Nicolas Boeglin (*)
De cara a la toma de posesión del actual Presidente Nicolás Maduro en Venezuela por un nuevo mandato para el período 2019-2025, a celebrarse el 10 de enero del 2019, el «Grupo de Lima» adoptó una nueva declaración suscrita por 13 Estados.
El denominado «Grupo de Lima»: algunos apuntes
Cabe recordar que este grupo de una docena de Estados se conformó en Lima en el mes de agosto del 2017 y ha venido acordando y difundiendo una serie de declaraciones desde entonces sobre la situación imperante en Venezuela. Su creación guarda relación con varios Estados determinados en mantener un tono confrontativo con Venezuela y que intentaron obtener una condena durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en México en junio del 2017, sin lograrlo (véase breve nota nuestra al respeto); posteriormente estos Estados se expresaron colectivamente mediante una declaración conjunta del 26 de julio del 2017 que también suscribió Estados Unidos (véase nota nuestra sobre esta declaración en la que Uruguay aparece entre corchetes, según la versión circulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en aquel momento, mientras que no aparece del todo en la versión circulada por la diplomacia colombiana).
La declaración en breve y la reacción venezolana
Más allá de la premura de algunos a la hora de difundir un texto de esta naturaleza, en esta declaración de enero el 2019 se lee, entre otros puntos, que los Estados suscriptores del texto … «no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019» y que … «instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas» (véase versión completa de la declaración oficial adoptada en Lima el pasado 4 de enero del 2019, y publicada por el sitio del Itamaraty en Brasil, reproducida al final de esta nota como Documento 1).
Como previsible, esta declaración fue inmediatamente rechazada por las autoridades de Venezuela en un comunicado de prensa del mismo día 4 de enero, calificándola de «extravagante» (véase texto completo del comunicado titulado «Venezuela rechaza declaración del autodenominado Grupo de Lima» reproducido al final de esta nota como Documento 2). Nótese que los autores de la declaración conjunta consideraron útil (y oportuno) hacer también mención de un incidente marítimo entre Guyana y Venezuela acaecido el 22 de diciembre del 2018, y que constituye un nuevo episodio en la larga disputa que ambos Estados mantienen desde 1962 sobre la región de Esequibo (y las áreas marítimas adyacentes): en marzo del 2018, de manera sorpresiva, Guyana optó por presentar una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota al respecto).
Cabe precisar que esta declaración conjunta constituye un nuevo llamado hecho a las autoridades venezolanas por parte del denominado «Grupo de Lima«, en el que, por vez primera, México deja de aparecer como miembro de este grupo de Estados. Por parte de Centroamérica, participan Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que por parte del Caribe anglófono únicamente participa como firmante de la declaración Santa Lucía.
El acuerdo en el seno del «Grupo de Lima»: breves apuntes
El llamado «Grupo de Lima» no necesariamente recoge las firmas de todos sus integrantes: como en toda colectividad, el acuerdo unánime no siempre se logra. En febrero del 2018, sí logró reunir 14 firmas (véase texto de la declaración). En setiembre del 2018, al condenar el uso de la fuerza militar contra Venezuela que se desprendió de declaraciones a la prensa del actual Secretario General de la OEA, solamente reunió 10 firmas (véase breve nota nuestra al respecto). En agosto del 2017, al crearse el «Grupo de Lima«, de 17 delegaciones participantes, fueron 12 las que aceptaron suscribir una declaración sobre Venezuela (véase nota nuestra al respecto).
A finales de setiembre del 2018, se dio a conocer otra iniciativa que posiblemente se gestó desde el «Grupo de Lima«, pero que no logró reunir más que a 6 Estados. Se trata de la remisión de una solicitud formal a la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar una investigación sobre Venezuela (véase documento presentado oficialmente a la CPI). Esta gestión contó con el «respaldo total» del Secretario General de la OEA (véase comunicado de prensa). Sobre los alcances jurídicos de esta inédita iniciativa, remitimos nuestros estimables lectores a la nota titulada «Understanding the State Party Referral of the Situation in Venezuela» publicada por el jurista Nicholas E. Ortiz en el sitio de EJIL-Talk.
Es probable que la falta de acuerdo sobre la suspensión de las relaciones diplomáticas con Venezuela haya inclinado a las delegaciones reunidas en enero del 2019 en Lima a adoptar la siguiente formulación que se lee en la declaración conjunta, en la que los Estados firmantes acuerdan: «A. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses«.
De igual forma, el anuncio de sanciones fue formulado de tal manera que tampoco se tiene mayor claridad sobre el tipo de sanciones económicas y financieras que tomarán los firmantes del texto, al leerse que acordadon «B. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos«.
El régimen de sanciones establecido en realidad es inexistente, y es una pluralidad de posibles sanciones las que se limita a enunciar la declaración. Desde el punto de vista jurídico, será de interés conocer el detalle de las que se materialicen, sea de forma colectiva (o bien de forma individual), y analizar la respuesta que Venezuela adopte, en virtud de un principio básico en derecho internacional público: el principio de reciprocidad. Perú anunció recientemente que impedirá el ingreso a su territorio de 93 personas que ostentan algun cargo oficial de importancia en Venezuela (véase nota de prensa de ElComercio).
La eficacia de un régimen de sanciones contra un Estado, o contra quienes ejercen funciones oficiales en este Estado, es un tema sobre el que se ha discutido desde hace muchos años, sin llegar a conclusiones muy certeras. Con relación a Venezuela, al iniciar este 2019, la prensa española informó sobre la venta de repuestos a carros y tanques de combate de Venezuela por parte de España, pese a sanciones emitidas en el 2017 por parte de la Unión Europea (UE) en materia de comercio de armas con Venezuela (véase nota de ElPais titulada «España moderniza los tanques de Venezuela pese al embargo de la UE«).
La ex jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017.
La OEA y sus instrumentos de cara a… la salida de Venezuela de la OEA
En varias partes del texto de la declaración adoptada en estos primeros días del mes de enero del 2019 en la capital peruana, se hace referencia expresa a la OEA. Si se toma en consideración que la OEA cuenta oficialmente con 35 integrantes, el hecho de reunir 10, 12, 13 o 14 firmas evidencia la dificultad para los Estados miembros de esta organización regional en aras de lograr un consenso sobre la situación en Venezuela y sobre las medidas a adoptar.
Pese a esta dificultad, es de notar que en abril del 2019, Venezuela dejará de ser formalmente Estado Miembro de la OEA: ello al surtir efectos jurídicos la denuncia formal del tratado constitutivo de esta organización regional por parte de Venezuela, materializada en abril del 2017 (véase texto completo de la carta del 27 de abril del 2017). Cabe recordar que Venezuela había denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos el 10 de setiembre del 2012, provocando muy pocas reacciones oficiales por parte de los Estados miembros de la OEA (véase breve nota nuestra al respecto).
A modo de conclusión
No cabe duda que esta nueva declaración conjunta exhibe (nuevamente) la división existente en América Latina (y en el hemisferio americano) con relación a la situación imperante en Venezuela. Será de sumo interés analizar las medidas tomadas individualmente por cada uno de los Estados suscriptores de la declaración contra Venezuela y compararlas entre ellas, en aras de evidenciar posibles divisiones dentro del mismo «Grupo de Lima«.
Documento 1:
«Declaración del Grupo de Lima adopata el 4 de enero del 2019
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela, expresan lo siguiente:
- Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.
- Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.
- Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
- Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.
- Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.
- Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.
- Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
- Hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
- Condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.
- Reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR.
- Expresan su preocupación por el impacto causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis política en Venezuela.
- Exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales.
- Acuerdan las siguientes medidas:
A. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.
B. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.
C. Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.
D. Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.
E. Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.
F. En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.
G. Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia«.
Documento 2:
Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 4 de enero del 2019
Venezuela rechaza declaración del autodenominado Grupo de Lima
La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado a alentar un Golpe de Estado en Venezuela, en un hecho sin parangón en la historia de la región, al intentar desconocer tanto el Gobierno democráticamente electo, como a las instituciones legítimamente constituidas, llegando al extremo de pretender modificar los límites territoriales del país, atribuyendo territorio indiscutidamente venezolano a una nación vecina, interviniendo en una controversia territorial de exclusivo alcance bilateral.
Sobre el particular, la República Bolivariana de Venezuela tiene a bien informar que el próximo 10 de enero, el Presidente Nicolás Maduro Moros tomará posesión legítima y constitucional de la Presidencia de la República para el período comprendido entre los años 2019 y 2025, en perfecta sintonía en tiempo y en forma con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual no requiere la venia de ningún gobierno extranjero.
El mundo ha sido testigo de cómo el pasado 20 de mayo de 2018, en Venezuela se celebraron elecciones presidenciales, con una amplia participación popular contando con la concurrencia de diversos candidatos en representación de un número aún superior de partidos políticos, resultando vencedora la candidatura de Nicolás Maduro Moros, con una margen superior al 67% de los votos válidamente emitidos.
Este proceso electoral contó con la presencia de más de doscientos acompañantes nacionales e internacionales, y durante su desarrollo fue objeto de dieciséis auditorías públicas que han dado fe de la justeza de sus resultados, sin que consten en las instituciones venezolanas impugnaciones de ninguna naturaleza por parte de los participantes que no resultaron favorecidos por el voto popular. Consecuentemente, la inmensa mayoría de los países del mundo han expresado su reconocimiento a esta elección y su felicitación al Presidente Maduro.
Se trató, ni más ni menos, de un proceso electoral que contó con idénticas garantías y condiciones que aquellas elecciones parlamentarias de las cuales derivó la actual Asamblea Nacional, incluso dirigidas por las mismas autoridades del Poder Electoral, en razón de lo cual, las autoridades surgidas de ambos comicios cuentan con idéntica legitimidad.
Más allá de esta declaración, del auto determinado Grupo de Lima que ha escrito una vergonzosa página en la historia de las relaciones internacionales de la región, la República Bolivariana de Venezuela sabrá responder, a la luz del principio de la reciprocidad, a las acciones que individualmente decida tomar cada país, en la proporción correspondiente y en el terreno que cada uno escoja.
Conviene recordar que a lo largo de su gloriosa historia como nación, ningún país o coalición de países ha logrado, ni logrará, intimidar al heroico Pueblo venezolano, heredero de la más grande estirpe libertaria del continente americano.
Caracas, 4 de enero de 2019
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
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