La administración del ROP: un derecho que debe respetarse

Juan Arguedas Chaverri

La administración del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y la forma en que se invierte el dinero de los trabajadores en bonos tanto nacionales como internacionales se ha convertido, en la práctica, en una injusticia flagrante hacia quienes realmente somos los dueños de esos fondos: los trabajadores.

Durante los últimos años, las pérdidas acumuladas por la inversión en bonos han sido millonarias. Lo más grave no es solamente la pérdida del valor del fondo, sino quién asume ese golpe: no son las operadoras privadas de pensiones (OPCs), ni el Estado, ni los gobiernos de turno. Son los mismos trabajadores, quienes vemos cómo sus ahorros se devalúan sin que exista una compensación ni una rendición de cuentas real.

A pesar de que las OPCs cobran comisiones por administrar los fondos, incluso cuando estos generan pérdidas, no tienen responsabilidad directa sobre las decisiones de inversión que resultan en pérdidas significativas. Por ejemplo, cuando el Estado emite bonos y los fondos de pensiones los compran en grandes cantidades, se genera un círculo vicioso: el gobierno financia su déficit con los ahorros de los trabajadores, pero si esos bonos pierden valor o si suben las tasas de interés (como ha ocurrido en contextos inflacionarios globales recientes), las pérdidas son asumidas únicamente por los trabajadores.

Todo esto sucede bajo el aparente silencio de las autoridades y sin mecanismos eficaces de protección para los trabajadores. Esto lleva a muchos a considerar este sistema como un «robo legalizado», donde el capital privado gana, el Estado se financia, y el trabajador pierde.

Devuelvan lo que queda del fondo a los trabajadores, antes de que las pérdidas sean totales.