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Etiqueta: denuncias

AyA fue condenada por la Sala Constitucional por prohíbir el envío de denuncias e información a la población de la institución 

Escrito el . Publicado en Agua, Derechos.

El día 26 de junio del 2023, el AyA fue condenada por la Sala Constitucional por prohíbir el envío de denuncias e información a la población de la institución en medio de las polémicas acciones de no información por reestructuración institucional, un fallo de análisis por los magistrados de más de seis meses por su connotación jurídica. 

Hoy nos da la razón la Sala Constitucional y exige al AyA en un plazo de tres días restituir el derecho a la información; ahora por las malas asesorías y acciones de la Junta Directiva del AyA tendrán los abonados en su recibo de agua potable y alcantarillado pagar las costas, daños y perjuicios por realizar acciones que restringen Derechos Fundamentales, detalló Mario Rodríguez Bonilla Secretario General Sindicato de AyA, en representación de su Junta Directiva.

“CANALLA”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Las palabras nos definen, nos dan identidad, dicen, al utilizarlas, quiénes somos como individuos y como sociedad. Al parecer, el nuevo Presidente de la República tiene esta palabra como una de sus preferidas. El Diccionario de la RAE nos presenta de ella tres acepciones: 1. Perrería, muchedumbre de perros; 2. Gente baja; y 3. Persona despreciable y de bajos procederes. Como vemos, referirse a alguien con este epíteto, tiene un carácter eminentemente agresivo, injurioso e insultante.

Esta palabra la utilizó el ahora Presidente, varias veces, durante la campaña electoral para dirigirse a toda la prensa que lo criticaba o contradecía. Ahora, en visita “de cortesía” a la Corte Suprema de Justicia, la vuelve a utilizar para referirse a las denuncias penales interpuestas en su contra y en contra del partido que lo llevó al poder. Lo más grave es que algunas de esas investigaciones se originaron en un traslado que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones –no cualquier ciudadano- al Ministerio Público, por considerar que hay base suficiente para indagar si se han cometido importantes delitos. La cuestión cae por su propio peso: ¿son los magistrados y magistradas del TSE una especie de jauría canina, gente baja, despreciable y de bajos procederes? ¿Qué respeto estamos teniendo por las instituciones? ¿Qué nivel le estamos dando al ejercicio “docente” de la política, por parte de las máximas autoridades de la República? Con profundo pesar, como simple ciudadano, tengo que reconocer que la ola del peor “trumpismo” nos ha arrastrado y un peligroso discurso, barbárico y falaz, está sembrando vendavales.

El problema es complejo porque el Presidente aprovecha su visita a la Corte para hacer una mezcla absolutamente impropia, entre deficiencias reales en nuestra administración de justicia, junto a intereses personalísimos por las causas abiertas en su contra. Esas deficiencias tienen años de estarse conociendo y tratando de superar desde que el propio Poder Judicial llamó al Programa Estado de la Nación para efectuar evaluaciones periódicas, en un afán de transparencia que no tiene ningún otro poder público. Si es mucho pedir cortesía y prudencia al nuevo mandatario, es necesario exigirle respeto al principio de división de poderes y respeto a las autoridades que investigan hechos posiblemente delictivos, eventualmente perpetrados por su persona.

Un Presidente de la República no puede arrogarse la soberanía popular, ni ponerse los tacones y peluca de Luis XIV y arremeter contra los jueces, diciéndoles qué deben y qué no deben hacer. Si bien es cierto que en todo el mundo está de moda el “Lawfare”, esa desventurada estrategia de utilizar el sistema judicial para sacar del juego a adversarios políticos, nadie puede arrogarse el monopolio de la verdad ni la facultad de auto-erigirse en el gran decisor. Resulta ridícula la falacia utilizada como argumento: “todas las acusaciones por corrupción deben castigarse, con la única excepción de las que se sigan en mi contra”.

En un régimen democrático nadie puede ser, de entrada, condenado o absuelto. Cada denuncia debe investigarse bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales. Esta es la única vía para establecer si se ha cometido un hecho delictivo y quién o quiénes son los responsables. La investigación, el acopio de pruebas y las definiciones últimas en una sentencia, corresponden a la policía, la fiscalía, la defensa y los tribunales de justicia. A nadie más. Parece mentira que tengamos que estar recordando estos conceptos elementales de educación cívica. Pero así estamos.

Voces de protesta desde la ruralidad costarricense: “El Observatorio de Acciones Colectivas de la UCR registró 431 acciones en 2020”

Escrito el . Publicado en Derechos.

José Antonio Mora, coordinador del Programa Kioscos Socio ambientales

Desde las comunidades y organizaciones rurales, las acciones colectivas han sido una de las formas más efectivas para visibilizar las problemáticas que atraviesan, así como sus demandas y pretensiones. La gran mayoría de las veces, las acciones colectivas tienen su raíz en conflictos sociales, laborales y ambientales más amplios, los cuales se llevan a cabo principalmente en las zonas periféricas del país. De hecho, muy posiblemente por ese sesgo valle-centralista, muchas de estas acciones colectivas pasan desapercibidas por los grandes medios de comunicación, o bien pasa que estos no reflejan el verdadero sentir de las personas que habitan de forma directa estas realidades. 

Si comenzamos a profundizar sobre todas las distintas acciones colectivas de protesta que se han desarrollado en los últimos años en el país, podremos encontrar muchísimas pistas que nos pueden llevar a comprender ese pulso que se vive en varias regiones fuera del área metropolitana. ¿Qué queremos decir con esto? Que, en definitiva, la conflictividad social, laboral y ambiental está sumamente presente en la ruralidad del país, y al mismo tiempo mediáticamente invisibilizada.

Las causas de las acciones colectivas son diversas, aunque comparten un lugar común, este es sin duda alguna el producto de la extensión del modelo económico extractivista y desigual, que se va profundizando cada vez a través de distintos mecanismos de despojo, privatización, cercamiento y expulsión, vulnerabilizando cada vez más a las comunidades costeras, campesinas, indígenas y rurales de este país. 

No obstante, a pesar de la invisibilización mediática de estas realidades, algunos medios de comunicación alternativos, locales, e incluso en la escala “1 a 1” (es decir por conversaciones directas), han permitido ir compilando y registrando todo aquello que ocurre alrededor de estas llamadas acciones colectivas, ya sean de protesta o de otras formas. 

Este ha sido el trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, el cual busca ampliar y complementar el registro de acciones de protesta de la base de datos PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales UCR. El proyecto se desarrolla mediante el monitoreo de organizaciones sociales y medios de comunicación locales, junto al impulso de formación de una comunidad virtual de colaboradores y colaboradoras, vinculadas a proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica para la recolección de información de carácter local, haciendo uso de las tecnologías de la información. Como bien mencionan en su último informe, con este Observatorio se pretende sumar en la visibilización de los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones. Además, intenta ser un punto de encuentro, un lugar desde el cual dichas acciones se pueden sumar, y así encontrar otras similares en diferentes regiones del país.

A pesar de la pandemia por COVID-19, que ha limitado enormemente la posibilidad de manifestarse de forma segura (en términos de contagio), las acciones de grupos y organizaciones de la sociedad civil que se lograron registrar en el informe del 2020, fueron un total de 431. Entre esas formas de acciones colectivas se encuentran las denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos, recuperaciones de territorio, entre otras, las cuales buscaban la garantía de derechos humanos, la protección del ambiente, la defensa de los ríos y la oposición a proyectos de ley, en su mayoría. Destacaron en el informe acciones alrededor de los derechos de los pueblos indígenas (121) y la defensa del ambiente (87).

Desde el Programa Kioscos Socioambientales, invitamos a todas las personas a conocer el detalle en los informes que cada cuatrimestre está elaborando el Observatorio en la página web: https://www.accionescolectivas.ucr.ac.cr/. Sin duda alguna, un excelente aporte que surge desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

OIT confirma que negociación colectiva es un derecho que no se puede eliminar

Escrito el . Publicado en Derechos.

Marco Leandro, Rerum Novarum

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (CEACR), dándole la razón a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), confirmó en su último informe de resoluciones que las convenciones colectivas son derechos que no se pueden eliminar.

Esta resolución fue tomada tras analizar los informes que la CTRN envió a la OIT, acerca de la violación al convenio 198 y la guerra sin cuartel que desde el Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial, se ha hecho contra las convenciones colectivas en Costa Rica.

A esa conclusión llegaron los expertos en la reunión N °109 de la CEACR celebrada a finales del año pasado, y convocada para examinar las memorias de los países miembros.

Este órgano de control de OIT revisó el cumplimiento del Convenio N° 98 en Costa Rica, acerca del derecho de sindicación y la negociación colectiva que data 1949, determinando, una vez más, que en el Estado Costarricense persiste el incumplimiento de este Convenio.

Los expertos constataron las reiteradas denuncias de la CTRN acerca de las restricciones y violaciones al derecho de negociación colectiva y le piden cuentas al Gobierno de Costa Rica acerca de la evolución de esta problemática y confía que en el marco del mismo se tomarán plenamente en cuenta las garantías del Convenio.

También la CEACR reitera que las y los servidores del sector público, incluyendo instituciones descentralizadas y municipalidades deben gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones.

Esta resolución cae como un vaso de agua fría a los intentos del Gobierno de aprobar el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, Expediente #21.336, con el cual pretenden prácticamente eliminan las convenciones colectivas, lo que está desacatando lo ordenado por la OIT y la CEACR sobre el Convenio.

COSTA RICA:VIOLADOR DE LOS DERECHOS

En su resolución los expertos señalan literalmente: “La Comisión subraya que desde hace numerosos años viene examinando una serie de obstáculos a la plena aplicación del artículo 4 del Convenio en el sector público del país. A este respecto, la Comisión recuerda que todos los trabajadores del sector público que no trabajan en la administración del Estado (por ejemplo, los empleados de empresas públicas, los empleados municipales y los de entidades descentralizadas, los docentes del sector público y el personal del sector de los transportes) deben poder gozar del derecho de negociación colectiva, inclusive con respecto a las remuneraciones y que, si bien las singularidades de la administración pública hacen necesario cierto grado de flexibilidad, existen mecanismos que permiten compaginar el respeto de las disponibilidades presupuestarias, por una parte, y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, por otra.

Recordando sus observaciones anteriores, la Comisión confía en que, en consulta con las organizaciones sindicales representativas del sector, el Gobierno tomará todas las medidas a su alcance para reforzar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda acción al respecto”. (El subrayado es nuestro).

De esta forma los expertos que son abogados laboristas de los sectores de los empleadores, sindicatos y Gobierno, le dan la razón a la tesis que ha venido manejando la CTRN y que tendrá que ser tomada en cuenta a la hora de que los diputados voten en el plenario el proyecto de Ley de Empleo Público, que está siendo impulsado a golpe de tambor por el Gobierno.

 

Imágenes tomadas de Rerum Novarun y Unión Profesional
Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Experiencias adversas en la infancia en tiempos de pandemia

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

Isabel López Ulloa*

Para nadie es un secreto que el contexto actual que estamos afrontando, cambió casi por completo la cotidianidad en que nos desenvolvíamos y alguno que otro plan por el que con tanto esfuerzo trabajamos. Pero, sin duda alguna hay cierta población de nuestra sociedad que es mucho más vulnerable, como lo son las personas menores de edad víctimas de experiencias adversas, en las que las implicaciones de esta situación son muy particulares y su riesgo aumenta en el confinamiento.

Cuando se expone el término “experiencias adversas en la infancia”, hace referencia a una persona menor de edad víctima de múltiples factores de riesgo y de las condiciones de vida en las que se desarrolla; cobrando importancia el impacto sociopolítico y estructural de problemas letales como la violencia y pobreza, que se han sostenido a través de la historia de nuestro país, por un sistema patriarcal y neoliberal.

Hay que reconocer que la adversidad es un tema inherente a la naturaleza humana, pero en el Estado recae la responsabilidad política de asegurar que los derechos y deberes de las personas menores de edad se cumplan, principalmente el derecho a la integridad personal, articulo 50 en el Código de la niñez y la adolescencia “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes” (p. 10).

En mi opinión, es elemento clave pensar en el escenario que enfrentan las personas funcionarias de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que trabajan brindando servicios sociales para la intervención de las personas menores de edad en sus distintos programas sociales. Y que, tengo certeza que esfuerzos se siguen trazando desde la institucionalidad pública para atender a las personas menores de edad, no obstante, el sistema se vuelve insostenible; por debilidades como la burocracia, duplicidad innecesaria de funciones, sobrecarga laboral, falta de talento humano y capacitación, falta de recursos y herramientas tecnológicas; aspectos que deben mejorar en algunas de las instancias mencionadas, incluso priorizarlo en tiempos de pandemia.

¿Por qué la urgencia de revisar las estructuras institucionales? Hay que comprender que mientras la adversidad no se atienda, mayores probabilidades de multiplicarse. Según Academia Americana de Pediatría (2015), existen tres tipos de estrés, pero hay que prestar mayor atención al estrés tóxico: “puede ocurrir cuando un niño vive adversidades fuertes, frecuentes o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia crónica, enfermedad mental o abuso de sustancias por parte de sus cuidadores, exposición a la violencia o el peso acumulativo de dificultades económicas en la familia, ante la falta de un sostén adecuado por parte de los adultos que lo rodean. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede perturbar el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés y de deterioro cognitivo una vez que la persona ya se ha adentrado bien en la vida adulta”. (P. 3).

A lo mejor si el Estado no escatimara en mejorar la inversión e igualara la distribución de la riqueza, la historia fuera otra. Pero, no podemos obviar las realidades cercanas que nos atañen y menos en tiempos donde abrirnos a la solidaridad es un acto de humanidad imprescindible.

A su vez es desesperanzador, cuando en medio de una pandemia la violencia suscita y hay víctimas menores de edad desarrollándose en un entorno violento, factor de riesgo grave. Al ser experiencias vividas a edades muy tempranas, inclusive desde el período prenatal y durante los primeros años de vida; son tan perjudiciales para el correcto desarrollo cerebral de los niños y niñas. El problema radica, que desde ahí se desprenden consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo durante la vida adulta.

En otras palabras, siguiendo la Academia Americana de Pediatría (2015), “Los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducidas sus capacidades como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos (…) Todo esto puede afectar negativamente a la paternidad y perpetuar una exposición continua a experiencias infantiles adversas a lo largo de las generaciones, mediante la transmisión de cambios epigenéticos en el genoma” (p. 5). Por ello, la urgencia de contar con recursos y estrategias reales, para la atención menos burocrática y más humana.

Ahora bien, ¿Cómo aumenta el riesgo en los niños, niñas y adolescentes que viven factores de riesgo en medio del confinamiento social? Para esta pregunta hay dos escenarios que le permitirán comprender de una forma más clara esta problemática. Imagine usted, andar de paseo por un bosque y encontrarse con una pantera, de inmediato las glándulas suprarrenales iniciaran el proceso para liberar cortisol y las glándulas adrenales secretaran la adrenalina, un mecanismo de hormonas de estrés, que le permitirá huir y buscar un lugar a salvo. Ahora imagine este otro escenario, encontrarse en un lugar encerrado con esa pantera todos los días, que lo ataca y no puedes acudir a pedir ayuda porque en el exterior existe un virus que llegó a cambiarte la dinámica y ahora no puedes ir a espacios seguros, como lo solía ser la escuela, guardería o alguna red de apoyo familiar o comunal.

Y este contexto de la pandemia se vuelve aún más preocupante cuando se encuentran estos escenarios: madres, padres u otro representante legal, que perdió su empleo o tuvo recorte de horas laborales, el abusador pasa más tiempo en casa, las redes de confianza en el entorno familiar inmediato son nulas, existe normalización del maltrato físico y verbal, la carencia económica provoca falta de alimentos, falta de servicios básicos y de recursos tecnológicos. La cual agudiza la incidencia de la violencia doméstica y la convivencia con abusadores en casa; según Poder Judicial (2020), en el primer trimestre del 2020 ingresaron en Juzgados de Violencia Doméstica un total de 14.513 solicitudes, no obstante, aún es pronto señalar estadísticas, pero debido al confinamiento hay mujeres que en este momento no pueden denunciar, en el caso de niñas y niños víctimas de algún tipo de abuso se les limita la capacidad para denunciar; ya que la escuela por ejemplo suele ser un lugar seguro para que los menores revelen algún tipo de abuso.

Por otro lado, se encuentra el acceso limitado o nulo a la educación en esta nueva normalidad, debido a las condiciones socioeconómicas que vive esta población en riesgo, seguir el ritmo de una educación virtual, específicamente aquellos hogares que no cuentan con electricidad, internet, computadora e incluso porque la persona encargada es analfabeta, es imposible. A esto se le suma, la carencia económica que limita adquirir materiales para la educación y que viven en condiciones de vivienda no aptas, ya sea por las condiciones de infraestructura que en muchas ocasiones son inhabitables, no les permite un aprendizaje pleno afectando la concentración y disciplina en el estudio.

Conviene subrayar, que las instituciones que trabajan para las personas menores de edad deben promover mayores estrategias para que servicios esenciales como la salud y servicios sociales, derecho a la educación con acceso a internet, derecho al juego, ocio, recreación, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia en el hogar, derecho de ser escuchado, derecho de protección inmediata, deberían ser estrictamente derechos asegurados, sin exclusión alguna.

En definitiva, todas las personas menores de edad deberían tener asegurado una respuesta inmediata para atender sus experiencias adversas, siendo una implicación política mejorar los programas de atención a la infancia y la adolescencia. Asimismo, una responsabilidad de toda la ciudadanía de proteger y denunciar cuando conozcamos que algún niño, niña o adolescente esté viviendo episodios traumáticos.

Para esto, se considera pertinente y necesario fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, brindar atención integral a las personas menores de edad y sus familias con modelos de atención que se pueda cumplir, regular la carga laboral de los colaboradores para mejorar los servicios sociales, supervisión cualitativa en los procesos de atención social, innovar con herramientas tecnológicas y disminuir procesos burocráticos.

Es urgente que el Estado brinde herramientas inmediatas para la atención de las personas menores de edad que experimentan un estrés tóxico causado por eventos de alta intensidad, frecuencia y cronicidad; y que mientras el sistema de protección a la niñez se haga más robusto, se reducirán los programas de apoyo y recuperación en un futuro. Necesitamos que los niños y niñas sean atendidos a tiempo.

¡Desmitifiquemos la violencia!

* Trabajadora Social

Referencias

Academia Americana de Pediatría (2015). Las experiencias infantiles adversas y las consecuencias del trauma para toda la vida. Disponible en https://www.aap.org/en-us/Documents/ttb_aces_consequences_spanish.pdf

Código de niñez y adolescencia (2003). Disponible en https://www.acnur.gorg/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9503.pdf

Observatorio de violencia de genero contra las mujeres y acceso a la justicia (2020). Violencia doméstica. Disponible en https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-busco/estadisticas/violencia-domestica/

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ANDA denuncia agresión

Escrito el . Publicado en Derechos.

SURCOS recibió de parte de ANDA la siguiente denuncia:

“Este miércoles 29 de noviembre, nuestros compañeros Jorge Mora Portuguez y Vanessa Dubois Cisneros (ARCA-FANCA), sufrieron una agresión de un grupo de cobardes enmascarados que, intentando infundir temor con tácticas violentas, acosadoras y sin argumentos, recurren a la intimidación y a la agresión directa para mostrar su disconformidad con quienes piensan distinto.

Incluso han fomentado discursos violentos en redes promoviendo actos terroristas como tirar ácido a las personas.

El hecho sucedió en un foro sobre el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico que fue aprobado en primer debate el pasado 2 de noviembre.

Repudiamos este acto que pretende borrar la discusión democrática mediante la violencia. Lamentamos que este tipo de situaciones se presenten en cualquier espacio de discusión, menos aún en un centro académico.

Exigimos a las autoridades de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica que tomen cartas en el asunto e investiguen lo sucedido para identificar a las personas responsables, dentro y fuera de la institución.

Expresamos nuestra solidaridad para nuestra compañera y nuestro compañero y reivindicamos como parte central del movimiento ambiental nuestra esencia pacifista.

 

No callaremos. No abandonaremos nuestras luchas.

ANDA – Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)».

 

Enviado por Jorge Mora Portuguez.

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Personas migrantes y de frontera lanzan campaña en defensa de sus derechos

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

Comunicado de prensa

  • A través de una aplicación las personas pueden hacer denuncias en tiempo real

 

Diego Molina M.

alzomivozcr@gmail.com

 

Ante los numerosos casos de violaciones a los derechos de las personas migrantes, de frontera y solicitantes de refugio que se viven en Costa Rica, diversas organizaciones comunitarias, con el apoyo de la Fundación Cenderos, se unieron para lanzar la campaña “Alzo La Voz en Acción por Nuestros Derechos”, la cual busca que las poblaciones afectadas puedan realizar denuncias en tiempo real a través de una plataforma virtual, y que también puedan incidir en las instituciones públicas.

“A través de la campaña esperamos que las instituciones del Estado sean garantes de aquellos derechos en los que prevalezcan la igualdad de condiciones al acceso de los servicios públicos, documentación, oportunidades de educación y desarrollo, empleos dignificantes, atención a situaciones de violencia basada en género, información sobre salud sexual y reproductiva, entre otros”, afirmó Maricela Hinkelammert , de la Fundación Cenderos (Centro de Derechos Sociales de la Persona Inmigrante).

La campaña fue presentada ante representantes de diferentes instituciones y medios de comunicación el viernes 29 de setiembre en el centro del cantón fronterizo de Upala, en la Zona Norte del país. En la actividad se expusieron situaciones que viven constantemente las personas jóvenes, las mujeres y las personas trabajadoras migrantes y transfronterizas, y se presentó la plataforma virtual https://alzomivoz.ushahidi.io/ donde se pueden realizar las denuncias de manera geo-referenciada (en un mapa interactivo). Al día de hoy la plataforma cuenta con 30 denuncias.

“Nuestra principal problemática es falta de documentación, que constituye una barrera para hacer valer la salud y educación. Muchos dejamos muestro país por una cuestión de economía y por nuestra condición de irregularidad tenemos menos oportunidades”, expuso Jusneysi Martínez, joven migrante nicaragüense que vive en Costa Rica desde hace tres años.

Personas migrantes y de frontera lanzan campana en defensa de sus derechos2

La campaña contará con un fuerte componente de trabajo en las comunidades, donde organizaciones como la Red de Mujeres Migrantes y Nicaragüenses, la Red de Promotoras Comunitarias en Prevención de Violencia, la Red de Jóvenes Migrantes y Transfronterizos/as de Upala, y la Red de Trabajadoras y Trabajores Migrantes y Transfronterizos realizarán jornadas informativas sobre derechos humanos y explicarán el uso de la plataforma virtual.

Estas organizaciones han venido participando desde el 2016 en un proceso de capacitación facilitado por Cenderos y el instituto IPADE de Nicaragua, con el financiamiento de la Unión Europea, en el que han formulado agendas políticas basadas en el análisis crítico de sus realidades y planes de incidencia política enfocados en mujeres, jóvenes y personas trabajadoras.

En Costa Rica viven alrededor de 380 mil personas migrantes (censo nacional de 2011), las cuales sufren día a día dificultades como explotación laboral, negación de atención médica en centros de salud de la CCSS, deficiente acceso a la educación y obstrucción de los procesos para regularizar su condición migratoria, entre otras. Muchas de estas situaciones se agudizan en la zona transfronteriza, donde la presencia institucional es escasa.

Más información:

Personas migrantes y de frontera lanzan campana en defensa de sus derechos3

Enviado por Alzo la Voz.

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Honduras: denuncian amenazas, hostigamiento policial y criminalización de defensores de derechos humanos

Escrito el . Publicado en Derechos.

Señor Fernando Neda Castro

Oficina Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras

OACNUDH

Su Despacho.

 

Atención señora Silvia Lavagnoli

Representante Adjunta.

 

Agradecer la socialización del comunicado de prensa del grupo de expertos de la ONU, relacionado con el atentado criminal que fuera objeto nuestro compatriota defensor de los DDHH, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, gerente del programa del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI – SOMOS CDC, el pasado 10 de julio de 2017 cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el cual condenamos y exigimos de las autoridades competentes una investigación inmediata, oportuna y exhaustiva para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales para la deducción de las responsabilidades penales y brindar protección inmediata y efectiva a la seguridad, libertades y vida del compañero defensor de los DDHH.

Lo anterior es un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, especialmente desde que se produjera el GOLPE DE ESTADO MILITAR RELIGIOSO contra el gobierno legítimamente constituido en aquella fecha del 28 de junio del 2009, por parte de la oligarquía nacional, el Pentágono y la derecha internacional, condenado por la ONU, La CIDH, La FIDH, el PARLACEN, reconocido por la Comisión de la Verdad en su informe final, lo que ha justificado la instalación por parte de las Naciones Unidas a petición del Estado hondureño, de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, por los más de 60 mil muertes violentas ocurridas en estos años y su mandato de coadyuvar y fortalecer los procesos, programas y proyectos tanto del gobierno como de la sociedad civil para restablecer la institucionalidad democrática y el ESTADO DE DERECHO, que nos lleve a los hondureños y hondureñas como nación libre y democrática restablecer el sistema de las garantías y libertades constitucionales de la población y la ciudadanía preceptuadas en las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José.

Somos decenas de compatriotas dedicados a esta noble causa y labor por la que hemos sido objeto de amenazas, persecución, agresiones y hasta pérdida de la vida como el caso de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores que en algún momento en el desempeño de nuestro trabajo de defensa, protección, promoción, asesoría, acompañamiento y veeduría en materia de justicia en favor de millares de compatriotas víctimas de violaciones a los derechos humanos por actos constitutivos de abuso de autoridad y poder por parte del Estado y sus autoridades, grupos o personas con poder fáctico.

CASO O SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONFLICTO SOCIAL

Actualmente están siendo criminalizados por el Estado de Honduras (10 líderes ambientalistas), miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) y pobladores vecinos del Boulevard de la Villa de San Francisco, perseguidos, amenazados y hostigados constantemente por parte de la ENEE, Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y ahora en los ÚLTIMOS 12 DÍAS desde el 25 de julio por parte de la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA de la Jefatura Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga (TEL. 2775-8261 Y 2775-9275, quien supuestamente cumpliendo órdenes superiores desde el pasado martes 25 de julio 2017, desde altas horas de la madrugada (3:00 a.m. y 4:00 a.m.) ha movilizado entre 60 y 80 efectivos policiales y militares y comandos del Escuadrón COBRAS para amedrantar, amenazar e intimidar hasta con los fusiles de asalto CERROJEADOS como el pasado viernes 04 de agosto 2017 entre las 3:40 a.m. y 5:40 a.m. (Cuándo llego con 5 patrullas al municipio y luego llegaron 7 patrullas más y un Camión Comando de COBRAS, quien al ver la reacción de los pobladores unas 200 personas que en forma pacífica se les acercaron y le dijeron, está es su responsabilidad histórica, quítenos la vida si quiere, nadie anda armas, somos una comunidad pacífica, aquí no hay criminalidad, pero es su responsabilidad por lo que pase aquí, ordeno de inmediato la retirada de todos los militares y agentes policiales). Amenazar que son constantes a los dirigentes y líderes ambientalistas y más de 400 pobladores del Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, por oponerse a la instalación de LINEAS DE ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LINEAS K Y B DE 69 MIL VOLTIOS) por el Casco Urbano de la ciudad del proyecto AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA adjudicado mediante contrato de varios años a la EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES, previo al otorgamiento de una licencia ambiental No. 070-2015 en el año 2015 y resolución No. 0435-2015 por parte de la SERNA o MI AMBIENTE que preside el señor Ministro Ingeniero JOSÉ LUIS GALDAMEZ de forma irregular al no haber sido debidamente, INFORMADA, CONSULTADA Y SOCIALIZADA la misma con la población como lo establece la Ley de Municipalidades, La Ley General del Ambiente y tratados internacionales en la materia, según el informe y dictamen técnico de la Dirección de Evaluación E impacto Ambiental DECA y el SINEIA, al falsear la información y por lo cual se ha presentado una PETICIÓN mediante escrito formal por parte de los habitantes ante la SERNA o MI AMIENTE, el pasado 07 de mayo de 2017, para la revisión, suspensión y cancelación de dicha licencia ambiental y el día de ayer lunes 07 de agosto 2017, se ha formalizado denuncia ante la Misión Internacional de Apoyo al combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, por considerarse se cometieron supuestos actos de corrupción en la tramitación y otorgamiento de la licencia ambiental y los contratos de suministro de energía eléctrica con la SERNA y la ENEE No. 066-2014, sin que se haya aprobado la licencia respectiva, la cual fue recepcionada con la documentación respectiva.

Los pobladores y la misma Corporación Municipal como autoridad máxima del municipio, estiman que dicho proyecto es de interés nacional y de gran utilidad para el país, pero su oposición es al tránsito de las líneas o cables de alta transmisión por el casco urbano de la ciudad por temor de los daños que en materia de salud ambiental, especialmente la generación de LEUCEMIA INFANTIL y cáncer en las personas mayores y posibles accidentes por ser una zona altamente poblada de conformidad con estudios y estándares internacionales en la materia sobre los efectos del campo electromagnético o radiación electromagnética.

CRIMINALIZACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE POR PARTE DE LA ENEE, FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS. EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 119-2017 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, PRESENTADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. JUEZ, ABOGADO OSIAS JUAREZ.

IMPUTADOS

1.-JOSÉ JORGE AGUILAR PONCE, IDENTIDAD 0827-1970-00058 cel.9726-6139

2.- JAIRO RAÚL PONCE TRUJILLO, IDENTIDAD 0827-1985-00072

3.-PEDRO CECILIO PONCE GARCIA, IDENTID 0826-1953-00083 C.3231-9345

4.- RODOLFO QUEZADA BENGTSON, IDENTIDAD 0827-1954-00081

5.- SAMIR RODIL DURON VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1965-00009

6.- LUIS ALBERTO CHACON REYES, IDENTIDAD 0708-1977-00315

7.- CARLOS HUMBERTO MURILLO PONCE, IDENTIDAD 0827-1982-00229

8.- CONCHA MARIA ELVIR VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1964-00002

9.- SONIA MARÍA QUEZADA ROSA, IDENTIDAD 0827-1981-00159

10.- SANTOS ESTER VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1988-00205

Todos mayores de edad, casados unos y solteros otros, vecinos del municipio de la Villa de San Francisco.

DELITOS IMPUTADOS: USURPACIÓN EN PERJUICIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), POR REQUERIMIENTO FISCAL, EL CUAL LUEGO DE UNA PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS Y DECRETADAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A SU FAVOR, EN LA AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, DE LAS 11:00 A.M. A LAS 5:30 P.M. LES FUE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, POR LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y MEDIOS DE PRUEBA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS ACUSADORES, QUIENES SE HAN IDO EN APELACIÓN ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA EFECTO QUE LES REVOQUEN EL SOBRESEIMIENTO Y EL JUZGADO LES DECRETE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE USURPACIÓN ARTÍCULOS 227 Y 231 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.

 

Abogados de la ENEE

Abogada Zulema Duarte, cel. 3379-4919

Abogada Norma Núñez, cel. 8916-7515

 

APODERADAS LEGALES EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Abogada Smirna Ivette García Medina, casada, colegiación No. 13,599, oficinas Col. Palmira, calle República de Venezuela No. 2156, Tel. 3284-8419, 2238-5242 Telefax 2238-1026. Email: smirmg@yahoo.es

Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, casada, colegiación No. 14869, teléfono 3389-2550. Email: aixagzg@gmail.com

Abogada Fany Martínez

 

ABOGADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Abogado Milton Noel Paz Pineda, Coordinador Fiscalía de Talanga, cel. 9454-2920 Fijo: 2775-7486

Abogada Wendy Xiomara Murillo, colegiación No. 12480 del Colegio de Abogados.

Abogada Karen Motiño, de Fiscalía Delitos Comunes

 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)

Inspectora de Policía Fany Barahona, Jefa de la DPI de la ciudad de Talanga. Cel. 9461-0114, tel. 2775-9275.

 

JEFATURA DEPARTAMENTAL No. 8 CIUDAD DE TALANGA

Sub Comisionado de Policía Don JOAQUIN FLORES MARADIAGA. Tel. 2275-8261

 

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA LOS DEFENSORES DE DDHH AMBIENTALISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- MP-104-2017, Fiscalía de Talanga.

2.- MP -1487880502-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

3.- MP- 1489414418-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

Todas incoadas por las apoderadas legales de la ENEE, abogadas Zulema Duarte y Norma Núñez por órdenes del señor Gerente General de la ENEE ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, resolviendo en Auto Motivado la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, por la sección de instrucción por medio de la Fiscal Jefa, Sección de Instrucción Fiscalía Especial de Delitos Comunes Abogada Wendy Xiomara Murillo.

El Ministerio Público no obstante que en reunión previa con el abogado Milton Noel Paz Pineda en su sede fiscal de la ciudad de Talanga, se les presento un escrito junto con la documentación respectiva, para coadyuvar en el proceso de investigación y que tuvieran una actuación objetiva e imparcial en representación de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (es decir garantizar el derecho a la salud de la población de la Villa de San Francisco, así como el derecho a ser informados, consultados y tomados en cuanta para cualquier proyecto de desarrollo, económico, turístico o comercial que les pueda afectar en su ámbito o espacio territorial) como se los manda el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, hicieron caso omiso y consideramos que por las presiones e influencias posiblemente de la gerencia de la ENEE, su Gerente Jesús Arturo Mejía Arita, el propio gobierno de la República y la empresa Azucarera Tres Valles, optaron por criminalizar a los defensores ambientalistas con la finalidad de intimidarlos, dividirlos y amedrentarlos en su justa lucha por defender su ambiente y la salud de la población. Por lo que a nuestro criterio como Procurador de los Derechos Humanos, considero se ha producido una colusión entre entidades públicas del Estado para criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras del ambiente.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA DEL AMBIENTE POR PARTE DE CAPIRHO Y POBLADORES VILLA DE SAN FRANCISCO No. 1487195560-2017

Presentada por el Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, presidente Comité Ambientalista Independiente CAPIRHO y el señor Pedro Cecilio Ponce García coordinador de los vecinos del Boulevard la Villa de San Francisco, por los delitos de DAÑOS AL AMBIENTE por el corte ilegal de centenares de árboles maderables por parte de la empresa concesionaria del proyecto eléctrico AZUCARERA TRES VALLES, actualmente en proceso de investigación fiscal.

No. 1487195560- 2017 del 15 de febrero de 2017. Fiscal Titular abogada Lorena Fernández Meza. Teléfonos 2221-3099, 2221-5620 extensión 2217. Email: gmrodriguez64@gmail.com Secretaria Gloria Rodríguez.

 

ACTORES PRIVADOS INVOLUCRADOS

1.- EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Ingeniero Walter Kenneth Reyes Alvarado, Gerente General. Emailwreyes@tresvalles.hn

Licenciado Leonardo Ulloa, Administrador

Gavin Alvarado, CATV. Email galvarado@tresvalles.hn

Ingeniero José Antonio Reyes Guillen, gerente de Industria. Emailjareyes@tresvalles.hn

Wilson Henríquez M. email whenriquez@tresvalles.hn

Teléfonos de contacto. 2766-3354, 2766-3381, fax 2766-3356.

 

2.- EMPRESA CONSTRUCTORA ENERCOM

Ingeniero Carlos Suazo, gerente general

Ingeniero Arnold Meza Gerente Tegucigalpa

Ingeniero H. Raúl Enamorado, supervisor de instalaciones eléctricas

Licenciado Carlos Hernández, Auditor

Ingeniero Francisco Casco, supervisor civil

Ingeniera Laura Flores, supervisora de ambiente

Ingeniero Emilio Alfaro, supervisor de proyectos

Ingeniera Eloísa Guillen, supervisora civil

Nelson Isaías Méndez Padilla, empleado, identidad 1501-1982-00504

Henry Francisco Sauceda, empleado, identidad 0801-1975-20790

Dirección: Col. Arenales- Satélite, salida hacia la Lima, local #2, San Pedro Sula. Tel. 2559-1277, 2559-1257, 2559-1289

Tegucigalpa, Centro Comercial Los Próceres. Tel. 2280-2929, fax 2280-2930.

 

3.- Notario

Abogado José Eliodoro Zamora Flores, colegiación No. 2627, execuátur No. 1624, oficnas colonia Loma Linda Norte, intersección avenida Vernon y avenida Huri-FAO, casa No. 2643.

 

4.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco, ingeniero agrónomo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, testigo

 

5.- ENEE

Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, gerente general

Señor Carlos Roberto Ballesteros Vallecillo, testigo

 

SERNA O MI AMBIENTE

Ingeniero José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas.

 

Como es de su conocimiento señora Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el pasado martes 01 de agosto solicitamos a la Vice Ministra de Derechos Humanos Abogada Norma Cerrato, la mediación del gobierno central de la República para prevenir una represión policial militar contra los habitantes de este término municipal de la Villa de San Francisco, por estar siendo hostigados, amenazados y perseguidos durante 12 días consecutivos por la Policía Nacional de Honduras al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA en cumplimiento de supuestas órdenes superiores, sin acreditar ninguna orden por escrito o una orden de carácter judicial, en virtud que otras autoridades competentes del Estado de Honduras ya están conociendo del asunto. En ese sentido la señora Vice Ministra de DDHH autorizo a la Licenciada Kenia Irías Directora General de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos dependiente de dicha Secretaría de Estado, realizar una investigación, instruir las medidas de prevención del caso ante las autoridades y jefes policiales, funcionaria que el día de ayer lunes 07 de agosto constituyo una Comisión integrada por el Abogado Roberto López y la abogada Escalante para personarse ante la Delegación Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga, la comunidad de la Villa de San Francisco y las demás autoridades municipales y estatales para iniciar un proceso de mediación y resolución de este conflicto social comunitario que amenaza con vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los defensores y defensoras de derechos humanos del ambiente y los recursos naturales de este término municipal y a quienes ya el pasado mes de febrero de 2017 el CONADEH les decreto medidas de seguridad por parte de la misma policía nacional.

De conformidad con la misma Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 55 y 56 El Estado de Honduras se ha obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito de su jurisdicción, ya sea por medio de medidas conjuntas o separadas en cooperación con la ONU, así como los deberes y obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana (CADH) en sus artículos 1 y 2 sobre las obligaciones generales de respetar y garantizar estos derechos fundamentales que están obligadas a observar todas las autoridades competentes.

Si el gobierno de la República es su voluntad política de promover y desarrollar una cultura y Estado de Derecho al interno del Estado y la sociedad hondureña, debería de iniciar una política integral de prevención de todo abuso de autoridad por parte de los entes competentes, garantizando de forma efectiva el trabajo de los y las defensoras de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la constitución, las leyes y tratados internacionales.

En ese sentido solicito a la OACNUDH, demandar de forma urgente del gobierno de la República que preside el abogado Juan Orlando Hernández el cese de todo ACTO DE REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN por parte de las autoridades policiales y militares en contra de los pobladores habitantes de la Villa de San Francisco y los miembros directivos del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) en su legitima lucha de defensa del medio ambiente y la salud de la población infantil y adulta garantizados por el artículo 145 y 326 constitucional y otras leyes de carácter general como La Ley General del Medio ambiente y la Ley de Municipalidades vigentes en el marco de la implementación de este proyecto “Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa y la Red de Conexión al Sistema de Distribución, por considerar que les afectará en sus derechos y salud al pasar las líneas del cableado de alta tensión (69 mil voltios) por el casco urbano y centro poblado de la ciudad, del cual ya hay referencias locales que por estar instalado ilegalmente otro proyecto de esta misma compañía Azucarera Tres Valles sin la respectiva licencia ambiental de supuestos 34 mil voltios que pasan por el mismo boulevard para su uso privado, ya hay unas 12 personas afectadas con CANCER y sin posibilidad de tratamiento especializado alguno.

 

Tegucigalpa, MDC 08 de agosto de 2017.

 

LEONEL CASCO GUTIÉRREZ

Procurador de los Derechos Humanos

Director General APRODEH

Cel. 9892-6935/8764-7649

Email. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com y aprodeh.hn@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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El peligroso legado de UPOV

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

  • Costa Rica: ecologistas esperan audiencia por denuncias contra oficina estatal y nace revista “La Agroecóloga”

 

La Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON) esperan por estos días que se los cite a la primer audiencia judicial por la demanda presentada contra la Oficina Nacional de Semillas (OFINASE), por el incumplimiento de la Ley de Biodiversidad.

En diciembre el Tribunal Contencioso Administrativo acogió la demanda. Las dos redes ecologistas denuncian a la OFINASE por otorgar “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” sin cumplir con el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, que exige una “consulta previa obligada” a esa entidad ante la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). Ese artículo declara que “la oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la patente o protección de la innovación”.

Radio Mundo Real entrevistó este miércoles al activista Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, para ampliar sobre esta denuncia y las expectativas de las redes que la presentaron.

Aprovechamos la instancia además para consultar a Picado sobre “La Agroecóloga”, revista campesina gestionada por la Red de Coordinación en Biodiversidad y recién lanzada, que se convierte en la primer revista especializada en agroecología de Costa Rica.

 

Fuente: Radio Mundo Real.

Enviado a SURCOS por por Alejandra Porras Rozas de CoecoCeiba.

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FECON responsabiliza a MINAE por la vida de ecologista e informa al relator de la ONU

Escrito el . Publicado en Derechos.

Amenazado una vez más

 

El pasado 8 de octubre hacia el final de la tarde, Alcides Parajeles escuchó disparos cerca de su propiedad en Osa. El ataque le costó la vida a un cerdo y otro quedo mal herido. Al día siguiente, domingo 9, su hijo encontró en los linderos de su propiedad a un muchacho con una carabina y al dueño de la finca vecina.

En julio del 2013 fue objeto de disparos por parte de unos cazadores. Afortunadamente, él resultó ileso. En las páginas de los periódicos nacionales, abundan las denuncias contra cazadores y contra la deforestación, que este activista, ha hecho a lo largo de su vida.

Tras este nuevo hecho de violencia, FECON insiste en el establecimiento un protocolo para investigación y prevención de estos hechos. Así como un fuero de protección para los activistas en materia ambiental. Al mismo tiempo, responsabilizamos al MINAE y al Gobierno por la vida de los ecologistas como Alcides que actúan en defensa del ambiente. FECON está informando al Relator Especial de la ONU, Michel Forst, para este hecho se incluya en el informe que prepara para presentar en Asamblea General de la ONU sobre la situación de las personas defensoras del ambiente a nivel mundial.

Alcides de 71 años de edad, cuida y vive desde los 4 años en la finca que le pertenece a su familia y consta de unas 550 hectáreas. Don Alcides ha dedicado buena parte de su vida a la protección de la fauna silvestre y los bosques de la Península de Osa. Sin haber ido un solo día a la escuela, como siempre dice con orgullo, pues se ha hecho experto en denunciar los daños ambientales, aún sin saber leer y escribir.

El sustento de la familia de Parajeles depende básicamente de la producción de la finca así que por años intento recibir pago por Servicios Ambientales del cual empezó a beneficiarse desde 2003, lo que le permite tener un ingreso suficiente y seguir cuidando la naturaleza. Sin embargo, recibir estos incentivos no ha sido fácil. Deben renovarse cada cinco años y los requisitos legales son cada vez más complicados.

Informes con Alcides Parajeles: 85305132

 

*Lea también:

Nuevo atentado contra ecologista en Osa

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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