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Etiqueta: Poder Ejecutivo

“Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras” presentará exigencias al Ejecutivo

Distintos sectores involucrados en la movilización hacia Casa Presidencial este 5 de febrero de 2025 difunden las exigencias que presentarán al Poder Ejecutivo.

En su comunicado se exponer: “Nos organizamos como una coalición de distintos sectores sociales, quienes nos haremos presentes en un plantón afuera de Casa Presidencial, durante la conferencia de presa” que es usual los miércoles de cada semana.

El siguiente documento incluye las exigencias por parte de la Coalición Nacional Por Nuestras Trincheras:

Exigencias al Ejecutivo

Ante la crisis que atraviesa el país y la falta de respuestas efectivas por parte del Ejecutivo, presentamos las siguientes exigencias organizadas por ejes temáticos y construidas entre la diversidad de colectivos, entidades y organizaciones que son parte de esta coalición. Estas demandas son puntuales, viables y fundamentales para la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo pleno de la promesa del futuro.

1. Seguridad y lucha contra el crimen organizado

  1. Exigimos una estrategia integral de seguridad que combata los vínculos del narcotráfico con estructuras del Estado y la crisis de homicidios que afecta al país. ¡No se matan entre ellos! Hay cientos de inocentes de por medio.
  2. Exigimos la inmediata reubicación y fortalecimiento de la Academia de Guardacostas para el control de rutas marítimas utilizadas por el crimen organizado.

2. Educación pública y acceso equitativo al conocimiento

  1. Exigimos la restitución de los programas de educación sexual y protocolos contra el bullying en secundaria para la población LGBTIQ+.
  2. Demandamos la garantía de una educación laica sin intervención religiosa y la no injerencia de grupos de interés ajenos a los principios democráticos en el sistema educativo.
  3. Exigimos la reversión del congelamiento del aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la certeza del respectivo aumento solicitado y estudiado.
  4. Exigimos una solución urgente a las 849 órdenes sanitarias en centros educativos y la presentación de una ruta clara para el fortalecimiento del sistema educativo. ¿Dónde quedó la ruta de la educación?

3. Transparencia, institucionalidad y financiamiento electoral

  1. Exigimos una investigación inmediata sobre el financiamiento ilícito en campaña electoral utilizados por el gobierno actual.
  2. Exigimos el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la gestión gubernamental y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
  3. Exigimos el respeto a la institucionalidad democrática, el cese del debilitamiento de las instituciones públicas y un alto a la violenta polarización del Ejecutivo.

4. Derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables

  1. Exigimos una política efectiva para la prevención y sanción de los feminicidios, así como la erradicación de la impunidad en delitos sexuales. ¡No más impunidad!
  2. Demandamos el acceso real a servicios de atención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.
  3. Exigimos la restitución del decreto #38999 para erradicar discriminación en instituciones contra población sexualmente diversa.
  4. Exigimos la apertura de un debate serio y fundamentado sobre la despenalización del aborto en casos urgentes y en sus respectivas demandas.

  5. ● Exigimos la declaratoria de un estado de emergencia por la ola de femicidios.

5. Protección del ambiente y recursos naturales

  1. Exigimos una moratoria inmediata a proyectos de gentrificación y hotelería que afectan comunidades costeras y vulnerables.
  2. Demandamos la regulación estricta del uso de agroquímicos y la implementación de estrategias reales para la protección de fuentes de agua y bosques.
  3. Exigimos la revisión de las irregularidades en proyectos de explotación ambiental y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes violen la normativa ambiental. ¿Qué pasa en Manzanillo, Limón?

6. Trabajo y justicia económica

  1. Exigimos una estrategia clara para abordar la pobreza y el desempleo, con políticas que promuevan el empleo formal y digno.
  2. Demandamos la eliminación de cualquier intento de ejecución de la jornada laboral 4×3 que precariza los derechos laborales y afecta la calidad de vida.

7. Comercio internacional y soberanía económica

  1. Exigimos la revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio con Israel para garantizar que no comprometa la soberanía económica ni los derechos humanos.

8. Cultura y derecho a la libre expresión

  1. Exigimos el descongelamiento de los 67 300 millones retenidos en los presupuestos de educación, cultura y seguridad.
  2. Demandamos el respeto a la institucionalidad y al diálogo democrático, garantizando la libertad de prensa y expresión sin represalias.

9. Crisis de gobernabilidad y responsabilidad política

  1. Exigimos la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo ante la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.
  2. Demandamos explicaciones claras sobre las múltiples renuncias en el gabinete y medidas para restaurar la estabilidad institucional. ¡No más proselitismo!
  3. Exigimos la eliminación de prácticas de discriminación sistemática en todas las instancias del gobierno.

El cumplimiento de estas exigencias es fundamental para la reconstrucción del pacto social y democrático del país. Exigimos respuestas inmediatas y acciones concretas que garanticen el bienestar de toda la población. ¡Seguiremos en la lucha!

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular impulsa eliminación de la ratificación del Poder Ejecutivo de sus representantes ante la Junta Directiva Nacional

Comunicado

El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal informa que en concordancia con lo aprobado en la sesión LXXVI Plenaria Ordinaria Anual celebrada el pasado 20 de julio 2024 en la que respalda la gestión política que pueda realizar el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal ante la Asamblea Legislativa, para presentar un proyecto en el que se elimine la ratificación del Poder Ejecutivo de los nombramientos de los 4 representantes titulares y suplentes ante la Junta Directiva Nacional del Banco Popular se ha realizado lo siguiente.

El jueves 10 octubre 2024, fue presentado el proyecto de reforma a la ley orgánica del Banco Popular y Desarrollo Comunal y sus reformas asignado bajo el número de expediente 24.627.

Con esta iniciativa se busca eliminar la ratificación del Poder Ejecutivo a los 4 directivos electos por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras a la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y se respete su autonomía e independencia.

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras agradece a la diputada Luz Mary Alpízar su importante gestión para la presentación del proyecto, así mismo, a las más de 30 diputaciones que ofrecieron su respaldo a esta iniciativa.

Los sectores sociales y productivos representados en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras nos mantendremos vigilantes y articulando el apoyo y respaldo hasta que el proyecto 24.627 sea aprobado, y con esto, devolver la autonomía a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

CONARE: Ejecutivo evidencia una alarmante incapacidad de gobernar el país

Comunicado

El Poder Ejecutivo fue incapaz de negociar el presupuesto de las universidades por primera vez en la historia. Esta situación que marca un antes y un después, es desafortunada y arriesga un mayor deterioro en la calidad de la educación del pueblo de Costa Rica.

Ministras y ministro trasladan responsabilidad a la Asamblea Legislativa.

San José,16 de agosto de 2024. Universidades Públicas denuncian la intransigencia del Poder Ejecutivo y su falta de voluntad de invertir en la educación superior costarricense. El Ejecutivo mantuvo en la quinta sesión la propuesta de ofrecer un 1% de aumento del Fondo Especial para la Educación Superior, un monto que está por debajo de la inflación esperada, que es inconstitucional e inviable para la operación de las universidades públicas en el 2025.

La expectativa de inflación del Banco Central de Costa Rica, para el cierre del 2024 es de un 3,1 % de acuerdo con el Informe de Política Monetaria publicado el 30 de julio pasado.

En vista de que no se logró acuerdo, el Ejecutivo determinó enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, sin ningún aumento, entrando en franca contradicción con lo consignado por la ministra de Educación Anna Katharina Müller mediante oficio DM-1108-2024, donde deja por escrito que en caso de no llegar a acuerdo y trasladar el presupuesto a la Asamblea Legislativa, contemplaría un aumento del 1%. El Gobierno mintió.

El Poder Ejecutivo comete una vez más una irresponsabilidad de enormes dimensiones en materia de educación pública. Por primera vez en la historia nacional el presupuesto de las Universidades Públicas será definido en la Asamblea Legislativa luego de haber agotado toda posibilidad de diálogo que sostuvimos durante las cinco sesiones de la Comisión de Enlace.

Sin embargo, esta es una oportunidad para el pueblo costarricense; la Asamblea Legislativa podría revertir la ruta del desmantelamiento de toda la educación pública, según el artículo 85 de la Constitución Política que establece que si en el seno de la Comisión de Enlace no se llega a un acuerdo, “Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa”.

Hacemos un llamado a las y los señores diputados a garantizar el derecho de acceso a la educación de las actuales y futuras generaciones.

Queda claro que el debilitamiento de la educación pública es el norte de la administración Chaves, que nuevamente avanza en una escalada de desfinanciamiento de la inversión social.

Por la víspera se saca el día: No habrá aumento a pensionados de invalidez, vejez y muerte

José Luis Valverde Morales.

José Luis Valverde Morales

* Corazón endurecido y oídos taqueados.

A punta de recortes en todo, (pensiones, becas, educación, salarios), dicen no subió el costo de la vida, por lo tanto, no se justificaría la revalorización de las pensiones a más de 350.000 beneficiarios del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de seguro Social.

Año y sumando.

El próximo mes de setiembre se cumple el aniversario de la presión ciudadana, luego de años con los montos congelados, a duras penas se hizo el ajuste parcial.

Le jalan el rabo.

No le jalen el rabo a la ternera, los adultos mayores, viudas, huérfanos, personas con discapacidad, en algún momento le pasaremos factura a jerarcas de corazón endurecido.

Si está de acuerdo, comparta esta publicación, ya es hora de destaquearle los oídos a los miembros del Poder Ejecutivo y Junta Directiva del Seguro Social.

¡El momento es hoy!

CONARE ratifica compromiso con la educación pública y con proceso de negociación del FEES

Agradecen la respuesta del Poder Ejecutivo respecto a la solicitud recibida el día de ayer para reanudar conversaciones del FEES 2025, se reafirma el compromiso del CONARE con la educación pública en todos sus niveles, entendida como un instrumento necesario para consolidar la democracia, la equidad social y desarrollo sostenible, en defensa de la Constitución Política del país que así lo dispone.

Se defiende además la importancia del diálogo y comprometidos con mitigar la crisis de educación pública, dada esta urgencia, proponen reunirse el viernes 16 de agosto en la sede que ha propuesto el Poder Ejecutivo y, confirman su presencia con representación de las universidades públicas.

Por último, confían que prevalezca la buena fe y el respeto durante las negociaciones e insisten en consensuar la definición de sedes y fechas para concluir el proceso de negociación así como la respuesta del ministro de Hacienda. 

Se le invita a ver el vídeo:

Contralora General de la República comenta el proyecto de ley para el referéndum impulsado por el gobierno

En un video recibido por SURCOS, se expresa por parte de la Contralora lo siguiente:

Buenas tardes:

Con todo respeto, deseo manifestarles que, en días pasados, cuando fue presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el referéndum, orientado principalmente a desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución Política le encarga a la Contraloría General, manifestamos nuestra preocupación por la supresión de importantes competencias del sistema de control de los fondos públicos, no solo los ejercidos por la Contraloría General, sino también desde las auditorías internas y desde la misma Asamblea Legislativa, porque cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende enseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance.

Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, esto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la Asamblea Legislativa perderá insumo de control político que actualmente recibe de la Contraloría General de la República, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad. 

El control de la plata pública tiene distintos momentos, justamente para poder parar a tiempo las ilegalidades y poder alertar desde una perspectiva independiente, técnica y legal, cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley, buscando una ruta poco transparente. Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum. ¿Qué obras públicas se pueden contratar a dedo? ¿Que no se registre deuda pública? Que no se puede alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles. También le impediría a la Contraloría General la fiscalización de la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como el uso de instrumentos vinculantes, o sea, de acatamiento obligatorio para los funcionarios y funcionarias públicas, tales como disposiciones y advertencias. 

De modo que, por ejemplo, si la Contraloría recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encuentran ahí posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, no podría la Contraloría tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo que encontró en su investigación. Y como si fuera poco, elimina también los controles preventivos de la Contraloría, incluyendo los controles previos, a pesar de que de la Constitución Política se disponen materias como la aprobación presupuestaria, el refrendo de los contratos públicos y la fase recursiva en materia de contratación pública. O sea, la Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la hacienda pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción.

En relación con el Artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ley que por cierto solo tiene un año y medio de vigencia y ya se quiere debilitar, se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y no teniendo certeza de que se escoge la mejor oferta, el Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera las de la Asamblea Legislativa, de manera que se potencian riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente. 

Y en relación con Japdeva, se intenta cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos, para permitir a Japdeva escoger a dedo a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses.

El panorama es bastante claro, se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos, o sea aquellos que pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes. Ante lo delicado de esta situación es que quedamos atentos a la consulta que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realice a la Contraloría General en este proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite de Referéndum. 

Muchísimas gracias

Defensoría al Gobierno: Urge más recursos para enfrentar la violencia contra las mujeres

Hoy son insuficientes, un sistema poco efectivo, mientras los feminicidios y la violencia siguen sin freno.

La Defensoría de los Habitantes hizo hoy un llamado al Poder Ejecutivo para que dote de recursos suficientes a la institucionalidad pública, con el propósito que permita enfrentar con mayores herramientas el flagelo de la violencia hacia las mujeres.

Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios y en lo que va de este año, los números tienen tendencia al alza, es decir, más mujeres son asesinadas a manos de sus compañeros y en condiciones que claramente muestran mayor crueldad y desprecio por sus vidas, así como indolencia ante el impacto en sus familias y sus propios hijos e hijas.

Para la Defensoría esta situación es cíclica y nos advierte que la prevención se ha quedado relegada y la efectividad en la atención y la justiciabilidad es limitada. Toda esa violencia hacia las mujeres, así como hacia las niñas y adolescentes es prevenible y, por ende, demanda la ejecución de los mayores esfuerzos para evitarla.

Pese a la emisión de nuevas disposiciones y protocolos para el abordaje técnico de este tema, se evidencia que las metas de las instituciones resultan exiguas en relación con la dimensión de la problemática, y su alcance es limitado, siendo también que los recursos presupuestarios con que cuentan las instancias llamadas a la coordinación interinstitucional e intersectorial son insuficientes tanto en lo material, recurso humano, cobertura territorial, seguimiento y sostenibilidad.

Sirva de ejemplo, que precisamente en el marco del decreto N° 41240-MP-MCM, se estableció, bajo el liderazgo del INAMU, la Estrategia de Atención Itinerante para llevar servicios de atención especializados a las mujeres afectadas por violencia en comunidades de difícil acceso a servicios de seguridad, protección, acceso a la justicia, atención en salud y la atención psicosocial. Ello como una extensión de los Comités Locales de Atención Inmediata (CLAIS). No obstante, estrategias tan pertinentes en lo técnico, se sustentan en la capacidad y disposición personalísima de funcionarias y funcionarios, que requieren ser dotadas con urgencia de los recursos presupuestarios necesarios.

El día de ayer, un grupo de señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa le hicieron un llamado en procura de la dotación de recursos para la atención de esta problemática, siendo importante que el Poder Ejecutivo proceda a explorar todas las alternativas posibles, para la consecución del aumento de la inversión en prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Es oportuno que entre otras, se considere la posibilidad de proponer a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la regla fiscal a las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar (en adelante Sistema Nacional), particularmente, las de atención directa, así como las posibilidades derivadas de la propia Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635; como la cesión entre instituciones de espacio de crecimiento en el gasto corriente impuesto por dicha regla fiscal.

Ante este panorama, la Defensoría solicitó al señor Presidente de la República enviar un informe sobre las acciones que se adoptarán para la dotación de los recursos presupuestarios indicados, incluyendo la priorización de esta inversión social y de seguridad y los mecanismos para su pronta ejecución.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Metas en seguridad ciudadana y justicia son poco realistas

Luego de analizar metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026

Tras solicitarle al Ministerio de Justicia información detallada sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes constató que, el Poder Ejecutivo diseñó ese plan con metas poco realistas en materia de seguridad ciudadana y justicia.

De acuerdo con la información recopilada, Justicia debió solicitar una serie de modificaciones en tales metas, por ejemplo, en cuanto a la participación de privados de libertad en procesos de reinserción social y actividades remuneradas en las regiones periféricas y para la construcción de Delegaciones policiales y analiza cambios en las metas del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia” y su componente “Efectividad policial”.

Sobre el tema de delegaciones policiales, Justicia realizó cambios en la estrategia de selección y adjudicación de oferentes para construir delegaciones policiales, coordinó con Fuerza Pública un prototipo de delegación para estandarizar obras y otras acciones que no contempló antes y que explican los retrasos durante 2023 e informó, mediante un cronograma, las delegaciones que serán construidas. Dentro de la programación de obras se informó que en el segundo trimestre del 2024 se construya la delegación de Horquetas, en el tercer trimestre las de Santa Ana, Desamparados Norte, la distrital de Puerto Viejo y Puntarenas norte, e iniciada la construcción de la delegación de Guácimo, San Ramón, Batán y Hatillo, mientras que, en el cuarto trimestre, se iniciaría la construcción de la delegación de El Guarco, Nicoya, Abangares y Belén de Santa Cruz. En este sentido, la Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de estos compromisos en los plazos definidos.

Para esta Defensoría, el Poder Ejecutivo incluyó iniciativas en el PND a las cuales no les dotó de los recursos humanos necesarios y por ello se han incumplido las respectivas metas, por ejemplo, la iniciativa «Un esfuerzo preventivo en la legitimación de capitales» a cargo de la Dirección Nacional de Notariado.

El sector «Seguridad Ciudadana y Justicia» exhibe debilidades para ejecutar el presupuesto asignado, entre otras razones, porque sus instituciones no incluyeron los «gastos de capital» en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), y por ello en 2024 se ha debido brindar acompañamiento a las instituciones del sector, para que registren apropiadamente sus «gastos de capital» en dicho registro público.

Es importante destacar que, a seis meses de formulada la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica – Segura Plus 2023-2030”, el Rector Sectorial todavía no sabe si será necesario cambiar las metas del PND en seguridad ciudadana y justicia, para armonizarlas a dicha política.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Referéndum en Costa Rica – CTRN le invita al webinar

Viernes 07 de junio de 2024

4 p.m. – 6 p.m.

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) invita cordialmente al webinar «Referéndum en Costa Rica» que se realizará el viernes 7 de junio a las 4:00 p.m. a través de Zoom. En este evento se responderán dudas sobre el referéndum impulsado por el Poder Ejecutivo. 

Se contará con la participación de los expositores Rocío Alfaro Molina, diputada del Frente Amplio, y Vladimir de la Cruz de Lemos, historiador. 

El enlace para acceder al webinar estará disponible a partir de las 3:45 p.m. Se solicita confirmar la participación enviando un correo a ctrn@ice.co.cr o ctrn.costarica@gmail.com, o llamando a los teléfonos 2283-2647 o 2283-4244. El link de la reunión es el siguiente: https://us06web.zoom.us/j/83753932462?pwd=YNPBDjJbJ7P6Vs2gbuEmR6KEAMJtCH.1

El Referéndum, el gran dilema legislativo

Vladimir de la Cruz

Las elecciones nacionales, del 2026, impone tener los partidos políticos debidamente inscritos, con todas sus asambleas nacionales, provinciales, cantonales y distritales en orden, en lo que corresponda, al día. El Tribunal Supremo de Elecciones es muy riguroso en el control legal de estos procesos.

Públicamente, dos partidos han anunciado sus remodelaciones partidarias. El partido oficial, Aquí Costa Rica Manda, que ha logrado hacer su Asamblea Nacional, reunida en el Club Unión y la Unidad Social Cristiana, que ha establecido una sólida y vigorosa estructura interna orientada a desarrollar y redactar su futuro Plan de Gobierno, como han dicho.

Estamos a siete meses de que el Tribunal Supremo de Elecciones publique, en enero próximo, el calendario y cronograma electoral de las elecciones del 2026, que por publicado no sufre modificaciones y son las reglas claras de cómo proceder en requisitos formales y en plazos de ejecución de esas tareas.

El tema del Referéndum, que intenta convocar el Poder Ejecutivo, es un fuerte distractor político para todos los partidos en estas faenas. El Referéndum, si es convocado, no se puede desnaturalizar. Hay que apoyarlo. Apoyarlo no significa que hay que ir a votar positivamente todo lo que el Presidente quiera presentar para pedir los votos de los ciudadanos. El Referéndum es para aprobar o improbar, para apoyar o rechazar los proyectos de ley que se le sometan a los ciudadanos. Como instrumento democrático de participación ciudadana, que no se practica en el país, es importante que se realice; que fortalezca, su convocatoria y ejecución, la cultura política, la conciencia cívica y la participación electoral de la ciudadanía. En este Referéndum está en juego el próximo proceso electoral nacional.

Son las elecciones para elegir nuevo presidente, vicepresidentes y diputados. Son las elecciones para definir si el actual grupo gobernante, continúa en el Poder Ejecutivo, con el partido Aquí Costa Rica Manda, que pareciera ser el que le servirá para esa batalla, o con algún otro que se le manifieste posible, repitiendo una situación como la del partido Acción Ciudadana, en los dos gobiernos anteriores, 2014, con Luis Guillermo Solís y, 2018, con Carlos Alvarado, o se rechaza su continuismo gubernamental. Ese va a ser el eje central de la campaña electoral.

El presidente Rodrigo Chaves, hay que reconocerlo, es hábil en esta tarea política electoral. Sus movimientos políticos no generan una agenda nacional ante los problemas vitales del país, pero sabe hacer vibrar el diapasón político hacia donde él quiere concentrar su atención, aunque sea de manera distractora con aparente importancia temática, como es el Referéndum, que puede no resultarle por los trámites procesales del mismo. Ha pasado casi un mes desde que lo anunció y no hay a la vista ninguna convocatoria en trámite oficial, ni un conocimiento exacto de los proyectos de ley que quiere someter a discusión nacional, proyectos que por lo demás deben estar en la corriente o trámite legislativo.

No se ha solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones el proceso de convocatoria del Referéndum, si es por la recogida de firmas que se quiere hacer, por lo que no se están solicitando, ni hay puestos públicos para ello, como se tiene que hacer, a pesar de que se han puesto vallas en que se pregunta dónde firmar.

Tampoco está a la vista, el escenario parlamentario impulsando la iniciativa presidencial con apoyo de 29 diputados. De igual manera, no hay olas legislativas para convocarlo con el apoyo de 38 diputados como pueden convocarlo. En este último aspecto, pareciera que los partidos, por sí mismos, y sus parlamentarios, le tienen temor al Referéndum, o tienen miedo de convocarlo sin saber con qué proyectos, porque no se trataría de esperar que el presidente anuncie sus proyectos para convocarlos. Para eso el presidente no necesita esos 38 diputados, le bastaría con 29. Aquí juegan dos banderas de proyectos, las de la Casa Presidencial y la de los propios diputados. Si el presidente convoca por su iniciativa solo va a tener interés en sus proyectos. Si la Asamblea Legislativa lo convoca puede ampliar la propuesta de la consulta conteniendo lo que el Ejecutivo Nacional quiere que se pregunte al pueblo.

Por la convocatoria de los diputados todos sus partidos ganan. Por la convocatoria presidencial solo el Poder Ejecutivo, gane o no la mayoría de las consultas del Referéndum, es el que va a ganar con impacto en las elecciones nacionales.

Quienes están a cargo de la renovación de las estructuras políticas de los partidos, y las nuevas personas que están asumiendo cargos partidarios, deben entender esta problemática política sin dejar sus tareas organizativas. Deben combinarlas, deben sacar el mayor provecho para afilar a sus nuevos dirigentes, y deben aprovechar el Referéndum, si se llega a convocar, para pulir a sus posibles candidatos de las elecciones nacionales, porque el Referéndum exigirá inevitablemente una gran discusión nacional. El dirigente fundador del Partido Acción ciudadana, Ottón Solís, ya lanzó sus dados, con valor, pronunciándose sobre qué temas apoyaría y cuáles no, y sobre cuáles tiene reservas.

Hay que avanzar, y si es el caso acelerar, la convocatoria del Referéndum bajo la bandera legislativa, de los 38 diputados o más, apoyándolo.

Compartido con SURCOS por el autor.