La Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza realiza un sondeo por medio de Facebook para saber el nivel de satisfacción ha tenido el sector en estos momentos de emergencia Covid-19 con el bono proteger y subsidio del Imas. En este audio se explica en detalle la situación:
El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19 Junta Directiva, 24 de abril del 2020
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:
En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.
Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:
Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.
El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.
Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275
CC Arch.
Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020
“Existen sospechas fundadas de que terratenientes que ocupan ilegalmente tierras del Territorio Cabecar de China Kichá, planean un nuevo ataque contra los y las recuperadoras cábecares del territorio.
Viernes 24 de abril 2020. Personas recuperadoras cábecares de China Kichá recibieron información de una reunión entre finqueros de China Kichá, de San Antonio (comunidad cercana a ese Territorio) y el usurpador del Territorio Bribri de Salitre, Victor Zúñiga. Esta reunión se llevó a cabo en Buenos Aires el domingo 12 de abril.
Según la fuente confiable -que no revela su identidad por temor a sufrir represalias- los finqueros conversaron sobre un nuevo ataque contra los y las recuperadoras cábecares. Incluso, Zúñiga dijo a los terratenientes de China Kichá que no debían preocuparse por armas pues, éstas son fáciles de conseguir. También Zúñiga aludió que podrían hacer lo que quisieran pues, tras “2 indios muertos”, no pasa nada más que el escándalo de varios días.
Víctor Zúñiga es un reconocido terrateniente en la comunidad de Olán en el Territorio Bribri de Salitre. Él y su hijo, Víctor Hugo, han participado en distintas agresiones contra el Pueblo Bribri de Salitre, por lo que tienen causas judiciales abiertas en su contra.
Tras ese encuentro en Buenos Aires, los y las recuperadoras cábecares de China Kicha han visto como se han desarrollado distintas reuniones entre los terratenientes del Territorio Cabecar y del pueblo aledaño, San Antonio. Las reuniones han sido prácticamente todos los días y en distintas localidades: la plaza del territorio cabecar, en San Antonio y en la casa de Wilberth Tabash a 2,5 km del terreno recuperado de Kono Jú.
El pasado 22 de abril a las 7 p.m. se identificó una reunión de los terratenientes en la casa de Wilberth Tabash. Fuentes de confianza, que tampoco revelan su identidad por cuestiones de seguridad, confirman que el terrateniente Miguelin Vargas es uno de los líderes del grupo. Él insistió en llevar a cabo una actividad pronto para sacar a los y las recuperadores del terreno, aseguró contar con gente y un supuesto recurso legal que le respalde.
Además, el martes 21 de abril uno de los recuperadores de Kono Jú encontró a una persona extraña y desconocida dentro del terreno recuperado. El hombre no se identificó, dijo ser de Concepción y encontrarse pescando en ese momento. Ese mismo hombre fue visto en la reunión del 22 de abril de los terratenientes, por lo que se sospecha que éste estuviese realizando alguna acción preparativa a la agresión.
A la tensión se le suma el incumplimiento del Ejecutivo en sus compromisos con el Pueblo Cabecar de China Kichá. Desde hace un mes la Fuerza Pública se retiró de las recuperaciones y ahora se encuentran en la plaza del Territorio. Los terrenos recuperados se encuentran alrededor de 4 Km desde ese punto, por lo que la vulnerabilidad de los y las recuperadoras cábecares aumenta. Este retiro ha provocado que los terratenientes Badilla y Naranjo entren constantemente a sus terrenos usurpados sin ser escoltados por la policía. Todas estas acciones contradicen los compromisos del Ejecutivo con los y las recuperadoras cábecares tras los ataques del 7 marzo.
El 7 de marzo los y las recuperadoras cábecares sufrieron un ataque muy fuerte. Ese día los terrenos recuperados, sus casas y otras pertenencias fueron reducidas a cenizas, además las personas recuperadoras fueron agredidas física y psicológicamente. Desde el 7 de marzo la tensión no ha disminuido en el Territorio Cabecar de China Kichá e incluso el 13 de marzo los y las recuperadoras fueron atendidos por personal de la Cruz Roja debido a que fueron intoxicados con un químico que permaneció en el aire alrededor de 30 minutos.
La amenaza de una nueva agresión es real y contundente, ante ello exigimos:
1) Se inicien de inmediato las investigaciones judiciales respectivas y se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes.
2) Presencia y monitoreo policial permanente en las 4 recuperaciones del Territorio de China Kichá y un retén de control de entrada y salida de personas y armas.
3) Se ejecuten los desalojos de las personas que no pertenecen al Pueblo Cabecar de China Kichá y que ocupan ilegalmente tierras en ese territorio.
Se estima que el Seguro de Salud recibirá ¢313 mil millones menos y el Seguro de Invalidez Vez y Muerte ¢417 mil millones menos después de la crisis. Mientras que el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves estima que no es conveniente por la crisis «dedicar montos desproporcionados» a la CCSS.
Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería explica en el audio cómo es que quieren conducir a la CCSS a la quiebra.
Así sentenció la diputada guapileña Yorleny León, la decisión tomada en la Asamblea Legislativa, con el apoyo del gobierno, para imponerle al país un conjunto de leyes tendientes a favorecer a quienes tomaron la decisión, de acabar con lo que quedaba del estado de bienestar en este país.
La reunión que por primera vez tuvo la Junta Directiva de la CCSS con el Presidente Alvarado en lo que va de este gobierno, fue para anunciarles, a través del Ministro de Hacienda y acompañados del Presidente del Banco Central, que no hay dinero para salvar la Caja Costarricense del Seguro Social. Una acción muy coordinada, como todas las que ha hecho este gobierno. No hay casualidades.
El escándalo fue tal, que Carlos Alvarado tuvo que salir a desdecirse, a su mejor estilo, inmediatamente al día siguiente. De paso informó que crearía una comisión para resolver el mal entendido, ahora la Caja está en más peligro que antes, a pesar de las poses.
Para destruir este legado de Calderón Guardia, apoyado por Manuel Mora, Monseñor Sanabria y defendido con generosidad por José Figueres, muy a pesar de la oligarquía del 48, contaron con el apoyo de economistas y funcionarios que erosionaron poco a poco las finanzas de la Caja. Reducir en un 75% el aporte patronal, fue una estocada al corazón de la institución. Rendir cuentas sobre lo que aquí pasó, es una responsabilidad constitucional inmediata, que debe cumplirse como lo establece el Art. 11 y afrontar penalmente las responsabilidades.
En este país sobra el dinero, sino no se lo robarían. Que lo estén guardando para otros intereses es otra cosa, porque cuando se trata de rescatar de los problemas a la mafia política, no les ha temblado el pulso nunca, para arrebatarle inmoralmente a la ciudadanía sus recursos. Así se han perdido fondos de pensiones, el valor del ahorro y ni qué decir de los impuestos que evadieron o eludieron, para los que nunca hubo interés en vigilar.
Ahora resulta que de ninguna manera se puede hacer un crédito puente para rescatar la Caja, tampoco se puede repatriar parte de los recursos del Banco Central que tiene invertidos en el exterior; mucho menos tocar los abundantes recursos de SUTEL o que el sistema cooperativo haga un préstamo. Jamás poner un impuesto a la riqueza, como se atrevió el viejo Figueres para rescatar la hacienda pública, porque ya lo advirtió una de las cámaras: “nada de impuestos y menos impuestos solidarios”. Gobernantes de esos, ya no hay.
Siempre he reconocido en Oscar Arias su visión, al establecer como compensación social por el Ajuste Estructural, la puesta en marcha desde el CNP, del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Lastimosamente la corrupción y la impunidad torpedearon esa importante herramienta, pero sigue disponible y ahora se requiere para dotar desde la ciudadanía que va a quedar en la pobreza, parte importante de los suministros que la Caja requiere, así se reparte riqueza.
Roberto Artavia figura destacada del INCAE y ayudando al gobierno, ha advertido que no se puede pensar y actuar como se hacía antes de marzo, para enfrentar las secuelas del COVID 19. Hasta él reconoce que ahora la política debe humanizarse, porque debe restituirse la credibilidad institucional, pero cuidado si algunos van más por un botín, que sacar adelante este país.
Es el momento del diálogo, al estilo costarricense, de frente, entre todos, sin privilegios.
No se trata de reunir los amigos del gobierno y decir que ésos representan al país y que definirán el futuro de Costa Rica.
No, ninguno de esos me representa.
Hoy más que nunca, el diálogo debe ser sin exclusiones, sin miedo a los disensos, porque hay que construir consensos, para reconstruir el país y mantener la paz.
Carlos Campos Rojas 24 de abril de 2020 A cincuenta años de ALCOA.
Las Américas, 21 de abril de 2020. – Frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19 en el continente americano, hacemos un llamado enérgico a los Estados de la región para adoptar medidas urgentes que respondan a las necesidades específicas de las comunidades indígenas para la prevención del contagio y la mitigación de las consecuencias que generan las diversas políticas públicas implementadas durante la pandemia.
En conformidad con las obligaciones internacionales, estas medidas deben ser culturalmente adecuadas y consultadas con las comunidades, además de garantizar la atención diferenciada de los pueblos transfronterizos y de las personas indígenas en espacios urbanos, rurales o en entornos naturales más aislados, así como de aquellos pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
La pandemia del COVID-19 está afectando negativamente a toda la población del hemisferio, obligando a los Estados de la región a tomar medidas extraordinarias para atender esta emergencia. Asimismo, esta crisis de salud ha evidenciado nuevamente que existen grupos de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, determinando una afectación exacerbada por esta pandemia. Tal es el caso de los 826 pueblos indígenas de las Américas, que agrupan a 45 millones de personas. Estos pueblos han tenido históricamente un acceso limitado a los servicios de salud, enfrentan obstáculos constantes para la práctica de medicinas tradicionales, sufren enfermedades crónicas en altas proporciones, y han sido afectados de manera devastadora por enfermedades derivadas del contacto con actores externos a sus comunidades, situación particularmente grave para los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
La llegada de la pandemia a las comunidades y el grave impacto que puede tener en sus derechos no representa una urgencia futura. Ya se han reportado casos de contagios en distintos pueblos en la región, por lo que la respuesta debe ser profunda y urgente, para prevenir su exterminio físico y cultural.
En ese contexto, manifestamos nuestra preocupación ante el hecho de que la mayoría de los pueblos indígenas del hemisferio están excluidos de la formulación de las políticas que los afectan, así como de la implementación de las mismas. Esto es también la realidad en el marco de esta pandemia.
A lo largo del continente persisten condiciones de desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación histórica y falta de consulta adecuada de los pueblos indígenas. Lo anterior, impacta e impide su acceso a bienes, servicios y derechos básicos que se vuelven de vida o muerte en el marco de la pandemia, tales como la alimentación, servicios de salud, agua y artículos de higiene. Estos factores, combinados con ciertas vulnerabilidades específicas que acompañan a algunos pueblos indígenas, tales como trastornos respiratorios y falta de defensas inmunológicas contra enfermedades relativamente comunes, se suman a los factores de riesgo ya constatados para el COVID 19 y convierten a esta pandemia en una amenaza grave a la supervivencia no sólo de las personas sino de los pueblos.
Por otra parte, en los territorios de los pueblos indígenas de la región continúan desarrollándose actividades petroleras, mineras, agronegocios, forestales, entre otras, que además de la afectación histórica a sus derechos, en esta ocasión se convierten en un factor de riesgo más, por el ingreso de personas ajenas a las comunidades. Lo anterior pese a la solicitud de moratoria o suspensión temporal realizada por varias organizaciones en la región por considerar estas actividades no esenciales. Este riesgo también está presente en aquellos sitios donde no se han impuesto restricciones a la circulación, y se mantiene el turismo y el tránsito continuo de personas.
Preocupación especial merece el hecho de que se ha documentado en ciertas zonas un aumento en la presencia y amenazas de grupos armados ilegales dentro y alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, situación que incrementa además el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Ello al igual que las medidas de cuarentena profundizan el aislamiento de algunas comunidades cuyos miembros necesitan salir para abastecerse de insumos básicos, alimentos y ayuda humanitaria.
Adicionalmente, los pueblos indígenas están excluidos de información oficial adecuada y oportuna respecto de la pandemia. La falta de información mediada culturalmente y disponible en las lenguas originarias amenaza su supervivencia, y violenta su derecho a la no discriminación.
Por todo lo anterior, recordamos a los Estados que todas las medidas adoptadas deben garantizar, sin discriminación alguna, los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, con un respeto pleno de las realidades, cosmovisión, tradiciones y experiencias de cada pueblo. Estas medidas deberían ser articuladas entre las distintas instituciones del Estado de manera que garanticen el disfrute del más alto nivel de salud, física, mental y espiritual, así como el acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y sanitarios. De igual forma, es fundamental que se adopte de manera inmediata un enfoque diferencial que tome en cuenta la intersección de distintos factores (edad, sexo, género, capacidades diversas) que aumentan la vulnerabilidad de las personas pertenecientes a pueblos indígenas y a quienes dentro de ellos sean particularmente vulnerables a los impactos de la pandemia.
Hacemos un llamado a los Estados a coordinar de manera inmediata con los pueblos indígenas de la región cualquier medida que les involucre o que se implemente dentro de sus territorios. Para ello, los Estados deberán:
Incluir a los pueblos indígenas en la formulación de mecanismos y medidas para la implementación de respuestas a la pandemia COVID-19, a fin de adoptar medidas culturalmente adecuadas para cada pueblo. Deberán a su vez formular medidas específicas para personas indígenas en espacios urbanos, rurales o en entornos naturales más aislados, y aquellos pueblos en contacto inicial o aislamiento voluntario. Deberán, asimismo, generar procesos adecuados para los pueblos transfronterizos;
Garantizar que todas las acciones y medidas tomadas sean realizadas en completa coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas, con irrestricto respeto a los derechos de consulta y consentimiento previo.
Generar información apropiada sobre la magnitud y los riesgos de la crisis sanitaria, los métodos de prevención y atención las medidas a implementar; etc, en línea con los entornos físicos, sociales y culturales de los pueblos de la región;
Implementar medidas que garanticen la seguridad alimentaria adecuada, el acceso en cantidades necesarias al agua potable y a los servicios de salud apropiados para las necesidades de los pueblos indígenas, incluyendo protocolos especiales de prevención del contagio en las mismas.
Asegurar que los pueblos cuenten con medios de comunicación suficientes para acceder a información y servicios de salud adecuados (por ejemplo, considerar la disponibilidad de sistemas de radio, teléfono satelital, conexión a internet, etc.);
Asegurar el transporte a los centros de salud, el acceso a medicamentos adecuados, la traducción en la atención para las personas indígenas afectadas por el coronavirus o enfermedades endémicas que lo precisen; así como condiciones seguras de cuarentena para las personas indígenas que retornen a su comunidad.
Garantizar que los territorios de los pueblos indígenas y sus alrededores se encuentren libres de amenazas por parte de actores legales e ilegales, limitando su ingreso al territorio y garantizando la integridad de los pobladores;
Suspender todo tipo de actividad económica o proyecto extractivo dentro y alrededor de los territorios de los pueblos indígenas que pueda ponerles en riesgo, con particular cuidado frente a la situación de los pueblos en contacto inicial o pueblos en aislamiento voluntario, absteniéndose a su vez de tomar cualquier medida regresiva en materia de consulta previa y de flexibilización de mecanismos de control y fiscalización ambiental;
Asegurar medidas de cuarentena y post cuarentena que garanticen el derecho a la educación y la salud de los niños-as y las comunidades;
Asignar de manera prioritaria recursos para garantizar todos los derechos de los pueblos indígenas y evitar la propagación del COVID-19 dentro de sus territorios con un respeto pleno de las realidades, cosmovisión, tradiciones y experiencias de cada pueblo; exhortando a los Estados a requerir el apoyo de sistemas de cooperación internacional, especialmente en la adquisición de pruebas para la realización de testeos masivos y permanentes que ayuden a comprender el avance de la pandemia y por ende a tomar y/o reforzar medidas idóneas de respuesta.
Asegurar que los ritos fúnebres y de pasaje se realicen en condiciones de seguridad y salud teniendo en cuenta consideraciones culturales de los diferentes pueblos;
Adoptar medidas generales y específicas de prevención de la pandemia y de mitigación de las consecuencias de ésta y de la cuarentena en las comunidades y pueblos, garantizando los derechos a la salud, el agua, la alimentación, la educación, la vida y la sobrevivencia como pueblos.
Generar acciones y políticas públicas que superen problemas crónicos de desprotección y afianzar la vigencia de los derechos humanos;
Priorizar las respuestas urgentes desde el reconocimiento de una situación de discriminación y exclusión histórica que requiere tanto medidas urgentes como paliativas para esta situación de emergencia, pero también medidas profundas y estructurales que puedan garantizar el goce pleno de derecho por parte de los pueblos indígenas de la región más allá de esta crisis particular.
Organizaciones Firmantes Acción Ecológica Alianza Territorial Mapuche Amazon Frontlines Asociación Interamericana par la Defensa del Ambiente (AIDA) Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) Proyecto Amigo Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) Fórum Solidaridad Perú Instituto del Bien Común (IBC) Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI) Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – Perú (CEAAL) EarthRights International Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) Instituto de Defensa Legal (IDL) Movimiento Amplio por la Diginidad y la Justicia (MADJ) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras Tierraviva
Estreno internacional de obra musical de la obra Cherry Lime Juice del proyecto musical e internacional Virtual Percussion Extravaganza
Unidos en proyecto musical ensambles de percusión de la UNED, UCR y Universidad de Minnesota y el artista invitado Yilmer Vivas del Cirque du Soleil
El pasado miércoles 22 de abril se expuso el proyecto musical Virtual Percussion Extravaganza con el estreno de la obra Cherry Lime Juice. Este es un proyecto artístico en conjunto e internacional, en el que participa la Universidad Estatal a Distancia, por medio del Ensamble de Percusión Costa Rica-UNED, la cátedra de percusión de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Música de la Universidad de Minnesota con fines educativos para llevar entretenimiento y salud mental a las personas en su hogar.
La obra completa inicia con una primera sección que expone texturas de sonidos creados con artículos de cocina y grabados desde cada una de las casas de los músicos. “Luego, poco a poco se crea un patrón rítmico afrocaribeño con los mismos nuevos instrumentos musicales, que son la antesala de una obra escrita por la estudiante Mackenna Tolfa, Cherry Lime Juice. Esta pieza sí usa instrumentos tradicionales, pero que sí tenemos en nuestras casas como marimbas, vibráfonos, congas y bajo”, contó Ricardo Alvarado del Ensamble de Percusión Costa Rica-UNED.
Todo el trabajo fue grabado con diferentes estudiantes y profesores de las universidades participantes y contaron con un percusionista invitado, Yilmer Vivas del Cirque du Soleil y ex miembro del conjunto de Percusión de Venezuela.
“La idea de este proyecto es generar esperanza a todos los que están sufriendo por esa pandemia mundial y que sea por medio del arte que se eliminen fronteras entre países y podamos todos, como seres humanos, vencer esta problemática y seguir creciendo como especie”, comentó el músico y estudiante Daniel Quesada Brenes, de la Universidad de Costa Rica.
La iniciativa surge a partir de la situación que ha provocado esta pandemia a nivel mundial. La idea la proponen los músicos Fernando Meza del Ensamble de Percusión de la Universidad de Minnesota y Ricardo Alvarado del Ensamble de Percusión Costa Rica UNED, para crear una pieza virtual entre ambas cátedras, con el fin de promover el arte durante esta situación tan difícil, que ha traído consigo tantas repercusiones sociales y económicas en el mundo.
Vinculación musical
Este es un proyecto en conjunto entre la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Minnesota surge también para seguir fortaleciendo la relación artística interuniversitaria que se ha venido gestando entre estas instituciones desde hace ya casi dos años.
Inicialmente la propuesta de hacer música en conjunto nació a partir de la estrecha relación que existe entre los profesores de cátedra de dichas instituciones que, al ser todos costarricenses y colegas en la música desde hace muchos años, quisieron llevar esa relación hasta sus propios estudiantes, de manera que se organizó una gira internacional donde el Ensamble de la Universidad de Costa Rica viajó a Estados Unidos para compartir un concierto de puro repertorio latinoamericano junto al Ensamble percusión de la Universidad de Minnesota, al cual se le llamó “Percussion Extravaganza”.
Después de varias semanas de trabajo se presentó el concierto en el Teddman Hall, y posteriormente viajaron juntos al “Percussive Arts Society International Convention” en Indiana para poder participar de este gran evento para los percusionistas a nivel mundial. A partir de esta primera actividad se creó una importante conexión entre algunos estudiantes de ambas universidades y en junio del año pasado, los estudiantes Mackenna Tolfa y Jacob Peroutka, viajaron a Costa Rica para tocar un concierto de música de cámara con los estudiantes de la UCR, Daniel Quesada y Estefanía Segura e interpretaron obras de compositores contemporáneos de ambas nacionalidades, incluyendo obras de autoría de los mismos integrantes del Ensamble. De igual forma surgió la propuesta de participar en el en el V Festival de Ensamble de Percusión, que organiza la UNED, donde pudieron tocar y conocer artistas internacionales de mucho renombre en los que destacan Juan Álamo y Yilmer Vivas.
De esta manera también se creó conexión con el Ensamble de Percusión de la UNED y se fueron fortaleciendo más los lazos entre las tres instituciones.
Más información: 8848 9913, Bismarck Fernández, director de Ensamble de Percusión Costa Rica-UNED.
Especialistas de la academia, organizaciones internacionales, entidades no gubernamentales y representantes de migrantes, concluyeron que es imperante ajustar el marco normativo de las movilidades en Costa Rica para dar respuesta a los flujos de migraciones actuales, ya que tienen nuevas lógicas y características.
En el marco del Ideario Nacional del Bicentenario coordinado por la Universidad Nacional (UNA), el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo-UNA) impartió el taller virtual Migraciones y movilidad en Costa Rica: desafíos contemporáneos, el martes 14 de abril a las 9 a.m. por la plataforma zoom. En la actividad participaron 26 especialistas en movilidades en Costa Rica; entre ellos académicos de la UNA, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad de Costa Rica (UCR), y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organismos de la Sociedad Civil, Organismos representantes de poblaciones migrantes y estudiantes avanzados de la UNA.
Jenyel Contreras, académica de la UCR, exaltó la importancia de reflexionar sobre los nuevos retos que implican las movilidades que atraviesan el país, pues es un fenómeno multifactorial que requiere atención desde todas las instituciones presentes en el taller virtual, más aún en la coyuntura actual.
El taller desarrolló el tema en 4 ejes. En primer lugar, se discutió sobre las políticas públicas actuales. En este apartado los especialistas coinciden con Guillermo Acuña, académico del Idespo, quien considera necesario precisar las nuevas características y realidades de los migrantes para poder atender sus necesidades desde las diversas instituciones y organizaciones que trabajan en el país.
También se abordó el eje de los imaginarios, donde se concluyó que se deben realizar grandes esfuerzos para mitigar la falta de información sobre las movilidades en la población en general, pues se desconocen las causas y las consecuencias de los migrantes.
Los especialistas discutieron sobre el abordaje de las contingencias y emergencias migratorias. Acuña especificó que es adecuado incorporar las dinámicas de las movilidades al ejercicio institucional, más allá de la atención histórica que se les ha proporcionado a los flujos migrantes que llegan al país, dado que vivimos dinámicas de movilidad distintas y en consecuencia se deben dar nuevas respuestas.
Para concluir, los participantes analizaron la necesidad de continuar estudiando este fenómeno y construir más conocimiento sobre este tema dado que las nuevas migraciones están vinculadas con dimensiones económicas, ambientales, políticas y en la actualidad a contingencias sanitarias como la del covid-19, por esta razón son muy complejas y requieren atención interinstitucional.
La situación generada por la enfermedad covid-19 provoca que, a nivel mundial, los Gobiernos busquen insumos de protección para el personal de salud, y la disponibilidad se vuelve escasa. Ante esto, las universidades públicas unen sus recursos humanos y de tecnología, para solventar este faltante.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizó una propuesta de proveer de protectores faciales a los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), este es uno de los dispositivos de salud que más utilizan los médicos no sólo para atender a pacientes con covid-19, sino también en las cirugías u operaciones.
La demanda, generó que la misma Facultad hiciera un llamado a las universidades públicas que contaran con impresoras 3D para que se unieran a esta iniciativa. Es así como desde hace dos semanas la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional (EACV-UNA), se unió al llamado de la Facultad de Ingeniería de la UCR, para colaborar con la impresión de piezas que luego son trasladadas a la Ciudad de la Investigación de la UCR, para para el ensamblaje de la pantalla de acrílico.
“Ellos enviaron un diseño de cuatro piezas, el compañero de bodega Dani Alfaro y el académico Alexis Bustamante, realizaron algunas pruebas y lograron la impresión de los modelos. Cada juego de estos tarda de 9 a 12 horas para impresión es un proceso lento. Solicitamos un presupuesto para la compra de más material, ya contamos con él y estamos trabajando para a corto plazo poder hacer efectiva la compra que tenemos proyectado nos cubra el trabajo de 8 semanas”, detalló Tatiana Rodríguez, directora de la EACV-UNA.
De acuerdo con Bustamante, gracias a la colaboración de los funcionarios de la Oficina de Correos, el miércoles anterior se hizo la primera entrega de este material con un total de 28 piezas. “En la Facultad de Ingeniería lo que hacen es colocarle la parte transparente, y lo distribuyen a los hospitales en un convenio previo que tienen con la CCSS”.
“Esta situación nos ha impulsado a realizar este trabajo colaborativo que hasta el momento ha sido exitoso. En un corto plazo esperamos concretar la idea que ya habíamos propuesto de contar con un Laboratorio de Tecnologías Digitales, precisamente para explorar este tipo de iniciativas y ponerlas al servicio no solo de nuestros estudiantes e instancias académicas, sino también del país”, concluyó la directora.
En las últimas semanas las cámaras empresariales, el INCAE y ministro de Agricultura y Ganadería presionan de manera irresponsable que Costa Rica debe permitir el uso de más agroquímicos sin su evaluación toxicológica para superar la crisis sanitaria. Premisa falsa que sólo protege los bolsillos de los importadores de venenos.
Esta temeraria exigencia pone en riesgo diversos sectores de la economía que no soportan más contaminación de plaguicidas. Hablo de escolares fumigados diariamente, agua captadas para uso humano contaminado con agrotóxicos cancerígenos, miles de personas enfermas por la exposición a plaguicidas, trabajadores sin indemnizaciones de parte de las empresas responsables por la pérdida de salud, 90% de los alimentos que consumimos a diario contaminados con plaguicidas. Estos son algunos de los muchos impactos de los agrovenenos importados diariamente al país. Pero ahora quiero que pensemos en los unos seres diminutos que tienen un aporte indiscutible a la economía de un país dedicado a la agricultura, las abejas.
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el aporte de los polinizadores como las abejas equivale a 20 veces del valor de la miel que producen. Para un país como Costa Rica que cuenta con unas 40 mil colmenas, las cuales produce unas 1.200 toneladas métricas de miel, lo que equivale a unos ¢6.000 millones por su valor en el mercado. Si hacemos la multiplicación que siguiere la FAO encontraremos que las abejas melíferas proporcionan en servicios de polinización al menos ¢120.000 millones (unos USD$210 millones) la economía nacional todos los años. Pero claramente el valor económico no es lo más importante en este tema, pero al parecer este el único lenguaje que comprende el gobierno.
Este aporte poco contabilizado en la lógica del Banco Central, nos dará luces para entender sobre la importancia en la economía de la defensa de las abejas contra el abuso de los plaguicidas y de sus vendedores. Se calcula que Costa Rica importa USD$160 millones en agrovenenos. Estas empresas importadoras de plaguicidas incorporadas en la UCCAEP, reciben al menos USD$30 millones en exenciones fiscales anualmente según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Es importante decir que el registro plaguicidas está siendo revisado por la Sala Constitucional desde el año 2019, debido a que distintas organizaciones ambientales como la Federación Ecologista (FECON) y del Movimiento para la Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) han acudido al tribunal constitucional para denunciar el abuso en la incorporación de los plaguicidas sin análisis técnico, piden su revisión bajo la ciencia y la técnica. Además, existe un Recurso de Amparo apoyado por cientos de apicultores nucleados en la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura (CNFA) contra los Neonicotiniodes (agrovenenos con nefastos contra las abejas). Por lo que pedir más agrotóxicos atenta contra el accionar del mismo Poder Judicial.
Hoy toca decidir para dónde quiere el país encaminarse: hacía la agri-cultura-economía de la vida o una de la muerte. Pero Casa Presidencial al parecer solo tiene oídos para quienes proponen toxicidad y explotación laboral.
Es urgente proteger a los polinizadores, la apicultura y así a la economía costarricense y no hacerles caso a los vendedores de venenos.
* Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad, la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) y parte de la Alianza Biodiversidad y el Comité editorial de la Revista Biodiversidad Sustento y Culturas.
Foto: Quique Vega Apicultura aporta anualmente más de ¢120.000 millones en servicios de polarización.
