El tendido eléctrico que veíamos hace años ordenado en virtud del trabajo laborioso de los funcionarios dé Instituto Costarricense de Electricidad y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, hoy es un verdadero desorden y hay que decirlo, y se ve horrible con la cantidad de cables de una y otra cablera.
Gracias a lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio y leyes que se sumaron a él los postes y toda la red de conducción eléctrica tuvo que ser puesta al servicio de las compañías telefónicas privadas y de televisión por cable y eso ha dado como resultado que tengamos a lo largo y ancho del país verdaderas “telas de araña” con cables por aquí y por allá, puestos en desorden y sin el más mínimo deseo de hacer las cosas como deben hacerse con orden y con él deseo de que el paisaje no pierda su encanto. La contaminación visual es evidente y además hay peligro para los ciudadanos ante esa maraña de cables. Incluso, las cableras de televisión cuando el cliente ya no utiliza el servicio cortan los cables que van al domicilio, pero los demás quedan ahí, convirtiéndose el tendido en una bodega para esas empresas.
Es necesario que tanto compañías eléctricas como de cable, cumplan con la legislación existente y se tomen las medidas para que el orden prevalezca en ese accionar con los cables y podamos tener un mejor paisaje a lo largo y ancho del país.
Es verdaderamente desagradable observar que esos espacios públicos estén ya contaminados y lo peor es que al parecer a esas empresas cableras no les preocupa y siguen haciendo “guindajos” de más y más cables sin preocupación alguna.
Actualmente hay mecanismos modernos que pueden sustituir ese caos y que además de ser más eficientes lograrían dar un mejor aspecto y una mejor visualización del paisaje.
Sabemos que ya muchos ciudadanos han hecho el reclamo, pero desgraciadamente el caos continúa y por ello deben ser las autoridades las que hagan su parte y obliguen a la realización de una conversión en los tendidos de cables.
Dios quiera que esa corrección sea más temprano que tarde.
La cuestión del dólar tiene su faceta técnica, en la cual pasan entretenidos los economistas de Costa Rica, incapaces (y no porque sean tontos) de raspar más que la superficie del problema. También tiene su faceta más profunda y compleja, la cual exige un esfuerzo que está, más en el ámbito de la ciencia que el de la técnica. Pero no es posible intentar un acercamiento científico, sino es desde la economía política, puesto que aquí lo económico va entrelazado a profundidad con lo político y lo social.
Hablamos, a fin de cuentas, del proyecto o modelo de desarrollo de Costa Rica, el cual es producto de determinadas visiones ideológicas y está sostenido por ciertos intereses muy poderosos.
Dejando por fuera muchos aspectos y detalles, anoto los siguientes, como facetas especialmente significativas:
Un régimen dogmático de libre movimiento de capitales, el cual alcanza hoy un extremismo tal, que descarta cualquier posible control, ni siquiera sobre los capitales especulativos.
Una exitosa estrategia de mercadeo, que ha explotado la relativa cercanía de Estados Unidos y aprovecha la imagen de Costa Rica como país democrático, pacífico, ambientalista y con un sólido Estado de derecho. Si bien muchas de esas cualidades están hoy en pleno declive, siguen ejerciendo un poderoso influjo a nivel internacional.
Las dos cuestiones anteriores, en combinación con algunas otras, han dado lugar a un fenómeno bastante peculiar: la balanza financiera y de capitales en la balanza de pagos, genera un excedente positivo de divisas, que sobrepasa el déficit crónico en la balanza de bienes y servicios.
O sea: como tendencia de largo plazo (con oscilaciones episódicas) compramos bienes y servicios al resto del mundo en mayor medida de lo que les vendemos -lo cual advierte sobre el frágil desarrollo de nuestra economía- pero atraemos capitales en una cuantía tal que eso genera un excedente relativo de dólares.
De ahí la dolarización de la economía: muchos precios se expresan en dólares, muchos créditos se conceden en dólares. Todo lo cual conlleva un alto potencial de desestabilización, el cual se ha dejado entrever -sin explotar a plenitud- cada vez que el dólar sube o baja a un ritmo desusado.
Además, ello conlleva un grado creciente de extranjerización de la economía, sin promover su modernización, puesto que el sector de alta productividad (sobre todo las zonas francas) es un universo aparte. En rigor podemos afirmar que vivimos en un país no desarrollado que, cada vez más, es propiedad de gente que no nació ni vive en Costa Rica.
En los últimos siete meses, los diversos factores anotados se mezclaron con algunas cuestiones coyunturales (la situación mundial, el alza en las tasas de interés en Costa Rica) para propiciar un verdadero diluvio de capitales especulativos, sin que nadie mueva un dedo para moderar esa correntada desestabilizadora.
El consecuente desplome del dólar, favorece directamente a la banca privada, cuyo negocio descansa principalmente en los créditos en dólares, y al comercio importador, el cual ha de estar haciendo clavos de oro. También a quienes tienen créditos en dólares, pero ganan en colones, y trae un beneficio más o menos generalizado, a través de la baja de los combustibles.
Pero, en lo fundamental, esto pone en tensión amplios sectores de la economía, vinculados a las exportaciones, el turismo y las actividades e industrias que compiten con productos importados. Asimismo, se agrava la desarticulación interna de la economía, ya que los insumos producidos localmente no pueden competir con los importados. De prolongarse esa situación, ello produciría despidos, quizá cierre de empresas y, seguramente, ralentización, quizá recesión, de la economía.
El Banco Central, feroz guardián de la dogmática ideológica que subyace a este modelo, parece querer darle largas a esto, seguramente con el fin de hacer bajar la inflación, y en bien de la banca privada. El precio a pagar será mayor desempleo.
En 1981 se reformó de nuevo la Constitución para crear el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES), que no solo conserva las rentas que les son propias, sino que el presupuesto global será el producto de un plan quinquenal, aprobado conjuntamente con el gobierno, pero que nunca puede ser inferior al anterior, más la inflación; además establece que estas rentas no pueden ser abolidas o disminuidas, sino no se crean antes otras que las sustituyan
ÓSCAR AGUILAR BUGARELLI
Pablo Santana
La clausura de la vieja Universidad de Santo Tomás
La autonomía de las universidades, es uno de los logros más apreciados hasta hoy, por la sociedad costarricense. Desde la clausura de la vieja Universidad de Santo Tomás en 1888, el país no contó con otra universidad sino hasta 1941 con la creación de la Universidad de Costa Rica durante el gobierno de orientación social cristiana de Rafael Ángel Calderón Guardia.
Sin embargo, la idea de crear una universidad se había dado a conocer desde el año 1935, con la llegada al país de la llamada “Misión Chilena” que ese año hizo público un extraordinario informe sobre las grandes y necesarias reformas que urgían a la educación costarricenses. El Tomo III de dicho documento elaborado por el Dr. Luis Galdames se titula precisamente: La Universidad Autónoma, ya que a su juicio “no se concebiría, pues, una corporación docta que careciese del poder dinámico brotado de su propia vida interna, para renovarse y prosperar constantemente” pues corresponde a la propia universidad para ser tal, patrocinar sus propias “reformas más o menos trascendentales en frecuentes lapsos”.
Y lo más importante, concibió que “en gracia de la completa autonomía que se le confiera, la Universidad de Costa Rica va a encontrarse en condiciones más ventajosas que cualquiera de sus hermanas del continente, para desenvolver un plan de vasto alcance, con unidad y continuidad de miras. NO ENTRAÑARA SU ACCIÓN NINGÚN PREJUICIO, NINGÚN INTERÉS TRADICIONAL, NINGUNA SECTA NI NINGÚN PARTIDO, NINGÚN INFLUJO TRANSITORIO O IMPRUDENTE, EXTRAÑO A SUS FINES…” y obviamente señala que para lograrlo se necesita total independencia corporativa, absoluta y amplia “tanto cuanto sus normas de acción lo justifiquen. Es a esa independencia y a ese poder de medirse y determinarse según su propio criterio, a lo que llamamos AUTONOMÍA UNIVERSITARIA”.
Este histórico sistema de garantía a las libertades universitarias, siempre ha sido visto con positivo apoyo por la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que ha sabido cuidar de ese patrimonio; aunque no han faltado ni faltan quienes quisieran acabar con él
Garantía constitucional
Además, aparejada a esa autonomía de gobierno, y que no puede existir la una sin la otra, está la más irrestricta LIBERTAD DE CÁTEDRA, como garante del pensamiento académico y científico sin ninguna restricción.
Este informe fue la base sobre la cual se estructuró la ley que creó la Universidad de Costa Rica en agosto de 1940 y que abrió sus puertas en marzo de 1941. Así, desde el principio, esos dos hitos fundamentales para que una universidad se repute de seria, estuvieron presentes en todo el proceso de creación de la universidad.
Sin embargo, aquella garantía legal no era suficiente. Por ello, después de los hechos políticos de 1948, que nos llevaron a nuestra última guerra civil y la necesaria convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; ésta introdujo en el texto de la nueva Constitución de 1949 el concepto de autonomía institucional para varios entes especializados del estado e incluyó a la Universidad de Costa Rica, a la que otorgó plena autonomía y capacidad jurídica para “adquirir derechos y contraer obligaciones, así como darse su organización y gobierno propio” garantizando en ese momento, que sus rentas anuales serían el 10% del presupuesto dedicado a educación, cuyo manejo era absolutamente de su incumbencia y de nadie más.
Pablo Santana
Democraticación en el acceso
Con esto se garantizaba, nada menos que por vía constitucional, la más autónoma de las autonomías, como se dijo en su momento, y además con rentas claramente establecidas para ella y no fueran motivo de su manipulación. Si agregamos que, además, la libertad de cátedra quedó establecida también en la Constitución al señalar que es un principio fundamental de la enseñanza universitaria, el círculo de la UCR quedaba blindado y seguro en aquellos dos principios fundamentales.
Pasaron los años, la población del país aumentó, la gratuidad de la enseñanza secundaria que también estableció el nuevo texto fundamental y que, a su vez, complementó la ley de 1869 con relación a la educación primaria, incrementó la necesidad y demanda universitaria; por lo que entre 1970 y 1977 se crearon tres nuevas instituciones: Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), amparadas a una reforma constitucional, por la que todas las universidades que fueran creadas posteriormente al año 1949, gozarán todas de aquellos mismos derechos y garantías constitucionales de autonomía y libertad de cátedra.
Gracias a la existencia de otras leyes, las universidades recibían diferentes rentas que ayudaban a complementar los ingresos que señalaban sus leyes de creación; pero era obvia su insuficiencia e inconveniente disputa por obtener mayores recursos.
aparejada a esa autonomía de gobierno, y que no puede existir la una sin la otra, está la más irrestricta LIBERTAD DE CÁTEDRA, como garante del pensamiento académico y científico sin ninguna restricción
Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES)
Por eso, en 1981 se reformó de nuevo la Constitución para crear el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES), que no solo conserva las rentas que les son propias, sino que el presupuesto global será el producto de un plan quinquenal, aprobado conjuntamente con el gobierno, pero que nunca puede ser inferior al anterior, más la inflación; además establece que estas rentas no pueden ser abolidas o disminuidas, sino no se crean antes otras que las sustituyan.
Una vez establecido el nuevo fondo quinquenal, son las universidades las que, por medio de Oficina de Planificación de la Educación Superior y el Consejo Nacional de Rectores, organismos totalmente universitarios, aprobarán el plan de desarrollo y repartición porcentual de aquellos ingresos. Desde su vigencia, nunca se han dado conflictos insalvables entre las universidades, por este motivo,
Este histórico sistema de garantía a las libertades universitarias, siempre ha sido visto con positivo apoyo por la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que ha sabido cuidar de ese patrimonio; aunque no han faltado ni faltan quienes quisieran acabar con él.
Los huestes neoliberales son su principal enemigo, tanto que, en este momento, hay en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley enviado por el actual Poder Ejecutivo, de sueños autocráticos, que pretende que ese fondo sea creado por una comisión integrada por los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación que también supervisarían que las carreras que se ofrezcan estén dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de las necesidades de la empresa privada.
Si bien el Poder Ejecutivo solo tiene 9 diputados de 57, podrían encontrar que algunos de otros partidos apoyen semejante desafuero, por lo que la lucha que nos espera a los universitarios y pueblo costarricense, es grande.
ÓSCAR AGUILAR BUGARELLI, Catedrático Universidad de Costa Rica UCR y Universidad Nacional UNA.
Los “teóricos” “concepto-funcional-estructuralistas”, parsonianos y mertonianos algunos, apegados a su tradición coopto-populachera, efectista, sofismática, y fantochera, en función de una eficaz gestión de los intereses a los que adscriben, desde hace algún tiempo vienen utilizando dos términos: “Gobernanza”, (no es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis del poder formal y “Estado profundo” (tampoco es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis referido a lo que mejor ilustra lo que otros llamamos, “poder real” y sus expresiones. Ámbitos entrelazados en una relación dialéctica.
Poder formal, poder doméstico
“Derecha achorada”, “izquierda caviar“(Dina Boluarte), “Congreso golpista”, “prensa mermelera y mercenaria” (sirve a ambos poderes), son términos de consumo o análisis local, que se inscriben en el ámbito del poder formal. Acá podemos ubicar todo lo lamentable, que están haciendo los portadores de los poderes “montesquianos”, legislativo, ejecutivo y judicial: represión, matanza, mentira, encubrimiento, populismo, demagogia, entreguismo, ante ese “despertar del pueblo peruano”.
Sin detenerme en análisis previos, a continuación, cito las palabras de varias personas, ante el desenmascarado intento de la congresista Rut Luque Ibarra, en una “olla común”, en la plaza” Túpac Amaru”, de Cusco, haciendo demagogia. Esta congresista, quien votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo, prácticamente fue echada y tuvo que “salir huyendo” del lugar:
“…a los provincianos no nos va a convencer con sacos de arroz y fideos…basta ya congresistas y Dina Boluarte, váyanse de una vez”, “…(RLI) ha traicionado la voluntad del pueblo peruano…que no venga a banderearse… yo no soy de izquierda, de derecha, de centro, soy ciudadana…el pueblo se financia…que no venga a aprovecharse… ha recibido sus coimas…” “…(Pedro Castillo) ha sido elegido por la voluntad del pueblo… en honor a la democracia…más de 8 millones votaron por el presidente Pedro Castillo Terrones, que está secuestrado de forma ilegal, por la ultra derecha, por los altos mandos militares, por ese congreso asesino, corrupto, que está vendiendo a nuestro Perú… se le vacó de forma ilegal, sin respetar las normas constitucionales… los repudiamos… el pueblo tiene amor a la patria, que le falta a esos congresistas, que son parte de esta dictadura de ultra derecha, militar… ella es ventrílocua de esos mandos… están persiguiendo a quien piense diferente… dicen que somos terroristas, pero no. Buscamos la democracia el respeto y la vida…los hechos han demostrado que ellos son los terroristas… Dina Boluarte ha superado a Jeanine Añes de Bolivia…”. (“Te cuento todo”).
Es evidente la claridad y decisión de las multitudes de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Andahuaylas, Juliaca, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Lima y demás, frente al poder real y el poder formal, que tiene instalado un remedo de sistema parlamentario y se ha dedicado a ejecutar un recurso ya muy trillado: Criminalizar el descontento, recurriendo a argumentos burdos como el terrorismo y el “narcotráfico”.
Poder real
La realidad y clase de lucha que enfrentamos los latinoamericanos. ¿Neoliberalismo? ¿Soberanía vs. Agenda globalista?
Coincidiendo en algunos aspectos con otras propuestas, El Dr. Máximo Grillo Anunciata, propone que Perú se encuentra en el escenario de una conspiración, un plan racista de la clase dominante, del que se puede decir que está determinado por los planes geopolíticos de las potencias hegemónicas, para exterminar la población.
En octubre de 2019, se llevó a cabo en Estados Unidos el “Evento 201”, financiado por Will Gates, en el que participaron Rockefeller, (algunos judíos sionistas como) Rotchild, Kissinger, Soros, la OMS, el FMI representado por Cristina Lagarde (también judía sionista), el BM. Dijeron que la tierra no estaba en condiciones de darle de comer a toda la población humana, que debe ser reducida al 15%. Eliminar al 85%.
En la reunión de Dabos, en Londres, respaldada por la corona inglesa, se afirmó lo mismo.
Bertrand Rusell, premio nobel, en su libro “La Sociedad Industrial”, ya había dicho lamentar que no se reduzca la población en América Latina y recomienda sembrar virus y bacterias en los ríos y lagunas, para disminuir las poblaciones nativas.
Para el 2,050 habría 11 mil millones de habitantes y los “recursos” no alcanzan para darles de comer. La solución para estos intereses es el exterminio.
En este mismo orden, el gobierno de Fujimori, enmarcado en esta geopolítica, hablaba del “excedente poblacional nocivo”: los provincianos, los serranos, los empobrecidos, población que debía reemplazarse con población japonesa (según planes existentes desde la II guerra mundial).
En el marco de esta situación, la realidad histórica del Perú muestra que están presentes indicadores sociales precarios: Mujeres con anemia crónica que dan a luz niños también con anemia crónica que, desde que nacen están en desventaja permanente. Se trata del 60% de los niños. Además, existen altos índices de tuberculosis, alcoholismo, bajos índices de educación. Todo esto provoca un muy bajo coeficiente de inteligencia.
Esto es causa de ser un país que tiene la salud y la educación pública abandonadas. La alimentación del pueblo está deteriorada.
En Perú, la producción agrícola no está para que los peruanos coman, está para exportar, para que ganen dinero las empresas exportadoras, exonerada de impuestos, y la actual Constitución lo permite. Las mineras no pagan impuestos, y el Estado tiene que reembolsarles sus gastos. También la Constitución lo permite.
Por otro lado, Héctor Béjar, primer canciller del gobierno del presidente Pedro Castillo, quería sacar al Perú del Grupo de Lima, para sacarlo de los planes de invasión a Venezuela. Por eso lo sacaron de la cancillería; habían reconocido a Guaydó y firmado un convenio con la embajadora norteamericana por 321 millones de dólares, para mantener a los inmigrantes venezolanos: aplicación del plan estratégico del Comando Sur de Estados Unidos.
El gran negocio es apoderarse de las enormes reservas del petróleo venezolano y darle un golpe a la economía china (Ya lo hicieron con Japón en la II Guerra mundial, porque los japoneses les habían arrebatado todo el mercado de las costas del Pacífico, impidiendo el desarrollo industrial de la costa oeste de Estados Unidos. Por esa razón, como parte de sus planes geopolíticos, el coronavirus y sus 5 sepas, que está patentado en Estados Unidos, fue transportado a Buján en octubre de 2019, en el marco de las Olimpiadas Militares Internacionales. En esas olimpiadas, el primer puesto lo sacó Rusia, Estados Unidos sacó el puesto 31, porque no mandó un equipo de atletas, sino un equipo de sicarios a sembrar el virus).
La política exterior del Perú, la dirige la embajadora de Estados Unidos, no hay soberanía y así, sabotean los intentos de reforma y mejora para el pueblo. En Perú, hay 14 bases militares norteamericanas: ¿para qué?
Debe haber soberanía. Hay que cambiar la Constitución, debe haber una reforma impositiva: la derecha no quiere pagar nada, no quiere ceder en nada, desprecia al pueblo.
Perú está siendo saqueado de la forma más cruel. Hay reformas, o hay guerra civil.
Estado de cosas en Perú; golpe de Estado en Bolivia; movimientos de desestabilización en Brasil; atentado contra Cristina Fernández; descontento con el presidente Petro; la soberanía y las democracias nacionales en estado de supervivencia; militares formados en Estados Unidos; derechas burdas; argumentos de financiación por el narcotráfico.
Elon Musk: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos. Lidien con eso”. (Tremending-público)
“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”. Simón Bolívar, 5 de agosto de 1829.
Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica)
Los países BRICS, por ahora se plantean como una opción multi polarista, frente al uni polarismo USA/OTAN.
Se ha dado en llamarlos BRICS/plus, debido a las intenciones de otros países, como Argentina e Irán, de participar en esta propuesta.
La lucha por la vida y por la paz
La paz es opción de sensatos e inteligentes; la guerra es recurso de egoístas, cobardes y opresores. Es hora de tener sabiduría y dignidad para emprender con estatura y firmeza, las luchas que deben darse. Queremos vivir en paz, pero lamentable: otros vendrán a hacernos la guerra.
Independientemente de análisis teóricos sobre derechas “achoradas”, “bolsonaristas”, congreso golpista; agenda globalista, geopolítica, soberanismo, líderes e intereses mundiales; chinos, rusos, estadounidenses; demócratas o republicanos. Es imprescindible tener la claridad: El capital no tiene patria, solidaridad, compromiso con la democracia, sino oficinas, centros de operaciones y grupos serviles locales, a los que más les interesa dónde realizan sus intereses egoístas y no tanto velar por el bienestar del país en el que nacieron.
Más allá de las democracias de unos y las libertades de otros; de la mano invisible del mercado, invento pérfido cubierto bajo un guante, para favorecer a unos y maltratar a otros, el momento demanda una posición crítica, propositiva y constructiva, por la vida y por la paz.
La unidad de sectores y poblaciones es urgente. Además, es pertinente evitar los medios de distracción, desinformación y embrutecimiento colectivo, iniciando con modas, noticias, artes y deportes.
Constitución Política Vs. Directrices del Banco Mundial
Una opción irrenunciable, que debe tomarse y ser fortalecida, es defender y aplicar lo que las Constituciones nacionales establecen en todos los órdenes y oponerse con esta base, al Banco Mundial y sus directrices.
Todo oponente, individual o colectivo, se ve invencible, antes de verlo con claridad y tomar la decisión de enfrentarlo.
Es hora de reconocer nuestros poderes y convocarlos.
Telenoticias de Canal 7 trasmitió un reportaje de un operativo policial anti-drogas en Puntarenas. Una caravana de cerca de 10 vehículos avanzaba a las 3 de la mañana con cerca de 50 policías fuertemente armados con lo último de la tecnología criminal, pertenecientes a varios cuerpos -de muchas siglas que no conozco- por lo riesgoso del caso. Aquellas “tomas” me recordaron algunas películas de Hollywood de cuerpos militares del Ejército de USA ingresando a alguna región de Faluya, Irak.
Pero nuestras fuerzas especiales ingresaban al barrio Fray Casiano de Madrid; el objetivo fue detener a dos menores de edad de 17 años que son ya sicarios, supuestamente verdugos de otro joven de 21 años. En otros sitios como Chacarita, El Roble y otros se detuvo a 5 personas más.
¡Qué tristeza ver a jóvenes en esta situación! Es la guerra contra los pobres, como la han llamado algunos estudiosos del tema.
Estamos en presencia de una nueva pandemia que ha dejado cerca de un millón de muertos, como ha dicho el presidente de Colombia Gustavo Petro. La guerra contra las drogas iniciada por Nixon ha sido un total fracaso, aunque nuestros pueblos son los que mayoritariamente ponen los muertos. Petro, el más lúcido presidente de América Latina, acaba de proponer una política unitaria de América Latina para enfrentar este flagelo, agudizado aún más por la aparición del Fentanilo como una nueva droga que mató el año pasado a cien mil estadoudinenses. Ningún país por sí solo es capaz de enfrentar el problema de narcotráfico.
El mes pasado ha sido el más violento de la historia del país. Y así seguirá ocurriendo. El círculo que estamos creando es que esa guerra crea mayor pobreza y desigualdad que son a su vez los factores estructurales detrás del sicariato y el tráfico de drogas. Romper ese círculo es la única forma de enfrentar acertadamente el problema. Pero el Gobierno actual, igual que los anteriores, creen que SOLO a punta de represión se solucionará.
Las cosas deberían plantearse con claridad a la población.
La realidad es que en el país existen múltiples PANDILLAS, que dominan territorios, unos más extensos que otros, en todas las provincias y regiones. Las autoridades quieren adornar las cosas y no las llaman por su nombre: Pandillas, tal y como se denominan en El Salvador, Honduras y otros países. Tal vez podríamos diferenciarlas del cartel porque estas se dedican a la distribución local y no internacional.
Esas pandillas están en guerra entre ellas por el mercado de los estupefacientes y en ella se matan.
Si el círculo vicioso no se rompe, los índices de violencia y asesinatos entre nuestros jóvenes seguirá creciendo.
Es urgente exigir al Gobierno una política integral para enfrentar al narcotráfico y las pandillas.
La guerra contra ellas tal y como se ha llevado a cabo, ha fracasado rotundamente.
“Debemos aprender a pensar en una nueva forma. […] Está comprobado con gran autoridad que actualmente puede construirse una bomba con una potencia 2.500 veces superior a la que destruyó Hiroshima…” (Extracto del manifiesto conocido como “Manifiesto Russell-Einstein”. Se refiere desde luego, a Bertrand Russel y Albert Einstein. Dado a conocer el 9 de julio de 1955.)
“Urgimos a los Gobiernos del mundo a tomar conciencia y a reconocer públicamente que sus propósitos no pueden alcanzarse por medio de una guerra mundial. Los instamos a encontrar medios pacíficos para la solución de todo conflicto o disputa entre ellos”. (Extracto del mismo manifiesto conocido como “Manifiesto Russell-Einstein”.)
La Política y no la Guerra.
Los dos párrafos insertos arriba, forman parte de un artículo elaborado por el prestigioso intelectual, filósofo del siglo XX, Bertrand Russell, quien escribió sobre las armas que fueron hechas estallar en Hiroshima y Nagasaki. Desde el 18 de agosto de 1945, pasados apenas unos días después del estallido de las temibles bombas atómicas, ya Bertrand Russell había escrito en las páginas del Glasgow Forward un desafiante artículo sobre las armas que, acaso se convertiría después en la base del famoso Manifiesto Russell-Einstein”: “La humanidad -dijo uno de los más prestigiosos intelectuales del siglo XX- se enfrenta a una clara alternativa: O bien morimos todos o bien adquirimos un ligero grado de sentido común. Un nuevo pensamiento político será necesario si se quiere evitar el desastre final«.
Nueve años después, el mismo Russell apodado el “sabio de Trellech” redactó un manifiesto, el cual fue firmado por once de los más prestigiosos científicos de la época. El último en estampar su firma fue el gran genio alemán, Albert Einstein el 16 de abril de 1955, justo dos días antes de fallecer abatido por un aneurisma. Todos, con excepción de dos de ellos, en ese momento tenían la distinción de haber recibido el premio Nobel de la Paz. Los siniestros artefactos nucleares habían cegado la vida de miles de seres humanos en las dos ciudades japonesas mencionadas, célebres por aquel infausto acontecimiento, extendiéndose a otros lugares circunvecinos y dejando a muchos más marcados de por vida con las torturantes huellas de las mortíferas explosiones; mientras tanto, otros miles, incluidos entre ellos una gran cantidad de niños, fueron víctimas de la radiación ionizante que les ocasionó severas discapacidades.
Dice un artículo que comenta el documento: “El Manifiesto Russell-Einstein se dio a conocer el 9 de julio de 1955. Conciso pero cargado de intenciones, el escrito alerta de los riesgos que encara la humanidad si prosigue en el camino de la guerra y el desarrollo de armas cada vez más mortíferas. Lejos de lanzar una simple queja al aire, el manifiesto exigía a los gobernantes que buscasen una solución pacífica a la escalada de tensión entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética.” (Cfr. En: https://hipertextual.com/2018/08/manifiesto-russell-einstein. Por Carlos Prego 26 de agosto de 2018. Última actualización 10 de marzo de 2021).
Como puede observarse, después de la segunda posguerra, algunos de los más afamados científicos se echaron al hombro la tarea de sentar las bases para que las soluciones a los problemas del mundo bipolar, el cual nació jalonado de tensiones indecibles se dieran mediante la búsqueda de la paz, en lugar de que la ciencia se pusiera a la orden de la mentalidad guerrerista. Aquel mundo bipolar quedó atrás. Sin embargo, no bien acababa de hacer su aparición el mundo de la multilateralidad (después del interregno tan peligroso para el orbe al ser dominado por una sola gran potencia), cuando despuntó con nuevos bríos, el espíritu guerrerista de las élites mundiales que gobierna a las más grandes potencias mundiales.
Otra vez, el peligro de una nueva hecatombe mundial asoma sus fauces, está ominosamente presente, sin que todavía buena parte de la humanidad esté debidamente precavida del enorme riesgo que esta conflagración, de desatarse con toda su furia, representa para la vida entera sobre el planeta. Además, esta vez nos toca la puerta, cabalgando a lomos del calentamiento global. ¡Como si fuera poco! Bien sé que mi voz es apenas audible en un país pequeño, aunque renombrado por su vocación pacifista; sin embargo, este ensayo que escribo hoy, quiero que sea un esfuerzo humilde, aunque osado, para que se sume a muchos otros que ya han puesto su alerta temprana y retomar así la senda que aquellos once científicos de inigualable prestigio nos dejaron abierta desde el manifiesto de 1955. ¿Se podrán resolver los conflictos de hoy por una vía de negociación pacífica? Otra vez, la política a toda costa y no la guerra, debe ser la senda y la meta. ¿Se podrá?
Cuando la paz ha sido victoriosa.
1. Mahatma Gandhi. “La no violencia no es una prenda que uno se pone o quita a su voluntad. Su lugar reside en el corazón y debe ser una parte inseparable de nuestro ser.” Esta máxima la expresó Mahatma Gandhi, abogado, pensador y político hindú. Mahatma Gandhi (Mahatma por cierto quiere decir en hindi “alma grande”), ha sido uno de los seres humanos que más realce y éxito le han conferido a la lucha no violenta, desde que inició su Movimiento el 11 de setiembre de 1906. Aunque el extraordinario líder pacifista no regresó a la India, su país de origen, sino hasta 1915. Tal realce cobró su lucha, que logró reunir multitudes de gran diversidad religiosa y étnica en torno a su idea, logrando coronar con éxito la independencia hindú respecto del régimen colonialista del poderoso Imperio Británico. Gandhi emprendió su lucha por la independencia hindú, siguiendo el camino de la resistencia no violenta, combinándolo con la lucha contra la discriminación racial en todo el territorio. Por fin, la independencia de India se produjo el 14 de agosto de 1947. Es importante señalar que su enorme éxito y prestigio, no consiguieron impedir que su país quedara dividido en dos, la India con mayoría hindú por una parte y Pakistán de mayoría musulmana por la otra. Gandhi perseveró en el objetivo de alcanzar la reconciliación de los bandos en pugna, pero sufrió un atentado que acabó con su vida, el 30 de enero de 1948. Puede afirmarse sin titubeos que, desde entonces, el camino de la lucha por la vía no violenta adquirió carta de ciudadanía en pleno siglo XX. Tan es así que, unas décadas después, en junio del año 2007, la organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Asamblea General, reconoce la filosofía de la No Violencia y acuerda que, en todo el mundo se celebre el 2 de octubre de cada año, en homenaje a Mahatma Gandhi, por ser el día de su natalicio. (resolución A/RES/61/271, la ONU decreta el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre de cada año).
2. Nelson Mandela. “Mientras salía por la puerta hacia la puerta que me conduciría a mi libertad, supe que, si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, todavía estaría en prisión.” Esta frase, la expresó Nelson Mandela después de ser liberado de un encierro en la cárcel durante 27 años. Mandela fue encarcelado en 1964, tras un juicio en el cual se le declaró culpable de sedición e intento por derrocar al gobierno racista de Sudáfrica, su Patria. Se le impuso la condena de cadena perpetua. En 1990, fue liberado por el gobierno de Frederic de Klerk. En cambio, hasta el año 2008, Los Estados Unidos lo mantuvieron en la “lista de Terror” que, ese país que ha desatado con sus guerras tanto terror por el mundo, exhibe. Ello fue así, aunque Nelson Mandela, desde 1994 había sido electo por abrumadora mayoría, al cargo de presidente legítimo de su país y gozaba de un reconocimiento mundial. Mandela había empezado su lucha contra el “racismo” y el “apartheid” a la edad de 20 años. Se enroló en el movimiento negro llamado “Congreso Nacional Africano” (ANC, por sus siglas en inglés). Se trataba de un movimiento de resistencia no violento contra las leyes injustas, hasta que se produjo la masacre de “Sharpeville”, en marzo de 1960. Esta masacre ocasionó la muerte de 69 africanos negros. Por lo tanto, Mandela no siempre siguió esa línea pacifista de lucha. No obstante, su larga trayectoria de resistencia pacífica contra el racismo y el apartheid no puede verse obscurecida por su decisión de combatir, incluso con las armas, al gobierno segregacionista de Sudáfrica, cuando este desató una violenta represión generalizada contra la mayoría negra. Prueba de lo anterior es que, en 1993, Mandela y el presidente blanco F.W. de Klerk, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz por la transición pacífica de un sistema racial de segregación, a otro democrático.
3. Martin Luther King. “Tengo un sueño, sueño que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel sino por su carácter. (…) sueño que un día en Alabama los niños negros puedan tomarse de la mano con las niñas y los niños blancos como hermanas y hermanos.” King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, EUA. Difícilmente se pueda encontrar un ser humano que haya vivido tan intensamente, de manera tan congruente con sus principios y ética, en un período de tiempo tan corto; este fue el célebre caso de Martin Luther King. La información que he consultado pone de relevancia junto a lo expresado que: Luther King (parafraseo) es uno de los más grandes luchadores por los derechos humanos en la historia estadounidense en todo el siglo XX. Hizo estudios de sociología obteniendo su título en 1948, además incursionó en un posgrado en teología alcanzando en este caso el grado de doctor en Teología, por la Universidad de Boston. Llegó a ser Pastor de la Iglesia Baptista, en Montgomery, Alabama, y en tal virtud comenzó su lucha por los derechos civiles, liderando las acciones contra las líneas de autobuses durante 382 días por discriminar a la población afroamericana. Al mismo tiempo, fue el encargado de emprender otra lucha pacífica para conseguir la igualdad de derechos civiles de las personas afroamericanas. El extraordinario líder, poseía además una gran capacidad de oratoria, lo que contribuyó grandemente a que se convirtiera en uno de los personajes más mediáticos e influyentes de aquel momento. En un lapso de poco más de 10 años conquistó grandes metas en la lucha por los derechos civiles, manteniéndose siempre dentro de las posturas no violentas y manifestaciones pacíficas. (Cfr. https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/nace-martin-luther-king-defensor-de-los-derechos-civiles-y-ganador-del premio-nobel-de-la-paz.)
En las décadas de 1950 y 1960, Martin Luther King lideró un gran movimiento social, contra el racismo y la discriminación en su país, bajo el principio de desobediencia civil sin violencia. Célebre fue su determinación de enfrentar diversas empresas de autobuses que exigían a las personas no blancas que cedieran sus asientos a los blancos. (Ibidem). En 1963 dio otra batalla civil en Birmingham, donde encabezó manifestaciones pacíficas multitudinarias que las fuerzas policiales blancas combatieron con perros policía y mangueras contra incendios, generando una gran polémica presente en los titulares de diversos periódicos de todo el mundo. Las protestas pacíficas y los boicots llevados a cabo en la ciudad tuvieron como resultado su arresto en abril de 1963. Durante su estancia en prisión Luther King escribió la popular “Carta desde la cárcel de Birmingham.” Dentro de este ensayo explica el por qué de sus protestas. No duró mucho en prisión, debido a su relación con el entonces presidente John F. Kennedy, quien contribuyó a su liberación. (Ibid.).
Las posteriores manifestaciones multitudinarias en muchas poblaciones culminaron con una concentración estimada en unos 250,000 manifestantes, en Washington, DC. Fue ahí donde King pronunció su famoso discurso que tituló “Tengo un sueño” (I have a dream), en el que imaginaba un mundo donde las personas pudieran vivir en igualdad, sin estar divididas por su raza. (Ibid. Un extracto de este discurso encabeza el inicio de este relato).
El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Tenía solamente 35 años, por lo que se convirtió en el hombre más joven en recibir este reconocimiento. Años más tarde, a finales de marzo de 1968, viajó hasta Memphis, Tennessee, con el objetivo de apoyar la huelga emprendida por trabajadores de ascendencia afroamericana que laboraban en la recolección de la basura. El movimiento aspiraba a obtener sustanciales mejoras en sus condiciones laborales. Lamentablemente, el 4 de abril de 1968 a las 6:01 de la tarde, mientras estaba en la terraza de la habitación del Motel Lorraine, Martin Luther King con tan sólo 39 años, fue asesinado. (Ibid.) El mundo entero que ama la lucha no violenta lloró su muerte; ya que había perdido físicamente a un inigualable líder de la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en los Estados Unidos, sin haberse separado nunca de los métodos de lucha no violentos.
4. Malala Yousafzai. “Queridos hermanos, no estoy en contra de nadie. Tampoco estoy aquí para hablar en términos de venganza personal […] Estoy aquí para defender el derecho a la educación de cada niño. Quiero educación para los hijos e hijas de todos los […] terroristas y extremistas”. (Discurso de Malala Yousafzai en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de julio del 2013). Malala pronunció este discurso a la edad de 16 años, con una serenidad y aplomo sorprendentes en una niña de su edad, sin que fuera posible advertir en ella ni una pizca de rencor por el atroz atentado que había sufrido a manos de un terrorista, el cual invadió el bus colegial en que viajaba disparando específicamente contra ella varias veces y ocasionándole heridas de gravedad, así como a tres niñas más. ¿La causa de aquel salvaje atentado? Los talibanes en Pakistán ya la habían amenazado de muerte, para impedir que la niña, inspirada por su padre, dedicase gran parte de su tiempo a defender el derecho de niños y niñas a la educación. Sabido es que Malala, con indecible valor, acometió la tarea de denunciar las arbitrariedades y reiteradas violaciones de los derechos humanos en que incurría el régimen del Tehrik-i-talibán (TTP). Este régimen despiadado y cruel, había ocupado militarmente el valle del río Swap, asesinando a muchos habitantes, destruyendo escuelas y prohibiendo la educación de las niñas entre el 2003 y el 2009. Cualquier persona que conozca estos antecedentes, la lucha de la joven niña Malala Yousafzai por el derecho a la educación, y quien además haya visto el video que se ha difundido de Malala dirigiendo el discurso ante los líderes de todo el mundo, debe haber experimentado el mismo sentimiento que yo tuve, un sobrecogimiento enorme ante su proverbial valor para una joven de su edad. Malala es grande, enorme espiritualmente; no alberga odio en su corazón, predica el derecho a la educación que tienen todos los niños del mundo, aún aquellos que les haya tocado en suerte ser hijos e hijas de Talibanes. Malala es también una activista de la lucha no violenta y ejemplo singular de la juventud consciente. Así como Martin Luther King Jr. Es el hombre más joven en haber recibido el premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, es por mucho la mujer más joven que haya recibido con propiedad este merecido reconocimiento, cuando apenas contaba 17 años de vida.
Corolario.
La lucha pacífica ha sido muy exitosa en el mundo, aunque la especie se siga dejando llevar por la violencia. Creo que una y otra, cada una a su manera son contagiosas. Ni que hablar de la violencia, “siembra vientos, cosecha tempestades” reza una expresión en apariencia de origen bíblico atribuida al profeta menor Oseas, cuando dijo “Porque sembraron viento, torbellino segarán”. Pero, la paz se transmite de generación en generación, mediante acciones ejemplarizantes como las que he narrado en este ensayo. Eso sí, puede que resulte más difícil inculcar valores éticos de solidaridad, porque exige desprendimiento personal; de amor, porque el desamor camina fácil; de amistad, porque cuesta alcanzarla y más aún consolidarla, mientras que la envidia, la mezquindad, la insidia o las murmuraciones se desatan por doquier.
La violencia ha acompañado a nuestra especie desde tiempos remotos; la no violencia, aunque como creo haberlo demostrado tiene experiencias exitosas a su haber, es difícil para el ser humano llevarla consigo, porque requiere de mucha congruencia, de una gran fortaleza del espíritu, para no dejarse tentar por las veleidades mundanas, y somos ligeros y volubles. A nivel de las naciones para forjar la paz es imprescindible la educación constante y para todas las personas, se requiere justicia en lo económico, social y cultural, hay que eliminar la pobreza y la desigualdad y lograr un espíritu de colaboración y diálogo entre todas las naciones.
Hoy sin embargo y cada vez más, el ejercicio de la violencia conlleva mucho más peligro de destrucción global que nunca, por el enorme poderío de las armas nucleares que se han inventado, merced al vasto desarrollo tecnológico puesto al servicio de las empresas de la guerra y de la destrucción. Quiero concluir trayendo a colación otro fragmento del “Manifiesto Russell-Einstein”, considero oportuno recomendar que reflexionemos sobre ello: “Nadie sabe cuán ampliamente esas partículas radiactivas podrían diseminarse, pero las mejores autoridades expresan unánimemente que una guerra con bombas-H podría posiblemente poner fin a la raza humana. Se teme que si varias bombas-H fueran usadas habría una muerte universal repentina solo para una minoría, pero para la mayoría continuaría una lenta tortura de enfermedad y desintegración”.
La baja del dólar contribuye a la reducción del precio de los combustibles, lo cual libera poder adquisitivo que la gente podría utilizar incrementando sus compras de consumo, a la vez que ello alivia los costos de las empresas. Y, sin embargo, es muy posible que el efecto estimulante que ello pudiera tener, es mucho menor de lo que, de entrada, podría creerse, puesto que, con mucha seguridad, una parte significativa de esa mayor demanda se desviará hacia las importaciones.
El caso es que la revalorización del colón frente al dólar no solo afecta la competitividad de las exportaciones y del turismo, sino que, asimismo, golpea a todas las actividades económicas que producen mercancías -desde las galletas y detergentes a los frijoles y el calzado- que compiten con productos importados. No esperemos que estos últimos tengan una gran rebaja, puesto que el comercio importador es un negocio controlado por oligopolios que están en posición de manipular los precios. Basta, en todo caso, con llevar las cosas a un nivel que ponga en aprietos a los productores nacionales y les robe mercado, hasta, eventualmente, sacarlos del juego.
Al abaratarse las importaciones, se abaratan no solo bienes importados que las personas consumimos, sino también insumos que las empresas requieren para producir. Resulta entonces que insumos que podrían producirse en el país, se importarán, lo que impide que se desarrollen nexos entre los diversos sectores productivos. Ello simplemente agrava el viejo problema del desmembramiento de la economía: no hay encadenamientos y, entonces, el sistema productivo costarricense, termina convertido en una tela deshilachada. Un ejemplo para ilustrar este punto: recientemente Dos Pinos anunció que sacará al mercado nacional una nueva marca de galletas. Solo que… las galletas no se producirán en Costa Rica.
Todo esto reduce sustancialmente, tanto el dinamismo de la economía como la generación de empleos.
La revalorización del colón frente al dólar es un problema viejo. Empezó a manifestarse en 2008, y se cronificó a partir de 2010. Lo acaecido en el último semestre ha sido, sin embargo, un movimiento abrupto, nunca visto antes.
Es necesario entender que la tasa de cambio colón-dólar es un precio demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado. Necesitamos que sea estable y realista, sin movimiento descontrolados ni hacia arriba ni hacia abajo.
Y en cuanto a la revalorización crónica del colón, la única forma saludable y sostenible de resolverla es mediante una política industrial, destinada a elevar la productividad y modernizar y diversificar la economía. Lamentablemente eso está totalmente ausente de la agenda política nacional.
A pesar de ser un día destinado a la protección de uno de los elementos fundamentales del medio ambiente como son los humedales, con mucha tristeza, molestia, coraje, indignación, vergüenza e impotencia Costa Rica ha dejado pasar una oportunidad única e importante para ser congruente con su imagen de país verde y decidió el congreso dejar vencer el plazo para la para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ conocido como Acuerdo de Escazú”.
Este acuerdo tenía como propósito Proteger a las personas que defienden el ambiente y prevenir los conflictos ambientales garantizando que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en éstas desde el principio. Es el primer instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente de nuestra región. Su proceso de negociación contó con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como con la participación activa de la sociedad civil.
Es vergonzoso que Costa Rica, país en el que se firmó el acuerdo para hacer realidad este avanzado proyecto se negara a firmarlo porque tuvo una votación unánime en el primer debate, que luego la Sala Constitucional anuló y obligó a iniciar el proceso el cual debía de cumplirse dentro del plazo de cuatro años y simple y sencillamente dejaron que ese plazo venciera. Una incongruencia total.
País verde que niega la participación ciudadana en materia de ambiente. País verde que impide que se abran opciones para un desarrollo de la legislación ambiental y la protección que requiere para ser más amigables con el ambiente.
No hubo voluntad política y posiblemente si hubo intereses económicos y personas interesadas para que esto no se diera.
Con 11 votos a favor y 41 en contra, enterraron el “Acuerdo de Escazú”. En contra representantes de Nueva República y de la Unidad Social Cristiana junto al Liberal Progresista y Liberación Nacional allanaron el camino para evitar que Costa Rica participe de un acuerdo ambiental que fue, incluso, elaborado en Costa Rica y aprobado ya por grandes economías, como la de Chile, Argentina, Panamá y otras.
Lo peor de todo es que se archivó sin que se diera un solo debate en torno a su conveniencia o no. Simplemente dejaron pasar el tiempo y ya. Cientos de organizaciones ambientales trataron de que se les escuchara y que por lo menos se abriera un debate mediante la aprobación de la ampliación del plazo, pero no fueron escuchadas.
Muy lamentable y es urgente buscar los mecanismos de derecho internacional para tratar de revivir este acuerdo y pueda ser ratificado por Costa Rica.
Familiares de asesinados, siendo gasificados por militares y policías, en plena ciudad de La Paz – Bolivia.
Después de argumentar en varias oportunidades que la Ex Presidenta de Facto de Bolivia, Jeanine Añez, debe ser procesada por un Juicio de Ordinario y no por un Juicio de Responsabilidades (o de Privilegio), imaginé que con la Resolución del caso de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, el debate había concluido, pero nuevamente afloran supuestos intelectuales, políticos de derecha y hasta algunos afines al Proceso de Cambio, señalando que Añez merece ser privilegiada con un Proceso que solo es para Presidentes Constitucionales.
Fíjense que el discurso de la derecha y de algunos afines al Movimiento al Socialismo – MAS (primera fuerza partidaria en Bolivia), responden a una operación ideológica revestida de un formato pseudojurídico, con la utilización de los grandes medios de comunicación, intentando mostrar únicamente el efecto del Golpe suscitado el año 2019; estas personalidades critican únicamente los últimos acontecimientos, sin contar con el contexto histórico y político que llevó a la masacre y matanza en Sacaba, Senkata y El Pedregal; las opiniones que emiten a través de sus cuentas personales en redes sociales, alimentan el discurso de una derecha neoliberal y conservadora. Por lo que voy a argumentar, una vez más, por qué Jeanine Añez tiene y debe ser procesada en Juicios Ordinarios.
Previamente recordemos algunos hechos históricos. En noviembre del 2019, se llevó a cabo un Golpe de Estado en Bolivia, a la cabeza de militares, policías, políticos de derecha, la iglesia católica e “intelectuales”, ocasionando una ruptura constitucional. Todo este plan se inició con diferentes demandas de forma específica en la ciudad de Santa Cruz, el desprestigio en redes sociales del Ex Presidente Evo Morales Ayma, mediante la creación de Fakes News, lo que derivó en la ciudad de Santa Cruz en un paro de 21 días, por un supuesto Fraude Electoral –nunca fue comprobado–, ocasionando un vacío de poder político, un motín policial y una solicitud cohercionada del Alto Mando Militar para que Evo Morales Ayma renuncie como Presidente Constitucional. Una vez ejecutado el plan, un grupo reducido tomó el Palacio y la Casa Grande del Pueblo (sede del Gobierno), atrincherándose por casi un año, con una falsa bandera de democracia, fraude electoral y pacificación, con la utilización de la fuerza policial y militar, asesinando a los ciudadanos movilizados y auto-convocados para defender al gobierno democrático en Sacaba, Senkata y El Pedregal.
El 11 de noviembre de 2019, Jeanine Añez, publicó un vídeo en sus redes sociales, en el que instruía a las Fuerzas Armadas coordinar con la Policía Boliviana Nacional y realizar acciones represivas en contra de los sectores sociales movilizados, que clamaban por nuevas elecciones y el retorno de Evo Morales Ayma; además, Añez llamó criminales y delincuentes a las Organizaciones Sociales; las mismas organizaciones que días más tarde se sentaron con Añez en la mesa de “pacificación”. El 19 de noviembre, policías y militares reprimieron a civiles en la ciudad de El Alto, donde se registraron 10 muertos por proyectiles de arma de fuego y 31 personas heridas; recordarán aquel Ministro de Gobierno de Jeanine Añez, que realizó una conferencia de prensa, declarando que las personas se habían dispararon entre ellos, los golpistas inventaron que querían explotar la Planta de Gas de Senkata, no sabían cómo justificar los delitos que habían cometido y que ahora la justicia los persigue uno por uno. No olvidemos que el 14 de noviembre, Jeanine Añez junto a su gabinete, promulgó el Decreto Supremo N° 4078 (llamado “Decreto de la Muerte”) otorgando impunidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Boliviana; precisamente en cumplimiento de este Decreto ocurrieron las masacres en Senkata, Sacaba y el Pedregal.
Ingresando al debate de qué juicio merecería Añez, el mismo se inició al momento de su detención en marzo de 2021; entonces se discutía si la deberían procesar en un Juicio de Responsabilidades (Privilegio) o un Juicio Ordinario, por el último se argumentó que la imputada no tuvo una asunción constitucional; existió una autoproclamación vulnerando la Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores; no llegó a contar con ninguna credencial que es otorgada por el Tribunal Electoral Plurinacional; no cumplió con el formalismo requerido para la posesión de Presidentes o Presidentas Constitucionales; y por sobre todo, los delitos de lesa humanidad (entre los que se encuentra el genocidio), conforme Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no deben contar con ningún tipo de privilegio o fuero. Con estos argumentos, Jeanine Añez, está siendo procesada por la Vía Ordinaria en un Juzgado Anticorrupción de La Paz, por la designación irregular de Karina Leiva Añez como Gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos – EBA, en mayo de 2020, cuando Añez se encontraba de Presidenta de Facto e Inconstitucional; la Jueza de la causa procesal, se declaró competente y rechazaron todos los incidentes planteados por la defensa de la imputada. Entre los principales argumentos de la competencia de la Jueza señaló que Áñez: “No acreditó de manera documentada” –que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales– “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”. En ese marco, justificó que: “La asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley N° 044. El Tribunal de Alzada argumentó que: “ninguna persona puede autoproclamarse Presidenta o Presidente y menos atribuirse mandatos para los que no fue designada y/o elegida”, siendo que esto infringe los postulados de la Constitución Política del Estado.
El 24 de enero de 2023, el Juez de la causa de los asesinatos cometidos en Senkata de la ciudad del El Alto, durante el gobierno de Facto de Jeanine Añez, declaró tener competencia para conocer el proceso y llevarla a Juicio Ordinario por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves. Se ratificó así el primer Suceso Histórico del caso EBA, marcando nuevamente jurisprudencia nacional e internacional, enviando el mensaje que ninguna persona volverá a autoproclamarse como Presidenta de un Estado y asumir funciones que no le fueron delegadas y/o designadas; y que además quiera gozar de un privilegio (el Juicio de Responsabilidades) que únicamente es para los Presidentes elegidos por la vía democrática y constitucional. Ante esta situación, un Ex Presidente de Bolivia (Eduardo Rodríguez Veltzé), señaló que hay un desconocimiento y vulneración abierta a la Constitución, mencionando que las competencias se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado, dando entender que Jeanine Añez, debería ser juzgada por un Juicio de Responsabilidades. Definitivamente con total desconocimiento de la realidad y de los hechos, el Ex Presidente, no dice nada de los delitos de lesa humanidad y que estos no cuentan con fuero o privilegio para su juzgamiento; asimismo, se olvida que ya existió una Resolución anterior por el Caso de EBA; tampoco menciona qué articulados infringió el Juez que se declaró competente; igualmente señala que existiría un desprecio a las víctimas del 2019. Es que ese desprecio para el Ex Presidente, seguramente es el estancamiento de un proceso de mínimo 10 años, como sucedió con el Juicio de Responsabilidades en contra del dictador Luis García Meza que comenzó en 1984 y culminó en 1993 y que se efectuó con la antigua y vetusta Constitución, por los delitos cometidos en la época de dictadura. Por último, al ex presidente habría que recordarle que Jeanine Añez, no cumplió con los Artículos 166 y 169 de la Constitución Política del Estado, por lo que nunca fue proclamada y posesionada como Presidenta Constitucional.
Coincidiendo con el expresidente de derecha, una ex Diputada del MAS del año 2019, da a entender que Jeanine Añez debería contar con un Juicio de Responsabilidades. A ambos personajes les pregunto: ¿Qué documentos son acreditables para ser Presidente o Presidenta Constitucional? ¿Será que cuenta con estos documentos Jeanine Añez? ¿Será que Jeanine Añez, cumplió con el Reglamento de la Cámara de Senadores? ¿La banda presidencial la colocan en la Asamblea Legislativa o lo puede hacer un militar? ¿Cumplió con lo establecido en la norma suprema? ¿Debería irse a un Juicio de Responsabilidades, al igual que podría irse Carlos D. Mesa o algún otro ex Presidente Constitucional? ¿Por qué le dan la misma categoría de Presidenta de Facto y Presidenta Constitucional?, Lo que si estoy seguro, es que Jeanine Añez no cumplió con lo establecido en la norma suprema y normas conexas como ha definido la Sentencia Constitucional 0052/2021, para determinar que merezca un Juicio de Responsabilidades.
Con la detención y enjuiciamientos de Jeanine Añez y de Luis Fernando Camacho, tenemos que exigir llevar a la justicia a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente fueron cómplices y autores de las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.
AHORA TOCA EL TURNO DE ENJUICIAR A LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE SACABA Y EL PEDREGAL.
*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
Según informaron distintos medios de prensa, el pasado 1ero de febrero la Asamblea Legislativa de Costa Rica optó por no mantener en la corriente legislativa el expediente correspondiente al trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, puesto a su conocimiento desde el mes de febrero del 2019 (véase por ejemplo cable de la agencia EFE replicado en Swissinfo y esta nota muy completa cuya lectura integral se recomienda publicada en el medio digital Delfino.cr).
Al vencerse el plazo cuatrenial, este expediente pasa a ser definitivamente archivado, a menos que el Poder Ejecutivo costarricense decida presentarlo de nuevo en la corriente legislativa: se estima que esta posibilidad no ocurrirá con las actuales autoridades que tomaron posesión en mayo del 2022.
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional adoptado bajo los auspicios de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en marzo del 2018 en Costa Rica por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe y consta de 26 artículos (el texto se encuentra disponible en este enlace): su objetivo es traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental.
En marzo del 2022, una cita en la capital costarricense auspiciada por la CEPAL con los principales bancos internacionales de cooperación al desarrollo (Banco Mundial, BCIE, BID, BEI) reafirmó que el Acuerdo de Escazú se enmarca perfectamente con los lineamientos generales sobre transparencia y rendición de cuentas que promueven estas entidades internacionales en materia de inversión (véase comunicado oficial de prensa).
Un hecho insólito
Cabe precisar que fue sin Costa Rica que el Acuerdo de Escazú entró oficialmente en vigor el 22 de abril del 2021, con 12 Estados Parte, siendo Argentina y México los Estados que permitieron alcanzar la cifra necesaria para su entrada en vigor: el estado actual de firmas y ratificaciones está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas, con un instrumento de ratificación adicional (Chile) depositado en junio del 2022, y otro pendiente (Colombia) luego de aprobarse por parte de ambas cámaras de su congreso y ser sancionado por el Presidente colombiano en noviembre del 2022 (véase nota nuestra al respecto).
En el caso de Costa Rica, es la primera vez que se observa semejante ausencia por parte de un Estado que lidera la negociación de un instrumento internacional y que le da el nombre de uno de sus cantones: es ausente al no estar entre los primeros Estados en ratificarlo y es de igual forma ausente al no figurar en el grupo de Estrados que le dan vida jurídica para lograr su entrada en vigor (11 Estados requeridos en el caso del Acuerdo de Escazú).
Se trata de una situación totalmente anómala e insólita, y sobre todo desconocida hasta la fecha en la práctica diplomática internacional. Tanto dentro como fuera de Costa Rica, la inconsistencia con la imagen internacional proyectada es absoluta.
En el ámbito interno, la incongruencia de varios partidos políticos es más que evidente al recordarse que en febrero del 2020, este mismo instrumento internacional fue aprobado en primer debate con 44 votos a favor y 0 en contra (véase tablero con detalle de los votantes del 13 de febrero del 2020): raramente se ha observado en Costa Rica tan súbito cambio de parecer de diversas agrupaciones políticas, las cuales se retiraron en mayo del 2022 de aquella legislatura (2018-2022) sin brindar ninguna explicación al respecto.
Las lagunas persistentes del ordenamiento jurídico en materia ambiental
Es totalmente erróneo sostener que el Acuerdo de Escazú no aporta nada nuevo al marco legal existente costarricense, tal y como escuchado por parte de las actuales autoridades costarricenses para justificar su no aprobación.
Entre muchos ejemplos de omisiones legales en Costa Rica que busca precisamente solucionar este tratado regional de vanguardia, la indefensión de las personas que defienden el ambiente constituye una persistente realidad. Una valiosa publicación titulada «Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica» documenta una realidad muy alejada de la imagen de democracia verde y pacífica promovida internacionalmente por el Estado costarricense en los últimos 30 años. Incluso, un informe presentado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en septiembre del 2022 recomendaba expresamente a Costa Rica ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú, ante la situación de total vulnerabilidad que sufren líderes de varias comunidades indígenas costarricenses, dos de ellos habiendo sido asesinados en menos de un año entre marzo del 2019 y febrero del 2020 (véase nota nuestra al respecto).
Otro aspecto que busca regular este tratado internacional, como por ejemplo el acceso a la información en materia ambiental, es objeto de lagunas persistentes que obligan a ciudadanos y a organizaciones costarricenses a recurrir sistemáticamente a los tribunales de justicia para obtener información que entidades estatales les niegan. El mismo recurso a la justicia nacional se puede observar en materia de consulta y de participación de comunidades potencialmente afectadas por un proyecto de cierta envergadura: sobre este preciso punto, Chile recientemente estableció un mecanismo siguiendo precisamente los lineamientos del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial del SEA – Servicio de Evaluación Ambiental – al respecto).
La conflictividad socioambiental en aumento registrada en Costa Rica en los últimos tiempos evidencia las diversas carencias de su actual marco normativo en materia ambiental (y los reiterados informes del Estado de la Nación así lo documentan).
A modo de conclusión
Más allá del desconocimiento que parecieran tener algunos jerarcas sobre el carácter incompleto del marco legal en materia ambiental en Costa Rica y de las razones esgrimidas por las actuales autoridades ambientales costarricenses para justificar su posición, es muy probable que el archivar el Acuerdo de Escazú dañe sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior.
Tal y como se indicó en una nota publicada por el Semanario Universidad este mismo 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú, «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
En junio del 2012 el vehículo de José Menéndez y de Sonia Bermúdez fue incinerado. Esta pareja había denunciado el madereo así como la extracción de piedras del río Banano en Limón. Foto extraída de este artículo del Semanario Universidad del 6 de abril del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú. Como suele ocurrir en Costa Rica, 10 años después, la impunidad campea en este caso, como en muchos otros en los que ecologistas son objeto de acciones de esta naturaleza.
