Magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género y Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género, comparecen ante Comisión Permanente Especial de la Mujer
Dar un paso más a favor de las víctimas de delitos sexuales, así como propiciar un trabajo de prevención en el país, es lo que expuso la magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.
La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia y la Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias Meza atendieron la convocatoria del órgano legislativo, que tiene a cargo la tramitación del expediente 23 633, “Ley para la institucionalización legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Respuesta Rápida para la atención integral a víctimas de delitos sexuales (ERRVV)”.
“Este proyecto es una iniciativa propia del Poder Judicial. Lo que buscamos es que el protocolo de atención en las primeras 72 horas de ocurrido un delito de violación, que sufren, niñas, niños, adolescentes y mujeres pueda ser elevado a ley, pues permite suministrar los medicamentos de prevención de enfermedades de trasmisión sexual en las primeras horas del hecho y se impulsa la prevención, información y la capacitación de más personas, que conozcan el servicio que se brinda y que ha futuro se pueda contar con presupuesto para extenderlo a zonas más alejadas donde no hemos podido llegar”, puntualizó la magistrada Roxana Chacón.
Se explicó que el Poder Judicial implementa el protocolo en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde el 2011, para darle una atención más efectiva a las personas víctimas de violación. Hoy se cuentan con 18 equipos completos de Respuesta Rápida funcionando y que se encuentran distribuidos en 20 zonas específicas del país, así como 5 equipos medianamente integrados.
Esto permite disminuir la revictimización de las personas ofendidas y favorece que se obtenga la prueba de forma oportuna, lo que combate la impunidad en este tipo de delitos. Un total de 1500 violaciones ha acreditado y atendido el protocolo.
En los ERRVV intervienen las siguientes instancias del Poder Judicial: Departamento de Investigaciones Criminales, Ciencias Forenses, Medicina Legal, Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima, Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y Fiscalías Adjuntas territoriales durante la disponibilidad.
De parte de la Caja Costarricense del Seguro Social están: Servicios de Emergencias, Trabajo Social y Psicología, Farmacia y Laboratorio. Además de estas instancias también participan: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Sistema de Emergencias 911, Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia, Cruz Roja Costarricense, Ministerio de Salud; y Ministerio de Justicia y Paz, así como la Defensa Pública para dar la alerta, cuando conocen de una violación que se generó en el sistema penitenciario.
Un grupo de organizaciones de mujeres, con apoyo de las oficinas de género de las universidades estatales y la Fundación Justicia y Género, han organizado el primer Tribunal de Conciencia sobre el tratamiento de los medios de comunicación en los casos de femicidios.
Los Tribunales de Conciencia son eventos abiertos y públicos que convocan a personas claves de la justicia y de otros ámbitos, con el fin de generar un análisis y discusión respetuoso sobre un hecho que violente algún derecho humano específico, genere un reconocimiento de reparación simbólica, tanto individual como colectivo para que no vuelva a repetirse.
La influencia del Tribunal alcanza las áreas política, jurídica, académica y cultural, ya que este tiene una vocación educativa y sensibilizadora, principalmente hacia sectores menos conscientes de la violación de derechos.
En este caso, este tribunal de conciencia abordará la responsabilidad de los medios de comunicación en el reforzamiento de la violencia estructural contra las mujeres.
El desarrollo del Tribunal de Conciencia se realizará los días 8 y 9 de diciembre, de manera virtual a través del fanpage de la Fundación Justicia y Género, en un horario de 10 a.m. a 12 md.
Esta iniciativa forma parte de las actividades de sensibilización de los 16 Días de Activismo contra la violencia de Género, campaña internacional que arrancó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos.
El tribunal estará integrado por connotadas figuras especialistas en derecho y en periodismo que fungen como juezas, jueces, fiscalía y observadores.
Se trata de la abogada y experta en género, Alda Facio; los abogados especialistas en derechos humanos, Rodrigo Jiménez de Costa Rica, y Christian Paula de Ecuador; las periodistas Yanancy Noguera, Hulda Miranda y Thaís Aguilar, así como la experta internacional en género, Sara Sharrat; este grupo de especialistas fungirá como juezas y jueces, mientras que la abogada y especialista en derechos de mujeres, Roxana Arroyo, hará de fiscala y la escritora y premio Magón 2012, Yadira Calvo será la observadora de las acciones del Tribunal.
Datos dolorosos
De acuerdo con datos de la Fiscalía Adjunta de Género y la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio, las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial y del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, recabados por la periodista Hassel Fallas en su análisis La Data Cuenta, entre octubre del 2019 y el 26 de octubre de este año han sido asesinadas 26 mujeres a manos de sus parejas, exparejas, parientes, conocidos o atacantes sexuales.
Empero, hay 41 casos de muertes violentas de mujeres que se están investigando para determinar si se pueden catalogar como femicidios o no.
Muchos de los casos de este año fueron abordados por los medios de comunicación costarricenses y, lamentablemente, algunos de forma imprudente, poco compasiva, revictimizante e inapropiada en términos de derechos de imagen y memoria de las mujeres asesinadas.
Tal ha sido el impacto del desafortunado tratamiento noticioso de los femicidios que proyectos como el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Universidad Nacional y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, realizó y presentaron el 25 de noviembre pasado, un protocolo de prensa para el abordaje y tratamiento informativo de la violencia de género contra las mujeres y sectores vulnerables.
Por ello, este Tribunal de Conciencia procura concientizar sobre la importancia educativa y ética que tienen los medios de comunicación en los derechos de las mujeres, su responsabilidad en la erradicación de los patrones socioculturales que fomentan el sexismo y la violencia, y analizar el papel que juegan los medios con respecto al sufrimiento de las víctimas y sus familiares por la forma de presentar los femicidios.
Cabe recordar una observación que hiciera la antropóloga y escritora mexicana, Marcela Lagarde, quien señalaba que nuestras sociedades “son muy tolerantes a la violencia contra las mujeres o a cualquier forma de cosificación contra ellas”.
Las conclusiones del Tribunal serán una colaboración para las personas profesionales en comunicación y los medios, para que mejoren sus enfoques y abordajes informativos con respecto a estos temas.
Además, la organización de esta iniciativa constituye un homenaje para honrar la memoria de las víctimas de femicidio y una forma de reparación y apoyo para las familias de ellas, que tanto dolor y sufrimiento llevan sobre sus espaldas.
Comunicado de prensa compartido a SURCOS por Efraín Cavallini Acuña, presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica.
SAN JOSÉ LAS FLORES, El Salvador, 16 ago 2017 (IPS) – Sorteando riachuelos y recorriendo escabrosos caminos va Felipe Tobar, al frente de un grupo de personas cuyo destino es la ribera de un río tristemente famoso, porque allí hace 37 años fueron asesinadas alrededor de 600 personas en El Salvador.
“Cuando yo me tiré al río era increíble ver aquel montón de gente que era arrastrada por el agua, se ahogaban, vi cuando el ejército ya estaba en el borde, disparando a la gente fuera y dentro del río”, cuenta Tobar, mientras hace una parada para descansar, sentado en una roca a la orilla de una vereda.
Tobar, ahora con 60 años, es sobreviviente de una de las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil salvadoreña, la llamada Masacre del Sumpul, ejecutada por efectivos militares en mayo de 1980, en la ribera del río del mismo nombre, en el caserío Las Aradas, del municipio de Ojos de Agua, en el norteño departamento de Chalatenango.
Ahora, el municipio del que él es alcalde, San José Las Flores, es parte un proyecto de memoria histórica que, además de rendir tributo a todos aquellos que perdieron la vida en esa y otras masacres ocurridas en Chalatenango, incluye iniciativas productivas sostenibles.
Entre esas está el fomento de un turismo rural enfocado en esos hechos ocurridos durante los 12 años de conflicto (1980-1992), en el que perdieron la vida 75.000 personas, mientras se calculan en 8.000 los desaparecidos y 30.000 los refugiados tan solo en la vecina Honduras.
“Esto vendría a potenciar la llega de visitantes al municipio… mucha gente quiere conocer la historia, los lugares donde se dieron este tipo de hechos”, sostuvo el alcalde, quien además es presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Masacres en Chalatenango, conformada el 11 de agosto.
Chalatenango fue uno de los departamentos de este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes donde más recrudeció la guerra debido a la fuerte presencia guerrillera en la zona y a los constantes bombardeos y operativos desarrollados por el ejército.
El guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convirtió en partido político tras los Acuerdos de Paz de 1992 y gobierna el país desde 2009, tras ganar los comicios presidenciales ese año y en 2014.
La ruta turística, que se llamará Voces de Historias Vivas, es impulsada además por otros pueblos del departamento donde también hubo masacres, como San Antonio Los Ranchos, Nueva Trinidad y Arcatao.
“Tenemos la ventaja de que aún hay sobrevivientes, los turistas pueden conocerlos y oír lo que en realidad pasó, de viva voz”, dijo a IPS por teléfono desde su despacho el alcalde de Arcatao, José Alberto Avelar.
Se pretende además, entre otras actividades, desarrollar una agricultura amigable con el ambiente, de modo que los turistas puedan visitar parcelas de cultivos y participar ellos mismos del proceso, acotó.
Durante la caminata, machete en mano, Tobar va contando detalles de lo ocurrido durante la matanza, a un grupo de personas llegadas no solo de San Salvador, la capital, sino de Canadá y Bélgica, algunos de ellos involucrados directamente en el esfuerzo de memoria histórica en la zona.
De su municipio y de otros vecinos a Ojos de Agua, donde se produjo la masacre, también murieron familias enteras que buscaban refugio del operativo militar en la zona, atravesando parajes intrincados.
“El proyecto se inició como interés de Salvaide de apoyar los procesos de memoria histórica y conmemoración en comunidades de Chalatenango, a partir de 2014”, señaló Pedro Cabezas, representante de esa organización canadiense en El Salvador.
Salvaide es una ONG con sede en la ciudad canadiense de Ontario, creada en 1985 para fortalecer a las comunidades de El Salvador en la construcción de justicia, democracia y desarrollo sostenible.
Esa organización donó parte de los 21.000 que costó el terreno de 2,7 hectáreas localizado en una planicie adyacente a la ribera del río Sumpul, el lugar exacto donde muchas víctimas fueron asesinadas a sangre fría en aquel mayo de 1980.
En ese sitio, cada año se celebra la conmemoración de la masacre, con actos religiosos y culturales, y es allí donde ahora el alcalde de San José Las Flores y la comunidad pretenden edificar un monumento conmemorativo y otras obras, como senderos y jardines, con el apoyo de algunas de las organizaciones y personas que han acompañado el esfuerzo desde el inicio.
Algunas de esas personas han caminado con él, por tres horas, entre valles y montañas, bajo un sol inclemente, para llegar desde San José Las Flores al lugar de la masacre, a algo más de 100 kilómetros al norte de San Salvador.
“La idea es ayudarla en dibujar planes estratégicos, paso a paso… ellos tienen una visión de lo que quieren hacer”, señaló a IPS la profesora de la Universidad Western Ontario, Amanda Grzyb.
Ella se involucró en el proyecto, junto a su pareja Reynaldo Hernández, luego de llevar a cabo una iniciativa paralela relacionada con la historia de El Salvador: el montaje de una exhibición en este país con fotografías poco conocidas de refugiados salvadoreños, en campos establecidos en Honduras durante el conflicto.
Las fotografías estaban en poder del director fundador de Oxfam Canadá, Meyer Brownstone, quien se las entregó a Hernández para que él hiciera algo con ellas.
“Tenía el sueño de hacer un archivo ‘online (en línea)’ con esas imágenes, y encontré a un diseñador de páginas web con ese fin, pero el costo económico era demasiado alto”, narró Hernández a IPS.
Residente en Ontario hace años, Hernández fue uno de los salvadoreños que vivió en su infancia en uno de esos campos de refugiados en Honduras, luego de que su familia saliera del país huyendo de la violencia.
Al equipo de trabajo se ha unido una pareja de arquitectos, Harold Fallon y Evelia Macal, quienes han viajado desde la capital de Bélgica para conocer de cerca el proceso de edificación del monumento en la ribera del río y ver cómo pueden colaborar en el proyecto.
“Lo primero es definir un programa de trabajo, hecho consultivamente con todos los participantes, son ellos los que van a darle vida, no es de venir a imponer”, señaló Macal, una salvadoreña residenciada en Bruselas.
Fallon, profesor de la belga Universidad Católica de Lovaina, dijo que está claro que para la comunidad es importante mejorar las vías de acceso al sitio, sobre todo para las personas adultas mayores que quieren visitar el lugar y les resulta difícil avanzar en caminos tan escabrosos.
Pero además debe considerarse el hecho de dejar las veredas y caminos originales, pues también tienen un significado histórico, acotó.
“Hay que ver cómo se logra un equilibrio entre la accesibilidad del lugar pero al mismo tiempo manteniendo los caminos que existen, porque son parte de la historia también”, refirió, sentado con Macal en la orilla del río, cuyas aguas fueron testigo de tanta muerte y dolor.
Organizaciones de derechos humanos identificaron a varios oficiales del ejército de entonces como los victimarios de aquella matanza, entre ellos quien era ministro de la Defensa, José Guillermo García, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Rafael Flores, y el comandante del Destacamento Militar Número, de Chalatenango, Augusto Peña.
Abogados de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, que llevan el caso en nombre de los familiares de las víctimas, lograron recientemente que el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango permita una inspección en Las Aradas, pero aún no se define la fecha.
Felipe Tobar, alcalde de San José Las Flores, con parte del grupo al que guía hacia el lugar exacto donde en mayo de 1980 se produjo la masacre de Sumpul, en las orillas del río del mismo nombre, donde unas 600 personas civiles fueron asesinados por el ejército al comienzo de la guerra de 12 años en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala /IPS.
Este 16 de agosto del 2017, entró en vigor la Convención sobre Mercurio suscrita en el 2013, adoptada en la localidad japonesa de Kumamoto. Kumamoto es la pequeña ciudad en la que la se ubicó la corporación Chisso que optó por verter grandes cantidades de mercurio en los años 40 y 50, impactando la Bahía de Minamata, y sus pobladores. Minamata alude a esa pequeña comunidad costera japonesa que se dio a conocer mundialmente cuando se confirmó en 1956 una de las peores tragedias humanas causadas por este metal pesado, al consumir sus integrantes peces con altos niveles de mercurio.
Foto extraída de la presentación de la Dra. Astrid Andersen (Dinamarca), «La enfermedad de Minamata», filmina 24.
En este estudio sobre los alcances en Japón de la enfermedad de Minamata y las acciones legales que se debieron de interponer, incluso hasta el 2013, para obtener compensaciones para las víctimas, se lee que:
«Hasta finales de mayo del 2013, el número total de pacientes certificados era de 2.977 (1.784 en la Prefectura de Kumamoto, 491 en la Prefectura de Kagoshima y 702 en la Prefectura de Niigata), de los cuales 646 (330 en la Prefectura de Kumamoto, 130 en la Prefectura de Kagoshima, y 186 en la Prefectura de Niigata) siguen con vida. Mientras tanto, el 16 de abril de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia para dos casos que demandan la anulación de las decisiones respectivas del gobierno de rechazar la solicitud de la certificación bajo la Ley de Indemnización» (página 10).
La Convención sobre Mercurio en breve
A partir de reuniones de expertos de la FAO y de la OMS sobre los daños a la salud humana provocados por el mercurio (véase nota del 2003), se hizo imperioso contar con un instrumento internacional vinculante con respecto a esta sustancia. Las negociaciones sobre su conveniencia y luego sobre su contenido duraron diez años. El convenio suscrito en el 2013 (véase texto y anexos, versión en español) establece una serie de obligaciones para prevenir daños a la salud humana en los Estados partes causados por el mercurio limitando o prohibiendo su uso. El artículo 7 refiere a obligaciones relacionadas a la extracción de oro artesanal y a pequeña escala.
Se prevé también un sistema de limitaciones progresivas a la producción e importación de ciertos productos que contienen mercurio. Al respecto, la fecha del 2020 estipulada en el Anexo 1 obliga a tomar medidas comerciales a mediano plazo. Hace unos meses, la Unión Europea (UE) acordó prohibir el uso de implantes odontológicos con mercurio en niños y mujeres embarazadas a partir del 2018 (véase nota de prensa y comunicado de prensa de la UE que abarca otras de las medidas tomadas).
Este instrumento internacional obliga a los Estados a regular y a limitar el uso del mercurio, un ámbito en el que en muchos Estados no existe regulación alguna. Por ejemplo, en este informe de las autoridades chilenas del 2009 titulado «Plan Nacional para la Gestión de los Riesgos del Mercurio» (véase texto completo), se lee que:
«En Chile actualmente no se producen productos con contenido de mercurio, por lo tanto, el mayor problema radica en la importación de éstos. Los principales productos importados y que contienen mercurio son pilas, termómetros, manómetros, medidores, barómetros, sensores, interruptores, fuentes de luz con mercurio, productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, químicos y equipos de laboratorio. En todos los casos, no existe regulación para el ingreso y/o contenido de este metal»(página 14).
A la fecha de su entrada en vigor, este convenio internacional de Minamata cuenta con 128 firmas y 74 ratificaciones (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Como era de esperar, ni Argelia ni Kirguistán han tan siquiera firmado este texto. Si bien lo han firmado, no aparecen en la lista de Estados Partes Alemania, España, India, Italia y Sudáfrica, a diferencia de China que sí lo ha ratificado.
En América Latina, después de Uruguay, primero en la región en ratificar esta convención (setiembre del 2014), seguido por Nicaragua (octubre del 2014), México y Panamá (setiembre del 2015), figuran como Estados Partes Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, y Perú. En este enlace está disponible un informe sobre la implementación de este instrumento internacional en América Latina y en el Caribe.
Como se puede apreciar, con la notable excepción de Guatemala, Centroamérica es parte de este novedoso instrumento, que llama a reforzar la cooperación para limitar el comercio del mercurio. No es el caso de la región andina, en la que Chile y Colombia (al igual que Argentina) han optado por no someterse (aún) a este tratado. Recientemente, en Costa Rica, las autoridades detectaron que el mercurio usado por quiénes se dedican a la minería artesanal ilegal proviene de Nicaragua (véase nota reciente de La Nación).
Mercurio y otros metales pesados y salud humana
Según la descripción dada por la Oficina de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA), «Mercury emissions know no national or continental boundaries. Mercury emitted into the air can travel thousands of miles in the atmosphere before it is eventually deposited back to the earth in rainfall or in dry gaseous form» (véase ficha técnica: se sugiere al lector completar los datos de la EPA con la ficha técnica elaborada por Ecured/Cuba). Se considera que los mayores productores de mercurio a nivel global son España, seguida por Kirguistán, Argelia y China (véase recuadros en páginas 5-6 de este informe al 2003).
Sobre los daños a la salud humana del mercurio, véase daños y patologías asociadas al mercurio, reseñadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este último enlace, se lee que:
«La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos».
El mercurio, al igual que otros metales pesados, suele ser absorbido por el ser humano en cantidades que superan los valores mínimos al estar expuesto a sustancias químicas que lo contienen, como vapores, polvo de ciertos cementos, aceites y grasas y otras sustancias químicas usadas en la industria, o bien al consumir agua contaminada o productos del mar u otros, a través del fenómeno conocido como «bioacumulación», entre otras formas de ingerirlo.
La ingesta o inhalación de metales pesados en cantidades superiores a las recomendadas afecta el sistema nervioso y varias funciones cerebrales del ser humano. Con relación a un metal pesado como el plomo, en este «Manual de Pruebas Neuroconductuales» (véase texto completo) publicado en Costa Rica en el año 2000 y cuya lectura recomendamos al ser Costa Rica uno de los mayores importadores de plaguicidas y pesticidas en América Latina, se señala que:
«Un ejemplo de un efecto neurotóxico temprano es la disminución del coeficiente de inteligencia (CI) en niños con niveles elevados de plomo en la sangre. Un gran número de estudios ha puesto en evidencia la relación entre el nivel de plomo en la sangre de niños y la disminución del coeficiente de inteligencia en ausencia de una enfermedad clínica» (página 9).
El plomo, el mercurio, el cadmio, el titanio, el arsénico y muchos otros metales pesados se encuentran liberados, mezclados a otras sustancias, sin que se sepa a ciencia cierta en qué proporciones, pero con efectos devastadores para la salud humana. La contaminación causada a la comunidad de La Oroya en Perú se tramita actualmente ante el sistema interamericano de derechos humanos (véase nota de AIDA).
Cuando los desechos electrónicos y eléctricos, los residuos de centros hospitalarios así como muchos otros conteniendo metales pesados no son adecuadamente tratados o reciclados, el agua sirve de vehículo, en particular en las zonas tropicales, concentrándose gran cantidad de metales dispersos en quebradas, ríos, lagunas y lagos, pero también acuíferos. Por efecto de la escorrentía, polvos de cementeras, minas, industrias diversas o las partículas que liberan los motores del parque automotor también terminan en los cuerpos de agua.
Desde el 2014, un Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Sustancias Tóxicas está sistematizando información sobre el tema, además de recibir denuncias y visitar Estados, ante los desafíos que plantean, en materia de derechos humanos, las sustancias tóxicas usadas en la industria y en la agricultura (véase sitio oficial).
Los metales pesados en Costa Rica liberados en los cuerpos de agua
Pese a diversas comunicaciones enviadas por Costa Rica a instancias internacionales sobre iniciativas en materia de metales pesados (véase por ejemplo nota del Ministerio del Ambiente (MINAET) del 2009 colgada en este enlace de Naciones Unidas), resulta evidente que el tratamiento de residuos constituye aún todo un desafío, incluyendo los metales pesados. No se conoce de algún dato sobre la cantidad de baterías (pilas) recicladas en Costa Rica con relación al volumen importado, para dar tan solo un ejemplo (que podríamos extender a las baterías de vehículos o acumuladores).
En su informe del 8 de abril del 2014, a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, el Experto Independiente John H. Knox de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, señaló en su informe (Documento A/HRC/25/53/Add.1 disponible en la red) que:
«Según un estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales en 2011, Costa Rica tiene el más alto uso per capita de plaguicidas del mundo . Estudios recientes han descrito los efectos adversos que el uso de plaguicidas agrícolas está teniendo en los ecosistemas fluviales, entre otras cosas debido al deterioro del hábitat y la calidad ecológica de comunidades de macroinvertebrados, el escaso crecimiento vegetativo y los elevados niveles de residuos de fungicidas y herbicidas. Como consecuencia de ello, Costa Rica tiene algunos de los ríos más contaminados de América Latina. Sus humedales también necesitan más protección» (punto 59).
Con relación a los cuerpos de agua, en este informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los controles defectuosos del Estado costarricense con relación a la calidad del agua, del año 2013, se puede leer que:
«Se determinó la presencia de contaminantes diversos, en 25 de las 34 cuencas del país. Estos contaminantes son materia orgánica, nutrientes y sólidos, metales, sustancias químicas y orgánicas, y microorganismos peligrosos» (punto 2.69, pág. 24). De interés resulta este informe con relación a la poca fiscalización del Estado en materia de vertidos en cuerpos de agua por parte del sector industrial.
Hubiese sido muy interesante por ejemplo, además de los hallazgos de la CGR, saber cuánta del agua declarada como potable (y cobrada como tal) es objeto de un monitoreo permanente con relación a la presencia de metales pesados. Se sabe por ejemplo que los análisis sobre la potabilidad del agua en el cantón de Santo Domingo de Heredia (acueducto municipal) incluyen siempre un análisis bacteriológico, pero que los análisis fisico-químicos son realizados de manera muy esporádica: desde febrero del 2012, las autoridades de salud de este cantón herediano se mantienen sin responder a una solicitud realizada por una entidad local (véase nota del CBAE de San Miguel).
Al verterse al mar, desde las desembocaduras de los ríos, grandes volúmenes de agua contaminada con metales pesados y muchas otras sustancias provenientes del Valle Central, el estudio de peces y especies marinas también revela los efectos de la contaminación fluvial, con investigaciones (esporádicas) sobre metales pesados cada vez más preocupantes, y escasamente divulgadas en Costa Rica.
Foto extraía de nota de La Nación (2015): «Playas Guacalillo, Azul y Tárcoles pagan con basura el descuido del Valle Central».
En un estudio publicado por un químico de Costa Rica en el 2015, titulado «Acumulación de metales pesados en bivalvos y sus efectos tóxicos en la salud humana: perspectivas para el estudio en Costa Rica», se lee que:
«Los principales efectos sobre la salud humana por exposición a metilmercurio son efectos neurotóxicos (parestesias, ataxia, neurastenia, pérdida de visión y audición) en adultos y toxicidad para los fetos de mujeres expuestas durante el embarazo. También se ha demostrado un efecto genotóxico que da por resultado aberraciones cromosómicas en poblaciones expuestas a metilmercurio».
Nótese que en ese mismo estudio precitado, el autor concluye que:
«en Costa Rica el no contar con una industria tan especializada en el uso de metales pesados así como la falta de información al respecto, no permite asegurar que hay o no contenidos elevados de contaminantes. Únicamente el estudio analítico de las muestras tanto de los cultivos del golfo de Nicoya, como las extraídas en otras zonas costeras, podrá generar un verdadero reflejo de en qué posición nos encontramos respecto al tema».
Las concentraciones de metales pesados en los peces que se comercializan para consumo humano son objeto cada cierto tiempo de titulares en prensa. En Costa Rica, uno de los primeros artículos de prensa disponible en línea al respecto es del 2006 (véase nota de La Nación).
En el 2013, se publicó la investigación titulada «Evaluación de los Niveles de Mercurio en Productos Pesqueros en Costa Rica, Durante 2003-2013, como insumo para recomendar una ingesta semanal tolerable» disponible en este enlace. Los resultados de una investigación titulada «Interpretación del contenido de mercurio en muestras nacionales de pez vela (Istiophorus platypterus) y marlín (Makaira spp. o Tetrapturusspp.) a partir de parámetros toxicológicos internacionales», publicada por la Universidad Nacional (UNA) y disponible en la red, concluye en el 2014 que el 100% de las muestras recogidas de ambos peces en establecimiento comerciales registran altas concentraciones de mercurio (p. 57). En el 2016, la ONG PRETOMA titulo una nota de prensa«Study Shows Shark Meat in Costa Rican Markets Has High Levels of Toxic Mercury». El atún aparece en la tabla 1 de este estudio del 2014 sobre especies marinas en las que se registra mercurio, y sería de gran interés conocer cuál es la situación del atún consumido en Costa Rica.
A modo de conclusión: investigaciones esporádicas ante un Estado omiso
En febrero del 2017, la aparición de grandes cantidades de peces muertos en varias playas de Nicoya dió lugar a un apresurado comunicado de prensa de las autoridades del 17 de febrero (Nota 1) descartando cualquier riesgo para la salud humana al consumir peces (véase nota de Casa Presidencial titulada «Descartan riesgo en consumo de pescado proveniente del Golfo de Nicoya»).
Se desconoce si las autoridades del Ministerio de Salud han elaborado (y hecho público) en estos últimos años algun informe sobre la recurrencia de patologías asociadas a metales pesados detectadas en ciertas zonas de Costa Rica.
En este como en otros casos, es frecuente observar a un Estado negligente en cuanto a los efectos en la salud humana de ciertas actividades. Bien lo saben las comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica, cuya salud y patologías asociadas a la exposición de plaguicidas no parecen en lo más mínimo interpelar a las autoridades de salud: como tuvimos la ocasión de expresarlo, la sordera es institucionalizada en Costa Rica cuando de problemas provocados por la piña se trata (véase nota nuestra publicada en el OPALC en el 2015) (Nota 2). De igual forma con la gran cantidad de niños autistas en algunas zonas rurales, pese a literatura científica que (desde hace muchos años) relaciona el autismo a la exposición a pesticidas de mujeres embarazadas (véase nota al respecto).
Más allá de la serie de obligaciones que asumieron los Estados en la Convención de Minamata con relación al mercurio (y cuya implementación constituye en sí todo un desafío), es deseable que con la entrada en vigor de este novedoso instrumento, la opinión pública aproveche la oportunidad para exigir a los Estados examinar con mucha mayor atención los efectos en la salud pública de los metales pesados que, de una u otra forma, ingieren sus habitantes.
Notas:
Nota 1: Nótese que el informe técnico solicitado a un ente universitario por las autoridades ante la falta de peritos para identificar la causa de esta súbita muerte de grandes cantidades de peces, lleva la fecha del 3 de marzo del 2017: véase nota de La Nación.
Nota 2: La lista de las distintas sustancias químicas necesarias para producir la variedad denominada «MD-2» da una idea de los riesgos que significan para los suelos, los acuíferos así como para la salud de las comunidades aledañas y la de los trabajadores en las piñeras (véase Anexo XXII (página 57) del informe denominado “Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí). En el 2009, con relación a una investigación del IRET de la Universidad Nacional (UNA) en Talamanca sobre valores de plaguicidas en los orines de menores que viven cerca de bananeras, se leyó la siguiente reacción por parte de la titular de la cartera de la salud:
«Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (sic) (véase nota del Semanario Universidad).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
