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Etiqueta: desarrollo rural

Sector agropecuario no exportador enfrenta limitaciones para acceso al crédito en la banca pública

La Defensoría de los Habitantes presentó un informe final con recomendaciones sobre las estrategias de financiamiento de la banca pública costarricense al sector agropecuario no exportador. La investigación analizó datos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) durante los últimos diez años, y revela un patrón sistemático de barreras para acceder a condiciones acorde a su realidad, siendo las mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales la más afectadas.

El sector agropecuario no exportador, integrado principalmente por pequeñas y medianas unidades productivas orientadas al mercado interno y a la seguridad alimentaria, ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades. Lejos de corregir esta tendencia, la banca pública ha adoptado lógicas comerciales que priorizan la rentabilidad por encima de su mandato constitucional de desarrollo social.

Uno de los hallazgos de la investigación es la masculinización del crédito agropecuario. En el BNCR, por cada mujer que accede a financiamiento, hay ocho hombres que lo hacen. Del total de la cartera analizada (35.298 registros), apenas 3.650 corresponden a mujeres, frente a 30.309 hombres. Esta brecha se agrava cuando se incorpora la variable de edad. Del total de mujeres con crédito activo, únicamente 186 son jóvenes (menores de 35 años) en todo el país. En contraste, casi 2.000 hombres jóvenes accedieron al mismo tipo de financiamiento en el mismo período. Esto significa que ser mujer y joven en el campo costarricense representa una doble barrera para acceder en condiciones reales al sistema financiero público.

La investigación también revela que las mujeres productoras enfrentan tasas de interés más altas conforme envejecen dentro del sistema bancario. En el segmento de adultas mayores, las mujeres pagan en promedio un 8,50%, mientras que los hombres en la misma etapa acceden a tasas de 8,11%. Esta desigualdad acumulada limita la autonomía económica de las mujeres rurales a lo largo de toda su trayectoria productiva.

La investigación identificó que las barreras de acceso al crédito agropecuario no se limitan a las tasas de interés. Existe un conjunto de obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden al pequeño productor rural integrarse al sistema financiero formal:

  1. Requisitos documentales desproporcionados: se exige al agricultor estados financieros, flujos de caja proyectados y certificaciones de contadores, exigencias propias de una empresa urbana consolidada.

  2. Normativa prudencial inadaptada: el Acuerdo SUGEF 1-05 penaliza la estacionalidad agrícola al medir la solvencia con criterios de flujo constante, clasificando al productor rural como sujeto de alto riesgo por la naturaleza cíclica de su actividad.

  3. Concentración territorial del crédito: el BCR coloca el 83,8% de sus recursos agrícolas en San José y Alajuela. Cantones como Curridabat y Escazú concentran más crédito agrícola que provincias con vocación productiva como Heredia o Cartago.

  4. Ausencia de asistencia técnica: ambas entidades bancarias reconocieron no brindar acompañamiento técnico a los productores, limitando su rol a la transacción financiera.

  5. Falta de segmentación: el BCR admitió no contar con un indicador que diferencie entre productor de mercado interno y agroexportador, lo que impide fiscalizar si los recursos públicos cumplen su función de seguridad alimentaria.

Costa Rica importa el 92% de los frijoles, el 99% del maíz y cerca del 70% del arroz que consume. Esta dependencia alimentaria hace aún más urgente el fortalecimiento del sector agropecuario no exportador. Sin embargo, la banca pública, que por mandato constitucional debe orientar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y la reducción de desigualdades, ha derivado hacia una lógica comercial e impone barreras precisamente a los actores que más necesitan financiamiento.

La Defensoría de los Habitantes instó al Consejo de Gobierno, en su condición de dueño de la banca pública, a emitir una directriz vinculante dirigida a las Juntas Directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, con el fin de que ambas entidades cumplan efectivamente con su mandato de financiar con condiciones reales al sector agropecuario no exportador.

Dicha directriz deberá ordenar que ambos bancos aprueben un plan institucional de cumplimiento con metas anuales verificables, datos desagregados por sexo, edad y territorio, y un esquema de seguimiento semestral, y que revisen sus modelos de atención para simplificar requisitos, reconocer la estacionalidad agrícola, establecer plazos máximos de respuesta y fortalecer la cobertura fuera de la Gran Área Metropolitana. El acceso equitativo al crédito agropecuario no es un asunto técnico menor: es una condición para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de Costa Rica.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/Informe-final-06636-2026-DHR-AE-468442-2025-RI.pdf

 

Defensoría advierte: Barreras al sector frijolero amenazan seguridad alimentaria

*Estudio de la Defensoría revela que el crédito destinado al cultivo de frijol representa menos del 0,20% del financiamiento agropecuario nacional y que la producción nacional cayó un 25,9% entre 2006 y 2024.

La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la producción nacional de frijol y sus implicaciones para el derecho humano a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales, según los resultados del estudio “Análisis del acceso al crédito y estrategia de rescate de la producción nacional de frijol desde un enfoque de derechos humanos”.

La investigación evidenció que la producción nacional de frijol experimentó una caída acumulada del 25,9% entre 2006 y 2024, mientras que el financiamiento destinado a este cultivo ha sido históricamente marginal. Durante el período analizado, el crédito dirigido al subsector frijolero no superó el 0,20% del total del crédito agropecuario, y desde 2021 descendió a niveles cercanos al 0,01% y 0,02%, pese a tratarse de un alimento fundamental dentro de la dieta costarricense.

Los hallazgos muestran que el sistema de financiamiento agrícola continúa privilegiando actividades de mayor escala y menor riesgo financiero percibido, como la ganadería bovina lechera y el cultivo de café, mientras que los pequeños productores de alimentos básicos enfrentan importantes barreras para acceder a recursos productivos.

Un problema que trasciende lo económico

La Defensoría señala que esta situación no constituye únicamente un desafío productivo, sino también una problemática de derechos humanos. La reducción sostenida de la producción nacional de frijol aumenta la dependencia de las importaciones y expone al país a mayores riesgos ante crisis internacionales, eventos climáticos extremos, fluctuaciones de precios o interrupciones en las cadenas globales de suministro», advierte el informe.

Asimismo, el estudio concluye que el debilitamiento del subsector afecta directamente: el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo digno de miles de familias rurales, la equidad territorial y el desarrollo de las regiones agrícolas y la seguridad alimentaria y nutricional del país.

El análisis también identifica una concentración territorial de los recursos financieros en las regiones Central y Huetar Norte, mientras que las regiones rurales periféricas continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder al financiamiento. Adicionalmente, persisten importantes brechas de género. Las mujeres productoras reciben una proporción significativamente menor de los créditos agropecuarios debido a factores estructurales como el limitado acceso a la propiedad de la tierra, menores garantías patrimoniales y barreras históricas dentro de los sistemas de financiamiento rural.

La Defensoría enfatiza que la producción agrícola nacional debe ser entendida como una infraestructura social estratégica para el país, al igual que la salud o la educación, debido a su papel fundamental en la protección de derechos humanos y la estabilidad social. La institución instó a las autoridades a revisar los mecanismos actuales de financiamiento agrícola y adoptar políticas diferenciadas que permitan corregir las desigualdades existentes.

«El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible», enfatizó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/06629-2026-DHR-AE-425606-2023-RI.pdf

Conversatorio analizará crisis arrocera y abandono de la producción nacional

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizará el conversatorio “Una ruta olvidada: nadie se comió la bronca y nos estamos quedando sin arroz”, un espacio de análisis sobre la situación de la producción arrocera nacional, las políticas públicas vinculadas al sector y sus impactos sociales y económicos.

La actividad se llevará a cabo el lunes 1 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del piso 6 del edificio de Ciencias Sociales de la UCR.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Luis O. Barboza Barquero, director del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, así como de Ariel Robles Barrantes, exdiputado de la República y máster en Gestión Educativa con énfasis en Aprendizaje del Inglés.

El título de la actividad plantea una crítica al abandono de las políticas de protección y fortalecimiento de la producción nacional de arroz, en momentos en que diversos sectores han advertido sobre los efectos de la apertura comercial, el debilitamiento del agro y el aumento de la dependencia alimentaria.

La actividad es organizada por Ashley Barahona, Lourdes Navarro y Gabriela Zamora, en el marco de iniciativas académicas vinculadas a la Escuela de Sociología y el curso SO-1014 Taller Integrado de Gestión y Práctica Sociológica I y el proyecto ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

El encuentro busca abrir un espacio de reflexión sobre soberanía alimentaria, producción agrícola nacional y las consecuencias sociales de las transformaciones recientes en el sector arrocero costarricense.

Sector agropecuario impulsa pacto con diputaciones electas

Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.

Propuesta de diez ejes prioritarios

El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:

  • defensa de la producción nacional,

  • innovación en los procesos productivos,

  • atención al cambio climático,

  • fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,

  • impulso al mercado nacional agropecuario,

  • garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,

  • mejora del acceso al financiamiento,

  • creación de seguros agropecuarios accesibles,

  • promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,

  • desarrollo de una política territorial construida con participación local.

Espacio de diálogo con diputaciones electas

En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.

La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.

Antecedentes: demandas del sector agropecuario

Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.

En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.

Territorios que alimentan: Propuesta para políticas públicas

Carlos Hernández
Cokomal / Red Economía Solidaria / Redess

Cifras y demandas de la agricultura familiar en Costa Rica

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 (ENA 2022, INEC) registra aproximadamente 630.972 unidades agropecuarias en Costa Rica. Más del 70 % de esas fincas son de pequeña escala (menos de 20 ha) y constituyen la base de la producción destinada al consumo interno. Este documento sintetiza el diagnóstico territorial, identifica los principales retos y propone un conjunto de medidas organizadas por ejes para fortalecer la agricultura familiar, garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, y promover la resiliencia local.

Datos y fuentes

Cifra clave: ~630.972 unidades agropecuarias según ENA 2022 (INEC).

Caracterización: más del 70 % de las fincas son de pequeña escala (< 20 ha), según el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020–2030 y documentos sectoriales.

Destino de la producción: la agricultura familiar abastece la mayor parte de los alimentos básicos para el consumo nacional (frijol, maíz, arroz, hortalizas, frutas y raíces), mientras que la agroindustria se orienta mayoritariamente a cultivos de exportación.

Diagnóstico territorial

La agricultura familiar es la columna vertebral de la alimentación interna, pero enfrenta limitaciones estructurales que reducen su potencial:

Fragmentación y dispersión: muchas unidades productivas operan de forma aislada, lo que debilita la negociación colectiva y el acceso a servicios.

Acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica: las líneas existentes no siempre se adaptan a la escala familiar ni a los saberes locales.

Mercados desiguales: la concentración de canales comerciales y la presión de cadenas de supermercados afectan ferias y mercados locales.

Desafío generacional: el envejecimiento rural y la falta de incentivos para jóvenes ponen en riesgo la continuidad productiva.

Pérdida de control sobre semillas y recursos: la entrada de tecnologías patentadas y modelos industriales amenaza la soberanía sobre insumos básicos.

Estas limitaciones se traducen en menores ingresos familiares, pérdida de biodiversidad y una dieta menos sana para la población.

Soberanía alimentaria y rol de la agricultura familiar

La soberanía alimentaria implica el derecho a decidir cómo producir, distribuir y consumir alimentos, priorizando la producción local, la diversidad cultural y la sostenibilidad ecológica. En los territorios se expresa mediante prácticas agroecológicas, recuperación de semillas criollas, mercados solidarios y ferias que fortalecen la relación directa productor-consumidor. Defender la soberanía requiere reconocer el papel central de las mujeres en la alimentación familiar y garantizar su acceso a tierra, agua y semillas.

Propuestas por ejes

A continuación, se presentan propuestas organizadas por ejes, con responsables sugeridos y resultados esperados.

Organización y gobernanza territorial

Medida: Fortalecer asociaciones, redes territoriales y mercados locales solidarios.

Acciones: apoyo a gestión organizacional y administrativa; formación en negociación colectiva; creación de plataformas locales de comercialización.

Responsables: municipalidades, organizaciones de productores, ONG y ministerios sectoriales.

Resultado esperado: mayor poder de negociación, acceso a programas públicos y reducción de la dispersión productiva.

Financiamiento y asistencia técnica diferenciada

Medida: Diseñar líneas de crédito y servicios técnicos adaptados a la pequeña producción.

Acciones: condiciones y plazos realistas; asistencia técnica basada en saberes locales; programas de extensión agroecológica.

Responsables: bancos públicos, cooperativas de crédito, MAG y agencias de desarrollo.

Resultado esperado: incremento de la inversión productiva familiar y mejora de la productividad sostenible.

Mercados y compras públicas

Medida: Incentivar compras públicas y fortalecer circuitos cortos.

Acciones: priorizar compras locales en escuelas, hospitales y programas sociales; facilitar certificaciones y logística para proveedores familiares.

Responsables: ministerios de educación y salud, municipalidades, comités de compras.

Resultado esperado: demanda estable para productores locales y precios justos.

Marco normativo y reducción de barreras

Medida: Promover marcos normativos diferenciados para pequeña y gran producción.

Acciones: simplificar trámites administrativos para productores familiares; reconocer regímenes especiales que protejan la producción destinada al consumo interno.

Responsables: Asamblea Legislativa, MAG, instituciones regulatorias.

Resultado esperado: menor carga administrativa y mayor inclusión en programas públicos.

Juventud y relevo generacional

Medida: Incentivar la permanencia y el retorno de jóvenes al campo.

Acciones: programas de acceso a tierra, formación técnica, incubadoras rurales y apoyo a emprendimientos agroecológicos.

Responsables: ministerios de juventud, educación técnica, universidades y organizaciones locales.

Resultado esperado: renovación generacional y dinamización de economías rurales.

Semillas, biodiversidad y soberanía

Medida: Proteger semillas criollas y promover bancos comunitarios.

Acciones: políticas públicas que regulen la entrada de tecnologías patentadas; apoyo a bancos de semillas y prácticas agroecológicas.

Responsables: MAG, institutos de investigación, organizaciones campesinas.

Resultado esperado: conservación de agrobiodiversidad y autonomía en insumos.

Educación y sensibilización ciudadana

Medida: Promover consumo de productos nacionales y sostenibles.

Acciones: campañas informativas, ferias educativas y programas de alimentación escolar con enfoque local.

Responsables: ministerios de educación y salud, organizaciones civiles.

Resultado esperado: mayor demanda de productos locales y fortalecimiento del mercado interno.

Llamado a la acción

Las políticas públicas deben priorizar a la agricultura familiar para garantizar alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y sostenibles. A continuación, tres medidas prioritarias inmediatas:

1. Implementar compras públicas locales: establecer cuotas y procedimientos que faciliten la participación de productores familiares en los programas de alimentación escolar y hospitalaria.

2. Lanzar líneas de crédito adaptadas: crear instrumentos financieros con plazos y requisitos acordes a la pequeña producción, acompañados de asistencia técnica.

3. Fortalecer redes territoriales: financiar procesos de organización local y creación de mercados solidarios para mejorar la comercialización y el acceso a servicios.

Pasos inmediatos sugeridos: conformar mesas territoriales con productores, autoridades municipales y representantes del MAG; diseñar un piloto de compras públicas en una región; y abrir una convocatoria para líneas de crédito piloto dirigidas a asociaciones de pequeños productores.

Apoyar a la agricultura familiar es invertir en salud pública, empleo rural digno, conservación de recursos y resiliencia frente a crisis. La acción coordinada entre comunidades, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales es imprescindible. Si actuamos ahora desde los territorios, garantizamos que las próximas generaciones tengan acceso a alimentos sanos y a una vida digna en el campo.

¡El campo costarricense se levanta! Marcha por la defensa de la producción nacional y el rescate del agro

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, conformado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), convoca a una gran movilización bajo el lema “¡El campo costarricense se levanta!”.

La marcha por la defensa de la producción nacional y el rescate del campo costarricense se realizará el martes 11 de noviembre a las 9:00 a.m. en San José, saliendo del Parque Central hacia Casa Presidencial en Zapote.

Las organizaciones convocantes llaman a la ciudadanía, productores y productoras del país a sumarse a esta manifestación en favor de políticas públicas que fortalezcan el agro costarricense, garanticen la soberanía alimentaria y defiendan el derecho al trabajo digno en las zonas rurales.

Demandas principales

  • Sí a la innovación del sector agropecuario, para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la minimización de los impactos sociales y ambientales de la producción agropecuaria.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria, para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente, para mejorar la vida de las personas que dependen del agro.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible, para una producción agropecuaria eficiente, innovadora, ambientalmente amigable y resiliente.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente, con impacto social positivo y que mitiguen la crisis climática.

En defensa del agro nacional

Las organizaciones subrayan que es urgente detener las políticas que debilitan la producción nacional y afectan el empleo rural. Por ello, expresan su oposición a la importación masiva de productos agrícolas y al Acuerdo Transpacífico, que consideran una amenaza para la soberanía alimentaria y el desarrollo de los pequeños y medianos productores.

La convocatoria reafirma los compromisos del sector con el trabajo digno, la equidad social y la seguridad alimentaria:

  • Sí al trabajo, la dignidad y el futuro del campo costarricense.

  • Sí a la seguridad y soberanía alimentaria costarricense.

Sector agropecuario convoca a candidaturas presidenciales para hablar de seguridad y soberanía alimentaria

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario invita al conversatorio “Sobre el sector agropecuario nacional: por la seguridad y soberanía alimentaria costarricense”, un espacio para que las candidaturas presidenciales a las elecciones 2026 expongan sus propuestas sobre el futuro del agro y la producción nacional.

La actividad se llevará a cabo el martes 9 de setiembre de 2025, a las 10:00 a.m., en el Campus Tecnológico Local San José, Recinto Zapote, ubicado 75 metros al este de la Rotonda de las Garantías Sociales.

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario incluye a la Corporación Hortícola Nacional, a UPA Nacional, a la UNAG y a UPIAV.

Guatemala: energías renovables que cambian vidas en las comunidades rurales

En su episodio más reciente, la radiorevista AgroEnlace presenta el Proyecto “Energía Rural”, impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con apoyo del programa ARAUCLIMA de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y cómo su implementación ha transformado la vida de familias en condiciones de alta vulnerabilidad mediante el uso de tecnologías renovables y eficientes, adaptadas a las necesidades locales.

Desarrollado entre 2022 y 2024 en Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Colombia, el proyecto ejecutó 32 iniciativas demostrativas en eficiencia energética y energías limpias, específicamente energía solar, en conjunto con organizaciones de base comunal. En Guatemala, particularmente, se ejecutó con el acompañamiento de ASORECH y ASEDECHI, organizaciones comunitarias con amplia trayectoria.

Las tecnologías instaladas fueron aplicadas a múltiples usos: secado de granos, procesamiento de productos con molinos eléctricos, abastecimiento de agua con bombas de energía solar, riego con goteo, iluminación domiciliar, estufas eficientes y sistemas conectados a la red eléctrica. Todo esto con la participación de asociaciones mixtas, organizaciones de mujeres, cooperativas agrícolas, comités de agua y Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) de las zonas de Chiquimula y Quezaltepeque.

El impacto del proyecto se evidencia en los testimonios de quienes han incorporado estas soluciones en su vida cotidiana:

  • Franklin Michos, productor de la cooperativa CASVACHI en Chiquimula, explicó cómo el bombeo solar, sin requerir el uso de bombas de combustible, permitió producir forraje y ensilar maíz, incluso en la época más seca, aumentando el rendimiento agrícola de la cooperativa de 10 a 30 toneladas por manzana y generando un ahorro mensual de casi mil quetzales, equivalentes a 65.700 colones.

  • Francisca Cruz, agricultora del CADER de Chiramay, relató cómo la instalación de un pozo artesanal impulsado por una bomba sumergible potenciada con energía solar les permite obtener agua de forma más sencilla, para regar las hortalizas y contar con agua para otras necesidades cotidianas. “Ya no jalamos el agua de lejos… ahora tenemos un buen cambio para poder nosotros estar felices con todo el beneficio que tenemos del proyecto”, afirmó.

  • Walter Nehemías Julián Méndez, gerente de la Cooperativa Agrícola Integral Cafetales R.L., detalló cómo la instalación de 5 paneles solares conectados a la red eléctrica de la cooperativa les permitió estabilizar el servicio eléctrico de su planta empacadora y reducir costos en más de 800 quetzales mensuales, equivalentes a 52.500 colones.

  • René Agustín, tesorero del Comité de Preconstrucción, Operación y Mantenimiento de Agua Potable en Ipala, explicó que los paneles solares solucionaron los problemas de voltaje que dejaban las bombas sin funcionar, garantizando ahora un abastecimiento constante y un ahorro económico considerable.

  • En el caso de la Asociación de Mujeres Olopenses (AMO), compuesta por más de 370 socias, la instalación de sistemas de iluminación solar en hogares de mujeres que nunca habían tenido electricidad representó un cambio radical. “Ya no íbamos a estar en lo oscuro”, relataron Mirna Leyva y Olga Romero, destacando también el valor de las capacitaciones en mantenimiento que acompañaron la instalación.

El IICA destacó que este tipo de experiencias demuestran que las comunidades rurales pueden ser protagonistas en la innovación agrícola y energética, para enfrentar en mejores condiciones la variabilidad climática. Por esta razón, actualmente la institución gestiona nuevos fondos con actores cooperantes para ampliar el alcance del proyecto y beneficiar a más personas en zonas aún no cubiertas.

Si desea escuchar el programa completo, puede visitar el siguiente enlace: https://n9.cl/78qlt. Asimismo, si gusta leer la versión escrita del episodio, puede acceder al siguiente enlace: https://n9.cl/56c3g

Fotos: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentaron el libro titulado “Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Caribe (2023 – 2024)”. El libro se centra en fortalecer la cooperación regional para impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes a la crisis. Las instituciones promueven el uso justo de este documento.

Esta publicación está disponible en formato electrónico (PDF) en las siguientes direcciones electrónicas: