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2020 odisea universitaria

Escrito en 19/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

– ¿Ud. cree que Hal tiene verdaderas emociones?
– Bueno, se porta como si las tuviera. Está programado así para hacerlo más fácil para nosotros. Si tiene sentimientos o no, no creo que nadie pueda responder verdaderamente.
2001 Odisea en el Espacio

Durante el 2020, en Costa Rica vimos cómo las autoridades universitarias bajo el contexto de crisis económica y ajustes presupuestarios fabricaron la mejor excusa para disfrazar el debilitamiento de la universidad pública a pesar del rol protagónico que públicamente defendían, este comportamiento nos hace recordar al personaje HAL 9000 de 2001 Odisea en el Espacio, una variante de supercomputadora programada para asesorar a la tripulación de una nave espacial, sin embargo durante el trayecto evidencia que tiene un ¨Plan B¨ oculto, es así que ante segundas intenciones vale la pena pensar ¿Cómo caracterizar rol de las autoridades de la Universidad Pública durante el 2020?

Podríamos pensar que plantear la voluntad política de una administración universitaria es un asunto menor, dado el complejo universo de su estructura, sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva política de responsabilidades y atribuciones, no es inocente su papel.

Pensemos en el gobierno universitario, ese mismo que define las líneas transversales para su accionar, y con ellas el sentido político a su administración, pero también sus omisiones, ambas reflejan su intencionalidad en determinada dirección

Si miramos sus acciones, por ejemplo, la capacidad de promoción de la universidad en el exterior, no resultó ingenuo pensar sobre ¿Cuál perfil de universidad promociona?, pero si es por la consecución de fondos, no es timorato plantear ¿Para qué son?, ¿Quiénes se benefician? o tal vez las preguntas más olvidadas, ¿En qué condiciones se recibieron esos fondos? y ¿A qué renunciamos por ellos?

Esta actividad exterior también causa sorpresa si se sopesa con la participación a lo interno de la vida universitaria, si vemos la erosión que ha sufrido la presencia de la universidad en los asuntos nacionales (salvo excepciones honrosas), o la firma de convenios con las autoridades gubernamentales sin consenso interno, que luego se desdicen por errores de interpretación, para convocar luego una suerte de pantomima de defensa de la autonomía universitaria, de nuevo ¿para què? y ¿para quienes?.

Con estas sumas y restas asistimos a una gestión que ha acotado a la autonomía universitaria a mero discurso de aniversario. Una renuncia interesada de la Rectoría como institución política, a beneficio de esos poderes políticos y fácticos tan alérgicos a la crítica.

Cuando valoramos su labor de velar por los intereses, armonía y buen desempeño de las diversas instancias universitarias, encontramos que en el mejor de los casos demostró poca empatía, en otros una total incomprensión que podía malentenderse como arrogancia, pero en los últimos meses han huido de los espacios públicos de diálogo y debate, prefiriendo la Intimidación como herramienta.

También observamos el uso de la “postergación” como estrategia de desgaste, ha sido un ejemplo al capitalizar su ausencia en los conflictos, allanó la imposición de políticas presupuestarias, pero también en asuntos laborales, los nombramientos polémicos hasta la mirada desviada ante el acoso sexual como práctica cotidiana, es decir que profesionalizó la evasión como instrumento político de gestión.

Pensar en la Universidad durante el 2020 fue visibilizar un tipo de política de dobles intenciones, que se construyó e impuso a través del silencio y la evasión, usando la postergación de la toma de decisiones para alargar el conflicto hasta su desgaste, pero tal vez sea el uso de la ausencia la clave, el no estar, no participar ni exponerse públicamente, para así permitir que sus esfuerzos y energía sigan proyectando sus intereses en las dimensiones que le resultan importantes, mientras erosionaba la voluntad de quienes disputaban desde los espacios ¨ninguneados¨.

Al igual que HAL 9000, las universidades públicas evidenciaron una agenda B orientada a la erosión de la dimensión pública del quehacer universitario, presente en la consolidación de la precarización laboral principalmente en las mujeres interinas, la tercerización de servicios o el debilitando de la Acción Social a través de la distorsión de sus condiciones y Programas, estos ejemplos son muestra de esa redefinición de una universidad enfocada en la eficiencia y competitividad mercantil, o como les gusta llamarlo de innovación.

Juzgue cada quien dé cual universidad fue participante o cómplice, recuerden que la democratización no es una dimensión por esperar, es un compromiso ético, político y pedagógico que se hace en la práctica cotidiana. Así que recuerden quienes se pronunciaron y actuaron cuando fue debido, o más fácil aún, ¿Para qué? y ¿para quienes? es la Universidad del 2021…. tal vez con suerte, gracias a la decisión de cada quien, siga siendo al menos pública.

Foto tomada de la página oficial de la UCR.

Acerca de un alegato apasionado sobre el libro impreso y la lectura

Escrito en 18/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

En medio del discurrir de unos tiempos vertiginosos, e incluso violentos, donde los ignorantes, con su desenfrenada insolencia, son ya la correntada de un río inmenso de desolación y de retorno a las edades más obscuras de la historia de la humanidad, no debemos olvidar que el libro sigue siendo el mejor instrumento con el que contamos para enfrentar esa especie de retorno a la barbarie. Cuando la locura mecanizada se agote, quedando reducida a un montón de chatarra descompuesta y oxidada, los viejos libros impresos en el papel, y con el recuerdo de los olores de la tinta que hizo posible el prodigio, estarán todavía ahí para nuestro deleite.

Si bien es cierto, en gran medida, que hemos llegado, como afirman algunas gentes con cierta ligereza, al fin de la llamada Galaxia Gutemberg iniciada con la invención de la imprenta, a mediados del siglo XV, y que duró al menos siete accidentados siglos, para entrar en una época donde la imagen ha venido a sustituir a los caracteres impresos, como también al pensamiento sistemático almacenado en ellos, propio de cultura de escribas y lectores en que nos habíamos convertido durante esa era, dando paso a una época de los iletrados, en la que cada vez son más las gentes “alfabetizadas” que resultan incapaces de elaborar un textos, o entender una lectura que vaya más allá de unos cuantos párrafos. Nos acercamos de nuevo a la era de los gruñidos.

Dado lo anterior, ahora estamos dentro de lo que constituye una época en que la imagen ha venido sustituyendo a la lectura profunda de los textos de los antiguos maestros, no importa si impresos o manuscritos, como sucede en las llamadas redes sociales, donde se promueve el uso de dibujitos para evitarle al “usuario” o “consumidor” el trabajo de elaborar un texto, siempre con la pretensión de inhibir el deleite de leer un libro o un artículo extenso saboreando sí que quiere, no sólo sus contenidos sino también los múltiples sentidos que asumen en nuestra mente las palabras, material básico que conforma las obras literarias, filosóficas o científicas, con su inmensa variedad de elaboraciones estéticas en términos de la narrativa, y la elevación del pensamiento sistemático hacia las cimas del conocimiento.

Es en medio de estas inquietudes que rondan en nuestras cabezas que un viejo amigo nos plantea lo siguiente: “No sé bien que fue primero: si el libro o la lectura o si vinieron juntos, en un solo paquete de curiosidad insaciable” nos dice el escritor y periodista Carlos Morales Castro al dar inicio a las páginas de su más reciente obra LA PASIÓN DEL LIBRO (Editorial Prisma S.A. San José Costa Rica 2020), donde hace una apasionada defensa del libro impreso con sus tintas, imágenes y colores que tienen la virtud de transportarnos a innumerables e infinitos universos del pensamiento, la lírica y la ficción.

El autor de ese texto nos recuerda cómo nació en él la pasión por la lectura y nos habla de los primeros libros que llegaron a sus manos dentro de lo que constituyó un “amor paralelepípedo” que se fue desplegando paulatinamente desde la lectura de las llamadas “tiras cómicas”, en un medio donde sus padres “con mucha sabiduría pero pocos estudios, apenas si podían leer el periódico del día”(op.cit p.p. 23-24), las primeras lecturas fueron apareciendo de manera gradual hasta llegar al libro en estricto sentido” Las primeras lecturas, tras el diccionario y el catecismo, fueron las tiras cómicas. SUPERMÁN, BATMAN, EL LLANERO SOLITARIO, EL HALCÓN NEGRO, MANDRAKE, LA PEQUEÑA LULÚ, CHANOC, LORENZO Y PEPITA, todos los personajes de Disney, hasta avanzar a los clásicos ilustrados que empezó a editar Novaro de México, a mediados de los setenta” (ibídem). Con el tiempo vendrá el paso del folletín ilustrado o resumido en exceso al libro en toda la extensión de la palabra, dando lugar a una pasión por la lectura de los grandes clásicos de la literatura y el pensamiento filosófico occidental (Bertrand Russell, entre sus favoritos), de ahí en adelante nos confiesa que la lectura sistemática se convirtió no sólo en una pasión sino en una razón de vida.

Se trata de lo que llama “una apuesta incondicional por el libro contra el tiempo y contra sus adversarios de todas las épocas”, nos habla de cómo cuando aparecieron los grandes diarios durante el siglo XIX se creyó quera el fin de la era del libro, lo que con el paso del tiempo no pasó de ser una falsa alarma y así sucesivamente. Después, la amenaza continuó con la aparición de nuevos medios de difusión, a lo largo del siglo XX, como también del desafío a que da lugar el hecho puntual de los innumerables libros que se editan en nuestro tiempo y el imperativo de escoger ¿cuáles leer?, al menos entre aquellos a los que se tengan al alcance, un tema de suyo muy complejo, por lo relativo de esa afirmación.

Nos habla también Carlos Morales Castro, acerca de sus innumerables lecturas, a veces apresuradas, pero siempre obteniendo de ellas un gran deleite e intentando responder a los desafíos que se le plantearon, tal y cómo le aconteció con las repercusiones que tuvo un artículo al respecto que publicó en 1989, el que motivó innumerables reacciones entre sus amigos, entre ellos, Marcelo Blanc, quien en su “purísimo chileno de Valparaíso”(ibid) le dijo “- Ta muy güeno tu artículo sobre libros:”(ibid) o de José Rafael Cordero Croceri quien lo inquirió sobre el desorden de sus lecturas, un tema sobre el cual Morales hace una serie de disquisiciones para concluir: “Que uno puede estar leyendo varios libros al mismo tiempo y que eso no sólo es normal, sino conveniente y muy productivo “(Ibid p. 60), en fin todo un desafío que puede llevar a muchos lectores a los más insospechados descubrimientos, como también a modificar lo que alguien llamó alguna vez “los derechos del lector”.

Invito a los lectores a involucrarse en las lecturas de las páginas de Carlos, pero también a hacer nuestra la reflexión con la que concluye su texto: “debemos abogar por una vida menos belicosa, menos egoísta y, aunque sea un poquito, más solidaria, más humana… Y en eso, el libro sigue siendo un instrumento incomparable” (Ibid. p. 112).

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Escrito en 18/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Programa Voces y Política: “Diálogo Nacional: un balance necesario”

Escrito en 16/12/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Hoy 16 de diciembre a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Diálogo Nacional: un balance necesario”, con la participación de la Dra. Ilka Treminio, politóloga y una de las facilitadoras del Dialogo Intersectorial y Ana Felicia Torres, antropóloga Social, teóloga y coordinadora del Foro de Mujeres del Instituto Nacional: un balance necesario”, con la participación de la Dra. Ilka Treminio, politóloga y una de las facilitadoras del Dialogo Intersectorial y Ana Felicia Torres, antropóloga Social, teóloga y coordinadora del Foro de Mujeres del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.

La Responsabilidad Social del Escritor

Escrito en 16/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SURCOS comparte el siguiente texto del escritor Macv Chávez:

Yo miro al cielo porque tú estás abajo
te aplasto el cuello como en el apocalipsis
tú no eres espejo
tú ya eres vida rota y no se te prende el foco
tú no puedes ser mi reflejo
menos el soberbio verso de mi yo

Yo soy el viento que llega a tus oídos para hablar como un dios
para decirte que tengo la razón entre mis calzoncillos
y un ciego mundo que me aplaude por costumbre
porque mi pluma vuela sobre el ego que no tengo a pesar de ser narciso
nada funciona sin uno de mis versos
y nada pasa frente a mis ojos

Puede que el ciego sea yo y tú
al vernos tan distantes de nuestros sueños
respirando este ambiente que sabe a infierno
a un relato de terror y a una constante guerra por la igualdad
donde tú también me quieres aplastar por ser apocalíptico
y por andar en este mundo destruyéndoles a todos que tienen amor propio.

Lima, 21 de noviembre de 2020 a las 11:11 horas

He querido empezar mi dizque ponencia con este poema, porque considero que entrar directo duele, por ende, hay que buscar un estímulo previo al disparo de las ideas, porque pienso que escribir finalmente es una conversación con uno mismo, pero no solo consigo, sino también con la humanidad, porque este diálogo nace de la acción de contemplar y analizar la realidad con intención de transformarla, porque quien escribe de una u otra forma busca acabar con el problema o darle alguna solución, aunque sea solo en la imaginación, y por eso se crea mundos o historias donde de alguna forma el problema se termina, de buena o mala manera, es decir, de cualquier forma la simplificamos a la vida diaria, al hecho de estar vivos, porque la vida continúa sin los personajes que la joden o se joden, sacando de esa manera a flote desde el más esperanzador pensamiento hasta el más criminal de ellos, porque simplemente queremos purificar la existencia de alguna manera; y por eso escribir también es un acto de creación, y por eso creamos personajes para ser salvadores del mundo o simplemente sus detractores, aunque también a veces simplemente somos los del punto intermedio: los observadores, los que solo miramos y no decimos ni hacemos nada mientras el mundo de los otros se cae a pedazos; y todo esto sucede dentro del escritor -como en la vida misma- para luego ser impregnado en el papel y el tiempo, porque es así cómo se expulsa o vomita lo que se lleva dentro, en un texto que directa o indirectamente termina en el otro (el lector); y es aquí donde podemos comprobar nuestra acción social, en el lector, porque finalmente podemos terminar siendo el detonador que despierta los sentires humanos que impulsan o motivan a dar riendas suelta a su ser trascendental o a la deformación del mismo; y por ende, creo que es aquí donde empieza nuestra tarea o nuestra responsabilidad social; y esto no quiere decir que no se escriban todas las barbaries humanas y que debemos empezar a escribir cuentos de flores y mariposas, porque eso cortaría la libertad de la imaginación y del pensamiento; sino, lo que quiero decir es que es importante e indispensable marcar la diferencia que existe entre la realidad y la ficción, invitándolos de una u otra manera a meditar sobre el propio ser de nuestros personajes: el ser humano, porque es el ser humano el personaje principal de todas las obras, habidas y por haber, sea de realidad o ficción, porque no hay otra forma de escribir, por más que el persona sea un chancho que vuela, un mono que fuma o una rata que roba, debido a que finalmente no escribimos para los animales, sino para las personas, para los seres humanos; y por eso debemos tener conciencia de esta realidad irrefutable y empezar a ver las cosas desde un punto de vista más trascendental para el ser, desde ese ser que va más allá de sí mismo para encontrarse en el otro y con el otro, siendo pares, iguales, sujetos de derechos y deberes, logrando tener un encuentro con el bien común, con tu bien y mi bien y el de los otros, porque finalmente nuestra vida queramos o no está ligada a la sociedad, porque procedemos de una sociedad que se llama papá y mamá, aunque muchas veces esta sociedad no suelen terminar armonizada como el ideal de vida lo espera, porque simplemente todavía nos falta mucho por aprender como seres humanos, porque el hombre (varón y mujer) no ha aprendido a ser hombre (varón, mujer y todo lo demás); y es aquí donde sale a la luz la principal razón de por qué es importante que el escritor asuma su responsabilidad social: la de formación, porque, queramos o no, somos parte principal de los que forman parte del grupo de formación humana, porque influenciamos en la formación del hombre con nuestras ideas, esas que plasmamos en un libro de ciencia ficción como de política o de cualquier otra índole, porque finalmente nada está desvinculado de nada, por más que queramos darnos de ermitaños o seres extraordinarios, porque simplemente todos somos un diente más en el engranaje de la vida; y por ello la riqueza de nuestro ser está en saber ser uno en medio de todos, por ende, debemos dejarnos de creernos dioses, ídolos, seres sagrados, entre tantos otros que he podido contemplar en este tiempo de vida sociocultural, donde siempre terminé haciéndome la misma pregunta: “¿Qué pasaría si tan solo nos dejaríamos de tantas pajas mentales con esto de ser escritor y nos ponemos a escribir de verdad, para lo que realmente sirve escribir?

Finalmente, creo que eso sería todo lo que tendría que decir con respecto a la responsabilidad social del escritor, aunque creo que no he dicho nada, o no sé. Pero bueno, por otro lado, en este momento quiero empezar a citar a Aristóteles con su frase tan usada en las redes sociales en tiempos de guerras intelectuales como en debates escolares: “el hombre es un ser social por naturaleza”, a Marañón diciendo que “la bondad prevalece a la inteligencia”, a Ortega contándonos que “yo soy yo y mi circunstancia y que si no la salvo a ella, no me salvo yo” o simplemente recordándonos que “la claridad es la cortesía del filósofo”, a Sócrates diciéndonos que “yo solo sé que no sé nada”, según la versión de Wikipedia en su cumbia filosófica, para terminar con Sartre que escribe en la introducción de ¿Qué es literatura? “Una función social”, esa que nos sirve de muchas cosas, como un escape, medio de entretenimiento, forma de investigación, entre tantas otras opciones que nos brinda la literatura y la escritura en sí misma, que de mencionarlas no podría terminar nunca, porque tampoco las sé, porque creo que lo que nos falta finalmente a los escritores es tener conciencia de nuestra propia existencia, para dejar de sentirnos dioses intelectuales o mentes brillantes, y descubrirnos igual a los otros, para desarrollar nuestras capacidades en responsabilidad principalmente con nuestras vidas, porque sucede que muchas veces desarrollamos personalidades repetidas, es decir, copiamos clichés, ejemplos de otros para sentirnos importantes y grandes, cayendo en la ceguera o soberbia del conocimiento, cosa que me parece inútil o innecesario, porque finalmente son los escritores o los intelectuales, los que conducen el destino de su nación a buen puerto, porque son los que nutren a su nación, como a los que están más allá de sus límites territoriales, y si no lo creemos así veamos el ejemplo de Grecia en su época o a Alemania, las que fueron cunas de grandes intelectuales: filósofos, literatos, entre otros; y si queremos ir más allá de una nación, miremos a los judíos, muchos de estos personajes cambiaron la historia; y por eso creo que ahora hay que empezar a preguntarse: ¿Hasta cuándo van a tener tanto protagonismo estos judíos? Claro, sin terminar siendo otro Hitler, ah. ¿Por qué no existe el mismo protagonismo en nuestra sociedad? Y aquí seguro más de uno dirá: no campares a esos con los nuestros, que esos están por los cielos y los de aquí por los suelos, cosa que es verdad, y que no pienso discutir, porque ellos ya están muertos y por eso los he citado, para no terminar peleando en vano, porque esos fueron autores que en su tiempo dieron lo mejor de sí, hasta cambiar el rumbo del mundo o simplemente hasta dejar una huella de su ser para ser recordados, contribuyendo de alguna manera a nuestros sueños o anhelos, como también a nuestras reacciones personales, porque quién va a negar que no ha seguido ejemplos de algunos escritores para hacerse intelectual, ejemplos como el fumar, beber, ir de putas y hasta ese deseo de revolución, entre otros vicios que usan de pretexto para aflorar su pensamiento e imaginación. Pero bueno, creo que los que estamos hoy aquí, de pie, sentado o echado, podemos hacer algo para cambiar esta realidad de alguna forma, tanto desde aquellos que son escritores hasta aquellos que son lectores, porque ambos se nutren mutuamente, el lector se alimenta de lo que escribe el otro y el escritor se inspira para el lector a través de su sed o hambre de conocimiento; y por eso pienso que tendremos mejores intelectuales cuando tengamos una sociedad menos desnutrida mentalmente. Y esta es una tarea que el escritor debe empezar a trabajar con gran responsabilidad, sin esperar ser Alemania o la comunidad judía de la noche a la mañana, sino simplemente siendo persona, teniendo conciencia de su realidad para mejorarla, para hacerla mejor, cada vez más libre, más tolerante, más comprensiva y equilibrada, porque es ahí donde alcanzaremos la igualdad, sin dejar de reconocer nuestras capacidades humanas: la de ser poeta, cuentista, pero por favor, sin venir con cuentos chinos, que ya suficiente tenemos con el cuento chino del 2020, novelista, sátiro o político, al final los dos son unos payasos, filósofo, historiador, entre tantos otros que también son escritores y actores del desarrollo cultural de un país, ese desarrollo que nos hace tanta falta, tanto como a mí me hace falta el café, para despertar y no dormir sin antes decir gracias por todo, sobre todo por escuchar cada una de mis ideas voladas, esas que no necesitan de marihuana para decir lo que se me venga en gana, como un, chao, adiós, se acabó.

Lima, 21 de noviembre de 2020 a las 15:24 horas

Macv Chávez

Ni Revoluciones de Colores, Ni Golpes Blandos en Cuba

Escrito en 16/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.v

Oficialmente la desestabilización contra Cuba, por parte de EEUU, inicia el 3 de febrero de 1962, mediante la orden ejecutiva No. 3447, impuesta por el presidente John F. Kennedy. Pero ya desde 1959, el gobierno de Eisenhower, ya había tomado medidas para restringir el comercio entre USA y Cuba, afectando las finanzas de ésta última.

Ya conocemos, que este asedio se ha materializado afectando la vida diaria de Cuba: cortes de electricidad en las principales ciudades del país y en los horarios de mayor demanda, escasez de alimentos, afectación al transporte público a trabajadores y sociedad en general, entre otras calamidades, que en general, son agresiones políticas, económicas, financieras, comerciales, tecnológicas, entre muchas otras. Un embargo total a Cuba.

Por supuesto, la injerencia ha afectado al sector de las comunicaciones y la informática, incluidas las telecomunicaciones. Esta política aberrante gringa constituye el principal impedimento al flujo de información, y al más amplio acceso a Internet y a las tecnologías de la información por parte de los cubanos, al dificultar y encarecer la conectividad en el país, condicionar el acceso a las plataformas y tecnologías, y utilizar el ciberespacio para subvertir el sistema político y jurídico cubano.

Los daños económicos ocasionados al sistema de las comunicaciones, durante el período de abril de 2018 a marzo de 2019 se estiman en más de 55 millones de dólares. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) continúa siendo la entidad con mayor afectación, registrando aproximadamente el 98% del monto total de los perjuicios.

Uno de los principales brazos interventores en Cuba heroica, ha sido la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, quien con el tiempo ha cambiado su papel de “asistencia económica”, a vulgar ladrona de cientos de millones de dólares, o desviados de ruta para: preparación de agentes locales, compra de supuestos periodistas y otros profesionales, subvención de grupos mercenarios, envío de propaganda ilícita, para cambiar mentes y poder financiar a los opositores al gobierno cubano, pasando por trabajo político encubierto. Y por supuesto, seguir apoyando el bloqueo económico contra la isla heroica.

Estemos atentos al cambiante mundo de la USAID, CIA, entre otras, que cambian cual camaleón, para enmascarar sus propósitos expresos de USA, quien los financia y no le importa sus métodos, para hacer colapsar la Revolución en Cuba. El enemigo no descansa, tampoco nosotros debemos descansar, para consolidar un mundo más justo y fraterno.

No es de extrañar, el papel de estos brazos gringos en la isla, en los últimos días, con la farsa de San Isidro.

Ya que sabemos que, el Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, lanzó una convocatoria, para que las organizaciones dedicadas al negocio de promover la subversión en Cuba, presenten propuestas para crear una nueva generación de líderes independientes cubanos, llamado “líderes emergentes cubanos”, que tengan la capacidad de trabajar para transformar la sociedad cubana, desde adentro, promoviendo un desmontaje de los principios, valores y prácticas socialistas.

Este proyecto subversivo ya está en pleno desarrollo, las organizaciones que fueron beneficiadas con el presupuesto, ya están desplegando sus recursos para cautivar, engañar y manipular a determinados jóvenes cubanos que, en términos prácticos, le ofrecerán ser mercenarios al servicio de una potencia extranjera.

Fácilmente, la creación de grupos de este tipo, es factible de controlar, ya que normalmente caen en una especie de club único, proclive a autoproclamarse como los preferidos para tal fin, creen que son los “elegidos” y cometen errores de autosuficiencia.

No obstante, debemos dejar claro que la Injerencia, es la intervención en un Estado Soberano, por uno o varios Estados u organizaciones internacionales, mediante la fuerza armada u otras medidas, y sin su consentimiento. Algunos sinónimos son introducir, entrometerse o inmiscuirse, violación, intervención, invasión, derrocamiento, otros.

El sentido de esta definición, siempre tiene una carga violenta, de destrucción, nunca de ayuda. Y esta ha sido la historia de los Estados Unidos de Norteamérica en América Latina, el mundo y por supuesto en Cuba.

La larga lucha que la sociedad cubana ha sufrido y resistido, durante los últimos sesenta años de Revolución Cubana, donde se promueve un sistema de valores como la solidaridad, la igualdad, la equidad y el bienestar común, ha sido un largo proceso de aprendizaje, costoso y muy traumante para el pueblo cubano.

Esta resistencia, que se ha adquirido con formación e ideología, se ha traducido en Resiliencia, que es la “capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro”. Así mismo, “en ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento”.

El concepto ha evolucionado, superando la concepción individualista, para transformarla en una actitud comunitaria, cultural, y como la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad, a pesar de los graves riesgos.

Estamos hablando entonces, en estos últimos días en Cuba solidaria, de una desestabilización multifacética del imperialismo, traducida entre otras armas, de una ciberguerra, concepto tan crucial que el Pentágono le dedica un comando especializado, así como los tiene para áreas geográficas. Y estamos hablando de una inversión multimillonaria, en la creación de numerosos medios e influencers digitales, con sus ejércitos de bots (es un software que sirve para comunicarse con el usuario, imitando un comportamiento humano, aunque a veces sea el de un humano de pocas palabras), que trasmiten contra la isla desde Estados Unidos.

En este sentido, el escritor cubano Abel Prieto, afirma que la mayoría de los que llegaron ante el Ministerio de Cultura Cubano, desde San Isidro, fueron impulsados a hacerlo por el ambiente creado en las redes. Este es el espacio virtual, utilizado ahora por USA, para subvertir el orden cubano, desestabilizando la armonía del país.

En general, y atendiendo al título de este breve artículo, las llamadas revoluciones de color, entran dentro de las estrategias de intervención silenciosa, que Estados Unidos, utiliza para derrocar a Gobiernos, que no comparten la visión estadounidense sobre la organización económica, política y militar de las naciones.

Así mismo, se denomina golpe de Estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe no tradicional, al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.

La expresión ha sido atribuida al politólogo estadounidense Gene Sharp, quien, según Thierry Meyssan (periodista y activista político francés, autor de investigaciones sobre la extrema derecha), “recibió el encargo de la CIA para conducir la aplicación práctica de su investigación teórica en China”, en 1989, y trabajó para Israel para “crear programas de entrenamiento para jóvenes activistas con el objetivo de organizar golpes”. En algunas ocasiones, el golpe de Estado blando, se relaciona con el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales.

El autor Sharp, del ensayo titulado “De la dictadura a la democracia”, describe 198 métodos para derrocar gobiernos mediante “golpes suaves”, considera que la estrategia se puede ejecutar en cinco pasos:

La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores.
La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder.
La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de «ingobernabilidad».
La quinta y última etapa tiene por objeto, forzar la renuncia del presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

Las primeras tres etapas, se ensayaron en San Isidro, y se han seguido experimentando posterior a la puesta en escena san isidrina, atentos y alertas.

En conclusión, la mejor defensa de la Revolución Cubana, sigue siendo la ofensiva audaz, creativa, oportuna y pertinente.

Día internacional contra la corrupción, 9 de diciembre

Escrito en 15/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez , Exmagistrado y profesor Catedrático UCR

En el debate público se ha difundido, a veces incluso desde voces autorizadas, el que no existe un concepto claro de lo que debe entenderse por “corrupción”. Tales afirmaciones solo traen confusión y desconcierto a la hora de tratar el tema y, en última instancia, le hacen un pésimo favor a la necesaria respuesta que desde la Administración Pública y el sistema penal debe tener este fenómeno. Por eso resulta imperativo dibujar con claridad los límites y alcances de la corrupción y dejar claro, tanto para el lenguaje común como para el técnico-jurídico, de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto.

Desde el campo jurídico-penal, la cuestión resulta de enorme importancia, en virtud de las exigencias derivadas del principio de legalidad: la necesaria descripción en la ley de las conductas prohibidas para que todo ciudadano y ciudadana la conozca; la obligada claridad, precisión y circunstanciación con que debe hacerse esa descripción conforme una buena técnica legislativa; y el resguardo indispensable que, por esa vía, debe hacerse de las libertades y derechos fundamentales de las personas.

Pero es de sobra conocida la constante tergiversación que se hace del término “corrupción”, la mayoría de las veces con aviesas intenciones, cosa que también ocurre con otros conceptos en las discusiones cotidianas, en los medios de comunicación tradicionales y, por supuesto, en las frenéticas redes sociales. Se tacha de “corrupto” a cualquiera y con cualquier pretexto, igual que se lo llama “terrorista”, “dictador”, “facho”, “nazi”, “stalinista”, “mafioso”, “fundamentalista” y un largo etcétera.

En nuestros pandémicos días resulta particularmente retorcido el mal uso del concepto “corrupción”, con intenciones políticas en un ámbito muy basto y de manera especial contra quien ejerce alguna forma de autoridad pública, colgándole este rótulo descalificador a lo que son simples negligencias, errores de todo tipo, meras diferencias de criterio o puntos de vista contrarios. En su peor versión, el poderoso instrumento de la descalificación por “corrupción” ha servido para que los verdaderamente corruptos arremetan contra quienes los denuncian, acusan o condenan formalmente. Ha servido para que se responda con procesos judiciales o disciplinarios desde la trinchera de la oposición ideológica; o para que se hayan afianzado las estrategias de las noticias falsas (bulos o fake news) tipo Trump o Bolsonaro; o se ha utilizado el proceso penal para liquidar a los adversarios políticos (Lawfare) como el caso en perjuicio de Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia.

Se trata de aplicar una perversa estrategia para crear la sensación de que todo es corrupción y todos somos corruptos, estrategia que busca hacer pasar lo efectivamente descompuesto de manera desapercibida y desviar la atención de lo que en realidad importa. La peor parte la llevan funcionarios y funcionarios honestos como policías, fiscales y jueces que cumplen con sus deberes; medios de comunicación veraces y valientes; organizaciones políticas que han levantado a mano contra la corrupción y ciudadanos indignados ante evidentes abusos y podredumbres.

Las consecuencias fácticas de estas manipulaciones son especialmente graves en el campo del derecho y la justicia. Se erosiona la información de calidad –vital en una democracia- y se dañan también de manera irreparable la credibilidad en las personas inocentes, las autoridades probas, los procedimientos sancionatorios correctos y las instituciones públicas en el ámbito de sus legítimas competencias. En fin, tan grave es no perseguir la verdadera corrupción como señalar de tal lo que no lo es.

Abandonar ese universo de la imprecisión, la mentira y la especulación es indispensable para ubicar las cosas en sus justos términos. Un análisis de lo general a lo particular, tomando los puntos de referencia más amplios que han intentado definir los límites y alcances técnicos del concepto de corrupción, nos debe llevar necesariamente a las dos convenciones internacionales anticorrupción que más nos atañen: la primera en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA-1997) y la segunda en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU-2003). Luego se requiere un análisis más concreto, que señale cómo se reflejan esos lineamientos internacionales en la legislación interna, de la mano de las categorías fundamentales de la teoría del delito, para destacar todas aquellas cuestiones que resulten relevantes y de interés en la comprensión del tema propuesto. Por último, deben incluirse algunos de los aspectos que consideramos más sobresalientes en la evolución que ha tenido la organización y funcionamiento de los instrumentos internacionales contra la corrupción en el ámbito nacional o doméstico.

Es correcto afirmar que no existe un concepto de “corrupción” concretado en un tipo penal. Las fuentes más confiables para definir y delimitar este fenómeno son las citadas convenciones internacionales contra la corrupción; en nuestro caso, la Convención Interamericana (1997) y la Convención de Naciones Unidas (2003). En ellas encontramos el contenido del tema entendiendo que debe hacerse un listado de “actos de corrupción”, ubicados en una serie de figuras o tipos penales diversos, que nos dará los límites y los alcances de este término.

A lo interno de nuestro ordenamiento, las directrices convencionales en materia de corrupción están contenidas en el Código Penal, Título XV (Delitos contra los deberes de la función pública), Sección II (Corrupción de Funcionarios), Sección III (Concusión y Exacción), Sección IV (Prevaricato y Patrocinio Infiel) y Sección V (Peculado y Malversación); además de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Capítulo V (Delitos), artículos del 45 al 58) y más recientemente la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas No. 9699.

Estamos hablando, por otra parte, de tipos penales que tutelan, en lo fundamental, dos bienes jurídicos: la probidad en el ejercicio de la función pública y la integridad del patrimonio o erario público.

Si bien el énfasis está dado en los delitos que puede cometer un funcionario público en ejercicio de su cargo, el concepto de sujetos activos de las diferentes tipologías penales involucradas, incluyen en muchas de ellas a personas particulares circunstancialmente relacionadas con actividades estatales o con bienes públicos y, por tanto, equiparables al funcionario como potenciales autores o partícipes en conductas prohibidas. Asimismo, en virtud de la aplicación de la Parte General del Código Penal, son de previsible imposición las normas ampliativas de la participación criminal como la Comunicabilidad de la Circunstancias (art 49 CP).

En su mayoría son conductas delictivas que se sancionan ya como delitos de peligro concreto, independientemente de si el beneficio o ventaja indebidos, el abuso o la desviación, el provecho propio o para un tercero etc., se han materializado en un resultado.

Los “actos de corrupción”, en todas sus modalidades son por naturaleza dolosos, es decir, cometidos con conocimiento y voluntad del agente activo. Están excluidas, en principio, todas las acciones o conductas cuyo fundamento punitivo radica en la simple violación a un deber de cuidado (delitos culposos). Están excluidas también todas aquellas conductas que, aunque perpetradas por funcionarios públicos o personas equiparables, no tienen como propósito la percepción para sí o para un tercero de beneficios indebidos de cualquier índole (patrimonial, administrativo, judicial, social, político, etc.). Tal es el caso del mero Abuso de Autoridad (art. 338 CP). Quedan fuera, finalmente y en sentido estricto, las formas delictivas con legislación específica de tráfico de sustancias prohibidas y blanqueo de dinero, aunque por supuesto pueden tener vasos comunicantes en fenómenos como el tráfico de influencias o las figuras de blanqueo y encubrimientos (Ley No. 77856 y sus reformas).

El principal aspecto en el que el Estado costarricense está en deuda tiene que ver con la corrupción privada. Si bien es cierto se ha legislado y reglamentado en orden a controles administrativos y bancarios en el marco del crimen organizado relacionado con blanqueo de dineros y capitales, es lo cierto que algunas recomendaciones internacionales de índole penal como la necesaria tipificación del peculado, malversación o el tráfico de influencias de personas particulares, sobre otras personas también particulares y respecto de bienes o patrimonios privados, no han sido ni propuestos ni legislados en Costa Rica.

Las recomendaciones convencionales y la evolución de este tema han puesto sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contexto del ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En Costa Rica recientemente (2019) se ha dado cabida a este instituto jurídico, aunque es nuestro criterio que el asunto, por coherencia constitucional, debió resolverse mediante la responsabilidad administrativa o civil y no punitiva.

Publicado en el Semanario Universidad, enviado a SURCOS por el autor.

Peores escenarios se avecinan para el agua

Escrito en 15/12/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

Los objetivos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Escrito en 15/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Las palabras no son tan importantes cuando se entienden las intenciones” (I. Allende)

Manuel Hernández

El Poder Ejecutivo, el día de hoy, después del sorteo navideño y la eliminación de la clasificación del MonStruo, a manera de premio de consolación, retiró del período extraordinario todos los proyectos, acorralando a la Asamblea Legislativa únicamente con dos convocados: el Proyecto Ley Marco de Empleo Público, N° 21.336 y otro de un préstamo del BID.

Partiendo de un enfoque sistemático, la iniciativa de Ley Marco de Empleo Público se puede resumir comprendiendo su estrategia, discriminando los objetivos que persigue y precisando los instrumentos con los que se cumplirán las metas de cada uno de ellos.

Se puede sostener que son 4 los objetivos que busca alcanzar la iniciativa legislativa, acompañados de su correspondiente afilada herramienta:

1.- En primer lugar, sobresale un objetivo de carácter político.

Se pretende una mayor concentración de poder, en manos del Gobierno, a merced del menoscabo de la independencia del Poder Judicial y el sacrificio de la autonomía de instituciones como la CCSS, las universidades públicas y municipalidades.

Estas instituciones y todas las demás incluidas en el proyecto, quedan reguladas por sus disposiciones, con el propósito de establecer un único régimen de empleo, en toda la Administración Pública, salvo los entes públicos no estatales.

¿Cuál es la herramienta diseñada para alcanzar este objetivo político?

Se atribuye a MIDEPLAN la gobernanza total y totalitaria de los principales componentes de la relación de empleo: el reclutamiento y la selección de personal, la promoción, los concursos internos, la formación y el sistema de compensación salarial.

MIDEPLAN se transforma en un Supraministerio que gobierna, regula y administra íntegramente el sistema de empleo público, que enajena la independencia de poderes y la autonomía de aquellas instituciones.

2.- En segundo lugar, tiene una finalidad fiscalista.

El proyecto complementa las medidas “austericistas” de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635, cuyo objetivo es congelar y asegurar un estancamiento, a largo plazo, de las remuneraciones de las funcionarias públicas.

¿Cuál es el instrumento formulado para cumplir esta devaluación de los salarios?

El objetivo se satisface, principalmente, aunque no exclusivamente, con el esquema de salario global único, que las instituciones cubiertas tendrán que aplicar inexorablemente.

El salario global único es el producto estrella, pero el producto más opaco, el menos transparente.

La construcción de ese esquema de remuneración único presenta serias inconsistencias técnicas y metodológicas, y ni qué decir de los despropósitos desde el punto de vista jurídico y constitucional.

Además, al tenor del Transitorio XI, que somete a los funcionarios actuales al esquema del salario global, y no sólo a los futuros, se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, en perjuicio de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas que garantiza el artículo 34 constitucional.

3.- En tercer lugar, tiene el propósito de acelerar el desmantelamiento de la Administración Pública y la privatización de los servicios públicos, que constituyen la infraestructura de la democracia social.

Este objetivo se ejecuta con dos mecanismos. Por una parte, flexibilizando los procesos de reestructuración y reorganización de las instituciones públicas; por cierto, con un costo muy barato, por las disposiciones que ya estableció la Ley N° 9635, que derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil.

Por otra parte, mediante la “externalización” de aquellos servicios que se considere que por su valor estratégico y vinculación con la actividad sustantiva de la institución son prescindibles, que es otra de las patentes de corso que se le cometieron al nuevo Leviatán de la Administración Pública.

4.- Por último, pero no menos grave, tiene un manifiesto objetivo de carácter antisindical.

El proyecto viene a complementar la contrarreforma que sufrió el Código de Trabajo, mediante Ley N° 9808, de 21/01/2020, que en términos generales, manu militari, prohibió la huelga en los servicios públicos.

El proyecto suplementa esta otra ley porque prohíbe la negociación colectiva de aquellos componentes del sistema de empleo público, y no sólo de los salarios; que sin lugar a duda, son los componentes esenciales de toda relación de trabajo, bloqueando el espacio de la negociación colectiva.

Pero, además, con base en un reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (OJ/178/2020), fundamentado en dogmáticas teorías iuspublicistas europeas, que datan de 1821, desde los albores de nuestra inacabada independencia, se aspira, en pleno Siglo XXI, prohibir a la gran mayoría de los y las servidoras públicas el derecho fundamental de negociación colectiva, a contrapelo del bloque de constitucionalidad.

El proyecto pretende, entonces, después de las experiencias de las mesas de diálogo social, disciplinar total y definitivamente la actividad de los sindicatos.

En conclusión, la estrategia es muy sencilla, pero como dice el poeta, “Muchísimo más grave”: la destrucción del tejido del Estado Social y Democrático.

14/12/2020

Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos

Escrito en 14/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Boaventura de Sousa Santos

El texto Izquierdas del mundo, ¡únanse! y otros ensayos; es una obra elaborada por Boaventura de Sousa Santos junto a otros autores y autoras bajo el sello de CLACSO y está disponible en la plataforma digital para descarga gratis. Este material pone en evidencia la situación de crisis que se vive a nivel mundial y que se ha atenuado con la pandemia del COVID-19, mediante este recurso lo que se propone es reflexionar y construir una alternativa progresista, abarca los siguientes apartados:

Capítulo 1. El nuevo interregno
Capítulo 2. La articulación entre fuerzas de izquierda: el caso portugués
Capítulo 3. Brasil: la fractura del desgaste de gobernar
Capítulo 4. Colombia: la fractura de la lucha armada bajo la vigilancia del imperio
Capítulo 5. México: la fractura entre la institucionalidad y la extrainstitucionalidad
Capítulo 6. España: la fractura de la identidad nacional

Además, en el texto se incluyen otros ensayos sobre la realidad latinoamericana tales como:

Ecuador: del centro al fin del mundo
Evo Morales: el indio fuera de lugar
La nueva Guerra Fría y Venezuela
Soplan vientos favorables desde España
Las venas abiertas de Nicaragua
Carta abierta al presidente Iván Duque
Para alimentar la llama de la esperanza

El prólogo del texto está a cargo de Karina Batthyány (Secretaria Ejecutiva, CLACSO) y Nicolás Trotta (Ministro de Educación, Argentina); y expresa lo siguiente:

La pandemia del COVID-19 evidenció la imperiosa necesidad de construir una nueva alternativa progresista ante una crisis social y ambiental de una extraordinaria gravedad y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad.

Frente a esta situación terminal, la tarea crucial y más urgente para los partidos y frentes políticos progresistas y las redes comunitarias y colectivos de cientistas sociales críticos consiste en construir horizontes allí donde hoy hay abismos. Si la ideología dominante postula que, ante el modelo de acumulación capitalista neoliberal no hay alternativas, nuestra tarea es fabricar bisagras políticas y conceptuales que articulen el pasado con el presente, enhebrando narrativas capaces de proyectar una nueva agenda social organizada en torno a, por lo menos, tres tareas: un trabajo de reconceptualización y profundización de la justicia social –que no es otra cosa que colocar por encima de los intereses sectoriales una política del bien común–; el reconocimiento y la sanción de nuevos derechos –especialmente dirigidos hacia grupos históricamente excluidos: las mujeres y las disidencias sexuales, las infancias y juventudes, las afrodescendencias, los pueblos originarios–, y una política orientada al cuidado y preservación del ambiente en el que vivimos –es decir, la casa de todos y todas–.

Los desafíos que estamos llamados a enfrentar tienen lugar en un momento histórico inédito cuyo principal actor venía desplegándose con toda su fuerza hasta la pandemia: las fuerzas neoliberales han hegemonizado la agenda global con el propósito excluyente de acelerar la concentración de la riqueza. Bajo los auspicios del capital financiero global, como nunca antes, un grupo reducido de personas ha concentrado un volumen de riqueza extraordinariamente grande; nunca antes, tampoco, las economías de los países estuvieron tan a merced de poderosos grupos financieros como lo están ahora, poniendo en jaque la soberanía política y la independencia económica, herramientas imprescindibles para el desarrollo sostenible de una sociedad.

Ante este escenario global, el mapa de América Latina se encuentra en un estado de reconfiguración permanente. En los dos últimos años se sucedieron de manera vertiginosa acontecimientos políticos que pueden ser hilados con la calma de quienes reconstruyen trozos del pasado, pero para quienes vivimos y palpitamos el ritmo diario de la gestión deben ser rápidamente enumerados: la victoria de Andrés Manuel López Obrador –poniéndole fin a un largo ciclo de gobiernos neoliberales en el país azteca–; el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hacia fines del 2019 –cuyo enorme desafío consiste en poner de pie un país devastado por las políticas neoliberales impulsadas por la coalición Cambiemos–; la libertad de Lula tras 19 meses de detención arbitraria, los estallidos sociales que irrumpieron en octubre en Ecuador y entre octubre y febrero de 2020 en Chile y que dieron lugar posteriormente al referéndum histórico que dejará atrás la Constitución pinochetista –dando cuenta de la enorme vitalidad de los movimientos populares en todo el continente–; el golpe de Estado en Bolivia y el triunfo por la vía democrática de los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca –que permitió el retorno tras el exilio a Evo Morales. Son algunas postales de nuestra historia reciente que invitan a la esperanza y nos recuerdan que la historia es tornadiza y no puede ser digitada por oscuros intereses desde los centros del poder.

Dicho sea de paso: no está en nuestro ADN político cultivar el pesimismo; quienes escribimos estas líneas venimos de tradiciones políticas y del pensamiento que se han forjado al calor de infatigables luchas por la construcción de sociedades más justas. Y no han sido pocas y pocos los que dejaron la vida en ello. Creemos que este momento reaccionario global debe enfrentarse con convicción e inteligencia, con una estrategia de integración política y una profunda creatividad. Las encrucijadas del presente demandan conciliar las bases y fundamentos de nuestras identidades políticas con la capacidad de maniobrar en un mundo convulsionado. Hay que aprender –y este es uno de los grandes méritos de este libro– que los problemas comunes que enfrentamos nos dejan aprendizajes globales que debemos identificar y estudiar, para no repetir errores.

Precisamente por eso, y en más de un sentido, este volumen constituye una pieza fundamental para la construcción colectiva de ese horizonte que ya ha comenzado a vislumbrarse. El conjunto de ensayos que reúne este nuevo libro de Boaventura de Sousa Santos es un texto imprescindible para comprender las características del interregno histórico en el que vivimos, analizar las fuentes de donde brotan las desigualdades que nos preocupan y –sobre todo– trazar una hoja de ruta y una estrategia para consolidar proyectos políticos que contribuyan a construir otros mundos posibles, más justos y más igualitarios.

Frente a ese desafío, ¿quién mejor que Boaventura de Sousa Santos para orientar la mirada y la imaginación hacia la construcción de escenarios sociales alternativos? El gran sociólogo portugués es una de las referencias mundiales en el campo de las ciencias sociales y las humanidades; fundador de las epistemologías del Sur, Boaventura de Sousa Santos ha construido una mirada sobre el presente que combina de un modo magistral el análisis incisivo con la capacidad (propia de los grandes maestros) de formular grandes ideas orientadoras, imprescindibles en estos tiempos.

De los libros se espera que sean capaces de contar buenas historias, una cierta cortesía compositiva, indispensable claridad y precisión argumental. Pero hay libros que, además, movilizan, inquietan, azuzan e instalan preguntas. Izquierdas del mundo, ¡únanse! Es uno de esos textos.

En sus páginas se nos propone una lectura desde las nervaduras políticas del presente identificando las potencias que tienen los partidos y movimientos progresistas para construir nuevas hegemonías políticas frente al modelo geopolítico de dominación neoliberal.

En un libro clásico del pensamiento crítico, Raymond Williams afirmaba que el problema inicial siempre es la perspectiva desde donde se mira. Junto con situar un problema, hay que definir el punto de vista desde dónde abordarlo. Siguiendo al autor de Marxismo y literatura, ¿cuál es el enfoque que asume este nuevo ensayo del sociólogo portugués? El propio Boaventura de Sousa Santos responde a la pregunta: su perspectiva es la de quien se propone realizar un análisis no coyuntural del presente. A diferencia de los enfoques a los que nos tiene habituados –las lecturas de mediano y largo plazo– Boaventura calibra la mirada en el corto plazo para realizar desde allí un análisis de fondo tanto sobre las dificultades como sobre las enormes posibilidades que tienen las fuerzas progresistas y las izquierdas en el siglo XXI para desplegar una alternativa que reviva las tradiciones del internacionalismo progresista y le ofrezca a la humanidad rumbos acordes con los principios rectores de un humanismo crítico que coloque en el centro de sus reflexiones un nuevo contrato social y ambiental.

Si siempre es difícil contar el presente, Boaventura de Sousa Santos lee este tiempo histórico bajo el signo de un interregno. Entre la caída del Muro de Berlín treinta años atrás y la crisis financiera que se desató entre 2008 y 2011 tuvo lugar un tiempo que no ha terminado de configurarse y para el cual no ha aparecido aún su relevo. Una certeza: las ideas e intereses asociados a la “nueva normalidad” más que nombrar un “tiempo nuevo” buscan naturalizar las desigualdades preexistentes, agudizadas por la crisis desatada por la pandemia. Se sabe: la palabra “nueva” es la más vieja del diccionario.

Analizar coyunturas es mucho más que atisbar lo efímero. Es un ejercicio de interpretación de los tiempos y ritmos políticos, de las palpitaciones y de las oportunidades que abren las crisis y de cómo puede ser más apropiado y potente orientar los esfuerzos. Frente a realidades que cambian vertiginosa y permanentemente, leer entre coyunturas es construir oportunidades para la generación de alternativas. Al mismo tiempo, y lejos de ser un libro que lanza advertencias e identifica peligros, Izquierdas del mundo es una cantera de aprendizajes basados en acontecimientos que han tenido lugar en la historia reciente.

Las experiencias que aborda este volumen –a los casos de Brasil, Colombia, México, Portugal y España, hemos incorporado en esta nueva edición los de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela– cifran también una expectativa que podríamos pensar bajo el signo de un aura pedagógica: incrementar el interconocimiento de las fuerzas progresistas para desarrollar aprendizajes globales que permitan construir alternativas políticas plurales frente al modelo del pensamiento único reaccionario desplegado a escala global.

Partamos de la tesis que hace de andamio de este potente conjunto de ensayos: la principal fuerza histórica que recorre nuestro tiempo es el discurso neoliberal configurado como una fuerza transnacional poderosa y profundamente antidemocrática. Si una imagen caracteriza este tiempo es el de las democracias secuestradas por fuerzas antidemocráticas. Sutiles a veces, extremadamente alevosas en otros casos, nuestro tiempo se caracteriza por la enorme fragilidad y la amenaza permanente de la democracia como forma de vida. Frente a ello, uno de los modos de leer este tiempo que nos propone Boaventura de Sousa Santos es la tensión entre articulaciones y fracturas dentro de los partidos y grupos progresistas y de izquierda.

Dos notas, complementarias: los primeros cinco capítulos hacen referencia a procesos de crisis: las fracturas de las izquierdas en España, Colombia, México y Brasil, del que solo queda exceptuada la articulación del caso portugués. Pero Boaventura de Sousa Santos no piensa las fracturas como quiebres irreversibles sino como oportunidades para pensar nuestros puntos flacos, una vía de interpretación que habilita modos de leer las dinámicas como tramas abiertas, en permanente construcción.

Es indispensable identificar esos puntos débiles de las alternativas progresistas para trabajar allí donde se evidencian las dificultades. La tensión creativa y las divergencias constructivas son siempre bienvenidas y necesarias sobre todo cuando estamos frente a un tiempo y una crisis que nos demanda construir fuerzas y políticas de izquierda que desbordan la idea tradicional de partido.

Al mismo tiempo, Boaventura señala que estas grandes orientaciones deben ir acompañadas de una “sabiduría pragmática” que sepa construir alternativas reales para gobernar. La otra cuestión indispensable es partir de la identificación de una irreversible contradicción entre democracia y capitalismo. Si –como estamos convencidos y convencidas– el horizonte emancipador es la democracia, los derechos humanos y la dignidad, tres lecciones se desprenden de este nuevo libro de Boa (como afectuosamente lo llamamos sus amigos y amigas): el futuro es público; sin el Estado no se puede, pero solo con el Estado no alcanza, y el papel de los movimientos sociales es cada vez más vital.

Izquierdas del mundo, ¡únanse! invita –finalmente– a un modo de lectura no coyuntural de la coyuntura en estado de actualización permanente. Tal es así que, por primera vez, se incorporan a este libro un conjunto de ensayos que actualizan y amplían los problemas abordados en la primera edición. Un libro –nos atrevemos a decir– escrito para lectores y lectoras interesados en participar de las luchas por sociedades más justas y equitativas; sociedades que deberán ser –por definición–, anticoloniales, antipatriarcales, antineoliberales. No importan tanto los nombres de las tradiciones políticas en las que se inscriban para alcanzar ese fin; su diversidad hablará de la riqueza que el campo progresista tiene para alcanzar esas metas, su capacidad de articularse dará cuenta de la inteligencia con la que sepan moverse en un escenario reaccionario global.

Ensanchar la convocatoria a todas y todos los que deseen contribuir con una democracia que debe encolumnarse en la defensa de la humanidad y del ambiente a través de la radicalización de la democracia es el propósito fundamental de este volumen. Revolucionar la democracia y democratizar las revoluciones precisas de mapas que nos ayuden a armar los recorridos, a establecer prioridades, a identificar los problemas que no pueden esperar. Este libro nos habla de cómo alcanzar la indispensable convivencia dentro de la divergencia, la imprescindible construcción de equilibrios, el diálogo como ejercicio permanente, señales irrefutables no solo de que los partidos progresistas y de izquierdas tienen la capacidad de gobernar, sino

de que son la única alternativa viable frente a la crisis terminal que atravesamos.

Entre Buenos Aires y Montevideo,
noviembre de 2020

Boaventura-IzquierdasDescarga

Imagen tomada de El País.

Compartido con SURCOS por Óscar Jara.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

– ¿Ud. cree que Hal tiene verdaderas emociones?– Bueno, se porta como si las tuviera. Está programado así para hacerlo más fácil para nosotros. Si tiene sentimientos o no, no creo que nadie pueda responder verdaderamente.2001 Odisea en el Espacio