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Etiqueta: seguridad alimentaria

Vigilia en Pacayas por la seguridad y la soberanía alimentaria

Nota

El Equipo Técnico de Apoyo al Sector Agropecuario convoca a la «Vigilia por el sector agropecuario costarricense», que se realizará el miércoles 18 de noviembre en el parque de Pacayas, en Alvarado de Cartago. La actividad busca apoyar y visibilizar la labor de quienes trabajan la tierra, «por la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país».

El programa es el siguiente:

  • 10:00 a. m. a 3:00 p. m.: feria de productos e intercambio de semillas criollas.
  • 4:00 p. m. a 6:30 p. m.: presentaciones sobre el sector agropecuario costarricense.
  • 6:30 p. m.: presentación artística de Gerardo y Los Hicsos.

«¡Acercate y viví esta vigilia con nosotros! Apoyemos lo nuestro», invitan las personas organizadoras.

«Que el comercio esté al servicio de la vida de nuestro pueblo»

Conferencia Episcopal de Costa Rica

Ante la decisión del Gobierno de la República de no suscribir la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

San José, 29 de octubre de 2026

  1. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como pastores que acompañamos la vida cotidiana de las personas y de nuestras comunidades, hemos seguido con atención y oración el debate nacional sobre la eventual adhesión del país al Acuerdo Transpacífico. El 28 de octubre, la señora Presidente de la República, Laura Fernández Delgado, anunció la decisión de no firmar el protocolo de adhesión y de archivar el proceso, cuyas negociaciones habían concluido sustancialmente en mayo de este año.

Acogemos la decisión con serenidad.

2. Recibimos con respeto y esperanza esta decisión, porque responde al clamor de miles de familias productoras que, durante meses, pidieron ser escuchadas y conocer con claridad las condiciones de un acuerdo que podía afectar su sustento y poner en riesgo los medios para asegurar la vida. En nuestra Carta Pastoral Colectiva de abril de este año señalamos que el campo es «un sector cada vez más olvidado por el Estado y su institucionalidad» y pedimos fortalecer el diálogo con los agricultores (Conferencia Episcopal de Costa Rica [CECOR], 2026, nn. 45–47). La transparencia y la participación de los sectores afectados no son un trámite: son una exigencia de la dignidad de las personas y del bien común, como principios éticos para vivir en sociedad.

3. Queremos decirlo con claridad: esta palabra no es un rechazo al comercio internacional ni a quienes, con argumentos legítimos, veían en el acuerdo oportunidades para el país. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce al mercado como «instrumento insustituible de regulación dentro del sistema económico», pero recuerda la necesidad de «sujetarlo a finalidades morales» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 349), porque «el libre intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social» (n. 366).

La voz del Magisterio latinoamericano.

4. Los obispos de América Latina y el Caribe advirtieron en Aparecida que los tratados de libre comercio «entre países con economías asimétricas» no siempre benefician a los países más pobres, y que los campesinos deben estar atentos a los males que tales tratados puedan ocasionarles (Consejo Episcopal Latinoamericano [CELAM], 2007, nn. 67, 72). Allí mismo se pidió a la Iglesia de cada país «examinar atentamente» estas negociaciones y alertar a los responsables políticos y a la opinión pública sobre sus consecuencias para «los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población» (n. 406d). En fidelidad a ese mandato pastoral, y no por interés partidario alguno, hoy alzamos nuestra voz.

Cercanía con los sectores afectados.

5. Enviamos un saludo fraterno y solidario a los agricultores, ganaderos, productores de leche, arroceros, caficultores, palmicultores, horticultores y pescadores, y a sus familias. Las organizaciones del agro han expresado su preocupación por miles de fincas y productores expuestos a una competencia desigual. Ustedes son parte viva del cuerpo de la Iglesia (1 Cor 12,12-31) y sostienen, con su trabajo silencioso, la mesa de todos los costarricenses.

Una decisión que debe abrir caminos.

6. Archivar un proceso no resuelve, por sí solo, las dificultades del campo. Por ello, con espíritu de colaboración, respetuosamente pedimos:

  1. Que la agenda de acompañamiento al sector agropecuario anunciada por el Gobierno se concrete con recursos, plazos y metas verificables, y que se construya en mesas de diálogo con las organizaciones de productores, como también lo han solicitado diputaciones de distintas fracciones.
  2. Que estas políticas no se limiten a ayudas pasajeras. El Compendio de Doctrina Social enseña que la intervención del Estado no debe ser «ni ilimitada, ni insuficiente», y que «la solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 351); y pide políticas agrícolas «capaces de superar una cierta concepción residual y asistencial» (n. 299). Crédito accesible, asistencia técnica, infraestructura rural, combate al contrabando y fortalecimiento de cooperativas y otras formas asociativas son caminos para que el productor compita con dignidad.
  3. Que se proteja la seguridad y la soberanía alimentaria del país, pues la disponibilidad de alimentos «no puede quedar limitada al mercado internacional» (CECOR, 2026, n. 46). Como recordaba el papa Francisco, «las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores» (Francisco, 2015, n. 129).
  4. Que toda futura negociación comercial se realice con información pública oportuna, estudios de impacto y participación real de quienes podrían resultar más afectados, sin descuidar a las personas trabajadoras de los sectores exportadores ni las buenas relaciones con las naciones hermanas del bloque.

Un llamado a la unidad.

7. Invitamos a todos los actores —Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector productivo, cámaras empresariales, academia y sociedad civil— a vivir este momento sin polarización ni descalificaciones personales. Costa Rica tiene una larga tradición de diálogo que hoy necesitamos honrar para construir juntos un modelo de desarrollo en el que nadie quede atrás.

8. Encomendamos a las familias del campo a la intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, y de san Isidro Labrador, para que el Señor bendiga el trabajo de sus manos y nos conceda a todos la sabiduría de buscar siempre el bien común.

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Referencias

Conferencia Episcopal de Costa Rica. (2026). ¡La paz esté con ustedes! (Jn 20,19): Carta pastoral colectiva de los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. https://ecocatolico.org/images/documentos/Libro%20Carta%20Pastoral%20CECOR%202026-%20Digital.pdf

Consejo Episcopal Latinoamericano. (2007). V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe: Documento conclusivo de Aparecida. CELAM. https://es.catholic.net/archivos/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf

EFE. (2026, 28 de octubre). Presidenta de Costa Rica descarta Acuerdo Transpacífico y despide a ministra de Comercio. Swissinfo. https://www.swissinfo.ch/spa/presidenta-de-costa-rica-descarta-acuerdo-transpac%C3%ADfico-y-despide-a-ministra-de-comercio/92291873

Francisco. (2015). Laudato si’: Carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Infobae. (2026, 28 de octubre). Costa Rica archivó el Tratado Transpacífico y prepara apoyo directo para productores agropecuarios. https://www.infobae.com/costa-rica/2026/10/28/costa-rica-archivo-el-tratado-transpacifico-y-prepara-apoyo-directo-para-productores-agropecuarios/

La República. (2026). «En el Acuerdo Transpacífico no vemos oportunidades para el sector sino amenazas»: Cámara de Agricultura. https://www.larepublica.net/en-el-acuerdo-transpacifico-no-vemos-oportunidades-para-el-sector-sino-amenazas-camara-de-agricultura/

Ministerio de Comercio Exterior. (2026). Acuerdo Transpacífico (CPTPP). https://www.comex.go.cr/tratados/acuerdo-transpac%C3%ADfico/

Pastoral Social Cáritas Costa Rica. (2025). Mensaje de Pastoral Social Cáritas en apoyo a los agricultores. Conferencia Episcopal de Costa Rica. https://www.iglesiacr.org/mensaje-de-pastoral-social-caritas-en-apoyo-a-los-agricultores/

Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2005). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html

Teletica. (2026, 29 de octubre). Diputados piden mesas de trabajo con el agro tras archivo de Acuerdo Transpacífico. https://www.teletica.com/politica/diputados-piden-mesas-de-trabajo-con-el-agro-tras-archivo-de-acuerdo-transpacifico_420164

+Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal

+Daniel Blanco Méndez
Obispo auxiliar de San José
Secretario General de la Conferencia Episcopal

Descargue el documento original desde SURCOS: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/11/Que-el-comercio-este-al-servicio-de-la-vida-de-nuestro-pueblo.pdf

¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035

Una democracia se vuelve estéril cuando los ciudadanos limitan su papel al de simples espectadores de las directrices oficiales. El verdadero progreso nace de la auditoría comunitaria y de la capacidad de exigir que el poder rinda cuentas sobre la realidad material de la gente.

Quinta y última entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“El Plan Nacional 2026-2035 ante la mirada de sus actores ausentes. Por qué la gobernanza moderna exige un monitoreo independiente, el fortalecimiento de la SEPAN y una rendición de cuentas basada en la salud material de los territorios.”

Criticar las limitaciones del Plan Nacional 2026-2035 no significa desconocer su importancia. Por el contrario, implica tomarlo en serio y exigir que se transforme en una verdadera política de cambio. El objetivo debe ser enfrentar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y no únicamente sus manifestaciones.

La pregunta que corresponde ahora es inevitable: ¿qué hacer? O, más precisamente, ¿qué proponer desde los sectores que han permanecido escasamente escuchados?

La respuesta supera la simple incorporación de más nombres a una comisión institucional. Se requiere una participación crítica, independiente y propositiva. Esta fuerza debe colocar en el centro del debate los asuntos que han recibido menor atención.

Hablamos de la salud de los suelos, la agroecología, la dependencia alimentaria, el uso de plaguicidas y la concentración económica. También incluye salvaguardar la dignidad de las personas agricultoras y la relación directa entre alimentación, ambiente y salud pública.

La academia: conocimiento y responsabilidad pública

Las universidades públicas no deben limitarse a publicar investigaciones aisladas o participar ocasionalmente en foros institucionales. Tienen la responsabilidad de examinar de forma analítica las políticas del Estado. Su fin supremo es poner el conocimiento al servicio real de la sociedad.

En este caso, la academia debe impulsar una evaluación interdisciplinaria del Plan. Esta labor debe integrar la agronomía, la nutrición, la salud pública, la economía, la sociología, la ecología, el derecho y los estudios territoriales.

Como lo ha recordado recientemente la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR) ante el Consejo Universitario, asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada es una responsabilidad ineludible de los gobiernos.

Para fundamentar con datos técnicos esta urgencia, las investigaciones de la Comisión remarcan que cerca del 47,6% de los hogares costarricenses enfrenta limitaciones severas para acceder a alimentos suficientes.

Esta vulnerabilidad material se ensaña con crudeza sobre las regiones periféricas y los hogares con jefatura femenina, afectando de forma directa a las poblaciones campesinas, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que sufren un histórico rezago territorial.

Esa evaluación colectiva académica debería responder preguntas medulares. Debemos constatar si el Plan reduce la dependencia de alimentos importados y fortalece la producción nacional. Importa medir si mejora las condiciones de las familias agricultoras y si protege efectivamente los suelos y el agua.

Asimismo, debe certificar si disminuye la exposición a sustancias químicas peligrosas y si contribuye a una alimentación saludable. Para lograrlo, sería conveniente crear un Observatorio Académico de los Sistemas Alimentarios. Esta entidad aportaría indicadores públicos y un seguimiento periódico.

No bastará con contabilizar talleres, reuniones o informes burocráticos. Habrá que verificar en el campo si cambian las condiciones básicas que originan la vulnerabilidad alimentaria.

El Estado de la Nación: evaluar resultados reales y memoria histórica

El Programa Estado de la Nación podría contribuir mediante un monitoreo independiente de la seguridad alimentaria y nutricional. Este esfuerzo debe vincularse de forma directa con sus análisis sobre desarrollo humano, equidad, ambiente, economía y calidad de la democracia.

Los informes históricos del Programa Estado de la Nación y del Conare ya han aportado una advertencia metodológica insoslayable sobre la inercia del sector público: la Política Nacional anterior (2011-2021) venció formalmente sin que el Estado costarricense realizara una sola evaluación de sus metas ni diera un seguimiento sistemático a sus resultados operativos. Esta parálisis técnica se suma al quiebre estructural derivado de los tratados de libre comercio.

Las investigaciones de control demuestran que las políticas de apertura comercial forzadas por el TLC con los Estados Unidos contrajeron la superficie de siembra de granos básicos nacionales en un 27,7%, empujando al país a una dependencia externa donde más del 60% de los alimentos de consumo diario provienen de la importación masiva.

Esta lección histórica nos obliga a vigilar cualquier intento de reactivar la adhesión de Costa Rica al CPTPP, recientemente archivada, con el fin de evitar la estocada definitiva a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.

Para ello, es fundamental promover indicadores específicos. Debemos medir la evolución de la dependencia de importaciones y el volumen de producción nacional de granos básicos. También se requiere registrar la concentración económica, la expansión de monocultivos, la salud de los suelos y el uso real de plaguicidas.

A esto se suma fiscalizar la contaminación de aguas y alimentos, el cumplimiento de las condiciones laborales y el acceso equitativo a dietas saludables. La ciudadanía necesita saber qué ha cambiado realmente en sus vidas y no solo qué dicen estar haciendo las instituciones.

Un informe que registre únicamente actividades y reuniones, pero ignore los resultados materiales, corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio de burocracia documental.

Las organizaciones de agricultores y sociedad civil: recuperar su protagonismo cívico

Las organizaciones de agricultores deben dejar de ser consideradas únicamente como beneficiarias pasivas de programas institucionales. Son actores esenciales en la definición de cualquier política alimentaria nacional.

A partir de su experiencia diaria en la tierra, deberían impulsar una agenda nacional robusta. Esa agenda compartida debe priorizar el fortalecimiento de la producción agropecuaria local, la recuperación activa de semillas criollas y la diversificación de cultivos.

Tal como lo ratifica la Escuela de Nutrición de la UCR, la transición decidida hacia la agroecología y la producción orgánica constituye el único mecanismo científico capaz de conferir estabilidad biológica a los alimentos, resguardando la inocuidad de las cosechas y protegiendo el entorno natural de la degradación química.

No basta con reclamar ayudas económicas coyunturales ante las crisis. También es necesario discutir y definir el modelo productivo que deseamos construir para el futuro.

La persona agricultora debe ser reconocida plenamente como un sujeto de derechos. Ella es la guardiana del territorio y la protagonista de la soberanía alimentaria, y nunca una simple proveedora de materias primas baratas para el mercado.

Los sindicatos: incorporar el trabajo y la salud ocupacional

Los sindicatos tienen un papel importante en esta gobernanza colectiva. La seguridad alimentaria está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de quienes trabajan en la agricultura, la agroindustria, el transporte, la distribución y los servicios de alimentación.

Estas organizaciones deberían exigir protección eficaz frente a la exposición a plaguicidas e impulsar una estricta vigilancia de la salud ocupacional. Su lucha debe centrarse en garantizar condiciones dignas de empleo, estabilidad laboral y remuneraciones justas. Esta protección debe cobijar de forma prioritaria a los trabajadores temporales y migrantes.

También deberían reclamar investigaciones independientes sobre enfermedades y accidentes vinculados con las actividades agropecuarias. Se requiere exigir una mayor responsabilidad empresarial frente a los daños laborales y ambientales.

No es coherente hablar de alimentos saludables mientras se toleran condiciones de trabajo que ponen en riesgo la vida de quienes los siembran. La salud de la población consumidora y la salud de las personas trabajadoras forman parte de un mismo sistema integral.

Las asociaciones ciudadanas: vigilar desde los territorios

Las asociaciones comunales, ambientales, de consumidores, de mujeres y de jóvenes pueden impedir que la seguridad alimentaria quede encerrada en oficinas públicas y espacios técnicos aislados.

Estas organizaciones de base civil podrían promover auditorías ciudadanas y observatorios comunitarios. Su labor es vital para vigilar la calidad del agua, impulsar huertas familiares y escolares, dinamizar mercados locales y desarrollar campañas de educación alimentaria y ambiental. También son claves para activar denuncias y exigir el acceso a la información pública.

La ciudadanía no debe ser convocada únicamente para recibir datos de forma pasiva o validar decisiones que las cúpulas ya tomaron. Participar democráticamente significa poder cuestionar, proponer, incidir y exigir respuestas claras a las autoridades.

¿Qué debe proponer el Estado?

La responsabilidad principal de la política pública sigue siendo estatal. Por ello, el Gobierno debería abrir un proceso de revisión del Plan que no sea meramente administrativo.

Se requiere convocar a una mesa nacional plural y permanente. En ella debe existir una representación efectiva de la academia independiente, las organizaciones de agricultores, los sindicatos, las asociaciones ambientales y las comunidades.

También sería necesario fortalecer el papel estratégico de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN). La meta es que la coordinación interinstitucional se traduzca en decisiones vinculantes, presupuestos reales, responsabilidades claras y resultados verificables.

Cada año debería presentarse un informe público que responda cinco preguntas básicas de transparencia: ¿qué se prometió?, ¿qué se ejecutó?, ¿qué recursos se utilizaron?, ¿qué resultados materiales se obtuvieron? y ¿qué medidas correctivas se adoptarán frente a los problemas persistentes?

Sin esa rendición de cuentas, el Plan corre el riesgo de convertirse en una suma de buenas intenciones plasmadas en papel.

Construir una agenda común

Los sectores convocados no tienen que coincidir en todos sus enfoques ideológicos. Sin embargo, sí pueden converger en una agenda mínima de consenso nacional. Esta base compartida debe reconocer la alimentación adecuada como un derecho humano.

Debe fortalecer la producción nacional, proteger a los agricultores, recuperar la salud de los suelos y promover la agroecología. También exige reducir la dependencia de insumos químicos peligrosos, proteger el agua, enfrentar la concentración económica, garantizar información pública y evaluar resultados reales.

La transformación del sistema alimentario no será posible si cada sector actúa de manera aislada. Se necesita una alianza amplia y crítica que coloque el interés público por encima de los intereses corporativos o de la comodidad institucional.

El Plan Nacional 2026-2035 todavía puede convertirse en una herramienta valiosa. Pero debe dejar de ser entendido como un documento terminado y asumirse como un proceso abierto a la revisión y a la participación social.

La pregunta decisiva no es cuántas instituciones firmaron el Plan ni cuántas actividades se reportan en las bitácoras. La pregunta real es si, al llegar al año 2035, Costa Rica tendrá suelos vivos o agotados. Sabremos si hubo éxito al ver si tenemos una producción nacional fortalecida o una dependencia alimentaria mayor; campesinos con dignidad o agricultores subordinados; alimentos saludables o una población más enferma.

Los sectores llamados a participar tienen mucho que aportar, pero también tienen una gran responsabilidad histórica. Deben dejar de ser espectadores, organizarse, formular propuestas, vigilar al poder y exigir que la seguridad alimentaria se construya con la participación de quienes producen, trabajan, investigan, consumen y habitan los territorios.

Porque un sistema alimentario verdaderamente sostenible no se decreta desde un escritorio; se construye con conocimiento, participación, justicia social, producción nacional, respeto por la naturaleza y voluntad política.

Alcances y limitaciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, frente a la realidad de los sistemas agroalimentarios y de la agricultura nacional

German Masís

El Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 y su Plan de Acción 2026-2030, un instrumento que orientará las acciones del país durante la próxima década para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación saludable, suficiente, inocua y sostenible.

El plan establece una ruta de trabajo interinstitucional para fortalecer la disponibilidad de alimentos, impulsar una producción más sostenible, mejorar la educación alimentaria y nutricional y crear entornos que faciliten decisiones saludables para todas las personas.

De acuerdo con datos nacionales, el 16,4 % de los hogares enfrenta dificultades para acceder a una alimentación saludable y suficiente, situación que evidencia la importancia de contar con una estrategia nacional que articule esfuerzos para reducir estas brechas y proteger el bienestar de la población.

Entre las principales acciones que contempla el plan destacan: el fortalecimiento de la comercialización inclusiva de alimentos, la promoción de circuitos cortos de comercialización entre productores y consumidores, el uso sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de las capacidades productivas en los territorios, y una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria.

Asimismo, el Plan reconoce el derecho humano a una alimentación adecuada como un eje central de las políticas públicas y promueve el trabajo conjunto entre instituciones del Estado, gobiernos locales, sector productivo, academia, organizaciones sociales y ciudadanía para alcanzar este objetivo. (Ministeriodesalud.go.cr,9-9-2026).

Para abordar la pertinencia y los alcances del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es conveniente efectuar un análisis y valoración de los componentes principales del planteamiento a saber:

I. El enfoque

El enfoque principal del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria es el de los Sistemas Agroalimentarios Sostenibles que es el enfoque que impulsa la FAO a nivel internacional y que la representación de esa entidad ha adoptado en Costa Rica.

En general es un enfoque válido y pertinente, pero que es más una aspiración que una realidad en muchos países, incluyendo el nuestro. La sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios se encuentra amenazada por distintos factores, como los factores climáticos extremos, el avance de plagas y enfermedades, el aumento de los precios de los insumos y de los costos de producción y la reducción de los ingresos y de la rentabilidad de las actividades (Infobae,14-6-2026)

De ahí que la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en la actualidad es sobre todo un gran desafío hacia su transformación, ya que el país y la región no podrán mantener su rol esencial en estos sistemas, expandiendo las tierras agrícolas o aumentando los insumos. Necesitan generar más valor por hectárea, por unidad de agua, por una unidad de energía, para reducir la presión sobre los bosques, sobre los suelos, el agua y la biodiversidad.

Además, es esencial pasar de producir más, a producir mejor, de exportar materias primas a generar más valor y de contar con casos de éxito aislados, a llevar adelante una transformación más profunda, inclusiva, sostenible y resiliente de estos sistemas. (IICA,19-6-2026)

Para el Plan Nacional de Alimentos presentado es central la disponibilidad de alimentos, que según las orientaciones de la misma FAO, se puede satisfacer mediante varios mecanismos, como la producción local existente, las políticas agroalimentarias que incentive su crecimiento y las importaciones de alimentos de otros países.

No obstante en los últimos años, la disponibilidad de alimentos se ha visto amenazada por el desincentivo de la producción nacional de algunos productos básicos, como el arroz y el frijol y la reducción considerable de la producción de otros productos, como la papa y la cebolla, mientras el país ingresa en una peligrosa tendencia de garantizar la disponibilidad de alimentos, mediante el incremento de las importaciones, justificado por los problemas climáticos y por los bajos precios de esos productos en otros países.

Según el análisis del economista Francisco Esquivel, mientras en el 2021 se importaron $ 170 millones en arroz, cebolla, raíces y tubérculos, carne vacuna y carne porcina, en el 2025, estamos importando $ 370 millones por año, es decir en 3 años ha aumentado $ 200 millones, ese producto importado significa pérdida de mercado para el productor nacional. (SURCOSdigital.com, 2-2026)

La disponibilidad de alimentos debe tener una base sólida en la producción nacional y en políticas que la incentiven y la apoyen y no debe depender de las importaciones baratas de otros países, que generan una competencia desleal con los productos nacionales y que deterioran sus ya vulnerables condiciones de participación en los mercados.

II. Las principales acciones del Plan

El Plan busca impulsar varias acciones estratégicas dirigidas a fortalecer componentes del sistema alimentario del país, no obstante, es importante valorar la situación de cada uno de esos ámbitos de la producción agroalimentaria.

1. La producción sostenible, el uso sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades productivas en los diferentes territorios del país.

La producción sostenible y el uso sostenible de los recursos muestra una realidad amenazada por la alta utilización de insumos externos, especialmente agroquímicos y semillas, por la pérdida de fertilidad de los suelos y por la contaminación de las fuentes de agua por residuos químicos y la escasez de mano de obra nacional y la dependencia de mano de obra extranjera en algunas actividades productivas, aspectos que comprometen seriamente la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de los sistemas agroalimentarios.

El tema de la alta utilización de agroquímicos en la agricultura nacional, ha sido ampliamente investigado y documentado por varias fuentes, un estudio reciente determinó que cultivos de Costa Rica utilizan casi el doble de plaguicidas por hectárea, al utilizar en promedio 21.9 kilogramos de plaguicidas por hectárea al año, enfatizando en la distribución de éstos en cultivos, como la piña, el arroz, el tomate, la papa y el banano y las características de peligrosidad de los ingredientes activos. (Delfino.cr,22-10-2026)

Otro aspecto que ha afectado seriamente la sostenibilidad de la actividad y de las comunidades involucradas o cercanas a ella, ha sido la contaminación de las fuentes de agua, que en amplias zonas del Atlántico, la zona Norte y hasta Cipreses de Oreamuno, en las que los ríos y nacientes han sido contaminadas y han salido de servicio, teniendo que ser sustituidas por la provisión institucional móvil del vital líquido.

Otros dos aspectos que afectan la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios son la pérdida de fertilidad y productividad de los suelos en algunas actividades y zonas del país, provocado por el uso excesivo de agroquímicos, las inundaciones o la sequía y la ausencia de medidas de mitigación oportuna que restablezcan la capacidad productiva de los suelos.

El otro aspecto importante de mencionar es la progresiva dependencia de la mano de obra extranjera en actividades como el cultivo, mantenimiento y sobre todo en la cosecha de actividades como los cultivos de piña, banano, sandía, café y caña de azúcar, las cuales dependen de los permisos migratorios para el ingreso de trabajadores y la creación de condiciones para su permanencia.

Este fenómeno del predominio de la mano de obra extranjera, a su vez está asociado al comportamiento de la fuerza de trabajo en el sector, ya que el mismo Boletín estadístico agropecuario del MAG, había señalado que la fuerza de trabajo del sector agropecuario cayó en un 21,9% entre el 2021 y el 2025 y que la población ocupada en agricultura también se contrajo durante ese período, en una reducción del 16,4%. (ElObservador.cr,10-9-2026)

2. Sin embargo, la acción probablemente más crucial en la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios es el de las capacidades productivas en los diferentes territorios del país y el debilitamiento de las economías locales y regionales.

La capacidad productiva agropecuaria nacional, ha descendido y se ha deteriorado considerablemente en los últimos años, aspecto evidenciado por los resultados de las Encuestas Nacionales Agropecuarias (ENA) realizadas por el INEC entre el 2021 y el 2025.

La reducción de las áreas cultivadas tanto de los cultivos para el mercado interno como para exportación, junto a la reducción de los volúmenes producidos para ambos mercados, ha sido la evidencia más contundente del deterioro de las actividades y los sistemas agroalimentarios ligados a ellas.

Las diferencias han sido significativas entre el 2023 y el 2025, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años. Pero las mayores diferencias se encuentran entre los años 2021(ENA 20021) y 2024(ENA 2025), en la mayoría de los productos mencionados.

En ese período, las diferencias en los cultivos para el mercado interno fueron de alrededor de 19,711 hás menos sembradas y de 511,116 toneladas métricas menos de producción entre esos años, cifras significativas en la disponibilidad de la producción de alimentos para el consumo de la población.

El análisis de los cultivos de exportación no es menos preocupante, ya que las diferencias entre el 2021 y el 2024, señalan una reducción en el área sembrada de 33,634 ha menos y de 829,654 toneladas métricas menos de producción en ese período, un descenso considerable en la producción exportable del país.

Entre las diferencias más significativas, se encuentran la del cultivo del arroz, cuya diferencia en el área cultivada y la producción es considerable, porque entre ambos años la diferencia es de 25.045 ha y de 86,035 Tm de producción menos, evidenciando la salida de una importante cantidad de productores de la actividad y el aumento del volumen importado.

La comparación en la producción de papa entre el 2021 y el 2024, señala una diferencia de 1,137 ha sembradas menos y 17,391 toneladas métricas de producción menos, lo que es una diferencia enorme, que revela una incorporación menor de productores y un aumento considerable de la producción importada

El análisis de la evolución de la producción de banano entre esos años determina una reducción de 8,755 ha y de 250,732 toneladas métricas menos entre ambos años, que muestra una situación complicada de la actividad debida según se ha mencionado por factores climáticos y el retiro de algunas empresas extranjeras.

En la actividad cafetalera, las diferencias en los mismos años son significativas, con la reducción de 8,640 hás sembradas y una producción de 39,540 toneladas métricas menos, que también revela un descenso considerable de la producción de café, atribuido en buena medida a factores climáticos y a cambios en la producción mundial. (SURCOS digital.com, 09-2025, La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, confirma el peligroso descenso de la producción nacional).

Esta reducción en el área y en la producción de las actividades agrícolas, evidencia la reducción de la capacidad productiva en actividades agrícolas y en territorios vinculados a estas actividades en las regiones periféricas del país, en las que son la principal fuente de empleo e ingresos para la población rural. Igualmente, esta reducción de la capacidad productiva tiene implicaciones sobre la disponibilidad interna de alimentos, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, sobre el aumento de las importaciones y sobre el decrecimiento de las exportaciones agrícolas y la generación de divisas.

3. Otra de las acciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria es el fortalecimiento de la comercialización inclusiva de alimentos y el impulso de los denominados circuitos cortos de comercialización, que buscan reducir intermediarios y generar relaciones más directas entre productores y consumidores.

Esta acción involucra el fortalecimiento de las ferias del agricultor y las ferias locales, frente a uno de los mayores problemas del comercio agrícola, la intervención de los intermediarios como canal de comercialización que coopta buena parte de la producción de los pequeños productores y se apropia de buena parte del valor de esta.

En nuestro país operan más de 50 ferias del agricultor que permiten la participación directa del productor y un cambio en la relación entre productores y consumidores, pero esta opción aún plantea desafíos importantes para su mejoramiento y ampliación hacia zonas en las que éstas tienen poca presencia como los cantones del Sur-Sur y el Norte-Norte.

Un estudio reciente de la FAO indicó que estas ferias son un elemento esencial en los sistemas agroalimentarios, facilitando el acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos, al tiempo que dinamizan las economías locales. El estudio analiza los desafíos estructurales y organizacionales que enfrentan las ferias, como la infraestructura deficiente, la competencia con los supermercados y la necesidad de una mayor tecnificación.

También subraya la importancia de mejorar la infraestructura de las ferias, como la creación de estacionamientos y rampas de accesibilidad, para mejorar la experiencia tanto de productores como de consumidores. Además, aborda la necesidad de fortalecer la capacitación de los productores y de fomentar nuevas estrategias de comercialización, como el uso de pagos electrónicos y plataformas digitales para ampliar el alcance de las ventas. Finalmente, se destacan las recomendaciones para fortalecer el rol de las ferias en la economía costarricense, incluyendo la creación de políticas que promuevan la expansión de estos mercados a áreas rurales y costeras, y el desarrollo de estrategias de comunicación que mejoren su visibilidad y atractivo. (FAO.cr,29-3-2026)

4. Esta última recomendación del estudio está ligada a otras de las acciones del Plan, que es la educación alimentaria y nutricional y que requiere fortalecer el consumo de alimentos sanos e inocuos, tanto en los entornos escolares, como familiares y públicos, lo que requiere impulsar campañas de información y concientización de las características y valor nutricional de los alimentos, como también conocer su origen, calidad y trazabilidad, los que muchas veces se desconocen.

El impacto positivo del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035, supone más allá de la correcta ejecución de las acciones planteadas, avanzar hacia una política agropecuaria más sostenible, equitativa e incluyente.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transformación productiva, socioeconómica y ambiental de la actividad.

Una transformación que debe garantizar que la producción agroalimentaria sea más sostenible ambientalmente, que la participación de los productores sea más justa y equitativa y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos.

La propuesta debe incluir un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a las condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de las alternativas de comercio más justas y de mayor participación de los productores, un mecanismo de seguros agrícolas y protección de riesgos naturales y nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores.

Un componente adicional, es el impulso de un programa para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales.

La efectividad de las acciones de apoyo a los sistemas agroalimentarios pasa también por la vigencia de una ley de seguridad alimentaria y nutricional, que proteja a los productores y sus unidades productivas de los cambios en las condiciones comerciales internas y externas.

Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense

«Un sistema no es la simple suma de sus componentes, sino el entramado invisible de sus relaciones. Quien fragmenta el suelo, la planta, el alimento y la salud pública en ventanillas aisladas, termina destruyendo el engranaje completo».
— Basado en las ideas de Fritjof Capra (físico y teórico de sistemas).

Cuarta entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con más alimentos. Se garantizará con mejores sistemas alimentarios. Y si el Plan Nacional 2026-2035 pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo».

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 constituye un instrumento de política pública de enorme importancia para la próxima década. Su objetivo medular es enfrentar uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo: garantizar que toda la población tenga acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, producidos de manera sostenible.

El Plan contiene elementos positivos que deben reconocerse. Incorpora una visión intersectorial y reconoce el acceso a la comida como un derecho humano. Además, incluye la variable del cambio climático, utiliza herramientas de planificación prospectiva y establece mecanismos institucionales de seguimiento y evaluación.

Precisamente por su relevancia, merece una pregunta incómoda: ¿es suficiente la visión con la que se ha construido este documento para enfrentar los problemas alimentarios que el país afrontará en los próximos diez años? Desde la perspectiva desarrollada en las tres entregas anteriores, la respuesta técnica parece ser un rotundo no todavía.

Una visión todavía demasiado convencional y sin memoria histórica

La principal debilidad del Plan es de carácter conceptual. Aunque utiliza de forma reiterada la expresión «sistemas alimentarios sostenibles», no desarrolla con suficiente profundidad el modelo agrícola capaz de hacer realidad esa meta. La ausencia resulta alarmante cuando se observa lo que queda prácticamente fuera del texto: la degradación biológica de los suelos, la pérdida de materia orgánica y el papel de la biodiversidad edáfica y el microbioma. Tampoco profundiza en alternativas viables como la agricultura regenerativa, la agroecología, la agricultura orgánica y la diversificación productiva.

Asimismo, el documento adolece de una preocupante falta de memoria histórica. El Plan no considera que las condiciones internacionales que en 2008 nos expusieron a una severa crisis mundial de alimentos siguen estando vigentes. Aquellos factores, que obligaron a formular el Plan Nacional de Alimentos de 2008 en Costa Rica, podrían conjugarse de nuevo en cualquier momento como una suerte de «tormenta perfecta». Resulta grave que se ignore este antecedente, especialmente cuando la búsqueda del autoabastecimiento local se encontraba en el centro de la estrategia de 2008 como un mecanismo de defensa país.

No se puede hablar seriamente de seguridad alimentaria para la próxima década sin evaluar qué ocurre con el recurso que hace posible la vida. El suelo no es un simple soporte físico muerto para las plantas; es un ecosistema vivo. Si la política estatal se preocupa por el volumen de alimentos, pero ignora la salud biológica de la tierra que los produce, termina atendiendo el resultado sin proteger su fundamento básico.

Se describen los síntomas, pero no siempre las causas

Una primera deficiencia estructural del Plan radica en que, aunque reconoce diversos problemas alimentarios y nutricionales profundamente arraigados en el país —por ejemplo, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, la pérdida de diversidad dietética y la dependencia de importaciones—, no profundiza suficientemente en las causas estructurales que los originan y reproducen.

En la parte diagnóstica, el Plan identifica explícitamente el bajo autoabastecimiento nacional como un problema grave, evidenciado en los bajísimos porcentajes de producción local de granos básicos como maíz, frijoles y arroz. Aunque este reconocimiento es sumamente valioso viniendo de instancias de Gobierno, la contradicción aparece de inmediato: el problema detectado simplemente no se resuelve con las acciones concretas que la política propone en su matriz operativa.

Quedan también insuficientemente examinados fenómenos masivos como los monocultivos, la concentración empresarial, la agricultura intensiva de alta carga química y la centralización de las cadenas agroalimentarias. En otras palabras, la política estatal describe los síntomas clínicos, pero evita intervenir las estructuras económicas y productivas que los generan.

Esta distorsión se evidencia al analizar el apartado de las frutas. El Plan celebra el supuesto «éxito» de la producción frutícola nacional, pero oculta que este indicador se sostiene casi exclusivamente sobre el banano y la piña. Se trata de dos cultivos destinados masivamente a la exportación corporativa y no al consumo local, los cuales arrastran un severo historial de degradación de suelos, alto uso de agroquímicos sintéticos y cuestionables condiciones laborales.

A esta falta de profundidad se suma una preocupante ausencia de innovación operativa. Al analizar el contenido programático del Plan, queda en evidencia que el documento se limita a proponer una simple acumulación de acciones institucionales que ya se encuentran en ejecución en las diferentes dependencias del Estado. Al carecer de propuestas verdaderamente novedosas o disruptivas, la planificación cae en un peligroso inmovilismo.

En este contexto, aquí aplica con rigurosa sensatez aquella máxima que nos advierte que, si se continúan haciendo exactamente las mismas cosas de siempre, el producto obtenido será inevitablemente idéntico al del pasado.

Desequilibrios en la gobernanza y asfixia burocrática

Gran parte de estas omisiones nacen de un desequilibrio evidente en la gobernanza del proceso. En la dimensión de la disponibilidad alimentaria, el sector institucional agrícola tradicional se encuentra sobrerrepresentado. Esto contrasta de forma dramática con la exclusión y subrepresentación de la academia —particularmente de centros especializados como el CISAN de la UCR o la Maestría en SAN de la UNA—, así como de las organizaciones de productores independientes y los movimientos ambientalistas.

Este sesgo político explica por qué el Ministerio de Salud continúa manteniendo a la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN) en un bajísimo perfil. A pesar de que esta entidad existe por mandato legal desde inicios de la década de los 70 en la Ley General de Salud, el Plan actual la reduce a una meta mínima y burocrática: el indicador “O4.AE1.I1. Porcentaje de avance de actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la SEPAN” (página 73). Resulta inaceptable que, más de 50 años después de su creación legal, la máxima aspiración del Estado sea apenas actualizar el reglamento de su funcionamiento.

El gran ausente: los plaguicidas

Quizá una de las mayores debilidades del documento sea el tratamiento insuficiente de los plaguicidas. En un país donde su utilización agrícola constituye un asunto ambiental y sanitario de extrema gravedad, resulta incomprensible que un Plan Nacional no otorgue prioridad máxima a este tema.

El texto esquiva cuestiones críticas como los residuos tóxicos en los alimentos, la exposición crónica de la población, la salud ocupacional de los trabajadores del campo, la contaminación de acuíferos y los efectos nocivos sobre los agentes biológicos polinizadores y la biodiversidad en general.

La inocuidad alimentaria no puede limitarse al control microbiológico del producto final o a la higiene del mercado. Debe incorporar la dimensión química y ambiental de todo el tracto productivo. Una política moderna de seguridad alimentaria está obligada a considerar simultáneamente los riesgos biológicos y los químicos, incluyendo contaminantes emergentes como los microplásticos y las sustancias PFAS (perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas).

¿Qué sistema alimentario queremos para el año 2035?

El Plan Nacional 2026-2035 no debe ser descartado. Sus fortalezas ofrecen una base idónea sobre la cual construir una política alimentaria de vanguardia, y la oportunidad histórica consiste en ampliar sus alcances sin desvirtuar sus avances administrativos.

Para alcanzar esta meta, debemos incorporar de forma urgente la salud del suelo, potenciar la agroecología, regular los plaguicidas de forma sistémica y blindar la bioseguridad tecnológica. La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con producir más cantidad, sino con mejores sistemas alimentarios. Si este instrumento pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo.

Al plantearnos el horizonte de la próxima década, la pregunta fundamental que debemos hacernos es directa: ¿qué sistema alimentario queremos para el año 2035? ¿Uno sustentado en suelos muertos o en suelos vivos? ¿Uno dominado por monopolios corporativos o capaz de dignificar al productor campesino local? ¿Uno que atienda con parches los síntomas de la enfermedad o que intervenga con valentía sus causas estructurales?

Costa Rica requiere con urgencia un marco político con una visión verdaderamente sistémica, capaz de atender de forma unificada cada componente de nuestra realidad agroalimentaria.

Por lo tanto, evidenciar estas áreas de mejora en la política nacional es solo la mitad del camino. El desafío de nuestra sociedad consiste en avanzar con propuestas concretas que complementen el trabajo de las instituciones públicas. ¿Cómo acelerar esta transición hacia la sostenibilidad integral?

La respuesta radica en enriquecer los procesos de toma de decisiones, articulando de manera decidida el conocimiento y la acción de los diversos actores sociales que operan directamente en los territorios.

Próxima y última entrega: ¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035.

La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios

«La salud del suelo, de las plantas, de los animales y del ser humano constituye un único e indivisible entramado. Si fragmentamos o envenenamos uno de sus eslabones, la enfermedad se transmitirá inevitablemente a lo largo de toda la cadena».
— Sir Albert Howard (1873-1947, padre de la agricultura orgánica moderna).

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«Cuando un sistema alimentario deteriora los procesos biológicos que hacen posible la vida, la factura termina pagándose con la salud de las personas, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de resiliencia de la agricultura».

Tercera de cinco entregas. Las dos primeras entregas de esta saga plantearon el problema de fondo. Además, propusieron un nuevo marco conceptual: la integridad biológica de los sistemas alimentarios. Ahora corresponde examinar la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica?

La respuesta no puede reducirse a un único factor aislado. La agricultura contemporánea enfrenta hoy una convergencia de presiones. Estas fuerzas actúan simultáneamente. Al hacerlo, pueden comprometer la capacidad de los agroecosistemas para regenerarse y sostener una producción saludable a largo plazo.

La simplificación biológica del paisaje agrícola

Determinados sistemas agrícolas han evolucionado hacia paisajes severamente simplificados. Están dominados por monocultivos extensivos y sufren una creciente dependencia de insumos externos.

Esta simplificación puede reducir drásticamente la biodiversidad funcional. Además, altera las redes tróficas y afecta a los organismos que proporcionan servicios ecológicos de enorme valor, como los polinizadores y los controladores biológicos.

La investigación agroecológica ha demostrado con claridad las funciones de la biodiversidad. Esta participa activamente en el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad de los agroecosistemas.

Por lo tanto, el dilema no consiste en que la agricultura utilice tecnología o busque una mayor productividad. El peligro aparece cuando la ganancia inmediata se obtiene debilitando las funciones biológicas del futuro. Esa es la primera dimensión de la factura biológica.

La contaminación química como problema sistémico

Durante décadas, los plaguicidas han desempeñado un papel importante en la protección de los cultivos. Sin embargo, su evaluación técnica no puede reducirse a medir la toxicidad aguda de una sustancia aislada.

La discusión formal debe considerar también la exposición humana y ambiental. Esto incluye el análisis de residuos, el impacto en organismos no objetivo, el daño a los suelos, la contaminación de las aguas y la pérdida de biodiversidad.

Por ello, la pregunta relevante no debe limitarse a determinar si existen residuos de agroquímicos tóxicos detectables en los alimentos. También debemos cuestionar qué ocurre con los organismos del suelo, los polinizadores, los ecosistemas acuáticos y las poblaciones humanas expuestas.

La inocuidad alimentaria tampoco puede limitarse al control microbiológico del producto final. Debe incorporar necesariamente la dimensión química y ambiental de todo el proceso que conduce desde el campo hasta la mesa.

La revolución silenciosa del microbioma

Uno de los desarrollos científicos más importantes de las últimas décadas ha sido la comprensión de los microbiomas. En el suelo, las comunidades microbianas participan en procesos fundamentales para el funcionamiento de los agroecosistemas.

De igual forma, en el organismo humano, la microbiota intestinal participa en numerosos procesos fisiológicos vitales. La relación entre ambos ámbitos constituye actualmente un área activa de investigación científica.

La revisión de Banerjee y van der Heijden señala que el suelo es una piedra angular del enfoque global de Una Salud. Los autores analizan las conexiones reales entre los microbiomas del suelo, las plantas, los animales y los seres humanos.

Pero aquí conviene introducir una precisión científica fundamental: no debe afirmarse que existe ya una cadena causal plenamente demostrada desde la salud del suelo hasta una determinada enfermedad humana.

Lo que sí puede sostenerse técnicamente es que los microbiomas ambientales y humanos están relacionados mediante múltiples vías. Bajo esa lógica, la alimentación constituye uno de los principales puentes entre el ambiente y el organismo. La prudencia científica no debilita este argumento; al contrario, lo hace metodológicamente sólido.

Los alimentos ultraprocesados y el nuevo ambiente alimentario

La transformación de nuestro sistema alimentario tampoco termina en el campo. Esta continúa en la formulación industrial de los alimentos, las cadenas de comercialización, la publicidad y los ambientes que condicionan las decisiones de consumo. La clasificación NOVA caracteriza los alimentos según el grado y el propósito de su procesamiento industrial. Es este sistema el que define formalmente la categoría de los alimentos ultraprocesados.

La evidencia epidemiológica reciente exige, sin embargo, una redacción muy precisa. Una revisión paraguas publicada en The BMJ en 2024 analizó 45 asociaciones agrupadas procedentes de metaanálisis. El estudio incluyó a casi 9,9 millones de participantes. Encontró asociaciones claras entre una mayor exposición a alimentos ultraprocesados y diversos resultados adversos para la salud, aunque la calidad de la evidencia varió según el resultado.

Por ello, no corresponde afirmar con ligereza que los ultraprocesados «causan» automáticamente la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La formulación científicamente válida es la siguiente: una mayor exposición a alimentos ultraprocesados se ha asociado con un mayor riesgo de diversos resultados adversos para la salud.

Además, este fenómeno no puede interpretarse de forma exclusiva como un problema de elección individual. Los precios, la disponibilidad real, la publicidad, el mercadeo masivo y las condiciones económicas influyen sobre los patrones de consumo.

La política alimentaria debe ocuparse, por tanto, no solamente de educar al consumidor, sino también de examinar el ambiente alimentario en el que ese ciudadano toma sus decisiones cotidianas.

Bioseguridad e innovación responsable

Las nuevas técnicas de edición génica, la biología sintética y otras innovaciones pueden ofrecer oportunidades importantes para la agricultura. Sin embargo, la novedad tecnológica no elimina por sí misma la incertidumbre científica. La evaluación de riesgos debe ser rigurosa, transparente e independiente. La gobernanza pública debe contar con mecanismos capaces de enfrentar incertidumbres relevantes.

La innovación no constituye por sí misma un problema. El desafío consiste en asegurar que su desarrollo esté acompañado de una evaluación científica rigurosa, transparencia institucional e independencia. También requiere de mecanismos adecuados de participación, seguimiento y capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.

En otras palabras, la innovación y la precaución no son conceptos incompatibles. La bioseguridad enlaza directamente con el tema de nuestra cuarta entrega: la capacidad de las instituciones públicas para gobernar sistemas cada vez más complejos.

De la producción al consumo: una sola cadena

La simplificación de los agroecosistemas, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la transformación industrial de los alimentos y determinados patrones de consumo no deben analizarse como fenómenos independientes. Forman parte de una sola cadena. En ella, las distintas presiones pueden acumularse y retroalimentarse.

La factura no corresponde a un único producto ni a una única práctica aislada. Es la suma de costos ecológicos, biológicos y sanitarios. Lamentablemente, y durante mucho tiempo, estas variables quedaron fuera de la contabilidad convencional de los sistemas alimentarios.

La factura no es inevitable

Reconocer una factura no significa aceptar de forma sumisa que sea inevitable. La ciencia contemporánea proporciona conocimientos importantes para orientar una transición hacia sistemas alimentarios de corte más regenerativos, biodiversos y resilientes. La cuestión de fondo es utilizar ese conocimiento para modificar prácticas, incentivos económicos y políticas públicas.

La pregunta ya no es solamente cuánto produce la agricultura. También importa cuánto suelo fértil conserva, cuánta biodiversidad mantiene, cuánta contaminación evita, qué calidad intrínseca tienen los alimentos que produce y qué capacidad conserva el sistema para recuperarse frente a nuevas perturbaciones climáticas u operativas.

Hacia la cuarta entrega

La agricultura, la transformación de los alimentos y el consumo forman parte de un mismo sistema integral. Por eso, la factura biológica de la alimentación moderna tampoco puede analizarse mediante políticas sectoriales aisladas. Pero esa conclusión plantea una pregunta inevitable: ¿está la política pública costarricense verdaderamente preparada para gestionar esta complejidad?

Ese será el tema de la cuarta entrega: el análisis crítico del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035. Determinaremos hasta qué punto incorpora la salud de los agroecosistemas y la integridad biológica como componentes sustantivos de la seguridad alimentaria en Costa Rica.

Próxima entrega: Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense.

La integridad biológica de los sistemas alimentarios: una propuesta conceptual para renovar la política agroalimentaria del siglo XXI

Segunda de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

“No existe seguridad alimentaria donde se deterioran los procesos biológicos que hacen posible la alimentación”.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“A partir de la convergencia de la agroecología y el enfoque global de Una Salud: por qué la seguridad alimentaria a largo plazo exige transicionar del rendimiento en toneladas hacia la preservación de la infraestructura biológica que sostiene la vida”.

La primera entrega demostró algo crucial. La seguridad alimentaria depende de bases ecológicas que permanecen ocultas detrás de cada alimento. Ahora corresponde dar un paso adicional. ¿Cómo incorporar esa dimensión biológica en la manera en que concebimos y evaluamos los sistemas alimentarios? La propuesta de este artículo es introducir un nuevo enfoque fundamental: la integridad biológica de los sistemas alimentarios.

Una dimensión que falta

Con frecuencia analizamos la agricultura desde una perspectiva puramente económica. Hablamos de rendimiento por hectárea, productividad, exportaciones, costos de producción y competitividad. Todas esas variables son importantes. Sin embargo, ninguna revela por sí sola la complejidad biológica profunda. Es esta complejidad la que permite a los agroecosistemas mantener sus funciones básicas.

Un sistema puede producir mucho durante un tiempo. Al mismo tiempo, puede deteriorar las condiciones que permitirán producir mañana. De ahí nace la necesidad urgente de ampliar la mirada.

¿Qué entendemos por integridad biológica?

Propongo definir la integridad biológica de los sistemas alimentarios como la capacidad de un sistema agroalimentario para conservar y regenerar los procesos ecológicos, biológicos y bioquímicos que hacen posible la producción continua de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados, sin comprometer la salud humana ni la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Esta constituye la propuesta conceptual central de la saga. No pretende sustituir el concepto tradicional de seguridad alimentaria. Su objetivo real es complementarlo y ampliarlo.

De la biodiversidad a la integridad

La propuesta tiene antecedentes claros en la agroecología. Miguel Altieri demostró que la biodiversidad constituye un componente funcional de los agroecosistemas. Su conservación resulta fundamental para mantener servicios ecológicos básicos. Estos incluyen el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad natural.

Pero la integridad significa algo más que la simple diversidad. Un sistema puede conservar numerosas especies. A pesar de ello, puede haber perdido relaciones ecológicas esenciales. La integridad se refiere, por tanto, no solamente a qué organismos están presentes. También abarca las relaciones y procesos que permiten que el sistema funcione de forma integral.

Este enfoque incluye variables críticas:

  • Salud física, química y biológica del suelo.

  • Biodiversidad agrícola y silvestre.

  • Calidad y disponibilidad del agua.

  • Microorganismos relacionados con la fertilidad.

  • Diversidad genética de cultivos y semillas.

  • Inocuidad microbiológica y química de los alimentos.

  • Reducción de contaminantes y resiliencia climática.

  • Salud humana, sanidad animal y estabilidad de los agroecosistemas.

Más que una suma de componentes, la integridad biológica representa la capacidad del sistema para mantener y regenerar su funcionamiento como un todo unificado.

De la productividad a la resiliencia

Durante buena parte del siglo XX, el éxito agrícola se midió principalmente por el rendimiento. Ese criterio permitió aumentar considerablemente la producción mundial de alimentos. Sin embargo, también favoreció la simplificación extrema de los agroecosistemas. Provocó la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y una creciente dependencia de insumos químicos externos.

Hoy el desafío es totalmente diferente. La productividad sigue siendo indispensable. No obstante, debe evaluarse junto con otros indicadores vitales: la fertilidad biológica del suelo, el carbono orgánico, la diversidad funcional, la calidad del agua, la estabilidad ecológica, la resiliencia climática y la inocuidad alimentaria. No se trata de sustituir un indicador por otro. Se trata de ampliar nuestra visión del progreso.

La convergencia de varias revoluciones científicas

Esta propuesta de integración no surge de una única disciplina. Es el resultado de la convergencia de varias transformaciones del conocimiento científico.

La primera proviene de la agroecología, que colocó a la biodiversidad como un componente funcional. La segunda corresponde a la biología del suelo, cimentada en la microbiología edáfica y el descubrimiento de ciclos de nutrientes fundamentales. Los estudios del microbioma y de la rizosfera profundizan hoy en las alianzas entre plantas y microorganismos. Pese a ello, muchos de sus efectos dependen del contexto y siguen bajo activa investigación (Dworkin, 2012; Paul, 2007).

La tercera transformación corresponde al enfoque global de Una Salud (One Health), que integra la salud humana, animal y ambiental. La cuarta corresponde a la Salud Planetaria, que resalta la dependencia del bienestar humano respecto del funcionamiento estable de los sistemas naturales. Estas corrientes convergen en una conclusión fundamental: la agricultura no puede seguir analizándose de manera aislada de los ecosistemas.

¿Cómo podría medirse?

Si la integridad biológica ha de convertirse en una dimensión de política pública, deberá traducirse en indicadores claros. No existe un solo indicador capaz de captarla. Será necesario construir un conjunto de variables relacionadas de forma directa con:

  • Suelo: materia orgánica, carbono orgánico, actividad biológica y tasas de erosión.

  • Biodiversidad: diversidad de cultivos, diversidad genética, polinizadores y organismos benéficos.

  • Procesos ecológicos: reciclaje de nutrientes, regulación biológica, conectividad y capacidad de recuperación.

  • Agua: calidad, disponibilidad real y niveles de contaminación.

  • Producción: estabilidad del rendimiento y grado de dependencia de insumos externos.

  • Alimentos: inocuidad, calidad nutricional intrínseca y contaminantes.

El propósito no es crear una nueva cifra que simplifique una realidad compleja. La meta es disponer de un tablero de indicadores capaz de mostrar aquello que las métricas productivas convencionales ocultan.

Una propuesta conceptual, no una verdad establecida

Es importante aclarar el alcance real de esta propuesta. La expresión «integridad biológica de los sistemas alimentarios» se plantea aquí como un marco conceptual. Retoma y amplía antecedentes de la agroecología y de otros campos científicos de vanguardia. No se presenta como un concepto universalmente establecido ni como un indicador ya validado.

Su utilidad deberá juzgarse por su capacidad operativa. Debe ayudar a formular mejores preguntas, desarrollar indicadores precisos y evaluar con mayor profundidad las políticas alimentarias. Si permite identificar problemas que permanecen invisibles cuando solamente medimos la producción en toneladas, habrá cumplido una función trascendental.

La dimensión intergeneracional

Existe además una dimensión temporal inexcusable. La sostenibilidad no consiste únicamente en que un sistema funcione hoy. Implica que conserve suficiente capacidad para funcionar mañana.

Un suelo degradado, una población de polinizadores perdida o una diversidad genética erosionada no constituyen solamente problemas del presente. Estas pérdidas reducen drásticamente las opciones disponibles para quienes producirán y consumirán alimentos en el futuro. Por ello, la integridad biológica incorpora necesariamente una dimensión intergeneracional obligatoria.

Conclusión

La seguridad alimentaria responde a una necesidad humana fundamental. La integridad biológica introduce una condición indispensable para que esa seguridad pueda sostenerse a largo plazo.

Un sistema alimentario no puede considerarse plenamente sostenible si para satisfacer las necesidades del presente deteriora las condiciones ecológicas que necesitará para satisfacer las del futuro.

La propuesta, por tanto, es sencilla en su formulación: evaluar los sistemas alimentarios no solamente por lo que producen, sino también por lo que conservan, regeneran y transmiten a las generaciones futuras.

La pregunta siguiente ya no es conceptual. Es mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica? Ese será el eje de nuestra próxima entrega.

 

Próxima entrega: La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios.

La seguridad alimentaria comienza en la salud del suelo: hacia una nueva comprensión de los sistemas alimentarios

Primera de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

«Toda sociedad cosecha, tarde o temprano, la manera en que decide cuidar la vida que existe bajo sus pies».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“La disponibilidad de comida es una condición necesaria, pero insuficiente. Por qué el conocimiento científico del siglo XXI nos obliga a superar el viejo indicador de las toneladas producidas y centrar la mirada en la base biológica que sostiene la vida bajo nuestros pies.”

Durante más de medio siglo, la seguridad alimentaria se centró en la cantidad. El objetivo principal era garantizar suficientes alimentos para la población. Este enfoque tradicional guio las políticas públicas del pasado. Sirvió para elevar la producción agrícola, mejorar el abastecimiento, potenciar la distribución y disminuir el hambre. Su valor histórico es indiscutible.

Sin embargo, la ciencia del siglo XXI transformó esta visión. Hoy sabemos que producir comida en abundancia es necesario, pero insuficiente. Ya no basta para asegurar una dieta saludable y sostenible. La pregunta actual no debe ser solo cuánto producimos. Ahora debemos cuestionar cómo producimos y sobre qué pilares ecológicos se sostiene la agricultura.

Más allá de la disponibilidad de alimentos

La seguridad alimentaria actual abarca cuatro dimensiones clave. Estas son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. La FAO consolidó este marco de trabajo. Más tarde, el concepto sumó la sostenibilidad y la transformación de los sistemas agroalimentarios. Esta evolución es fundamental. La disponibilidad real de alimentos depende de procesos biológicos muy complejos.

La fertilidad del suelo, los microorganismos y los polinizadores forman un entramado vital. A esto se unen la calidad del agua, la estabilidad del clima y la diversidad genética de los cultivos. Si uno de estos eslabones se daña, la producción del futuro se debilita.

La propia FAO reconoce la biodiversidad como fundamento de los sistemas agroalimentarios. Los seres vivos del suelo reciclan nutrientes, retienen el agua y limpian el entorno. Por eso, la seguridad alimentaria supera los límites de la agricultura y la nutrición. Su análisis debe partir siempre de la salud de los ecosistemas.

El suelo: el gran ausente del debate público

Paradójicamente, el pilar más importante de la alimentación suele pasar desapercibido. El suelo no es una simple plataforma muerta para sostener plantas. Es un sistema vivo y dinámico. En él conviven organismos, minerales, agua y procesos bioquímicos.

La FAO describe la salud del suelo como su capacidad para operar como un sistema vivo. Debe mantener la productividad, purificar el aire y proteger la sanidad vegetal y animal. Esta idea encierra una premisa temporal obligatoria. No basta con cosechar mucho hoy. El suelo debe conservar su vitalidad para rendir mañana.

La vida subterránea recicla nutrientes, procesa la materia orgánica y captura carbono. Cuidar el suelo no es solo proteger la naturaleza. Significa defender la infraestructura biológica de la agricultura. La seguridad alimentaria nace, literalmente, bajo la tierra.

Una riqueza invisible que sostiene la agricultura

Por mucho tiempo, la fertilidad se midió solo con variables físicas y químicas. Importaban la textura, el pH y los nutrientes sintéticos. La microbiología moderna rompió ese viejo paradigma. Las colonias de microbios transforman los nutrientes y nutren las raíces.

Los estudios sobre los microbiomas de la rizosfera revelan alianzas asombrosas entre plantas y bacterias. Estos hallazgos abren una frontera científica prometedora. Aun así, la cautela de la ciencia es necesaria. Muchos de estos efectos dependen del entorno local y siguen bajo investigación. El microbioma no es una solución milagrosa para todos los males del campo.

La revisión científica de Banerjee y van der Heijden vincula los microbiomas edáficos con el enfoque de Una Salud. Existe un lazo real entre el suelo, los cultivos, los animales y los seres humanos. No obstante, los autores recuerdan que quedan muchos misterios por resolver. La prudencia técnica sigue siendo obligatoria.

La biodiversidad también produce

Solemos asociar la biodiversidad con los bosques vírgenes y los parques nacionales. Sin embargo, los campos de cultivo albergan una biodiversidad invisible pero crítica. Lombrices, insectos, hongos y polinizadores sostienen el motor productivo.

La agroecología demuestra que estos organismos limpian, nutren y equilibran el terreno. El ecólogo Miguel Altieri aportó estudios fundamentales sobre este tema. Altieri demostró que la renovación natural depende de la integridad biológica del entorno agrícola. En conclusión, la biodiversidad en las parcelas es una herramienta de producción real.

El problema de la simplificación

La agricultura actual elevó los rendimientos de forma masiva. Lo logró mediante la especialización, los químicos y la maquinaria pesada. Sin embargo, la intensificación extrema destruye la vida biológica. Provoca, además, una dependencia peligrosa de insumos externos.

El dilema no es el uso de la tecnología ni la búsqueda de eficiencia. El error grave aparece cuando la ganancia inmediata destruye el suelo del futuro. La pregunta correcta no es si debemos producir. El reto es cómo producir sin agotar la tierra.

Una nueva manera de medir el progreso

Durante décadas, el éxito del campo se midió solo en toneladas cosechadas. En el futuro, los indicadores deberán cambiar. Tendremos que evaluar la calidad biológica de los terrenos. Mediremos la biodiversidad funcional y la resiliencia de los agroecosistemas. Analizaremos la pureza del agua y la dependencia de agroquímicos sintéticos importados.

El progreso real no es vaciar la tierra para vender más hoy. Consiste en cosechar sin romper los ciclos biológicos del mañana. Esta primera entrega nos deja una interrogante compleja: ¿cómo unir todas estas variables para medir la salud real de nuestro sistema alimentario? Ese desafío será el eje central de nuestro próximo artículo.

Próxima entrega: La integridad biológica de los sistemas alimentarios: una propuesta conceptual para renovar la política agroalimentaria del siglo XXI.

La nueva Encuesta Agropecuaria 2026: luces y sombras en la situación del agro

German Masís

La semana anterior, segunda de setiembre, el INEC presentó los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2026, que recoge los datos para el 2025 y que en sus conclusiones generales señala que la papa y la cebolla concentran el 80,4% del área sembrada de las hortalizas investigadas, el grupo de granos básicos concentra más de la mitad del área sembrada de los cultivos anuales investigados, la yuca destaca por registrar la mayor área sembrada y el mayor volumen de producción dentro del grupo de raíces y tubérculos y los cultivos agroindustriales, que se caracterizan por destinar su producción principalmente a procesos de transformación industrial, concentran el 67,8% de la producción de los cultivos permanentes, entre ellos el café, la caña de azúcar y la palma aceitera.(INEC,Noticias,17-9-2026)

Más allá de esos aspectos generales, la ENA 2026 reafirma la tendencia observada en las dos encuestas anteriores 2023 y 2021 hacia la reducción de las áreas cultivadas y de los volúmenes de producción, en cultivos como arroz, cebolla, frijol, yuca, naranja, palmito y plátano, pero con algunas noticias esperanzadoras en otros cultivos como las recuperaciones de las áreas en aguacate, papa, banano, café, caña de azúcar y palma aceitera.

Habría que recordar que la ENA anterior del 2025, con datos para el 2024, reveló una caída considerable de la producción agrícola, con descensos de las áreas cultivadas y de la producción de cultivos importantes para el consumo interno como el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y el plátano y de cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, la naranja, el mango y la palma aceitera.

Las diferencias fueron considerables entre el 2024 y el 2023, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años, dando lugar a la determinación que ésta situación de la producción agrícola nacional podía ser calificada como una crisis ya no sólo de la producción de los cultivos para el mercado interno, sino también de los cultivos para exportación.(SURCOSdigital.com, La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, confirma el peligroso descenso de la producción nacional, set 2025).

En esta nueva versión de la ENA 2026, las reducciones mayores fueron en las áreas sembradas de frijol con 3,166 hectáreas menos, la yuca con 2,271 hectáreas menos, el arroz con 1,328 hectáreas menos, el plátano con 1,120 hectáreas menos, la cebolla con 384 hectáreas menos, la naranja y el palmito con cerca de 440 hectáreas menos.

En esos mismos cultivos el descenso de la producción es muy significativa, siendo la naranja la mayor reducción con más de 31,000 toneladas métricas menos, la yuca con más de 9,400 TM menos, la cebolla con más de 2,300 TM menos, el plátano con más de 1.000 TM menos, el frijol con más de 800 TM menos y el palmito con más de 300 TM menos. Por el contrario, en el caso del arroz, pese a la reducción del área, se dio un aumento de la producción en más de 3,000 TM.

Por su parte los cultivos permanentes, experimentaron en su mayoría un aumento tanto en las áreas sembradas como en la producción, siendo la palma aceitera, la que tuvo un aumento más significativo en ambas variables, con más de 7,200 hectáreas sembradas y más de 91,900 TM de producción en el 2025, luego el banano fue el segundo cultivo con mayores aumentos en el área sembrada de más de 3,100 hectáreas y más de 11,000 TM de producción, el café con un aumento de más de 1,200 hectáreas y de más de 50,700 TM de producción, la caña de azúcar con un aumento de más de 480 hectáreas y de más 99,700 TM, evidenciando, estos últimos con una importante recuperación de la producción.

En los cultivos anuales, la papa y el maíz tuvieron un pequeña recuperación, tanto en el área sembrada con más de 560 hectáreas el primero y más de 540 hectáreas el segundo, así como en los volúmenes de producción, con más de 460 TM más el primero y más de 4,400 TM el segundo entre los años 2025 y el anterior de 2024.

De acuerdo con la información anterior, se podría afirmar que en la ENA 2026 los cultivos para el mercado interno mantienen descensos muy importantes en las áreas y en la producción, que profundizan la tendencia hacia la reducción de las áreas agrícolas que ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria 2021 y 2023.

En el análisis de los cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, se mencionaba la tendencia al deterioro de la actividad agrícola y la aproximación a la producción mínima en las principales actividades agroalimentarias.

Se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz, el frijol, la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola, sobre la disponibilidad de alimentos, la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.( SURCOSDigital.com 1-10-2024)

Mientras las actividades agrícolas para la exportación han superado en niveles variables las áreas sembradas y los volúmenes producidos en el 2024, marcando una recuperación importante, que sin embargo no alcanza los niveles anteriores al año 2020 y es probable que no compense la reducción de ingresos por exportaciones, que se estima se han visto reducidos en los dos últimos años en más del 30% por la caída del tipo de cambio y el aumento de los costos internos.

Ante esta disociación entre la realidad de la producción agroalimentaria y la acción institucional del sector agropecuario, vuelve a cobrar validez la investigación realizada el año anterior por la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entre sus conclusiones afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación y el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así mismo son reiterativas, pero oportunas las consideraciones incluidas en el artículo denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria (SURCOSDigital.com 18-3-2024), acerca de la necesidad de la formulación de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en los mercados internacionales, en las políticas internas de desestimulo a la producción nacional y en el estímulo creciente a las importaciones.

SoCagrú: un grupo de mujeres indígenas con espíritu de guerreras

Por Uriel Rojas

En Boruca de Buenos Aires hay un grupo integrado por 21 mujeres indígenas que una vez decidieron unir sus talentos, saberes e iniciativas para trabajar en beneficio de sus familias y la comunidad en general.

El espíritu luchador de esta agrupación femenina se alimenta de la naturaleza, del cual aseguran, obtienen todo lo que necesitan para ser felices.

SoCagrú en idioma boruca significa “señoras guerreras”, que practican un comercio solidario, donde el ingreso de una es para el beneficio de todas.

Ellas hacen textiles a base de algodón, máscaras, flechas, tambores, etc.

Es una asociación femenina que arrastran un linaje cuyos antecesores también fueron personas de gran presencia en la cultura indígena boruca.

Por su amor a la naturaleza, poseen un vasto conocimiento sobre los beneficios del buen uso de las plantas medicinales. Han construido unos viveros donde le enseñan a las nuevas generaciones sus saberes asociados a la tierra, al cuido de las fuentes de agua y a su seguridad alimentaria.

Ofrecen diversos tours que enseñan al visitante las bondades de la naturaleza, visitan cataratas, museos, talleres y el disfrute de una rica gastronomía.

SoCagrú es más que una asociación de turismo, son guardianas de la tierra, que conservan lo místico de su cultura ancestral.

Con frecuencia invierten en el mantenimiento de los recursos naturales y han sembrado más de 26,000 árboles en las cuencas de las nacientes de agua en la comunidad.

Poseen servicios de hospedaje para que la pases de manera confortable y con un entorno natural, disfrutando de una vivencia única, inmerso en el mundo de la cultura indígena boruca.

Para más detalles acerca de SoCagrú, sírvase comunicarse a los teléfonos 84121442 y 86502432.