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Etiqueta: seguridad alimentaria

UNA apoya desarrollo local en regiones fronterizas vulnerables

Como parte del encuentro de la Vicerrectoría de Extensión con extensionistas de la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA), realizado a mediados de junio, se visitó la comunidad fronteriza de Santa Cecilia de La Cruz para conocer de primera mano las necesidades de organizaciones agrícolas locales y dar seguimiento al proyecto Edufrontera, impulsado por el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (Cemede) de la UNA, con respaldo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).

La iniciativa busca fortalecer las capacidades organizativas de líderes de asociaciones comunitarias ubicadas en territorios fronterizos, como una estrategia para mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo local sostenible ante condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental.

Sandra Lezcano, investigadora del Cemede y coordinadora del proyecto, explicó que Edufrontera surgió hace tres años a partir de una solicitud del Inder para acompañar inicialmente a siete organizaciones campesinas en procesos de formulación y gestión de proyectos. “Es un buen ejemplo de la importancia de la participación de la universidad pública en espacios de gobernanza territorial y de cómo es posible contribuir a los esfuerzos que realizan otros actores de la región mediante la articulación de recursos orientados a sectores vulnerables”, señaló Lezcano.

Actualmente, la iniciativa trabaja junto con el Inder en la formulación de proyectos para la organización de agricultores Tierra Prometida, la Asociación de Mujeres de La Virgen de La Cruz y una propuesta impulsada por la Asociación de Desarrollo de la comunidad de Caoba que sería presentada ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

Elba González, representante legal de la Asociación de Mujeres de La Virgen de La Cruz, indicó que esperan recibir apoyo para diseñar un proyecto orientado a certificar la conservación y el manejo de semilla criolla de frijol, elemento central para la producción local debido a sus beneficios nutricionales y económicos. “A diferencia de otras semillas que requieren compra anual, la semilla tradicional se puede guardar y resembrar sin perder su capacidad de germinación, lo que evita gastos innecesarios”, destacó González.

Legalidad y producción

Uno de los principales retos que enfrentan estos agricultores es que la Asociación se ubica en un área declarada refugio de vida silvestre, condición que limita la obtención de propiedad formal y la documentación legal de la tierra. Esta situación también restringe la posibilidad de recibir apoyo institucional, tanto del Inder como del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para la adquisición de maquinaria destinada al secado y limpieza del frijol, principal actividad económica de la organización.

Socorro Díaz, vicealcaldesa de La Cruz, señaló que las condiciones del cordón fronterizo generan limitaciones para la gestión municipal en la prestación de servicios como otorgamiento de patentes, recolección de residuos y establecimiento de tarifas. A esto se suma la escasez de oportunidades laborales, que obliga a muchas familias a depender de la producción agrícola para subsistir. Pese a ello, la Municipalidad ejecuta acciones de apoyo mediante el mantenimiento de caminos, con el objetivo de facilitar la salida y comercialización de los productos agrícolas.

Yolanda Pérez, vicerrectora de Extensión de la UNA, afirmó que una problemática estructural identificada tanto en esta zona fronteriza como en la región norte es la falta de titulación de tierras, lo cual limita a las comunidades a recibir recursos públicos, y a la vez, reduce la capacidad de recaudación municipal. “Se propone presentar un fondo concursable para mejorar la calidad de vida de estas personas y, junto con la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la UNA, colaborar en el levantamiento de tierras que facilite futuros procesos de titulación”, indicó.

Desde las comunidades

Lilliam Canales, asesora del territorio Liberia–La Cruz del Inder, explicó que el proyecto nació ante la necesidad de atender problemáticas históricas relacionadas con acceso y compra de tierra en comunidades fronterizas como Santa Cecilia. En ese contexto, el Inder impulsó, junto con la academia, una propuesta orientada a fortalecer capacidades locales para la formulación de proyectos comunitarios.

Canales agregó que el acompañamiento institucional responde al plan de desarrollo rural territorial construido por el Consejo Territorial y aprobado por la Asamblea del Territorio. Entre las líneas estratégicas se incluyen el fortalecimiento del trabajo con semilla criolla, sistemas de alerta temprana, acciones de seguridad alimentaria y el desarrollo de sistemas de captación de agua de lluvia para agricultura y consumo humano, tomando como referencia experiencias implementadas en el Campus Nicoya de la UNA.

La vicealcaldesa de La Cruz destacó que Edufrontera rompe con la lógica tradicional de formular políticas desde espacios centralizados y coloca a las comunidades como protagonistas del proceso. “Aquí son las personas del territorio quienes identifican sus necesidades y plantean soluciones; no son las instituciones las que llegan a definir qué debe hacerse”, comentó.

Edufrontera articula entre comunidades e instituciones para propiciar soluciones construidas desde el territorio y fortalecer el desarrollo local en zonas fronterizas.

Le invitamos a conocer más detalles en el siguiente video:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

FAO y PMA alertan una posible crisis alimentaria por fenómeno El Niño

Pressenza / Prensa Latina

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitaron fondos para enfrentar el posible impacto del fenómeno meteorológico de El Niño, indica hoy una nota.

En un LLamamiento Conjunto de Acción Anticipatoria, la FAO y el PMA demandan un aporte de 202 millones de dólares, para proteger a casi nueve millones de personas en 22 países prioritarios de alto riesgo, ante los graves efectos en la agricultura y la alimentación de ese evento, que se prevé en el segundo semestre de este año.

Se trata de una de las variaciones climáticas naturales más poderosas del planeta relacionada con un sobrecalentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial que modifica los vientos, las lluvias y las temperaturas en distintas zonas del mundo durante meses, el cual se presenta en ciclos de tres u ocho años.

Ambas entidades solicitan financiación urgente y flexible ante los impactos climáticos previstos, que podrían amenazar la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la producción agrícola en las regiones más vulnerables del mundo durante este año y el próximo, indica el llamado publicado por la oficina de prensa de la FAO.

Las intensas condiciones de El Niño en la segunda mitad de 2026, según subrayan, podrían aumentar la probabilidad de sequías, inundaciones y tormentas en partes de África, Asia, el Pacífico y América Latina y el Caribe, con graves afectaciones agrícolas, en un momento en que millones de personas ya enfrentan una grave inseguridad alimentaria.

La FAO y el PMA indicaron que ya cuentan con los recursos para brindar atención preventiva a 1,2 millones de posibles afectados por El Niño, pero se requiere de una inversión adicional de al menos 167 millones de dólares para ampliar el apoyo a otros 7,6 millones de personas en 22 países prioritarios.

Entre esas naciones se encuentran Camerún, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mozambique, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Zimbabwe, Afganistán, Paquistán, Filipinas, Timor Oriental, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.

Beth Bechdol, subdirectora general de la FAO señaló al respecto que “la experiencia demuestra sistemáticamente que la acción temprana es más eficaz y menos costosa que responder una vez que la crisis se ha agravado”.

“Contamos con los datos, las herramientas y la evidencia para identificar los riesgos antes de que se conviertan en emergencias, y el reto consiste en garantizar que la financiación esté disponible con la suficiente antelación para actuar” apuntó Bechdol.

La financiación apoyará un conjunto de acciones preventivas, incluidas la asistencia monetaria, la distribución de semillas resistentes a la sequía, medidas de protección del ganado, sistemas de captación y el almacenamiento de agua,

También se destinarán a infraestructura de protección contra inundaciones, asesoramiento agrícola y difusión de información de alerta temprana, agrega la fuente.

Sector agropecuario no exportador enfrenta limitaciones para acceso al crédito en la banca pública

La Defensoría de los Habitantes presentó un informe final con recomendaciones sobre las estrategias de financiamiento de la banca pública costarricense al sector agropecuario no exportador. La investigación analizó datos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) durante los últimos diez años, y revela un patrón sistemático de barreras para acceder a condiciones acorde a su realidad, siendo las mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales la más afectadas.

El sector agropecuario no exportador, integrado principalmente por pequeñas y medianas unidades productivas orientadas al mercado interno y a la seguridad alimentaria, ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades. Lejos de corregir esta tendencia, la banca pública ha adoptado lógicas comerciales que priorizan la rentabilidad por encima de su mandato constitucional de desarrollo social.

Uno de los hallazgos de la investigación es la masculinización del crédito agropecuario. En el BNCR, por cada mujer que accede a financiamiento, hay ocho hombres que lo hacen. Del total de la cartera analizada (35.298 registros), apenas 3.650 corresponden a mujeres, frente a 30.309 hombres. Esta brecha se agrava cuando se incorpora la variable de edad. Del total de mujeres con crédito activo, únicamente 186 son jóvenes (menores de 35 años) en todo el país. En contraste, casi 2.000 hombres jóvenes accedieron al mismo tipo de financiamiento en el mismo período. Esto significa que ser mujer y joven en el campo costarricense representa una doble barrera para acceder en condiciones reales al sistema financiero público.

La investigación también revela que las mujeres productoras enfrentan tasas de interés más altas conforme envejecen dentro del sistema bancario. En el segmento de adultas mayores, las mujeres pagan en promedio un 8,50%, mientras que los hombres en la misma etapa acceden a tasas de 8,11%. Esta desigualdad acumulada limita la autonomía económica de las mujeres rurales a lo largo de toda su trayectoria productiva.

La investigación identificó que las barreras de acceso al crédito agropecuario no se limitan a las tasas de interés. Existe un conjunto de obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden al pequeño productor rural integrarse al sistema financiero formal:

  1. Requisitos documentales desproporcionados: se exige al agricultor estados financieros, flujos de caja proyectados y certificaciones de contadores, exigencias propias de una empresa urbana consolidada.

  2. Normativa prudencial inadaptada: el Acuerdo SUGEF 1-05 penaliza la estacionalidad agrícola al medir la solvencia con criterios de flujo constante, clasificando al productor rural como sujeto de alto riesgo por la naturaleza cíclica de su actividad.

  3. Concentración territorial del crédito: el BCR coloca el 83,8% de sus recursos agrícolas en San José y Alajuela. Cantones como Curridabat y Escazú concentran más crédito agrícola que provincias con vocación productiva como Heredia o Cartago.

  4. Ausencia de asistencia técnica: ambas entidades bancarias reconocieron no brindar acompañamiento técnico a los productores, limitando su rol a la transacción financiera.

  5. Falta de segmentación: el BCR admitió no contar con un indicador que diferencie entre productor de mercado interno y agroexportador, lo que impide fiscalizar si los recursos públicos cumplen su función de seguridad alimentaria.

Costa Rica importa el 92% de los frijoles, el 99% del maíz y cerca del 70% del arroz que consume. Esta dependencia alimentaria hace aún más urgente el fortalecimiento del sector agropecuario no exportador. Sin embargo, la banca pública, que por mandato constitucional debe orientar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y la reducción de desigualdades, ha derivado hacia una lógica comercial e impone barreras precisamente a los actores que más necesitan financiamiento.

La Defensoría de los Habitantes instó al Consejo de Gobierno, en su condición de dueño de la banca pública, a emitir una directriz vinculante dirigida a las Juntas Directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, con el fin de que ambas entidades cumplan efectivamente con su mandato de financiar con condiciones reales al sector agropecuario no exportador.

Dicha directriz deberá ordenar que ambos bancos aprueben un plan institucional de cumplimiento con metas anuales verificables, datos desagregados por sexo, edad y territorio, y un esquema de seguimiento semestral, y que revisen sus modelos de atención para simplificar requisitos, reconocer la estacionalidad agrícola, establecer plazos máximos de respuesta y fortalecer la cobertura fuera de la Gran Área Metropolitana. El acceso equitativo al crédito agropecuario no es un asunto técnico menor: es una condición para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de Costa Rica.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/Informe-final-06636-2026-DHR-AE-468442-2025-RI.pdf

 

Defensoría advierte: Barreras al sector frijolero amenazan seguridad alimentaria

*Estudio de la Defensoría revela que el crédito destinado al cultivo de frijol representa menos del 0,20% del financiamiento agropecuario nacional y que la producción nacional cayó un 25,9% entre 2006 y 2024.

La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la producción nacional de frijol y sus implicaciones para el derecho humano a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales, según los resultados del estudio “Análisis del acceso al crédito y estrategia de rescate de la producción nacional de frijol desde un enfoque de derechos humanos”.

La investigación evidenció que la producción nacional de frijol experimentó una caída acumulada del 25,9% entre 2006 y 2024, mientras que el financiamiento destinado a este cultivo ha sido históricamente marginal. Durante el período analizado, el crédito dirigido al subsector frijolero no superó el 0,20% del total del crédito agropecuario, y desde 2021 descendió a niveles cercanos al 0,01% y 0,02%, pese a tratarse de un alimento fundamental dentro de la dieta costarricense.

Los hallazgos muestran que el sistema de financiamiento agrícola continúa privilegiando actividades de mayor escala y menor riesgo financiero percibido, como la ganadería bovina lechera y el cultivo de café, mientras que los pequeños productores de alimentos básicos enfrentan importantes barreras para acceder a recursos productivos.

Un problema que trasciende lo económico

La Defensoría señala que esta situación no constituye únicamente un desafío productivo, sino también una problemática de derechos humanos. La reducción sostenida de la producción nacional de frijol aumenta la dependencia de las importaciones y expone al país a mayores riesgos ante crisis internacionales, eventos climáticos extremos, fluctuaciones de precios o interrupciones en las cadenas globales de suministro», advierte el informe.

Asimismo, el estudio concluye que el debilitamiento del subsector afecta directamente: el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo digno de miles de familias rurales, la equidad territorial y el desarrollo de las regiones agrícolas y la seguridad alimentaria y nutricional del país.

El análisis también identifica una concentración territorial de los recursos financieros en las regiones Central y Huetar Norte, mientras que las regiones rurales periféricas continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder al financiamiento. Adicionalmente, persisten importantes brechas de género. Las mujeres productoras reciben una proporción significativamente menor de los créditos agropecuarios debido a factores estructurales como el limitado acceso a la propiedad de la tierra, menores garantías patrimoniales y barreras históricas dentro de los sistemas de financiamiento rural.

La Defensoría enfatiza que la producción agrícola nacional debe ser entendida como una infraestructura social estratégica para el país, al igual que la salud o la educación, debido a su papel fundamental en la protección de derechos humanos y la estabilidad social. La institución instó a las autoridades a revisar los mecanismos actuales de financiamiento agrícola y adoptar políticas diferenciadas que permitan corregir las desigualdades existentes.

«El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible», enfatizó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/06629-2026-DHR-AE-425606-2023-RI.pdf

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 confirma el peligroso descenso de la producción nacional

German Masís

La Encuesta Nacional Agropecuaria del 2025, que recoge los datos para el 2024, revela una caída considerable de la producción agrícola, que ha llegado ha ser reconocida como una verdadera crisis de la actividad agrícola, con descensos de las áreas cultivadas y de la producción de cultivos importantes para el consumo interno como el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y el plátano y de cultivos de exportación como el banano, el café, la caña de azúcar, la naranja, el mango y la palma aceitera.

Las diferencias han sido significativas entre el 2024 y el 2023, sobre todo en el cultivo de arroz, papa y cebolla y el cultivo de banano y café entre esos años. Pero las mayores diferencias se encuentran entre los años 2020 (ENA 20021) y 2024 (ENA 2025), en la mayoría de los productos mencionados al inicio.

En ese período, las diferencias en los cultivos para el mercado interno fueron de alrededor de 19,711 hectáreas menos sembradas y de 511,116 toneladas métricas menos de producción entre esos años, cifras significativas en la disponibilidad de la producción de alimentos para el consumo de la población.

El análisis de los cultivos de exportación no es menos preocupante, ya que las diferencias entre el 2020 y el 2024, señalan una reducción en el área sembrada de 33,634 has menos y de 829,654 toneladas métricas menos de producción en ese período, un descenso considerable en la producción exportable del país.

Arroz

El área sembrada estimada en el año 2024 fue de 13 067,6 hectáreas, la producción fue de 51 468,3 toneladas métricas; destinando el 98,9% a la venta. La producción se concentra principalmente en las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca

Según la ENA 2023, el año 2022 se sembró de arroz 33.586.4 has, que es el 53.2% de los ochos cultivos anuales estudiados y se obtuvo una producción de 145.302,5 toneladas métricas. Estas cifras reflejan que el arroz tuvo la mayor extensión sembrada, cosechada y la producción más alta de los cultivos anuales.

Comparando el área y la producción de arroz del año 2020 (encuesta nacional 2021), que fue de 38.112,7 hectáreas, hubo una reducción de casi 4 mil hectáreas entre el 2022 y el 2020, aunque en la producción que fue de 137.503,5 toneladas métricas en el 2020, si hubo un aumento de más de 7 mil toneladas métricas en el año 2022.

Sin embargo, si analizamos los datos en un período más amplio, entre el 2020 y el 2024, la diferencia en el área cultivada y la producción es considerable, porque entre ambos años la diferencia es de 25.045 has y de 86,035 Tm de producción menos, evidenciando la salida de una importante cantidad de productores de la actividad y el aumento del volumen importado.

Frijol

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 8 708,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 761,7 toneladas métricas. El 76,7% de la producción total fue destinada a la venta. Su producción se concentra principalmente en las regiones Huetar Norte y Brunca.

Con respecto al cultivo de frijol, el área sembrada en el 2022 fue de 8.653,3 has sembradas y una producción de 6.000,2 toneladas métricas. Mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 9.452,3 hectáreas, 800 has más que en el último año y la producción obtenida fue de 5 308,4 toneladas métricas, un poco menor que la del 2022.

El análisis de las diferencias entre el 2020 y el 2024, indican que en frijol ha habido una reducción de 744 has y de 1,547 toneladas métricas de producción, lo que también es significativo y debió ser cubierto con mayores importaciones

Maíz

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 7 534,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 17 627,8 toneladas métricas; donde el 79,4% fue vendida. Se cultiva en todas las regiones del país

En cuanto al maíz, en el 2022 se sembraron 7.175,9 ha sembradas y se tuvo una producción de 10.246,1 toneladas métricas, en tanto el área sembrada en 2020, fue de 8.376,2 hectáreas, es decir 1.200 has más que el 2022 y una a producción obtenida este año de 14.180,6 toneladas métricas, es decir cerca de 4 mil toneladas más en el 2020, resultado al parecer de un mayor rendimiento por hectárea.

En maíz, las diferencias entre 2020 y 2024, han sido de 842 has sembradas menos, pero se obtuvo, 3,447 toneladas métricas más de producción, probablemente debido a mejores rendimientos.

Papa

El área sembrada estimada en 2024 fue de 1 679,5 hectáreas, la producción obtenida fue de 30 228,5 toneladas métricas; donde el 92,4% fue destinado a la venta. Del total de la producción vendida, el 92,7% fue al por mayor. Las principales regiones productoras son la Central Oriental y la Central Occidental

En el caso de la papa se reportó para el 2022 un área de 2.912,4 ha, y una producción de 48.171,6 tm. para el 2022, en tanto para el 2020, el área sembrada fue de 2.816,3 hectáreas, y la producción obtenida fue de 47.619,3 toneladas métricas; con escasas diferencias entre un año y otro tanto en área como en producción.

La comparación en la producción de papa entre el 2020 y el 2024, señala una diferencia de 1,137 has sembradas menos y 17,391 toneladas métricas de producción menos, lo que es una diferencia enorme, que revela una incorporación menor de productores y un aumento considerable de la producción importada.

Cebolla

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 1 313,3 hectáreas la producción obtenida fue de 25 349,0 toneladas métricas; donde el 99,0% fue destinado a la venta. se produce principalmente en las regiones Central Sur, Central Oriental, Central Occidental y algunas zonas de la región Chorotega.

Por su parte para la cebolla, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 reveló una extensión sembrada de 1.422,8 ha y una producción de 32.184,4 toneladas métricas, mientras que en el año 2020, el área sembrada fue de 1.884,9 hectáreas y la producción obtenida fue de 36 546,3 toneladas métricas; con diferencias de más de 400 has y más de 4 mil toneladas métricas entre uno y otro año.

En el caso de la cebolla, las diferencias entre el año 2020 y 2024, es de 531 hectáreas sembradas menos y de 11,197 toneladas métricas menos de producción, lo que establece el descenso de la actividad en las áreas dedicadas y en la producción obtenida, claramente suplida por las grandes importaciones del producto.

Yuca

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 11 849,0 hectáreas, la producción obtenida fue de 111 743,5 toneladas métricas; donde el 91,7% fue para la venta y el 90,8% fue comercializado al por mayor. Las principales regiones en las que se produce son la Huetar Norte, la Huetar Atlántica y la Brunca.

Dentro de las raíces y tubérculos, destaca la yuca con un área sembrada de 7.084,4 ha y una producción de 78.275,6 toneladas métricas en el 2022, frente a un área de 11.161,1 hectáreas y una producción de 97.201,0 toneladas métricas en el 2020; que marca una diferencia de más de 4 mil has sembradas y de 18 mil ton. de producto entre aquel año y el 2022.

En cuanto a la yuca, la comparación entre los años 2020 y 2024, revelan un aumento del área en 688 has y de 14,542 Tm más de producción, revelando un crecimiento importante de la actividad.

Banano

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 46 028,7 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 2 277 988,4 toneladas métricas. El 99,7% de la producción total fue para la venta. El principal destino de la producción es directamente al exterior, representando un 75,3% del total vendido, se concentra principalmente en las regiones Huetar Caribe, Pacífico Central y Brunca.

Seguidamente, el banano con un área sembrada de 48.369,2 ha sembradas y la producción obtenida de 2.307 933,3 toneladas métricas, cifras que eran mayores en el 2020, con el área sembrada de 54.783,6 hectáreas y la producción obtenida de 2,528.720,8 toneladas métricas. Es muy significativa la diferencia en el área sembrada entre uno y otro año, de más de 6 mil hectáreas.

El análisis de la evolución de la producción de banano entre el 2020 y el 2024, determina una reducción de 8,755 has y de 250,732 toneladas métricas menos entre ambos años, que muestra una situación complicada de la actividad debida según se ha mencionado por factores climáticos y el retiro de algunas empresas extranjeras.

Café

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 71 570,7 hectáreas, la producción obtenida fue de 360 502,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 85,9% de la producción total. Las regiones del país donde se puede encontrar este cultivo son la Central Sur, Central Oriental, Central Occidental, Pacífico Central, Chorotega y la Brunca.

Para el café, el área sembrada en 2022, según la ENA fue de 77.352,5 ha sembradas y una producción de 436.473,3 toneladas métricas de producción, mientras que en el 2020, el área sembrada fue de 80.210,3 hectáreas y la producción obtenida fue de 400.042,1 toneladas métricas, con una diferencia de más de 2.800 has sembradas en el 2020, aunque la producción es mayor en el 2022, probablemente por una mayor productividad de las plantaciones.

En la actividad cafetalera, las diferencias entre los años 2020 y 2024, son significativas, con la reducción de 8,640 hectáreas sembradas y una producción de 39,540 toneladas métricas menos, que también revela un descenso considerable de la producción de café, atribuido en buena medida a factores climáticos y a cambios en la producción mundial del grano

Caña de azúcar

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 55 780,2 hectáreas, la producción obtenida fue de 3 929 987,7 toneladas métricas. De la producción vendida, el 98,8% fue destinado para la venta en la industria. En Costa Rica, la principal producción se encuentra en las regiones Chorotega, Central Occidental, Central Sur, Brunca, Huetar Atlántica y Pacífico Central.

Entre los cultivos permanentes, según los principales resultados de la ENA 2022, la caña tuvo un área sembrada 57.006,2 ha sembradas y una producción de 3,366.915,7, en tanto en 2020, el área sembrada fue de 60.750,0 hectáreas y la producción obtenida fue de 4, 194.596,7 toneladas métricas, con una diferencia que de más de 3.700 has sembradas.

La comparación en la actividad de la caña entre el 2020 y el 2024, evidencia una diferencia de 4,970 has menos sembradas y de 264,609 toneladas métricas menos de producción entre ambos años, que resulta significativa por la reducción de áreas que ha dado en las regiones productoras.

Chayote

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 461,4 hectáreas, de las cuales fueron cosechadas 336,4. La producción obtenida fue de 42 541,2 toneladas métricas. Del total de la producción el 99,0% fue destinada para la venta. Del total vendido, el 80,4% fue directamente al exterior. El cultivo se concentra principalmente en la región Central Oriental

Finalmente, el área sembrada de chayote fue 407,0 ha y la producción de 28.990,7 tm. en el 2022, en tanto en el 2020, el área sembrada fue de 493,6 hectáreas y la producción obtenida fue de 31.284,7 toneladas métricas, con una diferencia de más de 85 has sembradas y más de 2.200 toneladas métricas producidas en el 2020. (INEC, ENA,2022).

En el chayote, las diferencias son de 32 has sembradas menos, entre el 2020 y el 2024, pero un aumento de 11,257 Tm más de producción entre los dos años.

Mango

El área sembrada estimada en el 2024 fue de 5 205,8 hectáreas, la producción obtenida fue de 18 846,5 toneladas métricas. Del total de la producción se vendió un 95,0%, y se destinó a la comercialización al por mayor el 69,6%. Las principales regiones productoras son la Central Sur, Central Occidental, Pacífico Central y la Chorotega

Respecto al mango, el área sembrada es de 6.217,4 ha área sembrada, y una producción 30.187,4 toneladas métricas de producción para el 2022, en tanto para el 2020 el área sembrada fue de 7. 482,5 hectáreas y una producción obtenida fue de 23.812,1 toneladas métricas, registrando una diferencia de más de 1,200 has sembradas ese año, aunque se tuvo una producción menor en el 2020.

Las diferencias en la producción de mango entre el 2020 y el 2024, son de 2,277 has menos y de 4,966 toneladas métricas menos entre los dos años, son importantes.

Naranja

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 10 678,4 hectáreas, La producción estimada fue de 128 069,5 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta con el 96,6% de la producción total. De la producción que se vendió, el 84,6% se destinó a la industria. Las zonas productoras del país son la Central Sur, Central Occidental, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántica

El caso de la naranja, el área sembrada fue de 13.220,7 hectáreas y la producción obtenida de 289.564,5 toneladas métricas en el 2022, mientras en el 2020 el área sembrada de 13.354,1 hectáreas y la producción estimada fue de 258.234,3 toneladas métricas, con áreas y producciones muy similares en los dos años, así como en el volumen que se vende en el mercado interno que es entre un 27 y un 30%.

Analizando las diferencias en la actividad de la naranja, encontramos una diferencia de 2,676 hectáreas menos sembradas y de 130,165 toneladas métricas menos de producción entre el 2020 y el 2024, mostrando un descenso considerable en la actividad.

Palmito

La estimación del área sembrada en 2024 fue de 2 848,8 hectáreas, la producción fue de 2 681,3 toneladas métricas. El principal destino de la producción fue la venta, representando el 57.0% de la producción total. En el país se siembra en las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte, Pacífico Central y Brunca

Mientras el área sembrada fue de 3.231,9 ha de sembradas y una producción de 3.203,3 toneladas métricas de producción en el 2022, mientras que el área sembrada fue de 3.866,3 hectáreas y la producción fue de 3.218,6 toneladas métricas en el 2020, con una diferencia de más de 600 has sembradas, pero un volumen de producción similar, en el palmito también una parte pequeña se destina al mercado nacional.

En el palmito, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 1,018 hectáreas menos sembradas y de 537 toneladas métricas menos entre esos años, que indica una reducción mayor en las áreas y menor en la producción.

Plátano

La estimación del área sembrada en el año 2024 fue de 8 780,9 hectáreas, la producción obtenida fue de 72 277,9 toneladas métricas. El principal destino de la producción de este cultivo fue la venta, que representa el 85,4% del total producido. De la producción vendida, el 89,0% se destinó a la comercialización al por mayor. La principal zona productora del país es la región Huetar Caribe.

Por su parte, el plátano presentó en el 2022, un área sembrada de 10.697,3 y una producción de 72.083,3 toneladas métricas de producción, frente a un área sembrada de 10.860,3 hectáreas y una la producción obtenida de 84.412,8 toneladas métricas en el 2020, evidenciando áreas similares en ambos años, pero una producción mucho mayor en el 2020, de más de 12 mil toneladas métricas.

Las diferencias en la producción de plátano entre el 2020 y el 2024, son de 2,080 has menos en el período y de 12,135 toneladas métricas menos de producción, diferencias significativas en esta actividad.

Palma aceitera

La estimación del área sembrada en el 2024 fue de 67 600,5 hectáreas, en cuanto a la producción obtenida fue de 999 761,6 toneladas métricas. El principal destino fue la venta en el exterior, representando el 72,4% de la producción total. Las principales regiones productoras son la Pacífico Central, Brunca y la Huetar Atlántica

En cuanto a la palma aceitera, el área sembrada fue de 68.288,5 ha sembradas con una producción 1,040.239,3 toneladas métricas en el 2022, frente al área sembrada de 72.898,1 hectáreas y una producción obtenida de 1,138.886,8 toneladas métricas en el 2020, cuya comparación revela un área sembrada mayor en este año de más de 2.600 has, con respecto al 2022.

En lo que respecta a la palma aceitera, las diferencias entre el 2020 y el 2024, son de 5,298 has menos sembradas y 139,105 toneladas métricas de producción entre ambos años, lo que representa cambios importantes en esta actividad

Las diferencias en el área sembrada y en la producción de las actividades analizadas en la ENA 2025, revelan descensos muy importantes en la producción agrícola para el mercado interno y para la exportación, que marcan una peligrosa la tendencia hacia la reducción de las áreas agrícolas que ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria 2021 y 2023.

Esta reducción en el área y en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre la disponibilidad interna de alimentos, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, sobre el aumento de las importaciones y sobre el decrecimiento de las exportaciones agrícolas y la generación de divisas, ya que en algunas de ellas como se ha mencionado anteriormente, podría estarse llegando a límites mínimos de producción, que un descenso mayor podría llevar a un desabastecimiento peligroso y a la dependencia de las importaciones como ha ocurrido en otros países.

Conversatorio analizará si la alimentación saludable es un derecho o un privilegio en Costa Rica

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?”, un espacio de reflexión sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en el acceso a una alimentación adecuada en el país.

La actividad se realizará el lunes 22 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del sexto piso del edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio reunirá a personas provenientes de distintos ámbitos de experiencia y conocimiento para analizar los desafíos relacionados con la alimentación saludable, la producción de alimentos y las desigualdades que pueden limitar el acceso a una nutrición adecuada.

Entre las panelistas participará la Dra. Marcela Dumani, docente jubilada de la Escuela de Nutrición de la UCR, quien aportará una perspectiva especializada sobre alimentación, salud y nutrición.

También intervendrá Paula Escudero, agricultora, cuya participación permitirá incorporar la visión de quienes producen alimentos y enfrentan los retos del sector agrícola.

Asimismo, estará presente la M.Sc. Vania Solano, docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, quien contribuirá al análisis de las dimensiones sociales y culturales asociadas a los hábitos alimentarios y al acceso a los alimentos.

La actividad forma parte de iniciativas académicas impulsadas desde la Escuela de Sociología y busca promover el diálogo sobre temas vinculados con la seguridad alimentaria, la salud pública, la producción agrícola y las desigualdades sociales que inciden en la alimentación de la población costarricense.

El conversatorio es organizado por Andrea Espinoza, Aritsa Ureña, Kimi Burgos y María Fernanda Rivas, en el marco de los proyectos SO-1014 y ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

Detalles de la actividad

Tema: Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?
Fecha: Lunes 22 de junio
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio, piso 6, edificio de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

Conversatorio analizará crisis arrocera y abandono de la producción nacional

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizará el conversatorio “Una ruta olvidada: nadie se comió la bronca y nos estamos quedando sin arroz”, un espacio de análisis sobre la situación de la producción arrocera nacional, las políticas públicas vinculadas al sector y sus impactos sociales y económicos.

La actividad se llevará a cabo el lunes 1 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del piso 6 del edificio de Ciencias Sociales de la UCR.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Luis O. Barboza Barquero, director del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, así como de Ariel Robles Barrantes, exdiputado de la República y máster en Gestión Educativa con énfasis en Aprendizaje del Inglés.

El título de la actividad plantea una crítica al abandono de las políticas de protección y fortalecimiento de la producción nacional de arroz, en momentos en que diversos sectores han advertido sobre los efectos de la apertura comercial, el debilitamiento del agro y el aumento de la dependencia alimentaria.

La actividad es organizada por Ashley Barahona, Lourdes Navarro y Gabriela Zamora, en el marco de iniciativas académicas vinculadas a la Escuela de Sociología y el curso SO-1014 Taller Integrado de Gestión y Práctica Sociológica I y el proyecto ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

El encuentro busca abrir un espacio de reflexión sobre soberanía alimentaria, producción agrícola nacional y las consecuencias sociales de las transformaciones recientes en el sector arrocero costarricense.

Cinat: ciencia respalda retiro de fipronil

El Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la Universidad Nacional de Costa Rica manifiesta su respaldo a la decisión de retirar de circulación a nivel nacional los productos que contienen fipronil, en concordancia con la resolución emitida por la Sala Constitucional.

La evidencia científica disponible demuestra que este insecticida, perteneciente al grupo de los fenilpirazoles, posee una alta toxicidad para abejas y otros polinizadores, además de representar riesgos para la salud humana y para diversos componentes de los ecosistemas. En Costa Rica, múltiples reportes han documentado eventos de mortalidad masiva de abejas, así como afectaciones severas en colmenas manejadas por apicultores, lo que compromete servicios ecosistémicos esenciales como la polinización de numerosos cultivos y plantas silvestres.

Asimismo, estudios científicos han señalado que el fipronil puede actuar como disruptor endocrino y presentar efectos adversos en organismos acuáticos y otros insectos benéficos.

Ante este panorama, y considerando la importancia de las abejas para la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, el CINAT reafirma la necesidad de aplicar el principio preventivo, apoyando la prohibición del fipronil en el país y promoviendo alternativas de manejo agrícola que protejan a los polinizadores, la salud pública y los ecosistemas de Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Sector agropecuario impulsa pacto con diputaciones electas

Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.

Propuesta de diez ejes prioritarios

El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:

  • defensa de la producción nacional,

  • innovación en los procesos productivos,

  • atención al cambio climático,

  • fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,

  • impulso al mercado nacional agropecuario,

  • garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,

  • mejora del acceso al financiamiento,

  • creación de seguros agropecuarios accesibles,

  • promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,

  • desarrollo de una política territorial construida con participación local.

Espacio de diálogo con diputaciones electas

En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.

La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.

Antecedentes: demandas del sector agropecuario

Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.

En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.