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Etiqueta: APM

El jaque mate de la costa Caribe

Publicado el . Publicado en Comunidad.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

El Jaque Mate de la Costa Caribe de Costa Rica se trata de un proceso que se inició hace cuatro décadas, primero con el desarraigo sutil de los habitantes a través de una campaña mediática orientada al debilitamiento de las organizaciones sociales y sindicales, en paralelo con la aniquilación de las empresas privadas regionales y de las instituciones gubernamentales que brindan empleo a gran escala; así como el desarrollo de infraestructura sostenible; tales como:

El cierre de las operaciones y taller del Ferrocarril del Atlántico en Ciudad de Limón.

La cancelación de concesiones y la quiebra inducida de las tres empresas estibadoras del muelle, el traslado de las oficinas y gran parte de las operaciones de RECOPE al Gran Área Metropolitana (GAM), el traslado de las Aduanas de Limón a San José, la concesión de APM y la consiguiente quiebra de Japdeva.

Así como la apropiación de fincas privadas sin expropiación y la correspondiente indemnización, para convertirlas en Parques Nacionales, Refugio de Vida Silvestre, Humedales y Patrimonio Natural del Estado a través del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), etc. El sobrante de esas titulaciones arbitrarias del IDA, son tierras que hoy están en manos del INDER.

Es decir, se implementó un enfoque de “tres frentes” que los pobladores locales ignoraron por la distracción de ver y abordar cada uno como un elemento aislado, cuando en realidad todos estaban dirigidos hacia el mismo objetivo.

Me atrevería a decir que incluso la mayoría de los presidentes de la República y otros altos funcionarios políticos del país durante ese período de cuatro décadas fueron engañados y utilizados al igual que los ciudadanos comunes y sus líderes locales. De hecho, ninguno de ellos es visto como un gran benefactor del Jaque Mate que se vislumbra en el horizonte. Dicho de manera coloquial “nos vacilaron a todos”.

Por lo tanto, el Plan Regulador Costero (PRC) y el Plan Nacional del ICT para el Desarrollo Costero del Caribe no deben ser considerados ni abordados de manera aislada, ya que en realidad representan un jaque mate en la apropiación con fines de lucro de los recursos naturales y la belleza escénica del Caribe costarricense.

Pero, como no existe una conspiración perfecta contra el mal, aún tenemos la oportunidad y la esperanza de revertirlo, mediante la organización ciudadana y la solidaridad. Eso sólo si empezamos hoy en lugar de mañana.

21/12/24.

El ascenso y la caída de la región Caribe de Costa Rica

Publicado el . Publicado en Comunidad.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita

Durante la primera mitad del siglo pasado (1900 – 1950), sin ningún apoyo gubernamental, los habitantes del Caribe, principalmente de ascendencia africana, lograron ascender de la pobreza extrema a la riqueza; esto como resultado del trabajo duro, la disciplina, la unidad y una firme determinación de triunfar siendo autosuficientes en todo el sentido de la palabra.

Alcanzar tales niveles de éxito en un país extranjero no fue una tarea fácil, que podría describirse como pasar literalmente de harapos a la riqueza u solvencia financiera.

Es de resaltar, que durante un período político tumultuoso (1916 – 1924) que abarcó desde la dictadura de Tinoco hasta la transición al mandato del presidente Acosta García (1920 – 1924) se logró llevar a cabo la reubicación forzada del pueblo de Cahuita Point a Cahuita Bluff y la implementación de la Ley 35 de 1915.

Por cierto, las familias León, Harriet, Maduro Lindo, Tabash, Palmer, Plummer, Escocia, Castillo, De la Peña y Berrocal fueron algunas de las primeras diez familias en formalizar sus escrituras en el nuevo poblado de Cahuita Bluff.

Esto último, por sí solo, puso esas tierras fuera del alcance del patrimonio del Estado (ZMT), hoy día bajo administración municipal – indistintamente de quiénes sean sus actuales ocupantes. (Artículos 6 y 8 de la Ley 6043 de 1977). Cualquier discrepancia que existiera entre el dueño registral y poseedor actual, es arena de otro costal.

Aunado a lo anterior, es importante tener presente que la participación de los obreros afrodescendientes en huelgas bananeras de la década de 1920 marcó un hito en la historia de la República, al lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. Igualmente fue fundamental para el éxito de la gran huelga bananera de 1934, liderada por «Calufa Fallas» con respaldo del Partido Comunista, lo cual marcó un punto de inflexión.

Por su parte, La United Fruit Company no demoró en mostrar su enfado, al obtener un contrato con el Estado para establecer nuevas plantaciones en el litoral Pacífico, cerrando las del Caribe y con acuerdo entre partes de “no emplear negros del atlantico en las nuevas fincas del pacifico, lo que generó una emigración masiva de la población afrodescendiente a Panamá en busca de trabajo.

Esa draconiana legislación contractual se dio lugar bajo la Tercera Administración Presidencial del Abogado Ricardo Jiménez Oreamuno (1910 – 1914; 1924 – 1928; 1932 – 1936).

La misma familia Jiménez que formó parte del Consorcio Empresarial que había solicitado la frustrada concesión de toda la Franja Costera del Caribe Sur en 1908 (3,000 ha. desde la desembocadura del río Estrella hasta la desembocadura del río Sixaola).

Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno de la República aprobó la Ley número 166 de 1935 para establecer un poblado (ciudad) en la playa de Old Harbour, supuestamente, para la población negra desempleada en razón de la prohibición de trabajar en las nuevas plantaciones de banano en el Pacífico; lo cual perturbó la economía de las comunidades negras, provocando la susodicha migración masiva.

A lo largo de las cuatro décadas comprendidas entre 1974 y 2014, enfrentamos una serie de adversidades significativas, entre las cuales destacan las siguientes:

En la década de 1970, la llegada del hongo monilia devastó las plantaciones de cacao.

Además, se llevó a cabo la reubicación de las Aduanas Centrales de Limón a San José, lo que se consideró como una «reubicación de funciones» que perjudicó tanto a esta dependencia como a la fuente de empleo local.

Posteriormente, se procedió con la reestructuración y traslado de las oficinas principales de RECOPE de Limón a San José. También se cerró por completo la administración y operación ferroviaria.

Para empeorar las cosas, en 2012 se firmó el Contrato de Concesión de APM, lo que resultó en el cierre parcial de Japdeva, afectando aún más la economía de la región.

Además, se implementaron leyes que favorecen la actividad precaria y la apropiación gubernamental de tierras (ITCO/IDA/INDER), así como la Ley sobre Zona Marítima Terrestre 6043 de 1977. Más recientemente, se publicó el Manual del ICT para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de 2013, en complemento a la Ley número 9242 de 2014 que obliga a las municipalidades a elaborar y poner en vigencia un Plan Regulador Costero.

Estas acciones han dejado a nuestras comunidades costeras en una situación precaria una vez más, sin tierras agrícolas y costeras, completamente devastadas.

Ignorar estas sombrías realidades históricas al formular políticas de desarrollo para las comunidades tribales de la región del Caribe sería exponer a las generaciones futuras a sufrir injusticias similares a las de sus antepasados.

Un engaño más para los limonenses

Publicado el . Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

O Amador no sabe de lo que está hablando, o está jugando con los habitantes de Limón, otra vez. Cuando los muelles de Japdeva, según la Cepal, estaban dentro de los 12 mejores puertos latinoamericanos (en un ranquin de 120), la cantidad de contenedores de 20 pies (TEUS), era similar.

Los dos daneses y un británico que suscribieron el contrato de concesión (el 12 de febrero del 2012) en representación de APM, jamás van a permitir que se supere el número de 1.500.000 contenedores, pues, de hacerlo, la concesionaria, tendría que alcanzar la promocionada inversión de US$1.000 millones, obligados, entre otros, a condicionar la mitad de la isla artificial (40 Ha) con los otros puestos de atraque.

APM, como filial de la naviera MAERSK, que con una flota de más de 500 barcos portacontenedores, transporta alrededor del 15% del comercio mundial de esas estructuras, podrían, si lo necesitaran, regular el flujo de contenedores hacia la terminal, para que, en los años que le quedan a la pésima concesión, ni se aproxime la cifra de millón y medio de TEUS.

Así las cosas, los expertos relacionados con Japdeva, tendrían que decirle al ocurrente Amador, que, en su «idioma», está MFT. Que esa expectativa está en la cola de un venado; que lo que debería de hacer el MOPT es exigir que se cumpla la letra del contrato, en cuanto a que, solo «fully cellular container ships» (barcos con carga exclusiva de contenedores) sean los que APM podría recibir en sus dos puertos de atraque.

Que los que no sean de esa característica, deberían ser atendidos en los 10 puertos de atraque de Japdeva que, además de su eficiencia y menores tarifas, era financieramente autosuficiente.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense!

Publicado el . Publicado en Comunidad, Derechos.

La marcha del pasado 29 de octubre en Limón a favor de la institucionalidad costarricense fue llevada a cabo con éxito, las personas salieron de la Municipalidad de Limón a las 12:00 m.d. con destino a la entrada de JAPDEVA. 

Limón el pasado sábado se unió, por la reactivación económica, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, ejecución del canon de APM y mayor seguridad para las familias, instituciones, empresas y negocios.

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Compartido con SURCOS por Fedrick Patterson Bent.

RECOPE y APM, monopolios

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Un señor Fernández del Instituto Libertad, templo de Milton Friedman y su cofradía neoliberal, clama en El Financiero «¡Rompamos los monopolios creados por ley para crear riqueza y prosperidad!».

Más allá del engaño, comentamos lo siguiente: Hay monopolios importantes para el país. Recope es uno de ellos, pues el abastecimiento energético con combustibles fósiles, es una función estratégica que ha de estar bajo control del Estado. Si alguna empresa quisiera competir con Recope, además, se enfrentaría ante la necesidad de, al menos, duplicar la infraestructura que los costarricenses hemos venido financiando bajo el alero de esa sociedad anónima del Estado. O sea, desde el muelle petrolero, tanques de almacenamiento, control de calidad de todos los combustibles, estaciones de bombeo, cientos de kilómetros de poliductos, planteles de distribución, personal administrativo, etc., con el agravante de que, para resarcirse de esa inversión de miles de millones de dólares, su combustible tendría que venderse no solo más caro que el que nos ofrece Recope, sino también buscando una ganancia sustantiva.

Pero como Recope funciona sin fines de lucro y los gastos administrativos rondan solo el 7%, y calificada por Fitch Ratings como AAA, sus precios seguirían siendo muchísimo más baratos que los de la supuesta empresa competidora.

Es de esperar, por tanto, que no haya en el mundo empresa seria que estuviera siquiera considerando tan mal negocio. Por otro lado, ¡claro que hay monopolios indeseables!, como, por ejemplo, el que crearon con el muelle de APM, que por decisiones administrativas, lo encargan del trasiego exclusivo de todos los contenedores que se trasiegan en Limón, pese a que las terminales portuarias de Japdeva tienen mayor capacidad de funcionamiento.

Y así otros ejemplos propiciados desde el incompetente Consejo Nacional de Concesiones.

SINTRAJAP: Basta de dobles discursos, no sigan engañando a la población para beneficiar a la empresa extrajera

Publicado el . Publicado en Comunidad, Trabajo.

Comunicado:

Basta de dobles discursos, no sigan engañando a la población para beneficiar a la empresa extrajera

  • Nos les bastó con hipotecar la soberanía portuaria nacional, quebrando la legalidad del país.
  • Bastantes daños le han hecho a Limón y a los supremos intereses nacionales.

El artículo 121 de la Constitución Política es claro cuando dice que los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado. Igualmente, decir que claramente el artículo 46 constitucional impide los monopolios y si son privados es más dañino el asunto,

Todas las decisiones que ha tomado este gobierno han sido en contra de Limón generando el más alto daño social histórico a la provincia y en lo económico generando un gran daño a los exportadores e importadores, con las tarifas más altas de la región.

Los puertos del Estado fueron construidos con un gran sacrificio y recursos de los costarricenses, y gracias a ello, JAPDEVA llegó a ocupar el lugar número 12 de América Latina y el Caribe compitiendo con 120 puertos, eficiente y barato donde todos ganábamos, JAPDEVA llego a mover 750 mil contenedores y 12 millones de toneladas meticas de carga anual con sus 10 puestos de atraque.

Le vendieron al país eficiencia bajos costos, muchos empleos y una larga lista de mentiras, resultado: todo lo contrario, el puerto de APM es sinónimo de desempleo, caro, ineficiente, largas filas en la ruta 32, largas filas en la bahía. Ahora piden ayuda porque no dan abasto, y siguen mintiéndole al país diciendo que los costos van a disminuir, si le alquilamos el puesto 5-6 de JAPDEVA.

Con relación a la información publicada de que alquilen el puesto de atraque 5-6 del puerto Gastón Kogan de Moin a la APM, en principio podríamos estar de acuerdo en valorar si con esas decisiones se va a incrementar los empleos directos para los limonenses y JAPDEVIANOS, si el Gobierno garantiza que no se va a despedir a nadie más. De no haber este compromiso, no estaríamos de acuerdo porque las decisiones hasta el día de hoy y el resultado de esta concesión ha sido generar riqueza para los holandeses, y el aumento del hambre, desempleo, pobreza prostitución y drogadicción para el pueblo limonense. ¡No queremos más de esa receta!

¿Cuál es el problema en competir?

El verdadero descuento está en que los trabajadores de JAPDEVA atendamos los barcos que hacen largas filas en la bahía para ser atendidos y no nos lo permiten, allí está el verdadero descuento y la eficiencia que dejen ya de estar mintiéndole al país, quebrando la constitución política y la legalidad del país, usando patrañas para seguir favoreciendo a la APM.

Los costarricenses tienen que saber que aquí el Estado permite que APM explote la soberanía de Costa Rica, les regalaron la ruta 257, perforaron el humedal Cariari, no pagaron impuestos municipales, vía directriz del MOPT les regalan las cargas, le quitaron las potestades de imperio que el Legislador le dio a JAPDEVA. y un sin número de anomalías más.

Nada más recordarles que esa fue la intensión desde el gobierno de Oscar Arias: tomar los puertos del Estado, al punto de sobornar a los trabajadores públicamente con $137 millones de dólares, una asamblea de trabajadores dignamente les dijo que no, que lo que querían era estabilidad laboral y eso seguimos solicitando empleo para las familias limonenses.

Igualmente decirles a los costarricenses que ese contrato tiene clausulas donde indica que se puede cancelar por la ineficiencia, por la afectación al iteres público, al interés económico. Ya llevamos 7 mil desempleos, los altos costos que atentan con el comercio nacional e internacional, largas filas en la vía pública, filas en la bahía donde incluso hay barcos que cambian de ruta, y quebranto de la legalidad de Costa Rica.

Lic. Antonio Wells
Secretario General de SINTRAJAP

Convocan a trabajadores muelleros a reunión este viernes en Limón

Publicado el . Publicado en Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

Este viernes 19 de marzo a las 10 am vamos al Parque Vargas

  • ATENCIÓN MUELLEROS, esta es una oportunidad para organizarnos y luchar por las fuentes de empleo, la necesidad de pedir el Rescate de la Concesión en Manos de APM.
  • ATENCIÓN PUEBLO LIMONENSE, acérquese este próximo viernes a las 10 am al Parque Vargas, organicemos la lucha, por el respeto al pueblo y a toda la clase trabajadora.
  • Nos acompañará el secretario general de ANEP Albino Vargas Barrantes

JAPDEVA NO SE VENDE, JAPDEVA SE DEFIENDE.

 

Enviado a SURCOS por Frederick Patterson.

Acción de inconstitucionalidad contra el establecimiento de la Terminal de Contenedores de Moín

Publicado el . Publicado en Comunidad, Derechos.

Francisco Guevara Matarrita

He presentado una acción de inconstitucionalidad contra el establecimiento de la Terminal de Contenedores de Moín concesionada a la multinacional holandesa APM Terminals, fundamentado en el hecho de que esta concesión se ha realizado con violación de los artículos 9°, 11, 33, 46, 50, 68, 74, 89, 176 y 191 de la Constitución Política y en evidente contradicción y compromiso de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, los cuales devienen en parámetros de constitucionalidad.

Son tres los actos que vulneran la normativa constitucional:

  1. Los oficios SJD-126-2014 y SJD-170-2014 y su Criterio Legal AL-214-2014 del Instituto Costarricense de Turismo,
  2. El Decreto Ejecutivo N° 38172-MINAE-MOPT que declara de Conveniencia Nacional e Interés Público el Proyecto denominado Construcción de la Ruta Nacional N° 257, Sección Sandoval Moín en la Provincia de Limón,
  3. Y las Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 INCISOS 11) y 12), 8.5.2 y 9.1 y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.

Mediante los oficios SJD-126-2014, SJD-170-2014 y el Criterio Legal AL-214-2014, así como la Cláusula 5.2.2 incisos 11) y 12), y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión se justificó y autorizó la donación al MOPT de terrenos que fueron utilizados para la construcción de la ruta nacional 257 por CONAVI y el préstamo de terrenos a la concesionaria APM Terminals, de un área creada especialmente como zona de recreo y turismo mediante la Ley N° 2906, de 24 de noviembre de 1961.

Ley Nº 2906 del 24 de noviembre de 1961 prescribe que se declara zona de recreo y turismo la faja de doscientos metros de ancho, desde la pleamar ordinaria, comprendida dentro de la Milla Marítima entre el límite Norte de la zona urbana de la ciudad de Limón, o sea Portete, y el sitio conocido con el nombre de «12 Millas» o «Swamp Moth», al Norte de la ciudad de Limón, así como la zona comprendida dentro de los 100 metros de ambos lados del Río Moín en la sección paralela a la playa. De la referida zona se reservan veinte metros para una carretera panorámica en los sitios en donde en la actualidad no existe. Esta zona sería destinada fundamentalmente a la construcción de casas, hoteles, cabinas, balnearios y otros centros de esparcimiento, que necesariamente contribuyan al fomento del turismo.

Ya en su oportunidad, la Procuraduría General de la República había advertido al ICT, al MOPT y a JAPDEVA que debían respetar la decisión de la Asamblea Legislativa en cuanto al destino de los inmuebles a que se refiere la Ley N. 2906 y que el principio de legalidad y el de jerarquía de las normas determinan que dicho destino sólo puede ser modificado por ley y en el estado actual del ordenamiento, esa reforma legal no existe.

La DECLARATORIA DE CONVENIENCIA NACIONAL E INTERÉS PÚBLICO AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 257, SECCIÓN SANDOVAL- MOÍN, EN LA PROVINCIA DE LIMÓN con la construcción de la Ruta 257 hacia la Terminal de Contenedores de Moín, contraviene el ordenamiento jurídico al exponer al Humedal Cariari a un perjudicial y franco impacto, violando lo dispuesto por la Constitución Política en sus artículos 50 y 89, así como lo que la Asamblea Legislativa objetivó como principio en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas, al establecer que la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida.

Que dichos estudios técnicos deben ser previos a la promulgación de la ley y que, en todo caso, aun cuando el legislador no hubiese establecido en norma legal alguna ese deber, ello se deriva del contenido del artículo 50, Constitucional.

Por último, las Cláusulas 4.1.1-22), 5.2.2 incisos 11) y 12), 8.5.2 y 9.1 y la Medida Adicional Nº 9 del Anexo 3º del Contrato de Concesión crean un odioso monopolio a favor de una empresa transnacional extranjera al trasladar la operación de carga, descarga y almacenamiento de contenedores de Puerto Limón y Puerto Moín a la TCM y transferirle todos los barcos portacontenedores – fully cellular container ships- destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica.

Esto va en perjuicio de los principios de igualdad ante la ley, de libertad de comercio, de libertad de contratación, de libre competencia, de elección de los consumidores y no discriminación en el trabajo, así como en lo que respecta a las máximas de razonabilidad y proporcionalidad respecto del manejo de recursos públicos, violando también los principios de igualdad y no discriminación en el trabajo, ya que JAPDEVA y sus trabajadores quedan sin poder realizar el trabajo que tuvieron a su cargo a lo largo de sesenta años.

Puede descargar el documento de la acción de inconstitucionalidad:

ACCION-DE-INCONSTITUCIONALIDAD-CONTRA-ICT-JAPDEVA-Y-PODER-EJECUTIVODescarga

 

Foto: Semanario Universidad.

De espejismo a realidad

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Sobraron aplausos impensados FRENTE AL ENGAÑO, sin conocer realmente el proyecto de APM, sin haber siquiera leído el contrato, pero se les dijo que con ese proyecto Costa Rica daba un salto hacia el «primer mundo» y que se generarían 140 mil empleos (escribió uno de la «Academia»).

Pero lo cierto fue que inocentemente se entusiasmaron con un ESPEJISMO y ahora el pueblo limonense (¡no los políticos!) están sufriendo la realidad, el dolor, el hambre, que provoca el DESEMPLEO hijo de un monopolio indebido otorgado a una transnacional. ¿Por qué, nos preguntamos, en lugar de haber propiciado ese monopolio en el trasiego de contenedores que entran y salen a Limón, más bien no se promovió una sana competencia entre JAPDEVA y APM? Los políticos sabrán la respuesta, pero los políticos, como es usual, callan…

Y que no se diga que JAPDEVA ha sido incapaz de dar los servicios portuarios eficientemente, porque la CEPAL dice lo contrario. En ranking hecho por sus expertos, entre 120 puertos de Latinoamérica y el Caribe, el puerto de JAPDEVA ocupó el lugar 12. Información que conocen esos mismos políticos, que igualmente se le oculta a la ciudadanía para que no les reprochen su incompetencia o quién sabe qué más. Como asimismo OCULTAN a la opinión pública, que en el contrato de concesión suscrito por la expresidenta Laura Chinchilla, y sus ministros Jiménez (MOPT) y Herrero (Hacienda) la transnacional APM solo está obligada a desarrollar 40 hectáreas de las 80 ha que mide la isla artificial, y que al hacerlo depender del manipulable movimiento de contenedores que genere el comercio internacional de Costa Rica (que no es responsabilidad de APM, ni de JAPDEVA, ¡ni de los limonenses!) la empresa extranjera solo está obligada a construir dos puertos de atraque, de los seis anunciados.

Por ello, la inversión promocionada de US$1.000 millones, es otra falsedad, por lo que el ya «famoso canon» que se paga, como compensación por el desempleo que ya se produjo y va en aumento en Limón, es una cifra mucho menor a la alegremente anunciada.

El proyecto empezó como un ESPEJISMO y ahora es una triste REALIDAD, que tratan de matizar con el cuento de palabras como «encadenamiento productivo», «desarrollo a largo plazo», «nuevos profesionales», «traslado horizontal de trabajadores», «una marina turística», «llegada de más cruceros», etcétera.

Promesas irreales que sirven, ¡además!, para ocultar las consecuencias que están teniendo principalmente para los exportadores, las tarifas significativamente más altas que las que tenía fijadas los muelles de Japdeva.

¿Por qué será que, del Consejo de Concesiones, no ha logrado salir ni siquiera un buen contrato de concesión?

Canon que aporta APM a JAPDEVA fue embargado

Publicado el . Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado de SINTRAJAP

Para todas y todos los trabajadores, ex trabajadores de JAPDEVA.

El pasado 8 de mayo 2020 el JUZGADO DE TRABAJO 1 CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLANTICA, acogió una medida cautelar que estableció un embargo preventivo de las cuentas bancarias en contra de JAPDEVA y en favor de los trabajadores, a quienes por decisiones administrativas y políticas se dejó de reconocerles un derecho establecido en una negociación de la Convención Colectiva, lo que hoy conocemos como el 3% del Fondo de Ahorro. Indicar y aclarar que la que lleva el proceso legal es la Licda. Lilliana Valverde Salas, proceso que inicio en el año 2013.

Esta decisión del Tribunal es digna de celebrarse porque nos ayuda a enfrentar asuntos económicos personales, es un respiro ante tanto ataque de este Gobierno hacia la clase trabajadora.

No es de recibo la reacción de la Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA ante esta resolución en favor de los trabajadores. No podemos olvidar que el Gobierno y ella (Andrea Centeno), han tomado decisiones mucho más graves para la Institución de todos los limonenses, como lo fue entregar toda la carga que se transporta en barcos de contenedores a la APM Terminals, lo cual representa pérdidas millonarias para JAPDEVA, y allí para ellos no hay problema, que vengan a saquear la provincia de Limón, allí no hay problemas, atentar contra toda una provincia ese no es problema, el problema es cuando los trabajadores se ganan una pesetita de más, allí si hay problemas, demasiada doble moral señora Presidenta.

Ya basta de las agendas neoliberales y dobles discursos que solo benefician a unos pocos, generando un gran caos social, económico y legal en la provincia de Limón, igualmente crearon una ley inhumana, no les importó dejar sin empleo a miles de trabajadores públicos y privados, ahora quieren rasgarse las vestiduras por esta orden del juzgado que pretende resguardar los pocos intereses de los trabajadores.

Esta medida cautelar preventiva fue planteada para embargar el canon que aporta la APM a JAPDEVA y que se encuentra en las cuentas de JAPDEVA en el Banco de Costa Rica.

Reclamamos derechos violentados desde el año 2002 y ya ha habido dos fallos favorables a los trabajadores sobre esta denuncia, por lo que aquí no hay sorpresas, la Administración tenía la obligación de tomar las previsiones al respecto. A pesar de todas las dudas que tiene Andrea Centeno le informamos que los trabajadores y extrabajadores son parte de la comunidad, y que simplemente se avoque a respetar el estado social de derecho que nos rige.

Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios

Foto: Semanario Universidad.