Martha Rodríguez González denuncia persecución con fines políticos

La representante laboral en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, ha denunciado públicamente ser objeto de un procedimiento administrativo disciplinario que considera «profundamente viciado, desproporcionado y ajeno a los principios del debido proceso». Según Rodríguez González, estas acciones, impulsadas por el Consejo de Gobierno, «no se sostienen en criterios técnicos ni jurídicos legítimos», sino que responden a una «estrategia política para forzar [su] salida de la Junta Directiva de la Caja».

En su mensaje dirigido a la clase trabajadora y al pueblo de Costa Rica, Rodríguez González afirmó que la persecución es «sistemática, cuidadosamente orquestada, disfrazada de legalidad, pero revestida de intenciones políticas mezquinas». Explicó que la excusa oficial fue el pago de una deuda de 7.500 colones a las trabajadoras y los trabajadores de la Caja, la cual, indicó, se canceló a todas las personas empleadas públicas. Sin embargo, sostiene que la verdadera razón es su postura crítica y sus denuncias: «por denunciar dudosas contrataciones, por cuestionar sobreprecios, por exigir rigor técnico en criterios y estudios actuariales, por velar por el EDUS y señalar las evidentes situaciones relacionadas con el RNP, por las listas de espera, las juntas de salud y la construcción de obras como las de Cartago, Golfito, Limón».

Rodríguez González detalló que ha sido «suspendida de [su] cargo ilegítimamente», aunque fue restituida por orden de la Sala Constitucional. También mencionó haber sido «citada insistentemente» y expuesta a «intimidaciones y hostigamientos», todo con el propósito de «apartarme de la Junta Directiva por no ser complaciente, por alzar la voz, por fiscalizar sin miedos». Calificó su situación como un «ataque personal» y una «señal inequívoca de que cuando una mujer denuncia, cuando incomoda, cuando no se somete, el poder responde con violencia política institucional», llegando a denominarlo «terrorismo de estado».

A pesar de la situación, la representante laboral enfatizó que no renunciará. Subrayó su compromiso con la institución y con el bienestar de su personal profesional, afirmando: «Aquí estoy de pie, sin miedo, con la frente en alto, porque los principios no se venden, porque las convicciones no se negocian». Concluyó su mensaje reiterando su lucha por «la verdad y la justicia», destacando que Costa Rica «merece una Caja fuerte, autónoma, libre, transparente y humana».