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Etiqueta: servicios de salud

Unidad en la acción para derrotar la privatización y desmejora en los servicios de salud

Con el fin de detener la privatización y el desmejoramiento de los servicios de salud a nivel nacional, el próximo miércoles 29 de marzo del 2023, a las 6:00pm, en el Centro de la Cultura de Grecia, se llevará a cabo una reunión para generar acciones a favor de la defensa de los servicios de salud de la CCSS.

Se hace un llamado a toda la población, a  los diversos actores sociales y organizaciones de la comunidad a sumarse a esta unidad de acción. Esta iniciativa ha sido el fruto del esfuerzo de muchos griegos ubicados en los sectores: comunales, magisteriales, salud, autoridades municipales, sociedad civil etc.

Esta iniciativa del Cantón de Grecia, debe de analizarse y con carácter de urgencia, iniciarse en los demás cantones, ya que ¡el impacto de las medidas del gobierno son negativas a nivel nacional!

 

Compartido con SURCOS por Carlos Vega.

Felicitaciones a la población de Osa por marcha pacífica

SURCOS comparte la siguiente información:

Felicitamos a los hombres y mujeres conscientes del cantón de Osa que han acudido al llamado de hoy, y que se están haciendo presentes a la marcha convocada para el día de hoy viernes a las 8:00 a.m. en Ciudad Cortés, para expresar su interés y demandar soluciones a las serias deficiencias en los servicios de atención médica, por falta de especialistas, equipo, medicamentos adecuados y en cantidad suficiente para atender las necesidades de l@s habitantes de Osa, y los demás cantones de la Zona Sur que se está presentando en el Hospital Tomás Casas Casajús y otros hospitales de la Zona Sur. 

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Se exige a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social que se resuelva en el menor tiempo posible la grave situación que atenta contra la salud y la vida de tod@s l@s sureñ@s.

La Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP) reitera su felicitación, admiración y respeto a la comunidad reunida hoy, marchando por sus derechos y luchando por mejores condiciones de vida para tod@s.

» Si el presente es de lucha el futuro es nuestro».

» Las luchas que se pierden son las luchas que no se dan o se abandonan».

«Sin luchas no hay victorias».

Firma responsable: Renier Canales Medina, Presidente (ADUSP)

Mi absoluta oposición a la reforma de las pensiones IVM y la reducción de los ingresos de la Caja

Martha Elena Rodríguez González

Martha Elena Rodríguez González
Miembro de la Junta Directiva CCSS
San José,29 de agosto 2022

Para complacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y favorecer al sector patronal que paga los salarios más bajos, la Junta Directiva de la CCSS sometió a consulta pública un proyecto de reforma reglamentaria, cuyo objetivo es reducir las contribuciones de los patronos.

La Caja dejará de percibir, por la reducción de las contribuciones patronales, la exorbitante cantidad de ₵ 20.000 millones anuales, lo que afectará la prestación de los servicios de salud y las pensiones.

La justificación que se arguye para modificar el reglamento es que las personas trabajadoras que devengan los salarios más bajos puedan afiliarse a la CCSS; pero la realidad es que solo se disminuye el aporte patronal, y no así el de los trabajadores.

Además, el costo de reducir las contribuciones patronales será asumida por los trabajadores. El requisito mínimo para pensionarse son 300 cuotas mensuales (25 años cotizados), con la reforma los trabajadores con ingresos inferiores al Salario Mínimo mensual, se les aplicará solo un ¼ de cuota (4 meses laborados son 1 cuota). Es decir que el trabajador necesitaría 100 años para jubilarse.

Como si fuera poco, este nuevo esquema aplicará en una primera etapa solo para trabajadores menores de 35 años, resultando evidente la discriminación etaria, profundizando los obstáculos para que los patronos contraten personas mayores de esta edad.

Esta reforma resulta insostenible y salvaje. Por esto, en mi condición de representante de la clase trabajadora, por el sector sindical, he manifestado mi rotunda oposición, de manera reiterada, por las graves implicaciones que tendrá en las personas trabajadoras.

Asimismo, informo y advierto que este asunto estará nuevamente en debate el próximo jueves 2 de setiembre.

En lugar de una consulta de mero trámite, en cumplimiento del artículo 9 constitucional, la Junta Directiva debería establecer espacios reales y democráticos de diálogo social, de forma que las políticas en materia de seguridad social no vayan en detrimento de los trabajadores y las familias del país.

FRENASS: “UCCAEP y la prensa mienten, no es cierto que los servicios tercerizados sean más baratos”

SURCOS recibió el siguiente comunicado del Frente Nacional por la Seguridad Social:

En febrero del 2020, la C.C.S.S. asumió la administración de los servicios de salud de Montes de Oca, Curridabat, San Juan San Diego y Concepción de La Unión, a la luz de la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la Caja y demás normativa vinculante.

Dolidos porque el negocio de salud se les terminaba, la UCCAEP y los medios de comunicación impulsaron una campaña de desprestigio del proceso de institucionalización, desinformando y mintiendo, entre otros aspectos, sobre temas referidos a los costos. Se ha dicho que la Institucionalización ha costado más a los bolsillos de los contribuyentes y por ende, a La Caja… Pues, ¡¡¡MINTIERON!!!

Desde las comunidades, veníamos rechazando tales argumentos sin eco alguno en los medios de comunicación tradicionales. No han sido suficientes la satisfacción de las comunidades ni la mejoría evidente de los servicios de salud.

Recientemente, a solicitud de la Junta Directiva de la C.C.S.S., se emitió un informe de Auditoría (en nuestro poder) que viene a desvirtuar esa furibunda campaña orquestada desde las cámaras patronales, que una y otra vez quieren convencernos de que la tercerización de los servicios de salud es mejor y más barata, con el propósito de ocultar las intenciones de privatizar la Institución para convertir la salud en un negocio, el cual, en este caso, se les fue de las manos.

El informe ha permitido concluir lo siguiente:

  • La decisión de la Junta Directiva de la Caja, que en su oportunidad optó por institucionalizar los servicios de salud, se hizo apegada a derecho, a la Constitución Política de la República, a la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. y a toda la normativa institucional. El informe reitera que “… la contratación para la provisión de servicios de salud por parte de proveedores externos debe ser de carácter estratégico o excepcional”.
  • Se destaca que a la Junta Directiva de la Caja se le presentaron cuatro propuestas sobre la estimación de los costos de institucionalizar los servicios, en los cuales no fueron contemplados en el Estudio de Factibilidad, los nuevos servicios que la Caja está brindando a las comunidades del área del este de San José.
  • Al comparar la oferta de la UNIBE con los servicios prestados por la Caja, queda en evidencia que la oferta privada en materia de personal es superior al de la C.C.S.S., UNIBE ofreció atender los servicios con 482 plazas y la contratación real de la Caja fue de 395 plazas, es decir, 63 plazas menos que las utilizadas por la UNIBE.
  • Además, en la oferta privada no se incluyó el Laboratorio Clínico, dado que los servicios se los otorgaba la Caja a través del laboratorio del Hospital San Juan de Dios, de esta manera, la contratación con UNIBE contemplaba únicamente la toma de muestras a los usuarios de las Áreas y el traslado de las muestras al Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios. Incluso, la Caja en su momento, reforzó con recurso humano ese Nosocomio para que asumiera la fase analítica de dichas pruebas.
  • La opción de disponer de un Servicio de Laboratorio propio no fue contemplada en el Estudio de Factibilidad para la Institucionalización de los Servicios de Salud y hoy, las comunidades cuentan con un Laboratorio en las Licitaciones Nacionales de Química Clínica, Hematología, Uroanálisis y Bacteriología, así como, la dotación del recurso humano necesario.
  • La UNIBE presentaba listas de espera en ese servicio de Laboratorio de hasta 6 meses, por lo que la Caja, al inicio de la Institucionalización, debió atender hasta 1500 pacientes en un día, cuando la capacidad instalada es de 800. Fue un rezago producto del número de muestras diarias negociadas en el contrato de UNIBE que no se llevaron a cabo.
  • La oferta privada no incluyó los costos de los materiales y de los suministros, que tenía que asumir la CCSS, los cuales eran despachados a la UNIBE desde el Almacén Central de la Caja, por lo tanto, para este rubro se determinó que el costo ascendía a ₡1,525 millones de colones, suma que no se incluyó en la oferta privada.
  • Con la Institucionalización se aumentó la oferta para los usuarios en cuatro EBAIS, lo cual genera un total 41 EBAIS (2 EBAIS por área de salud de Curridabat y San Juan – San Diego y Concepción de La Unión), así como el reajuste en cuanto a la distribución del personal a contratar.
  • Con la Institucionalización de los servicios de salud, la Caja y sus contribuyentes dejaron de gastar la suma promedio anual de 238 millones por concepto de utilidad a los dueños de la UNIBE, y que de conformidad con la Constitución Política, son recursos que “no pueden ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”.
  • El estudio de factibilidad no consideró los costos asociados a la apertura del Laboratorio clínico ni el servicio de Rayos X en odontología, para atender la demanda de servicios de la red este, por cuanto el escenario bajo el cual se elaboró ese documento, no consideraba la apertura de esos servicios. Anteriormente, el contrato de UNIBE otorgaba una atención básica en odontología, sin servicio de Rayos X, con lo cual si se garantiza una atención odontológica completa como se hace ahora con la Caja.
  • Finalmente, con la Institucionalización se le brinda a la población usuaria un Servicio de Laboratorio Clínico propio, atención odontológica especializada (procedimientos de Diagnóstico de Rayos X) en un centro totalmente equipado creado para cada área, elementos que no estaban contemplados en la contratación con UNIBE.

Concluye la Auditoría Interna de la Caja, que “la decisión adoptada por la Junta Directiva permitió a la institución, fortalecer y mejorar la prestación de los servicios de salud; la implementación de un servicio de Laboratorio Clínico, la ampliación de la atención odontológica especializada, y la sectorización realizada mediante la apertura de 4 EBAIS. Estas decisiones, no solamente favorecieron la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, sino también, la oferta de servicios en términos de accesibilidad, oportunidad y calidad de la atención”.

De lo anterior dan fe la población usuaria de los servicios de salud en las comunidades de Montes de Oca, Curridabat, San Juan-San Diego y Concepción de La Unión.

FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL
San José, 12 de noviembre 2020.

¿Quién paga la salud de las personas migrantes?

Jenyel Contreras Guzmán*

El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:

  1. Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
  2. Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
  3. Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.

Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.

Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.

Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses  acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.

Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.

Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.

Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.

* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen: https://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/costa-rica-garantiza-acceso-a-salud-para-indigenas-panamenos-durante-el-periodo-de-cosecha-del-cafe/

FRENASS: Con la unión de la gente si podemos detener la privatización de la C.C.S.S

Comunicado de FRENASS:

Este jueves 16 de abril del 2020, la Junta Directiva de la Caja, en sesión ordinaria conoció la nota que suscribimos 7.805 firmas ciudadanas de todo el país. Donde les solicitamos a las personas miembros de la Junta Directiva rechazar la propuesta de modificación de la política de la C.C.S.S. para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros), la derogatoria del artículo 38 del Reglamento a la Ley 7852 y la no aprobación de un nuevo reglamento para la contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros, porque promovería la privatización de los servicios de salud de la C.C.S.S.

La Junta Directiva trasladó nuestra solicitud a la Gerencia de Logística. No obstante, lo que más nos satisface es que también acordó que el asunto del Reglamento se verá cuando se considere oportuno, es decir, este tema queda pendiente para su discusión.

Nuestras manifestaciones y nuestra oposición a la privatización de la C.C.S.S., han obtenido sus frutos. Entre todos y todas hemos logrado un primer triunfo, hemos detenido momentáneamente una agresión mortal a la seguridad social y a la paz de nuestro pueblo. Sabíamos de la premura de algunas autoridades de la C.C.S.S. por querer modificar la normativa señalada y de los intereses privados y particulares que la impulsaban; por eso, celebramos con júbilo la decisión sensata de la Junta Directiva, pero que esto no nos engañe y no nos induzca a bajar la guardia ni a pensar que la lucha por la defensa de la Caja ha terminado. Por el contrario, hoy más que nunca, nuestra seguridad social corre peligro y debemos estar muy alertas para que no se contagie del virus de la privatización.

Este peligro existe desde el año 1998, cuando el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, nos anunciaba la “conveniencia de la privatización”; en el 2017, la OCDE señala que “en materia de gobernanza: no existe un mandato claro para la institución que se encarga de la cobertura de atención de la salud y de proveer los servicios de salud” y sugiere entre otras cosas, permite a los pacientes la elección de sus proveedores, incluidos los del sector privado (pagados con fondos públicos).

Hoy, cuando estamos viviendo la crisis más severa de salud a nivel mundial de las últimas décadas por el COVID-19, es cuando el sector público laboral de la Caja se constituye en un baluarte esencial en la detección, el tratamiento y la no propagación del contagio de este letal virus. El Gobierno y la mayoría de la Junta Directiva de la C.C.S.S. redujeron el 75% de la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de las pensiones, lo que reducirá en miles de millones de colones el presupuesto de la Caja, con el agravante de que el Gobierno de Carlos Alvarado no haya dado señales de querer cumplir con las obligaciones y las deudas pendientes con la Caja.

Por eso, no podemos olvidar que se sigue impulsando una agenda neoliberal contra la seguridad social que promueve su privatización. Hoy, más que nunca, debemos estar alertas y seguir en la lucha por la defensa de nuestra seguridad social y la paz social.

¡La C.C.S.S. es de nuestro pueblo y por eso entre todos y todas debemos defenderla, fortalecerla y hacerla crecer!

Frente Nacional por la Seguridad Social -FRENASS-

Junta de Salud de Montes de Oca llama a manifestación frente de las Oficinas Centrales de la CCSS

El pasado jueves 24 de agosto (y durante los siguientes jueves) se hizo un llamado a un piquete frente la CCSS, mientras se discute en la Junta Directiva de la CCSS el futuro de la administración de nuestros EBAIS.

Esto debido a que la Junta de Salud de Montes de Oca, desde el inicio del Contrato EBAIS UNIBE/CCSS ha estado dando seguimiento a los servicios que reciben los asegurados; hay personas aseguradas satisfechas, pero también hay personas aseguradas insatisfechas, las evaluaciones técnicas no dan buenos resultados, los problemas no se resuelven.

Los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y San Juan-San Diego-Concepción de La Unión deben ser asumidos por la CCSS, no se puede decir que los servicios de salud vuelvan a la CCSS porque nunca han estado en manos de la CCSS, desde la Reforma del Sistema de Salud en 1998, los servicios de salud del primer nivel de atención han sido prestados por un tercero, primero por la Universidad de Costa Rica ahora por el Consorcio UNIBE.

Por primera vez en la historia los servicios de primer nivel de salud de la CCSS quedaron en manos de una sociedad anónima y no hay mejoras significativas, algunos problemas como las filas en la madrugada, la no oportuna atención médica, las listas de espera en algunas unidades, la falta de medicinas y la poca atención de la promoción y la prevención de salud se mantienen en esta opción tercerizada, los problemas de la salud pública no se resuelven privatizando los servicios de salud.

La CCSS para recurrir a contratar terceros tiene que cumplir con requisitos, además según la normativa: «La compra de los servicios médicos o de salud a terceros deberá, en todo caso, ha de ser temporal, excepcional y contar con la previa declaratoria de inviabilidad, de conformidad con lo señalado en el artículo anterior”.

Y a se le sumamos que el contrato con EBAIS UNIBE es improrrogable porque la autorización que otorgó la CGR era por 4 años, no prorrogable.

Por esto el tema de fondo es que la Salud Pública debe estar en manos del Estado, no en manos de terceros que lucran con los dineros públicos de la Seguridad Social.

¿Por qué nuestro servicio básico de atención integral de salud está en manos de un tercero?

¿Quién gana con esta forma de gestión?

¡La Salud Pública en manos del Estado! ¡Es el momento a defender la CCSS!

 

Junta de Salud de Montes de Oca.

Junta de Salud de Montes de Oca en defensa CCSS

Enviado por Rafael López Alfaro.

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BUSSCO: todos a la caja el próximo jueves 24 de agosto

  • Información importante para organizaciones integrantes del BUSSCO
  • Esto es una lucha de todos

 

Las Juntas de Salud del Este (San Pedro, Curridabat, entre otras) están luchando porque los servicios de salud sean asumidos por la CCSS y se detenga así la privatización.

Este jueves 24 a las 10 a.m. habrá una manifestación frente a las Oficinas Centrales de la Caja en Avenida Segunda, para exigir a la Junta Directiva un acuerdo a favor de las necesidades de los usuarios.

El día lunes 21 de agosto la Comisión Política del BUSSCO revivió una delegación de dirigentes comunales y se tomó el acuerdo de:

Convocar a todas las organizaciones del BUSSCO a participar activamente en la manifestación del próximo jueves, es por ello que les instamos para que firmen de manera responsable su participación a más tardar el día miércoles 23 de agosto con el compañero Keith al 8646 1392.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de chichicastedigital.com

Enviado por Rafael López Alfaro.

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Vecinos de Barva se movilizan por el servicio de salud

Comunicado de Prensa

Vecinos se movilizan al salón municipal

Nuevo gobierno local de Barva de Heredia llama a las autoridades de la Caja y la empresa COOPESIBA para que expliquen la situación de la salud y el uso de las nuevas y millonarias instalaciones

 

Barva de Heredia, 19 de mayo del 2016.

El nuevo Concejo Municipal de Barva de Heredia, ha convocado para las cinco de la tarde del próximo viernes 20 de mayo del año en curso, a las autoridades de la CCSS, los personeros de la empresa COOPESIBA R.L., que es la empresa que vende el servicio de salud en el cantón, y a la Junta de Salud, para que den explicaciones…” sobre la prestación del servicio de la salud en Barva y del uso de la nueva infraestructura de la clínica”.

El Acuerdo No. 474-2016 fue adoptado en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del día 11 de mayo del año y responde al malestar y preocupación de los vecinos del cantón sobre la situación actual y futura del servicio de salud y el uso de las nuevas instalaciones del Área de Salud de Barva, que miden más de cinco mil trescientos metros cuadrados de construcción y que tuvieron un costo superior a los seis mil quinientos millones de colones, financiados con los fondos de la seguridad social.

Para Marlene Murillo Sánchez, Presidenta de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón de Barva e integrante de la Alianza Cantonal por la Defensa de la Salud de Barva de Heredia, las autoridades de la Caja deben responder donde están los estudios sobre la oferta y demanda de los servicios de salud de los usuarios del cantón de Barva y tendencias de crecimiento poblacional, que explican porque se construyeron instalaciones que están su utilizadas y lo que es más importante; dónde están los estudios que justifican entregar a una empresa privada un edificio público con todo su equipamiento, situación que nunca había pasado en nuestro país.

NO entendemos cómo las altas autoridades de la CCSS “premian” a una empresa privada a la cual la Auditoría Interna de la Caja y la Contraloría de Servicios le han “jalado el aire” por la prestación de un servicio deficiente y de mala calidad; recordó que en el Informe de la Auditoría deña lo 2014, se identificaron una serie de graves incumplimientos, entre los que destacan: No hay geriatria ni médico internista, lo que afecta a personas de la tercera edad y mayores con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, alzeimher, colesterol, triglicéridos, a pesar de que la CCSS se lo ha venido pagando.

El Informe agrega que en el 2013 no se aprovecharon 175 horas de especialistas en ginecología, pediatría y medicina familia y no se aprovecharon 368 citas médicas, que equivalen a la atención de 700 pacientes subsecuentes o 175 pacientes nuevos y existen largas listas de espera prácticamente en todos los servicios; p.ej. para el 31 de octubre del 2014 habían 219 en ginecología y 908 en psicología. En Electrocardiograma fue de 182 días; en el servicio de Cardiología para el distrito de San José de la Montaña fue de 83 días; para los adultos mayores en el distrito central de Barva fue de 23 días y en San Roque de 28 días; en Medicina interna y geriatra la lista de espera fue de 28 días.

La dirigente agregó que a pesar que la empresa COOPESIBA va a recibir más dinero en las nuevas instalaciones, el servicio de salud se ha desmejorado radicalmente, lo cual se evidencia en el hecho de que en el nuevo convenio la especialidad de PEDIATRIA ha sido eliminado totalmente y el de medicina familiar ha sido reducido a SOLO veintidós horas y media por semana.

Para mayor información puede comunicarse con Marlen Murillo Sánchez al Teléfono 8828 4233 y con el Msc. Rafael Eduardo López Alfaro al 8368 3214.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.

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El fin de la seguridad social brindada por el INS

¿Por qué realmente se busca la privatización total de los servicios de salud de los regímenes de riesgos del trabajo y del seguro obligatorio automotor?

En 1978 y bajo la iniciativa de los jerarcas y técnicos del INS, se crea el Título Cuarto del Código de Trabajo, el Régimen del Riesgos del Trabajo. Esta ha sido la reforma legal más importante desde la creación del Código en 1944.

Con este régimen solidario, universal y obligatorio, Costa Rica se ponía a la cabeza  a nivel mundial, en la atención médica y de rehabilitación para toda la fuerza laboral del país, incluyendo los beneficios para las personas afectadas por un accidente de tránsito. La cobertura médica sin límite de costo benefician desde esa época  a los trabajadores, aún y cuando el patrono no haya pagado el seguro.

Este cambio se correspondía con un INS solidario y con un modelo de Estado que atendía la seguridad social de la clase trabajadora.

Con el tiempo, distintas Administraciones en el INS acrecentaron los servicios y los beneficios, edificando un Albergue Temporal, un programa intenso de rehabilitación y reinserción del trabajador en el proceso productivo, aumentos en las rentas de los afectados permanentemente, entre otros.

Bajo la presente Administración, que ya lleva siete larguísimos años, el proceso ha sido a la inversa: se ha buscado hacer de la gestión del régimen de riesgos del trabajo, una gestión guiada por el lucro y la ganancia, no por la solidaridad social.

Su proyecto ha llegado a un punto de locura, en el cual mediante el “Contrato de administración de instalaciones y prestaciones de servicios de salud entre el Instituto Nacional de Seguros y Hospital de Trauma Sociedad Anónima» , conocido en la sesión de Junta Directiva del día miércoles 27  de noviembre, se pretende que la sociedad anónima HOSPITAL DEL TRAUMA, administre TODOS los servicios de salud que el INS está obligado a proveer a la clase trabajadora de este país y a los accidentados de tránsito.

Además se le entrega la administración de todos los bienes materiales (EDIFICIOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS MÉDICOS, etc.) que son propiedad del régimen de riesgos del trabajo y que hemos creado los patronos y trabajadores costarricenses durante décadas.

Liberación Nacional destruye la obra social que beneficia a toda la clase trabajadora costarricense.

Por lo anterior demandamos el pronunciamiento de todos los candidatos presidenciales, pero especialmente creemos obligado el pronunciamiento del Ing. Johnny Araya M., porque es un miembro de su partido, el Sr. Cónstenla Umaña, en un gobierno de su partido, los principales protagonistas de este desmantelamiento de la seguridad social, en perjuicio directo de toda la clase trabajadora del país y de todos los que a diario circulamos por las carreteras.

¿Por qué este desmantelamiento de la seguridad social que afecta a más de un millón de trabajadores y a miles de patronos, se hace sin explicación alguna, sin transparencia, sin la obligada audiencia de todos los afectados?.

Ante tal atropello y dada la gravedad de sus consecuencias para la mayoría de los costarricenses que brindan su esfuerzo para crear la riqueza de Costa Rica, como patronos y trabajadores, DEMANDAMOS.

1.- Que la actual Administración del Instituto explique a la opinión pública los verdaderos propósitos de la privatización de los servicios de salud que brinda el INS a la clase trabajadora y a los accidentados del SOA.

2.- Que los diputados que realmente velan por los intereses del pueblo costarricense, hagan comparecer a las autoridades del INS en las Comisiones de Gasto Público y Hacienda, para que justifiquen los atropellos a la seguridad social costarricense.

3.- Que los órganos fiscalizadores, Contraloría General de la República y Superintendencia General de Seguros, intervengan e investiguen a fondo, los procesos de privatización de los servicios de salud y la legalidad de las contrataciones que suscriben la actual Administración y el Hospital del Trauma S.A.

Finalmente hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, especialmente sindicales, y a todo el pueblo de Costa Rica, a rechazar de plano, esta maniobra final para acabar con INS SALUD –dependencia a cargo de brindar las prestaciones médicas-  y para privatizar toda la prestación de servicios de salud del INS.

¿Por qué el INS ahora no puede brindar directamente a los trabajadores de Costa Rica, los servicios de salud que ha brindado por décadas?

¿Qué puede hacer de especial una sociedad anónima como Hospital del Trauma, que en el marco legal público propio del INS, resulta más difícil hacerlo?.

 

Directorio Ejecutivo

Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros

28 de noviembre 2013.

 

Información circulada a SURCOS por Secretaría General UPINS/INS.