Las organizaciones que convocaron a la actividad Memoria / Homenaje para Sergio Rojas Ortiz (http://bit.ly/39Sh2sO) comunicaron la suspensión de la actividad a raíz de las medidas sanitarias para controlar el COVID-19.
SURCOS recibió el siguiente comunicado:
Mesa Nacional Indígena de Costa Rica
Tentativa de Asesinato Colectivo a Recuperadores y Recuperadoras de Tierras Indígenas
“Ayer 13 de marzo de 2020, a eso de las 9:40 de la noche, personas desconocidas con premeditación y alevosía intentaron asesinar a indígenas cabécares en fincas recuperadas por ellos, en el territorio de China Kichá, ubicado en el distrito La Amistad, Pejibaye, cantón de Pérez Zeledón. Informan los y las cabécares de China Kichá, que personas sin identificar rociaron un fuerte químico en tierras recuperadas con la finalidad de envenenar a la población. Aproximadamente 15 indígenas sufrieron náuseas, vómitos y adormecimientos de partes de sus cuerpos, y fueron atendidas por la Cruz Roja, destacada en el lugar. El hecho fue conocido por el cuerpo de seguridad pública destacada en el territorio”.
La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica «MNICR
• Condena y repudia el premeditado y alevoso intento de exterminio colectivo de los y las hermanos indígenas del pueblo Cabécar de China Kichá.
• Exige al Gobierno de la República, al Poder Judicial, a la Fiscalía Indígena, el esclarecimiento urgente de los hechos, el enjuiciamiento y castigos a los autores intelectuales y materiales.
• Pedimos la toma urgente de medidas concretas y efectiva para resguardar la integridad física de todos los hermanos y hermanas Indígenas.
• También la toma urgente de medidas claras, concretas y efectivas para devolver la totalidad de sus tierras a las y los hermanas cabécares de China Kichá, y dar seguridad jurídica para su uso y disfrute.
Dado en la ciudad de San José, a los catorce días del mes de febrero de dos mil veinte”.
El Frente Nacional De Pueblos Indígenas convoca a Vigilia para conmemorar la vida de Sergio Rojas Ortiz a un año de su asesinato. El evento se llevará a cabo el 17 de marzo a las 4 p.m. en el Bulevar de los Tribunales de Justicia en San José.
La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza se une a esta convocatoria.
Contacto e información al teléfono: 8302 2360 con Mariana Porras del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, integrante de COECO Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica.
El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) por su parte, también participará de este homenaje a Sergio Rojas, líder indígena bribri del clan Uniwak, y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI, Costa Rica.
El DEI manifiesta que: “Se cumple ya un año de su asesinato sin que a la fecha se haya hecho justicia para Sergio y los pueblos indígenas. La violencia en #CostaRica en territorios indígenas no ha disminuido; ha ido en incremento. Continúan las amenazas directas e indirectas a las comunidades indígenas, la quema de sus bienes, territorios y viviendas, y el permanente amedrentamiento por diferentes vías.
En este contexto de persecución y violencia contra personas defensoras de territorios y derechos humanos, nos parece urgente y necesario unirnos como organizaciones y denunciar también el papel de la prensa y la cobertura mediática que, en su mayoría, propaga discursos racistas y criminaliza la legítima lucha indígena por la autonomía y respeto a los territorios.
Nos causa alarma que recientemente fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera, brörán de Térraba.
No podemos ser indiferentes frente a la injusticia.
Nos vemos en la vigilia del martes. ¡Justicia! ¡No más impunidad! Nos encontramos de 4 p.m. a 6 p.m. en el boulevard de los Tribunales de Justicia en San José centro”.
Enviado a SURCOS por Suyen Vega.
Sea parte de SURCOS:
El 24 de febrero del 2020, Jerhy Rivera Rivera, dirigente indígena costarricense de la zona de Térraba, fue asesinado con cinco disparos: véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr y esta nota publicada en el Semanario Universidad.
La noticia fue inmediatamente referida en distintos medios internacionales: véase, a modo de ejemplo, está muy completa nota publicada en The Guardian en el Reino Unido.
La ubicación geográfica de la muerte de Jerhy Rivera coincide con la región en la que fue asesinado el año pasado otro dirigente indígena costarricense, Sergio Rojas, el 18 de marzo del 2019. En ambos casos, estos líderes indígenas habían sido objeto de amenazas de muerte, las cuales eran de conocimiento público, en particular de las autoridades costarricenses: en el 2013, el mismo Jerhy Rivera fue entrevistado con respecto a las amenazas recibidas (véase nota con audio de Voces Nuestras).
Habíamos tenido la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (Nota 1). Varios de estos requerimientos solicitados por Naciones Unidas, hechos en marzo del 2019, buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5, y cuya lectura completa recomendamos).
El hecho que, a diferencia de Jerhy Rivera, el dirigente indígena Sergio Rojas fuese objeto de medidas cautelares ordenadas en el 2015 al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resguardar su vida y su integridad física, evidencia la total inoperancia estatal: sobre este aspecto particular, remitimos a nuestra breve nota publicada en mayo del 2015 en este mismo sitio (Nota 2), en la que analizábamos los alcances de estas medidas ordenadas el 30 de abril del 2015 a Costa Rica por este órgano interamericano.
Cabe señalar que, a diferencia de muchos otros Estados del hemisferio, raras veces Costa Rica ha recibido solicitudes de esta naturaleza por parte de un órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos tendientes a preservar y a resguardar la vida y la integridad física de un dirigente costarricense.
Es de notar que a la fecha, las autoridades costarricenses no han logrado aún identificar a los autores materiales del asesinato de Sergio Rojas, ultimado con 15 disparos, y se tiene serias reservas sobre las posibilidades que tengan de identificar en el futuro a los autores intelectuales de este vil acto.
Esta incapacidad estatal no es para nada nueva y forma parte de una larga serie de episodios sumamente violentos contra poblaciones indígenas que se mantienen impunes: por ejemplo, la quema de varios ranchos ocupados por mujeres indígenas en julio del 2014, justo mientras la selección nacional de fútbol de Costa Rica jugaba contra Países Bajos en el Mundial en Brasil, persiste sin ningún responsable identificado y/o sancionado por parte de las autoridades policiales costarricenses.
La muerte de Jerhy Rivera viene ahora a interpelar nuevamente a las autoridades sobre su accionar con respecto al clima de violencia y de impunidad campante que persiste en la zona de Térraba, y que mantiene profundamente indignadas a las comunidades indígenas (así como a muchas organizaciones sociales costarricenses): sus legítimos reclamos siguen sin obtener una respuesta por parte del Estado costarricense.
Cabe precisar que unos pocos días antes del 24 de febrero en que murió Jerhy Rivera, la prensa internacional refirió – la nacional, mucho menos – a otro hecho de violencia en Salitre cometido en contra de otro líder indígena, Mainor Ortíz Delgado, herido con disparos (véase nota de The Guardian, en su edición del 17/02/2020): no se tiene claro si las autoridades costarricenses a cargo de monitorear y analizar datos en esta zona geográfica del país percibieron que este hecho podría constituir una primera alerta, conllevando acciones inmediatas de su parte para contener el clima de violencia en la región de Salitre.
En declaraciones públicas, la máxima representante del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica no dudó en señalar (véase nota de prensa de Informa-tico) el vacío existente en Costa Rica con relación a quienes defienden a las comunidades indígenas:
“Las autoridades del país deben garantizar la protección de las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos“.
Por su parte, en medio del repudio generalizado que ha causado en la sociedad costarricense este segundo asesinato de un líder indígena en Costa Rica, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR) decidió, en un pronunciamiento con fecha del 27 de febrero (véase texto completo):
“Reiterar al Gobierno de la República su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes forman parte de estos pueblos, el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica“.
Se trata de manifestaciones y de pronunciamientos de diversas entidades, cuyos contenidos recuerdan exactamente los que habían circulado en el 2019 con ocasión del asesinato de Sergio Rojas, reiterando nuevamente al Estado costarricense cumplir con sus obligaciones y con sus compromisos, tanto nacionales como internacionales. No obstante, y a modo de posibles vías a explorar, dejaremos en las líneas que siguen algunas ideas sobre los vacíos existentes, que bien podrían inspirar algunos cambios en la legislación costarricense aplicable a actos de esta naturaleza.
El marco legal costarricense a la fecha no tiene previsto ningún mecanismo de sanción penal relativo a la incitación al odio en contra de un determinado grupo. La incitación al odio ha sido incorporada jurídicamente en diversas latitudes (Nota 3), pero a la fecha Costa Rica adolece de este delito en su legislación penal. Se trata de un persistente vacío legal, detectado y señalado como tal en diversos informes de entidades internacionales a la hora de examinar la situación de los derechos humanos en Costa Rica, y que puede explicar la gran facilidad con la que un determinado sector puede emprenderla públicamente contra una población en situación de vulnerabilidad (migrantes, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, población sexualmente diversa por ejemplo) y azuzar los ánimos sin verse frenado en lo más mínimo.
La muerte de dos dirigentes indígenas en menos de un año entre el 2019 y el 2020, la organización de una marcha xenófoba contra los migrantes nicaragüenses por vez primera en un parque capitalino costarricense a mediados del 2018, así como un discurso particularmente discriminante e hiriente contra la población sexualmente diversa, escuchado durante la campaña electoral del 2018 son, entre muchos otros, elementos que debieran de orientar esfuerzos tendientes a frenar el ímpetu de algunos sectores contra un determinado grupo de la sociedad costarricense.
Como bien se sabe, una retórica de odio, en determinadas circunstancias, puede llevar a una atmósfera de violencia en la que algunos sectores consideren que hay que pasar a algo más que simples amenazas. No obstante lo dicho anteriormente, pareciera que el ordenamiento jurídico costarricense no prevé protección especial alguna para proteger a líderes sociales que hayan sido objeto, de forma recurrente, de ataques, de intimidaciones o bien de amenazas de muerte.
A ese respecto, vale la pena mencionar otro hecho violento que mantiene en vilo a varias organizaciones sociales y ecologistas costarricenses ante la total incapacidad del aparato represivo costarricense para identificar a los autores intelectuales de la muerte del joven Jairo Mora Sandoval, biólogo asesinado en la playa de Moín en el 2013: cabe precisar que Jairo Mora contabilizaba desde varios años con su grupo de voluntarios los nidos de tortuga en esta precisa playa del Caribe costarricense, pretendida para desarrollar varios megaproyectos. La tesis oficial según la cual solamente hueveros y contrabandistas tenían interés en eliminarlo físicamente, externada a pocas horas de su muerte por el mismo Vicepresidente de Costa Rica (sin mediar investigación alguna) constituye una interesante aseveración que nos permitimos cuestionar, al conmemorarse en el 2018, cinco años de la muerte de Jairo Mora (Nota 4).
La impunidad que se mantiene ante estos y varios otros episodios de violencia demuestra cuán urgente resulta encontrar figuras legales y herramientas específicas para lograr frenar a algunos sectores y prevenir su peligrosa retórica discursiva; así como identificar nuevos mecanismos que permitan a los investigadores remontar la cadena de mando que incluya a los verdaderos responsables de este tipo de asesinatos.
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Notas:
Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota: BOEGLIN N., “Asesinato del líder indígena Sergio Rojas en Costa Rica”, Portal Noticias UCR, Sección Voz Experta, edición del 29.05.2019, disponible en este enlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., “Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH”, DerechoalDia, edición del 16.05.2015, disponible en este enlace .
Nota 3: Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas) El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión“.
ARTTCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión“.
Nota 4: Remitimos a nuestros estimables lectores a esta breve nota nuestra al respecto: BOEGLIN N. “A cinco años de la muerte de Jairo Mora y varias preguntas sin responder“, Elpais.cr, edición del 1.06.2018, disponible en este enlace.
Enviado por Henry Picado.
Sea parte de SURCOS:
Comunicado recibido en SURCOS:
ALERTA: AMENAZAN A MUERTE A RECUPERADORXS CÁBECARES DE CHINA KICHÁ
-Recuperadorxs cábecares han recibido información, de fuentes de su confianza, que finqueros preparan ataque en días cercanos al 18 de marzo; día en el que se conmemora el primer aniversario del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz.
Viernes 13 de marzo. El pasado martes 10 de marzo, Efraín Fernández Zúñiga, líder cabecar de China Kichá, recibió información de una fuente confiable -que decidió resguardar su identidad por motivos de seguridad- que un grupo de finqueros y peones reunidos en San Antonio -pueblo cercano al Territorio Cabecar de China Kichá-, discutían sobre la vida de Fernández Zúñiga. Los finqueros ofrecen 50 millones de colones por la “cabeza de Efraín”.
Además, en horas de la mañana del jueves 12 de marzo, Carlos Zúñiga Ríos fue amanzado de muerte por el finquero Gerardo Porras. “Ya casi le llega la hora” fue una de las amenazas de Porras hacia Zúñiga. Lxs recuperadorxs cábecares de China Kichá comentan que amenazas similares fueron recibidas días antes del ataque del pasado 7 de marzo.
Por otro lado, mujeres recuperadoras cábecares han recibido información de fuentes confiables de que los finqueros se encuentran preparando un nuevo ataque para vísperas del 18 de marzo, o alrededor de la fecha. Les dicen que sí van a gritar el nombre del líder Bribri, Sergio Rojas, lo van a tener que hacer por un “indio de aquí”. El 18 de marzo de 2019 fue asesinado en Yeri, Territorio Bribri de Salitre, el líder Sergio Rojas Ortiz.
Desde el ataque realizado el pasado 7 de marzo el clima de tensión y violencia no cesa en el Territorio Cabecar de China Kichá. En este ataque, lxs recuperadorxs vieron reducido a cenizas sus casas, pertenencias, cultivos y buena parte del territorio de sus recuperaciones. Ese mismo día, a 750 metros del salón comunal de China Kichá, un grupo de terratenientes amenazaron de muerte a lxs recuperadores diciéndoles que “hoy no se van hasta que maten a algún indio».
Además, responsabilizamos al Estado de Costa Rica por la omisión de llevar a cabo las medidas urgentes de saneamiento territorial. Cualquier agresión, asesinato de un compañero o compañera cabecar -o de cualquier otro Pueblo- es responsabilidad del Estado costarricense.
¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS, JERHY RIVERA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
Recuperadorxs Cábecares de China Kichá.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
María Elena Fournier Solano
La falta de información y la ignorancia confunden a las personas que toman posiciones equivocadas, lo cual es sumamente peligroso, sobre todo, en estos momentos, cuando estamos hablando de que indígenas hombres y mujeres del T.I. Kekoldi con frecuencia reciben insultos, amenazas de parte de sikuas; hasta de los y las que se dicen defensoras y defensores de los Derechos Humanos y del ambiente.
Son muchísimas las denuncias que han tenido que presentar, por muchos años, la ADI del T.I. Kekoldi ante diferentes organismos como la Fiscalía Indígena, SINAC-MINAE, Fiscalía ambiental, etc., por invasión de tierras, tala de árboles y cacería, entre otros delitos.
Lo más inaceptable sucedió recientemente, durante la administración Solís Rivera, cuando el SINAC-ACLAC-MINAE de la región, extendió permisos de tala de árboles, (aquello fue una verdadera masacre de árboles maderables… ¡por supuesto!), ¿Cuál fue su argumento ante la denuncia?, ¡ah que ellos desconocían que esa zona era el Territorio Indígena Kekoldi! Nos dimos cuenta a través de la viceministra del MINAE.
Hay historias que todavía no se han contado y que hay que valorar antes de llegar a conclusiones precipitadas. Me contaban recientemente unos indígenas que en los años 30, a un tío de ellos un afrodescendiente le puso una cerca en la propiedad y el afrodescendiente le indicó al familiar indígena: hasta aquí puede llegar… O sea, no podía pasar por la «propiedad» del afrodescendiente para ir a la costa. Así muchas historias más se han invisibilizado y faltan por contar y escribir. Este relato no ha terminado, apenas comienza.
Ante la corrupción, la impunidad, la violación, las constantes humillaciones, la violencia estatal y la de grupos de diferentes sectores con intereses mercantilistas, surge la valentía de la comunidad de caminar dos veces desde la zona sur, Conte Burica hasta la Casa Presidencial, más de 300 kilómetros para luchar por su cedulación como costarricenses. Todavía recordamos la forma en que fueron golpeados y sacados por la policía en la Asamblea Legislativa, en años pasados, por exigir la aprobación de la Ley Indígena entre otros derechos. Precisamente hoy una buena amiga lideresa indígena Ngäbe Luisa Bejarano Montezuma, me decía: «continuaremos nuestra lucha como lo hemos hecho durante más de 500 años, si nos matan, quedan muchos más para seguir luchando».
Comparto, adicionalmente, un comentario que realicé en el año 2017 respecto al famoso colonialista e irrespetuoso decretazo de Figueres Olsen junto con el ministro de Gobernación y Policía de entonces don Juan Diego Castro, y un artículo que escribí en Surcos respondiendo a la señora Cristina Zeledón vecina del T.I. Kekoldi.
Enviado a SURCOS por la autora.
Sea parte de SURCOS:
La ACODEHU solicita la intervención y solidaridad nacional e internacional, en el caso concreto de las violaciones sistemáticas a los pobladores, dirigentes y defensores de Derechos Humanos de las comunidades indígenas.
Como es del conocimiento de la opinión nacional e internacional, en el período del año 2019 a la presente fecha han asesinado en Costa Rica a dos dirigentes indígenas: 1.- SERGIO ROJAS ORTIZ, de la etnia Bribri Uniwak de la comunidad de Salitre, provincia de Puntarenas 2.- JEHRY RIVERA RIVERA, de la comunidad de Bröran, del territorio de Térraba, cantón de Buenos Aires, Puntarenas. Ubicados en la Zona Sur de Puntarenas.
En el transcurso del presente año, la violencia en estas comunidades ha experimentado una escala como no se había visto desde la época de la colonización.
El Estado costarricense, y el gobierno del señor Carlos Alvarado Quesada no han actuado de manera precisa y responsable en los hechos de violencia que se han suscitado en estas zonas indígenas, en las que los pueblos originarios han recuperado sus territorios. Las actuaciones y decisiones de los indígenas, se han realizado amparadas a la Ley Indígena No.6172-29 noviembre 1977. Para esa fecha, el Estado de Costa Rica había constituido La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas-CONAI, la cual se había fundado el 11 de julio de 1973.
En la última semana del presente año, a partir del 3 de marzo 2020, los invasores de los territorios indígenas provocaron una conflagración que arrasó con los cultivos, viviendas y bienes de los indígenas. Este hecho salvaje se dio en la comunidad de China Kichá, ubicada en el cantón de Pérez Zeledón. En esta última semana además del incendio de varias hectáreas de cultivos, grupos armados y comandados por algunos de los terratenientes que habían invadido los territorios, crearon un cerco en torno a la comunidad indígena, ocupando el centro de la comunidad de China Kichá, para asediar, intimidar y amedrentar a mujeres, menores de edad y adultos mayores. Estas familias permanecen hasta el día de hoy en la escuela pública del pueblo.
Ante esta situación el Ministerio de Seguridad, ni otros poderes del Estado han actuado con la beligerancia que se requiere en una situación tan delicada.
Por parte del Poder Judicial no se ha brindado atención, ni la protección que exige la situación y muy por el contrario el hecho de los asesinatos ha quedado en la impunidad.
A estos hechos se suma por parte de un grupo paramilitar, denominado la Fuerza Negra, las amenazas de muerte a siete defensores de Derechos Humanos y a un compañero indígena, dirigente y representante de los pueblos ancestrales. Las amenazas son directas contra varios los y las lideresas de los territorios indígenas. Los defensores de los Derechos Humanos responden a las siguientes organizaciones: ACODEHU (1 defensora y 3 defensores). Uno de estos compañeros es a la vez, dirigente del Frente Nacional de Pueblos IndígenasFRENAPI. Se suma a esta lista la fuerte persecución y amenazas contra la vida de dos defensores de la Asociación de Iniciativas Populares –DITSÖ.
Los acontecimientos referidos en párrafos arriba, han sido denunciados por la Coordinadora de lucha Sur Sur y las organizaciones de Derechos Humanos referidas anteriormente.
La ACODEHU hace un llamado vehemente a las organizaciones sociales nacionales e internacionales para exigir al Estado de Costa Rica y al gobierno de turno las medidas de protección que requieren las comunidades indígenas y los defensores y dirigentes de Derechos Humanos, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT.
De igual manera se propone “conferencia de prensa”, para el día 12 de marzo 2020, en la Universidad de Costa Rica, a las 10 am, en la que participen los organismos de Derechos Humanos: FRENAPI, SERPAJ, CAP, ACODEHU, DITSÖ y SINDEU.
¡¡¡SERGIO Y JEHRY VIVEN, LA LUCHA SIGUE Y SIGUE. NO MURIERON SON SEMILLA QUE GERMINA EN IRIRIA, LA MADRE TIERRA!!!
Foto de agresiones a territorios indígenas en días pasados.
Enviado por Trino Barrantes.
Sea parte de SURCOS:
Comunicado de FRENAPI:
A LAS AUTORIDADES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Los Pueblos Indígenas de Costa Rica, conocedores de nuestros derechos, decidimos emprender las recuperaciones en nuestros Territorios. Vemos cómo avanza impunemente la usurpación por parte de No Indígenas, mientras que el Estado no acelera los procedimientos que llevan décadas de atraso. Esta es la causa por la cual desde hace años, vivimos en zozobra, bajo constantes amenazas y agresiones a nuestra integridad física, nuestras culturas y nuestras Tierras/Territorios.
El PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA (PATA) es el resultado de una acción que hemos emprendido ante la omisión estatal, recordando que las recuperaciones de Tierra/Territorio, tomaron fuerza después del desalojo violento en la Asamblea Legislativa, el 10 de Agosto del 2010 -Día Internacional de los Pueblos Indígenas-, contra 27 líderes indígenas (mujeres y hombres) quienes en el Salón de Beneméritos de la Patria, esperamos respuesta de “Aprobación o Archivo” del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas #14.352 El pasado lunes 24 de febrero del 2020, se visibilizó una vez más el alto nivel de violencia en nuestros Territorios, con el ASESINATO de JHERY RIVERA RIVERA, compañero indígena Brörán, recuperante y Defensor de Derechos Indígenas. El FRENAPI, tres días antes de este ASESINATO había emitido una ALERTA TEMPRANA sobre la movilización y organización de personas usurpadoras en Tierras Indígenas, quienes fueron alentadas por directivos de las Estatales ADIs (Asociaciones de Desarrollo Indígenas) y miembros de instituciones como Iglesias y la Municipalidad.
A pocos días del 18 de marzo, día en que se cumple un año del ASESINATO del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri Uniwak de Salitre, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), además fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI. Salitre, Defensor de Derechos Humanos; continuamos bajo el asedio, intimidación, amenazas y agresiones contra nuestra integridad y la de nuestras Tierras/Territorios.
En días pasados, a partir del martes 26 de febrero del 2020, en Crun Shurin -tierra indígena recuperada en Térraba-, se iniciaron quemas maliciosas que han ocasionado daños irreparables a la Madre Tierra, a nuestras plantaciones, casas, estructuras agrícolas, y nuestra espiritualidad, ya que los bosques son todo para nuestros Pueblos (medicina – alimento – lugares sagrados).
Desde que iniciamos nuestras luchas por Derechos y Recuperación de Tierras, hemos recibido amenazas de muerte. Algunas/os compañeras/os de lucha como Pablo Sibar Sibar, Vicky Lezcano Ortiz, Robert Morales Villafuerte –recuperantes Brörán en Crun Shurin (Térraba), Pablo y Vicky miembros de la Coordinación Nacional del FRENAPI- y Clarita Quiel Torres –recuperante Bribri en Nima Dikol (Cabagra), también parte de la Coordinación Nacional de este Frente-, han sido objeto directo de persecución racista y amenazas de muerte, incluso desde Páginas manejadas tras el cobarde anonimato en Facebook, como es el caso “Verdades de Salitre”, “Brunca T.V” y “Campesinos de Buenos Aires”, todas colmadas de calumnias, insultos, incitaciones no sólo al asesinato, sino a la tortura de los cuerpos de nuestras/os compañeras/os.
Ante la escalada de una violencia sistemática contra los Pueblos Indígenas en Costa Rica, somos testigos de los tumultos de centenares de usurpadores/as No Indígenas, que con sus matones, descaradamente y ante la presencia policial, nos han atacado, como fue el caso contra el compañero Pablo Sibar Sibar y otras/os compañeras/os recuperantes, cuando el pasado 23 de febrero del 2020, en Finca Recuperada “Cancha Rayada”, San Antonio de Térraba, con pedradas y agresiones al vehículo, con fajas y otros objetos, “arriaron a las/os compañeras/os indígenas”, en una escena colonial de “encomiendas y linchamientos esclavistas”.
Estos últimos 15 días, las/os finqueras/os permanecen y circulan, en nuestros territorios, con sus vehículos de doble tracción, maquinaria pesada y armas, que utilizan para amedrentar, amenazar y agredir a las familias indígenas. Ejemplo de ese “control” territorial, es lo sucedido el 06 de marzo 2020, cuando atravesaron una “vagoneta” y vehículos pesados en la entrada al Territorio Cabécar de China Kichá, impidiendo el paso de la policía, con lo que “cercaron” a las/os compañeras/os de las Fincas Recuperadas ahí, al momento de emitir este Comunicado, la tensión en la zona permanece y la violencia se mantiene.
El sábado 07 de marzo del 2020, en medio de los asedios y amenazas en varios Territorios Indígenas, grupos de terratenientes, acompañados por líderes locales de iglesias, comerciantes y empresarios, así como miembros de la Municipalidad, organizaron una “Marcha por la Paz en Buenos Aires”, siendo que esos mismos grupos y dirigentes, son parte desde hace más de 15 días de reuniones que apoyan, sin disimulo, a personas usurpadoras NO Indígenas de mala fe en sus acciones delictivas violentas. Una Marcha organizada y patrocinada por sectores promotores y activadores del Conflicto violento, una Marcha plagada de mensajes racistas y en contra de los Derechos Indígenas; ¡Claman por la paz de los cementerios! Maliciosamente se ha pretendido responsabilizarnos de una lucha violenta, sin embargo, son nuestras/os compañeras/os las/os que han sido asesinados, agredidas/os, son nuestras compañeras las que son amenazadas con perder a sus hijas/os, es nuestra Madre Tierra la que ha sido quemada, talada, usurpada.
Somos nosotras/os quienes asumimos esta lucha con la claridad de que las alternativas armadas y violentas NUNCA serán la solución, sino el destino de los Pueblos sin creatividad, sin amor a la Vida y sin la identidad ancestral.
Desde hace 5 años se vienen implementando “Diálogos” con Comisiones de Trabajo, del Estado/Gobierno costarricense con los Pueblos Indígenas, con propuestas que van y vienen. En tres ocasiones se han hecho Acuerdos, sin embargo, el resultado es un aumento de la usurpación, el arrebato, el racismo, la humillación, las agresiones, el asesinato y la impunidad.
Nuestras Tierras/Territorio, según los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley Indígena N°6172 de 1977, pertenecen “a las comunidades, siendo esa posesión exclusiva de las personas que las habitan, además son intransferibles, inalienables (no se comercian), imprescriptibles (no se puede alegar derecho por el paso del tiempo); y agrega la Ley, que los contratos o negocios con NO Indígenas son ABSOLUTAMENTE NULOS”. Los Tribunales de Costa Rica (Agrarios y Contencioso) han establecido que los NO Indígenas que posean de Buena fe, pueden ser indemnizados, estableciendo “REQUISITOS – CONDICIONES” para esa Buena Fe, que otorga el derecho único a ser indemnizados, siendo que la mayoría de las/os usurpadores NO LOS CUMPLEN, por eso su violencia y su arrebato. Somos las/os únicas/os cuidadoras/es originarias/os de esta Madre Tierra y no renunciaremos a luchar por ella, derecho ancestral y actual según las leyes de Costa Rica e Internacionales.
Exhortamos a este Estado/ Gobierno a darle vida al artículo 2 del Convenio 169 de la OIT para que asuma la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los Pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica. Ahora en especial, tener en cuenta el artículo 17 del mismo Convenio en cuanto a respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.
Apelamos a una justa interpretación del marco legal correspondiente, para que las soluciones que ejecute el Estado /Gobierno costarricense, NO permitan la indemnización de las personas poseedoras de mala fe, que no cumplen con los requisitos legales establecidos. Lo contrario representaría un estímulo para nuevas usurpaciones bajo la promesa de que un hecho delictivo, que “además de quedar impune, queda indemnizado”.
Exigimos la real aplicación de las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.
Debe el Estado/Gobierno costarricense asumir con seriedad y prontitud la aplicación de estas Medidas, las cuales nos cubren a TODAS/OS las/os indígenas de Salitre y Térraba. Las autoridades estatales, han pretendido la “protección” individual de personas, impulsándoles a salir del territorio, indicando al resto de recuperantes que la ÚNICA manera de protegernos es abandonar las Tierras en recuperación. Estas intenciones están lejos de ser acciones efectivas para la aplicación de las Medidas Cautelares ordenadas.
Al Estado/Gobierno costarricense le decimos, que no nos traten como ingenuas/os. Tenemos claros nuestros derechos, y sabemos que, para la aplicación de estas Medidas, desplazarnos de nuestro Territorio NUNCA será una alterativa legitima; la intención de aparentar proteger solo a algunas/os compañeras/os, es un juego que respalda un discurso público, desprotegiendo al resto de las comunidades. Para proteger nuestra integridad territorial, cultural, espiritual y personal, no podemos abandonar, ni a la Tierra ni a nuestras/os hermanas/os de lucha. En nuestro movimiento no hay privilegiados/as, TODAS/OS por igual necesitamos y tenemos derecho a protección y respeto de nuestros derechos.
Llamamos la atención y DENUNCIAMOS de igual manera, las amenazas y campañas de odio, hacia compañeros/as, integrantes del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, al igual que otras organizaciones solidarias con la lucha indígena, lo que sumado a los recientes “reportajes – campañas racistas” de Medios de “Comunicación”, como Telenoticias de Teletica, Extra, Noticias Repretel, entre otros, promueven persecución y criminalización de Defensoras/es de Derechos Humamos, en un Conflicto que pasa de lo local en el Sur del país a un Conflicto de carácter nacional e incluso internacional, al ser un conflicto con patrones que se replican en la región latinoamericana.
Responsabilizamos al Estado/Gobierno de Costa Rica, por las situaciones nuevas que puedan sobrevenir, en especial en los Territorios afectados con la violencia directa como son Salitre (Bribri), Térraba (Brôrán), China Kichá (Cabécar), Cabagra (Bribri), en que las personas agresoras siguen acechando y amenazando; igualmente deben las instancias gubernamentales correspondientes, investigar las “Páginas/Perfiles” en Redes Sociales aquí mencionadas, por su contenido racista, con incitaciones directas al odio, y sentar las responsabilidades legales. Esperamos que el nuevo Viceministro de la Presidencia, Randall Otárola, pueda obtener el respaldo necesario, para que se cumplan los Acuerdos y Propuestas de Solución al Conflicto, que como él dice, es “deuda histórica con estos Pueblos, que debe repararse lo más pronto”, con respeto de los derechos que existan.
Llamamos a la Comunidad Internacional y a los Organismos de DDHH de la ONU y del Sistema Interamericano de DDHH, a estar pendientes de esta situación de violencia grave en que nos encontramos los Pueblos Indígenas en Costa Rica, y les solicitamos dirigirse a las Embajadas de nuestro país, a los representantes diplomáticos y a los miembros de los Poderes del Estado de Costa Rica a solicitar que se emprendan acciones concretas prontas e integrales, para impedir nuevas agresiones y nuevos asesinatos, y de igual manera se inste a desmontar los grupos violentos que impiden el ejercicio de Derechos Humanos, sin que queden en la impunidad, como hasta ahora lo están.
El FRENAPI, una vez más hace un llamado al Estado/Gobierno costarricense a realizar acciones concretas y oportunas, que atiendan este Comunicado, desde el marco de Derechos de los Pueblos Indígenas.
¡Nuestros Pueblos merecen vivir en Paz!
¡JUSTICIA YA!
¡NO MAS IMPUNIDAD!
SERGIO Y YERI VIVEN
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
#SergioRojasVIVE
#YeriRiveraVIVE
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
9 DE MARZO, 2020
Doctor Marcos Guevara, antropólogo.
Don Salomón Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena de Salitre, en declaraciones al Diario Extra del 9 de marzo de 2020, achaca la conflictividad que se ha vivido en su comunidad a “grupos externos que vienen especialmente de la capital y nos hacen ver solo nuestros derechos, nos meten las ideas de reclamar a través de la violencia”. Dice luego que se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de universidades públicas.
Estas declaraciones, producto de una entrevista, me motivan a hacer algunos comentarios. Coordino un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica de diferentes disciplinas y nuestro objeto de estudio es, casualmente, la conflictividad en territorios indígenas de Buenos Aires. Imposible no sentirse aludido.
Pero los académicos no inventamos el conflicto, lo constatamos, porque es palpable, existe sin necesidad de nosotros, sale en las noticias recurrentemente. Hasta la Wikipedia en internet tiene una entrada sobre “enfrentamiento étnico en Salitre”. Y es un tema complejo que hunde sus raíces en los tiempos de la Colonia, tiene manifestaciones históricas, geográficas, sociológicas, políticas, cuyo estudio nos ha parecido importante, no solo para entender su origen, sino para comprender los aspectos que cualquier propuesta para atenderlo debe considerar. Algunos de los hallazgos hasta los hemos compartido con la Asociación de Desarrollo de Salitre y hemos recibido manifestación de interés al respecto, como don Salomón bien sabe.
El conflicto no es nuevo, si bien desde hace unos años atrás se evidencia de manera violenta hasta llegar al lamentable asesinato de Sergio Rojas en marzo de 2019, replicado en Térraba hace unos días con el de Jehry Rivera. Dos crueles asesinatos en menos de un año.
El asunto de las llamadas “recuperaciones” no es resultado de una incitación de personas de universidades públicas o de ONG. Es la consecuencia, no la causa, de un problema que tiene más de 40 años y que tiene por nombres “desaplicación legal”, “conculcación sistemática de derechos humanos” y hasta “racismo”, que igualmente se manifiesta en desinterés del Estado por atender sus obligaciones, desinterés del primer poder de la República por actualizar leyes que implementen los instrumentos de Derechos Humanos que el país suscribe. Los universitarios no hacemos ver los derechos, están contenidos en normas que la Asamblea Legislativa promulgó y resultaron de exigencias sociales. El mismo don Salomón califica como “importante” que se firmara la Ley Indígena en 1977. Entonces ¿para qué decir que los universitarios “nos hacen ver nuestros derechos” si, como da a entender la entrevista, él mismo fue parte de la creación de esa norma?
El tema de la visita del Sr. Rector de la Universidad de Costa Rica y su comitiva, que refiere don Salomón diciendo que “gente violenta los emboscó por un rato”, amerita recordar quiénes son los que han ejercido actos violentos en esta región. Hasta donde hemos podido entender la situación, no son personas indígenas las que han ejercido la violencia y las llamadas “recuperaciones” se han hecho pacíficamente en tierras en las que no han tenido que sacar a la fuerza a ninguna familia pobre no indígena, sino en predios que responden a adquisiciones producto del engaño y la brutalidad, donde no habita nadie, han deforestado y han metido ganado. Quienes han despojado a indígenas de sus tierras de forma fraudulenta y hasta usando la fuerza son parte de esa “gente violenta” que refiere don Salomón, esa es la verdad.
Comprendemos, y hasta hemos podido consignar, con nuestras investigaciones, que hay personas no indígenas que posiblemente usurpen tierras indígenas sin haber comprendido la ilegalidad de sus adquisiciones y sin haber intentado engañar a nadie. Comprendemos también que el Estado, al desaplicar la Ley Indígena que debía indemnizar a no indígenas que ya estaban en esas tierras cuando se promulgó, agravó la situación y es por eso, en una gran parte, responsable de la situación. De acuerdo al entendimiento que hemos logrado de la situación de Salitre y otros territorios indígenas de Buenos Aires, la solución propuesta ahora por el gobierno nos parece deficiente. El trabajo del INDER de censar fincas no indígenas para después definir a quiénes se aplica la indemnización tendrá efectos adversos, pues una gran cantidad de ocupantes no indígenas (para no decir mayoría) no está a derecho. Pero, además, la forma en que se están definiendo derechos de algunos de estos ocupantes, mediante “certificados” de ser indígenas o poseedores de buena fe por parte de organizaciones muy cuestionables, da a pensar que el plan del INDER tiene algunos vicios insalvables. Ojalá me equivoque.
Aunque este no sea un “derecho de respuesta”, pues el Diario Extra solo consigna declaraciones de don Salomón, apelo a su buena fe para publicar mi comentario haciendo notar que el titular de esas declaraciones, “Universidades públicas y ONG son los culpables”, incita a una lectura desafortunada de las palabras del dirigente de Salitre.
En medio de la confusión, la frustración, cólera quizás, es fácil acusar a terceros de problemas que tienen causas estructurales y no coyunturales. Resulta muy cómodo que las universidades públicas, en los enfrentamientos que se han producido en estos días en Buenos Aires y en las palabras que ha generado, se conviertan en “chivo expiatorio”, una forma de distraer a todo el mundo sobre la urgente reflexión que se debe hacer sobre la conflictividad en territorios indígenas, una forma de disimular la violencia de quienes atacan, asesinan, queman las fincas, amenazan y portan armas, como si fuera una demostración por sus derechos. Los victimarios siempre justifican sus crímenes haciéndolos parecer como justos.
Las universidades investigamos con seriedad. Tomamos criterio de todas las partes, analizamos, establecemos conclusiones ponderando muchas facetas de esa realidad. Nuestros hallazgos son refutables, prueba de un proceder acorde con la ciencia. Pero para refutar hay que aportar argumentos que demuestren lo contrario. Es lo que no veo. Hay información que puede molestar a algunas personas, eso no la hace menos urgente, todo lo contrario. A don Salomón lo estimo y respeto, no lo increpo con mi comentario pues creo que lo que señaló el titular que recoge sus palabras no refleja su capacidad de producir un análisis más integral de la situación.
SURCOS recibió el siguiente comunicado;
A LAS AUTORIDADES, MOVIMIENTOS SOCIALES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
«Recibimos este 8 de Marzo del 2020, fecha en la que se conmemora la lucha incansable y pujante de nuestras compañeras mujeres a nivel mundial desde sus trincheras feministas, con el testimonio de Clarita Quiel Torres, Bribri de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas, Zona Sur de Costa Rica, miembro del Concejo de Mayores/as Iriria Jtechö Wakpa y miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).
En su testimonio, Clarita evidencia la lucha histórica de los Pueblos Indígenas, de las mujeres indígenas, contra todas las formas de control, dominación y discriminación. Hoy está al frente del movimiento de Recuperantes indígenas, en el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA), esta es la causa por la que ella y sus compañeras/os están asediadas/os, amenazadas/os por personas Usurpadoras No indígenas.
Desde hace 15 días, terratenientes y sus matones a sueldo, que siguen armados libremente dentro de los Territorios indígenas, envalentonados por la reciente ola de violencia racista, criminal, y la débil presencia policial. Ante este escenario, un Poder Judicial lento y omiso, que reafirma más la Impunidad.
En Buenos Aires estos actos delictivos violentos, cuentan con el respaldo de empresarios, comerciantes, autoridades municipales y líderes religiosos de diferentes iglesias, así como con funcionarios de otras instituciones. Ello se dejó ver el día de ayer, 07 de marzo del 2020, en la convocatoria realizada por la Municipalidad de Buenos Aires, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y Organizaciones Comunales de Campesinos del Cantón, quienes bajo un discurso engañoso de Marchar por la “Paz” dejaron claro el repudio hacia las recuperaciones de Tierra/Territorio, su odio hacia los Pueblos Indígenas en el Cantón, y principalmente quedó demostrado que la violencia en esta zona NO es producto de nuestro Movimiento. El Testimonio de Clarita es un clamor actual y fuerte de la consigna VIVAS NOS QUEREMOS:
“Anoche fue una noche muy tensa, escuchamos cuatro detonaciones de bala como a las 10 de la noche y ni una sola patrulla se asoma por acá, donde estoy no hay cobertura. No pude salir a buscar cobertura hasta ahorita. […] tenemos que luchar, la lucha continúa […] nuestra lucha sigue, tenemos que hacer justicia por los que nos han quitado […] tenemos que seguir […] He recibido amenazas en la calle, me han dicho que me quieren matar […] aquí estoy, sigo en pie de lucha y seguiré hasta donde nuestro Sibú lo permita.” -Clarita, 8M2020.
¡QUEREMOS JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA! ¡NO MAS IMPUNIDAD! SERGIO Y YERI VIVEN LAS MUJERES INDÍGENAS RESISTEN ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
8 DE MARZO, 2020″