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Reelección de magistraturas e independencia judicial

Ana Marcia Aguiluz Soto *

En los próximos días la Asamblea Legislativa conocerá la solicitud de reelección del magistrado Fernando Cruz Castro, quien actualmente ostenta el cargo de Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Política, en su artículo 158, establece que la reelección opera en forma automática, salvo que una mayoría calificada decida lo contrario.

Esta solicitud constituye una buena oportunidad para analizar la figura de la reelección de magistraturas y su vínculo con la independencia judicial.

En su informe sobre Corrupción y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que “La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público”. Para que ello sea posible, y se preserve el Estado de Derecho, es indispensable que la administración de justicia esté integrada por personas idóneas y competentes que puedan ejercer sus cargos con independencia de cualquier grupo de poder.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que exista independencia judicial deben establecerse tres garantías fundamentales: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas.

Respecto de la reelección, la Comisión Interamericana ha considerado que esta figura es “factor de fragilidad en la independencia de jueces y magistrados”, esto por cuanto se corre el riesgo de que las personas titulares del cargo se comporten de cierto modo con el fin de obtener el apoyo de la autoridad responsable de la decisión. Considerando este riesgo, la CIDH considera deseable que las y los operadores de justicia tengan nombramientos por un periodo definido y suficiente que permita contar “con la estabilidad necesaria para realizar con independencia y autonomía sus labores sin presiones ni temor de estar sujeto a una confirmación o ratificación superior”.

No obstante, si la figura existe, la CIDH y también el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados (sic) han dicho que, “esta debería operar en forma automática, a menos que exista una falta grave”. Precisamente, en aras de garantizar la estabilidad en el cargo y proteger contra presiones externas, una eventual decisión de no reelección solo sería legítima si se fundamenta en razones objetivas las cuales deben surgir de un análisis sobre la integridad, la idoneidad, la formación apropiada, el mérito personal, la capacidad profesional y la eficiencia de quien ostenta el cargo, según lo ha señalado por la Corte IDH. No resultaría admisible que la no reelección se justifique en criterios ideológicos o políticos.

Ahora bien, pese a las obligaciones que tiene Costa Rica para cumplir con los anteriores estándares, hasta el momento la Asamblea Legislativa no ha implementado metodologías de evaluación objetivas tanto de las personas que se postulan a las magistraturas como de las que buscan la reelección. En este sentido, existe un vacío en la práctica y en la norma que abren un portillo que atenta contra la independencia judicial y le puede producir responsabilidad internacional al Estado costarricense.

Por otra parte, persiste una deuda con la transparencia y la publicidad de este tipo de procesos. De esta manera, en la medida en la que los y las diputadas razonen su voto y lo hagan público se reducirá la posibilidad de injerencia de otros poderes o grupos de poder dentro del Poder Judicial por razones no admisibles. Esta debe ser una demanda ciudadana.

Así las cosas, al conocerse la solicitud de reelección de don Fernando Cruz, a menos que exista una razón objetiva, la reelección debe operar de forma automática, caso contrario, se estaría adoptando una decisión discrecional y arbitraria que afectaría la independencia judicial y que invitaría a los restantes magistrados y magistradas a revisar constantemente sus conductas para agradar a quienes integran la Asamblea Legislativa.

Analizando la trayectoria del magistrado Cruz, es mi opinión que hoy más que nunca necesitamos personas que, como él, ejerzan su investidura con decoro, integridad, competencia e independencia.

En momentos de crisis y enorme inestabilidad en el país, la Asamblea Legislativa debe recordar lo dicho por la Sala Constitucional en la sentencia 2013 – 6247 en cuanto que “Todos los órganos del Estado, incluidos el Ejecutivo y el Legislativo, deben ser garantes del control de convencionalidad, a fin de hacer respetar y garantizar una tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el ejercicio de una magistratura independiente”. No es momento de enviar mensajes de intimidación a otros poderes de la república. Todo lo contrario, es momento de fortalecer la institucionalidad y asegurar su independencia.

* Abogada costarricense, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, defensora de derechos humanos

Hablemos de IVM. Sala Primera de la Corte consideró desvío de fondos en la CCSS – Parte III

M.Sc. Rodrigo Arias López

Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós

El Tribunal Contencioso, Administrativo y Hacienda de Goicoechea encontró que la Caja no acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente. Ante recurso de casación del Estado, la Sala Primera de la Corte consideró como desvío de fondos aquellos dineros que por norma están destinados a un fin especifico y se utilizan para otro.

En la parte II de esta serie (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-megas-huecos-presupuestarios-contra-la-ccss-parte-ii/) planteamos a los costarricenses preguntarse:  ¿Por qué los burócratas de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS), en la sentencia contra Hacienda por deudas acumuladas a la seguridad social, la Fiscalía General de la República (FGR), no hicieron nada para responsabilizar civil, penal o administrativamente  a aquellos funcionarios que pasaron maquillando números y jugaron con la misma existencia de la Caja?¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la FGR en relación con el cumplimiento de sus deberes?

Algunos pensarán que ya los políticos de la CCSS merecen ser los héroes de la seguridad social y que ahora sí tienen puesta la camiseta de defensores de la institución y sus asegurados. Pero no olvidemos que hay un maquillaje de ₡413.384,79 millones, con corte a 2014, presentado desde 2015, según consta ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II circuito Judicial Goicoechea, donde se tramita la Ejecución de la sentencia contra Hacienda (Expediente N° 13-006261-1027-CA). Se presentó una liquidación de sentencia semejante a un conejo gigantesco por casi ₡6 Billones. Si los jueces conceden solamente el gatillo pulgoso (₡413.384,79 millones), pero gato al fin y al cabo, aún, permitiéndole que llene el bolso con los recursos faltantes de 2015 a 2019, entonces, adivinen cuál será la excusa de los burócratas colocados por los partidos políticos en el corazón de la Caja: no nos permitieron recobrar todos los dineros que le fueron escamoteados a la CCSS, palabras menos, palabras más, ustedes escucharán. No sería raro que, así como pasaron maquillando números hayan olvidado que los jueces se rigen por los principios de “ultra petita” y “extra petita” (las partes marcan la cancha a los jueces conforme a los extremos petitorios). Máxime que en la sentencia el Tribunal tuvo como hechos no probados, que: No se acreditó con prueba idónea las gestiones de cobro que realizó La Caja Costarricense de Seguro Social, ante el Ministerio de Hacienda, ni que en éstas se desglosaran los montos debidos respaldados con la documentación pertinente.” Las negrillas no son del original; tiene como fin resaltar la diligencia respecto a la Seguridad Social.

Los partidos políticos que tienen su gente dentro de la CCSS y el Ministerio de Hacienda sabían que, de conformidad con la sentencia del Tribunal, ambas partes tenían que presentar una metodología “consensuada” para determinar el monto que se debía trasladar mensualmente a la Caja; sin embargo, lo que se presentó fue el conejo gigantesco y vitaminado que los burócratas de la CCSS tenían escondido, quién sabe en que madriguera, sin que el animalote lo reconocieran los representantes del Ministerio de Hacienda, porque ya estaban encariñados con el gatillo pulgoso y artrítico.

De esta manera los políticos de la CCSS se percataron que, ante la declaración de sus propios funcionarios, en el sentido de que en ausencia de los ingresos del artículo 9 de la Ley 7374 a cargo del Estado, “Los recursos se ha tomado del esquema contributivo de los aportes de las primas, esto financia los tres niveles de atención.”. Esto facilitó el argumento de los representantes del Estado para decir que entonces la CCSS no se había visto afectada, porque siguió operando y los recursos invertidos por ella en atención primaria “provienen del mismo seguro de enfermedad” (Negrillas suplidas).

Pero el tiro les salió por la culata, porque ni el Tribunal ni la Sala de Casación se tragaron la carnada, argumentando lo siguiente:

“Así, en resumen, los preceptos referidos transfirieron los programas de atención preventiva de salud y el personal a cargo de ellos, del Ministerio de Salud a la CCSS, y dispusieron, con claridad meridiana, fuera de cualquier atisbo de duda, que el Estado debería trasladar, mensualmente y sin límite de tiempo (pues no hubo disposición en tal sentido) los recursos financieros para cubrir su continuidad, a efecto de lo cual el Ministerio de Hacienda debía tomar las previsiones presupuestarias. La tesis de que el servicio debía ser absorbido, a nivel de costos, por el seguro de enfermedad y maternidad, contraviene de manera abierta disposiciones del constituyente. Cabe recordar que conforme a lo señalado por el canon 73 de la Constitución Política, los seguros sociales, dentro de los que se encuentran, entre otros, los de enfermedad y maternidad, “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, (…).” (El destacado es suplido), de modo que incorporarle un programa que no se consideró, en un origen, como parte del seguro de enfermedad y maternidad, carece de asidero constitucional y legal. Todo este análisis lleva a colegir que, contrario a la tesis del Estado, de las normas examinadas se extrae, de manera absolutamente diáfana, su deber legal de reservar y trasladar los fondos necesarios para la continuidad del programa. En suma, su reparo al respecto debe denegarse.” (Lo destacado es del original, lo aclaramos para destacar lo que no vio la Fiscalía Anticorrupción).

Continuó diciendo la Sala Primera: “Por otra parte, si la CCSS hizo uso de los recursos del seguro de enfermedad y maternidad para cubrir los costos de los programas trasladados, ello no implica una inversión legítima, tal y como sugiere, sino un desvío de recursos de un fondo con destino específico constitucional, que expresamente lo prohíbe (artículo 73 de la Constitución Política). Dicho de otro modo, su tesis de que los gastos del programa debían ser absorbidos por el fondo de maternidad y enfermedad, carece de cualquier asidero constitucional o legal y, por el contrario, contraviene el numeral referido de la carta magna.” (Subrayado y negrilla es nuestro y tiene como fin destacar que la inversión fue ilegítima y que los fondos tienen fuerza constitucional y no legal).

Es decir, los políticos de la CCSS estarían notando que su propio pellejo podría estar en riesgo ante confesión de parte de desvío de fondos. Más aún, cuando existen abundantes documentos oficiales de la CCSS que así lo indican, como el oficio DAPE-479 del 29/10/2004, dirigido al Presidente Ejecutivo de la CCSS Dr. Alberto Sáenz Pacheco y al Gerente de la División de Pensiones Lic. José Alberto Acuña Ulate (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiFbLlIrW_vwDvld1), con el cual el Director de la Dirección Actuarial Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, les informó lo siguiente:

a) Los ingresos para financiar los regímenes de protección que incluyen a las personas aseguradas mediante convenios, cuenta propia y régimen no contributivo a cargo del Estado son insuficientes. (El subrayado es nuestro)

b) EL 50% de la prima establecida para financiar la cobertura de los trabajadores asalariados, es suficiente para financiar las prestaciones y beneficios de este grupo y sus dependientes. El restante 50% se utiliza para financiar el déficit indicado en el punto anterior.” (Subrayado es nuestro).

O como en el estudio actuarial del seguro de salud realizado por la CCSS con corte al 31/12/2013, en el cual se proyectan para el año 2018 faltantes de cientos de millones de colones (Cuadro N° 17), no facturados por la CCSS o facturados parcialmente al Estado, por lo cual los jerarcas de la Caja presuntamente estarían desviando aportes de los trabajadores asalariados para cubrir esos megas huecos presupuestarios. Habría que oír la defensa de estos fondos hecha por la representación laboral en la Junta Directiva de la Caja.

Todo lo anterior fue  advertido a la CCSS desde muchos años atrás, reiterado ante su Presidencia Ejecutiva en el año 2018 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGC9CeqNwcuwcyP1), recurrido ante su Junta Directiva en diciembre de 2019 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGriPdm1JQuowjyv). No se sabe del resultado de la atención al acuerdo que tomó esa Junta el 19/12/2019 (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiGsQFSmUJgfBvS_4), o si estará en la madriguera del conejo.

Nota: Montos en millones de colones.

Fuente: https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiHXHX_c1ZiGt3p2d

Por otro lado, la jerarquía política de la CCSS y del Gobierno se sienten fortalecidas y estimuladas con el apoyo contundente de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, en la causa penal N° 18-000119-1218-PE. Ni la fiscala general Emilia Navas Aparicio y mucho menos las fiscalas designadas Diana Hernández Gamboa y Johanna Carpio, encontraron algo que les resultara raro en todo ese juego de números. Más bien, acogieron como válido el dictamen jurídico de los abogados de la CCSS, que interpreta que esos regímenes de asalariados, independientes, voluntarios, pensionados, asegurados por el Estado, son solo la forma en que la CCSS ha logrado “conceptualizar a los que son beneficiarios de las protecciones y servicios que brinda ya sea el régimen de salud o el de Invalidez, Vejez y Muerte”. Es decir, como cualquier abogado de garaje, ahora en Costa Rica no es la Constitución, ni las leyes 17, 7374, 5905, 5349, 7983, entre otras, las que crearon esos regímenes y/o le prohíben a la CCSS realizar desvío de fondos -como lo advirtió la Sala Primera- sino que es un mero arreglo interno que hace la CCSS. Así de jodido estamos en cuanto a cultura jurídica. La fiscalía anticorrupción solicitó al juez “se proceda a DESESTIMAR la presente denuncia”, lo que efectivamente fue acogido “POR ATÍPICO y FALTA DE PRUEBA” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQq-sE-BmCTkD_8b ). Incluso, ante la apelación realizada por el denunciante con la férrea oposición ejercida por la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José resolvió archivar el caso, argumentando: “(…) De la referencia que ha hecho el Ministerio Público se observa que el señor Arias López no ostenta esta condición de víctima en el presente proceso, sino que figura como denunciante ante un delito de acción pública… (…) el señor Arias López no ostenta la condición de víctima se observa que no pasa este filtro de admisibilidad por que el señor Arias López no cuenta con esa autorización legal establecida en el C.P.P para presentar el recurso de Apelación.” (https://1drv.ms/b/s!AneRZsXF3kHMiQvXcG-UM-uACtGe) (Negrillas suplidas). Ni usted sería víctima, aunque al final sea perjudicado como contribuyente y le quiebren el IVM.

Interesante resulta la encuesta realizada por la Contraloría General de la República (https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpc/prevencion.html), que en los últimos meses tiene ojos de Halcón, en cuanto al fenómeno de la corrupción detectó, entre otras cosas: “El 75% de las personas no conoce alguna acción llevada a cabo por el sector público para evitar que se dé la corrupción. El 28% de las personas consultadas admiten que ellos o un conocido han sido testigos de algún acto de corrupción en el sector público. De las personas que admiten que ellos o un conocido fue testigo de un acto de corrupción en el sector público, el 79% de las personas no realizaron la denuncia. La principal razón por no denunciar un acto de corrupción se debe al miedo a represalias (28%), el no ver algún cambio (22%), y por desconocimiento del trámite de denuncia (16%).” (Negrilla suplida).

En este sentido el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción. Sr. Carlos Meléndez declaró recientemente: “El fenómeno de la corrupción constantemente muta y evoluciona constantemente. Por ejemplo, históricamente, donde se ha invertido más recursos en una fiscalía anticorrupción fue abordar el fenómeno de la corrupción pública; básicamente cometidos por funcionarios públicos abusando de sus funciones.” (Negrilla no es del original) (https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-de-probidad-la-corrupcion-ya-no-es-un-fenomeno-solo-de-funcionarios-publicos/).

El tema resulta sumamente interesante a juzgar por la sentencia que condenó al Ministerio de Hacienda a pagar a la Caja, pues si existe una norma, en este tipo de orden constitucional, cambiar de destino los fondos establecidos significa un “desvío” que no encuentra asidero en la costumbre administrativa, pero para la Fiscalía Anticorrupción estas conductas censuradas por el Tribunal Administrativo, que podrían poner en peligro el IVM y SEM, no encuentra sustento en la normativa penal.

Por el momento esperemos si es cierta la percepción delfiscal adjunto Carlos Meléndez, en cuanto, según dice, hay evolución y mutaciones en la corrupción.

Lea también la parte uno: Hablemos de IVM – Parte I y la parte dos: Hablemos de IVM. Mega huecos presupuestarios contra la CCSS – Parte II

Diálogos Ecologistas Virtuales

Propuestas del movimiento ecologista para una transición ambientalmente justa. ¿Cómo afecta a la agenda ambiental la negociación con el FMI?

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Anti-Homenaje a Alexánder Obando Lector (1958-2020), poeta y amigo

Jiddu Rojas Jiménez

No tengo una foto con Alex. No tengo ninguna foto, porque antes de los celulares y las redes, cuando algunos queríamos cambiar el Mundo, las fotos eran sospechosas. Supongo que además, hasta nos hubiera dado pena, tomarnos fotos en un Bar.

Era otro Mundo, y yo disfruté su caída, en la medida de lo que correspondía a las capas medias universitarias radicalizadas de nuestra Meseta Central. Claro, lo que no sabían era que para nosotros, la Poesía es una forma superior de la revolución y de la evolución.

Yo tuve mi pedazo de Cielo, y conocí escéptico con mirada de falsa superioridad y de eterno estudiante de Filosofía, los Talleres de Filosofía Política o de Poesía y de Anti-Poesía, o a los Anti-Talleres, la Editorial Azul, y las compra-ventas de libros usados; yo conocí de noches y amaneceres sin Netflix ni Pandemias.

En mi defensa diré, que a finales del siglo pasado jugué en el tradicional partido de Fútbol Sala entre Filósofos y Poetas, pero, junto a los Poetas. Casi sólo enemigos tenía en el equipo propio, y bueno soy un defensa nato… perdón Ché.

Hace muchos décadas, un filósofo pedante me escribió en la dedicatoria de su brillante libro: «Jiddu pero ¿quién te dijo que la vida es una fiesta?» Ahora puedo responderle en público: Yo acuso, fue Alexánder ObandoLector. (¿O fue al revés?) No lo puedo negar, ni aunque ahora sea socialdemócrata….

Yo fui testigo de honor de las mesas de madera rústica con bocas y birras, de todo tipo de masculinidades tóxicas; con el complejo edípico de superar a la Generación maravillosa o idealizada de los 70s -que sabia, se acomodó al Estado Social de Derecho-, pero también de la profunda erudición; de la revolución de cafetín y de la revolución en serio; de esa extraña vocación colectiva por la búsqueda de la verdad; del culto honesto por la Literatura y la Poesía. (No sé porque las separo, seguro pienso en Alex y en su Taller Eunice Odio o en el Colectivo Octubre-Alfil 4)…

Y entonces encedieron La Matrix.

Y aquí estoy, frente a un teclado binario.

La gente se muere. Obvio. Se mueren nuestros amigos/as, se mueren los Maestros Masones, se mueren los viejos Camaradas, se mueren los padres y las madres y hermanos de nuestros amigos y amigas sin derecho a mucha despedida ritual (así debe ser en esta Cuarentena); se le mueren las hijas a nuestros amigos asesinadas por cualquier malnacido, bueno, y también se murió Alex…

Claro, era de hasta predecible. «Se mueren los mejores siempre», me dijo La Gallina, un combatiente nica.

Recuerdo que yo alguna vez, pude conocer a los últimos poetas malditos locales de verdad. Todos muertos en fila india…

A veces me visitan todavía, -como a Picado (José Picado Lagos), Martínez Rivas y su primo Ernesto Cardenal-, y conversamos pero sin Solentiname… Tomamos café, nada de puñaladas de guaro. Sino que lo diga Alvarito, un Satanás converso.

David Maradiaga, de Julito (Julio Acuña), el camarada Kaki, Claudio Sánchez, el gran Felipe Granados, Sila Chanto (grabadora, artista plástica y poetiza laureada hasta en Suecia), don Milton Zárate, Paterson, el pintor cubano Antonio «Tony» Bustamente Ledo, Pingo (casi se me olvida colega, me lo recordó Clara), y ahora Alexander… Y hay otros muertos, pero todavía no les ha llegado la noticia, y no se han enterado. Así pasa.

Nadie tuvo un peor Obituario. No se lo merece Alexander. Y quiero aprovechar la catársis, y remendar ese entuerto, más allá de la buena fe o no de la publicación mediática que leí.

¿Alex Hombre sencillo? Jamás. Un neobarroco, y posmo a la vez. Sin pretensiones jamás. Puro Culteranismo y Vanguardismo.

Un maldito genio incomprendido y frustrado, como muchos y muchas, tal vez… Pero lo gozaba. Goce y no placer.

Y sí claro, hubo mucho dolor, mucha soledad, mucha marginalidad, mucha mezquindad, pero fueron sublimadas.

Su único pecado fue no nacer burgués, y tener ese exceso de sensibilidad canceriana en este vulgar Shark Tank tico…

Alex, intuyo, estaba muy enojado con Costa Risa, RISA, no es un dedazo, y con la maldita mediocridad endogámica meseteña del submundo de los/las trabajadores/as de la Cultura. Punto. Y con razón.

Costa Rica es útero, decía Boccanera, y estar afuera, duele. Y sí, a veces duele y mucho.

Esa «Máquina de hacer mierda a la gente», como dijo la Hija de un guerrillero tico que se fue a vivir y morir a Guatemala.

No es culpa de nadie, es así…

Imagino que él quería, seguro, (los ticos decimos «seguro» cuando es incierto), hablar con un aristócrata surrealista, como Jean Cocteau, y liarse a golpes con Foucault, e irse de farra con Kerouac, Pasolini, y Jean Genet, y llevar clases sólo con Faulkner y Arlt. Pero nue así, aunque se lo mereciera.

En lugar de eso, nos tenía a nosotros/as. ¿Qué putas le vamos a hacer?

Álex sin embargo, -y estoy seguro-, a pesar de su infancia bilingüe en EE.UU., amaba a Costa Rica, era una relación de doble vínculo freudina.

Alexánder era un «malditazo», diría Picadito. Un verdadero Poeta Maldito tico. Pero fino. Bohemio ilustrado, nunca borrachín. Nunca. Con un mucho «estilo», diría Kaki. Trabajador, responsable, independiente, orgulloso aunque de salud frágil, pero valiente, con un gran sentido interno de justicia, un formidable profesor de Inglés, un intelectual acucioso, con garbo y autenticidad, ningún «dandy» diletante. Tal vez Álex, nunca fue mi «mejor amigo», y viceversa, pero fue el mejor amigo de algunos de mis mejores amigos poetas (Ismene Isis Ja Ro y Mauricio Molina o Patrick). El tiempo y el temperamento nos separó tanto como Montes de Oca de California.

Y seamos justos con Costa Rica, basta ver Wikipedia o EcuRed: Alexánder fue un poeta con gran oficio, reconocido y laureado en vida, y además, un además un ícono para nuestra generación. Cumplió sus aspiraciones, y no fueron modestas. Sus silencios fueron opciones personales también. Su activismo en redes también. Su delicada salud una condición. No hay misterios.

Lo que no podría perdonarme es mi silencio acá y ahora, frente a su desaparición física. Pero esa mi opción, y debe quedar muy claro.

Para mí, será siempre un entrañable ropero peludo con estrabismo en un ojo disimulado por sus anteojos de pasta; sencillo pero complejo de mente y de corazón:

«Soy playo, pero nunca he perdido ninguna pelea catos», advertía con fina caballerosidad casi proletaria.

Su «estilismo» (Kaki dixit), en mi vida de joven dilitante fue, maestro existencial.

Era regañón incluso, con más confianza.

¿Literatura, Filosofía o Revolución?, pensaba yo; «para cuándo Jiddu, faltás vos…», me advertía.

Tenía razón Alex, pero yo soy Hegeliano, y entiendo del vuelo tardío del Búho de Minerva. (Y además me vale verga, hay otro atajo secreto al Absoluto. Pero ese es otro cuento.)

Prosigo con Alexánder…

Fue un confeso CopyCat de Paul Verlaine enamorado de un Rimbaud escapado. Honrado de estar autoexiliado de la misericordia del prójimo local y de su provincialismo chato aunque democrático, como Eunice Odio o Yolanda Oreamuno o Max Jiménez Huete. Es más, por eso escogió morirse el 15 de Setiembre. Tiene su firma melodramática.

Álex nos advertía: «Maes, suicidarse después de los 35 ó 40 años no tiene sentido». Era a los 27, sino sólo siga adelante.

Lo recuerdo, conversando con profundidad y pasión, de Literatura en serio, de Filosofía, de Poesía, de Música Sinfónica, de Mahler (y no de la salsa como dijo el poeta Alfredo Trejos), despotricando contra la reaccionaria de Cósima Liszt esposa de Wagner, eternamente rodeado de un séquito de poetas, querubines, y admiradores/as jóvenes, y acólitos y envidiosos, Alexánder Obando – escritor, se pavoneaba gentil y fino, jugando de posmo (gran diferencia estética y política y motivo de discordia); siempre refinado en el sarcasmo, sutil con peso pesado, mientras nosotros primitivos machistas-leninistas estabamos admirando mujeres hermosas por dentro y fuera, y él obvio, admirando con sonrisa cómplice, jóvenes bohemios con bajo o mucho, talento poético.

No se equivoquen tampoco. Alex nos llevaba un par de décadas de evolución en estos temas, siempre un tipo directo pero discreto, respetuoso, afectuoso, cariñoso, lúcido; dotado de gran empatía, sabía escuchar a las compañeras… Un hombre evolucionado espiritualmente, cualquier cosa que eso quiera significar y nunca en un registro religioso.

Yo aprendí el arte de valorar el escuchar a las mujeres y a lo femenino, no de mis amigos fachos de Barrio Amón, o de Derecho, jamás. Tampoco de mi tribus de izquierdas, habitadas con valiosas mujeres compas, pero siempre logofalocéntricas. Yo lo aprendí (o intenté aprenderlo) curiosamente gente más vieja, como mi Tata o Doña Ruth (Gentilini Retana), pero también de amigos como Alexander…. Gracias Álex.

Una especie de gurú o cuasi hermano mayor de los poetas Generación X y Y, y demás amantes de la poesía, que reproducía como Lezama Lima el Curso Órfico. Claro, su autor cubano preferido, y con el que nos destrozaba políticamente cualquier discusión, era Reinaldo Arenas (1943-1990) obviamente.

Serio en su oficio, era Álex. Tajante frente al «Kitsch» y el mal gusto, y la palmadita en la espalda…

Tenía un sarcasmo de novela, aunque nunca cruel. Siempre gigante gentil y hasta dulce. Cuándo decía «muy interesante» de algún poema ajeno que le llevaban, sus amigos/as ya sabíamos que el texto era una mierda. Genio y figura.

Estas últimas virtudes intenté aprenderlas sin mucho éxito de él. Receloso de su privacidad y del orden en su apartamento. Mi apartamento pequebú era propiedad colectiva y sin derecho a la intimidad, hasta que lo convertí en cueva alambrada con pretextos políticos (y tenía razón), hasta pasarme a mi casa antes de venderla, y hasta juntarme con aquella Ex, y terminar con un buen Plantígrado despotricando contra la Monogamia, para al final adaptarme a ella. Alex, hubiera dicho, estás aprendiendo…

Alex además era leal, virtud difícil de encontrar en una mesa de poetas beodos. Alex odiaba que lo llamaran por su apellido.

Alex escogió sin duda, morirse un 15 de Septiembre. Y como el Acta de Independencia nuestra, la noticia nos vino una semana después.

Sólo falta una misa.

Fue su última protesta, -estoy seguro-, en un autoexilio semejante al de Chavela Vargas, pero no en México, sino en las Fauces del Monstruo aquejado ahora más seguido, de fundamentalismo, racismo, y homofobia pandereta.

No visualizo fácilmente a Alex, obeso y más que yo, hermoso, barbudo, gran oso gay, y tan cosmopolita y florido como Tibás centro, en… California.

No crean en Tibás centro, quedaba la Biblioteca personal más grande de Filosofía y Literatura de Costa Rica, al menos en los 80s y 90s; y su dueño no era ningún millonario extravagante, sino un buen amigo común, colega, y algo neurótico, y un verdadero intelectual. Así es nuestra Costa Risa…

Decía sabio Álex, -un «connaisseur» de las miserias de nuestras capas medias suburbanas-, frente a mi desahogo frente un desamor juvenil mío de una chica de Tibás: «Tibás es un Holograma de Costa Rica».

Pero lo imagino (o eso intento), más feliz allá donde murió, en armonía, aprendiendo permanente de la vida, observando, viviendo acaso con más prudencia… Aqui nos dejó varios Premios, novelas cuentos y mucha poesía.

Nosotros no fuimos así, pero seremos un poco mejor gracias a Alexánder.

Excursus I:

Se caía el Socialismo Soviético en los 90s y nostros nos inventábamos otro Socialismo, verde, rosado, Arco Iris, democrático, libertario…

Nos equivocamos, no el utopía, sino sólo en exceso de optimismo.

Como si fuera posible decretarlo.

Alex se salvó de que lo echaran preso, con el Movimiento Abstencionista y Kasandra en 1994, -bueno yo también porque me escapé de la Patrulla-, otros no. Eran los Tiempos de Amor y Rabia.

Ahora todos son respetables Profesores de Filosofía, o Docentes Universitarios Pensionados, un Arquitecto, y hasta un menor de edad, que ahora es un buen Diputado.

Con Walter Benjamin acuerdo en que hay que politizar la estética, y no estetizar la política. Nuestro Gauchismo tenía un techo frívolo.

Tal vez literaturizamos la realidad política compleja de nuestro «ethos» costarricense, no entendíamos nada, de nuestra historia bananera y ahora piñera, porque no valorábamos bien, ni conocíamos bien nuestros extraordinarios acontecimientos (1856, 1857,1870, 1919, 1934, 1940-1943, 1948 y 1949, 1979, 1991, 1995, 2000, 2007, etc.). Bueno, esa desorientación radicalizada cambió.

En fin, no se ni porqué hablo de política acá… Esa es otra burbuja tal vez.

Debería hablar, eso sí, de cuanto me duele un miserable Obituario que deforma la vida de mi amigo poeta, y su producción literaria. Pero eso al final, es político también …

Excursus II:

Debería más bien, aburrirlos con el mil anécdotas bohemias de Alexander…

Desde el concurso para clavar cuchillos, hachas y machetes en la pared del garaje que Melvin Aguilar, -el Duende que te pierde en el camino-, le alquilaba a Livia Cordero, qepd., hasta la ocurrencia de ver una Obra de Ionescu en el Instituto Goethe, en cual se pretendía provocar al espectador y que éste participara o se asustara ….

Bueno, nosotros nos tomamos en serio el tema del performance, y generó una reacción violenta de los actores y actrices del performance. Y casi llaman a la Policía.

O tal vez aquella presentación de su opera prima, con venta del Libro, -cuyo Borrador prestado, nunca terminé de revisar para su eterno disgusto-, en el Centro Cultural Mexicano…

Recuerdo su frase lapidaria y radical en los 90s, ante una pregunta impertinente: «Yo no creo que haya, exactamente, ´Literatura Gay´, yo sólo hice una novela, y soy Homosexual».

Pero bueno, sobrarán lectores y amigos/as suyos, que narrarán su texto y biografía, mucho mejor. Porque Alex fue sobre todo eso, un buen amigo.

¡Buen viaje Poeta!

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.

Neoliberalismo, salto autoritario y universidad pública

«El gobierno inaugurado en mayo de 2018 ha acelerado y profundizado la puesta en marcha de las llamadas políticas neoliberales. No se trata solo de la política económica. El proyecto neoliberal busca imponer una reestructuración social en profundidad. Quiere cambiar la estructura social, el marco cultural, las mentalidades. El neoliberalismo trae aparejado un giro autoritario, que responde a o anticipa un incremento del malestar y la conflictividad social. En ese marco general, colocamos el análisis de los ataques a la Universidad Pública. Porque lo que pasa en la Universidad, es una expresión de lo que pasa en el país.

La reestructuración social neoliberal y el empuje conservador, el salto autoritario, crean condiciones político-culturales para el ataque a la Universidad pública. La reestructuración neoliberal busca disminuir el peso social de lo público, y un aspecto particularmente relevante de ello es erosionar el alto prestigio social de las universidades públicas (tarea nada sencilla en un país en el que los negocios privados del sector, tras 40 años, siguen siendo objeto de una consideración claramente inferior a la de los centros públicos). Por ello, entender el enconado ataque de que son objeto requiere comprender el proyecto neoliberal y sus implicaciones más amplias».

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Roberto Ayala

El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos’… Una ligera modificación en la célebre máxima o fórmula de Gramsci aporta el marco general histórico-social y político-cultural en el que me parece que el tema a desarrollar puede hacerse razonablemente comprensible. Vivimos un momento o período de crisis civilizatoria. El mundo en el que vivimos, el capitalismo, no tiene futuro, no merece tenerlo, porque no puede dar lugar a un orden social justo. Las perturbaciones y desequilibrios se multiplican y agravan. Desde el avance y agudización de los niveles de desigualdad social, que está en la base más o menos mediada del enorme malestar que recorre las más distintas y distantes sociedades, y que preanuncia explosiones de descontento, verdaderos estallidos sociales, en la línea del protagonizado por los chilenos desde el último tercio de 2019, hasta las recurrentes y cada vez más frecuentes y gravosas manifestaciones del cambio climático en curso, que pone en evidencia y desnuda la suicida miopía política de sectores decisivos del poder económico y político en el mundo capitalista.

Podríamos hacer referencia a los procesos migratorios descontrolados, el cada vez mayor poder de las mega-corporaciones o los conflictos militares y las centenas de miles de vidas humanas perdidas en las maniobras geopolíticas desplegadas por las grandes potencias y sus intereses y rivalidades; el recrudecimiento de la xenofobia y el racismo, o el empobrecimiento y profundización de la dependencia de las sociedades del capitalismo periférico, el deterioro de los estándares sociales entre los europeos y en el mundo capitalista avanzado en general, etc..

            Pero el factor decisivo de lo que podemos llamar crisis civilizatoria es la ausencia aparente de una salida histórica, de un proyecto social alternativo claro. La degeneración burocrática y final derrumbe de las experiencias de sociedades postcapitalistas del siglo XX ha provocado una enorme confusión político-cultural y un catastrófico retroceso en la conciencia social de clase de los explotados y oprimidos. El hecho de que el enorme malestar se combine con incertidumbre y escepticismo respecto del futuro, la ausencia para la gran mayoría de una opción social que aparezca como viable, la falta de salida político-social creíble, así como las insalvables limitaciones de y recurrentes frustraciones con las diversas variantes de neo-desarrollismo, ‘nacional-popular’, crea una situación extremadamente peligrosa, susceptible de ser arrastrada por cantos de sirena, monstruos que abrirán vías falsas de salida, creando condiciones para involuciones catastróficas o evoluciones distópicas, la ‘barbarie’ sobre la que alertaba Rosa Luxemburg.

Vivimos una situación en que el escapismo individual, el cinismo, el indiferentismo social y elementos de regresión en lo cultural, se amalgaman con importantes procesos de protesta social que buscan, a tientas, una salida progresiva, más intuida que concebida, ampliadora de las posibilidades de realización humanas, enriquecedora de la vida. Una situación histórica con rasgos paradójicos, en que, por un lado, se van reuniendo condiciones y se suman elementos para un gran salto adelante, en los más diversos planos, en el proceso de la autoconstitución humana. Por otro lado, la crisis del proyecto emancipatorio, la incapacidad para encontrar una salida superadora del capitalismo, da lugar a la proliferación de eventos y dinámicas que apuntan en un sentido regresivo.

Hay que insistir en este punto, clave para abordar movimientos contradictorios y comportamientos desconcertantes que se multiplican en la última década, para ir más allá de todo el impresionismo fenomenista imperante: la sobrevida del capitalismo provoca un aumento tendencial de las tensiones y elementos de desequilibrio en el sistema social de conjunto y en sus distintos niveles, desde los planos más amplios hasta los meandros de la vida cotidiana de millones de individuos. La inseguridad del presente y la incertidumbre respecto del futuro están produciendo todo tipo de movimientos amenazantes, desde la proliferación de sectas religiosas conservadoras y el fortalecimiento de movimientos políticos de ultraderecha, incluso filofascistas, hasta movimientos de repliegue en la intimidad y de huida hacia lo privado y un feroz individualismo que busca gratificaciones compensatorias en la cultura de consumo como factor decisivo de status y de la autoestima (en realidad, las tensiones contemporáneas no hacen sino profundizar rasgos inherentes a la sociedad burguesa, que tiende a disolver los vínculos tradicionales entre los seres humanos, dando lugar a una socialidad degradada de individuos atomizados, que viven para ocuparse de sus intereses particulares).

Puesto de manera muy resumida, este es el marco histórico-social en que tenemos que abordar el tema de la situación que vive el país, si no queremos reincidir en la trampa del excepcionalismo local. El gobierno inaugurado en mayo de 2018 ha acelerado y profundizado la puesta en marcha de las llamadas políticas neoliberales. En pocas palabras, estamos ante el gobierno más ‘neoliberal’ de los últimos 30 años. No cabe dudas de que la aplicación de este tipo de políticas, contra la opinión de algunos comentaristas, viene de hace décadas, polémica de la que me ocuparé sintéticamente en breve. Pero tampoco parece controvertible el señalamiento del gobierno encabezado por el sr. Carlos Alvarado como el momento de una ofensiva sin precedentes contra derechos y conquistas de los trabajadores y los sectores populares.

NEOLIBERALISMO

Tomando los términos de Callinicos, “el neoliberalismo intenta sujetar todos los aspectos de la vida social a la lógica del mercado y hacer de todo una mercancía”[1]. Una concepción-política que realiza una forma particularmente pura de la lógica del capital. Se trataría de un importante reforzamiento del poder de clase, que ha llevado a una redistribución masiva de los ingresos y la riqueza a favor de las élites. Tal transferencia de riqueza lleva por su parte a una mayor concentración de poder social (‘la riqueza y el poder se engendran mutuamente’, Locke), capacidad para incidir en la dinámica de la vida social, y a partir de ahí derrama efectos sobre el conjunto de la sociedad. Esto incluye por supuesto las Universidades públicas.

Para Harvey, el neoliberalismo es una teoría de las prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las habilidades empresariales del individuo[2]. El papel del Estado, sintetiza Harvey, es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de la propiedad privada, mercados libres y libertad de comercio. Por supuesto, como sabemos, cualquier licencia sobre estos estrictos límites, y sobre todo la execrable intervención en los mercados, debe ser enérgicamente rechazada, por su inevitable efecto: cuestionar, distorsionar, violar, las ‘leyes naturales’ del orden económico. Smith concluía, en su planteamiento general, pero no sin unas cuantas llamativas inconsistencias o contradicciones, que lo mejor sería ‘dejar que las cosas sigan su curso natural’.

La elaboración y el debate sobre las políticas neoliberales, ha sido considerable. Pese a ello, con cierta frecuencia se pueden encontrar en los medios, y en alguna mesa de debate, quien asuma la desconcertante postura de negar que el término haya alcanzado un contenido preciso. Los que cuestionan las políticas neoliberales, estarían usando una voz desprovista de un significado elementalmente delimitado. De esta, algo desesperada, manera, se intentaría restar todo sentido y valor a las críticas y los análisis sobre los efectos económicos y sociales generales de las políticas neoliberales.

Se ha alertado sobre el hecho de que usualmente los que cuestionan la pertinencia actual de la convencional distinción ‘derecha/izquierda’, distinción política, ideológica y cultural, suelen ser de derechas. Algo similar parece ocurrir con el término ‘neoliberalismo’. Una nota publicada en la página electrónica del Instituto Mises, recurre en esta línea al argumento de que una forma de evidenciar la vacuidad intelectual del término, es que en realidad ‘prácticamente nadie se identifica como neoliberal’. Es decir, el cuestionamiento del ‘neoliberalismo’ carece de objeto pues ‘nadie’ se reivindica de tal denominación[3]. La razón del abandono obviamente es el profundo desprestigio del marbete. Más de 40 años de políticas asociadas a la noción, y los efectos socioeconómicos producidos, han llevado a sus promotores a buscar autodenominaciones alternativas.

Pero casi todos tenemos una idea al menos aproximada de lo que el término connota. La crisis del keynesianismo en el contexto de los años 70, la incapacidad de las técnicas convencionales para resolver la crisis de bajo crecimiento e inflación, derivada en buena medida de la internacionalización y del libre flujo de capitales, con la consiguiente pérdida o erosión de las condiciones de aplicación eficiente de las políticas keynesianas, llevó a las élites políticas a lanzar un ataque frontal contra los salarios, condiciones de vida de los trabajadores y su capacidad de organización y resistencia. Elevar la tasa de explotación para recuperar la tasa de ganancia. La retirada del Estado de la regulación económica y la agresiva poda (cuasi desmantelamiento, en algunos casos) del llamado estado de bienestar, se combina con un retorno, ideológico o instrumental, a políticas, valores y actitudes conservadoras, incluyendo una fuerte regulación restrictiva de las condiciones legales de los movimientos de trabajadores. Desde Tatcher y Reagan, esta orientación conservadora se expresa en una combinación variable de aspectos como la defensa de la familia tradicional, el ataque a derechos y libertades sociales o la escenificación de un patrioterismo militarmente agresivo, la promoción del nacionalismo cultural (la campaña del english only, en los 80, es una ilustración) y elementos, más bien de fachada, de moral victoriana, hasta el violento ascenso de la derecha cristiana y, no casualmente, de un papado militantemente conservador, con K. Wojtyla[4].

En este desplazamiento ‘neo’ conservador radicaría la especificidad de la posición neoliberal de conjunto respecto de la tradición liberal de corriente principal. La que, por otro lado, ha sido objeto de algún coloreado. Una confusión frecuente es asociar liberalismo con apoyo a la democracia como forma política. Pero el registro histórico muestra que los liberales, en su gran mayoría, han albergado fuertes aprensiones, cuando no una actitud de abierta oposición elitista, respecto de las formas democráticas de organización. Para no pocos liberales la democracia política es vulnerable a, y ha dado recurrentemente muestras de estar inherentemente inclinada a, lo que denominan ‘populismo’; es decir, ser proclive, particularmente susceptible a las ‘formas demagógicas’ de actividad política, hecho posible por el resentimiento mediocre y el bajo nivel cultural característico de la plebe (el clásico prejuicio aristocratizante de las élites). De ahí la gran resistencia a abandonar el voto censitario, así como la inclusión desde el principio de mecanismos como una ‘cámara alta’, inspirada en la conservadora cámara de los lores británica, o la renovación solo parcial y en distintos momentos de las asambleas representativas, para evitar que coyunturas particularmente agitadas, de polarización social o radicalización política, provocaran vuelcos importantes en el equilibrio de poder y las instituciones. Hay que contar también entre estos mecanismos de prevención de los temidos ‘desbordes’ de la democracia, pese a todas sus constitutivas restricciones formales y delegativas (representación), un poder judicial, una banca central y un ente contralor, colocados más allá del más elemental control político democrático[5].

Para los liberales, la libertad económica ha estado siempre por encima de la libertes políticas, o la segunda subordinada a la suerte de la primera, junto a la exclusión de los derechos sociales del concepto de derechos humanos y de los atributos de la ciudadanía; la libertad individual por encima de los derechos sociales (sin los segundos, los primeros se tornan retóricos y ornamentales para la gran mayoría), la libertad negativa (ausencia de restricción), por encima de la libertad positiva (las condiciones sociales de posibilidad de los individuos de ejercer efectivamente sus derechos y libertades individuales). En síntesis, el liberalismo, en su corriente principal, ha sido una falsa defensa de la libertad individual, subordinada al mecanismo ciego, ‘natural’, del mercado, y una defensa de una falsa libertad, la del mercado y de la propiedad privada de los medios de generación de riqueza, a la cual solo tiene acceso una pequeña minoría.

El hecho es que las luchas por las grandes reformas sociales y políticas de fines del siglo XIX y primera mitad del XX, contaron sin dudas con la participación relevante de grupos liberales (los ‘liberales sociales’), pero fueron sobre todo impulsadas por diversas expresiones del socialismo y del movimiento obrero, desde la extensión del derecho de voto hasta los derechos sociales. Estas luchas sociales, que demandaron enormes sacrificios, que tuvieron que enfrentar despiadados embates represivos, no pocas veces de gobiernos liberales, finalmente obligaron a las élites liberales a tolerar concesiones limitadas, que buscaban calculadamente contener el desarrollo de los movimientos anticapitalistas y la radicalización de de amplios sectores subordinados. De esta manera rendían tributo a la prudente recomendación de Burke: ‘hay que reformar para preservar’…

La diferencia relativa de las expresiones neoliberales es el vuelco conservador. Específicamente en sus versiones latinoamericanas, y haciendo a un lado la brutal experiencia de las dictaduras militares, los gobiernos surgidos de los regímenes electorales, han combinado políticas de retirada del estado, en lo económico-social, con un apoyo en la iglesia católica o en grupos evangélicos, junto a una creciente bonapartización de la institucionalidad, es decir, el refuerzo de los mecanismos represivos y de judicialización de la protesta social. Así, las políticas que han transformado a América latina en la región más desigual socialmente del mundo, se han visto combinadas, en la mayor parte de los casos, con un persistente conservadurismo en materia de valores y normas, junto a un amezquinamiento de las reglas e instituciones de la democracia formal. Esta es la postura prevaleciente entre las élites (los sectores dominantes). Si en el terreno político-social se puede dar cuenta de algunos avances y logros, es debido a los esfuerzos y determinación de diversos movimientos sociales, grandes expresiones de protesta, con participación de sindicatos y movimientos de estudiantes, mujeres, campesinos, ambientalistas, población autóctona, lgtbi o la izquierda política, en sus diversas expresiones y pese a su debilidad general.

La multitud de expresiones de lucha social y la magnitud de la resistencia social, en condiciones adversas, incluso de violencia mortal (Colombia, Honduras, Guatemala, p.e.), muestra con rotundidad, contra la peregrina pretensión de ciertos publicistas de derecha, que muchos ya identifican con suficiente claridad a que remite el término neoliberalismo, así como los efectos sociales que provoca. No solo en la periferia sino en el capitalismo avanzado, donde los niveles de desigualdad se ensanchan constantemente, desde hace varias décadas.

 Pero nunca estará de más recordar que la noción tiene también un respaldo histórico-teórico. Un aspecto decisivo es que, como reconocen historiadores liberales del pensamiento económico, la teoría economica en el siglo XX experimentó una deriva crecientemente practicista. Desde Keynes hasta el presente, lo que caracteriza a los discursos teóricos y a las políticas económicas es su inclinación ecléctica y de ingeniería de mercado, en el marco del acervo liberal más amplio. De modo que en la noción y prácticas del neoliberalismo se acomodan de forma poco orgánica elementos provenientes del giro neoclásico-marginalista de fines del siglo XIX (Marshall, Jevons, Menger, Walras), con elementos de la Escuela de Austriaca (von Mises, von Hayek) y, final y destacadamente, con un marco general de actualización aportado por los monetaristas de la Escuela de Chicago (Friedman, Stigler y otros).

En el debate sobre las políticas neoliberales, un recurso menos frecuente, pero más osado, es poner en cuestión, o minimizar, la aplicación del ideario neoliberal en el país. Es difícil imaginar un criterio igual de contrafáctico. Si bien en la comparación con otras sociedades de la región, resulta claro que la agenda del Consenso de Washington, hasta hace unos años, no alcanzaba en el país el mismo ritmo y la extensión de aplicación, la afirmación referida resulta sorprendente. Sin necesidad de abundar, en el país se vienen aplicando políticas neoliberales en forma consistente, desde los años 80, a partir de la profunda crisis del inicio de la década. Más que medidas de coyuntura, conviene recordar cambios estructurales en el modelo de acumulación y crecimiento: fuerte reducción relativa del empleo público; ‘independencia’ del Banco Central (con una Ley Orgánica que impone una concepción más liberal que la de la FED norteamericana); aumento de más de 10 puntos del índice de Gini, manifestando el enorme ensanchamiento de la desigualdad en el ingreso y la riqueza; la ley de ‘protección’ del trabajador, orientada fundamentalmente a reforzar el mercado local de capitales creando un gran fondo de recursos a disponibilidad; una política cambiaria, sostenida por años, de sobrevaluación del Colón, como mecanismo de ajuste y purga de la economía.

Más recientemente, el proyecto de legalización, no de introducción, de la jornada laboral, denominado por la prensa de derecha ‘4×3’, o más precisamente, 4×12, 12 horas diarias, 4 días a la semana, iniciativa presentada y argumentada como de interés para la atracción de inversión extranjera (uno de los dos objetivos centrales de la política económica proclamados por la propaganda neoliberal; el otro sería mantener baja la inflación, la gran justificación en todas partes de los ajustes contra los salarios y los derechos de los trabajadores), en la versión digamos honesta. En la versión cínica, se llega a decir que ‘este tipo de jornada permitiría a los empleados atender gestiones y realizar trámites necesarios o urgentes’, o incluso que les permitiría descansar más, estar con la familia o hacer turismo![6]. La realidad es totalmente otra. Una jornada de 12 horas, más, al menos para la mayoría, 2 horas de ida y retorno del trabajo, más el tiempo de preparación previa a la salida, más las 8 horas recomendadas de sueño, le dejarían a los trabajadores, alrededor de 1 hora para todos los efectos domésticos, aparte de un quinto día lastrado por la fatiga física y mental, y que no se puede descartar que también sea laborable, como ya ocurre en aquellos sectores donde la jornada 4×12 ya es practicada. Y esto viniendo de sectores que gustan presentarse como defensores de la familia (tradicional, claro).

En breve, las políticas económicas neoliberales remiten a tres componentes fundamentales: privatizaciones, mediante las cuales se transfiere al sector privado empresas y funciones públicas; desregulación de la economía, derivando a la lógica del mercado amplios sectores del funcionamiento económico (reconocidamente, la desregulación financiera, desempeñó un importante papel en la génesis de la crisis económica del 2008); apertura al mercado internacional y promoción del ‘libre comercio’, ignorando las profundas asimetrías entre los participantes de la economía mundial y el sesgo a favor de los centros metropolitanos de las regulaciones comerciales y de flujo de capitales internacionales. Desde aquí se sigue todo un elenco de políticas sectoriales específicas.

Pero el neoliberalismo no se restringe al ámbito de las políticas económicas. Es un modo de gobernar y concebir la sociedad. No es solo un conjunto ya muy identificable de medidas económicas: es el intento de una reestructuración social en profundidad, que busca inducir, dirigir, un cambio cultural decisivo, que se vuelque sobre las mentalidades. Y al cambiar las subjetividades, acomodar el sentido común, el pensamiento ordinario, y las prácticas, a las necesidades del despliegue, de reproducción, en lo cotidiano, en lo micro, de las estructuras e instituciones promovidas por la concepción neoliberal. Es una operación de ingeniería político-social. Una prolongada sucesión en el tiempo, el acumulativo proceso de cambios económicos, termina por provocar cambios en la estructura social como tal, reacomodos, no solo en la relación entre los sectores privilegiados, las élites, y los sectores subordinados, los trabajadores y sectores populares, sino al interior mismo de las clases poseedoras. Estos cambios en la estructura social se proyectan sobre la esfera política, restando margen a las tradicionales corrientes nacionalistas burguesas, o neo-desarrollistas, por ejemplo. Este es el mecanismo fundamental que ha socavado a la socialdemocracia europea. El recorte de capacidades reguladoras del Estado, a lo interno, y la igualmente desregulada, ‘desbocada’, internacionalización, explican en buena parte de la relativa pérdida de eficacia de las políticas keynesianas (pensadas sobre todo para el nivel del Estado ‘nación).

Los cambios en el orden económico, la acumulación de contra-reformas, los efectos acumulados de las medidas de corte neoliberal, crean condiciones, favorecen o directamente promueven reverberaciones en lo político y en la estructura social, en las instituciones, en la cultura política, en el sentido común, en las subjetividades políticas. Desde un punto de vista objetivo, las políticas reformistas, ‘progresistas’, pierden recursos y eficacia, y, sobre todo, desde el subjetivo, se instala en el sentido común una percepción-representación acerca de la falta de racionalidad técnica de las alternativas a la visión neoliberal, rotulándolas de ideologismos anacrónicos. Este aspecto, la saturación naturalizante del clima ideológico-cultural, es siempre un aspecto crucial en la dinámica de la vida social, y para las opciones efectivamente disponibles o percibidas como razonables que en determinado momento se presentan al pensamiento ordinario y las actitudes-comportamientos de los individuos. La saturación del clima ideológico busca remodelar el sentido común y da lugar a un formidable obstáculo político, dificultando el avance de la conciencia social de clase de los explotados y oprimidos.

GIRO AUTORITARIO

En este marco social general, de ensanchamiento de la desigualdad social, de deterioro social, en particular de dificultades crecientes para los sectores medios e inferiores de la ‘clase media’ asalariada (elemento que en algunos casos ha incidido en forma específica en la dinámica de los acontecimientos), tendencia que, con altibajos y distintos ritmos, se viene desarrollando desde los años 80, pero que vuelve a acelerarse desde la crisis de 2008, asistimos a la irrupción y ascenso de movimientos y partidos políticos de ultraderecha y derecha conservadora, en distintas sociedades y regiones, desde Brasil y Filipinas hasta la mayoría de los países de Europa occidental y Rusia, incluyendo claro a Trump en EEUU. Acá hemos tenido una expresión de ello en las elecciones de 2018, y sobre todo en el desplazamiento a la derecha de todo el espectro político. El ascenso de la derecha conservadora, en sociedades tan distintas y distantes, es por sí mismo un indicador general y un síntoma de crisis en el orden social global.

Se multiplican los elementos de crisis en el capitalismo contemporáneo. Junto a los problemas de inestabilidad recurrentes y de bajo crecimiento económico (riesgo de estancamiento secular), de deterioro social, los fenómenos derivados del cambio climático, las crisis sanitarias y gripes pandémicas de los últimos 20 años, la multiplicación de conflictos político-militares que se prolongan indefinidamente, los impactos negativos sobre el empleo y los trastornos y reacomodos socioculturales derivados de o inducidos por acelerados cambios tecnológicos, los flujos migratorios descontrolados producidos por condiciones socioeconómicas extremas, conflictos o por la simple ilusión de encontrar mayores y mejores opciones en países de capitalismo avanzado o intermedio, el incremento de la rivalidad entre distintos centros de poder y sus intereses geopolíticos, los desencuentros en la coalición de Estados por décadas encabezada por EEUU, los nuevos fenómenos culturales que se vinculan de manera no intencionada con la tendencias fundamentales de despliegue del capitalismo internacional, cambios culturales que recorren el mundo entero y que, en el marco más general de inseguridad e incertidumbre, producen o refuerzan tensiones, temor, miedo, hasta rechazos fóbicos (y movimientos irracionalistas: terraplanistas, antivacunas, ambientalismo primitivista, desindustrializador y antitecnológico, nativismo o nostalgia neorromántica por el pasado, etc.), alimentando de vuelta a los movimientos de derecha conservadora.

Estos y otros elementos de crisis en el orden social internacional, contribuyen en forma determinante a lo que algunos han llamado ‘la derechización rampante que vive el mundo’. En realidad, el ascenso de la ultraderecha se da en el marco de una gran polarización social, en el cual movimientos y luchas sociales impulsadas por diversos sectores sociales populares, entre ellos el siempre decisivo movimiento de los trabajadores, salen a enfrentar los viejos y nuevos desafíos. De Francia a Chile, las huelgas (en educación, automotrices, fast food, etc.) y otros movimientos sociales en EEUU (black lives matter, mujeres, inmigrantes y minorías étnicas, universitarios contra la montaña de deudas, etc.), así como conflictos en muchos otros lugares, muestran que estamos ante un encrespamiento de luchas y enfrentamientos por la definición del futuro.

En ese marco, se hace imprescindible entender los fenómenos que apuntan a o amenazan con impedir avances y provocar retrocesos sociales que empeoran la relación de fuerzas y producen olas de escepticismo, de confusión y desmoralización/desorganización de la resistencia social. El fortalecimiento de sectores de ultraderecha o derecha religiosa, estimula o directamente produce desplazamientos en lo político-institucional que corresponden a lo que se puede caracterizar como un ‘giro autoritario’, que lleva a retrocesos en libertades y derechos democráticos, en ya muy restringidas ‘democracias formales’. De Brasil a El Salvador, de Guatemala a Chile, en EEU o Europa, Rusia o Filipinas, cada uno con sus más o menos llamativas particularidades, asistimos ya hace algunos años a un reforzamiento de los mecanismos de control social coercitivo. La dominación se mueve siempre en una relación variable entre los recursos de construcción de consenso hacia los subordinados y la coerción, que va de los mecanismos jurídico-legales de constreñimiento, hasta el directo ejercicio de la violencia, o la mera amenaza de su empleo. La base del orden social es la fuerza, pero esta necesita algún grado/forma de legitimación institucional-ideológica, variando de lo trascendental-providencial hasta lo legal-racional.

En la perspectiva del análisis convencional, vivimos en ‘democracias representativas’. En un criterio más crítico, lo que hay son regímenes políticos electorales, controlados por élites sociales, gestionados por un personal político apoyado en una tecnoburocracia, en las condiciones del capitalismo periférico, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, sometidos al poder de grupos económicos altamente concentrados; es decir, con márgenes de autonomía más bien precarios. Los regímenes políticos en Latinoamérica han tenido históricamente, en general, un fuerte carácter excluyente, dominados por oligarquías en las que concurren fracciones tradicionales y sectores vinculados a los distintos momentos de los procesos modernizadores. Los reflejos represivos han estado siempre presentes, y las salidas de dominante coercitiva estaban siempre disponibles para conjurar momentos de alza de las luchas sociales. La relativa estabilización en las últimas 3 décadas de los regímenes electorales, tras los diversos triunfos de la imponente movilización contra las dictaduras, al acompañarse de la aplicación de las políticas neoliberales, incluyó una tendencia a la paulatina incorporación de elementos restrictivos, de reforzamiento de los arreglos institucionales coactivos (normas legales e instrumentalización de un poder judicial no sometido a control democrático) que permitieran implementar las reformas económico-sociales, mediante el debilitamiento institucional-legal de la capacidad de resistencia social.

En breve, la aplicación de políticas neoliberales lleva tarde o temprano al reforzamiento de los dispositivos de control, en general, y también a los coercitivos, en la medida que las reforman ensanchan la brecha social y por tanto provocan malestar y crean condiciones para el desarrollo de la protesta social. Los avances contra el derecho de huelga, el continuo debilitamiento de los sindicatos o el desconocimiento del instrumento de la convención colectiva, el conjunto de medidas que activamente buscan limitar la capacidad de resistencia y organización de los trabajadores, constituyen la mejor expresión de ello[7].

Pero el embate autoritario necesita legitimarse, necesita construir consentimiento político para poder sostenerse. Tom Bottomore hacía notar, sin alcanzar a dar del todo una hipótesis interpretativa, que buena parte de los sectores que más se habían beneficiado del estado benefactor británico en los años de la postguerra, votaban con amplia mayoría las políticas de desmantelamiento de Tatcher, en los años 80[8]. El problema planteado hoy es cómo entender el hecho de que importantes sectores de la población, trabajadores y sectores medios asalariados, logren ser convencidos de votar a la derecha neoliberal, o a la ultraderecha conservadora, un comportamiento que más temprano que tarde se revelará como un actuar contra los intereses que se derivan de la propia condición social y su posición de clase. En las condiciones hoy predominantes de organización de la forma política de la dominación bajo el capitalismo, la aplicación de las políticas neoliberales impone una tendencia al reforzamiento de los dispositivos autoritarios, pero también y sobre todo operan mecanismos de construcción de consenso ideológico/consentimiento político hacia los subordinados. El giro autoritario se apoya en ambos aspectos, construcción de consenso y coerción, legal o represiva.

Las políticas neoliberales no consisten solo en ni se limitan a medidas estrictamente económicas. El proyecto neoliberal, tanto en sus formulaciones discursivas como en sus ensayos prácticos, es bastante más que economía teórica y política, no es solo un elenco de políticas económicas, es todo un modo de gobernar y de concebir la sociedad[9]; es el intento de promover una reestructuración social en profundidad, que busca nada menos que provocar, inducir, un decisivo cambio cultural y en las mentalidades. Quiere cambiar la subjetividad, remodelar el sentido común, como condición para la construcción de un consentimiento político duradero. La colonización de la subjetividad sumida en la pseudoconcreción, arrojada en la inmediatez, de gruesos sectores de la población, es un elemento decisivo del salto autoritario. En breve, la reorganización neoliberal de la economía se proyecta a la estructura social y al campo de la cultura, y de ahí, como veremos más adelante, a la educación y las universidades públicas.

Pero el avance de las concepciones neoliberales en imponer una definición de la realidad, en instalarse en el sentido común de amplios sectores sociales, no puede explicarse exclusivamente, ni siquiera principalmente, en base a ingeniosas y sofisticadas campañas propagandísticas. Los enormes y variados recursos de los intereses dominantes requieren para alcanzar eficacia significativa apoyarse en condiciones objetivas y subjetivas previas propicias. Y esta es la cuestión decisiva. Un elenco de circunstancias se articula para producir condiciones de conjunto que hacen a sectores anchos de la población, de la clase media asalariada y pequeña propietaria, de barrios urbanos populares, concentraciones depauperadas o zonas rurales, susceptibles a los discursos neoliberales, con o sin elementos conservadores.

En una primera aproximación, la combinación de deterioro social, específico en cada sector social y de clase, y pérdida de credibilidad de las instituciones y el sistema político-partidario, tiende a sacudir los patrones de conducta política de gruesos sectores de la población. El deterioro social de importantes sectores de trabajadores y clase media, asalariada o pequeña-propietaria, produce un creciente malestar y descontento, que por su vez, tras una cierta acumulación de experiencias negativas (gobiernos de partidos por mucho tiempo mayoritarios incapaces de revertir el deterioro y su percepción, gobiernos aplicando políticas claramente opuestas a sus posiciones y ofertas de campaña, sonados escándalos de corrupción, respuestas represivas a los movimientos de protesta y reclamo, notorios casos de simple incompetencia, etc.), se trueca en progresiva deslegitimación y pérdida de confianza en las instituciones. En estas circunstancias, el sistema político y de partidos comienza a experimentar elementos de crisis, se agrietan y pierden eficacia los dispositivos ocupados en la producción de lealtad hacia el ordenamiento socio-institucional, lo mecanismos institucionales e ideológicos de construcción de consentimiento político, en las condiciones ya de por sí relativamente frágiles (instituciones débiles, en diversos grados) del capitalismo periférico. Las lealtades más o menos tradicionales comienzan a romperse, y se abre espacio para el surgimiento y desarrollo de nuevas opciones políticas.

La pérdida de confianza y creciente deslegitimación del arreglo institucional, experimenta una vuelta de tuerca adicional con el rotundo fracaso (de unos) y las grandes dificultades (de otros) de los gobiernos llamados progresistas (neo-desarrollista, nacional-populares, etc.). Las grandes expectativas levantadas por Chaves, Lula, Morales o los Kirchner, en la región, y también Syrisa y Podemos, o incluso Obama, más allá, se cambiaron en diversos niveles de desencanto y una sensación de frustración general. En las condiciones del capitalismo contemporáneo, no solo periférico, pero con más razón en este caso, los proyectos reformistas enfrentan obstáculos formidables, desde un punto de vista fenoménico-empirista. En realidad, los obstáculos son estructurales, insalvables si se tiene como referencia los análisis más sólidos de la lógica del capitalismo tardío. De Mandel a Wallerstein, resulta claro que los proyectos empeñados en encontrar una vía de desarrollo capitalista autónomo, están condenados al fracaso. Sometidos a un entorno hostil y a operaciones de aislamiento, enfrentarán una sofocante presión de los centros de poder económico y político internacionales, aparte de la furiosa actividad de sabotaje de los grandes grupos económicos y las élites locales, con la inestimable contribución de los grandes medios de comunicación, corporativa e ideológicamente vinculados a los intereses dominantes.

Más allá de sus grandes e insuperables (auto)limitaciones, estos gobiernos y experiencias, expresión deformada de los avances en los procesos de lucha contra las políticas neoliberales, dieron como resultado, cada uno a su manera, conquistas importantes. Renacionalización de sectores importantes del aparato productivo, condición para fortalecer la capacidad de inversión del Estado y los mecanismos internos de acumulación de capital, políticas de industrialización, fortalecimiento del mercado interno de consumo, productivo y doméstico, incremento del gasto social, así como una limitada y contenida modificación en la relación de fuerzas con los sectores dominantes, favorable a los sectores populares, que justamente permitió avanzar en algunas reformas. Hubo, según los casos, gran recuperación de crisis profundas, significativa reducción de la pobreza, crecimiento económico, aprovechando la coyuntura en los mercados de materias primas, incluso pequeñas mejorías de la distribución del ingreso, etc.

Todo eso es conocido. Finalmente, por distintas vías, y con el oportuno marco de la crisis económica internacional del 2008 y sus desarrollos, los mercados financieros y las élites locales, junto a una buena cuota de desaciertos y torpezas propias, los proyectos progresistas terminaron por entrar en declinio, perdiendo buena parte de su sustento político. Poniendo entre paréntesis las importantes particularidades (las políticas de Rousseff constituyen un modelo de autosocavamieinto), el ocaso de los gobiernos ‘progresistas’ significó una enorme frustración para sectores muy extendidos de la población que les habían prestado un fuerte apoyo. Las grandes expectativas y el enorme entusiasmo, sostenido por casi una década, termino en distintos grados de frustración, paulatina o abrupta. La situación es fluida, los gobiernos de derecha neoliberal no resuelven nada, incluso han profundizado las crisis (Macri), lo cual deja abierta la posibilidad de un nuevo vuelco en la situación. Pero las relaciones estructurales permanecen, más allá del acaecer pendular.

En breve, el fracaso y la frustración, en distintos niveles, provocada por lo que podríamos llamar la década ’progresista’, suma un elemento decisivo para entender la erosión de la credibilidad en el sistema político. Todo esto por supuesto en el marco del gran retroceso en la conciencia social, de clase, provocado por el derrumbe final de los experimentos post-capitalistas, burocráticamente deformados.

Este escenario se presenta como condición de posibilidad para el ascenso, con distintos grados de éxito, de las corrientes políticas y los discursos conservadores, laicos o de la derecha religiosa. De manera diferenciada, sectores de clase media asalariada y pequeña propietaria, trabajadores de distintos niveles de capacitación, sectores populares en general y contingentes depauperados y marginados (migrantes pobres), son empujados a situaciones que los tornan susceptibles de acoger los elementos básicos de las campañas conservadoras: xenofobia, nacionalismo (el nacionalismo cultural se propaga rápidamente en muchas sociedades del capitalismo avanzado), conservadurismo moral o aversión al cosmopolitismo.

Una expresión particular es el avance de las corrientes pentecostales, muy notorias en las periferias, obreras y/o marginales, de las ciudades latinoamericanas, y que desde esta implantación intentan avanzar hacia otros estratos sociales (el llamativo caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, surgida en Brasil). No cabe duda de que la marginación social y los efectos culturales asociados, son datos clave para la implantación del pentecostalismo. La relativa desestructuración social de las zonas urbano-periféricas, el mundo de la pobreza, del desamparo social, de los (que se perciben como) despreciados por ‘la sociedad’ (todo aquello que desborda su mundo de vida cotidiana), de la vida casi del todo sumida en la inmediatez de la pseudoconcreción (Kosik), los efectos culturales y psicológicos disfuncionales (los elementos lumpen), los valores y códigos específicos y la fragmentación de la personalidad en situaciones socialmente degradadas; el reino de la necesidad como tal, en las condiciones contemporáneas; todo ello, ofrece un campo por demás propicio para la prédica y la actividad de los grupos neo-pentecostales o carismáticos. La atomización social, en tiempos de deterioro socioeconómico, profundiza la fragmentación de la subjetividad, e impulsa a la lucha por salidas individuales o particulares, que de vuelta agrava el debilitamiento de los vínculos. Una vez que las opciones particulares fracasan, solo queda el retorno a lo tradicional, el repliegue en lo afectivamente constituido. En una situación percibida como de ‘malos tiempos’, la gente normalmente buscará refugio en aquello que parezca ofrecer algo de seguridad, y en lo más cercano emocionalmente.

Las fracturas sociales derivadas del curso neoliberal, junto al agostamiento de las instituciones que normalmente canalizan las demandas y expectativas, procesando los conflictos, sometiéndolos a negociaciones que terminan construyendo consentimiento político, abren espacio a los discursos conservadores y al impulso autoritario. La inseguridad del presente y la incertidumbre del futuro, en el marco de la crisis del proyecto emancipatorio, predisponen a gruesos contingentes de la población a considerar la transacción de los ya magros márgenes de libertad por ilusiones de seguridad.

En este marco podemos incorporar un tercer elemento: los grandes y acelerados cambios culturales, de tono cosmopolita, que acompañan, son funcionales y contribuyen a (re)producir el proceso general de mundialización capitalista. Rasgos y elementos culturales, novedosos o preexistentes, que se amalgaman o semiarticulan en el proceso de la reestructuración dinámica del capitalismo internacional, la economía-sistema mundo. Esta dimensión cultural, relativamente autónoma, que se mueve según (dentro de ciertos límites, que pueden ser bastante amplios) su propia lógica, surge las más de las veces en el centro capitalista y se irradia hacia las periferias. Lo cual quiere decir que en las sociedades centrales es un producto del proceso de conjunto, más allá de las tensiones que inevitablemente provoca, pero en las periferias sobreviene desde fuera, chocando y desequilibrando las estabilidades dinámicas prevalecientes.

En las sociedades del capitalismo periférico las impactantes olas del cambio cultural producen dislocamientos más o menos relevantes, en tanto son recepcionados de manera diferenciada por las diversas fracciones y sectores de clase y demás categorías sociales[10]. Las reverberaciones en la macro y microsubjetividad producen en algunos casos notorios cambios en los comportamientos, actitudes, expectativas y modos de ser y hacer, etc. Trastocan estructuras mentales, usos y costumbres, códigos y pautas, tradiciones e instituciones, creencias y prejuicios, largamente establecidos, que además fungen de soportes tangibles e intangibles de elementos básicos y decisivos del orden social, de la dominación, y del sentido común correspondiente. Cambios resistidos porque han sido producidos por fuerzas no controladas por el propio individuo o las colectividades. En condiciones de creciente vulnerabilidad, real y percibida, el individuo y el grupo pueden enfrentar miedos primarios. Miedo a la pérdida de estructuras establecidas, de pautas prescritas, soportes incorporados de la vida cotidiana, que producen sentimientos de seguridad, y que se ven amenazados, sin que despunten opciones accesibles o confortadoras. Cambio cultural cosmopolita que altera y trastorna redes de significantes que dan sentido y permiten orientarse en el mundo social, más allá del ámbito de la vida cotidiana.

Las ondas de cambio cultural acelerado producen sorpresa, asombro, desorientación, perplejidad, temor. Trastocan y empujan al ocaso instituciones y creencias socialmente constrictivas por mucho tiempo incuestionables; pero en las condiciones de inseguridad e incertidumbre generan reacciones de rechazo, miedo. Las ‘miserias del presente y angustias del porvenir’, son asociadas por los sectores conservadores al fantasma de sociedades abiertas, secularizadas, diversas y relativistas, promoviendo el refugio en lo familiar, en lo afectivamente constituido, en lo tradicional. La inseguridad y la incertidumbre producen sentimientos de impotencia, falta de control, abandono y vulnerabilidad, combinándose con resentimiento y frustración, que se traduce en temor a lo nuevo, a lo diferente. Así se refuerzan los elementos de tribalismo y el prejuicio. El primero funciona como un mecanismo defensivo, de las estructuras mentales y sociales que nos aportan una sensación de familiaridad y seguridad, en los hábitos comunes. El segundo permite canalizar hacia los ‘otros’, los ‘forasteros’, los ‘raros’, la fuente de la amenaza. El prejuicio estereotipa, generaliza acríticamente, incluso contra la evidencia más cotidiana, los individuos seleccionan de manera sesgada su información sobre el grupo que hace de chivo expiatorio, lo cual permite ‘confirmar’ reiteradamente la imagen establecida. Buscando respuestas para la situación y las amenazas, son inducidos a asociarlas con esos ‘otros’ amenazantes, que en realidad son víctimas, también ellos (emigrantes, pobres, grupos discriminados, jóvenes de aspecto no convencional), o incluso, activistas sociales empeñados en construir salidas progresivas a la situación.

En breve, los cambios culturales acentuados y acelerados, en general, son recibidos con aprensión y provocan cierta resistencia. Es un mecanismo adaptativo, con valor de supervivencia. Si nos abriéramos desaprensivamente al cambio, nos pondríamos en una situación de peligrosa exposición. Lo nuevo, en general, tiene que ser puesto a prueba, tiene que exhibir su valor de verdad, su practicidad/utilidad. Eso, en general. En el contexto de un incremento inusual de las sensaciones de inseguridad e incertidumbre, producto de prolongados procesos de deterioro e inestabilidad social, los grandes cambios culturales pueden llegar a ser percibidos como directamente amenazantes, o ser manipulados en el sentido de producir formas de rechazo fóbico, irracional, al menos en sectores de la población. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que tales sensaciones y estados emocionales consigan extenderse lo suficiente como para producir efectos y reacciones sociales significativas?

Un elemento político-subjetivo pero con peso objetivo en la realidad, es la dinámica de las luchas sociales, de la lucha de clases. Una sucesión de derrotas de las luchas y movimientos sociales, en un lapso temporal de cierta prolongación, en la medida en que se traduce en desorganización, tiende a producir desmoralización y escepticismo. Es el caso entre nosotros. Desde la gran experiencia social del movimiento contra el TLC, arrancando en el 2004 y culminando con la gran movilización social del referéndum, que pese a conseguir un notable resultado electoral de 48.5%, finalmente constituyó una derrota política, los trabajadores y los movimientos sociales han soportado una serie de derrotas, que han debilitado su capacidad de resistencia. Fenómeno diferenciado, evidenciado con más fuerza allí donde las conducciones burocráticas mantienen un control poco amenazado, sin embargo, poco a poco, ha ido extendiéndose por los distintos sectores. Uno de particular relevancia político-simbólica, el movimiento estudiantil universitario. Resulta innecesario abundar en la historia del protagonismo de la juventud universitaria en las luchas sociales no solo en el país sino en toda Latinoamérica. Frecuentemente punta de lanza de las más diversas expresiones de la protesta y el reclamo social, el debilitamiento del movimiento de la juventud estudiantil le resta empuje, determinación y radicalismo a las expresiones de protesta. No es este el lugar para explorar las causas de este reflujo, pero no cabe duda de que a las conducciones de las federaciones estudiantiles de los últimos 10 años corresponde una buena cuota de responsabilidad. Pero el fenómeno se reproduce, con igual o menor profundidad, en otros sectores.

Este retroceso relativo pero importante de la capacidad de resistencia social, junto a los fenómenos de desmoralización y escepticismo a que da lugar, produce despolitización, fragmentación y dispersión, en ciertos sectores. El estado de malestar no desaparece, pero tiende a expresarse como resentimiento, el cual puede dar lugar a formas airadas, incluso explosivas, de manifestación del descontento, pero episódicas e inconexas, que por tanto se traducen en nuevas derrotas o logros rápidamente anulados. Se da entonces una situación paradójica, gran malestar y descontento, un estado de ánimo que en cualquier momento puede abrir el camino para una recomposición de la disposición de activación social, pero que mientras dura alimenta en extensos sectores sociales salidas individuales y particularistas.

En este análisis aflora la complejidad social, dinámica, cambiante. A todo lo anterior se agrega otros dos factores de carácter digamos estructural. Primero, el hecho de que el movimiento social del capitalismo, que incorpora elementos de distintas esferas y niveles, de lo macro a lo microsocial, produce una creciente diferenciación social. Mucho se ha escrito sobre la forma en que el capitalismo crea incesantemente nuevas necesidades, revoluciona la estructura de las necesidades humanas, modificando incluso el concepto histórico y cultural de las mismas (por supuesto, el orden burgués está lejos de de poder satisfacer, para la mayoría de la gente, las necesidades que su propio movimiento crea, como consecuencia colateral de la persecución competitiva de la mayor tasa de ganancia posible; el sistema está en función no de la satisfacción de necesidades, sino de la atención a la demandad solvente). Pero la multiplicación de las necesidades, y de los objetos y servicios que permiten atenderlas, es solo una parte de la diferenciación social. El desarrollo competitivo de la acumulación de capital, induce a abrir nuevos sectores y ramas de la producción, curso que se da en tensión dialéctica con desarrollos tecnológicos e innovaciones organizacionales. La diferenciación del entramado productivo lleva a una correspondiente diferenciación y complejización social, que se hace observable en el desarrollo de distinciones adicionales del tejido social, sectores de clase y categorías sociales emergentes o que alcanzan una relevancia inédita. El aspecto por mucho más relevante, en las últimas décadas, es la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y a la actividad económica extradoméstica, en general. Tendencia que por su vez repercute en distintas direcciones y niveles de lo sociocultural; es un fenómeno de repercusiones sistémicas.

El punto es que la gran diferenciación social de los últimos 40 años, por un lado, extiende la asalarización del trabajo (la proletarización), refutando sin apelaciones a quienes hace no tanto anunciaban ‘el adiós al trabajo’[11], el ‘fin de la centralidad del trabajo en el mundo capitalista contemporáneo’; por otro lado, tal extensión se ha dado con un gran aumento de su complejidad, heterogeneidad y segmentación (Antunes), que introduce grandes diferencias en tipos de actividad, remuneraciones, niveles y entorno cultural, delimitación socioespacial, estilos de vida, autopercepción, expectativas y condiciones de vida cotidiana, entre los trabajadores. Por un lado, crea las condiciones objetivas para la extensión de la solidaridad de clase; por otro, dificulta prácticamente su construcción.

El otro elemento de efectos estructurales es el resultado acumulativo del prolongado período de hegemonía neoliberal. La paulatina aplicación de medidas neoliberales inevitablemente termina por provocar cambios en la estructura de la sociedad. Por su vez, estos cambios socioestructurales favorecen, orientan, ajustes en el clima ideológico-cultural, valores y códigos normativos, que constituyen el ámbito de socialización de los individuos. Así se van moldeando las subjetividades integradas o integrables. El creciente peso local de corporaciones e intereses de los países metropolitanos, la vinculación de los principales grupos económicos locales con el capital extranjero, pérdida de peso social y político del empresariado autónomo grande y mediano local, en particular del sector productivo tradicional, el hecho de que el modelo de acumulación y crecimiento se orienta hacia el exterior y las exportaciones, perdiendo cada vez más importancia el mercado de consumo interno y la producción local (sustitución de importaciones), etc., induce modificaciones en todo el tejido social y en la dinámica de lo político, con cambios correlativos en la macro y microsubjetividad, en el clima cultural y las mentalidades.

Los cambios en la estructura relacional, en la dialéctica de relación y estructura, provoca cambios en la dinámica social. El incremento de la desigualdad social y su creciente visibilización en términos de posición de status, las modificaciones de la cultura de consumo, tendiendo a resaltar el consumo simbólico y los marcadores de posición social, todo ello asociado con la desenfadada exhibición de los signos externos de lo convencionado como ‘éxito’, contribuyen a configurar una atmosfera cultural que promueve el individualismo ético-social. La multiplicación de las tensiones sociales, y los conflictos asociados, empujan a los individuos y a sectores sociales enteros a conductas escapistas relacionadas con el efecto analgésico del consumismo[12]. (Hay una diferencia decisiva entre el consumo como momento de disfrute, momento de subjetivación del objeto-producto, de que habla Marx en la “Introducción” de 1857[13], y el consumismo como ideología y practica alienante.).

El punto es que el malestar social, y su expresión individual, íntima, en el marco de la despolitización y el escepticismo, alientan conductas de repliegue en la intimidad, de retirada de lo público y refugio en lo privado-doméstico. La generalizada sensación de incertidumbre, el debilitamiento de los lazos sociales amplios y un clima cultural que promueve activamente el individualismo y la búsqueda privada de salidas, inclina también a actitudes cínicas (en el sentido hoy común del término, desconfianza sarcásticamente expresada en la sinceridad y honradez de otros en el entorno social, como en el técnico, el Cinismo clásico, como escuela de pensamiento y forma de vida, buscaba darle respuestas individuales a la incertidumbre). Se trata evidentemente de una actitud defensiva. Y que se diferencia según la posición social-de clase. Entre sectores de clase media, se manifiesta como una resuelta retirada a los intereses privados. Los sectores medios, por ingreso, estilo de vida e identidad subcultural, han experimentado una fuerte presión, y, una parte, abierto deterioro, en el marco de la época neoliberal’. Percibiéndose como asediada, un sector significativo se decanta, en el plano político, por opciones de la derecha neoliberal, recurriendo a lo que periodísticamente se ha denominado ‘votar con el bolsillo’. La angustia provocada por las crecientes dificultades para mantener la posición social, en particular de los hijos, lleva, con cada vez mayor frecuencia, a actitudes y comportamientos que subrayan, casi obsesivamente, las preocupaciones con la seguridad, incluso si eso amenaza con ir en detrimento de los márgenes de libertad. En San José, en los residenciales de clase media, los costos de la seguridad tienen un peso no despreciable en el presupuesto doméstico: guardas, barreras, casas enrejadas, murallas, más que muros, portones, verjas, cadenas, alambre ‘navaja’, electrificado de cercas, alarmas, cámaras, privatización de lo público, cercado de los parques, traslado de la tradicional vivienda al esquema de condominio cerrado. La neurotizante preocupación con la (in)seguridad, la real y la representada, lleva a considerar razonable opciones de encierro y separación respecto de ‘los de afuera’. Como efecto, el tapiado obstruye (casi) completamente la vista hacia fuera, produciendo una situación de aislamiento, de claustro, y una ilusoria sensación de protección. Resulta inevitable que la alteración emocional y cognitiva que resulta, en diversos grados, de esta conducta, se proyecte, con mediaciones diversas, al campo de lo político. Para la ‘clase media’ atemorizada la solidaridad es un lujo propio de tiempos de desahogo , tiempos cuyo recuerdo es cada vez más difuso. La prioridad son los hijos y su futuro. En cuanto a los ‘perdedores’ del neoliberalismo, la caridad seguramente puede atemperar los impactos que con gran probabilidad se seguirán del apoyo a los que ofrecen una reducción de los impuestos y el recorte del gasto público (además de aliviar las conciencias). En buena parte de las sociedades de América latina se puede observar esta fuerte inclinación de sectores medios a buscar en la derecha, liberal o neoconservadora, una respuesta a las dificultades de reproducción como franja social que enfrenta. La paradoja resulta evidente, si se considera que son justamente las políticas neoliberales las causantes de las congojas de la clase media.

En los barrios populares o urbano periféricos, el deterioro social ha profundizado los efectos desagregadores de la severa limitación de oportunidades, la pobreza y la marginación. El debilitamiento de la organización y la capacidad de resistencia social de los subordinados, refuerza los elementos de fragmentación social y las tendencias a buscar soluciones individuales, a partir de marcos familiares también degradados. La despolitización desmoraliza y atomiza, empuja hacia los niveles y recursos más básicos de supervivencia. La agudización de los rasgos culturales disfuncionales, ‘lúmpenes’, contribuye a socavar el sentido de comunidad. La vida cotidiana alienada y alienante envuelve a los individuos, en su comportamiento y actitudes, en un circuito de reproducción de las condiciones de esa cotidianeidad.

El mundo de la pseudoconcreción, del vivir sumidos en la inmediatez, se reproduce a sí mismo a través de su interiorización naturalizada en la interacción de los mismos individuos que constituyen el objeto de la dominación. La mente atrapada en los marcos objetivos y subjetivos de la cotidianeidad pseudoconcreta, opera como un cepo que funciona para mantener a los individuos sujetos a la lógica de la situación. Empantanados en condiciones sociales que se constituyen en un formidable obstáculo para el acceso a los recursos culturales que permiten desarrollar autoestima y autodominio, un cierto control sobre la propia vida, los subalternos desarrollan representaciones que resultan funcionales (el poder social busca ‘normalizar’ a los individuos), en el sentido de permitir un desarrollo adaptado de la convivencia (integración funcionalizada)[14]. Vivir arrojado en la inmediatez es vivir fundamentalmente en los límites del presente, de una sucesión de presentes, sin historia ni proyecto, limitando severamente la capacidad para proyectar expectativas en un futuro que no puede ser pensado sino como simple extrapolación del presente, como más de lo mismo. Con escaso margen para pensar un futuro personal estimulante, diferente, los individuos se dejan arrastrar al presentismo, y sus imperiosas exigencias. Encontrar alguna fuente de ingresos, legal o no, y buscar espacios y momentos gratificantes. Satisfacción de necesidades ‘necesarias’, físicas y psíquicas, y desaparición cultural de las actividades orientadas a atender las ‘necesidades superiores’, en los términos de Agnes Heller.

Los recursos ideológicos y culturales orientados a la construcción de hegemonía hacia los explotados y oprimidos se apoyan en las condiciones socioestructurales del mundo de la vida cotidiana de los subordinados. Por supuesto, la eficacia de estos dispositivos está siempre en tensión con el malestar individual y colectivo que en cualquier momento puede, dependiendo de una variedad de factores, traducirse en activación social colectiva y movimientos reivindicativos y de protesta. El descontento puede, combinado con otros elementos, romper tal ‘normalidad’ en cualquier momento, pero han de enfrentar la muralla defensiva de los recursos ideológico-culturales que sostienen la hegemonía. En las condiciones de despolitización y dispersión, lo que prevalece es el resentimiento, en tanto forma de manifestación del descontento. Sentimiento nacido de la frustración y de la sensación de impotencia, de la erosión de la autoestima y de la pérdida de autoconfianza. Actitud psíquica o estado psicológico que, en los términos de Scheller, se extiende socialmente en condiciones de grandes y notorias disparidades de riqueza y poder (y, podríamos agregar, de acceso a bienes culturales altamente apreciados, marcadores de posición social), en sociedades que por otro lado proclaman la igualdad de derechos políticos, pese a la gran inequidad de hecho.

Pero hay que insistir en que el resentimiento se relaciona con la sensación de impotencia, y esto (llevando a Nietzsche más allá de sí mismo) con el escepticismo vinculado a las derrotas sufridas por los sectores populares en las luchas sociales, y el consecuente debilitamiento de su capacidad de autoafirmación como sujeto de un proceso transformador.

El deterioro social combinado con fuerte pérdida de credibilidad de la institucionalidad política, incluidas las opciones `progresistas` o de izquierda, producen atomización social y fragmentación de la subjetividad, con derivas fuertemente individualistas, retiradas de lo público, gran escepticismo, hasta tonos cínicos. Pero estos efectos se diferencian según la posición social, de clase, articulada con distintas categorías sociales. En general, entre los sectores medios con alto acceso a la educación y bienes culturales, predomina el individualismo liberal. En los sectores populares, los discursos conservadores encuentran condiciones particularmente propicias. Entre los trabajadores y barrios populares, cuando la conciencia social, de clase, retrocede, lo que ocupa el sitio es la cultura tradicional y sus típicos valores. Pseudoconcreción es también primitivismo del pensamiento ordinario. Por supuesto, estos rasgos psico-culturales se pueden encontrar en distintos segmentos y niveles de la jerarquía social. No hay exclusividad. Pero condiciones específicas se muestran más propicias a unos que a otros.

Un fenómeno que tiende a reforzar tal reacción estadísticamente diferenciada entre sectores sociales es el carácter del nuevo impulso del proceso de expansión urbana, dirigido en buena medida por criterios mercantiles, que ha caracterizado a las grandes ciudades latinoamericanas en los últimos 20 años, y que hace una contribución decisiva al profundizar la segregación socio-espacial, según sectores de clase y estratos. Esto es aún más notorio en una ciudad como San José, comparativamente menos segregada que otras ciudades latinoamericanas, hasta unos treinta años atrás. A partir de mediados de los años 90, se acelera el curso típico, con características propias. Desde los residenciales cerrados hasta la fuerte y ostensible inversión inmobiliaria en la zona de Escazú. Resulta bastante obvio el sentido y los efectos de la segregación socioespacial: reforzar la separación física y el extrañamiento psicosocial, incluso la aversión cultural, de sectores de clase y estratos o categorías socio-ocupacionales diferentes. Es difícil exagerar el efecto de disociación sociocultural que produce esta separación física. Son, en buena medida, mundos apenas conmensurables. Es la razón de que los individuos de los sectores populares se sientan cuasi-forasteros fuera de los entornos de su vida cotidiana (el barrio, el centro de la ciudad, su lugar de trabajo, los centros comerciales diseñados para el correspondiente nivel de ingreso).

Conjuntados con los elementos referidos más arriba, estos aspectos estructurales contribuyen a la atomización de la vida social y la fragmentación de la personalidad. La inseguridad del presente y la incertidumbre del futuro, en los sectores medios, y la precariedad normalizada en los barrios populares (tomados por los bajos salarios, el desempleo, subempleo e informalidad, la carencia de recursos culturales, la delincuencialidad como opción de vida, y un sentido común adecuado a tal cotidianeidad), producen un clima cultural y actitudes que en algunos grupos pueden aproximar, en grado variable, a lo que el equipo de investigadores liderado por Theodor Adorno denominó ‘personalidad autoritaria’. Más allá de las limitaciones de la teoría, sometida a un riguroso escrutinio, sus aspectos más sólidos, los que han sobrevivido, permiten dar cuenta del hecho de que la incertidumbre y la precariedad acentuada, en un marco de derrotas y retroceso de las luchas sociales, favorecen el desarrollo de las características asociadas a las actitudes autoritarias. La fragmentación induce comportamientos típicos de la lucha individual (lo privado-familiar) por la subsistencia. Las deficiencias, o inexistencia, de la política pública y el debilitamiento de los lazos de solidaridad social, erosionan la conciencia y autoestima de clase, predisponen a la subordinación al poder, a la validación de la autoridad, produciendo no solo obsecuencia, sino rechazo, que puede llegar a ser violento, de las conductas percibidas como cuestionadoras. El impulso de autoconservación puede llevar a extremos de conformidad, con lo establecido, deseo de orden. No es difícil ver que en estas circunstancias psicosociales, los discursos conservadores puedan encontrar terreno abonado. El conservadurismo moral y político se relaciona de manera significativa con el autoritarismo, la normalización de la desigualdad social y el temor al cambio. Cuando la cotidianeidad se articula fundamentalmente en torno a la subsistencia y se percibe el entorno como incuestionable y sin salida, todo comportamiento cuestionador es percibido como amenaza.

Esta es la clave para entender el notorio éxito de la empresa evangélica. No bastaría con el trabajo asistencial, puesto que se trata de una campaña de proselitismo. La propuesta de construir comunidad, y, a su manera, reconstituir relaciones de solidaridad, en torno a un discurso y propuestas de un fuerte tono conservador, moral y político, se da en el escenario ya descrito, pero además encuentra un sólido sostén en el hecho de que frente a situaciones aguda y persistentemente adversas, los sectores más despolitizados y retrasados en la conciencia social, tienden a replegarse hacia los valores y creencias de la cultura tradicional, saturada de prejuicios. Una expresión de ello es el rápido avance del nacionalismo en general, y en particular del nacionalismo cultural, en Europa o EEUU, reforzado en este caso por la permanente promoción del nacionalismo imperial (para un norteamericano promedio, resulta una verdad autoevidente que su prosperidad personal depende en buena medida de que su país mantenga su posición de primera potencia internacional).

El nacionalismo cultural campea, en diversas versiones, tanto en las sociedades del capitalismo avanzado como en la periferia, y en los diversos sectores de clase y estratos. Normalmente se lo asocia con las reivindicaciones de nacionalidades oprimidas. Pero en la última década las expresiones más llamativas se relacionan con el ‘populismo’ de derecha, patriotero y xenofóbico, muy notorio en Europa. Sostenido en una concepción esencialista, metafísica e idealizada de la identidad colectiva, es manipulado por sectores de derecha y conservadores para enmascarar o justificar derivas autoritarias y/o para generar un efecto cohesionador interno ante las presiones de los centros de poder económico y político externos, en el contexto de la mundialización capitalista y los desequilibrios que ha profundizado.

En EEUU, la derecha religiosa, sobre todo, hace del nacionalismo cultural un escudo protector y un arma ofensiva contra lo que se le aparece como la conspiración secularizante de los sectores ‘liberal-progresistas’ de las grandes ciudades y universidades, inclinados al cosmopolitismo, partidarios de la ‘ideología de género’ (marxista-posmoderna!), contrarios a la ‘pureza étnica’, y defensores de la libertad de orientación sexual/de placer, aparte de cómplices de la invasión migrante no-aria. Independientemente de cuánto hay de efectivo en tales distinciones binarias, el hecho es que ha mostrado gran eficacia en el intento de crear chivos expiatorios y muñecos de paja para distraer la atención de las verdaderas razones y responsables de las diversas crisis o elementos de crisis que atraviesan al capitalismo contemporáneo. El carácter reaccionario e irracionalista de la derecha religiosa es un rasgo constitutivo, pero da un salto en cuanto a su influencia política, a partir de comienzos de los años 80, bajo Reagan, en base a la alianza con un influyente sector de la cúpula liberal republicana (en un país de todos modos cargado por la pesada herencia puritana). Movimiento reforzado por el tono también conservador de Tatcher en Gran Bretaña, menos relacionado con grupos religiosos que con un enfoque patriotero y de exaltación de la familia y valores tradicionales. En el caso de la mayoría de las sociedades latinoamericanas, un rasgo peculiar del conservadurismo religioso se relaciona con cierta distinción social. Ante el avance del evangelismo en los barrios populares, los sectores medios tienden a mantener su adscripción a la iglesia católica.

La combinación de nacionalismo cultural, conservadurismo moral y elementos de personalidad autoritaria, al instalarse en los barrios populares, levanta una muralla o cava un foso difícil de salvar para las posiciones que buscan una transformación de la vida y los términos de la convivencia social. Las políticas de izquierda para avanzar en su audiencia y capacidad de convocatoria, necesitan enfrentar los prejuicios y lastres tradicionalistas del pensamiento del mundo de la vida cotidiana de los subordinados, un sentido común que desempeña un papel sistémico en la conservación de la dominación interiorizada. El proyecto emancipador se enfrenta no solo a las condiciones de la explotación del trabajo en el mundo capitalista, también, y, en cierto sentido, sobre todo, a las formas de opresión que crean y se apoyan en dispositivos ideológico-culturales que refuerzan la desigualdad social con categorizaciones sociales que imponen distinciones de status y consideración social. La subjetividad colonizada impide la transición de las múltiples acciones por demandas inmediatas a la comprensión de la necesidad de cambiar los fundamentos del mundo social.

La cotidianeidad alienada consiste justamente en un conjunto de hábitos e instituciones cuyo funcionamiento justamente garantiza que los individuos sean sometidos por el grupo a un proceso de socialización mediante el cual interiorizan las creencias, valores y códigos normativos que buscan garantizar la integración funcionalizada de los individuos y el aprendizaje de los roles sociales derivados de su posición en la jerarquía, en la estratificación. Los niños de las comunidades proletas son socializados, por sus propias familias, para integrarse en el mundo del trabajo en funciones distintas de aquellas para las que son socializados los individuos provenientes de las familias de clase media acomodada.

Mantener a los explotados y oprimidos en condiciones de indigencia espiritual ha sido decisivo para la reproducción de todo orden social fundado en la explotación del trabajo humano y la desigualdad social estructural. En la lucha contra las concepciones idealistas, Marx y Engels se esforzaron en mostrar que la emancipación para abrirse camino necesita destruir las condiciones que hacen necesarias las ilusiones. Pero no cabe duda de que en el proceso, para avanzar, hay que enfrentar las ilusiones mismas. De ahí la célebre fórmula: el arma de la crítica es tan importante como la crítica de las armas….

UNIVERSIDAD PUBLICA

La reestructuración social neoliberal y el empuje conservador, el salto autoritario, crean condiciones político-culturales para el ataque a la Universidad pública. La reestructuración neoliberal busca disminuir el peso social de lo público, y un aspecto particularmente relevante de ello es erosionar el alto prestigio social de las universidades públicas (tarea nada sencilla en un país en el que los negocios privados del sector, tras 40 años, siguen siendo objeto de una consideración claramente inferior a la de los centros públicos). Por ello, entender el enconado ataque de que son objeto requiere comprender el proyecto neoliberal y sus implicaciones más amplias.

Pese al largo predominio de las políticas neoliberales, las universidades públicas en Costa Rica, como en buena parte de América latina, siguen siendo los principales centros de formación superior, tanto en la docencia como en la investigación, más allá de y pese a sus múltiples deficiencias y carencias. Considerando la infraestructura física, el nivel general del personal académico, los centros de documentación y biblioteca, la infraestructura tecnológica y las condiciones de acceso de estudiantes, profesionales y docentes, la concepción general de la formación, el trabajo de extensión social y, en general, el impacto social en lo económico, diversos aspectos de lo cultural y, finalmente, en la actividad científica y tecnológica en el país, los centros públicos están muy por encima del nivel de los mejores negocios privados. En ningún lugar como en la educación superior, y la salud pública, se hace tan patente las limitaciones de lo mercantil.

Por otro lado, pese a que las universidades públicas no pueden escapar al denso clima ideológico-cultural impuesto por los sectores dominantes, y de que, como órganos del Estado del capitalismo periférico costarricense, pertenecen a un dispositivo institucional diseñado y operado para cumplir con funciones y aportar insumos y servicios imprescindibles en la reproducción del orden social y económico (en particular, aportando personal profesional capacitado a los distintos segmentos del mercado de trabajo), a lo que hay además que agregar su dimensión de agencia ideológica orientada a la construcción de hegemonía, pese a todo ello, por su carácter peculiar, de lugares de concentración del acervo, transmisión, creación, examen y debate, del conocimiento social disponible (el ‘general intellect, de que hablaba Marx), siempre resulta posible crear y encontrar espacios relativamente abiertos de elaboración y reflexión críticas. Esto señala el carácter paradojal de las Universidades públicas, por un lado, dispositivos de la autoreproducción del orden social y fuente de relatos fundamentadores; por otro, ámbitos en que, sometidos a todo tipo de presiones, represivas y de adaptación, pueden desarrollarse expresiones de pensamiento e investigación crítica, conectadas directa o indirectamente a diversos movimientos y luchas sociales.

En un determinado momento histórico, claramente el período de la segunda postguerra, la creación y/o impulso del sistema de educación superior pública, se articulaba al proyecto desarrollista. El fomento de la industrialización demandaba ocupaciones y destrezas diversas. El proceso de modernización encabezado y dirigido por el Estado lleva a la multiplicación de sus funciones y órganos, conjunto ordenado alrededor de la tarea de potenciar el crecimiento económico, orientado a la sustitución de importaciones y la creación de condiciones las más propicias para la proliferación de todo tipo de iniciativas empresariales privadas. Un elemento del diseño consiste en el reforzamiento, o creación, de un mercado interno de consumo capaz de absorber buena parte de la producción en las primeras subfases del ‘take off’ rostoviano. En la medida que, en el caso latinoamericano general, los mercados de exportación se mantuvieron prácticamente cerrados para todo lo que no fuera materias primas, junto al hecho de que el nivel de integración regional del proyecto modernizador impulsado desde la CEPAL, no pasó de las declaraciones de buenas intenciones y alguna burocracia inoperante, el estímulo del crecimiento dependió sobre todo de la profundidad, y los límites, del mercado interno.

En ese marco, la universidad pública pasa a desempeñar un papel central y a ocupar un lugar social principal. Para fines de los años 60 y comienzos de los 70, la universidad pública es el objetivo de todo joven, sobre todo en el conurbano, de familias trabajadoras de mediano ingreso. Un torrente de hijos e hijas de padres con apenas estudios secundarios, asumían un notable cambio cultural y de mentalidad. Ir a la universidad se tornó parte de las expectativas socialmente incorporadas por este sector social. La mayoría de clase media baja, familias trabajadoras de medio nivel de capacitación, en las cuales, no raro, la madre se desempeñaba como ama de casa. La creciente diferenciación y complejización social, facilita el consenso social en torno a la financiación de una rápida expansión del número y capacidad de los centros universitarios públicos[15].

En América latina, al menos en buena parte, la universidad pública es el instrumento principal de movilidad social ascendente, el camino a la condición de ‘clase media’ moderna, con el boleto de acceso al patrón de consumo y al estilo de vida correspondientes. No pocas veces es también la plataforma para la realización de estudios de postgrado en el exterior, una experiencia culturalmente renovadora, de superación del talante provinciano. Es por la universidad de fines de los años 70 (y siguientes), con desarrollos variados según las diversas situaciones y lugares, que pasa todo lo que asociamos con ‘los años 70’, el ‘setentismo’, que en Centroamérica tiende a correrse más hacia los 80, atenuado en diversos grados por las condiciones sociales y culturales en la mayor parte de la región. De la cultura rock, entre los jóvenes de clase media acomodada, a la militancia en las distintas expresiones de la izquierda, del protagonismo del movimiento estudiantil universitario al ascenso de la sociología hacia el lugar de privilegio de la cultura intelectual-progresista, de la apresurada y desaprensiva ruptura con la moral sexual conservadora-católica al consumo ‘social’ de marihuana, de los conciertos de música de protesta a las noches de bohemia, con cierto exceso… Tendencias sociopolíticas, culturales y microsubjetivas que encuentran expresión en la Costa Rica de la época, en grupos minoritarios claro, pero que en buena medida marcan la tendencia y protagonizan la escena del momento. El autorepresentado país de pequeños propietarios rurales se enrumbaba a lo urbano y a un cambio cultural y de mentalidad importante, entre sectores y grupos decisivos. La universidad fue uno de los principales vehículos. Los años 70 vieron el despuntar de un gran cambio cultural, la expresión local del que recorría el mundo desde las sociedades del capitalismo avanzado, y la universidad fue el lugar donde más desenfadadamente resonó.

La crisis de comienzos de los 80, representa un tropiezo abrupto y el punto de arranque de un cambio profundo. El modelo de acumulación y crecimiento desarrollista que había impulsado una gran trasformación social dentro de los límites del capitalismo periférico, entra en crisis, alcanzado por la crisis de endeudamiento. Las políticas neoliberales hacen su irrupción y se imponen, primero como respuestas ad-hoc, luego como nueva ortodoxia. La reorientación de la economía hacia la exportación, de bienes no tradicionales y de servicios turísticos, y la atracción de inversión extranjera, releva la preocupación con el mercado interno de consumo. Comienza el proceso de ensanchamiento de la desigualdad de ingreso y riqueza. Las políticas neoliberales avanzan sobre el legado desarrollista. Achicamiento del Estado y transferencia al sector privado de funciones diversas, venta de activos y privatizaciones, gran reducción del peso relativo del empleo público, subsidios diversos, exoneraciones y reducción de impuestos a las grandes empresas y los más ricos, privilegios y entrega al capital extranjero, TLC’s, normativa del banco central, política cambiaria, apertura externa, la política antiinflacionaria como pretexto para atacar los salarios y la capacidad de inversión del Estado, flexibilización del mercado laboral, ley ‘de protección’ del trabajador, saturante campaña de los medios de comunicación corporativos, etc.

Las universidades públicas se defienden, pero no son inmunes. Los distintos estamentos de la comunidad, casi siempre con el movimiento estudiantil a la cabeza, no necesariamente las federaciones de estudiantes, dan muestras de una enorme capacidad de resistencia, alcanzando victorias significativas, aunque parciales. En la primera década del siglo veremos dos espectaculares expresiones de movilización social con fuerte participación universitaria, el llamado ‘combo 2000’ y el desarrollo ‘in crescendo’ del movimiento contra el tratado de libre comercio con EEUU, durante los años 2005-2007. Con todo, el embate privatizador, acorazado y fogoneado por un gran bloque de intereses y un cada vez más hegemónico discurso ideológico, continúa avanzando, absorbiendo los tropiezos. No se privatizaron las universidades públicas, pero hay muchas formas de someter a lógica de mercado la educación superior.

En 1976 inicia actividades la UACA, primer negocio privado del país. La élite política le concede la condición de ‘fundación sin fines de lucro’, es decir, una más de las formas de exonerar (evadir legalmente) del pago de impuestos. Algunos apellidos ilustres y fuertes vínculos con el poder social y político, arropan los pasos iniciales del proyecto. Más de 40 años después el centro privado sobrevive en la intrascendencia. Con todo, en esas 4 décadas, se crearon en el país más de 50 centros de estudios privados, una buena parte clasificables en el rubro de ‘universidades de garaje’[16]. Usinas de títulos sin verdadera fiscalización ni control de calidad, centrados en carreras con mercado laboral hace mucho saturado (con alguna excepción, del todo accidental e institucionalmente inestable), no pocas veces carentes de las más elementales condiciones materiales y profesionales exigibles. Un burdo intento de maquillar la situación consiste en la espuria distinción entre ‘universidades de docencia’ (privadas) y ‘universidades de investigación’ (públicas). Pero una universidad que no hace investigación no es una universidad, es un colegio, un mero centro de enseñanza. Y aún la docencia en los negocios privados es deficiente, por falta de condiciones básicas, como bibliotecas y centros de documentación bien dotados, entre otras.

Dos factores alcanzan particular relevancia en la notoria floración de negocios privados: primero, la modernización y urbanización del país, alimenta el interés cultural, o impone la necesidad social, de buscar una certificación de educación superior, en el intento de lograr una inserción en el mercado laboral más promisoria. Por otro lado, mientras el interés y la demanda de acceso a la educación superior crecía, la oferta de cupos de los centros públicos se estancaba o avanzaba muy por detrás del crecimiento de la demanda. Puesto en breve, la limitación de los cupos en las Universidades públicas ha sido uno de los más importantes factores, sino el principal, del crecimiento acelerado de los negocios privados.

A partir de los años 90, decenas de miles de jóvenes se lanzan a la extenuante tarea de articular trabajo y estudio, en el intento de mejorar su posición social, colocando entre paréntesis el tema de la calidad de la formación recibida en los centros privados, y en un momento en que la economía del país crecía a un ritmo de 4-5% promedio, generando ya una cantidad insuficiente de empleo, pero muy por encima del desempeño de la última década. El crecimiento de los negocios privados a un ritmo bastante superior al de los centros públicos, es una forma de privatizar la educación superior. Pero no es la única.

Ante la imposibilidad, hasta el momento, de avanzar con una política de privatización directa de las Universidades públicas, posición de los sectores liberales más duros[17], el proyecto de mercantilizar la educación superior ha tenido que recurrir a mediaciones. Desde la permanente puja, limitación y regateo, en torno al presupuesto universitario, y, cuando se ha podido, directamente recorte, como en los últimos años, hasta una creciente derivación de la oferta de algunas carreras, de particular prestigio y/o demanda, como medicina, odontología, periodismo, derecho, psicología, administración, educación, hacia los negocios privados[18]. Otra vez, sin mecanismos efectivos de control de la calidad de la formación, planes de estudio, nivel del personal docente o recursos pedagógicos, tecnológicos y de investigación.

El clima cultural y el proceso de reestructuración social neoliberal también se manifiestan en la universidad pública en la forma de ajustes paulatinos en los programas de estudio orientados en el sentido de un practicismo que, so pretexto de adecuar los programas a las necesidades ‘sociales’, en realidad al mercado de trabajo y los específicos requerimientos de las empresas, produce un amezquinamiento de la formación; en una reorientación de los planes de estudio que da particular énfasis a los aspectos más aplicados, no pocas veces presentados en abierta contraposición con ‘lo teórico’, entendido como sofisticación inútil. Más que profesionales con sólida formación teórica y capacidad de análisis, se busca proveer técnicos. Degradando la relación teoría/práctica, se debilita la capacidad de pensamiento innovador, la actitud crítica, la capacidad de plantear los problemas fuera del marco del sentido común de la actividad específica; la transmisión de conocimiento se contrapone sin justificación a la capacidad para construirlo, y se olvida que ‘no hay nada más práctico que una buena teoría’. Ya no importa saber porqué pasan las cosas, solo saber cómo se hacen y como hacerlas bien, interesa saber hacerlas y hacerlas lo mejor posible. De ello resultan individuos que consiguen abordar problemas prácticos, pero que enfrentan carencias difíciles de remontar cuando de generalizar y pensar de manera abstracta se trata. Eso limita la capacidad para discernir los aspectos compartidos de problemas diferentes. Sin capacidad de abstracción y generalización no puede haber conocimiento científico.

La tendencia practicista está de una u otra manera siempre presente en el mundo capitalista. Ya en el siglo XIX se puede observar la tecnologización del desarrollo del conocimiento científico, condicionado por las necesidades de la acelerada expansión del capitalismo industrial. La mercantilización de la investigación tecnocientífica permite entender el desconcertante desequilibrio entre lo que se ha destinado en el último par de décadas al desarrollo de la tecnología de teléfonos inteligentes y los recursos destinados a campos de conocimiento no directamente vinculados con los intereses de las grandes corporaciones, pero sí muy próximos al tratamiento de problemas y penurias sociales acuciantes. No son las necesidades sociales las que fijan las pautas de la educación y la investigación, sino los requerimientos de la competitividad empresarial (y la competencia entre los Estados de las potencias centrales). Los obstáculos para el avance de la ciencia son fundamentalmente sociales.

El practicismo en la formación impone la búsqueda no precisamente de conocimientos, sino de competencias. La educación superior debería mantener como objetivo buscar formas de articular la formación profesional con una aproximación actualizada a lo que en el mundo germano se denominó ‘bildung’, es decir, la formación que pone al individuo en relación con su herencia cultural, tanto de su comunicad como la humana general, y que le permite elevarse al plano de su condición histórico-universal, a la comprensión y conciencia de su historicidad, de ese mundo que hacemos y que sin embargo nos arrastra[19]. Pero la mercantilización y el practicismo no están interesados en desarrollar bildung, sino en formar ‘recurso humano’, instrumental en el mercado.

La mercantilización se manifiesta (como tendencia en América latina) también por otras vías, acaso menos evidentes, en los intentos de crear una absurda contraposición entre las áreas de ingeniería y tecnología y las ciencias sociales, humanidades y artes (lo cual en realidad, es una expresión de lo visto en el párrafo anterior); en la presión ejercida en dirección al autofinanciamiento de las universidades y el objetivo de recuperar una parte significativa de los costos de la educación mediante cargos a los estudiantes y sus familias (lo cual encarece enormemente la educación superior, restringiendo su acceso y/o produciendo la crisis de endeudamiento de los estudiantes de la que tenemos noticia tanto en EEUU como en Chile). El alza de las tarifas y el creciente traslado a los estudiantes de los costos, se observa con claridad en los estudios de postgrado.

Las limitaciones presupuestarias se traducen en restricciones crecientes en los más diversos ámbitos. Desde los sistemas de becas, el programa de residencias estudiantiles y diversos servicios de apoyo a los estudiantes provenientes de familias de medio y bajo nivel de ingreso, hasta la restricción en la oferta de cursos y cantidad de grupos, de acuerdo a la demanda, la degradación del trabajo docente con el nunca resuelto problema del alto porcentaje de interinazgo, caída de los sueldos, sobre todo del personal sin estabilidad laboral, así como recortes a los fondos de investigación. La privatización de la educación superior es un empeño que avanza por distintas vías.

Finalmente, la mercantilización tiene su complemento en la elitización de las instituciones públicas de educación superior. La elitización de las universidades públicas erosiona, previsible y comprensiblemente, el respaldo social, hace una contribución inestimable a la campaña de la derecha liberal contra el prestigio de las instituciones, que borra su insustituible contribución a la sociedad, presentándolas como poco más que un club de privilegiados y un festival de despilfarro de los dineros públicos. Típicamente, por un lado inducen la elitización para luego utilizarla como justificación de la campaña de desprestigio y palanca de la mercantilización. El hecho es que, de una u otra forma, los aspectos ya mencionados coadyuvan a la selectivización del ingreso. Informes recientes indican que dos terceras partes de la población estudiantil de nuestras universidades públicas proviene de las familias de los dos quintiles superiores de ingreso. Pero la situación es aún más restrictiva en los casos de la UCR e ITCR.

Es un hecho que hay una sobre-representación de los jóvenes provenientes de familias de clase media alta y profesional, y que los hijos de las familias trabajadoras de mediana y baja calificación enfrentan grandes dificultades para acceder a las instituciones públicas, y a las carreras con nota de corte para admisión más alto. Lo cual produce la desconcertante paradoja de que los jóvenes de familias trabajadoras deban orientarse hacia los centros privados para intentar dar cumplimiento a su aspiración de acceder a estudios universitarios. Y entonces han de lidiar con los temas ya abordados, de baja calidad de la enseñanza general y tarifas crecientes, lo que además tiene una consecuencia más opaca, una mayor dificultad para alcanzar los puestos de trabajo mejor remunerados.

Pocas cosas hay tan absurdas como una ‘institución de educación superior con fines de lucro’. Tanto más si se maquilla la situación para enmascarar la realidad. Los negocios privados de la educación superior, han gozado de un fuerte impulso en los últimos 40 años. Los resultados han sido apenas mediocres, en el mejor de los casos. Pese a lo cual han experimentado una fuerte expansión. Se ha buscado instalar la percepción de que existe una situación de competencia real entre las universidades públicas y los negocios privados, creando un clima de opinión en el cual se subrayan las supuestas ventajas de los últimos: menor duración de las carreras, a costa de la solidez y profundidad de la formación, una orientación neta hacia las necesidades del mercado de trabajo, lo cual estimula planes de estudio practicistas, un ‘fuerte vínculo empresarial’, eufemismo referido a la densa carga ideológica del clima organizacional, la flexibilidad de los horarios, lo cual ‘permite vincularse más rápidamente al mundo laboral, mientras se estudia’, rasgo que, en lo que tiene de positivo, desaparecería en los principales centros, tan pronto consiguieran debilitar suficientemente a las instituciones públicas.

La campaña privatizadora/mercantilizadora busca socavar por distintas vías la educación superior pública. Así como no se puede entender la atmósfera ideológica hostil a las universidades públicas, patrocinada por los medios controlados por poderosos grupos económicos y la derecha política, sin consideración de la agenda neoliberal que impulsa una reestructuración social en profundidad en el país, desde hace décadas, tampoco se puede pretender que la superación de las amenazas se dará dentro de los límites de la institución académica. Resulta imprescidible que las comunidades académicas comprendan, se involucren y asuman sus responsabilidades en los movimientos sociales (como tantas veces en el pasado) que intentan frenar y revertir la reestructuración social neoliberal, como parte de los procesos más amplios que buscan una salida a los crecientes desequilibrios y el estancamiento civilizatorio del capitalismo.

Tal cosa, por supuesto, exige enfrentar con determinación a los enemigos de la educación superior pública, pero también hacerse cargo de las limitaciones y deformaciones internas que, inadvertidamente o no, facilitan su trabajo. Desde la elitización hasta la degradación laboral del interinazgo, pasando por un examen de admisión que premia y convalida las desigualdades previas, hasta los problemas vinculados con la investigación, postgrados, sedes regionales, injustificables brechas salariales, etc.

CAPITALISMO Y CRISIS CIVILIZATORIA

El embate neoliberal echa mano tanto de elementos del individualismo secularizante liberal clásico como de posiciones neoconservadoras, rasgo que introduce no poca confusión tanto en el análisis como en las respuestas al fenómeno. El liberalismo ‘neo’ es el liberalismo predominante en las condiciones del capitalismo tardío, la variante que, desde el punto de vista de las élites o grupos dominantes, mejor responde a los problemas estructurales de reproducción que enfrenta el capitalismo en la contemporaneidad.

La crisis de estancamiento y alta inflación de los años 70 decidió el ocaso de las políticas keynesianas. La concepción intervencionista, el ‘capitalismo regulado’, moría de éxito. Keynes (el ‘arquitecto del capitalismo viable’) se había propuesto salvar al capitalismo, literalmente[20]. Y lo había logrado, produciendo la teoría de la política económica que permitió a los gobiernos y élites salvar el trance. La notoria recuperación de las potencias capitalistas, con EEUU a la cabeza, y de la estructura imperialista de la economía-política mundial, con un importante proceso de recomposición y reestructuración, asociado a un salto tecnológico generalizado, se tradujo en conjunto en una fuerte aceleración de la secular tendencia del capitalismo a la internacionalización, uno de los rasgos fundamentales del sistema, identificado por el análisis de Marx y Engels ya en EL MANIFIESTO y desarrollado en EL CAPITAL.

La internacionalización limitó severamente la eficacia de las herramientas keynesianas, diseñadas para un ámbito estatal. La globalización desregulada, hecha posible por el keynesianismo, articulando intereses de Estados centrales y grandes corporaciones, marca una nueva fase de despliegue internacional del capitalismo como sistema social. La mundialización se sigue, como posibilidad y proceso objetivo, de las tendencias sistémicas del capitalismo, y, en determinado punto, se hace política consciente, que opera sobre esas tendencias y posibilidades reales (del sistema, que es decir la acción humana en la historia). Es la típica dialéctica de proceso objetivo y acción consciente. El mundo en que vivimos es una herencia de generaciones pasadas, una construcción humana. Pero para nosotros es el mundo efectivo, una objetividad, en el marco de la cual, de las posibilidades inscriptas, la subjetividad, la acción-praxis social, construye el futuro, reproduciendo, modificando o transformando ese mundo. Los seres humanos construyen un mundo a partir del mundo.

La acción política opera sobre las posibilidades objetivas heredadas, desarrollando unas tendencias y obstruyendo otras. Tatcher y Reagan aprovechan las circunstancias ya referidas impulsando políticas de ajuste y ‘estabilización’ a costa del salario y las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, para intentar resolver la crisis. El resultado es un considerable incremento de la tasa de explotación del trabajo (lo que por su vez redunda en el observable incremento de la desigualdad social), como vía para remontar la caída de la tasa de ganancia, recomponiendo la rentabilidad de las empresas. Un feroz recorte de conquistas sociales, el llamado ataque al ‘Estado de bienestar’, también desata una fuerte resistencia social. Por eso resulta crucial limitar la capacidad de organización y resistencia social, de los trabajadores y los sectores populares. Las medidas orientadas a debilitar a los sindicatos avanzan en todas partes, y se articulan con el clima ideológico individualista e insolidario. En este contexto, Jameson puede referirse al Postmodernismo, como ‘la lógica cultural del capitalismo tardío’.

Las políticas neoliberales corresponden por tanto al intento de los sectores dominantes de resolver las contradicciones y desequilibrios acumulados por el capitalismo contemporáneo. El indiferentismo social y la promoción del egoísmo ‘racional’, son parte del profundo cambio en la subjetividad que buscan inducir, como aspecto fundamental de la reestructuración social que intentan imponer. Pero los distintos sectores sociales, por las características materiales y espirituales de su vida, responden de manera diferenciada a los relatos orientados a construir consenso social, consentimiento político o integración social funcionalizada. Aunque los diversos discursos inciden en los distintos ámbitos, es más probable que los contenidos relativos a la persecución del éxito individual, expresado en el consumo simbólico y los marcadores de posición social (parafraseando a Marx, ‘el consumo hace tolerable la vida’), tengan mayor audiencia en los sectores medios (asociados a las expectativas y aspiraciones de su condición), mientras que los más conservadores se extiendan entre los grupos sometidos a una severa limitación de oportunidades (en este caso, vinculado a la desesperanza y el resentimiento). En condiciones sociales particularmente degradadas, los individuos enfrentan serios obstáculos para acceder a e incorporar los recursos culturales que les permitirían alcanzar un control razonable sobre sus impulsos (emociones, autodominio). No se puede subestimar los estragos que produce el deterioro social en la estructura de la personalidad y el sentimiento[21].

Articulándose a la ortodoxia económica liberal, las posiciones conservadoras en política y moral funcionan como un indicador de que el sistema además de no conseguir superar sus viejas fracturas, acumula nuevas. Y eso empuja a un sector de las élites a posiciones cada vez más conservadoras y autoritarias[22]. Incluso aquellos sectores que mantienen actitudes liberales en temas culturales y éticos, participan del consenso en torno a ajustes autoritarios en las formas e instituciones político-jurídicas (el orden social no se puede confiar exclusivamente a la eficacia de los mecanismos de construcción de hegemonía; no puede prescindir de los recursos coercitivos, con sus gradaciones de contundencia). A veces directa y abiertamente, como en los intentos en EEUU de revertir las leyes que garantizan el derecho al aborto. A veces actuando delegativamente, confiando a una variedad de organizaciones, operacionalmente ágiles y con sólido respaldo financiero, la tarea de vehicular las acciones y discursos.

El retroceso a posiciones conservadoras, en política y/o moral, tiene el valor de un síntoma, en las condiciones del capitalismo tardío. Es una de las contradicciones y fuentes de conflicto que lo atraviesan. Porque está claro que la dinámica objetiva (la lógica general subyacente y el curso histórico efectivo registrado) del capitalismo ha llevado, como consecuencia no buscada conscientemente, desde sus orígenes, a una creciente secularización y racionalización, aunque sea instrumental, de la vida social. Este justamente es uno de sus costados más luminosos, celebrado con honestidad intelectual y política por Marx y Engels. Pero si la dinámica objetiva del capitalismo produce ‘la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales y el derrumbe de viejas y venerables ideas y creencias’, y hace que todo lo que se creía permanente y perenne se esfume y lo santo sea profanado, ’obligando a los hombres a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás’[23], y así ha sido, por otro lado, la multiplicación de desequilibrios y crisis o elementos de crisis del capitalismo, lleva a los sectores dominantes a replegarse de las posiciones más convencionalmente liberales, a refugiarse en dispositivos conservadores y autoritarios.

Un movimiento nada novedoso. En general, expresa una correlación con frecuencia observable en la historia. Una de las expresiones más célebres y conocidas, pero a menudo no reconocida, es la brecha intelectual y de talante que separó a los ilustrados sofistas de los fundamentalmente conservadores y pro-oligárquicos Platón y Aristóteles, en el momento de la decadencia del mundo griego clásico.

Puesto en breve, mientras el capitalismo objetivamente seculariza, destrascendentaliza (en términos de Weber, el desencantamienteo del mundo) mostrando que los seres humanos pueden conocer y controlar su mundo, las élites o grupos dominantes, sostienen, en la medida de lo posible, el apoyo, explícito o no, a las instituciones conservadoras y a los valores y códigos normativos tradicionales, como recursos de influencia y control, de socialización integradora. Superficialmente puede haber estridentes disputas entre grupos y sectores de las élites, pero incluso los más liberales sopesan con cuidado las posibles consecuencias no deseadas de un exceso de apertura. El deseo de orden choca con la necesidad de ‘aggiornar’ el clima cultural de acuerdo a las necesidades de funcionamiento y evolución del capitalismo.

Si el neoliberalismo es la forma político social que mejor expresa las necesidades de reproducción social amplia del capitalismo tardío, eso coloca dos deducciones: primero, permite entender las dificultades para la llamada ‘economía heterodoxa’ de superar, reemplazar exitosamente, la ortodoxia neoliberal. Las políticas neoliberales no se sostienen principalmente sobre sus méritos teórico-metodológicos, sino sobre el hecho de que es un relato que se hace desde el poder, y en el seno de una realidad construida y reproducida por ese poder, y que ahí resulta funcional. Es una ingeniería social, económica, política y cultural. Es la (re)producción discursiva de lo existente. El neoliberalismo es el capitalismo tardío verbalizado, lo cual significa que reproduce sus limitaciones y racionaliza sus desequilibrios, y por tanto termina por agudizar desde lo subjetivo las contradicciones de la objetividad.

Una expresión decisiva de ello es la ominosa perspectiva, estudiada por muchos especialistas, de que las sociedades del capitalismo avanzado estén deslizándose hacia una fase de estancamiento económico secular, similar a la vivida por Japón desde comienzos de los años 90. Un elemento de ello ya visible es, aparte de la baja tasa promedio de crecimiento de la última década, la aún más magra generación de empleo, así como la notoria degradación del que se genera. El neoliberalismo no solo no es parte de la solución, es parte del problema.

En segundo lugar, dada la incapacidad de las fórmulas neoliberales para estabilizar el capitalismo, abriendo un nuevo ciclo prolongado de crecimiento, la ‘heterodoxia’ responde a una carencia real. La misma de los tiempos de Keynes, encontrar la fórmula de un capitalismo ‘viable’, para no solo actuar de apagafuegos. Esta vez, no constreñida en los límites del Estado ‘nación’, sino pensada y proyectada en el plano de la economía mundial, de una globalización regulada, cosa sin dudas factible, si de evitar el aviva-fuegos del neoliberalismo se trata. Sin embargo, la historia del siglo XX mostró con toda claridad los precisos e insuperables límites del keynesianismo, incluso cuando tiene éxito. Por eso me parece pertinente terminar este trabajo insistiendo en que, primero, no se puede denunciar el neoliberalismo sin cuestionar el capitalismo tardío como un todo, y, segundo, que una hipotética reforma keynesiana, solo prolongaría la crisis civilizatoria, puesto que dejaría intactas todas las contradicciones fundamentales del capitalismo, manteniendo la posición subordinada de las sociedades de la periferia capitalista y el correspondiente flujo de valor hacia los centros. Aunque por supuesto, buena parte del instrumental keynesiano sería de utilidad en un marco de transición postcapitalista.

Mayo 30, 2020

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[1] Callinicos, Alex. “Las universidades en un mundo neoliberal”. Pág. 1. http://www.rebelion.org/docs/91678.pdf

[2] Harvey, David. BREVE HISTORIA DEL NEOLIBERALISMO. Ed. Akal. Madrid. 2007.

[3] Al responsable del artículo se le escapa que en 1992 M. Vargas Llosa, B. Levine, y P. Berger, publicaron un grueso tomo titulado EL DESAFIO NEOLIBERAL

[4] “Thatcher y Reagan promovieron la misma agenda reformista: bajos impuestos, reducciones del gasto social, todo el poder al mercado, máxima libertad para la iniciativa privada y constantes restricciones a la actividad del sector público. El estado era, para ambos, el problema, no la solución… Odiaban al intelectualismo y todo lo que éste tiene de elitismo y artificialidad”. Antonio Caño, “La alianza Thatcher-Reagan definió el final del siglo XX”. El País, Madrid, abril 8, 3013,

[5] El tema del elitismo liberal es discutido en las propias filas: “En nuestro afán por luchar contra el populismo asimilamos todo lo “popular” con aquello que detestamos lo cual genera una consecuencia nefasta. Hemos perdido la principal batalla: la de la calle. La cultura ha sido regalada por una esencia discriminatoria del liberalismo elitista; asco a los pobres”. Encinas, Jorge, “Por un liberalismo sin elitismo”. https://studentsforliberty.org/eslibertad/blog/por-un-liberalismo-sin-elitismo/

[6] “…el Ministro de Trabajo enfatizó que…”, elmundo.cr, feb. 22, 2018.

[7] A esto habría que sumar la ideología que contrapone la noción de ‘nuevos movimientos sociales’ a las ‘viejas’ o ‘tradicionales’ formas de organización, el movimiento de los trabajadores, por supuesto, promovida por intelectuales ‘progresistas’. Discurso particularmente nefasto en tanto que contribuye a mantener y profundizar la separación y el extrañamiento entre los distintos sectores explotados y oprimidos, apoyado en un particularismo metafísico.

[8] Marshal, T. H.; Bottomore, Tom. CIUDADANIA Y CLASE SOCIAL. Ed. Losada. Buenos Aires. 2004.

[9] En una entrevista en la revista Women´s Own en octubre de 1987, la señora Tatcher decía “there is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families”.

[10] Los elementos del cambio cultural contemporáneo se correlacionan con los hondos cambios sociales inducidos por el proceso de creciente internacionalización capitalista y las innovaciones tecnológicas asociadas. Una de las formas de manifestación de las contradicciones fundamentales del capitalismo es la tensión entre la dinámica objetiva al cosmopolitismo frente a la promoción política y cultural del nacionalismo.

[11] Gorz, Habermas, Rifkin y otros, con sus variaciones y puntos débiles y fuertes sobre el tema. Ver los trabajos de Ricardo Antunes, en particular ¿ADIOS AL TRABAJO? Ed. Antídoto, Buenos Aires, 1999.

[12] Individualismo y cultura de consumo. La reestructuración social neoliberal alienta el repliegue en lo privado, doméstico o ‘público’ mercantil (grandes centros comerciales), y la desconfianza/retirada de lo público. La mercantilización de los términos de la convivencia y de la cultura por el neoliberalismo apologiza lo privado contra lo público, rompiendo la dialéctica de lo social. En una primera aproximación, lo público es el lugar del ciudadano, del sentido de comunidad, del interés general; lo privado, el del consumidor, de los intereses particulares, de la competencia descarnada y del egoísmo ‘racional’. Ya alertaba Hegel sobre la escisión que la nueva sociedad abría entre la existencia privada y la pública comunitaria, la ‘moralidad’ y la ‘eticidad’, la ‘sociedad civil’ y el Estado, entre el individuo privado y la universalidad concreta de lo público. Para Hegel se trata de superar la noción individualista de libertad, la libertad ‘negativa’, para alcanzar el verdadero concepto de libertad, que solo puede realizarse en la comunidad.

[13] Marx, K. CONTRIBUCION A LA CRITICA DE LA ECONOMIA POLITICA. Ed. Alberto Corazón. Madrid. 1978. Pág. 233. “…y finalmente, en el consumo el producto desaparece del movimiento social, se convierte directamente en objeto y servidor de la necesidad individual y la satisface con el disfrute…. En la producción el sujeto se objetiva; el consumo el objeto se subjetiva”. El consumo como momento del disfrute se distancia de todo ascetismo.

[14] Marx: “no se les puede pedir que abandonen las ilusiones acerca de su condición, porque viven en condiciones que exigen ilusiones”. INTRODUCCION A LA CRITICA DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO DE HEGEL.

[15] Entre 1967 y 1981 se pasó de 6mil a 54mil estudiantes universitarios, casi todos en las universidades públicas. Ruiz Angel. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COSTA RICA. Ed. Universidad de Costa Rica. San José. 2000.

[16] En 1994, 24% de los estudiantes lo hacían en centros privados, actualmente tal porcentaje se eleva a algo más de 50% (dato difícil de precisar pues los negocios privados ni siquiera tienen la obligación de reportar su número de estudiantes). Del porcentaje que lo hacen en las Universidades públicas, 15% corresponde a la modalidad a distancia, la UNED.

[17] Para el Banco Mundial, la educación superior es un bien privado, no público, al igual que la atención de salud de tercer nivel, lo cual justificaría su desplazamiento al ámbito del mercado, donde el acceso estaría del todo mediado por la capacidad de pago, despejando el camino para la completa mercantilización y elitización. Una buena aproximación sería el caso de un país como Chile.

 

[18] Es realmente incomprensible, e injustificable, que la UNA, al menos, no tenga carreras como Medicina, Ingeniería o Arquitectura. Mientras proliferan en los negocios privados, lo cual da cuenta de la necesidad y demanda social.

[19] En LA FENOMENOLOGIA…., “Las dos tareas que Hegel se traza son: introducir la conciencia individual en la Ciencia y, a la vez, elevar el yo singular al yo de la humanidad, lo cual es la realización de la Bildung”. Fabre, Michel, “Experiencia y formación: la Bildung”. Rev. de Educación y Pedagogía, #59, 2011. Medellín, Colombia.

[20] Un elemento que contribuye en forma decisiva a configurar el contexto es el hecho de que en los años70 el capitalismo ha superado, sobre todo en los países avanzados, la extrema amenaza a su supervivencia que enfrentó en los años 30 y 40. El ‘Estado de bienestar’ de la segunda postguerra surge, no de la lógica económica del capitalismo, sino de la intervención política reguladora (aunque evidentemente se hace posible, actúa y adquiere eficacia sobre la base de las posibilidades objetivas generadas por el funcionamiento del sistema y los grupos e intereses prevalecientes), con el propósito de moderar los desequilibrios y las expresiones más agudas y peligrosas de las crisis capitalistas, a fin de ganar margen para gestionar la ‘cuestión social’ y someter a negociación el conflicto social, en sus términos y calado. El ‘Estado de bienestar’ se convirtió en el ‘capitalismo viable’, en las condiciones político-sociales y las relaciones de fuerzas en la lucha de clases de la época.

[21] Los grupos religiosos intentan llenar el vacío, no pocas veces con éxito, que deja la marginal, precaria, del todo insuficiente, presencia del Estado y las políticas públicas, e incluso, en otros países, su total ausencia. No se le puede reprochar a la gente que no tiene margen. La combinación de esta precariedad y sensación de abandono-vulnerabilidad, con los déficit de secularización y el peso de los valores tradicionales en los barrios populares y los sectores empobrecidos, los hace muy susceptibles al discurso conservador (generalmente asociado a una labor asistencialista) de las sectas, que alimenta todo tipo de prejuicios y actitudes de rechazo a los rasgos de cambio cultural, (cambio de tendencia cosmopolita, que amenaza mores y costumbres). Es un aspecto que fomenta mentalidades rígidas y facilita el giro autoritario y el voto a la derecha conservadora.

[22] Posiciones conservadoras que muchos profesan efectivamente, mientras para otros tienen un valor sobre todo instrumental, en la fabricación de ‘cohesión social’. ‘Los poderosos crean reglas que no cumplen’.

[23] Marx y Engels. MANIFIESTO COMUNISTA. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm.

Los 250 años del nacimiento de Hegel y su entorno histórico / conferencia

El Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) y la Asociación Costarricense de Filosofía (ACOFI) le invitan este miércoles 23 de setiembre a las 6 p.m. a la conferencia: «Los 250 años del nacimiento de Hegel y su entorno histórico«, con la participación del Dr. Arnoldo Mora Rodríguez.

Modalidad de Plataforma Zoom.

ID: 72074715066

Código de acceso: 3U5cQH.

La Primera Dama Claudia Dobles Camargo

Vladimir de la Cruz

Damos el nombre de Primera Dama a las esposas, o compañeras, del Presidente de la República. Por extensión se ha ampliado el concepto a las esposas de quienes ejercieron el cargo de Jefes de Estado, antes de 1848.

A las esposas de los Gobernadores coloniales, y de quienes ejercieron el principal cargo de Gobierno o Administración colonial, antes de1821, no les alcanza el título de Primera Dama, que no existía para esa época, ni para ninguna mujer de alguno de esos funcionarios. A lo sumo el de ser su reconocida esposa, para lo cual su referencia era “Doña” o “Señora” si a su esposo se le llamaba “Don” o “Señor”.

Al “Don” correspondía la “Doña”, término que se sigue usando con bastante frecuencia, hoy más por respeto al referirse a una persona o a su esposa, del mismo modo que se usa “Señor” o “Señora”, generalmente para personas mayores, o por simple buena educación.

El “Don” y la “Doña” servía para distinguir a quienes tenían, o se les atribuía, origen noble, que reflejaba una clase social alta, frente a los plebeyos, que calificaba una clase social baja. El “Señor” se usa igualmente por respeto o cortesía, y se puede utilizar antecediendo nombre o apellido. Deviene su uso de los señoríos, de las tierras donadas o heredas que tenían también vasallos, conceptos que se proyectaron con la dominación española. Los señoríos prácticamente se abolieron con la Constitución de Cádiz en 1812. Los señores tenían derechos señoriales propios, entre ellos el de pernada, o el de prima noctis, con sus trabajadoras, o mujeres dependientes o vasallas.

Un Señor era un Amo, un Dueño, un Propietario, de cosas, lo que se extendía a personas. Era un Patrón o un Jefe, lo que reflejaba también una posición de mando y de dominio de una cosa, lo mismo que sobre uno o más criados. De aquí quizá derivaba la idea de “Señora de….”, poniéndose de seguido el apellido del esposo.

“Don” y “Señor” son hoy simples conceptos de tratamiento protocolario de nuestras relaciones sociales, que vienen desde la época colonial para nosotros, y de la tradición hispana que nos impusieron.

Al iniciar mis cursos en la Universidad siempre empezaba explicando esto para que no me llamaran Señor o Don, indicando que ninguno de mis estudiantes en ese momento sería considerado en esa condición de vasallo. Además les decía que no tenía raíz nobiliaria, aunque el Libro de El Quijote está dedicado a un pariente lejano, al Conde De Lemos. Que la mejor forma de llamarme era directamente por mi nombre, Vladimir, o de una forma respetuosa diciéndome Profesor, porque tenía el oficio de enseñar Historia, el curso en que se matriculaban a mi cargo.

Igualmente, les decía que en un régimen republicano lo más correcto era dirigirse a una persona diciéndole “Ciudadano” o “Ciudadana”, siguiéndole de su nombre, como a veces recordamos al Prócer de nuestra Independencia, al Ciudadano Pablo, a Pablo Alvarado Bonilla.

En la correspondencia oficial de la República de Costa Rica, y en la Protocolaria, así se debería estilar, Ciudadano…, Ciudadana…, siguiéndole el nombre o el cargo que tenga la persona. La Revolución Francesa fue la que introdujo la práctica de llamar “Ciudadano” o “Ciudadana” a las personas, reconociéndole con ello Derechos y Libertades, que no tenían los vasallos.

De esta forma, ni en la colonia, bajo la dominación española, ni en el período republicano inmediato a la Independencia, durante el Siglo XIX, y adentrado el Siglo XX, se denominó de una manera particular, y distinguida, a la esposa de quien ejercía la Jefatura de Estado o la Presidencia de la República, más allá de reconocerle su condición de esposa.

En algunos países a la esposa del Presidente la llamaban “la Presidenta”, sin tener carácter oficial, como todavía no lo tiene bien establecido. Así se le dijo, por ejemplo, en una ocasión, a la esposa del Primer Presidente de Estado de Costa Rica, José María Alfaro, en 1847, que usó el título de Presidente.

Señalo esto porque el concepto de Primera Dama se asocia a la tradición estadounidense, cuando se usó por primera vez, para referirse a la esposa del Presidente Rutherfod Hayes, quien asumió su Presidencia en 1877, y así se refirieron a ella en un artículo periodístico.

En 1911, con motivo de una comedia, “The First Lady in the Land”, que refería a Dolly Madison, esposa del Presidente James Madison, 1809-1817, empezó a popularizarse. Y luego por la Primera Dama Eleanor Roosevelt, que le dio más fuerza a este término por su labor públicamente reconocida.

En Costa Rica se empezó a usar el término Primera Dama hasta la década de 1930. Desde entonces es común referirse de esa manera a la esposa de quien ejerce la Presidencia de la República.

Desde hace algunos gobiernos se usa papelería “oficial” con la distinción de “Primera Dama” para la correspondencia respectiva, y las gestiones que se originan en el Despacho de la Primera Dama.

Especialmente desde el período de la Segunda República, (1948 hasta nuestros días), es frecuente darle este trato a la esposa del Primer Mandatario de la Nación.

Se conoce bastante bien la vida de los Jefes de Estado y de los presidentes, pero no se conoce tanto la de sus esposas. De las recientes popularmente se conocen sus nombres, que es lo más frecuente, pero poco se sabe sobre su vida, su carácter, sus gustos, incluso en las campañas electorales no se divulga su hoja de vida, su currículum, aun cuando es usual que algunas tengan vida profesional propia, y es más común que tengan un papel más protagónico en la Casa Presidencial y en las acciones públicas, que se le encargan, y que por cuenta propia impulsan desde su Oficina, desde el Despacho de la Primera Dama, que se les asigna, para atender aspectos relacionados con el área social o cultural del Gobierno.

Lo más usual que ha sido es que se desdibujen las Primeras Damas, en la hoja de vida de sus esposos, perdiendo de esa manera su propia humanidad. Sin embargo, desde sus puestos de “combate”, al lado de sus esposos, han contribuido de muchas maneras a la gestión de gobierno, a mejorar desde sus prácticas laborales, desde su Despacho, lo que les corresponda para lo que consideran el mejor desarrollo nacional y la atención de importantes problemas sociales.

Como los presidentes son variados en todo sentido, igualmente variadas o distintas son las Primeras Damas que han habido, desde orígenes campesinos hasta oligarcas, desde mujeres que ni siquiera sabían firmar hasta graduadas universitarias, desde exclusivamente “amas de casa” hasta profesionales distinguidas.

El concepto aquí usado de “amas de casa” no es peyorativo, es simplemente el que se hacía de las mujeres que estaban dedicadas exclusivamente a sus labores de hogar, de esposa, madre y muchas veces abuela, de trabajadora doméstica en toda la extensión del término. Una vez que me atendió, para una escritura, mi admirado profesor de Derecho, Rogelio Sotela, al referirse en la escritura a mi esposa, en ese momento estudiante, todavía de Medicina, la consignó, con gran elegancia, y por su refinada educación y cultura, como “Dama de su Hogar”, un concepto que me encantó para referirse a las mujeres, a todas, a las tradicionales “amas de casa”.

Hay que reconocer que las Primeras Damas son seres humanos, comunes, corrientes, con virtudes y defectos, pero a la vez distinguidas, que derivan ese reconocimiento por las circunstancias de la vida política que las coloca en esos puestos, que son los que les dan esa distinción. Si no fueran la esposa del Presidente serían una mujer más del conjunto de las mujeres nacionales, como sucede con el conjunto de las esposas de candidatos electorales que al pasar las campañas desaparecen de todos los escenarios, públicos y políticos, hasta del que siguen teniendo algunos de esos candidatos, excepto las que brillan por cuenta propia.

Todos los candidatos a Presidente, los que han habido en campañas electorales anteriores, y de la que viene en el 2022, tienen, con sus respectivas esposas, esa posibilidad de que se les llegue a llamar y reconocer como Primera Dama de la República.

En este sentido me parece absolutamente demagógico que políticos, en puestos legislativos, y fuera de ese escenario, algunos con aspiraciones de candidaturas presidenciales, desde los propios partidos políticos, y otros atrincherados desde medios de comunicación, algunos aspirantes reales y otros subterráneamente, junto a los que utópicamente se lo sueñan, se pasen criticando a la actual Primera Dama por su importante papel público en algunas obras y acciones del Gobierno. Efectivamente no estamos acostumbrados a estos papeles protagónicos, lo que choca con la cultura machista y misógina política.

Lo mismo vale para los hombres fuera del teatro de la política, de la vida ciudadana normal, cuando critican acremente, desabridamente, sin contenido alguno, el papel descollante o relevante que tiene la Primera Dama…al estilo tico vulgar de bajarle el piso hasta donde puedan. Más misoginia no pueden expresar. Quizá también es envidia al compararse con la Primera Dama.

Lo único que demuestran, quienes así actúan, es su misoginia política, su odio y su aversión ancestral a las mujeres, especialmente a las que como ellos están en el ámbito público, haciendo cosas, desarrollando proyectos, impulsando obras, en el campo político e institucional, y se sienten retados, aunque la Primera Dama no signifique ningún obstáculo para sus aspiraciones y posibles candidaturas, o precandidaturas, porque ella por sí no puede, mientras sea esposa del Presidente, ser candidata a Presidenta en las próximas elecciones, por impedimentos constitucionales y legales que se lo impiden.

Les choca ver una mujer alfa, en el buen sentido de la palabra y significado, porque seguramente son opresores, dominadores, en todos los aspectos, de sus propias esposas e hijas, en sus hogares, a quienes las marginan, les restan y niegan participación activa, como la tienen ellos, ni tampoco las consideran siquiera como Damas de Compañía de ellos mismos, para estar apareciendo, con ellos, aunque sea protocolariamente, o para la foto, como se diría popularmente, en sus actos y vida política, porque algunas quizá hasta los puedan superar y opacar.

Para ellos no son ni siquiera “Damas de su Hogar”, simples amas de casa, trabajadoras domésticas sin salarios, y quizá, en el mejor de los casos, apenas gozando de buen trato.

En las Campañas políticas electorales, desde hace varios procesos electorales, a la hora de postular Presidente, se hace par con su esposa. A la hora en que se termina eligiendo al Presidente también se elige con él a la Primera Dama. Así es. Nadie debe engañarse que con el Presidente no se eligió una Primera Dama, de la que se espera también un resultado positivo.

La gente, los ciudadanos, los electores que votan por un candidato, votan también por su esposa. No es válido decir, como algunos señalan ahora, que no votaron por la Primera Dama, criticando sus trabajos y acciones públicas. Se ganaron con el Presidente Carlos Alvarado a la Primera Dama Claudia Dobles Camargo, como se ganaron igualmente a todas las Primeras Damas que les precedieron, con esa distinción y reconocimiento, cuando votaron en procesos electorales anteriores por otros Presidentes.

Entre las Primeras Damas de Costa Rica las ha habido de distintas nacionalidades, obviamente dominando las costarricenses, y junto a ellas cuatro nicaragüenses, dos estadounidenses, una belga, una británica, una canadiense, una hondureña, una mexicana, una salvadoreña, una española, y algunas pocas de doble nacionalidad. Igualmente las ha habido de distintas provincias, excepto de Puntarenas y Limón.

En estos niveles se cruzan familiarmente muchas, como parientes cercanas, de ellas mismas o de sus esposos.

Fue con Juan Rafael Mora Porras que la Primera Dama llegó a tener una discreta presencia y participación en actos protocolarios.

En una época había una Casa Presidencial para el Presidente y su familia, a modo de vivienda oficial, con gastos a cargo del Estado. Desde que llegó a la Presidencia Rodrigo Carazo Odio, 1978-1982, el Presidente y su familia viven en su propia casa o apartamento.

En la inmensa mayoría de países del mundo hay una Casa Presidencial, para quien ocupa ese puesto, con toda la atención a cargo del Estado, bajo estrictas reglas de gastos. Incluso hay Casas de Huéspedes de Estado, para atender funcionarios extranjeros distinguidos que vienen en misión especial ante el Poder Ejecutivo o en Misión de Estado, principalmente. ¿Por qué no restablecer la Casa Presidencial, para quien ejerce la Presidencia de la República, y su familia?

Con el reconocimiento de derechos políticos para la mujer en 1949, y con su mayor participación en el proceso productivo nacional, se empezó a modificar más fuertemente el papel de las Primeras Damas.

Hoy las Primeras Damas no escapan del escrutinio de las Encuestas de popularidad que se le hacen a funcionarios públicos o destacadas personalidades políticas, donde las incluyen.

Hay diputados que se pasan cuestionando la existencia de la actual Primera Dama ante la Procuraduría General de la República, pidiendo, uno de esos diputados, por su ignorancia, que le definan la naturaleza del cargo de Primera Dama, que le precisen los alcances de sus Derechos y Deberes, y hasta los alcances de ese nombramiento, como si el Presidente la hubiera nombrado Primera Dama. Fue el pueblo de Costa Rica el que la designó Primera Dama, al escoger de Presidente a Carlos Alvarado.

¿Podía esperar el diputado, Erick Rodríguez Steller, que la Procuraduría General de la República destituyera a la Primera Dama o recomendara su destitución, o que la saquen del edificio del Poder Ejecutivo, que llamamos Casa Presidencial? Se necesita estar chiflado para esperar algo así, o no entender que él forma parte del Poder Legislativo, y que esa pregunta a la Procuraduría no tiene nada que ver con “control político”, ni con mesura ni razonabilidad alguna.

Le preguntó el diputado Erick Rodríguez Steller a la Procuraduría si la Primera Dama debe tener espacio físico en la Casa Presidencial. ¿Dónde piensa él que va a trabajar la Primera Dama? ¿Fuera de la Casa Presidencial? ¿En su casa particular? Si, así como piensa de la Primera Dama actúa sobre su señora esposa y las mujeres de su familia, ¡Pobrecitas su señora esposa y las mujeres de su familia! Las debe tener enjauladas…

El diputado Erick Rodríguez Steller pregunta a la Procuraduría si la Primera Dama debe tener equipo de oficina y personal a su cargo. En su casa seguramente su señora, su Primera Dama hogareña, supongo que es así, si es que ella, su esposa, lo hace, limpia los pisos con trapos a mano, como hacían antes algunas empleadas domésticas.

Pregunta si la Primera Dama debe tener escolta, chofer, asistentes. El colmo en este país, lo ridículo y lo hipócrita en control de gasto, es cuestionar las escoltas del Presidente, como las de la Primera Dama, y si fuera necesario las de su hijo. Eso deben tenerlo. Es obvio, natural y obligado, aun cuando la familia presidencial se desplace a sitios de descanso o vacacional. Hay que cuidar de su seguridad. Eso no debe tener discusión alguna.

Hay gente de izquierda que los he oído criticar este asunto. A todos los gobernantes de izquierda y progresistas se les da un cuido, con escoltas y cuerpos de seguridad extremos. Las mismas razones que hay para ellos las hay para otros gobernantes. La gente de izquierda a veces pierde el sentido de la vista de lo que critican y luchan en contra, aquí, y defienden en el extranjero, eso mismo, al defender esos gobiernos de izquierda o progresistas. La gente de derecha, y otros, lo hacen más por criticar los llamados gastos de Estado, donde se van también los salarios, las pensiones, los pluses obtenidos por convenciones colectivas.

En la realidad, todavía hasta hoy, la Primera Dama no tiene un papel oficial, un nombramiento oficial, un reconocimiento o sitio debidamente reconocido y bien definido dentro de la Administración Pública, ni funciones precisas. Tampoco salario o reconocimiento económico a la labor que se le encarga, en el llamado Despacho de la Primera Dama, aunque el Presidente, porque es así, le asigne tareas, programas a su cargo, para lo cual le “prestan” personal de apoyo, a veces traído de otros ministerios, o le nombran asesores para su mejor desempeño. Al no tener ese reconocimiento el que se le da en la práctica es el de igualarla a cualquier esposa, que no trabaja fuera de su hogar, y que tampoco genera ingresos propios de tipo salarial.

La condición de Primera Dama se ha venido regulando por reglamentación propia del Poder Ejecutivo, que está facultado para ello. Es una reglamentación floja, débil, nada rigurosa, como quizá debería ser para darle el sitio de distinción que públicamente se le reconoce. Mucho puede depender, esta reglamentación, de cada gobierno que entra, y de cada Presidente según estime el papel que debe jugar la Primera Dama, su esposa, a la par suya.

Nuestro régimen político institucional está caracterizado por un sistema presidencialista, donde cada gobierno marca sus necesidades fundamentales, como las de regular el campo de acción de la Primera Dama.

En general la Primera Dama es un cargo reservado para la esposa del Presidente. Pero, en su ausencia, por no estar casado o por estar viudo, bien podría desempeñar ese cargo la Madre del Presidente o una hija, como ha sucedido, y se acepta hasta una hermana. Ya ni se necesita estar casado formalmente. La que viva en unión libre con el Presidente puede ser Primera Dama, con todos los reconocimientos que no nacen de un acta matrimonial, sino de una vida en pareja públicamente reconocida. Ya ha sucedido…es la nueva época que vivimos. Hasta hemos tenido un Primer Caballero de la República, así se reconocía al esposo de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda.

La Primera Dama forma parte del círculo más cercano, más íntimo, estratégico y quizá táctico también, que rodea al Presidente y trabajan o colaboran bajo su autoridad y dirección, que participan de la definición y toma de decisiones, al margen del Gabinete o Consejo de Ministros, sin que la Primera Dama tenga asiento oficial en esa instancia.

La Primera Dama tiene bien ganado, desde hace muchos gobiernos, su propia Oficina o Despacho en la Casa Presidencial, no necesariamente, desde el punto de vista físico, a la par de la Oficina Presidencial. Es parte también en ese trabajo de su apoyo moral y emocional en las tareas diarias.

Ciertamente el cargo de Primera Dama no es de elección directa. Lo es de elección indirecta, con el Presidente va la Primera Dama, la esposa que tenga. El no la eligió como candidata a Primera Dama, él la eligió como Compañera para la Vida, para toda la vida, como juran vivir los cónyuges, en el acto que deciden impulsar esa tarea, esa sociedad conyugal o matrimonial, ese contrato matrimonial, cuando deciden tirarse al río de la vida y rodar, como dos piedras puliéndose juntas, en los vaivenes de esas aguas, como decía mi abuelita materna, que así eran los matrimonios.

¿A quién le debe rendir cuentas la Primera Dama? Al Presidente. No tiene obligaciones con nadie más. ¿Debería tenerlas? Si decimos que sí, entonces reconozcamos su existencia institucional con toda la formalidad, asignémosle oficialmente un salario, un equipo mínimo de funcionarios a su cargo, tareas de Estado específicas a su cargo, más las que el Presidente le asigne o recargue.

Mezquinamente a la Primera Dama no se le asigna salario, porque se reproduce en ella exactamente el papel que tienen la inmensa mayoría de las mujeres en Costa Rica, el de trabajar en sus hogares sin salarios, realizando los dobles y triples trabajos. La Primera Dama reproduce en este aspecto esa situación y condición de desventaja que tienen muchas mujeres costarricenses, dedicadas exclusivamente a las tareas clásicas hogareñas. En este sentido la Primera Dama Dobles representa a todas las mujeres costarricenses, trabajadoras, esposas, compañeras, madres e hijas.

El trabajo de la Primera Dama cada vez es más profesional y técnico en sus funciones. Es más demandante su presencia, no solo para salir en la foto o en actos protocolarios.

En su terrenal existencia y en su celestial posición son apoyadas y criticadas públicamente. Su vida no es fácil. Muchas veces es complicada por las simpatías o enemistades que gratuitamente se ganan con su sola presencia y existencia en la vida política nacional.

En lo que yo sé la Primera Dama no es responsable ante el Poder Legislativo, por lo que podría no ser citada por este Poder, como parte del control político, en su condición de Primera Dama.

En general todas las Primeras Damas que ha habido han cumplido con acompañar a sus esposos donde se les pide que asistan, en los actos protocolarios que les pueden ser propios, en la participación de eventos sociales, ceremoniales y diplomáticos, en actos benéficos que asumen o tienen a cargo, y de manera especial en aquellos actos que asumen de políticas públicas, con encargo o por la confianza depositada por el Presidente, su esposo.

En América Latina vemos constantemente cómo las esposas de presidentes participan cada vez más, y de manera muy activa en la vida política. En países latinoamericanos incluso han continuado la labor presidencial, como presidentas electas, como en Argentina, seguida de la de su esposo. En Guatemala lo intentó. En Nicaragua incluso participa como vicepresidenta. En Estados Unidos algunas han sido sobresalientes, Eleanor Roosevelt, Jackie Kennedy, Hillary Clinton, Michell Obama…En Europa hay muchas mujeres al frente de Gobiernos, otra dimensión de su presencia.

Aquí, en Costa Rica, es que somos muy hipócritas en este campo. Se obstaculiza la participación de la Primera Dama porque estorba a los intereses de quienes quieren ocupar esos escenarios públicos.

En el caso de la actual Primera Dama, Claudia Dobles Camargo el Decreto Ejecutivo No. 41187-MP-MIDEPLAN del 20 de junio del 2018, ubica el Despacho de la Primera Dama en el área de Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, en el Consejo de Articulación Presidencial, que tiene que ver con Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, área que comprende las siguientes instituciones, Despacho de la Primera Dama, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora Costarricense de Petróleo, Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Instituto Costarricense de Turismo y Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

También la Primera Dama está regulada por el Decreto Ejecutivo No. 40993-MP, del 23 de febrero del 2018, antes de que Carlos Alvarado Quesada asumiera la Presidencia, que en su artículo 150, letra d), detalla las tareas que se le atribuyen a la Primera Dama, como sigue: 1.- apoyar las gestiones constitucionales del Presidente de la República, coordinar procesos y actividades específicas encomendadas por el Presidente de la República, y acompañar al Presidente de la República en sus giras y actos oficiales en estricto acatamiento a las disposiciones protocolarias. 2.- Crear alianzas estratégicas, públicas y privadas para la gestión de proyectos tendientes a lograr cambios significativos en las poblaciones vulnerables, mediante la promoción de una participación activa y solidaria en los procesos de desarrollo comunitario. 3.- Gestionar el acceso a los programas sociales de las instituciones u organizaciones no gubernamentales para poder cubrir las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables. 4.- Impulsar acciones que favorezcan a las poblaciones vulnerables a través del diseño y ejecución de actividades y programas de mejoramiento social coordinados con otras instituciones públicas y privadas, así como organizaciones nacionales e internacionales. 5.- Articular instituciones para responder a las necesidades definidas por las y los actores territoriales. 6.- Fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana para la construcción de consensos locales, y 7.- aquellas otras asignadas por el Presidente…

Un Decreto Ejecutivo, el No. 32300-MP, del 25 de marzo del 2005, del Gobierno de Abel Pacheco de la Espriella, coloca a la Primera Dama como asesora, correspondiéndole “apoyar las gestiones constitucionales del Presidente de la República, coordinar procesos y actividades específicas encomendadas por el Presidente de la República, y acompañar al Presidente de la República en sus giras y actos oficiales en estricto acatamiento a las disposiciones protocolarias”. Con todas esas funciones, ¿cómo se puede dudar de su importante papel?

Por otros Decretos, de otros gobiernos, se asignan otras responsabilidades similares.

La Primera Dama de la República, a todos los efectos, es una funcionaria pública de facto, sin estar regulada por los artículos 115 a 119 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No.6227, del 2 de mayo de 1978, sin salario, y sin ese reconocimiento de funcionaria publica, pero sujeta al artículo 2 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422 del 6 de octubre del 2004.

El Presidente de la República no tiene ningún impedimento para nombrarla oficialmente en cargo de ministra, si así quisiera, incluso para una obra determinada, como es el ferrocarril, como hizo en su momento el Presidente José María Figueres Olsen, cuando nombró, por cuatro años, al Dr. Longino Soto Pacheco, como Ministro a cargo solo de la obra del Hospital de Alajuela.

La Primera Dama tiene el orden jerárquico de la investidura de su situación, de ser la esposa del Presidente, y en línea de mando la que le autorice o asigne el Presidente, para lo que considere sea bueno para su mejor gestión, sin delegarle funciones que son propias del Presidente, o de funcionarios públicos, con los que se relacione, que tengan funciones propias por ley.

A dicha de todos los costarricenses la Primera Dama Claudia Dobles Camargo es una mujer preparada, trabajadora, profesionalmente competente en el campo de la Arquitectura, con dominio de tres idiomas, con experiencia laboral nacional e internacional en proyectos de construcciones de gran escala.

En sus proyectos del Despacho de la Primera Dama tiene centradas sus preocupaciones en el tren, desde Paraíso hasta Alajuela, tratando de resolver el problema de más de 600.000 personas que necesitan desplazarse diariamente, en el problema de vivienda y asentamientos humanos, y en el ordenamiento territorial, campos que conoce.

¿Por qué no la quieren dejar trabajar? ¿Qué intereses se mueven detrás de quienes no quieren que el tren funcione o se resuelvan problemas de vivienda y asentamientos humanos? ¿Quiénes son los que más se oponen a sus trabajos? Probablemente los lagartos de los autobuseros, los sinvergüenzas que meten en las instituciones de vivienda proyectos en malas tierras, y con malas calidades de materiales, porque las instituciones de Estado, en vivienda, no son las que tienen la iniciativa de los proyectos de vivienda social, y sus representantes o voceros en la Asamblea Legislativa, cuando los tienen, o desde otras tribunas gestoras de opinión pública.

En los ataques que se le vienen haciendo a la Primera Dama, por su condición de Primera Dama trabajadora, de mujer trabajadora, se ataca a todas las mujeres trabajadoras y no trabajadoras.

El ataque es de características de misoginia política. ¿Dónde está el INAMU defendiendo el trabajo de las mujeres, la libertad laboral de las mujeres? ¿Dónde están las decenas de organizaciones de mujeres que no ven que en los cuestionamientos y el reduccionismo que se hace de la Mujer Primera Dama, se está atacando y reduciendo a la mujer costarricense a papeles sociales que parecían superados en este país? ¿Dónde están los organismos que en las universidades estudian la situación de la mujer, que sin prejuicios de ningún tipo, puedan ver esta situación? O, lo peor, es que en su ataque se quiera consolidar y fortalecer el papel de las mujeres en sus dobles y triples trabajos, y en la explotación doméstica que muchas de ellas sufren. No es un problema político de simpatía con el partido de gobierno defender a la Primera Dama. Eso es tarea del Partido Acción Ciudadana que en este asunto está perdido. No se le ve defendiendo a las mujeres en el trabajo que impulsa la Primera Dama.

A las mujeres de Costa Rica se les defiende con la Bandera Nacional, que está siendo afectada y ensuciada por este diputado y sus seguidores, que parecieran abanderados de que las mujeres no trabajen en puestos de gobierno, defensores del doble y triple trabajo doméstico de las mujeres, sin remuneración ni reconocimiento alguno, invisibilizadas, aplastadas por sus alfas machistas maridos.

El Gobierno tiene hasta ahora dos funcionarios excepcionales, el Ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata y la Primera Dama de la República, Claudia Dobles Camargo. ¡Dejémoslos trabajar!

Viendo el payazo se suelta la risa, dice el refrán. Esperemos a ver sus resultados…entonces aplaudiremos o criticaremos…

Escazú sin Costa Rica: a dos años de la apertura a firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Nicolas Boeglin

Este próximo 26 de setiembre, se cumplirán 2 años desde la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas.

En efecto, desde el 26 de setiembre del 2018, este importante acuerdo regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latine y el Caribe). Su nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Pese a haber sido adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, desde la perspectiva del derecho internacional público, la vida jurídica del Acuerdo de Escazú como instrumento internacional inició en el momento en el que fue oficialmente abierto a la firma por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Naciones Unidas, órgano que funge como depositario de este tratado: para ello se convocó a una ceremonia oficial en Nueva York, siguiendo el protocolo formal previsto en Naciones Unidas, en la que participaron varios Estados, tal y como se puede apreciar en este comunicado de prensa del 27 de setiembre del 2018.

Escazú: un nuevo año de vida jurídica que culmina

El texto de este instrumento, que ha proyectado el nombre indígena de este cantón josefino costarricense al mundo, se encuentra disponible en este enlace.

En una nota anterior al cumplirse el primer año de vida jurídica de este valioso instrumento regional auspiciado por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), habíamos indicado que:

«La falta de interés de algunos Estados, la poca presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil en el caso de algunos Estados firmantes del texto (desde setiembre del 2018), así como la presión de algunos influyentes sectores en la dirección opuesta, pueden explicar estos tímidos resultados para un instrumento internacional extremadamente innovador, tal y como lo explicaremos en las líneas que siguen«.

A la fecha del 20 de setiembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 22 firmas y 9 ratificaciones. Cabe recordar que este instrumento está abierto a la firma y a la ratificación de un total de 33 Estados (los que conforman la región de América Latina y del Caribe).

La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse el primer año de la apertura a la firma de este instrumento: ello denota el esmero y el cuido de sus respectivas autoridades políticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.

Sobre algunas firmas que no se registran

Con relación a la firma como tal, hay que recordar que, desde la perspectiva del derecho internacional público, la firma constituye una etapa formal previa sin la cual no se puede iniciar el proceso de ratificación de un tratado internacional: sin la firma por parte del Poder Ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales, los sectores académicos, los gremios profesionales y los partidos políticos no pueden articular una campaña de ratificación en el seno del Poder Legislativo.

Con respecto al Acuerdo de Escazú, al momento de redactar estas líneas (20 de setiembre del 2020), permanecen ausentes varios Estados de América Latina, en particular Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela, así como Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Surinam y Trinidad y Tobago.

Habíamos tenido la oportunidad en su momento de hacer ver la profunda inconsistencia del primero de ellos, Chile, ante la comunidad internacional (véase nota nuestra): ello en razón de haber sido, conjuntamente con Costa Rica, el principal promotor durante la fase de negociación de este instrumento durante el período 2014-2018. Como se recordará, días después de la adopción en Costa Rica de este instrumento (marzo del 2018), Chile procedió al acto oficial de traspaso de poderes a sus actuales autoridades, las cuales han mantenido desde entonces sus distancias con este texto. El comunicado conjunto de Chile y Costa Rica del 7 de junio del 2018 (véase texto completo) puede considerarse como el último gesto de Chile en favor del Acuerdo de Escazú.

Este 21 de setiembre, la agencia de noticias DW publicó una nota de prensa que enfatiza en las consecuencias para Chile, de darle la espalda al Acuerdo de Escazú, al titularla: «Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental«.

Con relación al período de 2 años para depositar la firma a este instrumento (la cual no requiere más que una instrucción enviada al Jefe de Misión en Naciones Unidas en Nueva York por parte del Poder Ejecutivo), este período vencerá este próximo 26 de setiembre (según reza el mismo Artículo 21 del Acuerdo de Escazú). Al respecto, la misma CEPAL publicó recientemente una nota oficial con «información práctica» destinada a explicar de manera detallada a los Estados que tengan aún la intención de firmar este tratado cómo hacerlo.

La situación particular del Acuerdo de Escazú en Costa Rica

Es en el mes de febrero del 2019 que inició formalmente el trámite del expediente 21.245 (véase texto) en la Asamblea Legislativa de cara a la aprobación del Acuerdo de Escazú. Para un texto firmado por Costa Rica desde el 27 de setiembre del 2018, se puede considerar que el entusiasmo para depositar la firma en Nueva York no se mantuvo tan firme para iniciar el trámite de su aprobación ante el Poder Legislativo.

En julio del 2019, fueron 17 mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas los que enviaron una carta colectiva a Costa Rica (véase texto completo) instando a sus autoridades a acelerar el proceso de aprobación y de entrada en vigencia, indicando, entre otros puntos, que:

«Este emblemático tratado regional no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que, también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable. El Acuerdo enfatiza especialmente el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable»

Pese a este llamado hecho a Costa Rica (y a otros Estados), y pese al hecho que Costa Rica fue el Estado anfitrión de la ronda final de negociaciones que le dió el nombre de Escazú a este acuerdo, no ha aún depositado el instrumento de ratificación en Naciones Unidas.

El texto fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 13 de febrero del 2020 y enviado para consulta preceptiva al juez constitucional.

Al día de hoy, no se ha aún aprobado en segundo debate y el trámite de aprobación se encuentra suspendido a la espera de la notificación del texto completo de una sentencia de la Sala Constitucional. En un primer momento, la Sala Constitucional detectó un vicio en la tramitación de este instrumento (véase Resolución 06134-2020 de marzo del 2020). En un segundo momento, declaró «inevacuable la consulta legislativa preceptiva» (según se lee en el Por tanto de la Resolución 015523-20 cuyo texto completo no ha sido aún redactado).

Nótese que, en el primer voto de la Sala Constitucional, una magistrada consideró útil y oportuno señalar que más allá del error detectado en la tramitación del Acuerdo de Escazú, el texto contiene (según ella) disposiciones que son contrarias a la Constitución: la revisión de los criterios expuestos por esta magistrada evidencia su desconocimiento con relación a algunos principios (muy básicos) del derecho ambiental vigentes. Nos permitimos en particular reenviar a nuestros estimables lectores a un artículo (disponible en línea desde el mes de octubre del 2019) en el que se hace ver que hace muchos años que la legislación y los tribunales costarricenses han incorporado lo que tanto pareciera preocupar a la precitada magistrada (Nota 1).

Es muy posible que el Acuerdo de Escazú no sea bien percibido por varios de los actuales integrantes de la Sala Constitucional: como bien se sabe, este acuerdo viene a precisar en un instrumento vinculante, el alcance contenido en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Este denominado «Principio 10» consagra el principio de participación pública en materia ambiental: su lectura evidencia cuán lejos estamos aún de materializarlo de manera efectiva. En febrero del 2017, la misma Sala Constitucional optó por una significativa regresión con respecto a su jurisprudencia anterior, al considerar en su voto 1163-2017 relacionado al polémico acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, que la participación ciudadana en materia ambiental … ya no es un derecho humano (Nota 2): una sentencia celebrada de inmediato por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente (véase comunicado de prensa).

Llegar a semejante retroceso jurisprudencial en materia ambiental (Nota 3), se «logra» modificando desde las instancias políticas correspondientes la composición de la Sala Constitucional: sobre este punto preciso, no está de más traer a colación el hecho que, en noviembre del 2012, el magistrado Fernando Cruz Castro fue objeto de una burda maniobra política bajo el pretexto que es un magistrado que «no favorece un clima de negocios» (Nota 4). La ocurrente iniciativa, que logró el respaldo de 38 diputados que votaron a favor, no fructificó, pero sí permitió evidenciar a algunos sectores cuyo silencio y reserva los delató.

Con relación a la participación ciudadana en materia ambiental en Costa Rica, resulta de interés recordar que, en el 2008, el Poder Ejecutivo vetó una ley adoptada el 30 de octubre de aquel año por la Asamblea Legislativa titulada «Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental«: salvo error de nuestra parte, fue el único texto adoptado por el Congreso vetado por el Poder Ejecutivo durante la administración (2006-2010). Nuevamente aquí se evidencia el nivel de profunda crispación que puede generar en algunos sectores, y en sus operadores políticos, el hecho de consolidar mecanismos de participación pública en materia ambiental en Costa Rica.

Un promotor ausente en las firmas (Chile) y el otro en las ratificaciones (Costa Rica)

Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, la falta de ratificación por parte de Costa Rica no debería entenderse como un problema nacional únicamente, paralizado por lo que bien podría considerarse como una sutil maniobra de algunos, empecinados en retrasar o en entorpecer su aprobación en Costa Rica: en efecto, esta ausencia causa un efecto muy grave que trasciende las fronteras del territorio costarricense.

Al tratarse del principal promotor de este acuerdo con Chile hasta marzo del 2018, esta falta de ratificación coloca a las autoridades costarricenses en una situación un tanto ambigua en la región centroamericana, al haber ya sus dos vecinos directos ratificado dicho instrumento (Panamá y Nicaragua).

Cabe también indicar que, al ser un Estado anfitrión de la última ronda de negociación en la que se adopta el texto de un futuro instrumento, este Estado adquiere un compromiso un poco mayor hacia los demás Estados. La práctica internacional señala que usualmente aparece entre los primeros Estados en proceder a su ratificación, confortando así ante la comunidad internacional y ante la opinión pública internacional, su firme compromiso con los objetivos perseguidos por el tratado. Con respecto a otro tratado regional suscrito en Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su adopción en 1969 fue seguida por la ratificación de Costa Rica cuyo instrumento de ratificación fue depositado el 4/08/1970: fue la primera ratificación en el hemisferio americano (tal y como se aprecia en la tabla oficial sobre el estado de firmas y ratificaciones) de este emblemático instrumento del que tanto Costa Rica se enorgullece.

En el caso del Acuerdo de Escazú, la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica está enviando una señal sumamente riesgosa para el Acuerdo de Escazú, en particular a algunos sectores políticos en otras latitudes de América Latina, firmemente opuestos a toda consolidación de los derechos de quienes defienden el ambiente.

En Chile, pero también en Colombia, así como en Perú y en Paraguay, se pudo observar la creatividad de algunos sectores políticos en busca de argumentos (falaces y hasta … fantasiosos) para intentar frenar a toda costa la aprobación de este texto: a modo de ejemplo, esta nota de prensa paraguaya sobre la peculiar lectura de la Iglesia Católica en Paraguay que relaciona el aborto al Acuerdo de Escazú (llevando al Poder Ejecutivo a … retirar el proyecto de ley enviado al Legislativo) y esta otra nota de prensa peruana sobre la supuesta pérdida de soberanía de Perú en la Amazonia. Estas, y lo que podríamos calificar como varias otras «joyas«, reflejan la campaña de desinformación a la que se han prestado varios sectores, apoyados por algunos académicos y expertos así como gremios e influyentes medios de prensa, y ello en diversas partes del continente americano.

En un reciente comunicado del mes de agosto del 2020 (véase texto), el Colegio de Ingenieros peruano detalló todas las razones que existen para oponerse a este acuerdo y señaló un último punto … que permite apreciar mucho mejor algunos elementos de esta verdadera campaña en contra de este tratado que se observa en distintas partes de América Latina:

«El Colegio de Ingenieros del Perú considera que aprobar el denominado Acuerdo de Escazú ocasionará graves perjuicios al desarrollo del país, entre ellos: /…/

  1. Ahuyentar las inversiones nacionales y extranjeras, paralizando proyectos viables en perjuicio del desarrollo nacional y aumentando la brecha socioeconómica».

Para valorar la pertinencia de la conclusión que se expone en el punto E, basta con revisar el mismo comunicado redactado por parte de los ingenieros peruanos al señalar, en su parte inicial, que:

«Estas dos leyes peruanas contemplan expresamente los tres derechos ambientales referidos en el acuerdo de Escazú. Asimismo, el Estado ha desarrollado la normatividad integral sobre esos mismos derechos«.

¿Cómo puede ahuyentar la inversión un tratado regional que recoge lo que ya existe en la legislación ambiental peruana?

Notemos que en el listado que contempla el comunicado del Colegio de Ingenieros peruano, aparece el mismo punto que tanto parece preocupar, a muchos kilómetros de distancia de Lima, a la antes mencionada magistrada costarricense (la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental).

Más allá de las contradicciones de unos y otros en su intento por desacreditar el contenido del Acuerdo de Escazú llegando a conclusiones totalmente erróneas, nótese que en dos años de intenso debate con la sociedad civil chilena, el Poder Ejecutivo chileno se ha limitado a brindar declaraciones de varias de sus autoridades recogidas en algunos medios de prensa, pero se ha abstenido de publicar un texto oficial en el que se expliciten y se justifiquen las razones exactas por las que se opone a la firma de Acuerdo de Escazú. ¿Serán razones tan sólidas las que tiene el Poder Ejecutivo chileno para oponerse a este acuerdo que no merecen plasmarse en un documento oficial que lleve el sello del Estado?

No cabe duda que el Acuerdo de Escazú cuenta con muchos opositores que lo perciben como una seria amenaza. A tal punto que, para estos sectores que buscan polarizar la discusión, la simple firma del texto por parte de un Estado debe en sí ya ser combatida.

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

La actitud desafiante de algunos aparatos estatales explica la creciente polarización social que se vive en algunos Estados. Es así como, cuando a diferencia de Chile, el Poder Ejecutivo de Colombia optó finalmente por firmar, el 11 diciembre del 2019, el Acuerdo de Escazú, nos permitimos concluir en una breve nota nuestra que:

«… en América Latina, los dos Estados en los que se están dando fuertes movilizaciones y protestas sociales en este cierre del año 2019 coinciden con los dos únicos Estados cuyas autoridades adujeron oficialmente oponerse a la firma del Acuerdo de Escazú».

A modo de conclusión: hacia una próxima entrada en vigencia… ¿sin Costa Rica?

El Acuerdo de Escazú aún no ha entrado en vigor para los Estados que los han ratificado, al tenerse que esperar que sea ratificado por 11 Estados. Por el momento, son 9 las registradas, y, al parecer, el proceso de ratificación en Argentina está en su recta final (véase nota de prensa parlamentaria del 16/09/2020).

La entrada en vigencia de este instrumento, el primero a nivel internacional en extender una protección especial a quienes defienden el ambiente, resulta a todas luces una verdadera urgencia ante los efectos del cambio climático, la pérdida accelerada de la biodiversidad, la desprotección de las fuentes de agua potable y de los suelos en innumerables regiones de América Latina. Pero también ante la imperiosa necesidad de saldar una vieja deuda de América Latina con la participación ciudadana en materia ambiental, con la justicia ambiental y con sus comunidades indígenas.

Más aún en una región del mundo como América Latina, la cual se destaca de las demás por concentrar la mayor parte de asesinatos de líderes ecologistas y comunitarios, acompañados de intimidaciones y de muchas otras formas de socavar los esfuerzos de personas y de comunidades que dedican parte de su vida a la defensa del ambiente.

A modo de conclusión, y volviendo al caso peculiar de Chile, la postura oficial de sus autoridades no puede sino llevar a exacerbar un poco más los ánimos. Nos permitimos citar este valiente comunicado conjunto de organizaciones chilenas, cuyo sentir posiblemente comparten muchas otras comunidades en el resto de América Latina al asistir, impotentes e indignadas, a la destrucción de su entorno natural y de sus fuentes de aguas, y que señala:

«… violento es que las industrias sean la causa de la pésima calidad de vida de quienes habitan en Quintero y Puchuncaví; violento es que exista agua para regar paltos, pero no para el subsistir de las personas; violento es que el pueblo no sea tomado en cuenta y no pueda tener acceso a toda la información que le compete; violento es que nos asesinen por defender el planeta; y violento es que nuestro propio presidente todavía no firme el Acuerdo de Escazú».

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Nota 1: Véase PEÑA CHACÓN M.Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica«, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 29/10/2019, disponible aquí.

Nota 2: Sobre este voto sumamente cuestionable, véase este comunicado de la FECON de Costa Rica. Nos permitimos también remitir a los dos siguientes análisis: ARROYO ARCE K., «La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: breve reflexión sobre la resolución N° 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica«, Derechoaldia, edición del 3/04/2017, disponible aquí; SAGOT RODRIGUEZ A., «Regresión en Derechos Humanos por orden constitucional«, artículo de opinión, DiarioExtra, edición del 7/03/2017, disponible aquí.

Nota 3: De manera a no causar mayor sonrojo del provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante«. En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinón«.

Nota 4: Esta expresión fue usada por parte del jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) para justificar en noviembre del 2012, la propuesta tendiente a evitar la reelección del Magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional (véase entrevista realizada por el Semanario Universidad). Este intento fracasó, y dió pié para una movilización raramente vista del gremio judicial y expresiones de solidaridad tanto nacional como internacional, apoyando al Magistrado Fernando Cruz Castro. Desde Naciones Unidas, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los magistrados y los abogados envió una carta a las autoridades costarricenses (véase texto completo), señalando, entre varios aspectos que:

» quiero expresar mi consternación por las alegaciones según las cuales los acontecimientos en contra del Magistrado Fernando Cruz no representarían un caso aislado, sino formarían parte de una nueva tendencia a la intimidación y control sistemático del Órgano Judicial por parte del Órgano Legislativo«.

 

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Alianza Progresista: Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

18 de septiembre de 2020

Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Nueva York, 21-24 de septiembre de 2020
“Por un nuevo multilateralismo justo e inclusivo”

El mundo está entrando en un período peligroso. Tras un programa hiperglobalista y neoliberal que ha provocado dos crisis mundiales, una financiera y otra ambiental y sanitaria que aún se está desarrollando, estamos ahora en camino hacia otra nueva crisis, el cambio climático, que podría tener efectos devastadores en la vida humana de este planeta.

Se trata de crisis globales que afectan a todo el mundo, pero en particular a los más vulnerables, al profundizar las desigualdades sociales existentes dentro de los países, entre países y entre generaciones. La pobreza sigue siendo una plaga en todas partes, pero lo es en algunos países y regiones más que en otros. Muchos de los jóvenes de las últimas generaciones han sido condenados a una vida sin futuro. Nuestro mundo es vulnerable, desequilibrado e injusto.

Sin embargo, las soluciones para corregir estos desequilibrios y superar estas crisis existen y son más fuertes que nunca. Las actuales revoluciones en varios ámbitos científicos y la multiplicación de las herramientas digitales ofrecen extraordinarias posibilidades para construir una sociedad de bienestar para todos y una relación armoniosa con la naturaleza y el planeta de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra masa de recursos financieros nunca ha sido tan grande, pero sigue estando cada vez más concentrada en manos de una oligarquía ultra-rica que se beneficia de paraísos fiscales y de sofisticados esquemas de evasión de impuestos proporcionados por los bancos y las regulaciones fiscales.

Los Estados nacionales siguen siendo nidos básicos de protección, pero ahora son demasiado débiles para poner todo este potencial científico y financiero al servicio de sus propios ciudadanos y de la humanidad y el planeta en su conjunto.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos del mundo, dondequiera que se encuentren, levanten su voz y pidan un nuevo sistema de cooperación internacional que se base en valores y normas comunes, y que pueda contar con una legitimidad y eficacia política mucho más fuertes para responder a los desafíos comunes.

Sólo esta voz de los ciudadanos del mundo puede poner fin a la actual disputa entre los hiperglobalizadores neoliberales, por un lado, que han fracasado estrepitosamente pero que siguen ocupando posiciones de poder, y las sirenas del nacional-populismo, por otro lado, que reclaman el retorno a posiciones cerradas, xenófobas, mesogénicas, egoístas y autoritarias completamente retrógradas e inaceptables.

El año 2020 debe ser el año en que los ciudadanos del mundo, cualquiera que sea su nacionalidad, cultura o credo, y con las dos mitades de la humanidad, mujeres y hombres, reclamen sus vidas, su planeta y su futuro, y lancen un programa para un multilateralismo del siglo XXI, un multilateralismo nuevo, inclusivo y justo, – un nuevo, justo e inclusivo multilateralismo basado en los SGD.

Nuevo, para abordar no sólo los desafíos permanentes de la paz, los derechos humanos y el desarrollo, sino también los nuevos desafíos mundiales del cambio climático, las pandemias, la escasez de recursos, la transformación digital y la ciberseguridad

Inclusivo, para representar a toda la humanidad en pie de igualdad, creando así un verdadero sentido de pertenencia común y de participación democrática, que involucre a todos los actores pertinentes, desde las organizaciones internacionales y regionales hasta una amplia gama de partes interesadas de la sociedad civil

Justo, a fin de erradicar la pobreza y superar las actuales desigualdades sociales, dentro de los países y entre ellos, y entre generaciones, en su acceso a los bienes públicos mundiales, como la educación, la atención de la salud y la calidad del medio ambiente.

En su declaración aprobada el 18 de septiembre de 2020, la Dirección de la Alianza Progresista afirma los siguientes objetivos y prioridades:

  1. Queremos la vida humana, la dignidad humana y los derechos humanos para todos los seres humanos sin distinción. Esto debe traducirse en el acceso a bienes públicos clave en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y su interconexión entre lo social, la economía, la ecología, las instituciones y la sociedad.

Pedimos:

un nuevo contrato social, que proporcione acceso universal a la atención sanitaria, la educación y la protección social y la calidad del medio ambiente para todos los ciudadanos, que se incluya y financie como prioridad en los planes nacionales de desarrollo sostenible

– los planes de recuperación de la crisis de Covid-19 para dar prioridad a esos objetivos, que se cofinanciarán con inversiones públicas en los planos nacional, regional e internacional

– el principio de la Salud Única que se aplicará en todos los lugares de trabajo a fin de garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras y reducir las fuentes de contaminación

la respuesta humanitaria mundial de las Naciones Unidas y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para que se le asignen más recursos financieros y se cuente con una mayor coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas

a las vacunas contra las pandemias se les atribuya el estatuto de bienes mundiales vitales, asegurando así el acceso universal y la subvención pública de sus costos desde la investigación hasta la difusión.

  1. Queremos que nuestras economías garanticen la respuesta a las necesidades vitales y proporcionen una base renovada para el pleno empleo, al tiempo que se mantienen abiertas al comercio libre y justo. Nuestras economías deberían.

Pedimos:

planes de recuperación que protejan a las empresas y los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, creen nuevos empleos en las cadenas de suministro vitales, que aborden las nuevas necesidades sociales y que promuevan la innovación para transformar nuestras economías en más ecológicas e inclusivas

una transición justa como un proceso con una fuerte participación de los sindicatos y la representación de los trabajadores y que dé como resultado el bienestar, la inclusión y el trabajo decente para todos

– que estos planes de recuperación se financien con una mayor movilización de las inversiones, de acuerdo con las normas de financiación sostenible, y que se cofinancien públicamente con presupuestos públicos que cuenten con nuevas fuentes de impuestos, en particular los impuestos digitales, financieros, sobre el carbono y sobre la riqueza.

las grandes empresas, las multinacionales y el capital financiero deben contribuir con su parte justa a las finanzas públicas, ya que la gente ha pagado lo suficiente, en el pasado reciente, por crisis que no provocaron

la deuda de los países altamente endeudados se cancelará, siempre que ajusten sus políticas a los objetivos de desarrollo del Milenio, el buen gobierno y la no utilización de los paraísos fiscales

– las negociaciones comerciales de la OMC que se relanzarán con la ambición de crear oportunidades reales de mejorar las normas sociales, ambientales y tecnológicas de todos los países.

  1. Queremos invertir las tendencias actuales hacia un cambio climático muy preocupante mediante una profunda transformación de la forma en que consumimos, nos movemos y producimos.

Pedimos:

– un compromiso mundial para aplicar plenamente el Acuerdo de París sobre el cambio climático

– una eliminación coordinada de todos los subsidios a las empresas altamente contaminantes, y una inversión masiva en energías renovables contando con el apoyo del Fondo Verde Mundial

– la transformación de todas las cadenas de suministro, desde la granja hasta el tenedor, para proporcionar alimentos asequibles, accesibles y saludables para todos como una cuestión de regulación multilateral

– un cambio en nuestra vida urbana hacia casas de bajo carbono y transporte público asequible mediante la puesta en marcha de grandes programas de inversión que pueden crear muchos nuevos puestos de trabajo

– una renovada atención a las zonas periféricas y rurales a fin de detener el éxodo insostenible hacia los grandes centros urbanos y las metrópolis

– un marco multilateral que se desarrollará para gestionar y compartir los costos de nuestro patrimonio mundial de biodiversidad, bosques y océanos.

  1. Queremos hacer lo mejor de la actual revolución digital y evitar sus abusos en nuestra vida personal, laboral, cultural y política.

Pedimos:

el acceso a la alfabetización digital y a las conexiones de Internet para generalizarse y ser gratuito, y los grandes datos como un bien común

derechos sociales básicos que se establecerán para todos los trabajadores de la plataforma en el mundo

– una política de innovación en todos los países para apoyar a las PYMES y a las agrupaciones en la respuesta a las necesidades locales con soluciones y aplicaciones a medida

un impuesto digital mundial que se impondrá a las grandes plataformas en línea con el fin de financiar la educación y la protección social para la era digital

– normas internacionales comunes que enmarcan el uso de grandes datos e inteligencia artificial, y que bloquean todas las manipulaciones en contra de nuestros valores comunes

– una iniciativa mundial para desarrollar la inteligencia artificial a fin de mejorar la gobernanza a todos los niveles.

  1. Queremos una vida segura, protegida y pacífica, previniendo viejos y nuevos riesgos de tensiones y conflictos.

Pedimos:

– un control más eficaz de las armas de destrucción en masa, con compromisos concretos de desarme

– un marco común mundial para garantizar la seguridad cibernética

– un sistema internacional más eficaz para vigilar la interferencia en nuestra vida democrática

– medios más fuertes que se darán a las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz de las Naciones Unidas que combinen seguridad, desarrollo, gobernanza y derechos humanos, y que estén apoyadas por el Fondo para la Consolidación de la Paz.

  1. Queremos que nuestra vida democrática se base en un principio fundamental de no discriminación entre los seres humanos, y en un principio fundamental de plena igualdad de género mediante el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Pedimos:

– que este principio antidiscriminatorio se incluya en todos los sistemas jurídicos y en todos los programas educativos y de comunicación pública

– medidas obligatorias que se introducirán para garantizar el equilibrio entre los géneros en todas las juntas públicas y privadas y en todos los servicios de la administración pública en los planos internacional, regional, nacional y local

– el pleno acceso a los derechos reproductivos y una protección plena y firme contra la violencia a las mujeres y las niñas

– la incorporación obligatoria del equilibrio de género en todas las políticas y presupuestos públicos

– enfoques conjuntos de la migración, la protección y el desarrollo sostenible para crear una situación en la que todos salgan ganando entre las regiones de origen y de acogida y la gobernanza mundial, de conformidad con el Pacto de las Naciones Unidas sobre la Migración.

  1. Queremos que las generaciones futuras tengan esperanza, y que sean confiadas y creativas, con un fuerte sentido de la solidaridad humana y del cuidado de su planeta. Pedimos:

– que la erradicación de la pobreza infantil sea una prioridad central en todas las políticas sectoriales, desde la salud, la educación y la vivienda hasta el asilo y la migración

a cada joven se le dará una oportunidad real de obtener un trabajo de trampolín o de acceder a más habilidades, así como el acceso a todos los derechos sociales fundamentales. Esto debería considerarse como el pilar central para la renovación de nuestras sociedades a través de:

– someter todas las soluciones políticas a pruebas de futuro realizadas por paneles intergeneracionales en los que los jóvenes deberían ser mayoría

– ampliar el acceso de los jóvenes a los programas de colaboración internacional y a las redes sociales en todos los ámbitos, como una forma poderosa de fortalecer su sentido de ciudadanía global.

  1. Queremos desarrollar una sociedad civil global que se esfuerce por causas globales comunes. Pedimos:

– que se aliente a las redes y asociaciones mundiales a participar en todo el ciclo de políticas del sistema multilateral, desde la identificación de nuevos problemas, pasando por el diseño de nuevas soluciones, hasta su aplicación y evaluación

– que una Iniciativa de Ciudadanos del Mundo (WCI) sea un instrumento que permita a los ciudadanos presentar propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se desarrollen plataformas digitales avanzadas para facilitar el proceso de difusión y el sistema de recogida de firmas en línea

– Se creará nuevos instrumentos de medios de comunicación que puedan construirse entre los debates nacionales sobre cuestiones internacionales a fin de desarrollar una esfera pública internacional.

  1. Queremos un sistema de las Naciones Unidas actualizado que refleje la composición política y social del mundo de hoy y que garantice una gobernanza mundial más coherente y consecuente.

Pedimos

competencias más sólidas de las Naciones Unidas para el establecimiento de normas y la creación de capacidad en los ámbitos sanitario, social, ambiental y digital, así como en materia de inmigración

– una interacción más sistemática entre el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, en particular las organizaciones regionales que utilizan procedimientos democráticos, otorgando a estas organizaciones regionales un papel más explícito en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad

– se creará una red interparlamentaria, en la que participarán representantes de los parlamentos nacionales de los miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, como un mecanismo de consulta adicional, y un intercambio regular de puntos de vista sobre los principales temas de la agenda de las Naciones Unidas

– el Banco Mundial, el FMI y la OMC para contar con equipos líderes que reflejen la composición del mundo actual y que formen parte del sistema de las Naciones Unidas

– a los países en desarrollo para que se les den los medios para tener una voz más fuerte y el papel en el sistema de las Naciones Unidas

– un nuevo acuerdo global que reequilibre el mundo para un orden más democrático, justo y sostenible para ser el objetivo principal de la negociación de nuevas soluciones globales en los diversos campos de la política.

En el mundo de hoy, este nuevo acuerdo global debería comenzar como un acuerdo de salud, ¡social y verde!

Economía social solidaria: alternativa productiva ante la crisis

Leonardo Garita Alvarado / SURCOSDigital.com

Desde tiempo atrás es común escuchar entre los movimientos sociales y las comunidades el concepto de Economía Social Solidaria (ESS), esta es una forma organizativa que se basa en la autogestión, la participación y, claro, en la solidaridad. La ESS está ligada a las formas ancestrales de producción, gestión de los recursos y distribución de los beneficios; no es algo nuevo.

Según Yasy Morales Chacón, docente de la UCR, coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social, “la ESS corresponde prácticas socioeconómicas y políticas que están orientadas por valores y principios que motivan la convivencia, la participación democrática, la autogestión, la corresponsabilidad, la copropiedad de los proyectos auto gestionados, la solidaridad, la cooperación, el respeto, entre otros valores y principios».

Las iniciativas de la ESS responden a la necesidad nata de los seres humanos de agruparse para sobrevivir y en este caso para el desarrollo de procesos productivos, y de la comercialización de bienes o servicios. Así se busca el bienestar común antes de la acumulación de recursos, evitando la explotación ni del ser humano ni de la naturaleza.

La ESS es una alternativa política “contraria a los valores del individualismo y la competencia que corresponden al sistema capitalista en el que estamos inmersos e inmersas y desde el que se nos ha educado” indicó Morales.

Los intercambios solidarios como el trueque, el comercio justo sin intermediación, la interacción directa entre productores y consumidores, son algunas de las prácticas que engloba la ESS que, en el país, se desarrolla en sectores como las artes, cultura, producción agropecuaria, artesanía, turismo rural, servicios alimentación, alimentación y las finanzas solidarias.

Alternativa ante la crisis

Desde abril anterior y en marco de la afectación por la pandemia de la COVID19, desde la Mesa de Intercambio Solidario, espacio de confluencia de diferentes proyectos e instituciones ligadas a la ESS como lo son las Asociaciones de Desarrollo, Cooperativas, Asociaciones, Centros Agrícolas Cantonales, Sociedades Civiles, Asociaciones Solidaristas, Sindicatos, Fundaciones y ASADAS, se han planteado una serie de propuestas para hacerle frente a la crisis.

Con esto se busca “favorecer la producción agropecuaria nacional con políticas de estímulo”, “sostener y aumentar la inversión pública como una fuente de trabajo y de dinamización de la economía”, e “identificar las unidades productivas de la economía social solidaria, tanto del sector formal como del informal, que están siendo afectadas por la crisis; categorizarlas según el grado de afectación y elaborar un plan de acción (…) para responder en tres momentos: corto, mediano y largo plazo”, según se planteo desde el Consejo Consultivo ampliado de Economía Social Solidaria.

Dos iniciativas ante la pandemia de COVID19

Los sectores de la economía social solidaria son diversos, van de la comercialización de bienes, productos agrícolas, culturales y artísticos, hasta los servicios. Este es el caso de la iniciativa de la conformación de una cooperativa de mujeres taxistas que se encuentra en trámites, que busca visibilizar y articular la participación de las mujeres en el sector de transporte modalidad taxi.

“Nuestro proyecto lleva intrínseco el tema de género y todas las desventajas que esto genera, hemos recibido mucho apoyo institucional y es por eso que tenemos proyectado que en un plazo no menor de 2 meses estaremos completando el trámite de inscripción ante el INFOCOOP, institución que nos ha estado acompañando técnica y legalmente”, mencionó Leda Mora Morales, abogada y notaria pública, integrante de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, en representación del Sector Taxi

Grupo de mujeres taxistas en una de las mesas de trabajo para la formación de la cooperativa. Foto: Leda Mora Morales

Esta cooperativa busca enfocarse en la oportunidad de negocio de “brindar un servicio de transporte especializado para mujeres y grupos vulnerables como personas con discapacidad y personas mayores”, así como “apoyar en la transición hacia la renovación de la flotilla de taxis por una flotilla eléctrica, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Descarbonización y en mitigación de los efectos negativos del Cambio Climático con el uso de energías limpias y combustibles no contaminantes”, según se lee en los objetivos de la iniciativa.

Otro ejemplo productivo y de intercambio es la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia, es una idea que se viene gestando por la necesidad manifiesta de consumir productos amigables con el ambiente. Según indica Abelardo Builes Restrepo “Hasta el momento podríamos hablar de unas 11 o 12 fincas y hogares alrededor de unos 45 en lo que tengo conocimiento, pero va en aumento; la economía solidaria y hasta de trueque es una necesidad que aumentó con la pandemia”.

Reunión del comité central de la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia, sobre los alcances y las necesidades. Foto: Abelardo Builes Restrepo

Esta red se encuentra en conversaciones con el MAG la conformación de una asociación como economía de grupo, posiblemente bajo la figura de cooperativa según mencionó Builes, que en su caso aporta microorganismos para el control de insectos y enfermedades y también abonos orgánicos y a la vez el intercambio de conocimientos en producción orgánica.

Finca de producción orgánica Pinar del Río de la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia

Sin duda, la ESS propone y plantea una alternativa solidaria, desde las personas y las comunidades para hacerle frente a la crisis; solo es posible imaginar un futuro promisorio en el trabajo cooperativo, colaborativo, democrático y auto gestionado.

Imagen ilustrativa: Yasy Morales Chacón, Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social