Unas 150 mil personas trabajan como saloneros y saloneras. De estas, 110 mil se quedaron sin empleo por el cierre de restaurantes, bares y otros negocios gastronómicos debido a las medidas adoptadas para combatir el Covid-19. A este dato se suma que el 45% de estas personas desempleadas corresponde a mujeres jefas de hogar. Ante ello se ha organizado la campaña «Solidarios en Acción», mediante la cual, se solicita la donación de víveres para llevar a sus familias. El video muestra el llamado.
Ante la dura situación que atraviesa el país por la emergencia sanitaria del COVID-19, los integrantes de la seccional ANEP-Concesionarios PIMA Cenada decidieron unirse para realizar un acto solidario con las personas afectadas por la pandemia. Por ello acordaron donaciones a familias de la Zona Sur, a migrantes y a personas en condición de indigencia
Usar ¢50 mil millones de la Ley Tabaco, ¢300 mil millones del ROP y hacer una contribución solidaria del Fondo de Capitalización Laboral del 2021 son algunas de las sugerencias.
La admiración a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por su trabajo debe pasar a las acciones que le permitan tener los recursos necesarios para enfrentar la disminución de los ingresos con motivo de la crisis de la pandemia del Covid-19.
Así lo expresa Lenín Hernández Navas, Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería, quien junto con representantes de los sectores productivos, elaboraron 14 propuestas que le llevarían recursos a la institución de la seguridad social.
Dentro de las alternativas está reorientar durante un año el 4,25% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a la CCSS así como usar los recursos acumulados de la Ley del Tabaco 9028. En ambos casos se generarían ¢350 mil millones sin establecer nuevos impuestos a los costarricenses.
Se plantea la necesidad de diseñar un sistema de mono tributo para que los trabajadores independientes y pequeñas empresas contribuyan bajo un régimen tributario integrado y simplificado tanto en el registro como en la recaudación que permita el pago de una sola cuota mensual tanto de sus obligaciones tributarias como el de la seguridad social.
El representante de los trabajadores destacó que se debe pensar en la creación de un fondo que atienda el retiro anticipado porque muchos trabajadores que estaban por pensionarse están afectados ahora por el desempleo.
“Se puede usar por una única vez las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de los seguros del Riesgo del Trabajo (RT) y del Seguro Obligatorio de Automóvil (SOA) porque al final de agotada las pólizas la atención al trabajador corre por parte de la CCSS, detalló Hernández Navas.
Las propuestas fueron enviadas en una nota, este jueves, a Casa Presidencial a la Comisión integrada por representantes de la CCSS y el Poder Ejecutivo.
“Esta propuestas van orientadas a medidas de protección social, excepcionales, temporales y se diferencia de otras porque se basan en que las personas aporten de acuerdo con sus posibilidades. Es decir aplicando la lógica de racionalidad y proporcionalidad”, enfatizó el representante de la CTRN, quien admitió que duda que alguno de los costarricenses no quieran aportar para fortalecer a la CCSS.
Dr. Alejandro Alvarado AlcázarFoto: Karla Richmond.
Por Alejandro Alvarado Alcázar, docente de la Escuela de Sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
Una reflexión sobre algunas alternativas para trasladar la acción colectiva a otros espacios posibles en la actual coyuntura del COVID-19
Hasta el momento, las medidas sanitarias de distanciamiento físico y las restricciones a la circulación de personas sostenidas en Costa Rica para contener el contagio de la COVID-19 se han mostrado eficientes y eficaces. Gracias a estas medidas, se ha conseguido frenar el incremento intenso en los casos y reducir la cantidad de personas en riesgo de morir debido a la enfermedad.
No obstante, en materia social y económica estas mismas medidas han tenido impactos profundos sobre una mayoría de la población, particularmente entre la trabajadora. Para muchas de las personas que contaban con un empleo formal, las restricciones se han traducido en la pérdida total o parcial de sus puestos y en la consiguiente desmejora de sus ingresos. Por el contrario, para las personas que se encontraban insertas en el sector informal de la economía, el golpe ha resultado incluso más intenso, perdiendo prácticamente sus condiciones mínimas de reproducción.
Pese a que el gobierno ha introducido medidas como el bono PROTEGER en un intento de combatir los efectos perniciosos que la crisis ha tenido sobre los hogares, desde diferentes sectores (Martínez 2020 04 21) se ha reiterado la insuficiencia de estas medidas y la urgencia de políticas que participen a todos los sectores según sus posibilidades, particularmente económicas. Pero también han surgido las posturas de sectores que miran en la crisis un espacio de posibilidad para concretar su proyecto político-económico de recorte de lo público (Mora et al. 2020 03 19).
En este escenario, la acción colectiva se torna una herramienta fundamental para construir salidas a la crisis que supongan poner a la gente primero. Históricamente, la calle ha sido el espacio central para el ejercicio de la acción colectiva, sobre todo para aquellos sectores que no tienen lugar en la institucionalidad y que deben recurrir a otros mecanismos para hacerse escuchar. No obstante, las medidas de distanciamiento físico prácticamente han cancelado, en el corto plazo, las posibilidades de recurrir a las calles, lo cual plantea el reto de reimaginar la acción colectiva en tiempos de distanciamiento físico.
Desde luego ensayar ideas en estas circunstancias es un ejercicio complejo, pero para pensar la acción colectiva durante el confinamiento, se puede recurrir a las mismas experiencias que los movimientos sociales han desarrollado durante las últimas décadas.
En este sentido, una primera idea pasaría por la acción colectiva on-line, es decir, el recurso a métodos de acción que hagan uso de Internet. Sobre esto, los movimientos sociales tienen una importante experiencia, pues las manifestaciones on-line forman parte de sus repertorios desde hace décadas. Estas también ofrecen la posibilidad de coordinar acciones que en otros países se han colocado en el debate como las huelgas de pagos (Della Porta 2020 05 02).
Segundo, la construcción de formas de solidaridad situadas en torno a las comunidades. América Latina tiene una larga trayectoria en este campo, incluyendo las ollas populares y otras prácticas de apoyo mutuo gestadas precisamente en tiempos de crisis.
Tercero, la conformación de espacios de articulación progresistas que sumen la participación de los diferentes sectores, desde los sindicatos hasta las organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, ecologistas, feministas, etc. junto a partidos y otros espacios políticos. Una articulación de este tipo podría generar propuestas que disputen la hegemonía política de las élites que hasta el momento mantienen bajo su control la orientación de las principales políticas en materia económica. Pero también podrían constituirse como espacios de solidaridad con aquellos sectores que debido a sus condiciones están sufriendo mayormente el impacto de la crisis.
Por supuesto, ninguna de estas propuestas es excluyente; por el contrario, pueden encontrar su mayor potencial en sus articulaciones posibles en la medida en que permitan imaginar formas de acción colectiva que consideren los ritmos de la crisis misma y las posibilidades con las que cuenten los movimientos sociales para su desarrollo.
Finalmente, en medio de los clamores generales por un retorno a la “normalidad”, la consigna surgida en las protestas populares de 2019 en Chile encuentra mayor sentido que nunca: “no volveremos a la normalidad porque la normalidad es el problema”.
Esto supone plantearse que cualquier “normalidad” futura posible será una disputa por la defensa de lo público y lo común y contra las desigualdades por encima de los intereses privados; una normalidad que ponga a la gente, particularmente a los sectores más marginados, primero y que defienda un sentido común en función de los intereses de las mayorías.
Crisis como la presente generan espacios para el cambio social, pero el signo de dichos cambios será precisamente lo que estará en disputa en el futuro cercano.
Alejandro Alvarado Alcázar Docente de la Escuela de Sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Estudiantes de Upala y comunidades aledañas, a quienes la UNA les lleva la educación superior por medio de las carreras itinerantes, lograron conectarse a internet para continuar con sus cursos, gracias a la entrega de tarjetas SIM por parte de la institución.
“La Universidad se preocupa para que tengamos internet y podamos conectarnos todos; ahí no hay discriminación, todos parejos”, afirmó Johana Murillo, estudiante de Aplicaciones Informáticas, en Upala, una de las comunidades en desventaja social donde la Universidad Nacional (UNA) llega con el programa de Carreras Itinerantes, impulsado por la Rectoría Adjunta.
Y es que Johana y sus compañeros forman parte de un grupo de más tres mil estudiantes de la UNA en condición de vulnerabilidad, a quienes la institución les entrega, desde el 4 de mayo, tarjetas SIM que les brinda conexión a Internet, durante tres meses, para apoyarles en el proceso de aprendizaje en la modalidad de presencialidad remota, ante la emergencia por la covid-19.
Como resultado de esta iniciativa –impulsada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil- hoy Johana manifiesta la emoción que implica para los estudiantes provenientes de Upala y comunidades cercanas, contar con estos chips para poder conectarse todos y continuar con sus cursos en este primer ciclo lectivo. “Nosotros no nos podíamos conectar porque no nos funciona la red del celular, seguro por el plan que es del más baratito; ahora fuimos en carrera a traer el chip y de una vez nos conectamos. ¡Estamos “volando” con el zoom, todos conectados!”, expresó.
La estudiante agregó, además, a quienes tenían necesidad de una computadora, la UNA se las facilitó durante el lapso de la contingencia por el nuevo coronavirus. “Es una universidad que piensa en nuestras necesidades como estudiantes y se pone en nuestro lugar”.
Entre las personas que lograron conectarse a internet para seguir adelante con su proceso de aprendizaje, se encuentra un joven vecino de una comunidad retirada en Guatuso, quien debe caminar cerca de dos horas para llegar a tomar el bus rumbo a Upala.
“Esta es la esencia de la UNA Necesaria al servicio de Costa Rica”, dice Ana María Hernández, rectora adjunta.
Las Carreras Itinerantes son impulsadas por la Rectoría Adjunta desde 2015. Actualmente se imparten 9 carreras itinerantes y 2 técnicos en entrenamiento deportivo en diferentes regiones y territorios del país.
La oferta itinerante se desarrolla en aquellas poblaciones que históricamente han permanecido en situación de exclusión, vulnerabilidad y desventaja social, entre ellos la Región Brunca, la provincia de Limón, los distritos costeros de Lepanto, Bahía Drake y los cantones fronterizos de Los Chiles, Guatuso y Upala.
***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
El próximo viernes 22 de mayo se llevará a cabo la conferencia virtual sobre COVID-19: «La prevalencia de los servicios públicos esenciales y la protección de los trabajadores en primera línea».
Del 16 de mayo al 5 de julio se estará transmitiendo a través de Facebook Live, Fundación Justicia y Género, una serie de conferencias acerca de la Cosmovisión de los Pueblos Indígenas ante la pandemia del COVID-19.
SITRAHSAN solicita a las autoridades de Gobierno, en cuanto al ingreso de transportistas durante la atención de la pandemia COVID-19, lo siguiente:
1- Realizar la corrección de la unidad de transporte y conductor en la declaración de Tránsito Internacional, con el fin de que los transportistas de otras nacionalidades no tengan que ingresar a territorio nacional, situación que contribuiría también a no gastar recursos cuyo uso y destino debe ser el asegurado nacional y ante la inoperancia quizás de los países vecinos, que no aplican pruebas al tránsito internacional.
2- La cantidad de aglomeraciones que se están dando en fronteras, ponen en riesgo directo a los funcionarios de Aduanas y la Policía de Control Fiscal, entre otros actores nacionales también del Gobierno mismo, como de Migración, Ministerio de Salud y la CCSS.
3- Las instalaciones de Aduanas en cada frontera, deben ser de utilidad para el propósito de control de mercancías, no obstante, entre una oficina de control del país vecino y la Aduana costarricense, hay tramo que recorrer y obliga al transportista a caminar y vincularse con otros civiles, de tal manera que las prácticas de control y prevención no son las requeridas.
4- Los funcionarios Hacendarios, al igual de otros de diversas instituciones públicas, realizan una labor muy importante; no obstante, el problema en fronteras se ha incrementado notablemente y exige actuaciones más inmediatas, como la instalación de las carpas o lonas, para controlar el ingreso, permanencia, movilidad y tránsito de las personas de interés en la pandemia sanitaria.
La seccional de ANEP y SITRAHSAN realizarán un trabajo mancomunado en defensa de la liberación total del ROP, pues «representaría un alivio para las finanzas personales del trabajador».
Un comunicado recibido en SURCOS señala: «A nivel nacional, el impacto en el bienestar de social y como paliativo en la pandemia financiera, contribuirá también a disminuir los índices de inflación, deuda y morosidad, sin olvidar los intereses de deuda, contrario a la ‘descomunal’ deuda por préstamos que nos pretenden endosar ‘los cabezas calientes’ y que en mucho son promotores de la defensa de los intereses de los poderosos financieros. También hay que tomar en cuenta, que la entrega del ROP en un sólo tracto en estos momentos tan difíciles, para los trabajadores (as) representaría una inyección muy importante de recursos, que va a ayudar mucho en la reactivación económica, además de que muchos empleados, tanto públicos como privados, podrían cancelar préstamos, tarjetas y demás deudas que los asfixian, con lo que podrían mejorar sustancialmente su estabilidad financiera, podrían además tener mayor liquidez para consumir y por lo tanto, para dinamizar el contraído mercado interno».
«No se vale que un trabajador tenga pandemia financiera, tenga ahorros, recursos frescos y no pueda hacer uso de ellos para asegurarse un mejor bienestar económico, en beneficio de su familia, de su tranquilidad emocional y sobrevivir de la pandemia en salud», concluye.
