de 1973.

Al respecto dije en un texto años atrás: «En honor a la verdad, hay que hacer un reconocimiento a Salvador Allende y sus compañeros por no haberse doblegado a la intimidación y a la vulgaridad de quien dirigía el golpe militar bien oculto en el cuartel de Peñalolén, pero también extraer la lección que nos da el testimonio de un pequeño grupo de francotiradores, ubicados en el Ministerio de Obras Públicas, al otro lado de la calle Morandé, quienes mantuvieron a raya al ejército durante muchas horas ayudando a quienes, como el propio Salvador Allende, de una manera suicida, resistieron desde las vulnerables instalaciones del Palacio de la Moneda, la casa de los presidentes de Chile» (Los mil espejos de la realidad social, UNA Heredia Costa Rica 2013). Entiéndase que resistir en condiciones tan desiguales era, en sí mismo, un acto suicida, no que el presidente Allende se haya suicidado.Ahora cuando han pasado más de cuarenta años se pudo constatar al fin su asesinato, por parte de algunos militares de los que ya fallecieron algunos como el capitán Palacios.

Por mi parte, sigo pensando que algún día se abrirán las grandes alamedas para que pase el hombre libre, como dijo el Chicho por las ondas de Radio Magallanes, cuando ya la suerte estaba echada, en la mañana de ese terrible día.

 

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El mensaje de una ceremonia inolvidable

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ricardo Alarcón de Quesada*

 

Especial para CLARIDAD

 

Ver la bandera de la estrella solitaria otra vez alzada en la Embajada cubana en Washington trae inevitablemente el recuerdo de quienes no pudieron asistir a una ceremonia por cuya realización, sin embargo, dieron generosamente sus vidas. Son muchos, cubanos, estadounidenses, puertorriqueños e hijos de otras tierras, los ausentes que asaltan la memoria y, vencedores del olvido, incitan a escribir estas rápidas reflexiones.

Mencionaré sólo a uno que a todos sintetiza. Carlos Muñiz Varela, quien hizo suyas y defendió hasta el último aliento dos insignias hermanas. Él tampoco asistirá, pero su presencia será imborrable, el día no lejano en que la enseña boricua se levante, libre, orgullosa y solitaria, en la capital norteamericana.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos es ante todo una gran victoria del pueblo cubano y también de la solidaridad internacional. No se habría llegado a ese día sin la abnegada y heroica resistencia antillana frente al bloqueo económico que aún persiste y constituye el genocidio más prolongado de la Historia. Tampoco habría sido posible sin la exigencia unánime de los países de América Latina y el Caribe y de incontables amigos solidarios en Norteamérica y en otras partes.

Se pudo alcanzar este acuerdo, sobre todo, porque el continente vive una época nueva y los intentos por aislar a Cuba fueron derrotados y terminaron aislando totalmente a Washington. Hace medio siglo el Imperio forzó a todos los miembros de la OEA, salvo a México, a romper con Cuba, pero ahora, cuando reabre su Embajada en La Habana, encontrará aquí que, desde hace tiempo, todos los demás habían regresado y el poderoso vecino era quien estaba en la absoluta soledad que ahora quiere superar.

De Martí viene a los cubanos la obligación de respaldar el derecho de Puerto Rico a su independencia. Que Cuba flaquease en el cumplimiento de ese deber fue durante muchos años una de las principales demandas norteamericanas para normalizar las relaciones. De hecho, ésa fue la exigencia más duradera, pues otras condiciones igualmente inaceptables, como los vínculos con la URSS o el apoyo a los movimientos de liberación en África y Centroamérica, hace décadas fueron superadas por la historia.

Cuba nunca renunció a la solidaridad con la causa nacional puertorriqueña. No lo hará jamás y Washington lo sabe.

Por eso esta victoria cubana pertenece también a Puerto Rico y se produce cuando la isla hermana enfrenta una coyuntura definitoria, luego de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) ha reafirmado que el caso de Puerto Rico es parte de su propia Agenda y avanza un apoyo internacional indispensable que debe hacerse cada vez más resuelto y eficaz.

El actual estatus colonial fue rechazado por la mayoría absoluta de la población en el plebiscito de noviembre de 2012 y todos reconocen que su modelo económico se derrumba y Puerto Rico sufre una profunda crisis de la que sólo podrá salir con el pleno ejercicio de la soberanía y la independencia.

Estados Unidos tiene una responsabilidad insoslayable y debe ejercerla si quiere mejorar sus vínculos con nuestro Continente. El imperio yanqui se apoderó de Puerto Rico por la fuerza en 1898 y desde entonces la trata como territorio que le pertenece, como a una posesión suya, es decir, una colonia. El presidente Obama, profesor de Derecho Constitucional, conoce que el colonialismo es ilegal y que las potencias coloniales, de acuerdo con las normas internacionales, tienen el mandato de devolver a los pueblos sometidos todos los poderes que detentan. Debe dar los pasos que le incumben para que el pueblo puertorriqueño asuma sus inalienables derechos nacionales y lo haga por sí mismo, libremente, sin intromisiones ni presiones foráneas. Debería apoyar una fórmula que cuenta hoy con muy amplio consenso, la realización de una Asamblea Constituyente en la que participen todas las corrientes de opinión boricuas y cuyos trabajos y resultados Estados Unidos se comprometa a respetar.

Hay otras cuestiones que el presidente Obama está en plena capacidad de resolver y respecto a las cuales tiene también una obligación ineludible. Poner en libertad inmediatamente a Oscar López Rivera, disponer que el FBI entregue toda la información que aún oculta respecto a los asesinatos de Santiago Mari Pesquera y de Carlos Muñiz Varela son decisiones que dependen enteramente de él y debe tomarlas ya, sin más dilación.

Estas medidas son acciones que puede emprender fácilmente ahora y están en sus manos precisamente porque Puerto Rico todavía es una colonia del Imperio que él preside. Sí se puede y él lo sabe.

 

* Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba de 1993 a 2013, Ministro de Relaciones Exteriores, y Embajador de Cuba en Naciones Unidas. Además, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su Buró Político.

 

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Explican oposición al Proyecto de Ley de Recurso Hídrico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por José Fco. Alfaro

 

A los que nos oponemos a la Ley de Recurso Hídrico, nos han encaramado epítetos como el de personajes oscuros, que somos de derecha, que somos iguales a Otto Guevara, etc.; queriendo engañar al muchos costarricenses de buena fe, en cuanto quien verdaderamente está detrás de esa ley y sus intenciones.

El proyecto de ley denominado Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico, conocido como de iniciativa popular, es impulsado por la Asociación Global del Agua (GWP), por medio del pago de servicios profesionales o con viajes a algunos de los “ambientalistas” que hoy defienden ese proyecto.

La GWP se creó en el año 1996 por iniciativa del Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca para el Desarrollo (SIDA). Explícitamente establece que se conforma inspirada en los principios emanados de la Conferencia de Dublín. Su herramienta conceptual es la gobernabilidad del agua, y su marco de acción es la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. La GWP opera en base a comités regionales que inciden en la elaboración de políticas locales. En América Latina actúa a través del Comité Técnico Asesor para Sud América (SAMTAC, por sus siglas en inglés) y por las regionales de América Central y el Caribe. Al configurarse como una red internacional abierta a organizaciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos y principalmente a bancos de desarrollo bilateral y multilateral, la GWP es un actor relevante que cumple el rol de preparar el terreno a procesos de privatización del agua. Luego del Segundo Foro Mundial del Agua -La Haya, 2001- la estrategia en la cual avanzó la GWP en América Latina a través del SAMTAC fue la de organizar instancias nacionales en varios países dela región para dar a conocer la visión de la Gestión Integrada, presentando así una primera aproximación a las ideas y el trabajo que pretende realizar, así como sus «futuros campos de acción». Estamos hablando de una presencia registrada y formal en Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Curaçao, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.

Los referentes locales de la GWP en América Latina operan a partir de un diagnóstico de las respectivas legislaciones relacionadas con los recursos hídricos, identificando las carencias que los países registran en términos de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento con lo que califican de «problemas de gestión». Luego de ese primer paso, los referentes de la GWP se encargan degenerar los contenidos de nuevas legislaciones de aguas, inspiradas en el marco de la Gestión Integrada y asesorando a los actores gubernamentales involucrados con esta reformulación legal para conseguir financiamientos y apoyos para los proyectos de esta «nueva gestión».

La posición de la GWP respecto a la inclusión del agua en los acuerdos de libre comercio regionales -como en el caso del Tratado de Libre Comercio entre América Central con Estados Unidos (CAFTA por la sigla en inglés de Central America Free Trade Area)- es favorable, remarcando generalmente que las inversiones necesarias para reformar y extender los servicios de agua potable y saneamiento en los países involucrados en este tipo de acuerdos pueden ser cubiertas desde empresas con capitales estadounidenses, atraídos por los nuevos marcos vinculantes.

En resumen, la GWP tiene para América Latina y el Caribe, dos marcos estratégicos de fondo. Por un lado la descentralización de la gestión de los servicios como objetivo de la gestión integrada: como ya se dijo, gestión integrada implica principalmente un enfoque de actores, es decir, no solo los estados intervienen en este terreno, sino otros actores, como los fondos privados de financiamiento, los bancos regionales y multilaterales de crédito, instituciones vinculadas al agua (precisamente como la GWP) y finalmente, las empresas multinacionales del sector. Todos tienen algo para decir (y hacer) en el tema del agua. El segundo marco estratégico es lisa y llanamente la privatización del agua, su concepción como mercancía pasible de ser incluida en los acuerdos de liberalización comercial…

 

Tomado de: AGUAS EN MOVIMIENTO, LA RESISTENCIA A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN URUGUAY

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UCR: Una institución esencial

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

José María Gutiérrez Gutiérrez, Microbiólogo,

Investigador Instituto Clodomiro Picado

UCR- Una institución esencial
José María Gutiérrez: La UCR, desde sus inicios, ha tenido una inserción profunda en la realidad nacional y regional. No es casual que sea una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad costarricense, algo que le duele a sus detractores (foto Archivo ODI).

Reproducimos el siguiente artículo de opinión del Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor catedrático de la UCR y destacado investigador del Instituto Clodomiro Picado (ICP), tomado de la página de la Universidad de Costa Rica: http://www.ucr.ac.cr/

 

La escalada de ataques contra la Universidad de Costa Rica (UCR), por parte de algunos medios de prensa y de sectores políticos que buscan debilitar a esta institución pública, obliga a reflexionar sobre la función de la UCR y las otras universidades públicas en el desarrollo nacional. Esta reflexión debe discriminar lo esencial de lo circunstancial, con una visión de largo aliento desde el pasado y hacia el futuro.

A lo largo de sus 75 años, la UCR se ha constituido en una institución clave para el fortalecimiento del estado social de derecho en el país. Por un lado, ha contribuido y contribuye con amplios contingentes de profesionales altamente calificados en todas las ramas del conocimiento. Estas personas han nutrido las instituciones públicas y el sector privado. Y este aporte ha estado basado en una visión inclusiva y de equidad, como mecanismo de movilidad social sin precedentes en la historia nacional. El sistema de becas de la UCR y los más recientes programas hacia una mayor equidad en la admisión llevan ese norte.

Además, la UCR ha desarrollado una enorme dinámica de generación de conocimiento por medio de la investigación científica y tecnológica. Actualmente genera la mayoría de las publicaciones científicas del país y constituye el principal foco nacional de formación de recursos de posgrado de alto nivel en todas las áreas académicas. Esto explica en parte la destacada posición que la UCR ocupa en los rankings internacionales de universidades, como reflejo de ser una institución líder en el ámbito latinoamericano.

A su vez, esta labor creativa se proyecta a la sociedad de múltiples formas, mediante diversos programas de acción social o extensión. Ello genera un fuerte impacto en las esferas económica, educativa, de infraestructura, de salud, social, cultural y ambiental del país. La UCR, desde sus inicios, ha tenido una inserción profunda en la realidad nacional y regional. No es casual que sea una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad costarricense, algo que le duele a sus detractores.

La proyección de la educación universitaria a todo el país, mediante la consolidación de sus sedes regionales, ha sido una línea permanente en el desarrollo de la UCR, la cual se ha visto fortalecida en los últimos años y cuyas perspectivas futuras son muy amplias. El impacto de este proceso de regionalización en la vida nacional es notorio.

En medio de los vaivenes políticos, sociales y económicos nacionales, la UCR ha sido siempre un foro de debate crítico sobre la realidad y un núcleo de gestación de iniciativas para el mejoramiento de la calidad de vida del país. El lema institucional lucem aspicio refleja esa voluntad de aportar a nuestra sociedad, con conocimiento, creatividad y análisis. No se comprende el desarrollo de Costa Rica a partir de la segunda mitad del siglo XX si no se tiene en cuenta el enorme aporte de esta institución, aporte en el que la autonomía universitaria juega un papel central.

No se puede, entonces, discutir aspectos específicos de la vida institucional sin ubicarlos en este contexto de aporte esencial. Es ese precisamente el error de fondo de quienes toman aspectos puntuales de la UCR, los sacan de contexto y los dimensionan a niveles que solo pueden ser explicados por la carencia de una visión de conjunto, la mala fe o el interés político por golpear a la institución.

El tema salarial, así como otros asuntos específicos, constituyen puntos de análisis permanente al interior de la UCR. Estos temas son abordados por las autoridades y la comunidad universitaria, mediante evaluaciones continuas y cuidadosas de corto, mediano y largo plazo. En el plano financiero, se procura garantizar un sano equilibrio en la institución, desde una perspectiva de desarrollo integral, con consideraciones diversas y con una clara visión de mejoramiento continuo y de valoración del recurso humano de este centro de estudios superiores.

Pretender cercenar o debilitar el papel de la UCR, y de todo el sistema de educación superior público, sin tomar en cuenta la misión esencial que este sistema tiene en la vida nacional es, ante todo, profundamente irresponsable. Es, además, incompatible con el desiderátum de construir una colectividad más próspera, equitativa y generosa. La sociedad costarricense debe defender a toda costa sus universidades públicas, bastiones de nuestro estado social de derecho.

 

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A quienes no toca la guerra

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

 

Aunque soy un escéptico de las encuestas, por amañadas que sean reflejan un por tanto de asidero en una opinión clasificada. En el caso de la contraparte insurgente, al parecer acató el barómetro reflejado en el sentido de una tendencia mayoritaria entre el público colombiano de rechazar las conversaciones en La Mesa de La Habana e inclinarse por el fracaso de las negociaciones y dar carta blanca al régimen. Que todo obedeció al rompimiento al cese del fuego unilateral y no al valor de un comino que la mediática y la contraparte gubernamental le dieron a ese acto o gesto positivo de des escalonamiento del conflicto, que sin encuetas o no, por lo palpable de los acontecimientos, se expresó en más de un 80% de baja en ataques y enfrentamientos durante los casi seis meses en el que aplicó la medida del cese del fuego unilateral. Pero no. En una guerra irregular insurgente como la que padecemos en Colombia el juego de lo político-militar prima en su combinación. Al retomar la parte insurgente en conversaciones el auxilio del cese del fuego unilateral, lo hace como un gesto político de incuestionable valor patriótico. En estos escasos dos meses de escalonamiento del conflicto armado interno en Colombia, resaltan aspectos políticos colocados en el escenario nacional. Indubitable que con el incremento de las acciones armadas insurgentes ha quedado demostrado que la guerra afecta a todos y no existe sector de la población colombiana, por privilegiado que sea, que se pueda sustraer a sus efectos.

De saboteos económicos y ataques a la infraestructura

La insurgencia multiplica los ataques en el plano nacional. Al hacerlo desnuda la crueldad en poblaciones municipales agobiadas por el desconocimiento gubernamental a la observación y respeto de la normativa del derecho internacional humanitario (DIH) respecto al blindaje de cuarteles policiales dentro del casco urbano en muchos municipios. (Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra, artículo 53). De inercia en voluntad política al pretender presentar el paisaje idílico de nuestros pueblos en que junto a la casa cural y la alcaldía está el puesto de policía; cuando por la naturaleza institucional y degradación del conflicto armado interno colombiano, no se cuenta en Colombia con una policía cívica, sino con una policía militar inserta en la doctrina militar de la seguridad nacional…En zona rural del corregimiento de El Mango, Municipio de Argelia, Cauca en el sureste del país, la población civil en rebeldía contra la institución policial que guarecía a 60 efectivos en el cuartel de la Policía, arrasó con maquinaria el puesto y trincheras. Indudablemente tomaban a la población como escudo, ante inminentes ataques de la insurgencia. Parecida situación se presenta en Las Mercedes, Norte de Santander, en que la insurgencia ha volado en varias ocasiones el cuartel, en pleno centro del casco urbano y sus efectivos pernoctan y viven en condiciones infrahumanas en ese puesto; impugnados de cualquier solidaridad ciudadana.

También incrementa el accionar militar en saboteos dirigidos contra las infraestructuras petroleras y eléctricas tendientes a golpear el sector económico y objetivos militares, del andamiaje estatal contra el que se han rebelado. Los efectos colaterales a la población afectada no se dejan esperar. El poder económico no grita por su herida. Clama por la depredación del medio ambiente. Pero nada tan hipócrita como eso. Empeñados en la entrega de los más preciados recursos naturales al capital invasor extranjero, con las locomotoras de extracción minera en el sinfín de contaminación y devastadora depredación del medio ambiente, por donde quiera que se les mire, repiten el escenario de afectación a las comunidades. Hoy con fariseos golpes de pecho especulan sobre la tragedia a que han sometido a toda la etnia y comunidad Wayuu en la Guajira, en la que para beneficio de la multinacional del carbón represaron y desviaron el río Ranchería; en un delito contra natura, que mantiene en extinción a esa comunidades y en número mayor el incremento de muerte de niños indígenas. Sin reparar y para mantener lo ganancioso para ellos de la renta petrolera, gubernamentalmente aprueban y legalizan la explotación petrolera mediante la técnica del fracking, que desgarra las entrañas de la tierra, contaminando el agua, el medio ambiente, repercutiendo en desbastador balance para la población circundante en donde se realiza. Esa técnica vetada en la mayoría de los países; aquí, producto de la embestida paramilitar que silencia la protesta ciudadana, continúan aplicándola. Un gobierno con interés en el beneficio particular de las multinacionales decreta la muerte de los páramos y el agua. Al no proteger los páramos y no excluirlos totalmente de la inspección y exploración para la explotación minera; atentan contra la vida misma de la población colombiana. Al no proteger los páramos de la amenaza de la proyección de construcción vial de la sonada cuarta generación; de la actividad de la agro industria extractiva; así como del mal manejo de residuos contaminantes, atentan contra el sistema ecológico. Es un crimen ecológico. No es un suicidio ecológico como tal, puesto que media la mano torticera y asesina de los interese plutocráticos del capital financiero internacional. Y ante el escalonamiento del conflicto armado interno, desplazan el interés por la protección de la vida de los combatientes de ambas fuerzas en contienda enfrentados, cargándola contra los resultados fatales del saboteo a la infraestructura económica y petrolera.

Aquí desconocen las causas de la tragedia ecológica con el mentís del calificativo que la escalada de la insurgencia incurre en delito de lesa humanidad y en violación al derecho internacional humanitario (DIH). De cuando acá los actos de guerra sirven para justificar la guerra misma? Nada más carente de ponderación, que eso. El galardonado premio Nobel de la paz, Barack Obama, al ordenar los bombardeos en Siria los ubicó textualmente, en las refinerías petroleras, en las infraestructuras viales, para asfixiar el desplazamiento del enemigo. El Fiscal General de Colombia nos deja súpitos cuando informa que en la larga lista de delitos contra la humanidad en que se enfrascará contra la dirigencia de la insurgencia, están los saboteos económicos y militares contra esos objetivos y ataques. Contradictoria manera de bailar con la más fea, cuando devalúa su llamado al quid del asunto en cuestión: la improrrogable decisión de un cese al fuego bilateral ya, entre el gobierno de turno y las insurgencias.

La persecución a los activistas sociales

En momentos en que repunta el movimiento popular y de masas, ante las flaquezas por el incumplimiento gubernamental a los acuerdos para el levantamiento del Paro Agrario y con los campesinos del Catatumbo en el año 2013; se instala una nueva etapa de la guerra Santista – Uribista en Colombia, esta vez con un bloque de poder de la oligarquía unida. Centran su objetivo en el movimiento sindical y popular.

La Fiscalía General informó el pasado miércoles 8 de julio que había detenido a 15 personas acusándolas de hacer parte de una célula subversiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y haber puesto las bombas que estremecieron a Bogotá y actos durante los últimos meses y desencadeno una histeria colectiva aupada por el alarmismo mediático. Resaltan que entre los capturados se encuentran tres contratistas del Distrito, entre ellos una reconocida abogada de derechos humanos; dos filósofos, un estudiante de educación comunitaria, un estudiante de geografía, un ingeniero agrónomo, una politóloga, un periodista de medio alternativo. Para sorpresa del ente acusador, el hecho derivó en reacción en cadena de activistas políticos y sociales, que se plantaron frente a la sede policial donde permanecían retenidos (Paloquemao), permaneciendo durante todo el día, estudiantes universitarios, familiares de los detenidos, miembros de Ong´s, esas sí no gubernamentales; denunciando persecución contra opositores gubernamentales y violencia contra líderes de organizaciones políticas y sociales; insertos como activistas en el proceso de unidad amplia y democrática que cursa en Bogotá bajo la dinámica política del próximo debate electoral.

Las denuncias por tal atropello por parte de personalidades políticas y organizaciones sociales no se hicieron esperar. El senador Alberto Castilla Sánchez, representante del Congreso de Los Pueblos, manifestó que los cargos redundan en precipitados y los detenidos fueron golpeados al allanar residencias. El representante popular a la Cámara, Dr. Alirio Uribe, resaltó lo infundado de las “pruebas” contra los detenidos. Un comunicado del Distrito indica: “La Administración expresa su solidaridad con los movimientos sociales y las organizaciones a las que, según se ha informado, pertenecen varios de los capturados por su presunta participación en estos hechos condenables y hace un llamado a la ciudadanía para que no se estigmatice a los integrantes de estos movimientos”. También La Delegación de Paz de las FARC-EP se solidarizó con el Congreso de los Pueblos con ocasión de la detención arbitraria de esos dirigentes y activistas. Todo ello conlleva a que se califique las mencionadas detenciones como UN FALSO POSITIVO JUDICIAL, rememorando lo indeleble de la mancha del Presidente Santos cuando fue ministro de la guerra del presidente Uribeño.

Del perfil de los detenidos

A la agraciada abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Paola Andrea Salgado Piedrahita, defensora de la NO violencia contra la mujer, le incautaron sus computadores personales y de escritorio, libros de estudio y la trasladaron a los calabozos de la Sijín. Su dedicada labor como activista fue reconocida por la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez y Mauricio Albarracín, ex Director de La Red Nacional de Mujeres. Mónica Roa, de Women’s Link WorldWide escribió: “Conozco a Paola Salgado desde hace ocho años”. La senadora por mandato popular Piedad Córdoba R, también abogó por ella aludiendo a la justicia mediática. Santiago Pardo, abogado que trabaja en la Corte Constitucional, expresó su testimonio de excepción de cómo la conoce. La representante a la Cámara Angélica Lozano trinó que “desde hace cinco años conozco a Paola Salgado”. Por su parte, Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, conoce a Paola desde hace 11 años. Para Irene Arenas, que lideró la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), es ilógico que Paola sea involucrada con una organización armada, recorrió el país para organizar el Proceso Nacional Identidad Estudiantil.

Stefani Lorena Romo, de 23 años, actualmente es Funcionaria de la Secretaría de Educación Distrital, bajo la modalidad de contratista, que es como se disfraza la forma de dependencia laboral. Sus ocupaciones en el Congreso de los Pueblos consumían buena parte de sus días. Por su activismo recibía amenazas de los paramilitares Las Águilas Negras, en Pasto. Ella se había venido a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. Vive en Barrio Galerías, Bogotá.

Sergio Esteban Segura Guiza, periodista en medios alternos de comunicación, como portal Colombia Informa. Docente universitario; vinculado al Distrito, también bajo la modalidad de contrato en la Secretaría de Educación.

Andrés Felipe Rodríguez Parra. Filosofo de la Universidad Nacional. Vive en Suba. Apasionado del estudio, la lectura y dedicado a la Tecnología.

Heiler Lamprea, representante al Consejo de la Universidad Pedagógica, de 25 años de edad y su compañera sentimental citada, Ellen Torres.

Los hermanos Lizhel y John Acosta, ambos estudiantes universitarios, de 21 y 19 años respectivamente.

Daniel Camilo Rodríguez Hernández, Gerson Alexander Yacumal Ruíz, FelixGutierrez Díaz, Daniel Eduardo Muñoz, Luís Daniel Jiménez, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, como estudiantes y profesionales; ninguno de ellos sobrepasa los 35 años de edad.

Los 15 ya son 13 y de la prueba de fuego a la fiscalía

Mientras los activistas y líderes de procesos sociales están detenidos y la Jueza 52 de Garantías esperan los fundamentos probatorios, dos estudiantes detenidos y no mencionados por este medio para evitar la estigmatización derechista, fueron puestos en libertad. ¿Por falta de qué? pues de pruebas, las cuales las están cocinando en la Fiscalía.

Valida el así hablar cuando ante la incursión de inteligencia contrainsurgente urbana nos lleva a preguntarnos : y cómo es que investiga el CTI de la Fiscalía? En momentos en que la VERDAD clama por el levantamiento del velo de los archivos de inteligencia, para el esclarecimiento de las detenciones arbitrarias, las de detenidos- desaparecidos, las de los falsos positivos y corrupción institucional; irrumpe con este golpe de opinión la Fiscalía General para afrontar la inminencia del escalonamiento de la guerra civil en Colombia a niveles de actuación insurgentes en las ciudades colombianas. Claro que son considerables las sumas presupuestarias para hacerlo. Pero podrá la Fiscalía General de la Nación cumplir con el mandato constitucional de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten (Artículo 250 de la CP, in situ). Podrá hacerlo ante la permanencia de un entorno belicista que inspira al Estado colombiano, imbuido por la doctrina de la seguridad nacional y el derecho penal del enemigo interno? Podrá anidar esa ilusión mientras no se proscriba el anticomunismo y el guerrerismo militarista? Se encara así, la verdadera función de la rama judicial y el verdadero concepto de policía judicial. Pero no. La inteligencia militar castrense que es otra “justicia” pronto se pronunciará y no faltará el desviado legalista que pese a no estar todo acordado, las garantías para la oposición al régimen y para la izquierda estarían dadas (…).

En el escenario político nacional también pesa la presencia y actuación beligerante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según declaración de su Comandante Antonio García en medios argentinos, para el ELN, es fundamental y de primer orden el rol y el protagonismo de la sociedad civil en todas las formas del proceso de participación política en Colombia. Y en entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista- Gabino- Comandante máximo del ELN en Colombia, recalca que “la guerrilla colombiana está inserta en el país desde siempre”. “¿Qué ocurre? Nosotros somos un pequeño grupo de hombres públicos, lo que llamamos los voceros oficiales. La gran mayoría de hombres y mujeres de nuestro organismo de Dirección Nacional no son públicos//. La guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre. Que los medios de comunicación, y que el gobierno y otra gente no los reconozcan, es la manera de pensar de cada uno. Pero nosotros no estamos ni en la ultratumba ni estamos en las selvas inhóspitas, estamos con la gente. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN no tienen el fusil encima y no tienen el uniforme militar, sino que están en las calles, en las iglesias, en las veredas, en las plazas públicas, en los sindicatos y a lo largo y ancho del país”.

Partiendo de esos presupuestos y ante una fuerza insurgente clandestina, cincuentenaria, en la lucha armada nacional, inquieta si bajo esa tesitura focalizada el CTI de la Fiscalía desarrollará una estrategia contrainsurgente para contener ese activar urbano. Considero que ni a los “sabios” del Pentágono y de la CIA, se les ocurrirá calificar ese evento como de “combinación de las formas de lucha” para que lo reciten los cipayos nacionales. De ser así la incrementación del paramilitarismo terrorista de Estado entrará en auge. La cacería de brujas, implacable. No habrá escondedero que valga y la solución definitiva al conflicto armado interno colombiano se alejará. De manera que se coloca al orden del día los resultados de La Comisión Facilitadora Civil de Acercamientos con el ELN, en momentos en que aceptan el entorno de La Mesa de La Habana y clama el apoyo internacional a un cese del juego bilateral al respecto.

 

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¡Señor Presidente! ¿Recortar de dónde?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Comunicado de Prensa

Una vez más tenemos que insistir en nuestra tesis adversa al fundamentalismo fiscalista neoliberal del recorte presupuestario por el recorte mismo; de la contención del gasto irracional e irreflexiva; del debilitamiento a mansalva de diversos programas de política pública que desde el Gobierno Central se han diseñado para favorecer a los más débiles, para (supuestamente) atajar el crecimiento de la desigualdad, para paliar el abusivo proceso concentrador de la riqueza.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, “de paso por el país”, debe comprender que hay diversos servicios públicos que están siendo llevados a una crisis total y radical, al punto de que solamente se puede tener el recorte anhelado por los “Torquemada del gasto público”, si se empieza con la “despedidera”, a echar gente a la calle.

Sería sumamente oportuno y conveniente que el Sr. Presidente Solís Rivera le pusiera debido cuidado al acertado llamado que está formulando la señora Defensora de los Habitantes de la República, la ilustre ciudadana doña Monserrat Solano Carboni; advirtiéndonos de que los recortes previstos en el proyecto del mal llamado “presupuesto general de la República” para el 2016, pondrán en peligro compromisos-país, nada más y nada menos que en materia de Derechos Humanos Fundamentales y deshonrando nuestra ética internacional al respecto como país integrante del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ejemplos sobran. Veamos unos cuántos

Sería bueno que el mandatario se diera una vueltecita a la reunión-asamblea del próximo viernes 26 de junio, del personal del debilitado programa CEN-CINAI, especialmente mujeres trabajadoras en precariedad salarial que le cuidan los chiquitos y las chiquitas a mujeres solas jefas de hogar, trabajadoras que también están en precariedad salarial. ¡Escúchelas, Sr. Presidente y vea que ya no es posible recortarles más presupuesto!

Sería bueno que el mandatario se reuniera con el personal de la Policía de Tránsito y constatara que hace falta el doble del personal actual, lo cual convierte a este factor de insuficiente recurso humano, en determinante para la “matazón” que estamos presenciando en las carreteras del país.

Sr. Presidente: sin atisbos de xenofobia alguna pero el fenómeno migratorio nos tiene desbordados como país y la Policía Profesional de Migración y Extranjería (que, por cierto, lleva diez años de lucha a ver si le pagan un poquito mejor), está completamente diezmada para contenerlo. Notamos una especie de inmigración “mala” que está potenciando diversas formas de violencia criminal y organizada, angustiante para la colectividad.

Respetuosamente, vaya Sr. Presidente Solís, a las cárceles y compruebe que la ya casi inmanejable sobrepoblación carcelaria tiene atormentado al personal penitenciario que ya no tiene cómo generar procesos reales de reintegración social ante la gran precariedad de personal y de recursos. Por esa precariedad institucional, el Sistema Penitenciario Nacional va en camino de convertirse (sino es que ya lo es), aunque duela decirlo, en un “mero depósito de seres humanos que deben estar encerrados”.

La situación no es menos grave en el seno del cuerpo policial más grande del país: la Fuerza Pública. ¡Ni un cinco se le puede quitar! Sería bueno que los fundamentalistas neoliberales del recorte presupuestario vayan a las barriadas marginales y de pobreza extrema para que constaten a lo que se exponen los y las oficiales de la Fuerza Pública pues los niveles de violencia, producto de la desigualdad y de la exclusión social, son imposibles de contener a punta de represión física. ¡Falta más personal, integralmente formado, para que la política de Seguridad Ciudadana sea realmente efectiva.

Y, ¡qué contradicción!, Sr. Presidente, con la imagen internacional de “país ecológico”: las mafias de todo tipo están acabando con nuestros parques nacionales ante la ausencia de vigilancia suficiente pues ya, prácticamente, no hay personal. ¡Imposible algún recorte aquí! Nos vamos a quedar sin bosques porque la tala ilegal está incontrolada.

¿Y se le va a quitar plata al Poder Judicial? Respetuosamente, Sr. Presidente, pida los más recientes datos estadísticos acerca de cuáles son los sectores sociales a los cuales se está dirigiendo, en estos momentos, una mayoritariamente parte de los recursos presupuestarios judiciales: ¡a la clase trabajadora!, ¡a la violencia social que golpea a los sectores populares!, ¡a las madres solas jefas de hogar que demandan pensión alimenticia! ¡a trabajadores y a trabajadoras que son víctimas de violencia patronal, cuando les niegan, les roban o les escamotean sus derechos laborales!

Se quedan más ejemplos como éstos, señor Presidente, a los cuales debe usted poner debido cuidado.

Sr. Presidente: El gran capital político que usted recibió al elegírsele para tal cargo, está compuesto por muchas personas ciudadanas como las que están relacionadas con todos estos servicios públicos: quienes los prestan y quienes lo reciben. El tal “cambio”, supuestamente, no era para potenciar el fundamentalismo fiscalista; por el contrario, muchos entendimos que el gran cambio era para contener el crecimiento de la desigualdad.

En esto del déficit fiscal, “la procesión va por otro lado”. Nuestro mayor anhelo es que sean las calles las que hablen fuertemente al respecto, intermediando una gran convergencia de lucha entre el personal de estos y otros servicios públicos, personal sumamente acosado y atormentado, junto a sus propias familias; de las personas usuarias de sus servicios; de todo tipo de organizaciones que representan sus sentires, intereses y derechos.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

 

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Corregido Tratado de Límites Marinos con Ecuador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Comunidad.

Dr. Freddy Pacheco

Dr. Freddy Pacheco León.
Dr. Freddy Pacheco León.

Cuando el 8 de mayo del 2014 el presidente de la República de Ecuador mostró su satisfacción por representar a un país “vecino de Costa Rica”, no faltaron los infalibles de Facebook burlándose de “ese ignorante que no sabe nada de geografía”. En su oposición ideológica al Dr. Rafael Correa, no se estaban dando cuenta de lo errado de sus observaciones, que además demostraban un comportamiento generalizado del costarricense acostumbrado a mirar hacia sus valles y montañas, desdeñando la importancia de los territorios marítimos.

Y es que tal vez habrá quienes consideren que a 33 años de haberse aprobado en Nueva York la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” (Convemar) no ha pasado suficiente tiempo para actualizar lo aprendido en la escuela, por lo que el mar es un asunto que compete a otros. Por ello, los conceptos de “mar territorial” de hasta 12 millas de ancho, y “zona económica exclusiva”, adyacente a ese mar y hasta alcanzar un límite de hasta 200 millas (medida a partir de donde se mide el “mar territorial”) son cosas de poca importancia y trascendencia. Sin percatarse que los países ribereños como Costa Rica y las islas como el Parque Nacional Isla del Coco, vieron ampliados sus derechos de soberanía en cientos de miles de kilómetros cuadrados, desde el momento en que la Asamblea General de la ONU aprobara la Convemar.

La isla del Coco, ubicada a 330 millas de la península de Nicoya adquirió el derecho a una zona económica exclusiva marcada por un radio de hasta 200 millas de longitud, lo que hizo aumentar el territorio marítimo del país extraordinariamente, hasta interceptar por un lado el territorio marítimo del archipiélago islas Galápagos, separado de nuestra isla por una distancia menor a las 400 millas, creando así la necesidad de delimitar los territorios marítimos vecinos.

Ante esa situación, el 12 de marzo de 1984, nuestro entonces Ministro de Relaciones Exteriores Carlos José Gutiérrez (q.d.D.g.) suscribió en Quito el “Convenio sobre delimitación de áreas marinas y submarinas entre las repúblicas de Costa Rica y Ecuador”. Convenio que, en virtud de un grave error, fuere enfrentado por este servidor desde su firma, las varias veces que se le quiso aprobar en la Asamblea Legislativa.

Y lo hicimos así por las siguientes razones: Para navegar en el “mar territorial” las embarcaciones extranjeras requieren permiso del país ribereño, aplicándose lo mismo para el sobrevuelo y para el tendido de cables submarinos. Esa franja de 12 millas de ancho se considera como una extensión del territorio y en ella se aplican regulaciones estrictas para el llamado “paso inocente” de los buques que así lo acepten. Por el contrario, en la “zona económica exclusiva”, donde se tienen derechos de soberanía sobre los recursos vivos y no vivos de las aguas, el lecho y el subsuelo, los países gozan de los derechos de libre navegación (no requieren permiso), de sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos. Así pues, una embarcación, aún pesquera, tiene el derecho a surcar libremente las zonas económicas exclusivas de todo el planeta.

Con ello (esperamos que aclarado) los limites marinos originados a partir de los parques nacionales Isla del Coco y Archipiélago de Galápagos, debían de haberse descrito como correspondientes a las zonas económicas exclusivas de ambos Estados según lo determinado por la convención de la ONU, ¡pero no fue así! – La Cancillería costarricense le aceptó a los representantes ecuatorianos que en el convenio limítrofe se dijera que las áreas marinas de 200 millas de Costa Rica (que nosotros reconocíamos como “zona económica exclusiva”) correspondientes a la Isla del Coco, delimitaban por una línea geodésica equidistante con “Las áreas marinas de 200 millas del mar territorial del Ecuador correspondientes a su territorio insular del Archipiélago de Colón” (Galápagos).

Al dejar pasar ese “detallito”, automáticamente Costa Rica estaba renunciando al derecho de libre navegación de sus buques en un área superior a los 800.000 km² que en razón de la convención de la ONU debería llamarse “zona económica exclusiva” de Ecuador. Así como al libre sobrevuelo y tendido de cables y tuberías submarinas. Y al renunciar a ese derecho, también estaba Costa Rica violentando lo establecido en la Convemar, que había contado con su voto favorable para su aprobación.

¡Por eso nos opusimos!, y más enérgicamente cuando fuere enviado para su aprobación legislativa y defendido también insistentemente por el canciller Roberto Rojas y su vicecanciller Elaine White, entre otros. Tuvimos incluso que lidiar con el inaceptable argumento de que “aunque Costa Rica reclame en su Constitución la jurisdicción sobre la Isla del Coco y sobre su zona económica exclusiva, mientras ésta no se reconozca en un tratado de límites con países vecinos, tal enunciado constitucional carece de efectividad para la comunidad internacional” (E. White, 21.8.98), confundiéndose además en el documento citado lo que es “alta mar” (donde hay incluso libertad de pesca) con el concepto de “zona económica exclusiva”.

Pero eso no es todo. Según la Cancillería había que aprobar el convenio tal y como estaba pues “Costa Rica ya manifestó su consentimiento de obligarse por un tratado con la firma del Convenio y, de acuerdo con la norma pacta sunt servanda del derecho internacional, consagrada por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (aprobada y ratificada por Costa Rica), se debe cumplir con el proceso de aprobación y ratificación del Convenio”.  Sin necesidad de reiterar los argumentos de entonces contra esa afirmación de la vicecanciller White, solo nos remitimos a la situación actual donde un nuevo convenio de límites marinos estaría por aprobarse.

Pero bueno, hubo que esperar 30 años (bien invertidos) y por la decisión del presidente Rafael Correa de impulsar la incorporación a la legislación de Ecuador de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tal y como fuere aprobado en votación dividida en la Asamblea Nacional el 22 de mayo del 2012.

De esta forma, allanado el camino, el pasado 21 de abril del 2014, en Quito, los cancilleres Enrique Castillo Barrantes y Ricardo Patiño Aroca, de Costa Rica y Ecuador respectivamente, suscribieron un nuevo convenio sobre delimitación marítima que en su Artículo Primero dice: “La zona económica exclusiva y la plataforma continental del Ecuador del Archipiélago de Galápagos y la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Costa Rica de la Isla del Coco delimitan en el Océano Pacífico, en el sector donde se superponen…”, con lo cual se resuelve el problema que por tantos años enfrentara a la Cancillería de Costa Rica con los que no aceptábamos la pérdida de derechos reconocidos por la Convemar.

Y LA MEJOR NOTICIA ES QUE al fin ha sido aprobado en Primer Debate el Tratado de Límites que comentamos, por lo que en pocas semanas los dos países hermanos ya podremos ratificar esa bienvenida delimitación marítima.

 

Usted puede acceder al vídeo que realizó el Dr. Freddy Pacheco sobre este tema en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=poLtAspIHEw&feature=youtu.be

 

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Las Armas Igualan

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Carlos Meneses
Carlos Meneses Reyes.

 

Un día de mayo de 1970, salía de la Cafetería Central, en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y vi a un paisano de Provincia, vecino de mi barrio – cantante por cierto- enfrascado en inminente pelea contra corpulento costeño de 1.80 metros e interviniendo grité: – Oí, vos, con 1.50 metros, que vas a pelear con ese. Y me contestó: “Carlos, las armas igualan” (…) (!!!).

Sin incurrir en simplismos, pareciere que el militarismo adocenado en Colombia desconociere tan cruda realidad palpada en la sindéresis del enfrentamiento insurgencia- ejército colombiano y en el entorno del fatídico desarrollo del conflicto armado interno colombiano.

Falso que debido al rompimiento de la tregua unilateral de las Farc-ep, se haya retrocedido en la búsqueda de la solución política para el fin del conflicto armado en Colombia. El peso político sustancial lo determinó la instalación de La Mesa de La Habana, que con sacrificio y dolor, aún no ahorrados al pueblo colombiano, continúa. Lamentablemente se ha fallado en el des escalonamiento del conflicto. No se ha afectado la llamada buena fe que ha de prevalecer entre las partes contrincantes en conversación sobre el presupuesto que ab initio acordaron de negociar al calor del conflicto y no de la reflexión pausada del silenciamiento de los fusiles. Pero de ahí que la preponderante base de “nada está acordado, hasta que todo esté acordado” no haya degenerado en entelequia, es otra cosa.

En eso cada parte en confrontación pareciere escudarse. El establecimiento gubernamental para impulsar sus planes a futuro mediato, expresado en la dinámica legislativa impuesta contra las aspiraciones del campesinado colombiano; las adocenadas políticas neoliberales como si nada estuviera sucediendo y el complejo escenario de presencia actual del paramilitarismo que se viene practicando y causa aprehensión; lo cual – a su vez- está generando positivo relacionamiento del movimiento popular y de masas hacia la acción y en tanto, la contraparte insurgente incurre en una especie de marasmo, sino moral, al menos físico, en cuanto a determinar en qué aspectos puntuales ajusta, definitivamente, sus alcances para dar el salto inminente para el Acuerdo Definitivo; dado ya el esclarecimiento de la existencia de una Comisión de la Verdad Histórica del conflicto en Colombia.

Cómo llegar a un acuerdo definitivo

Punto álgido a asumir. El planteamiento por parte de la insurgencia esta consecuencialmente claro: definición por parte del Establecimiento-con la venia del imperio y no del cipayo interés militarista y oligárquico colombiano- de un cese bilateral definitivo a toda confrontación armada en el territorio nacional. Esto conllevaría a un inminente cambio en el escenario nacional: Uno, reconocimiento de una institucionalidad militar con todos sus espectros de soberanía nacional y territorial en el mapa político nacional. Dos, continuada presencia insurgente en tradicionales zonas de influencia sin símbolos de iconografía desafiantes. También efectos esenciales, a nuestro modesto modo de ver: facilitación al Acuerdo para que la Insurgencia del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N), se siente a manteles en la Mesa de Negociación para el fin del conflicto armado interno en Colombia y definición a tomarse por parte del Partido Comunista Marxista-Leninista, en clandestinidad, y su expresión armada el Ejército Popular de Liberación (E.P.L), con el mismo objetivo de definición histórica nacional.

De los instrumentos a implementarse

Para no redundar, se cuenta con un dinámico escenario, tanto nacional, como internacional, para implementar el uso y aplicación de mecanismos viables, tendientes a lograr la materialización del acuerdo del cese bilateral definitivo del fuego. No es momento de entrar en discusiones semánticas si será por medio de un “Acuerdo Plenipotenciario”! o por un “Armisticio” o por una “Capitulación”. No obstante diferenciemos:

Un armisticio consiste en la suspensión de las agresiones entre dos grupos (países, naciones, facciones) que se encuentran enfrentados en una lucha armada. El término armisticio proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a la suspensión de hostilidades que se pacta entre ejércitos o facciones en conflicto. El armisticio aparece como una suspensión temporal y convencional de las hostilidades. Es suspensión. (Definiciones tomadas del internet).

Acuerdo o Convención: en la acepción del derecho internacional privado (DIP) obedece a manifestación expresa y libre, de voluntades de partes vinculantes.

Capitulación

Se conoce como capitulación al convenio en que se estipula la rendición de un ejército, facción armada insurgente o rebelde, con entrega de plaza o punto fortificado. Se llama capitulación debido a los capítulos que prevé todo un suceso de entrega o rendición.

El lector en su sapiencia interpretativa sabrá ajustar cuál de las denominaciones es la que aplica al escenario real y objetivo colombiano.

Conclusión

Asistimos al repaso histórico de una Colombia en que definitivamente están dadas las condiciones tanto subjetivas internas como objetivas internacionales, para erigirnos como un país civilizado en la solución definitiva de la cruenta lucha armada por todos y todas padecida. Paz y jamás olvido a los caídos!

 

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