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OES UNA: Primeros cinco meses del año reflejan deterioro fiscal del país

Escrito en 29/07/2026. Publicado en Análisis.

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presenta este análisis de la situación fiscal de Costa Rica con información disponible al cierre del quinto mes de 2026, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a la discusión sobre la coyuntura fiscal y su incidencia en el desempeño de la economía nacional.

El documento analiza tres componentes fundamentales de las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno Central, el gasto público y el resultado fiscal. Asimismo, presenta una actualización de las proyecciones sobre la trayectoria del endeudamiento público al cierre de 2026, elaboradas con base en la información más reciente disponible, con el fin de valorar las perspectivas de sostenibilidad fiscal en el corto plazo.

1. Ingresos del gobierno central

En cuanto a los ingresos del Gobierno Central, su comportamiento -expresado como porcentaje del PIB- muestra la siguiente evolución al cierre de mayo de cada año, para el período 2022-2026:

Cuadro 1

Gobierno Central: Ingresos con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS TOTALES	6,45%	6,42%	6,20%	6,01%	5,70%
Ingresos Tributarios	5,56%	5,74%	5,49%	5,32%	5,01%
Impuesto a los ingresos y utilidades	2,23%	2,19%	1,94%	1,89%	1,81%
Sobre importaciones	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,14%
Sobre exportaciones	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IVA	1,95%	2,07%	2,05%	2,02%	1,87%
Interno	1,25%	1,33%	1,31%	1,28%	1,20%
Aduanas	0,70%	0,74%	0,75%	0,73%	0,67%
Selectivo de Consumo	0,17%	0,23%	0,27%	0,24%	0,21%
Interno	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Aduanas	0,16%	0,22%	0,26%	0,23%	0,20%
Otros ingresos tributarios	0,97%	1,11%	1,08%	1,02%	0,97%
Contribuciones sociales	0,46%	0,48%	0,49%	0,49%	0,49%
Ingresos no tributarios	0,40%	0,18%	0,19%	0,18%	0,17%
Transferencias	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos del Gobierno Central, medidos como porcentaje del PIB, muestran una tendencia descendente al cierre de mayo durante el período 2022-2026 (Cuadro 1). En mayo de 2026, los ingresos totales representaron el 5,70% del PIB, inferior al 6,01% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,31 puntos porcentuales. Este resultado obedece exclusivamente a la disminución de los ingresos tributarios, que pasaron de 5,32% a 5,01% del PIB, constituyéndose tanto los ingresos tributarios como los ingresos totales en los niveles más bajos del período analizado.

El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ₡106.000 millones menos. Cabe señalar que marzo de 2023 constituye el mejor referente reciente en términos de recaudación de este impuesto, por lo que la magnitud de la reducción evidencia una desaceleración significativa en el rendimiento del principal tributo del Gobierno Central.

La menor recaudación del impuesto sobre la renta se explica, principalmente, por la evolución de dos de sus componentes. Por un lado, el impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas acumuló una contracción del 2,0% al cierre de mayo, en contraste con el crecimiento del 3,0% observado en igual período de 2025. Por otro lado, el impuesto sobre remesas al exterior, aplicado a los ingresos obtenidos por personas no residentes, registró una disminución del 2,7%, comportamiento asociado, entre otros factores, a la apreciación del colón durante los primeros meses de 2026, que redujo el valor en colones de las operaciones gravadas. En contraste, la recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas permaneció prácticamente estancada, al registrar una leve disminución del 0,03%, mientras que en el mismo período del año anterior mostraba un crecimiento del 5,9%.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), su recaudación también muestra una pérdida de dinamismo durante 2026. Al cierre de mayo, este tributo representó 1,87% del PIB, inferior al 2,02% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,15 puntos porcentuales del PIB. Esta disminución refleja un menor crecimiento de la recaudación en comparación con el observado el año anterior y se manifiesta tanto en el IVA aplicado a las transacciones internas como en el recaudado en aduanas.

En términos nominales, la recaudación del IVA acumuló una contracción de 3,8% a mayo de 2026, mientras que en igual período de 2025 registraba un crecimiento de 3,5%. Como resultado, la participación del IVA interno disminuyó de 1,28% a 1,20% del PIB, en tanto que el IVA de aduanas pasó de 0,73% a 0,67% del PIB, evidenciando que la desaceleración de este impuesto responde tanto al comportamiento de la actividad económica interna como al menor dinamismo de las importaciones.

Por su parte, el impuesto selectivo de consumo también redujo su participación dentro de los ingresos tributarios. Al cierre de mayo de 2026, este impuesto representó 0,21% del PIB, frente al 0,24% observado en el mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica, principalmente, por el efecto de la apreciación del colón sobre la recaudación asociada a bienes importados y por las modificaciones introducidas en la metodología de valoración de los vehículos usados.

La disminución se concentra en el impuesto selectivo de consumo recaudado en aduanas, cuya participación pasó de 0,23% a 0,20% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras que el componente aplicado a las transacciones internas se mantuvo prácticamente sin variación.

En el rubro de otros ingresos tributarios, que agrupa diversos impuestos de menor peso relativo y dentro del cual el impuesto único a los combustibles constituye el principal componente, la recaudación también disminuyó como porcentaje del PIB. Este rubro pasó de representar 1,02% del PIB en mayo de 2025 a 0,97% en igual período de 2026.

A pesar de esta reducción agregada, el impuesto único a los combustibles —que aporta aproximadamente el 64% de la recaudación clasificada en este rubro— mostró un comportamiento relativamente favorable. Su recaudación alcanzó el 0,53% del PIB al cierre de mayo de 2026, superior al 0,51% del PIB registrado un año antes. No obstante, el ritmo de crecimiento de este impuesto se desaceleró de forma importante: mientras que en los primeros cinco meses de 2025 aumentaba un 20,2% interanual, en el mismo período de 2026 el crecimiento fue de apenas 8,0%.

El segundo componente más relevante de este grupo corresponde al impuesto sobre la propiedad de vehículos, cuya recaudación pasó de 0,13% del PIB en mayo de 2025 a 0,09% del PIB en mayo de 2026. Esta disminución responde, principalmente, a la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, la cual redujo la carga tributaria asociada a este gravamen. Como resultado, aunque las importaciones de vehículos han mantenido un fuerte crecimiento en los últimos años, ello no se ha traducido en un aumento proporcional de la recaudación de este impuesto.

En términos nominales, el impuesto sobre la propiedad de vehículos registró una contracción interanual del 33,1% al cierre de mayo de 2026, en contraste con el crecimiento del 33,1% observado en el mismo período del año anterior. Este cambio refleja el impacto de la reforma tributaria sobre el rendimiento de este gravamen y explica parte de la reducción observada en el rubro de otros ingresos tributarios.

El OES complementa el análisis de los ingresos tributarios mediante el seguimiento de la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos doce meses de los distintos tipos de impuestos. Este enfoque permite identificar con mayor oportunidad los cambios en la dinámica de los ingresos fiscales y anticipar posibles efectos sobre las finanzas públicas antes del cierre del ejercicio presupuestario.

Como se observa en el Gráfico 1, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios comenzó a desacelerarse a partir de abril de 2025 y, desde marzo de 2026, las tasas de variación interanual pasaron a ser negativas, lo que significa que la recaudación tributaria es inferior a la registrada en los mismos meses del año previo. Si bien una situación similar se presentó entre marzo y julio de 2024, en aquella ocasión estuvo explicada principalmente por la menor recaudación del impuesto sobre la renta y por la fuerte contracción del impuesto sobre la propiedad de vehículos.

En contraste, la desaceleración observada en 2026 tiene un origen más amplio, ya que responde simultáneamente a la disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto selectivo de consumo, es decir, tres de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Central.

De mantenerse esta tendencia durante el resto de 2026, es previsible una nueva reducción de la carga tributaria al cierre del año, al igual que ocurrió en 2025. En consecuencia, el Gobierno Central enfrentaría menores ingresos en relación con el tamaño de la economía, lo que presionaría al alza el déficit fiscal, reduciría el superávit primario y limitaría la velocidad de disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB, e incluso podría traducirse en un incremento de esta relación si el deterioro de los ingresos no es compensado por una reducción del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Al analizar el comportamiento interanual de los principales impuestos se observa un deterioro generalizado en la dinámica de la recaudación, aunque con diferencias importantes entre los distintos tributos.

En el caso del impuesto sobre la renta, la desaceleración de la recaudación se ha intensificado desde marzo de 2026, reflejando un menor dinamismo de las utilidades gravables y un deterioro en el rendimiento del principal impuesto del Gobierno Central.

Por su parte, el IVA evidencia un comportamiento aún más preocupante. Además de la desaceleración observada desde mediados de 2025, el tributo acumula seis meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido. Esta pérdida de dinamismo se presenta tanto en la recaudación del IVA sobre las transacciones internas como en la correspondiente a las importaciones.

El impuesto selectivo de consumo también mantiene una trayectoria descendente. Desde junio de 2025 registra caídas interanuales de forma prácticamente continua, luego de varios años de un sólido crecimiento. Este comportamiento está estrechamente vinculado con la desaceleración de las importaciones de vehículos, actividad que perdió dinamismo durante 2025 y continuó mostrando un menor ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2026, reduciendo la base imponible de este gravamen.

En contraste, el impuesto sobre la propiedad de vehículos ha mantenido tasas de crecimiento interanual positivas durante los primeros meses de 2026. No obstante, el ritmo de expansión ha comenzado a moderarse gradualmente, por lo que será necesario observar su evolución durante el resto del año para determinar el impacto final sobre la recaudación anual, especialmente considerando los efectos de la reforma aplicada a este tributo en 2023.

Finalmente, la recaudación del impuesto único a los combustibles muestra una recuperación durante 2026, tras el deterioro experimentado a lo largo de 2025. Este comportamiento podría estar asociado a un aumento en el consumo de combustibles, que habría compensado parcialmente la volatilidad observada en los precios internacionales del petróleo, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, será necesario dar seguimiento a este impuesto en los próximos meses, dado que su evolución dependerá tanto del comportamiento de la demanda interna como de las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

1. Gasto público

El comportamiento del gasto público durante los primeros cinco meses de 2026 muestra una dinámica distinta a la observada en los años previos. Aunque el gasto continúa creciendo, su ritmo de expansión se ha moderado y se observa un cambio en la composición de los rubros que impulsan dicho crecimiento. En particular, el gasto en remuneraciones mantiene un crecimiento contenido, las transferencias corrientes muestran una reducción tanto hacia el sector público como hacia el sector privado, el gasto de capital presenta escasas variaciones y el pago de intereses de la deuda vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales factores de expansión del gasto.

Este cambio resulta relevante porque el gasto por intereses fue el componente que registró la mayor reducción durante 2025 y, sin embargo, en 2026 ha retomado una trayectoria ascendente. De mantenerse esta tendencia durante el resto del año, el pago de intereses aumentaría como porcentaje del PIB, lo que ejercerá una mayor presión sobre el déficit financiero y limitará el margen de maniobra de la política fiscal.

En el caso del gasto en remuneraciones, su participación con respecto al PIB muestra una ligera disminución al cierre de mayo de 2026. Mientras que en igual período de 2025 este rubro representaba el 2,36% del PIB, en 2026 alcanzó el 2,35%, variación que podría estar asociada, entre otros factores, al proceso de migración de funcionarios al esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público. No obstante, en términos nominales el gasto en remuneraciones acumuló un crecimiento interanual del 3,0%, superior al 0,9% registrado en los primeros cinco meses de 2025, lo que refleja que el menor peso relativo sobre el PIB también responde al crecimiento de la economía nominal.

Por su parte, el gasto por intereses de la deuda volvió a incrementarse como porcentaje del PIB al cierre de mayo de 2026. Este rubro alcanzó el 1,83% del PIB, frente al 1,79% observado en el mismo período del año anterior. Asimismo, su crecimiento interanual pasó de una contracción del 5,2% en mayo de 2025 a un aumento del 6,0% en mayo de 2026, confirmando un cambio de tendencia respecto al año previo.

Al desagregar el pago de intereses según el origen de la deuda, se observa que el aumento proviene exclusivamente del servicio de la deuda interna. Los intereses pagados por este concepto pasaron de 1,38% a 1,47% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En contraste, los intereses correspondientes a la deuda externa disminuyeron de 0,41% a 0,36% del PIB, favorecidos por la apreciación del colón registrada durante los primeros meses de 2026, la cual redujo el costo en colones del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. En consecuencia, el incremento del gasto total por intereses responde al mayor costo del financiamiento interno, mientras que la evolución del tipo de cambio contribuyó a contener el gasto asociado a la deuda externa.

Cuadro 2.

Gobierno Central: gasto público con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

	2022	2023	2024	2025	2026
GASTOS TOTALES	7,21%	7,26%	7,55%	7,10%	6,98%
Gastos totales sin intereses	5,41%	5,36%	5,55%	5,31%	5,15%
Gastos corrientes	6,85%	6,84%	7,08%	6,68%	6,53%
Remuneraciones	2,48%	2,40%	2,47%	2,36%	2,35%
Bienes y Servicios	0,22%	0,21%	0,20%	0,20%	0,21%
Intereses	1,81%	1,90%	1,99%	1,79%	1,83%
Deuda Interna	1,51%	1,53%	1,52%	1,38%	1,47%
Deuda externa	0,30%	0,37%	0,47%	0,41%	0,36%
Transferencias	2,34%	2,33%	2,41%	2,32%	2,13%
Sector Privado	0,84%	0,80%	0,78%	0,74%	0,71%
Sector Publico	1,50%	1,48%	1,63%	1,57%	1,42%
Sector Externo	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Gastos de Capital	0,36%	0,41%	0,46%	0,41%	0,45%
Inversión	0,14%	0,20%	0,15%	0,13%	0,12%
Transferencias	0,22%	0,21%	0,31%	0,28%	0,33%
Transferencias con recurso externo	0,06%	0,00%	0,02%	0,04%	0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

La partida de transferencias corrientes es la que registra la mayor variación dentro del gasto público durante 2026. Al cierre de mayo, este rubro representó 2,13% del PIB, inferior al 2,32% del PIB observado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,19 puntos porcentuales del PIB. En términos nominales, las transferencias corrientes acumularon una disminución interanual del 5,0%, mientras que en igual período del año anterior registraban un crecimiento del 1,7%.

La reducción se explica tanto por el comportamiento de las transferencias al sector privado como por las destinadas al sector público. Las transferencias corrientes al sector privado, integradas principalmente por el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, disminuyeron de 0,74% a 0,71% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Esta tendencia responde al efecto de las reformas aprobadas en años anteriores para limitar el crecimiento de las pensiones financiadas con recursos del presupuesto, cuyos efectos continúan reflejándose en la evolución de este componente del gasto.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público, que comprenden los recursos que el Gobierno Central transfiere a instituciones descentralizadas y otros entes públicos para financiar el funcionamiento y diversos programas sociales, registraron una reducción aún más significativa. Su participación pasó de 1,57% a 1,42% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Este comportamiento refleja el efecto de las medidas de contención del gasto implementadas en los últimos años y evidencia las restricciones que enfrenta el financiamiento de programas públicos y sociales bajo el actual marco de consolidación fiscal.

En cuanto al gasto de capital, este mostró una leve recuperación respecto al año anterior. Al cierre de mayo de 2026 alcanzó el 0,45% del PIB, superior al 0,41% registrado en el mismo período de 2025, aunque todavía ligeramente inferior al 0,46% observado en 2024. En términos nominales, el gasto de capital acumuló un crecimiento interanual del 13,2%, contrastando con la contracción del 5,3% registrada un año antes.

A pesar de esta recuperación, la inversión pública continúa representando una proporción reducida del PIB, lo que limita su capacidad para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país. Además, este componente del gasto mantiene una elevada volatilidad, asociada a los distintos ritmos de ejecución de los proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito vial. De cara a 2027, la aplicación de la regla fiscal podría volver a restringir el crecimiento de la inversión pública, limitando el margen para incrementar el gasto de capital.

Al igual que en el caso de los ingresos, el OES complementa el análisis del gasto público mediante el seguimiento de la evolución del gasto acumulado de los últimos doce meses. Este enfoque permite identificar con mayor claridad los cambios en la tendencia del gasto, reduciendo la volatilidad propia de la ejecución mensual.

Como se observa en el Gráfico 3, el gasto público inició un proceso de desaceleración a partir de abril de 2025, llegando incluso a registrar tasas de crecimiento negativas durante algunos meses de ese año y en el primer trimestre de 2026. No obstante, en abril y mayo de 2026 esta tendencia comenzó a revertirse, debido principalmente a la recuperación del gasto de capital y al repunte del pago de intereses de la deuda interna, componentes que explican la aceleración más reciente del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en el comportamiento observado durante los primeros cinco meses del año, se estima que el gasto público crecerá a un ritmo inferior al del PIB nominal en 2026. En consecuencia, su participación relativa dentro de la economía volvería a disminuir al cierre del año. Esta evolución contribuiría a contener el déficit financiero y favorecer el mantenimiento del superávit primario. Sin embargo, este efecto positivo sería parcialmente compensado por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios, por lo que la evolución final del balance fiscal dependerá, en buena medida, del comportamiento que mantenga la recaudación durante el segundo semestre del año.

La evolución interanual de las principales partidas del gasto público evidencia comportamientos diferenciados durante los últimos meses. En el caso de las remuneraciones, el ritmo de crecimiento se ha acelerado con respecto a los primeros meses del año, aunque continúa siendo moderado en comparación con otros períodos. Por su parte, el gasto por intereses mantiene una tasa de variación interanual inferior a la observada en años anteriores; sin embargo, su crecimiento ha venido recuperándose gradualmente tras la fuerte contracción registrada en 2025. En contraste, las transferencias corrientes presentan tasas de crecimiento interanual negativas desde el inicio de 2026, lo que ha reducido progresivamente su participación dentro del gasto total del Gobierno Central.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en las tendencias observadas hasta mayo, se prevé que al cierre de 2026 tanto el gasto en remuneraciones como las transferencias corrientes reduzcan ligeramente su participación con respecto al PIB. En el caso del gasto por intereses, la trayectoria apunta a un aumento de su peso relativo dentro del gasto público, aunque su magnitud dependerá, en buena medida, de la evolución del tipo de cambio durante el segundo semestre del año. Una eventual depreciación del colón incrementaría el costo en moneda nacional del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera, presionando al alza el gasto por intereses y, en consecuencia, el déficit financiero.

En cuanto al gasto de capital, este ha mostrado una evolución más favorable desde finales de 2025, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos que reflejan una aceleración en la ejecución de proyectos de inversión pública. De mantenerse esta tendencia, al cierre de 2026 la inversión pública aumentaría ligeramente como porcentaje del PIB. No obstante, aun con esta mejora, el gasto de capital continuaría ubicándose por debajo de los niveles más altos registrados durante las últimas dos décadas, lo que limita su capacidad para cerrar las brechas de infraestructura y potenciar el crecimiento económico de largo plazo.

1. RESULTADO FISCAL

Al cierre de mayo de 2026, las finanzas públicas muestran un deterioro con respecto al mismo período del año anterior, explicado principalmente por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios. El superávit primario alcanzó 0,55% del PIB, inferior al 0,70% del PIB registrado a mayo de 2025, reflejando que la reducción de los ingresos ha superado el efecto de la moderación observada en el crecimiento del gasto público.

Por su parte, el déficit financiero se ubicó en 1,29% del PIB, superior al 1,09% del PIB observado en igual período del año anterior. Este incremento responde tanto a la menor recaudación tributaria como al repunte del gasto por intereses de la deuda, factores que han reducido el margen de mejora alcanzado en los últimos años sobre el balance de las finanzas públicas.

Con base en la información disponible al cierre de mayo, el Observatorio Económico y Social estima que el déficit financiero podría ubicarse entre 3,7% y 3,8% del PIB al finalizar 2026, mientras que el superávit primario se situaría entre 0,5% y 0,6% del PIB. Asimismo, se proyecta que la deuda del Gobierno Central cierre el año entre 60,7% y 61,0% del PIB. Estas estimaciones parten del supuesto de que el crecimiento económico se mantendrá en línea con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (vigentes al 28 de julio de 2026), que no se producirán cambios significativos en la inflación ni en el tipo de cambio durante el segundo semestre del año y que las tendencias observadas en los ingresos y el gasto público se mantendrán durante el resto del ejercicio fiscal. El OES actualizará estas proyecciones en el último trimestre de 2026, conforme se disponga de nueva información.

Los resultados observados durante los primeros cinco meses del año evidencian un deterioro gradual de la posición fiscal del Gobierno Central. La reducción de la carga tributaria, combinada con un nivel de deuda pública cercano al 60% del PIB, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de generación de ingresos del Estado para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y responder a las crecientes demandas de la población.

En este contexto, el OES considera necesario avanzar en una revisión integral del sistema tributario, orientada tanto a fortalecer la recaudación como a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria. Un sistema tributario con mayor capacidad recaudatoria contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal y a generar el espacio necesario para atender áreas estratégicas como la seguridad ciudadana, la educación pública, la inversión en infraestructura y los programas de protección social.

De igual forma, resulta prioritario impulsar medidas que contribuyan a reducir el costo del financiamiento de la deuda pública. El crecimiento esperado del gasto por intereses durante 2026 limita la disponibilidad de recursos para financiar políticas públicas e inversión social. Reducir ese costo permitiría liberar recursos presupuestarios que podrían destinarse a fortalecer la provisión de servicios públicos y promover el desarrollo económico y social. En este sentido, las acciones orientadas a mejorar la recaudación tributaria, fortalecer las potestades de control y fiscalización de la Administración Tributaria y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas adquieren un carácter prioritario para evitar un mayor deterioro de la situación fiscal en los próximos años.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
28 de julio de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Una agenda fiscal para la próxima administración

Escrito en 15/08/2025. Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

Puede sonar prematuro, dado que estamos a varios meses de finalizar el año 2025, empezar a hablar de la agenda fiscal de la siguiente administración, pero es probable que dado el tiempo que queda, el hecho de que la Asamblea Legislativa está metida en una discusión compleja del proyecto de ley de jornadas extraordinarias, que está pendiente en el camino la tramitación del presupuesto ordinario del año 2026 y que las elecciones son en poco más de 6 meses, que el espacio para poder avanzar más en temas de política fiscal se le acabó al presente gobierno o es mínimo lo que puede hacerse en el periodo restante. Está pendiente, dentro de los temas de interés de la actual administración, algunas aprobaciones de créditos internacionales, lo que tendrá que encajar dentro de la compleja agenda legislativa del presente, pero no hay espacio para mucho más.

Considerando el contexto, claramente los retos de la política fiscal nacional no van a poder ser abordados en los siguientes meses, por lo que tendrán que retomarse por las siguientes autoridades del país, razón por la cual poner el tema sobre la mesa para promover su discusión en la próxima campaña parece algo necesario. Para entender el nivel del desafío, analizaré los retos en 3 áreas de la política fiscal: gasto público, ingresos tributarios y deuda pública. Es muy importante que los partidos políticos aborden los detalles de las propuestas que van a plantear y no hagan afirmaciones muy generalistas, como “vamos a impulsar un sistema tributario más progresivo” o “vamos a ejercer un estricto control sobre el gasto”, sin mayores detalles de lo que eso implica, mientras que por otro lado hacen un largo listado de acciones de política pública que quieren promover o insisten en que “no son necesarios nuevos impuestos”.

Gasto público: es la variable más impactada por el proceso de ajuste en los últimos años, propiamente desde la entrada en vigencia de la regla fiscal. Para tener una idea del impacto, entre el año 2018 y el 2024, el gasto sin intereses bajó casi tres puntos porcentuales del PIB, pasando de 16,82% del PIB en el 2018 a 14,03% en el 2024, habiendo variado el gasto dirigido a la atención de rubros claves como el de educación, los recursos dirigidos a programas sociales e incluso el gasto de capital.

En materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor. En ese sentido no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, lo que probablemente implique un mayor gasto en el futuro, cuando los problemas se hagan más complejos y requieran de una mayor inversión para su atención. La seguridad es uno de esos temas, en las que no solo el gasto no ha crecido para hacerle frente a una arremetida mayor del crimen organizado, sino que se ha reducido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo: el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública pasó de ser el 0,69% del PIB en el 2019, a ser el 0,62% del PIB en el 2024.

La administración de justicia es otra área pública afectada por las restricciones de gasto, para el año 2019 se le había asignado un presupuesto equivalente al 1,25%, mientras que ese porcentaje disminuyó a un 1,03% del PIB en el 2024. Y, por supuesto, está la situación del presupuesto de educación, que para el año 2019 significaba un 7% del PIB, mientras lo presupuestado para el 2024 fue de 5,27% del PIB, incluso habiendo sufrido una disminución en términos absolutos en ese presupuesto, pues en el año 2019 era de ₡2.648.412 millones, mientras que para el 2024 fue de ₡2.586.221,85 millones. También ha estado sujeto a recortes el gasto destinado al financiamiento de programas sociales y ayudas a cargo del Estado.

Pero el Estado también tendrá que intervenir en algunas actividades a fin de corregir problemas que se están presentando y que afectan a la población. Un ejemplo de ello es la crisis actual del transporte público, que se vio afectado por la caída de demanda como consecuencia de la pandemia del Covid19 y que al día de hoy no se resuelve, sino más bien el problema se profundiza con el abandono de rutas de buses por parte de los concesionarios y permisionarios. Al 2025 la demanda de servicio de transporte en modalidad bus es un 80% de los números prepandémicos, mientras que para julio de este año 103 rutas de buses habían dejado de operar. Esto sin duda va a requerir de la implementación de un subsidio al transporte público para su funcionamiento, que deberá salir del presupuesto nacional.

En resumidas cuentas, la próxima administración, si desea recuperar áreas de servicio público afectadas por el ajuste fiscal centrado en el gasto, deberá subir la asignación de recursos, devolver el nivel de gasto a los niveles preajuste, aunque sea parcialmente, y buscar una asignación más eficiente de los recursos. Claro, eso deberá hacerse con la restricción de la regla fiscal de por medio, con la cual no podrá mejorarse la asignación de gasto en ningún área, incluyendo dentro de eso al gasto en educación, si la regla sigue vigente en las condiciones en la que está hoy.

Ingresos tributarios: Aunque parte de la reforma del año 2018 se centró en hacer ajuste en la legislación del impuesto sobre la renta y en la creación del impuesto al valor agregado, sobre la base del antiguo impuesto general sobre las ventas, el avance en materia de recaudación es pírrico, muy por debajo de las expectativas creadas durante la reforma fiscal. La explicación de eso, que por supuesto requiere un análisis mucho más amplio, subyace en los ajustes realizados a los proyectos presentados en el proceso de discusión legislativa, al efecto de la pandemia del Covid19 y a otras reformas que se hicieron posteriormente, por parte de los diputados, y que han venido a minar la capacidad recaudatoria del gobierno central.

Los ingresos tributarios en el año 2018 fueron de 12,68% del PIB, mientras que el año 2024 fueron de 13,39% del PIB, un aumento de 0,7% del PIB, que está por debajo de los números esperados en el trámite de las reformas aprobadas en el 2018. Revisando la evolución por impuesto, en el 2018 se había recaudado un 4,13% del PIB por concepto de impuesto general sobre las ventas, mientras que para el año 2024 la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 4,93% del PIB. En el caso del impuesto sobre la renta, su recaudación fue de 4,72% del PIB en el 2018, mientras que en el 2024 la recaudación del impuesto sobre la renta fue también de 4,93% del PIB. Si entre ambos impuestos aumentó un 1% del PIB, ¿por qué los ingresos tributarios crecieron solo un 0,7% del PIB?

En ese lapso se redujo la recaudación producto del impuesto a los combustibles, que pasó de 1,42% del PIB en el 2018, a un 1,24% del PIB en el 2024, tendencia que seguirá en los próximos años y se redujo la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que pasó de 0,46% del PIB en el 2018 a un 0,34% del PIB en el 2024, en este último caso producto de una decisión legislativa. De esta forma, en los últimos años se perdió un 0,27% del PIB en la recaudación de estos dos impuestos, que restó impulso a una reforma tributaria ya en todo caso modesta, que es hoy insuficiente para atender las necesidades de un gobierno central que necesita retomar muchas actividades golpeadas por casi 6 años de ajuste fiscal.

La próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte, deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil, y tendrá la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta. Todo esto para encontrar un financiamiento apropiado para enfrentar la titánica tarea de revertir los recortes de gasto en áreas clave y permitir que las demandas sociales de servicios públicos sean atendidas de forma correcta.

En ese sentido, el país debe retomar, con la seriedad del caso y con la mira en el largo plazo, una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro. También es tiempo de que nos sinceremos como sociedad y discutamos el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado, introduciendo un mecanismo de compensación vía devolución para las personas de menores ingresos. La magnitud de la tarea que el próximo gobierno, y las subsiguientes administraciones, tienen por delante, para retomar el impulso que el Estado debe dar al desarrollo del país, amerita que pongamos estos temas de la política tributaria en la mesa de discusión.

Deuda pública: en este tema seguirá pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que sigue sin abordarse, que es el del costo de la deuda pública. En los últimos años la tasa implícita de la deuda del gobierno central, dato que se obtiene de dividir los intereses pagados entre el volumen total de deuda, ha venido creciendo. En el 2018 la tasa implícita de la deuda era un 6,53%, mientras que para el año 2024 la tasa implícita de la deuda era de un 8,1%, lo que sucede, además, en un entorno deflacionario, complicando aún más la gestión de la deuda pública, que está pagando intereses reales muy elevados.

Las políticas impulsadas de reforma fiscal adolecen de propuestas más amplias en este tema, que se ha vuelto vital en la medida en que el gasto en intereses ha seguido creciendo. En el año 2018 se pagaron 3,41% del PIB en intereses, mientras que para el año 2024 esa cifra alcanzó el 4,83% del PIB, recursos que sin duda podrían estarse utilizando en la atención de otras necesidades claves, como el gasto en educación. Es muy importante reducir el gasto en intereses, que reduzca el peso del financiamiento de la deuda dentro del gasto público y que permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.

Un tema complejo en este apartado será la solución que se le dé al asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, que se mantiene por debajo del 60% del PIB, y obligaría al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto, de ahí la importancia de contar con ingresos frescos por un lado, y de reducir el pago de los intereses por el otro, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.

Libro “El fetichismo del déficit fiscal” de Guillermo Zúñiga disponible en línea

Escrito en 25/06/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

El libro “El fetichismo del déficit fiscal”, de Guillermo Zúñiga, está a la venta en Amazon. Este libro busca criticar el uso del déficit fiscal como mecanismo de control del gasto público.

Por medio de lo que Guillermo Zúñiga llama “fetichismo del déficit”, el libro también se propone desmitificar cinco ideas comúnmente aceptadas sobre el equilibrio fiscal, impuestos y el gasto público. Además, propone devolverle el estatus de ciencia social a la economía, por medio de tres enfoques del rol del Estado en la economía.

El libro se encuentra a la venta en Amazon, con un descuento temporal del 80% y con el valor de 1 dólar estadounidense (510 colones aproximadamente) con el descuento. El costo del libro sin descuento está en 5 dólares estadounidenses (2550 colones aproximadamente).

Además, se encuentra en la plataforma de lectura Kindle, también perteneciente a Amazon, y se puede leer en su modalidad de subscripción ilimitada.

¿Quién ha fracasado?

Escrito en 15/02/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Seidy Salas y Juan C. Cruz, comunicador@s

“La democracia está muriendo”. “No funciona más”. “Es un modelo que no ha logrado cumplir las promesas de bienestar que le hizo a la ciudadanía”. Estas son frases que se repiten en cientos de análisis y que cobran aún más sentido ante el auge de regímenes autoritarios que llegan al poder utilizando procedimientos democráticos. Pero ¿estamos ante un fracaso de la democracia o la responsabilidad es del sistema socioeconómico que la sustenta?

Para responder a esta pregunta, es importante considerar varios aspectos. La democracia occidental, es el resultado de una larga y cruenta lucha de la burguesía juntos con otros sectores sociales, contra el absolutismo y que tuvo un momento culminante con la Revolución Francesa. Desde entonces, los avances y los retrocesos democráticos han sido el resultado de distintas correlaciones de fuerza, en diferentes contextos espaciotemporales, asimismo, las nociones de “libertad”, “igualdad” y “justicia” derivadas de dicha revolución, no han sido productos acabados, sino conquistas por mantener y profundizar.

Lo mismo sucede con los pilares que sustentan la edificación democrática: el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno prive sobre otro; el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la posibilidad de que cualquier grupo de ciudadanos, reunido en un partido político, pueda aspirar a gobernar el Estado y que esta potestad de gobernar se someta a la voluntad popular, que podrá decidir periódicamente cuál grupo gobierna.

Mientras existió el campo socialista, los Estados del «mundo libre» se presentaron como los modelos de democracia frente a lo que calificaron como gobiernos totalitarios antidemocráticos. Estableciendo Estados de derecho y optando por modelos de bienestar social, buscaron garantizar el ejercicio de los derechos básicos a la mayoría de sus habitantes, mostrando el bienestar logrado como fruto de la democracia. Todo esto sobre un modelo económico que permitía lucrar y acumular riquezas, pero con mecanismos de redistribución más o menos eficientes.

En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las democracias formales no lo eran en la práctica y las desigualdades socioeconómicas generaron tensiones que explotaron en graves conflictos armados, dictaduras y represión, especialmente en el cono sur y en Centroamérica. En los países tomados por la violencia, la democracia ni siquiera llegaba a hacer promesas.

Con la caída del socialismo, las potencias capitalistas iniciaron el proceso de desmantelar el marco jurídico del estado social de derecho, incluyendo compromisos con la salud y la educación públicas, así como con los derechos laborales conquistados a inicios del siglo XX. Se mantuvieron las libertades individuales, pero se erosionaron profundamente los derechos colectivos.

Esta nueva etapa del capitalismo mundial, caracterizada por «más mercado y menos estado», implicó la privatización de servicios públicos y medidas restrictivas de inversión social, profundizando las brechas sociales y la pobreza.

Para los países de América Latina que habían sufrido las dictaduras y los conflictos armados, el “retorno a la democracia” coincidió con la implantación de las medidas neoliberales[1], (con la excepción de Chile, donde el neoliberalismo floreció sobre la dictadura) y la construcción de la institucionalidad democrática tuvo que hacerse en el marco de los discursos de reducción del Estado. ¿Qué podría prometer la democracia en términos de bienestar e igualdad en ese marco de capitalismo salvaje?

No se puede dejar por fuera el fenómeno de la corrupción que crece y se multiplica entre las élites políticas en contubernio con sectores tanto empresariales como del crimen organizado, que minan desde dentro de los estados, la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en la política.

Ya entrado el Siglo XXI, la sindemia[2] generada por la pandemia del COVID 19, evidenció las profundas desigualdades sociales y desnudó las deudas de los estados con las personas más desfavorecidas, deudas forjadas desde la década de los 80 por el capitalismo neoliberal. La forma tan clara en cual las sociedades se dividieron entre las personas que tenían su supervivencia asegurada en medio del encierro y quienes sintieron que lo perdían todo, propició el resentimiento de estas personas hacia quienes conservaron sus empleos e ingresos. Esto llevó a importantes sectores de la población a reaccionar contra un sistema “que les abandonó” y a apoyar a figuras mesiánicas que prometen venganza contra las élites y libertad frente a los gobiernos.

Profundizando en los principales impactos socioeconómicos y políticos de la pandemia del COVID-19:

Socioeconómicos

Desempleo: La pandemia provocó un aumento significativo del desempleo a escala mundial, con millones de personas perdiendo sus trabajos debido a la interrupción de actividades económicas. Las personas que generaban ingresos en el sector informal se vieron también entre la población más vulnerable.
Recesión Económica: Muchas economías entraron en recesión en 2020, con una caída drástica en la producción económica y el cierre de numerosas empresas.
Desigualdad: La pandemia amplificó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las personas y comunidades más vulnerables.
Industria del Turismo y Servicios: Sectores como el turismo, la aviación y los servicios se vieron gravemente afectados, con pérdidas económicas significativas.
Educación: El cierre masivo de escuelas y la transición a la educación en línea en sistemas que no estaban preparados para ello, generaron desigualdades en el aprendizaje y afectaron el desarrollo educativo de millones de estudiantes.

Políticos

Gobernanza y Respuesta: Las respuestas gubernamentales variaron significativamente, con medidas de confinamiento de diversos grados y restricciones que generaron controversia y protestas. En muchos casos, las restricciones sanitarias sirvieron de laboratorio para el autoritarismo.
Políticas de Estímulo: Muchos países implementaron programas de estímulo económico para mitigar los efectos de la crisis, aunque por lo general fueron insuficientes.
Desconfianza en las Instituciones: La pandemia aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias, en parte debido a la propagación de desinformación y teorías de conspiración.
Políticas de Salud Pública: Hubo un enfoque renovado en las políticas de salud pública y la importancia de la preparación para futuras pandemias. Pero también se evidenció la falta de soberanía de los sistemas nacionales y la dependencia de la industria farmacéutica globalizada.

Culturales

Como ya se mencionó, la pandemia hizo evidente la convivencia de personas privilegiadas y desprotegidas, fomentando la fragmentación social. En muchos casos, las personas que estaban seguras en sus casas, con sus despensas llenas, recriminaban fuertemente contra quienes rompían el encierro para buscar ingresos.
El sentido de libertad: La imposición del encierro con la consiguiente limitación a la libertar de tránsito y reunión se vivió en muchos sectores, especialmente entre las juventudes, como un abuso del Estado. Las personas de jóvenes de los sectores privilegiados, pero también en las clases populares, burlaron este sistema organizando fiestas clandestinas y rechazado las restricciones.
El auge de las teorías de conspiración y el sentimiento anti-ciencia: Sobre bases reales que exponían el sentido de lucro de la gran industria farmacéutica, se crearon fuertes teorías antivacunas que impulsaron corrientes totalmente anti-ciencia. A la vez, la noción de que existen élites globales súper poderosas que buscan controlar las mentes y voluntades de las mayorías, se expandieron. La facilidad con que la información falsa y la desinformación se mueven en las redes sociales, ampliamente accesibles para todas las personas, contribuyó a este fenómeno.
El gran agotamiento: En la post pandemia, se generó un estado emocional -y físico- caracterizado por un enorme cansancio que se expresa en todas las esferas de la vida social. Hay una disminución del activismo presencial, un rechazo generalizado a la información que genere preocupaciones, y un aumento en la búsqueda de “información” de fácil consumo que genere gratificaciones inmediatas.

Estas consecuencias profundas y variadas en diferentes aspectos de la vida global, aunadas al deterioro generalizado de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, ayudan a responder la pregunta que da origen a esta reflexión.

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad. Ha amplificado las desigualdades existentes, aumentado el desempleo y generado una crisis económica global. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado a diferentes grupos de manera desigual, exacerbando las tensiones sociales y económicas. Por su parte, el neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, ha contribuido a aumentar la desigualdad económica y social. Las políticas neoliberales han debilitado las redes de seguridad social y han dejado a muchas personas más vulnerables a las crisis económicas. En este contexto, las propuestas formales de la democracia no tienen mucho que ofrecer y los mecanismos que ofrece se muestran obsoletos o insuficientes.

Quienes sí parecen estar ofreciendo respuestas a esta crisis, o al menos narrativas que son bien recibidas, son los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha viene ganando terreno en varios países, aprovechando el descontento social y económico generado por la pandemia y las políticas neoliberales. Estos movimientos suelen prometer soluciones rápidas y simples a problemas complejos, lo que les atrae a muchos votantes desilusionados.

La pandemia de COVID-19 y las políticas neoliberales han creado un contexto de inestabilidad y descontento, que ha sido aprovechado por los movimientos de ultraderecha para ganar apoyo. La combinación de crisis económica, aumento de la desigualdad y la percepción de que las instituciones tradicionales no están respondiendo adecuadamente ha llevado a muchos a buscar alternativas más radicales.

Entonces, el retroceso en los procesos de democratización expresado en la desconfianza o desprecio hacia el Estado y capitalizado por la ultraderecha en auge, el influyente tecno-feudalismo y la poderosa narco burguesía, más que una falla democrática, obedece a la naturaleza del sistema económico capitalista, al que nunca le interesó el bienestar de las mayorías. Ha sido sobre esa base en la que surgieron y se desarrollaron las democracias. Si seguimos culpando a la democracia por su fracaso, estaremos dejando impune al capitalismo, que seguirá rampante su curso hacia el control total de las sociedades. Sin justicia social y económica, no hay democratización que perdure.

Imágenes: 1- https://www.anred.org, 2- OXFAM

[1] El neoliberalismo surgió en la década de los 80, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, liderados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, promoviendo la reducción del papel del estado en la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Estas políticas se basaban en la creencia de que los mercados libres y competitivos eran la mejor manera de generar crecimiento económico y prosperidad. Sin embargo, llevaron a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente.

En América Latina, el neoliberalismo se implementó a través de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que exigían a los países reducir el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir sus economías al comercio internacional. Estas medidas provocaron mayores niveles de pobreza y desigualdad.

El neoliberalismo promovió políticas de austeridad, que implicaban recortes en el gasto social y la reducción de los servicios públicos. Esto llevó a un debilitamiento de las redes de seguridad social y a un aumento de la precariedad laboral. La globalización y la liberalización del comercio favorecieron la expansión del neoliberalismo, permitiendo a las empresas multinacionales operar en múltiples países y aprovechar las diferencias en costos laborales y regulaciones ambientales.

[2] Sindemia es un término acuñado por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo estadounidense Merrill Singer y proviene de la unión de los conceptos de sinergia y pandemia. Se considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.

El congelamiento de los salarios se vuelve contra la economía

Escrito en 20/09/2024. Publicado en Trabajo.

Manuel Hernández

La versión más dura del neoliberalismo “tico”, que reprodujo las recetas de austeridad europeas (2010), se materializó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas públicas, N 9635.

Esas recetas están agotadas, las cuales resultaron procíclicas y perversas.

La reducción del gasto público y la política de congelamiento de las remuneraciones no crearon crecimiento, ni reactivación económica.

La consecuencia que tenemos a la vista, de los últimos 4 años, es que la demanda interna dejó de ser motor del crecimiento de la economía del país.

Países europeos, como España, después de la COVID19, que por cierto, obligó a la UE a suspender la aplicación general de la Regla Fiscal, confirman que el crecimiento económico se ha visto favorecido por la combinación de un conjunto de factores, entre los cuales sobresalen los aumentos salariales y el fortalecimiento del mercado laboral.

En España, el crecimiento interanual de los salarios en noviembre 2023 fue de un 6%, y un 4,2 en agosto de 2024, impulsado por varias reformas legislativas que fortalecieron el empleo y el mercado de trabajo.

Por contrario, nuestro país sigue aferrado, como mono en medio de un vendaval, a las políticas de austeridad, que han sido un rotundo fracaso.

Solo los fundamentalistas, a estas alturas, se atreven a sostenerlas.

Posición sindical pide transparencia en proyectos viales y priorización de necesidades sociales urgentes

Escrito en 05/09/2024. Publicado en Trabajo.

Miguel Ureña Cascante, presidente de la seccional de la Central Unitaria de Trabajadores en el Ministerio de Hacienda, ha alzado la voz contra lo que considera una mala planificación y uso desproporcionado de los recursos públicos en proyectos de infraestructura, específicamente en nuevos pasos a desnivel en la Circunvalación Sur. En una carta dirigida al ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén, Ureña plantea fuertes cuestionamientos a los recientes planes de construcción, destacando la falta de coordinación entre las instituciones involucradas y el despilfarro de fondos en proyectos que, a su juicio, no resuelven los problemas que buscan atender.

En la carta, Ureña resalta que los nuevos pasos a desnivel, proyectados para mejorar el tránsito en los sectores de Hatillo y Desamparados, no cumplen con las expectativas. Alega que las obras anteriores en Hatillo 1 no han resuelto los embotellamientos, sino que los han trasladado a otras zonas, subrayando que se siguen realizando inversiones millonarias en proyectos que no alivian el congestionamiento vial, como fue el objetivo inicial.

De igual manera, se cuestiona el enfoque de gasto, afirmando que los recursos destinados a infraestructura podrían utilizarse en otras áreas más urgentes, como la mejora de las condiciones en los hospitales públicos, la compra de equipos médicos o el apoyo a familias en situación de pobreza. “Esos proyectos significan muchas casitas para gente pobre, significan buena medicina para muchos internados en los hospitales”, afirma en la carta.

Falta de coordinación y transparencia

La carta también hace un llamado a la Contraloría General, al Ministerio de Planificación y a otros actores políticos a revisar la planificación y adjudicación de estos proyectos de infraestructura. Ureña insiste en que no se están evaluando adecuadamente las prioridades nacionales y que se están destinando fondos a proyectos mal coordinados. En este sentido, subraya la necesidad de una mayor transparencia y justificación en la asignación de los recursos.

Para Ureña, las obras que se pretenden realizar carecen del «mínimo filtro de coordinación» y representan un uso ineficiente del dinero público. También denuncia la complacencia del gobierno con ciertos sectores, favoreciendo a “cinco gatos” a costa del bienestar de la mayoría. Asimismo, advierte que mientras se gastan cuantiosos recursos en infraestructura en San José, regiones como Limón siguen enfrentando una falta de recursos para sus escuelas y otros servicios esenciales.

Llamado a la coherencia

El presidente de la seccional concluye su carta con un fuerte llamado al ministro de Hacienda y al presidente de la República para que sean coherentes con su discurso sobre austeridad y justicia social. Ureña sugiere que los recursos no se giren hasta que se garantice que los proyectos sean efectivamente necesarios y estén bien planificados. “Basta ya de ser complaciente”, dice, instando a las autoridades a aplicar el principio constitucional de caja única y a que el dinero se destine sólo cuando las obras avancen de acuerdo a los contratos establecidos.

Por último, Ureña asegura que los trabajadores están preparados para movilizarse si los recursos públicos continúan siendo mal utilizados, hace un llamado a la ciudadanía para que respalde estas preocupaciones y exija mayor coherencia en la gestión de los recursos públicos. “Apelamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa, exigiendo consistencia”, enfatiza. Aclara que este reclamo no se trata de revanchismo, sino de principios fundamentales como la razonabilidad, la economía procesal, la inmediatez, la transparencia y la probidad, todos ellos contenidos en las leyes de control interno y general de la administración pública.

Análisis fiscal a dos años del actual gobierno

Escrito en 07/05/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

*Fernando Rodríguez Garro

Mañana se cumplen dos años de la actual administración, pero en cuanto a política fiscal, no ha habido un cambio sustancial de la orientación mostrada en los últimos cuatro años.

Considerando que la regla fiscal entró a regir en el 2019, y se empezó a aplicar en el presupuesto propiamente en el 2020, podemos afirmar que al cierre de 2023 cumplimos cuatro años con la aplicación de un mecanismo de control de gasto.

Particularmente, en los años 2022 y 2023 se vio la aplicación del mecanismo más estricto de la regla fiscal, la limitación del crecimiento del gasto de capital y el congelamiento de salarios y pensiones.

Para tener una idea más clara, en estos cuatro años el gasto público sin intereses creció un 1,4%. Las transferencias corrientes al sector público, donde se registran los movimientos de recursos para el financiamiento del gasto social y la educación superior, han sido las más afectadas, pues en estos cuatros años disminuyeron un 10,7%.

Muestra de ello es que este rubro de gasto equivalía a un 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, mientras que para el año 2023 cayó a un 3,8% del PIB, un ajuste de 1,5% en un partida dedicada a financiar otras entidades públicas.

Otro ejemplo preocupante del peso del ajuste es la partida de gasto de capital, que en ese periodo del 2020 al 2023 decreció un 16%; pasó de un 1,9% del PIB en el 2019 a un 1,3% del PIB en el 2023.

La otra partida de peso en el presupuesto es el pago de remuneraciones, el cual creció un 7,1% entre el 2020 y el 2023, en un periodo en que se acumuló una inflación de 10,45%, lo que implicó un retroceso salarial, en términos reales.

La otra cara de esta evolución han sido las transferencias corrientes al sector privado, que recoge principalmente las pensiones con cargo al presupuesto, que han crecido en este periodo, aunque con fluctuaciones; presentan un crecimiento del 17,9% entre el 2020 y 2023, aunque entre los años 2022 y 2023 apenas creció un 1,7%.

El pago de intereses crece y es la partida de mayor crecimiento; en el periodo 2020-2023 aumentó un 49,1%, lo que ha implicado pasar de un porcentaje del PIB de 4% en el 2019, a un 4,8% en el 2023.

Junto a la reducción del gasto en la mayor parte de las partidas, con excepción de los intereses, los ingresos corrientes aumentan y pasan de 13,9% del PIB al 15,2% del PIB, como consecuencia de la reforma fiscal de 2018. Toda esto tuvo como resultado una mejora en la situación fiscal, pues el déficit financiero pasó de 6,7% en el 2019 a un 2,5% en el 2022, y para volver a subir a un 3,3% en el 2023, además de volver a contar con un superávit primario (gasto sin intereses menos ingresos corrientes) nuevamente en el 2022.

No obstante, y a pesar de la señalada mejora en el resultado fiscal del país, los intereses siguieron aumentando, lo que incluso explica en gran parte el repunte del déficit financiero del año anterior. Eso complica hoy la tarea de reducción del nivel de deuda del gobierno central, que sigue por encima del 60% del PIB y mantiene activa la cláusula más restrictiva de la regla fiscal. La estimación del Observatorio Económico y Social (OES) es que la deuda seguirá por encima de ese nivel todavía al cierre de 2024, y deja la flexibilización de las normas más restrictivas de gasto hasta el presupuesto nacional del año 2026.

El sacrificio que está haciendo el país con la reducción del gasto social, la caída en la inversión pública y el congelamiento de salarios en el sector público, no se está compensando con una rápida mejora en el nivel de deuda, lo que complica la posibilidad de que las autoridades cambien el rumbo de la política fiscal en el corto plazo. Esto se explica por la nula respuesta del pago de intereses a la mejora en el resultado fiscal y a la reducción en el nivel de deuda. Como lo ha señalado el OES en varias oportunidades, así como se hizo con el tema de ingresos tributarios y de gasto público, deben orientarse esfuerzos de política pública y reforma legal para reducir el pago de intereses, sobre todo considerando el alto costo de la deuda pública costarricense.

Lo anterior será particularmente importante en el futuro, si el tipo de cambio sube en relación con los niveles observados en el 2023 e inicios del 2024, pues el gobierno ha estado acumulando más deuda pública en dólares, al punto de que la mayor parte del financiamiento del déficit de los años 2022 y 2023 se hizo con endeudamiento externo. Si el mayor riesgo cambiario que estamos asumiendo en el presente se manifiesta en el futuro, nuestra deuda podría hacerse más cara y eso nos llevaría a pagar más intereses por esa deuda en moneda extranjera.

Otro tema importante, que también explica el mayor déficit de 2023 con respecto a 2022, es la pérdida de dinamismo en la recaudación de impuestos. En un informe hecho público en octubre de 2023, sobre la evolución de la situación fiscal a agosto de ese año, desde el Observatorio señalábamos que: “cabe indicar que el comportamiento de los ingresos tributarios totales muestra una desaceleración importante desde finales del 2022 y que se hizo más marcada en los últimos meses, … de continuar ese ritmo, … el crecimiento de los ingresos tributarios quedaría por debajo del crecimiento del PIB nominal y con eso la carga tributaria (ingresos tributarios / PIB) del 2023 se reduciría, lo que iría en sentido contrario a lo esperado por la reforma fiscal del 2018”.

Los ingresos tributarios interanuales siguen mostrando una desaceleración en su ritmo de crecimiento, incluso al arranque del 2024, lo que se debe a la caída en el tipo de cambio y la pérdida de dinamismo en varios sectores de actividad económica. La caída en la carga tributaria que esperábamos en efecto se dio, pasó de un 14,09% del PIB en el 2022 a un 13,65% del PIB en el 2023.

La combinación de resultados que arroja la situación fiscal del país, en cuanto a menor gasto social, menor inversión pública, más gasto en intereses y menor dinamismo de la recaudación de impuestos, afectará el resultado de la política fiscal en los próximos años, no en cuanto al resultado fiscal propiamente, sino al impacto de esta política en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la distribución del ingreso. Retomar la inversión social y de capital, disminuir el costo de la deuda pública y recuperar el dinamismo de los ingresos tributarios, será fundamental para retomar el papel de la política fiscal en condiciones de estabilidad.

UNA Comunica.

*El autor es coordinador del Proyecto Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Mitos y realidades en la discusión del presupuesto universitario

Escrito en 26/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Examinaré en este artículo lo ocurrido en el proceso de negociación que está en curso en el momento de redactar este artículo, del presupuesto universitario o FEES. Mostraré con apego a datos e información real las falsedades que se han esgrimido por la parte gubernamental. Para mí lo ocurrido es grave. Ustedes tienen la última palabra. Vamos a ir por pasos.

1.Lo primero que se debe tener claro es que, desde el 9 de junio del 2011, quedó modificado el segundo párrafo del artículo 78 de la Constitución Política, de la siguiente manera: “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.” (Cfr. Ley N°8954 del 9 de junio de 2011.)

Sin embargo, los legisladores del período 2010-2014, le concedieron al Estado una oportunidad para llegar al 8% escalonadamente, con el objeto de que no hubiese un descalabro económico. Fue así como debieron agregar un transitorio a la ley citada, que estipuló cómo se iba a conceder ese permiso al Estado para que pudiese enfrentar el aumento del presupuesto estatal de un 6% a un 8%. El Transitorio I de la mencionada ley lo estableció como sigue: “El gasto público en educación podrá ser inferior al 8% durante los períodos fiscales anteriores al año 2014.” Pero se agregó que: “Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del PIB destinado a la educación podrá ser inferior al del año precedente.” (Cfr, Transitorio I de la ley 8954.)

Como puede apreciarse quedó formulado sin ambages que, a partir del 2014 la obligación de dotar a todo el sistema de educación del 8% cobraba pleno vigor. No había pues trampa ni engaño. Pero, los gobiernos no fueron previsores e incumplieron durante varios años con el mandato Constitucional. Lo que es peor, todavía se sigue incumpliendo, ya que solamente se ha llegado al 8% mediante una acción truculenta, ya que se buscó sumar a la dotación presupuestaria del sistema de educación en su conjunto, el presupuesto del INA y otros rubros que tienen que ver con los recursos de las redes de cuido y los CEN-CINAI, todos los cuales cuentan con su propia dotación de recursos establecidos en sus propias leyes. Además, ninguna de estas nobles instituciones ha formado parte nunca del sistema nacional de educación; el INA está bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y las redes de cuido, tanto como los CEN-CINAI siempre han formado parte del Ministerio de Salud. En cambio, el legislador ha dejado claro, tanto en el artículo 77 de la Carta Magna como en el 78 que, “La educación pública está organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.” (Cfr. Artículo 77 de la Constitución).

Como es bien sabido, en el derecho público lo que no está expresamente dicho no puede asumirse como verdadero. No existe ningún artículo Constitucional, ni ley alguna que mencione al INA, a las Redes de Cuido o a los CEN-CINAI, todas instituciones de bien público como ya lo expresé, como si fueran parte del sistema nacional de educación. Aquí tenemos pues el primer mito con el que se ha afectado el presupuesto de todo el sistema de educación nacional, incluidas desde luego las universidades públicas.

2. Otro error en que suelen incurrir los gobiernos y hasta la Asamblea Legislativa, consiste en pretender rebajar el monto presupuestario que se asigna a las casas de educación superior, respecto del año anterior. La actual administración del presidente Rodrigo Chaves, había propuesto reducir el presupuesto de las entidades de educación pública universitaria, nada menos que en ciento veintiocho mil millones de colones (128.000 millones de colones). Aunque el gobierno ya depuso esa abusiva e inconstitucional pretensión, después de la enorme marcha de los universitarios acaecida el martes 16 de agosto, considero oportuno revisar qué hay detrás de la propuesta ya descartada. Aunque esta se desechó, opino que lo que yace detrás de la propuesta permanece incólume; por eso deseo analizarlo.

Veamos el proceder gubernamental. Los negociadores por la parte gubernamental, entre los cuales se encuentra el ministro de hacienda Nogui Acosta Jaén, abrieron el diálogo el 11 de agosto señalando su pretensión de reducir el FES de 522.822 millones de colones (dotación presupuestaria para el 2022) a 430.130 millones de colones; una rebaja del 24% del Fondo Especial de la Educación Superior. Debe tenerse en cuenta que esta tesis la sostuvo el gobierno hasta el propio día de la marcha, o sea hasta el 16 de agosto al inicio de la conversación; ello fue así a pesar de haber sido advertido por los rectores desde el comienzo de las negociaciones (es decir desde el 11 de agosto) que estaban incurriendo en una inconstitucionalidad. Debieron pasar cinco días, antes de que el gobierno reconociera su error.

Vale la pena acudir ahora al artículo 85 de la Constitución, porque el mismo no deja ninguna duda con relación al atropello en el que se pretendió incurrir por parte del gobierno de la República. Lo cito en la parte que interesa: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Artículo 85 de la Constitución Política vigente.)

Como pueden verlo, el artículo Constitucional es clarísimo. Las rentas del FEES no pueden ser “abolidas”, ni siquiera “disminuidas”, en tanto no sean creadas “simultáneamente” otras “mejoras” que las sustituyan.

¿Es creíble entonces lo que dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el mismo martes 16 de agosto, el día de la gran marcha de los universitarios, apenas unas horas después de haber reiterado la inconstitucional propuesta? Citémosle: “Ese reconocimiento de hoy (martes 16 de agosto alrededor del mediodía), no parte de un tema puramente de negociación, sino de convencimiento de las partes…caímos en cuenta que hay una disposición constitucional que nos obliga a cumplir con ese precepto de mantener los recursos, entonces no podemos darles a las universidades menos de lo que ya les dábamos.” (Cfr La Nación Entrevista telefónica, miércoles 17 de agosto. Pag.4) ¿Hemos de creerle?

Dice el artículo 129 del código civil: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.” El asunto es más delicado tratándose de don Nogui Acosta, hoy ministro de Hacienda puesto que, apenas ayer, en la administración anterior fue viceministro del mismo ramo y en varias ocasiones negociador del FEES reemplazando a la entonces ministra Rocío Aguilar. Pero la ignorancia confesada deja en un mal predicamento al resto de los ministros que están negociando el FEES con las universidades, a los abogados que los deben asesorar, y al propio presidente de la República al que, o nunca se le mostró la propuesta y por lo tanto no la conocía, o también es otro desconocedor de la Carta Magna. Cualquiera de las dos opciones pone en entredicho el prestigio del presidente. La primera en su condición de líder del equipo, la segunda porque una vez más deja al presidente de la República como un desconocedor de la Constitución.

3. Lo anteriormente dicho, más parece una jugadita política para retrasar la negociación, en vista de que, si no hubiese acuerdo entre las partes, el diferendo tendría que ir a la Asamblea Legislativa, único caso en el que los diputados pueden resolver el asunto. Así el gobierno se lavaría las manos ante la sociedad costarricense. Aunque por fortuna, después la ministra Müller se desdijo, quedó en clara evidencia otro mito pregonado por la parte gubernamental, cuando copiosamente la ministra de educación declaró en los medios de información nacionales, mediante un comunicado oficial que: “La Constitución Política de nuestro país establece que el presupuesto del sector educación es uno solo.” Para enseguida deslizar una falacia: “Dicho presupuesto debe ser dividido entre las diferentes instituciones que integran el sector: Preescolar, Escuelas, Colegios, Colegios Universitarios, Universidades Pública, Cen Cinai, Red de Cuido, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y alrededor de 50 instituciones.” Luego remató expresando: “Estamos ante un gran dilema, porque todos los niveles de educación son importantes. ¿A quién le damos más quitándole al otro?” (Cfr. CP-007-08-2022. 12 de agosto del 2022. El comunicado viene precedido con los logos de Casa Presidencial, del ministerio de Educación MEP, el de Planificación MIDEPLAN, el ministerio de Hacienda MH y el ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT.)

Una vez más se acude al ardid de querer pintar un panorama como si las universidades fueran enemigas del resto de la educación pública no universitaria. Aunque insisto, la ministra Müller después se retractó, va dejando la estela en diversos sectores de la sociedad de una mentira que, está esgrimida para corroer el prestigio bien ganado en la sociedad, de las universidades públicas del país. La mención al INA, a la Red de Cuido y a los Cen Cinai quedó desmentido supra; lo relativo a las 50 instituciones del ministerio no se sostiene pues, ellas han gozado de la dotación presupuestaria que los gobiernos otorgan al ministerio de Educación y no tienen por qué las instituciones universitarias apechugar con esa responsabilidad estatal.

Mientras tanto, el párrafo citado entra en abierta contradicción además, con el contenido de los párrafos tres y cuatro del artículo 85 de la Constitución, donde queda clarísimo el reconocimiento que le atribuye tanto el legislador constituyente como el derivado, a la educación superior universitaria estatal. Pueden corroborarlo leyendo con atención de seguido, los párrafos tres y cuatro del artículo 85 constitucional.

“El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” (Cfr. párrafos 3 y 4 del artículo 85 de la Constitución).

Cae desplomado otro de los mitos difundidos en la reciente negociación del FEES por la parte gubernamental. No ha existido, ni existe la menor intención de los universitarios de menospreciar o socavar a ninguno de los niveles de la educación pública no universitaria. Antes bien está debidamente documentado el aporte constante de las universidades públicas al sistema de educación estatal en general, tanto mediante la preparación y formación de miles de docentes, como mediante asesorías, investigaciones y trabajos de extensión o acción social que, año con año realizan las universidades en las diferentes regiones del país. No reconocerlo es mezquino, pretender negarlo es falsear la realidad.

4. Solo me resta por ahora, tocar otro tema que es crucial. En los párrafos tres y cuatro recién citados del 85 constitucional, el legislador deja clara la importancia de planificar el desarrollo de las universidades estatales quinquenalmente. Las universidades no han dejado de cumplir con este precepto constitucional, ya que cada cinco años se presenta al poder ejecutivo el plan de desarrollo universitario, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, tal como lo ordena la Constitución, según lo acabamos de constatar. El último plan quinquenal las universidades lo presentamos en el año 2020, antes del 30 de junio; el gobierno lo recibió de conformidad, por lo que dicho plan entró en vigor en el año 2021 y rige hasta el 2026. Aún así, los gobiernos hacen caso omiso de este plan quinquenal universitario y someten a las universidades públicas, cada año, a una discusión impertinente, porque ponen en entredicho, un año sí y el otro también, las bases mismas en las que se sustenta el plan y gran parte de los preceptos constitucionales, como ha quedado demostrado en esta ocasión.

Es pues el Estado, cada gobierno, con algunas excepciones, el que incumple con su responsabilidad de planificar el desarrollo de la educación universitaria estatal tal como lo manda la Constitución. Cito una vez más, aunque sea redundante, el cuarto párrafo del 85 constitucional: “El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” Pero no ocurre así. ¿Puede alguien negar esta incontrovertible realidad? Cada persona que se haya tomado la molestia de leer este artículo tiene la palabra.

Enviado a SURCOS por el autor.

El Sindicato UNE-UNED, UNEDPRO, APROFUNED y AFAUNED demandamos lo siguiente:

Escrito en 20/08/2022. Publicado en Derechos, Educación, Trabajo.

El sindicato, UNE-UNED, UNEDPRO, APROFUNED y AFAUNED demandamos lo siguiente:

Lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica:

Artículo 11 Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.

Artículo 78 La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.

Artículo 85 Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

En la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza

Artículo 4 Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 26

La educación técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde se garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Así mismo, demandamos que se respete el acceso de nuestros jóvenes al capital cultural aportado por las universidades públicas.

Remuneraciones salariales dignas a docentes, investigadores, técnicos y administrativos.

Respetar lo establecido en la Constitución Política y leyes conexas relativo a los porcentajes dirigidos a la educación pública, toda vez que se redujo del 5% en el 2018 al 0,87 % en el 2021.

Eliminar los puestos interinos por medio de la asignación de plazas a los funcionarios universitarios.

Fortalecer el sistema de becas a la población estudiantil en áreas rurales y comunidades urbanas.

Por tanto, exigimos se cumplan las demandas antes expuestas al Poder Ejecutivo y autoridades universitarias.

Dado en la Sede Central de la Universidad Estatal a Distancia, viernes 19 de agosto de 2022.

Gabriel Quesada Avendaño Rafael López Alfaro

Secretario General Sindicato UNE-UNED Presidente UNEDPRO

Allyson Núñez Méndez José Pablo Ramos Ulate

Presidenta APROFUNED Presidente AFAUNED

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Regla fiscal + Inflación alta: la tormenta perfecta para reducir el gasto público operativo

Escrito en 08/07/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Francisco Esquivel
Economista

La regla fiscal es una limitación al gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan, o si el PANI no puede dar protección a los niños en riesgo. Incluso, se llegó a pensar, en algún momento, que, si el país se quedaba sin censo o sin el servicio 911, tampoco era relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “peligro” de la economía: el gasto público. Es el enfoque liberal en su esencia pura.

Reconocer lo anterior no quiere decir que no se tenga clara la importancia del control del gasto. Pero, la gestión del gasto debe ubicarse en una visión amplia de las finanzas públicas. El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, eso no justifica caer en la visión anti estatista que está en la base de la regla fiscal. Cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. El siguiente editorial ilustra este enfoque reduccionista, limitado sólo a la baja del gasto:

“La Contralora, Marta Acosta, advirtió de “riesgos y efectos muy serios” para las finanzas públicas si el Ejecutivo relaja los límites de la regla fiscal, …, con lo cual se alejaría la meta de sostenibilidad fiscal …

Acosta se ha caracterizado por su celosa defensa del equilibrio fiscal y la racionalización del gasto… Ha sido consecuente con esa conducta durante una década al frente de la Contraloría… La credibilidad proporcionada por ese historial aconseja prestar atención a sus más recientes advertencias.” (Editorial de La Nación, 2 de julio de 2022)

Racionalizar el gasto para este medio de comunicación es bajar el gasto, lo cual es un concepto bastante estrecho del término. La regla fiscal no tiene nada sobre la eficiencia, ni el impacto, ni la calidad del gasto. En ese sentido, es clara la obsesión de bajar el gasto por parte de la Contralora y del periódico, como única alternativa para lograr el “equilibrio fiscal”. No hay nada en este enfoque sobre la mejora de ingresos, ni sobre la reingeniería de la deuda pública, en particular sobre el pago de intereses.

Este enfoque ha predominado en los últimos años en la dinámica hacendaria. Se ha producido un recorte importante del gasto combinado con acciones muy limitadas en materia de ingresos. En ese contexto, se han impulsado acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Por lo tanto, bajo el dominio de la visión liberal, el equilibrio de la gestión de las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En un artículo anterior analizamos esto con detalle (https://surcosdigital.com/la-regla-fiscal-un-fundamentalismo-financiero-que-se-debe-eliminar/).

En los primeros años de aplicación de la regla fiscal, este procedimiento ha operado en “modo suave”. Los efectos más llamativos de esta regla se han visto en programas aislados, lo que se ha interpretado como leves inconvenientes que es posible corregir aplicando excepciones puntuales. Ese es el caso de la polémica reciente sobre el gasto del PANI. Hacer un ajuste en la forma de operación de la fórmula, mediante un decreto presidencial, es un alivio que no es despreciable, en el corto plazo. Sin embargo, el alivio es transitorio porque no afecta la esencia de la regla. En la Asamblea Legislativa se habla de aprobar una excepción de la regla fiscal para el caso del PANI. ¿Qué se haría si luego hay problemas con el gasto del MEP, o con el MOPT, o con el FEES, o, en general, con el pago de salarios? ¿Se aprobarían más excepciones? Hay que ser realistas, la nave de la regla fiscal ya está mostrando filtraciones que llaman a la reflexión. Tarde o temprano, el agua que entre a esta nave la puede llevar al hundimiento. Pero, más allá de esos episodios pasajeros, la potencia demoledora del procedimiento aún no ha operado. El poder de destrucción de la regla aparece cuando se produce una inflación alta, como está sucediendo en este momento.

El mecanismo de la regla es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa una “cláusula gatillo” que frena el gasto. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

En este momento, el indicador de deuda respecto al PIB es levemente superior al 65%. Por lo tanto, se aplica el freno de la siguiente manera: el gasto sólo puede crecer en un porcentaje equivalente al 65% del promedio de crecimiento del PIB, a precios corrientes, de los últimos años. Para 2022 tal freno se traduce en un crecimiento máximo del 1,96% del gasto total del Gobierno Central.

Dado lo anterior, el procedimiento de la regla fiscal contiene un primer truco: se amarra el freno del gasto a un “indicador duro” que se sabe no va a bajar en varios años. Las últimas estimaciones del Banco Central de Costa Rica muestran que, al menos, hasta el 2027, el indicador estará por encima del 63%. En consecuencia, se tiene la excusa perfecta para frenar el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en pocos años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60% respecto al PIB. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque no habría déficit.

Sin embargo, lo mejor de la pirotecnia fiscal, basada en esta regla, no ha llegado. En 2022, debido a las presiones internacionales, la inflación dejó la zona de confort de los años anteriores, cercana a cero, pasando a experimentar niveles altos, llegando ya a los dos dígitos. Para el mes de junio, el INEC reportó una inflación interanual del 10%. Mientras continúen las presiones de precios externos, y el Banco Central mantenga su intervención moderada en el mercado cambiario (lo que propicia un tipo de cambio alto, cercano a la barrera de los 700), la inflación nacional mantendrá una tendencia al alza. Esto hará que la regla fiscal muestre sus dientes. Los ingresos obtenidos por el IVA y el impuesto sobre la renta se ajustarán a los nuevos niveles de inflación. Estos impuestos, que representan el 70% de la recaudación total, aumentaron considerablemente en 2021. Y ahora, con la inflación alta, crecerán mucho más. El aumento de precios genera un nivel de ventas más alto para las empresas, por lo que la declaración del IVA subirá en esa proporción. Algo similar sucederá con el impuesto sobre la renta ya que las utilidades de las empresas y de los proveedores de servicios (como los profesionales) también subirán en términos monetarios. Por lo tanto, cambiará la relación de los ingresos del Gobierno Central con el gasto que está frenado por la regla fiscal.

La siguiente ilustración describe cómo se transformará la dinámica fiscal. En la parte superior izquierda se observa la clave de la regla fiscal, operando con inflación alta. Aparece un segundo truco, de naturaleza monetaria. En los próximos años el gasto podrá crecer alrededor de un promedio de 2,6% (de acuerdo al promedio de crecimiento del PIB de los años anteriores). Sin embargo, los ingresos crecerán al ritmo del aumento de los precios. Si la inflación se mantuviera cercana a los dos dígitos, en los años siguientes, se producirá una ganancia significativa para el Ministerio de Hacienda. Tendríamos una ventaja de los ingresos, creciendo a un ritmo parecido al 10% anual, frente a los gastos, aumentando al 2,6% por el efecto de la regla fiscal. Tigre suelto contra burro amarrado. Así, se entiende por qué, es útil para el Ministerio de Hacienda frenar al máximo el gasto con base en la regla fiscal, mientras cosecha una recaudación apreciable, gracias al efecto de la inflación alta.

Ilustración: El panorama previsible de la regla fiscal

En la parte superior derecha de la ilustración observamos el impacto de este fenómeno en los saldos financieros del Gobierno Central. Los datos que se presentan ahí son resultado de un ejercicio de simulación realizado por el autor de este documento. Al frenarse los gastos mientras los ingresos crecen al ritmo de la inflación alta, en primer lugar, el saldo primario pasará de déficit a superávit (representado mediante una línea negra). El saldo primario es la resta de los ingresos menos los gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda. El dato de la ilustración para 2021 es lo que sucedió efectivamente con este saldo: su valor fue levemente deficitario. Para los siguientes tres años el saldo debería pasar a un superávit creciente porque los ingresos crecerán muy rápido frente al gasto frenado por la regla fiscal.

Este resultado positivo influirá en el saldo financiero, que sí considera el pago de los intereses. Tal saldo se muestra a través de una línea roja. En 2021 este saldo, o déficit fiscal, llegó al 5% respecto al PIB. El pago de intereses de la deuda equivale a un porcentaje parecido a ese déficit, por lo que se convierte en la explicación del déficit del Gobierno Central. Al aumentar tan rápidamente el superávit primario permitirá la reducción también acelerada del déficit fiscal, hasta el punto en que dicho déficit casi se eliminaría en 2024. Todo gracias a un truco monetario: se frena el gasto mediante un crecimiento anual del 2,6%, mientras los ingresos crecen con la inflación alta a un ritmo del 10%.

En principio se podría decir que esto será un gran éxito fiscal. Desde luego, economicistamente hablando, sería así. Pero, ¿qué hay detrás del freno del gasto? El pago de intereses de la deuda ha crecido un 12% anual en el período 2020 – 2021, en promedio. A ese ritmo, el crecimiento del gasto total permitido por la regla fiscal, en el período 2022 – 2024, no alcanzará para cubrir el incremento en el pago de intereses. Por lo tanto, mientras no se produzca una renegociación seria de los intereses, dicho gasto financiero “estrujará” al gasto operativo (salarios, compra de materiales y servicios, labores de mantenimiento, transferencias, etc.). Es decir, la expansión del gasto permitida por la regla fiscal, sólo servirá para absorber una parte de los intereses, mientras el resto de ese gasto se cubrirá reduciendo el gasto operativo. Por ejemplo, en 2023 el incremento en el pago de intereses podría superar los 250.000 millones, mientras el aumento del gasto total permitido por la regla fiscal sería levemente superior a los 200.000 millones. Habría que bajar en 50.000 millones el gasto operativo. En consecuencia, el “éxito” fiscal se logrará afectando aspectos como los alimentos de los niños pobres en las escuelas, las pensiones no contributivas de los ancianos pobres, la asignación de recursos al PANI, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) -ya golpeado por la ley 9635 de ajuste fiscal de 2018-, el mantenimiento de las vías públicas, el FEES y el Fondo del Poder Judicial, entre otros. Desde luego, la presión sobre el gasto operativo será un estímulo para mantener el congelamiento de los salarios de los empleados públicos y las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (aunque en el caso de las pensiones, la ley 9635 contempla una excepción).

En la parte inferior de la ilustración se muestra la evolución posible del gasto operativo, para los próximos años, en el contexto de lo mencionado. Tomando 2021 como año de referencia, y asignándole el valor de 100, en los siguientes años el gasto operativo en términos reales (es decir, descontando la inflación) bajará hasta un nivel de 74. Se produciría una reducción del 26% del gasto operativo, a lo largo de los siguientes años. Si la inflación bajara en los próximos años, digamos a niveles entre el 8% y el 6%, se amortiguaría un tanto la reducción del gasto operativo llegando a un nivel cercano al 20%. Pero, si la inflación aumenta a niveles como 12% ó 14%, la baja del gasto operativo alcanzaría un 30%. Un verdadero desmantelamiento del gasto operativo.

Por lo anterior, son urgentes las siguientes acciones:

1.- La renegociación inmediata del pago de intereses de la deuda interna (que absorbe el 87% del total de los intereses). Una parte importante de dicha deuda está en poder de entidades estatales, principalmente operadores financieros. No es aceptable que el Estado se estruje a sí mismo por culpa de la deuda pública. Al respecto, se necesitan acciones contundentes de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en un plazo muy corto.

2.- La mejora sustancial en la recaudación del impuesto de la renta, principalmente en el segmento de grandes contribuyentes. Las nuevas autoridades hacendarias han dado señales positivas en esta dirección. Sin embargo, la situación no está sólo para señales, hay que obtener resultados muy pronto.

3.- La sustitución de la regla fiscal por un nuevo método de control del gasto, riguroso y eficiente. En este momento, la regla recorta mal el gasto. Se hacen recortes que a los meses conducen a excepciones. Y cuando son muchas las excepciones el mensaje es claro: el mecanismo no funciona, sólo genera problemas. Esto se produce porque la regla fiscal no hace lo básico de una gestión hacendaria: no evalúa la eficiencia, no mide el impacto, no prioriza los programas públicos, y menos se preocupa por la calidad del gasto. Sólo es un método rígido que se presta para desmantelar el gasto operativo, basado en el dogma liberal anti estatista.

Pongamos el punto 3) en un contexto amplio. Podemos reconocer que la sustitución de la regla fiscal se puede hacer por dos vías. La primera sería mediante un cambio de lo establecido en la Ley 9635, que creó el mecanismo. Se trataría de generar una especie de “regla fiscal 2.0”. Para comenzar la regla sólo se aplicaría al Presupuesto Nacional. Aplicarla al resto del sector público es simplemente una excusa para desmantelar funciones básicas que son asumidas por el sector descentralizado. Definido esto, habría que realizar dos cambios. Por una parte, se debe modificar la “cláusula gatillo” basada en el parámetro de deuda respecto al PIB, pasando a un indicador más razonable relacionado directamente con los saldos financieros: el saldo primario y el saldo financiero. Por otra parte, hay que cambiar la fórmula del freno al gasto, migrando a un sistema de techos presupuestarios (límites de gasto por sector) que permitan la priorización de los diversos programas del Presupuesto Nacional. Con la regla actual, todo se recorta con la misma intensidad, abandonando una gestión básica de la planificación como es la priorización de los componentes del gasto.

Esta “modernización” de la regla seguiría siendo un arreglo limitado que no resuelve el problema estructural del mecanismo: no evaluaría la eficiencia, no mediría el impacto, no evaluaría la calidad del gasto. Esta vía requiere de una modificación de la Ley 9635, lo que supondría un cambio muy lento debido al proceso legislativo que necesitaría para concertar los ajustes citados.

Por lo tanto, es mejor pensar en una segunda vía, basada en los principios establecidos en la ley 8131, con lo que se podría controlar rigurosamente el nivel del gasto al tiempo que se priorizan los programas del Gobierno Central y se evalúa la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Esta ley ordena la formulación presupuestaria basada en productos de la gestión pública, calculando el costo unitario, y el impacto, lo que permite evaluar la eficiencia en el uso de los recursos y la calidad de los servicios. Mediante un sistema de techos presupuestarios, que prioricen los programas del Presupuesto Nacional, esta segunda vía contemplaría un estricto control del tamaño del gasto. Es decir, esta vía tendría un sistema férreo de control del gasto que es lo que intenta hacer la regla fiscal, pero lo hace mal. Pero, además dotaría a la gestión fiscal de un moderno sistema de evaluación de la eficiencia y de la calidad del gasto, que no tiene la regla fiscal. Con tal evaluación el control del gasto es sostenible a mediano y largo plazo. Si hay que recortar gasto, se haría de manera sólida, evaluando la eficiencia, el impacto y la calidad de las erogaciones. La regla fiscal actual recorta las erogaciones con la obsesión de bajar el “dañino” gasto. Pero la obsesión la lleva a recortar mal, con lo que la acción dura apenas unos meses, porque termina haciendo ajustes al recorte mal hecho.

Esta segunda vía no requiere ningún cambio legal por lo que tendría una aplicación más rápida que la primera vía citada. Simplemente, se trataría de un plan de modernización liderado por el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con el apoyo del Ministerio de Planificación y la Contraloría General de la República. Desde luego, habría que derogar el Título IV de la ley 9635, que regula la actual regla fiscal. Tal derogación tendría vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Sería cuestión de voluntad política. Si se concertó y se aprobó en pocas semanas el congelamiento temporal del impuesto sobre los combustibles, ¿por qué no se haría lo mismo con un mecanismo que está probando su ineficacia? Hay cuatro meses de tiempo para que el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa organicen una transición con base en el Presupuesto del Gobierno Central del 2023.

El autor de este documento desarrolló con más detalle los contenidos de la segunda vía en el anexo 6 del libro “Análisis de la estrategia de desarrollo costarricense. Macroeconomía de un modelo desequilibrado”, junio de 2021 (disponible en Amazon / Kindle).

La simulación numérica presentada aquí debe tomarse como una ilustración. No es una proyección formal de la situación fiscal. Simplemente se trata de que el lector tenga un “orden de magnitud” que le permita comprender mejor lo que se está explicando.

Enviado a SURCOS por el autor.

Etiqueta: gasto público

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

Falta de coordinación y transparencia

Llamado a la coherencia

*Fernando Rodríguez Garro

Alberto Salom Echeverría

Francisco EsquivelEconomista

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