Ir al contenido principal

Etiqueta: Poder Ejecutivo

Declaratoria de secretos de Estado y su naturaleza jurídica: ¿un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica le invita a la mesa redonda virtual:
«Declaratoria de Secretos de Estado y su naturaleza jurídica: ¿un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo?»

Joan Vintró Castells y Rodolfo Brenes Vargas conversarán sobre los alcances jurídicos de la declaratoria de secretos de Estado, sus límites y mecanismos de control, así como la tensión entre la protección de información sensible, el derecho de acceso a la información pública y los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Una oportunidad para reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar la potestad del Poder Ejecutivo para declarar información como secreta?

Evento abierto al público

📅 3 de septiembre de 2026

🕙 10:00 a. m. – Costa Rica | 6:00 p. m. – España

💻 Vía Microsoft Teams

ID de la reunión: 937 387 052 960 6

Código de acceso: 3TH7dH

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

Carta Pastoral Profética IMWC – Que corra la justicia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

“Que fluya el derecho como agua, y la justicia como arroyo inagotable”, Amós. 5:24, NVI.

A las iglesias cristianas, a otras expresiones de fe y al pueblo de Costa Rica

Ante la diatriba entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial costarricenses y ante la situación socioeconómica del país, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense volvemos a hablar. No hablamos para defender a uno al otro, o a un partido ni para atacar a otro, hablamos porque amamos a Costa Rica y porque creemos que la vida, la dignidad, la libertad, la justicia y la verdad son valores que debemos defender entre todos y todas.

El texto bíblico nos recuerda que Dios escucha el clamor de quienes sufren y exige justicia para quienes son olvidados, por esto, como Iglesia, no podemos ser indiferentes ante el dolor de nuestro pueblo: “Ay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo” (Isaías. 5:20, NVI).

Gobernar es servir, ganar una elección no significa tener permiso para hacer cualquier cosa y ningún presidente/a, diputado, partido o grupo es dueño de Costa Rica. Costa Rica somos todos/as. Por esto pedimos a quienes gobiernan: ejerzan el poder con humildad, respeten la Constitución, las leyes y las instituciones, escuchen también a quienes piensan diferente. El poder necesita límites y vigilancia, porque todo poder humano puede equivocarse y puede abusar.

Las instituciones pueden equivocarse y deben rendir cuentas, pero cuando una institución falla, no debemos destruirla, debemos corregirla, investigarla y mejorarla dentro de la ley; hoy una institución puede proteger a unos y mañana proteger a otros. ¿Quién vigila al que tiene el poder? La respuesta debe ser clara, la ley, las instituciones democráticas y un pueblo consciente y participativo. Defender la democracia no significa defender privilegios, significa defender aquello que permite que nadie esté por encima de la ley.

Mirémonos también debemos nosotros mismos, como Iglesias. La Iglesia no fue llamada a ser brazo de ningún partido ni a convertir a un gobernante en un “ungido” de Dios, porque el Señor no pertenece a ningún partido y solo Jesús es el ungido y nos enseñó cómo ser humanos y humanas. Podemos votar diferente y seguir siendo hermanos, podemos pensar diferente y seguir amándonos. Ningún pastor/a debe controlar la conciencia política de sus miembros, ningún político debe ocupar el lugar que solamente pertenece a Cristo. La Iglesia debe ser libre para reconocer lo bueno y denunciar lo malo, venga de donde venga.

Los profetas bíblicos no preguntaban primero quién estaba en el poder, preguntaban, ¿Dónde está la justicia? Amós denunció a quienes se enriquecían mientras el pobre sufría; Isaías denunció la corrupción y la opresión; Miqueas recordó que Dios pide practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Por esto también nosotros preguntamos: ¿Hay justicia cuando gobiernan los nuestros? ¿Hay justicia cuando gobiernan los otros? ¿Denunciamos la corrupción, aunque la cometa alguien cercano? La verdadera voz profética no protege intereses, protege la vida y defiende la dignidad humana.

Por otro lado, no pongamos nuestra esperanza en un presidente/a, un partido, una figura pública o un líder religioso, ya que los gobiernos pasan, los partidos pasan, los presidentes/as pasan, en cambio, Dios permanece. Nuestra esperanza no está en los palacios ni en los partidos, nuestra esperanza está en Dios. Por esto podemos reconocer los aciertos de un gobierno y señalar sus errores, podemos apoyar una buena decisión sin convertir a nadie en ídolo.

A su vez, no podemos ignorar la violencia, el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado, la corrupción; nuestros barrios sufren y muchas familias viven con miedo, queremos seguridad, calles tranquilas, que nuestros hijos/as puedan vivir sin miedo y con esperanza, porque los adultos y adultas construimos juntos una sociedad justa.

La seguridad no puede construirse destruyendo la libertad, ni debilitando el Estado de derecho; necesitamos policías honestos, fiscales y jueces independientes, instituciones limpias y comunidades con oportunidades. El narcotráfico no solo busca armas y dinero, también busca comprar silencios, conciencias y poder, por esto debemos combatirlo con justicia, educación, prevención, oportunidades, inteligencia y honestidad pública. Es imprescindible saber que, detrás de cada cifra hay una persona. Hay familias que no llegan a fin de mes, trabajadores con salarios insuficientes, personas sin empleo, jóvenes sin oportunidades, personas esperando atención médica y comunidades que viven abandonadas.

La justicia no consiste solamente en buenos números económicos. La justicia significa que las personas puedan vivir con dignidad y desde la perspectiva del Evangelio, debemos preguntarnos: ¿Quién está quedando atrás?, ahí debemos mirar, debemos servir, encontrar también el rostro de Cristo. Como Iglesia, no podemos quedarnos solamente dentro de los templos, debemos estar en los barrios, en las comunidades, junto al trabajador/a, al migrante, al joven, a la persona enferma, a quien sufre adicciones, a quien está privado de libertad y a toda persona que ha perdido la esperanza.

No podemos pedirle a un joven que rechace el narcotráfico si no le ofrecemos oportunidades; necesitamos educación, empleo, deporte, arte, tecnología, salud integral y espacios seguros. Nuestros jóvenes no son el problema, son parte de la solución y de la esperanza de Costa Rica.

Como cristianos/as también debemos revisar nuestras palabras. No podemos hablar del amor de Cristo y pasar la semana insultando al que piensa diferente, predicar la verdad y compartir mentiras en las redes, hablar de reconciliación y alegrarnos cuando al otro le va mal. La mentira no se convierte en verdad porque la comparta un cristiano; el odio tampoco se vuelve santo porque lleve un versículo bíblico. Que el testimonio cristiano también esté presente en las redes sociales, en nuestras casas y en nuestras iglesias, que nuestras palabras den vida y no muerte. No tengamos miedo, no vendamos nuestras conciencias, nuestros púlpitos, no cambiemos la verdad por favores del poder o la justicia por votos.

Si el Gobierno hace bien, reconozcámoslo, si se equivoca, digámoslo. Si la oposición hace bien, reconócelo y dilo. Si un empresario actúa con justicia, reconócelo, pero si explota al trabajador, denúncialo. Si una institución protege al pueblo, defiéndela, si alguien abusa del poder, señálalo. Esto es ser una Iglesia libre, profética, esto es poder decir, “Así dice el Señor”.

Pueblo de Costa Rica, no entregues tu conciencia a un político, a un partido, a un pastor/a, a un medio de comunicación ni a un influencer; más bien, piensa, pregunta, investiga, escucha, medita y ora. Podemos estar en desacuerdo sin convertirnos en enemigos. El verdadero enemigo es todo aquello que destruye la vida, la verdad, la justicia, la dignidad y la esperanza.

¡Cuidemos Costa Rica! Costa Rica no es perfecta, pero tenemos una historia y unas libertades que debemos cuidar: no tenemos ejército, tenemos elecciones periódicas, instituciones, libertad de expresión, libertad religiosa y la posibilidad de protestar, participar y exigir cuentas; no destruyamos todo porque estamos enojados con quienes hoy ocupan una institución. Las personas pasan y las instituciones permanecen. Entonces, defendamos la democracia, la libertad, la justicia, la dignidad humana.

¡Que corra la Justicia!: que el Gobierno y el Estado, gobiernen con humildad; que la Asamblea legisle pensando en el bien común, que la justicia sea independiente, que las instituciones rindan cuentas, que los medios busquen la verdad, que los empresarios actúen con responsabilidad, que los trabajadores/as sean respetados, que los pobres sean escuchados, que nuestros jóvenes tengan oportunidades, que la corrupción sea investigada, que los criminales sean juzgados, que nadie esté por encima de la ley, y que ningún poder humano ocupe el lugar que solamente pertenece a Dios.

No hablamos porque hayamos perdido la esperanza, hablamos porque todavía tenemos esperanza. Esperanza en Dios, en nuestro pueblo, en nuestros jóvenes, en quienes trabajan honradamente, en quienes todavía quieren dialogar. La paz no nace del silencio, nace de la justicia. La democracia no se cuida sola, hay que defenderla. La libertad no se conserva sola, hay que ejercerla responsablemente. La justicia no llega sola, hay que construirla juntos y juntas.

Como Iglesia Metodista Wesleyana queremos ser una Iglesia que no se venda, que no manipule, que no odie y que no tenga miedo. Una Iglesia que escuche al pueblo, que acompañe al que sufre, que defienda al débil, que denuncie la injusticia, que reconozca el bien, que anuncie esperanza. Una Iglesia que, cuando haya miedo, diga, no tengan miedo, cuando haya división, busquemos la reconciliación, cuando haya pobreza, no están solos, y cuando haya injusticia, QUE CORRA LA JUSTICIA. Nuestra esperanza está en Dios.

Por esto, como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, afirmamos: no nos callaremos ante la injusticia, no odiaremos al que piensa diferente, no venderemos nuestra conciencia, no pondremos a ningún político en el lugar de Cristo, no olvidaremos a los pobres y a quienes sufren, y no dejaremos de buscar la justicia.

“Que fluya el derecho como agua, y la justicia como arroyo inagotable”. Amós. 5:24, NVI.

Costa Rica, agosto de 2026

¿Así o más claro? La Constitución habló

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Cuando la Constitución debe ser leída en voz alta, es porque alguien ha dejado de escucharla.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

Hay discursos que pasan inadvertidos y hay otros que quedan registrados como una advertencia para la historia. Las palabras pronunciadas por el magistrado Jorge Araya García pertenecen a esta última categoría. No fueron el producto de la exaltación, la improvisación o el cálculo político. Fueron, por el contrario, el recordatorio sobrio y contundente de una verdad elemental: en una república, nadie está por encima de la Constitución.

La escena resultó tan insólita como reveladora. Un magistrado de la Sala Constitucional se vio obligado a recordarles al presidente de la República y a una de sus ministras el contenido de los artículos 148 y 149 de la Constitución Política, es decir, las normas que establecen la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

«Señor Chaves, usted juró defender la Constitución y las leyes. ¿O me equivoco?»

La pregunta cayó como un rayo en medio de un clima político caracterizado por la confrontación permanente, el descrédito sistemático de las instituciones y la creciente costumbre de presentar cualquier límite constitucional como si se tratara de un obstáculo para la voluntad del gobernante.

Pero el magistrado no emitió una opinión. Hizo algo mucho más grave y, al mismo tiempo, mucho más sencillo: leyó la Constitución.

Recordó el contenido del artículo 148, según el cual el presidente de la República es responsable del uso de las atribuciones que la Constitución le confiere y los ministros son responsables, junto con él, de las decisiones adoptadas. Más adelante, citó el artículo 149 y recordó que el presidente y sus ministros son responsables cuando impidan u obstaculicen el ejercicio de las funciones propias del Poder Judicial o cuando, por acción u omisión, violen una ley expresa.

No se trata de disposiciones secundarias ni de simples formalidades jurídicas. Constituyen el núcleo mismo del sistema republicano. Sin ellas, el poder dejaría de estar sometido a la ley y la democracia quedaría reducida a un simple ejercicio de fuerza política.

Lo preocupante es que el incidente no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio y más peligroso: la normalización del ataque a las instituciones de la República. El problema ya no radica únicamente en la existencia de desacuerdos políticos, algo natural en cualquier democracia, sino en la tentativa de erosionar la legitimidad de los órganos encargados de ejercer controles sobre el poder.

Cuando se desacredita a los jueces, se ridiculiza a la prensa, se menosprecia a las universidades y se debilita a los organismos de control, no se fortalece la democracia; se la vacía de contenido.

La estrategia no es nueva. Ha sido aplicada innumerables veces en distintas latitudes. Primero se identifica un adversario. Después se le atribuyen todos los males del país. Más tarde se alimenta el resentimiento y se promueve la idea de que el gobernante encarna la voluntad popular y que, por lo tanto, cualquier límite a su autoridad constituye una forma de sabotaje. Finalmente, la legalidad es presentada como un estorbo y la institucionalidad como un enemigo.

La historia demuestra que los regímenes autoritarios no suelen derribar las instituciones de un solo golpe. Prefieren debilitarlas poco a poco, desacreditarlas ante la opinión pública y privarlas de los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Cuando la ciudadanía comprende lo que está ocurriendo, el daño ya suele ser considerable.

Por esa razón, las palabras finales del magistrado Araya adquirieron un significado que trasciende la coyuntura política:

«¿Qué podemos esperar? ¿Seguirá otro recorte? ¿Cuándo será? ¿Nos dejará terminar el año?».

No era la voz de un funcionario defendiendo un presupuesto. Era la voz de un juez defendiendo la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del poder político.

Y conviene decirlo con absoluta claridad: la independencia judicial no existe para proteger a los jueces, sino a los ciudadanos. Sin ella, la ley deja de ser un límite para el poder y se convierte en un simple instrumento de conveniencia.

La advertencia del magistrado también encierra una amarga paradoja. Un presidente que juró respetar la Constitución tuvo que escuchar, desde la más alta magistratura constitucional del país, la lectura de los artículos que definen los límites de su propio cargo.

Tal vez el momento más revelador haya sido aquel en que el magistrado expresó: «No estoy haciendo ningún juicio de valor; se los voy a leer». La frase contiene una enorme carga simbólica. Cuando la sola lectura de la Constitución se transforma en un acto de resistencia, es porque algo fundamental está ocurriendo en la vida política de una nación.

Costa Rica no puede darse el lujo de tratar estos episodios como simples anécdotas. Lo que está en juego no es la reputación de un gobierno ni la imagen de un magistrado. Lo que está en juego es la vigencia misma del pacto republicano.

Porque la Constitución no es un consejo, una recomendación ni una declaración de buenas intenciones. La Constitución es un límite. Y cuando el poder comienza a considerar los límites como una afrenta, la democracia empieza a caminar por un terreno extremadamente peligroso.

Corte Plena defiende al Poder Judicial y responde al Ejecutivo

Escrito en . Publicado en Derechos.

En la sesión de este lunes 6 de julio, la Corte Plena aprobó, por unanimidad, emitir el siguiente pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la República en la conferencia de prensa del pasado miércoles 1 de julio:

Pronunciamiento de Corte Plena

La Corte Plena rechaza categóricamente las manifestaciones de la señora presidenta de la República respecto de una infiltración “hasta el tuétano” del crimen organizado en el Poder Judicial. En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado.

El Poder Judicial está conformada por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país, con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia.

Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente.

Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución.

6 de julio de 2026

Carta a la presidenta Fernández cuestiona mora ambiental del Poder Ejecutivo y pide acciones inmediatas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación Confraternidad Guanacasteca dirigió una carta pública a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en la que cuestiona la mora e inacción dentro del propio Poder Ejecutivo en materia de justicia ambiental, particularmente en el funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

El documento, firmado por Gad Amit Kaufman en representación de la organización, reconoce inicialmente las manifestaciones públicas de la mandataria sobre la necesidad de enfrentar la mora judicial en Costa Rica y comparte la importancia de impulsar transformaciones estructurales en el sistema de justicia. Sin embargo, la carta enfatiza que esa problemática no se limita al Poder Judicial y que también afecta gravemente órganos bajo responsabilidad directa del Ejecutivo.

La organización señala específicamente al Tribunal Ambiental Administrativo, órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, como ejemplo de expedientes paralizados durante años, recursos sin resolver y ausencia de respuestas oportunas a la ciudadanía.

Como caso emblemático, la carta expone la denuncia ambiental presentada contra el Hotel Riu Guanacaste bajo el expediente 174-09-03, interpuesta hace más de diecisiete años. Según el documento, el expediente requirió incluso recursos ante la Sala Constitucional para lograr avances procesales.

La organización recuerda que una resolución constitucional emitida en octubre de 2024 ordenó a Laura Fernández Delgado —entonces ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental— nombrar a los integrantes faltantes del TAA, situación que finalmente permitió que el Tribunal dictara sentencia el 25 de noviembre de 2025.

Dicha resolución declaró con lugar la mayoría de los cargos relacionados con daños ambientales causados al manglar, al bosque y a una quebrada por actividades vinculadas con el proyecto hotelero. No obstante, la organización denuncia que actualmente continúan pendientes la resolución de medidas cautelares y recursos de apelación, reproduciendo nuevamente la dinámica de retraso institucional.

La carta plantea tres solicitudes concretas al Poder Ejecutivo:

  • que el MINAE adopte medidas administrativas y asigne recursos humanos suficientes para agilizar la resolución del expediente;
  • que se establezcan métricas de rendimiento y plazos máximos para resolver casos en el TAA;
  • y que se garantice permanentemente la existencia de jueces titulares y suplentes debidamente nombrados para evitar nuevas parálisis institucionales.

El texto concluye señalando que la exigencia de rendición de cuentas y eficiencia institucional promovida por la Presidencia debe aplicarse también dentro del propio Poder Ejecutivo.

A continuación, se reproduce íntegramente la carta:

San José, Costa Rica, 16 mayo de 2025

Señora
LAURA FERNÁNDEZ DELGADO
Presidenta de la República de Costa Rica

Asunto: Mora en el Tribunal Ambiental Administrativo — Solicitud de ejecución de sentencia N° 1403-2005-TAA (Caso HOTEL RIU GUANACASTE)

Estimada señora Presidenta:

Nos dirigimos a usted con el mayor respeto institucional, para manifestarle, en primer lugar, nuestro pleno respaldo a la preocupación que ha externado públicamente en torno a la mora en la administración de justicia. Compartimos ese anhelo ciudadano de una justicia pronta y cumplida, que es además una garantía constitucional consagrada en el artículo 41 de nuestra Carta Magna.

Reconocemos, al mismo tiempo, que la transformación estructural del Poder Judicial es una tarea que corresponde, en virtud del principio de separación de poderes, a la Asamblea Legislativa y a la propia Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, compartimos el deseo de que se impulse una reforma legislativa profunda al respecto, y confiamos en que su voz como jerarca del Ejecutivo contribuirá a colocar ese debate en la agenda nacional.

Sin embargo, señora Presidenta, la mora judicial no es exclusiva del Poder Judicial. El problema existe también —y de forma igualmente grave— dentro del propio Poder Ejecutivo, en órganos que están bajo su directa autoridad y respecto de los cuales usted sí cuenta con plenas potestades de dirección, organización y control.

Nos referimos concretamente al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, cuya gestión refleja exactamente la misma patología que usted ha señalado en el Poder Judicial: expedientes que duermen por años, recursos sin resolver, y una ciudadanía que agota todas las vías —incluyendo el amparo constitucional— para obtener una respuesta que nunca llega.

El caso que le presentamos lo ilustra con absoluta claridad. La denuncia ambiental N° 174-09-03 contra el HOTEL RIU GUANACASTE fue interpuesta hace más de diecisiete años. Fue necesario recurrir en dos ocasiones a la Sala Constitucional para que el expediente siquiera avanzara. La segunda de esas resoluciones, la Res. N° 2024029778 del 11 de octubre de 2024 (Exp. 24-020676-0007-CO), ordenó precisamente a usted, en su entonces condición de Ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental, designar a los miembros faltantes del TAA. Lo hizo con prontitud, y se lo reconocemos públicamente.

Gracias a esa actuación, el Tribunal pudo finalmente emitir su sentencia el 25 de noviembre de 2025. Esa resolución declaró con lugar la gran mayoría de los cargos formulados, ordenando la reparación de los daños causados al manglar, el bosque y la quebrada afectados por la actividad hotelera.

Hoy, meses después de dictada esa sentencia, nos encontramos nuevamente en espera: pendiente la resolución de las medidas cautelares y la apelación planteada por el Hotel. La historia amenaza con repetirse.

Es por ello que nos permitimos dirigirnos a usted, señora Presidenta, con una solicitud concreta y dentro del ámbito estrictamente ejecutivo:

Primero. Que se instruya al Ministerio de Ambiente y Energía para que, en ejercicio de su función de órgano superior jerárquico, adopte las medidas administrativas necesarias —incluyendo la asignación de recursos humanos y, de ser preciso, la habilitación de jornadas extraordinarias— para que el TAA resuelva con la debida diligencia las actuaciones pendientes en el expediente N° 174-09-03.

Segundo. Que se establezcan, por vía reglamentaria o mediante directriz administrativa, métricas de rendimiento y plazos máximos de resolución para los expedientes en trámite ante el TAA, de manera que la ciudadanía cuente con certeza sobre los tiempos de respuesta y el Ejecutivo pueda ejercer un control real de gestión sobre ese órgano.

Tercero. Que se adopten las disposiciones pertinentes para garantizar que el TAA cuente siempre con jueces titulares y sustitutos debidamente nombrados, evitando la parálisis institucional que afectó este expediente y, con él, a todos los demás en trámite.

Señora Presidenta: usted ha convocado a otros poderes del Estado a rendir cuentas sobre la mora judicial. Es ese mismo espíritu —y no la crítica— el que nos impulsa a señalar que la reforma más urgente bien puede comenzar en casa, dentro del Poder Ejecutivo, donde su autoridad es plena y sus instrumentos de acción son inmediatos.

La sentencia N° 1403-2005-TAA existe. Fue dictada tras diecisiete años de lucha. Merece ser ejecutada con la misma energía institucional con que usted exige justicia a los demás.

Con las muestras de nuestra más alta consideración,

GAD AMIT KAUFMAN
En representación de la
ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Manifiesto por el honor, la responsabilidad y el compromiso público

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Este es un momento de trascendencia en la historia de Costa Rica. El próximo 8 de mayo no representa, simplemente, un cambio de mando político, sino la culminación de años de resistencia, lucha y valentía de miles de mujeres que desafiaron un sistema diseñado para silenciarlas.

Hoy, el panorama político del país se transforma: por primera vez, la Presidencia de la República y la Presidencia de la Asamblea Legislativa estarán en manos de mujeres. Esto se suma a una conformación parlamentaria con el mayor número de diputadas en nuestra historia -31 diputadas y 26 diputados- y a instituciones clave lideradas por la visión femenina en la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, este hito no debe leerse como un trofeo individual ni como una meta alcanzada para el regocijo personal.

Ocupar estos puestos es un acto de justicia histórica, pero, sobre todo, es un compromiso ineludible.

A las mujeres que hoy asumen estas altísimas responsabilidades les recordamos: ustedes se apoyan sobre los hombros de muchas mujeres. Están ahí porque otras antes fueron perseguidas, ignoradas y subestimadas mientras exigían el derecho al voto y a la representación. Su presencia en el poder las obliga a honrar esa lucha. No es solo un tiempo de celebración; es un llamado al compromiso absoluto. Su gestión debe ser el reflejo de una política más humana, equitativa y valiente. Tienen en sus manos la oportunidad —y el deber— de legislar y gobernar para todas las personas que habitamos este país, tomando en consideración las particulares situaciones de las mujeres. Deben garantizar que las puertas que hoy se abren de par en par, jamás vuelvan a cerrarse para ninguna mujer en Costa Rica. El honor de ocupar el puesto sea equivalente al valor de su servicio al país.

Colectivo Mujeres por Costa Rica
Por el honor, la responsabilidad y el compromiso público
Mayo del 2026.

Su voto equilibra el poder: campaña invita a participar y poner atención al voto legislativo

Escrito en . Publicado en Elecciones.

La campaña “Su voto equilibra el poder” invita a la ciudadanía costarricense a sumarse y difundir un mensaje dirigido especialmente a la población indecisa, con el fin de motivar la participación en las próximas elecciones nacionales.

La iniciativa pone el foco en la relevancia del voto por diputados y diputadas, al recordar que la Asamblea Legislativa cumple un papel clave para equilibrar y fiscalizar al Poder Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento del Poder Judicial.

Entre sus principales argumentos, la campaña destaca que el Congreso tiene responsabilidades fundamentales para la defensa del Estado de derecho, ya que participa en la elección de autoridades como las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, así como jerarquías de instituciones como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes, entre otros cargos estratégicos para el país.

Según se indica, el objetivo es reforzar la idea de que el voto sí importa para el equilibrio de poderes y la democracia.

Se trata de una campaña no partidista, sin firma, creada para que pueda ser compartida libremente por personas y organizaciones.

Los materiales están disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1K573CYNGzFp9imtK6EoPHnhaUfSJUSkG?usp=sharing

Incluye:

  • Gráficas para 10 posteos

  • Una parrilla con fechas y copys sugeridos (adaptables según el estilo y necesidades de cada organización o persona)

Quienes deseen sumarse pueden difundir el mensaje y compartir los materiales para amplificar el llamado a participar y equilibrar el poder con el voto.

Miembros de Poder Ejecutivo que renunciaron y algunas notas históricas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Tamaño alboroto se quiso hacer con la presentación de la carta de renuncia del vicepresidente Stephen Brunner, el pasado 30 de julio.

La carta donde informa que ha puesto su renuncia está dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, indicándolo que así lo ha comunicado y puesto “en conocimiento” al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, “renuncia efectiva a partir de 01 de agosto del 2025”.

Con la carta dirigida al presidente legislativo le informa de su renuncia a la Asamblea legislativa, a “efectos de otorgarle su eficacia jurídica” a su decisión.

Copia de esa carta fue entregada al Tribunal Supremo de Elecciones el 31 de julio, fecha límite para dar a conocer su renuncia, y tener la libertad, si así lo quisiera hacer, de participar en el próximo proceso electoral como candidato a una diputación.

En cierta forma, el presidente Chaves le escogió y lo nominó en su fórmula presidencial, por ello le comunica a él su decisión de renunciar a la Vicepresidencia. De esa forma, el vicepresidente, siguió la ruta de que quien nombra es quien tiene la facultad de hacer recibir la renuncia, o de que sea el jerarca a quien, en este caso por cortesía institucional, se le hace ver su disposición de renunciar.

Como el nombramiento surge del proceso de votación, de la voluntad popular, el presidente Chaves no puede destituirlo, como puede hacer con los ministros que él nombra a los cuales puede destituir, o solicitarles su renuncia, como a veces se acostumbra.

Siendo el Tribunal Supremo de Elecciones quien hace la Declaratoria oficial de su condición de vicepresidente, es válida la copia de la carta de su renuncia que envía al Tribunal Supremo de Elecciones, que también había enviado un día antes a la Asamblea Legislativa, por su obligación constitucional de comunicar su renuncia y abandono del cargo a partir del pasado viernes primero de agosto.

Por no funcionar la Asamblea Legislativa ese día, el conocimiento de esa nota se hizo el pasado lunes 4 de agosto, en cuya sesión parlamentaria por la unanimidad de los diputados presentes se conoció y aceptó, como correspondía hacerlo, la renuncia al vicepresidente.

La discusión que se había sostenido, desde que se abrió la posibilidad de que el presidente, y no el vicepresidente, renunciaría antes del 31 de julio fue a favor y en contra de la posibilidad real de que pudiera hacerse tal renuncia. Cuando se determinó que el vicepresidente y no el presidente había renunciado fue como abrir una olla de grillos. El caos y el desorden giró sobre si era o no valida su renuncia, si la jurisprudencia constitucional lo permitía o no, y si no estaba señalado en la Constitución Política o en la legislación electoral no podía hacerlo, como sí se establecía en la Constitución Política de 1871 que estuvo vigente hasta 1948. Sin embargo, para mí, si se le permite en la Constitución a presidente su retiro el 31 de julio anterior a un proceso electoral, con igual razón se le ha de permitir al vicepresidente, aunque de esa forma no esté expresamente señalado constitucionalmente. Tan solo hay que recordar que el vicepresidente únicamente tiene la función de sustituir al presidente en sus salidas temporales o de forma definitiva si así pudiere suceder de conformidad a cómo lo establece la Constitución Política.

La discusión de la renuncia del vicepresidente se asoció a la renuncia de otros vicepresidentes que lo hicieron, donde el trámite legislativo del conocimiento de sus renuncias fue expedito.

Se quiso asociar la fecha del 31, que no sesionó la Asamblea Legislativa, a la situación de que no habiendo sesionado se había perdido la posibilidad de hacer valer su renuncia a partir del primero de agosto. En este sentido, tan solo faltó recordar que el presidente de la Republica tiene la obligación de entregar su Informe sobre el Estado de la Nación el primero de mayo de cada año, y que dicho informe por tradición se hace con gran ceremonia nacional. La presidenta Laura Chinchilla Miranda se presentó, a dicho acto, un primero de mayo, día que en la elección del Directorio Legislativo de esa Legislatura que iniciaba, los diputados se lerdearon tanto que entrada la noche la presidenta optó por entregar, dejar presentado en la Secretaría de la Asamblea Legislativa, su Informe y retirarse. Con eso, ella cumplía. La ceremonia protocolaria no se realizó para que ella lo leyera. Bien pudo suceder que Laura no hubiera ido a leerlo como se reprogramó para día posterior, y le hubiera tocado al secretario de la Asamblea haberlo leído. El plazo de presentación del Informe se había cumplido con la entrega del documento el primero de mayo. La lectura se hizo posterior.

En el caso de la renuncia del vicepresidente Brunner sucedió algo parecido. Presentó su renuncia en tiempo. El conocimiento y la aceptación de ella se hizo posteriormente. La institucionalidad sigue funcionando y el régimen democrático también.

En ese alboroto fui consultado, como historiador, varias veces sobre renuncias de miembros de los supremos poderes, presidentes, vicepresidentes y diputados.

En el período anterior a 1948 estos trámites eran más expeditos y menos complicados.

Los vicejefes de Estado funcionaron hasta 1848. Con la constitución de la República de Costa Rica, desde 1848 hasta 1948, los vicejefes fueron llamado Designados a la Presidencia. A todos estos los nombraba el Poder Legislativo, los congresistas o diputados. En la elección de 1913-1914 no habiendo un resultado favorable para elegir un presidente entre los tres candidatos que se disputaron la presidencia, y no habiendo acuerdo entre ellos para hacerlo, el Congreso, en uso de sus facultades nombró los Designados a la Presidencia, y una vez nombrados, llamó a uno de ellos a ejercer la Presidencia. Así llegó Alfredo González Flores a la Presidencia de la República.

Si no hubiera habido Guerra Civil en 1948, y no hubiera habido acuerdo en el Congreso para decidir entre Otilio Ulate Blanco y Rafael Ángel Calderón Guardia, probablemente ese hubiera sido el camino de solución al conflicto de la nulidad de la elección presidencial, acuerdo en nombrar los Designados a la Presidencia, y haber llamado a uno de ellos a ejercer la Presidencia. Para esa posibilidad se tomaron en cuenta algunos nombres. No sucedió porque el alzamiento armado de José Figueres impuso otro camino, sin alterar la conclusión del período presidencial de Teodoro Picado, que terminó, las últimas tres semanas de su gobierno en manos de su Designado Santos León herrera, quien le entregó el poder a José Figueres, y no a Otilio Ulate, por cuanto Figueres se impuso sobre Otilio Ulate, por el pacto del 1 de mayo de 1948, con el cual se comprometía a entregarle la presidencia 18 meses después, puesto que él iba a gobernar por ese breve período, en el cual fundo la llamada Segunda República, etapa republicana que todavía estamos viviendo al amparo de la Constitución Política de 1949, que sigue vigente aunque maltrecha por la cantidad de reformas que se le han hecho.

Durante el período del Estado, 1824-1848 hubo algunos que cayeron o subieron en ese cargo, de jefes de Estado, por golpes de estado, como José Rafael Gallegos Alvarado, Braulio Carrillo Colina, Manuel Aguilar Chacón, francisco Morazán Quesada, José María Alfaro Zamora.

En este período por renuncia lo hizo Francisco María Oreamuno Bonilla.

Durante el período de la República, 1848-1948 hubo algunos que cayeron o subieron en ese cargo de presidentes de la República por golpes de estado, Juan Rafael Mora Porras, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez Zamora, Bruno Carranza Ramírez, Tomás Guardia Gutiérrez, Aniceto Esquivel Saénz, Vicente Herrera Zeledón, Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados subió por golpe de Estado.

En este período abandonó el poder Bernardo Soto Alfaro, y se lo entregó por un breve período al Dr. Carlos Durán. Por su parte, Federico Tinoco Granados renunció a la presidencia como resultado de la lucha popular en contra de su dictadura el 12 de agosto de 1919.

Fueron encargados del Poder Ejecutivo, por breves períodos, las siguientes personas, en el período del Estado de Costa Rica, 1824-1848: Agustín Gutiérrez Lizaurzabal, Juan José Lara Arias, Antonio Pinto Suarez, Rafael Moya Murillo, Manuel Fernández Chacón, Joaquín Mora Fernández, Manuel Antonio Bonilla Nava, Manuel José Carazo Bonilla.

Fueron encargados del Poder Ejecutivo, por breves períodos, las siguientes personas, en el período de la República de Costa Rica, 1848-1948: Manuel José Carazo Bonilla, Miguel Mora Porras, Rafael G. Escalante Nava, Eusebio Figueroa Oreamuno, José Antonio Pinto Castro, Salvador González Ramírez, Rafael Barroeta Baca, José Joaquín Lizano Gutiérrez, Salvador Lara Zamora, Saturnino Lizano Gutiérrez, Apolinar de Jesús Soto Quesada, Carlos Durán Cartín, Demetrio Iglesias Llorente, Juan Bautista Quirós Segura, Francisco Calderón Guardia, Rafael Calderón Muñoz, Jorge Hine Saborío, René Picado Michalski, Santos León Herrera y José Figueres Ferrer, como presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Durante la Segunda República, desde 1949 hasta hoy no ha habido Golpes de Estado que hayan provocado cambios en la Presidencia de la República ni renuncias de presidentes.

Encargados de gobierno han estado los vicepresidentes, de los distintos gobiernos, en las ausencias de los presidentes por viajes al exterior por cumplimiento de compromisos oficiales. Se acostumbra que en su sustitución alternen, a discreción de presidente, que los llama a ejercer la Presidencia, el primer y el segundo vicepresidente. No es obligatorio que en sus ausencias temporales siempre sea el primer vicepresidente quien sustituya al presidente.

Durante toda la historia institucional, solamente Francisco Antonio Pacheco Fernández, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, ha sustituido brevemente, en varias ocasiones, al presidente Oscar Arias Sánchez, en la cuarta Legislatura de su segunda administración, en el 2009-2010, por ausencias oficiales del Primer Mandatario, al haberse quedado sin sus dos vicepresidencias por renuncias al cargo que ellos hicieron.

Compartido con SURCOS por el autor.

El miedo no puede ser opción

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Un artículo de reciente publicación titulado “Hablo porque no sé hasta cuándo podré hacerlo” de Eduardo Alvarado, plantea una premisa impensable en un país como Costa Rica hasta hace unos años.

Habla, y sí que lo hace, de la necesidad de contrarrestar la desinformación y la laxitud de contenidos disparados en redes sociales frente a la batalla cultural instalada contra medios de comunicación que han sido colocados en el discurso oficial como “los enemigos del pueblo”.

Estamos claros que el origen de algunos de esos medios está basado en la confluencia de intereses económicos y políticos y que durante muchos años han construido una agenda que impulsa su proyecto, su enfoque y su visión de mundo.

Pero este hecho no puede llevarnos a aprobar los feroces ataques que sistemáticamente ha sostenido el poder ejecutivo actual contra cierta prensa, que claramente le ha señalado sus yerros y equivocaciones, que no han sido pocas.

Habla Alvarado, y sí que lo hace, en un artículo en el peridodico La Nación, de la forma como los núcleos duros de opinión llevaron a Kamala Harris a la derrota frente a Donald Trump; refiere un estudio de opinión que plantea que 6 de cada 10 personas temen hablar del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

Esto último no es una ficción. Me ocurrió con una querida amiga artista plástica y poeta salvadoreña a la que cité en una columna y que luego me solicitara eliminar esa referencia, pues temía represalias del gobierno salvadoreño sobre sus opiniones.

En Costa Rica aún marcamos el paso de la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, los límites han venido creciendo a pasos agigantados. Urge hablar, como lo hizo Alvarado en su columna. Urge defender el espacio público del intercambio y la reflexión.

Cualquier otra cosa nos habrá llevado irremediablemente a un lugar del cual no podremos salir intactos. No permitamos que el miedo se instale como opción.