Valentín Díaz Gutiérrez

TATIANA GAMBOA AL BANQUILLO. Y con ella todos los que en algún momento salen a las calles a expresar su indignación o repudio contra una persona, un colectivo o un país, por los actos realizados.

Ayer en la tarde tuve el privilegio de asistir al juicio de Tatiana Gamboa Freer, (por razones de seguridad vespertina solo permitieron la entrada de unas 10 personas) encausada por quemar una bandera de la corporación sionista que desde 1948 ocupa el estado palestino.

El artículo 285 sobre el Menosprecio de los símbolos de una nación extranjera, que se le aplica, es taxativo: Se impondrá prisión de un mes a dos años y con treinta a noventa días multa al que menospreciare o vilipendiare públicamente la bandera, el escudo o el himno de la Nación.

Y dado que la encausada no solo no negó los hechos, sino que pronunció un valiente alegato reivindicando la quema de la bandera, pareciera que no hay mucho más que decir. Al juez o jueza, que no es más que un peón de la burocracia judicial, no le queda más remedio que emitir una sentencia condenatoria, tal vez con alguna atenuante que reduzca la pena.

Pero el asunto es el artículo en sí y el tema recurrente de la separación de poderes. Nuestro padre putativo, en este y tantos asuntos, por resolución de su Corte Suprema y en atención a su Primera Enmienda, esa que garantiza el derecho a la libertad de expresión, dictaminó en su momento que la quema de banderas es una forma de expresión política. Lo necesitan más claro nuestros legisladores. Si Estados Unidos bombardea mañana Caracas, por poner un ejemplo, estamos en todo nuestro derecho de salir a las calles a quemar banderas gringas, como ya se ha hecho en numerosas ocasiones. Es lo que los poderosos consideran nuestro derecho al berreo.

El Poder Legislativo con ese artículo nos lo restringe. El Poder Ejecutivo con su Fuerza Pública actúa y detiene (a Tatiana en este caso) y el Poder Judicial juzga y condena.

Y como dice el refrán: «calladito más bonito».

Que es lo que está haciendo el poder real en Costa Rica, eso que en otros lados llaman el estado profundo. No está haciendo otra cosa que complacer a la corporación sionista llamada Israel con la que tiene tan buenas relaciones y eso ha quedado patente en el juicio.

La Fiscalía presentó como testigo al director de la delegación de la Fuerza Pública del distrito Merced. Este dijo haber sido contactado por el Director de la F. P. de San José de que se iba a realizar la citada manifestación y por el testimonio de un testigo de la defensa se intuye que ya sabían del propósito de la posible quema de la bandera. Los policías custodian la marcha pacífica y la filman, así lo declara el mando judicial bajo juramento. Explica también en su declaración que la encausada tuvo dificultad para la quema y tuvo que recurrir a rociarla con un frasco de alcohol. Él mientras tanto seguía con la filmación del vídeo.

En la página de la Fuerza Pública, entre las funciones de la misma y en primer lugar dice: «Realizar acciones para promover intensamente la prevención y represión del delito». Está más que claro que el oficial al mando no tuvo ningún interés en evitar o interrumpir el ilícito que se estaba ejecutando en su presencia porque las intenciones eran otras.

Las intenciones eran quitarse de en medio a la activista pro Palestina «para que deje de joder» y ello dejando que la misma quemara la bandera y el PODER TRICÉFALO siguiera su proceso actuarial.

Ni que decir tiene que una vez complacida la embajada israelí, las cortapisas quedarían «legalmente» establecidas para todos los demás. Para vos también.