German Masís
En tanto la pandemia del covid-19 continúa registrando nuevos casos y confirmando su expansión por todo el país, los Gobiernos anuncian y aprueban las medidas económicas que aplicaran como resultado de la reducción de las actividades económicas y de la decisión de las empresas de suspender su funcionamiento por el tiempo que dure la emergencia.
Con las planes y medidas que los Gobiernos van adoptando para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, van definiendo la orientación y prioridades de la recuperación económica en cada país y definiendo los sectores considerados más golpeados, entre ellos las empresas, las pymes, los trabajadores, los consumidores y los pobres, a los que se dirigirán las eventuales medidas gubernamentales.
De esta manera, es posible comenzar a valorar las prioridades de las políticas estatales en esta coyuntura, pero también proyectar el eventual impacto que podrían tener las medidas sobre los sectores y sobre la economía de los países en su conjunto.
En México ante la adversa coyuntura económica, el Presidente López Obrador manifestó que para paliar los efectos se priorizará en los sectores pobres que son los más necesitados y afirmó que “nada de rescates al estilo neoliberal que les daban a los bancos y a las grandes empresas. Que no estén pensando que van a ver condonaciones de impuestos u otros mecanismos. Si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar?, a los pobres. (La Jornadadigital,23-3-2020)
Por su parte en nuestro país la Administración Alvarado ha mostrado su mayor preocupación por la situación de las empresas frente a la crisis sanitaria, lo que le llevó a definir como principales medidas: la moratoria de 3 meses del pago de impuestos, la reducción de las cargas sociales y la suspensión del pago de créditos a las empresas más golpeadas.
No obstante, las reacciones ante estas medidas y su impacto no se han hecho esperar. El Expresidente del Banco Central Francisco de Paula Gutiérrez, calificó como una “barbaridad” la moratoria de impuestos impulsada por el Gobierno y la Asamblea legislativa, manifestó que la medida difícilmente llegará a beneficiar a quienes más lo necesitan- pequeños empresarios y trabajadores informales-, y se plantea como si la situación fiscal del país no fuera crítica. Dijo, esta medida además podría poner en aprietos a la Hacienda pública, que tendría que buscar en otro lugar los recursos que dejarán de ingresar en los meses de abril a junio.
Agregó que el crecimiento del país va a ser mucho menor al esperado, si es que hay crecimiento este año, vamos a tener un problema mucho más grave de desempleo y de producción, cuando todavía no hemos resuelto el problema fiscal. (LNdigital,23-3-2020). En esa misma perspectiva se manifestó la calificadora Moodys la que afirmó que el plan de estímulo económico de Costa Rica contra el coronavirus tendrá efectos fiscales, por un menor crecimiento de los ingresos tributarios este año.
Junto a la aprobación de la ley para posponer por 3 meses el pago de 4 impuestos cuyo objetivo es beneficiar a las empresas, los diputados aprobaron también la ley de autorización de la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia, el cual busca garantizar a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, mantener su puesto de trabajo mediante la reducción de la jornada laboral, cuando los ingresos de las empresas se vean afectados entre un 20 o un 60% (CRHoy,21-3-2020).
Esta ley que permite reducir las jornadas labores y consecuentemente el salario de los trabajadores hasta en un 75%, desprotege incuestionablemente los derechos laborales de éstos, ya que precisamente la legislación laboral establece que los elementos inviolables son el salario y la jornada, mientras prioriza claramente en el auxilio y apoyo de las empresas.
Como si la aprobación de esta ley no fuera suficientemente perjudicial para los trabajadores, la Unión de Cámaras de la Empresa Privada(UCCAEP), propuso poner un impuesto solidario a los trabajadores públicos, que según su Presidente, se trata de un impuesto solidario durante la crisis, para que ayude a pagar el subsidio de la gente que se quedó sin trabajo, los que ganen más de un millón pagarían un 10%, si el salario es mayor a 2 millones de colones pagarían un 15% y si el monto sube a 3 millones pagarían un 20%” (CRHoy,23-3-2020).
La opción del Gobierno y de las Cámaras empresariales es contundente, salvar y apoyar a las empresas y que los trabajadores sean los que paguen el costo de la emergencia, con la reducción de sus jornadas, de sus salarios e incluso con aportes a los trabajadores desempleados. Mientras se conoce por los medios que un número importante de empresas y hoteles ya han roto los contratos salariales dejando desempleados a más de 6.500 trabajadores.
Negros nubarrones se ciernen sobre la condición de los trabajadores en los próximos meses, a pesar de algunas noticias algo alentadoras sobre la decisión de los bancos de brindar una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores.
La reducción de los ingresos y la capacidad adquisitiva y el aumento del desempleo y la pobreza de la población trabajadora parecen inminentes ante los efectos económicos de la pandemia, igualmente para la economía nacional se visualiza el crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública, en un momento en que varias instituciones se han manifestado dispuestas a ceder sus superávits ya sea para amortizar la deuda o para atender la emergencia. Tendremos que estar atentos al acontecer de la pandemia y sobretodo para determinar sobre cuáles sectores recaerán en definitiva sus costos económicos, así como para identificar los eventuales ganadores y perdedores de la misma.
Ilustración: http://cr.globedia.com/politica-economica-desigualdad
