La Asociación de Rescate de Valores Patrióticos demanda al gobierno suspender el contrato con Globalvía y poner la Ruta 27 en manos del Estado.

Esa recuperación de la polémica carretera se debe hacer, según los demandantes, por la vía de la “resolución contractual”, basada en múltiples incumplimientos por parte de la compañía, y no la rescisión del contrato, que pondría al país ante el peligro de un pago multimillonario a la empresa.

La ruta 27 se había contrato originalmente por un monto de 126 millones de dólares, pero los demandantes calculan que el final del contrato los pagos totales sumarán más de 1.700 millones.

La solicitud correspondiente fue enviada al Poder Ejecutivo para su estudio, y los demandantes esperan que haya alguna resolución antes de tres meses.

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