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Etiqueta: CCSS

Catorce propuestas llevarían recursos a la CCSS

Usar ¢50 mil millones de la Ley Tabaco, ¢300 mil millones del ROP y hacer una contribución solidaria del Fondo de Capitalización Laboral del 2021 son algunas de las sugerencias.

La admiración a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por su trabajo debe pasar a las acciones que le permitan tener los recursos necesarios para enfrentar la disminución de los ingresos con motivo de la crisis de la pandemia del Covid-19.

Así lo expresa Lenín Hernández Navas, Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería, quien junto con representantes de los sectores productivos, elaboraron 14 propuestas que le llevarían recursos a la institución de la seguridad social.

Dentro de las alternativas está reorientar durante un año el 4,25% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a la CCSS así como usar los recursos acumulados de la Ley del Tabaco 9028. En ambos casos se generarían ¢350 mil millones sin establecer nuevos impuestos a los costarricenses.

Se plantea la necesidad de diseñar un sistema de mono tributo para que los trabajadores independientes y pequeñas empresas contribuyan bajo un régimen tributario integrado y simplificado tanto en el registro como en la recaudación que permita el pago de una sola cuota mensual tanto de sus obligaciones tributarias como el de la seguridad social.

El representante de los trabajadores destacó que se debe pensar en la creación de un fondo que atienda el retiro anticipado porque muchos trabajadores que estaban por pensionarse están afectados ahora por el desempleo.

“Se puede usar por una única vez las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de los seguros del Riesgo del Trabajo (RT) y del Seguro Obligatorio de Automóvil (SOA) porque al final de agotada las pólizas la atención al trabajador corre por parte de la CCSS, detalló Hernández Navas.

Las propuestas fueron enviadas en una nota, este jueves, a Casa Presidencial a la Comisión integrada por representantes de la CCSS y el Poder Ejecutivo.

“Esta propuestas van orientadas a medidas de protección social, excepcionales, temporales y se diferencia de otras porque se basan en que las personas aporten de acuerdo con sus posibilidades. Es decir aplicando la lógica de racionalidad y proporcionalidad”, enfatizó el representante de la CTRN, quien admitió que duda que alguno de los costarricenses no quieran aportar para fortalecer a la CCSS.

El presidente de la CTRN amplía en este audio:

Prensa SINAE/AFINES 09-2020

¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

¿Hablamos en serio de pensiones?

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

¿Hay un después del COVID 19 o deberemos aprender a vivir con él?

Miguel Sobrado

Nuestro sistema de salubridad social ha tenido hasta el momento una capacidad de respuesta, respaldada por la educación y disciplina del pueblo, muy exitosa y ejemplar, a pesar de la inestabilidad amenazante del contexto regional. Se ha logrado mantener aplanada la curva de contagio, aumentar las recuperaciones de los enfermos y un bajo nivel de mortalidad.

Lamentablemente mientras no exista vacuna, si es que algún día se logra tener una que se pueda aplicar a la población mundial (cosa que no se podido hacer con el SIDA), nuestra población seguirá conviviendo con el coronavirus y la economía tendrá que reactivarse progresivamente, procurando que no colapse el sistema de salud. De otra forma el dilema puede llegar a ser morir del coronavirus o morir de hambre y esto puede ser más peligroso para la vida política.

FOCALIZACION DE LOS AFECTADOS Y SUS CONTACTOS EN VEZ DE CUARENTENA GLOBAL

La experiencia de Corea del Sur con el control y aislamiento de los enfermos y sus contactos ha demostrado ser exitosa con el uso de una aplicación que permite el seguimiento, sin tener que recurrir a paralizar la economía. Aquí podríamos hacer lo mismo retomando la participación de las comunidades en los EBAIS, tal como lo hizo en su momento el Hospital sin Paredes de San Ramón, aprovechando la tecnología EDUS de la CCSS e incorporando la aplicación surcoreana.

De tal forma la primera línea de combate se trasladaría a las comunidades, aplicando medidas puntuales preventivas como elevar las defensas, sin afectar el grueso de la economía.

RETOMAR EL EMPLEO DESDE UNA VISIÓN DE PERSPECTIVA ORGANIZACIÓN PARA LA SALUD

No se puede hablar de salud, si la gente no tiene estabilidad emocional ni ingresos para atender sus necesidades. Las comunidades no son entes pasivos, tienen creatividad y buscan en forma individual formas de sobrevivencia, pero sobre todo cuando están organizadas. La asistencia del gobierno central o local, en los momentos difíciles es necesaria y oportuna. La ayuda, sin embargo, dada la magnitud de las afectaciones nunca será suficiente, crea además dependencia, pasividad y reduce la autoestima. La organización de la comunidad para enfrentar el problema genera capacidades, abre senderos y estimula el protagonismo local poniendo en tensión el arco creativo.

Este fenómeno fue muy visible en la experiencia del Hospital sin Paredes, mientras operaron los 151 comités de salud en los cinco cantones (San Ramón, Palmares, Sarchí, Naranjo y Alfaro Ruíz). Los comités no solo establecieron acueductos y letrinas, sino que abrieron caminos, crearon cooperativas y participaron activamente en la vida cívica, siendo semillero de líderes locales y cantonales.

DARLE PROTAGONISMO A LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS

Por eso es tan importante, con ocasión del coronavirus, descentralizar la acción de combate trasladándola a las comunidades, para controlar los ´puntos álgidos retomando la experiencia del Hospital sin Paredes y de las cooperativas de autogestión campesina, surgidas como respuesta al calor de una crisis agraria que amenazaba la paz social en los 70s.

El pueblo debe defender la CCSS, el gobierno debe fortalecerla

SITRAHSAN

Se resalta a Costa Rica como ejemplo a Nivel Mundial, en la atención de la pandemia global COVID-19, destacan bondades como un alto nivel cultural y un sistema de salud sumamente compacto, el cual se ha desarrollado desde los años 40 y con el tiempo se ha fortalecido a pesar de las amenazas neoliberales y a su interés de privatización de políticos de turno y eso ha permito que este país enfrente de la mejor manera esta epidemia.

El pueblo debe estar totalmente identificado con nuestro sistema de salud y defenderlo, lo que obliga al Gobierno y al Estado mismo, mantenerlo y fortalecerlo de tal forma, que no se justifica, que el Gobierno tenga una deuda con la Salud de todos, ya que eso es debilitarla y poner en riesgo a los costarricenses.

Las luchas sociales sindicales de este país, nuevamente le demuestran a los costarricenses y al mundo entero que no estamos equivocados.

SITRAHASAN recomienda ver el siguiente enlace la opinión de un actor civil respecto al Coronavirus y su tratamiento en Costa Rica:

 

Enviado por SITRAHSAN.

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UCR: llegó proteína para inmunizar caballos y elaborar medicamento contra COVID-19

Martes 5 de mayo del 2020. Las proteínas para iniciar el proceso de inmunización en los caballos llegaron al país y el Instituto Clodomiro Picado de la UCR ya alistó a los seis equinos cuyo plasma sanguíneo será el nuevo aliado para elaborar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19.

Para esto, los animales fueron evaluados de manera cuidadosa (mediante chequeos físicos y exámenes sanguíneos) con el objetivo de asegurar su bienestar integral. Además, y como ha sido usual en los últimos 50 años del ICP-UCR, en estos momentos se les está brindando diversidad de cuidados; entre ellos, una alimentación de excelente calidad basada en heno, concentrado y pasto.

“En el ICP-UCR nos enfocamos bastante en la parte de salud animal y que los caballos estén en su mejor condición. Nuestros animales viven en potreros y en grupo libres de estrés. Además, tienen una excelente alimentación, una atención veterinaria continua y el cuidado diario de los asistentes. Nosotros velamos que estén comiendo bien y que estén tomando agua. Todos los caballos están sanos, con un muy buen peso corporal (cercano a los 450 kilos), y sin ningún signo de enfermedad”, afirmó el médico veterinario Mauricio Arguedas Gómez.

Para inmunizar a los caballos se utilizarán proteínas no infecciosas del virus SARS-COV-2, las cuales no afectan negativamente la salud de los equinos.

“No vamos a utilizar el virus completo. ¿Qué significa esto? Que no hay riesgo de que los caballos se infecten. Lo que vamos a usar son algunas de las proteínas del virus. Cuando se haga el procedimiento, el organismo del caballo reconocerá esas proteínas y generará los anticuerpos. Después, esos anticuerpos serán usados en los pacientes enfermos”, amplió el Dr. Arguedas.

Esta labor no es rápida y comenzará apenas la Oficina de Suministros de la UCR realice el desalmacenaje de las proteínas requeridas (se espera que esté durante la presente semana). Cuando se posea dicho insumo, se calcula que el resultado de la inmunización se tendrá después de cuatro meses desde que inicie la inoculación (momento en el que se inyectan las proteínas al animal).

“Con el medicamento basado en los anticuerpos equinos se obtendrán varias ventajas y la primera es no depender de donadores humanos. De igual forma, creemos que los anticuerpos equinos podrían tener una mejor potencia neutralizante del virus que la potencia de los anticuerpos humanos. Lo anterior se da porque los caballos estarán hiperinmunizados; es decir, que se les inyectan las proteínas varias veces. La estimulación del sistema inmune en teoría debe ser mayor, pero esto deberá confirmarse”, ahondó el Dr. Arguedas.

Otro punto a destacar es el mayor volumen de plasma que se puede extraer de un caballo, si se le compara con el que se le puede obtener de un ser humano. Con el plasma obtenido de un solo caballo se pueden preparar cien frascos del medicamento, mientras que con el plasma de una única persona solo se pueden preparar dos.

En cuanto a los animales, la extracción de la sangre no afecta la salud de los caballos. Al separar el plasma, se les devuelven las células sanguíneas para que no lleguen a sufrir anemia.

“Siempre que llega un animal nuevo se le aclimata y se le “chinea” antes de iniciar un esquema de inmunización. Para que un caballo inicie esquema debe estar muy bien cuidado y en óptimas condiciones. Se les da el acompañamiento con una buena alimentación y un muy buen trato. Les realizamos análisis de sangre rutinarios para garantizar el estado físico y hematológico, que es muy importante. Después de realizar el esquema, se siguen haciendo los exámenes para asegurar que el caballo esté en las mejores condiciones y se le acompaña con un examen físico diario”, indicó el técnico veterianrio Edwin Moscoso Suárez.

Jenniffer Jiménez Córdoba. Periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR.
Teléfono: 2511-1232.
Correo: jenniffer.jimenezcordoba@ucr.ac.cr

Conversatorio movimientos sociales y vida después de la crisis

El sábado 2 de mayo se realizó el conversatorio movimientos sociales y vida después de la crisis, organizado por la Alianza por una Vida Digna.

La interrogante que animó el encuentro fue ¿Qué sienten, hacen y proponen las personas de movimientos sociales ante la crisis acentuada por el COVID-19?

La actividad se realizó en una plataforma virtual y se compartió por el Facebook Live de SURCOS.

Participaron Mario Devandas Brenes, de la lucha en defensa de la CCSS; Eva Carazo Vargas, de los movimientos de la ecología social, la agroecología y la economía social solidaria; Dayana Ureña Solís, de los movimientos comunitarios y las Asambleas Patrióticas Populares; y Héctor Ferlini-Salazar, de la Alianza por una Vida Digna.

Le invitamos a ver, compartir y comentar:

Imagen de cabecera con fines ilustrativos. Reunión en Cañas, Guanacaste, tema: derecho a la educación de calidad.

La peor peste: la pobreza

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

         El principal y gran desafío que enfrentamos como país es aplanar las curvas en ascenso de la desigualdad y el desempleo, generadoras de la peor peste: la pobreza.

         Según el economista Leiner Vargas, la tasa de desempleo del 12.4% podría duplicarse después de la pandemia, alcanzando a más de 650. 0000 desempleados, y si a eso se le suma el subempleo del creciente sector informal la pobreza aumentará dramáticamente. En desigualdad estamos entre los mejores: ocupamos el octavo lugar a nivel mundial y el sexto lugar entre los países de América Latina.

         El país logró avances significativos en contener la desigualdad y el empobrecimiento con el pacto social y político de los años 1940, que nos heredó la Costa Rica de los niños calzados y una robusta institucionalidad social, con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a la cabeza.

         Gracias a esa institución y sus visionarios fundadores, estamos logrando aplanar la curva del COVID-19. Seguimos viviendo de las glorias pasadas, porque para contener la peste de la pobreza, aplanando las curvas de la desigualdad y el desempleo, no tenemos una clase política visionaria y a la altura de los tiempos que vive el país.   

         Fue en la década de 1980 cuando se inició el camino escabroso hacia la ruptura de este pacto, con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), por parte del bipartidismo: Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana (PLUSC), atendiendo a las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Estas políticas empobrecieron al país, incrementaron la desigualdad y bajaron su perfil de clase media. Hoy, el FMI vuelve a sus recetas con su añejo telele de recomendar al país vender activos.

         Esa ruptura alcanza su punto culminante en el actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), del señor Carlos Alvarado, que ha venido a profundizar los índices de desempleo y subempleo, protegiendo a los ricos y sus empresas y desprotegiendo a los trabajadores; precarizando a la clase media y profundizando la pobreza. Y en un contexto de pandemia, se castiga el ingreso de los trabajadores y pensionados del sector público, para ofrecer dadivas a los pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.

         Una vez más se evade la responsabilidad histórica, ética y política, de hacer que los ricos, de una vez por todas, paguen los impuestos como ricos. Es lamentable que se prefiera quebrar la Caja y hasta el país, con tal de no tocar las arcas llenas de los nuevos ricos.

         Estamos ante una nueva clase política multipartidista que cogobierna para una oligarquía neoliberal frívola y egoísta, hoy representada en el país por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y defendida por la “dictadura mediática”.

         Para ocultar esta complicidad, se inventan y promueven planes salvadores –“pan y circo”, para el pueblo–, tales como el Plan Escudo y el Plan Avancemos en el gobierno del señor Oscar Arias (2006-2010), cuya modalidad se vuelve a reciclar con el Plan Fiscal de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Plan Proteger en el gobierno actual.

         Este juego de aparentar gobernar a favor de los pobres cuando realmente se “Protege” a los ricos, es la estrategia propagandística utilizada para obtener dividendos político-electorales, por parte de una nueva clase política parasitaria que busca prebendas salariales o vínculos con el mundo de los grandes negocios: comerciantes de la política o “políticos empresarios”. 

         La realidad es que este cogobierno multipartidista, aliado incondicional de esta oligarquía empresarial, financiera y mediática, está contribuyendo a que cada día la peste de la pobreza cobre más víctimas.

         Sin embargo, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo (pueblo) que lo resista”. El cogobierno de unidad nacional, para salvar a los ricos y hundir a los pobres y a la clase media, tiene sus días contados, aunque las encuestas coyunturalmente lo favorezcan.

         Estamos a las puertas del nuevo pacto social y político anti-oligárquico para la revitalización del Estado Social de Derecho. La única opción para aplanar la curva de la desigualdad y del desempleo y eliminar la peor peste: la pobreza.

Foto: Semanario Universidad

Mario Devandas: «Celebrar el 1 de Mayo es recordar luchas por construir un mundo mejor»

El representante de las trabajadoras y los trabajadores en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Devandas Brenes, destaca en su mensaje de este 1 de Mayo que en la lucha por un mundo mejor el sector laboral y sus organizaciones han jugado un papel central. Asimismo, llama a «revisar los métodos de lucha, y sobre todo, unirnos a nuestro pueblo».

SURCOS le invita a ver el video de un minuto.

No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague

La Caja Costarricense de Seguro Social no salió de un sombrero ni fue la ocurrencia de Calderón Guardia en los años 40 del siglo pasado, es parte de una estructura que en boca de las generaciones de sangre y cultura “Tica” es nombrada como las Garantías Sociales. Esa estructura de Pensamiento y acción fueron parte de reformas progresistas en los planos intelectual, político e institucional del Estado costarricense; requirió cambio y comprensión social pero además una metamorfosis económica.

Coinciden a inicios de la década de los 40 líderes políticos y religiosos, que dieron el impulso con una alianza a la institución que es vital entre nuestra sociedad costarricense, misma que con el pasar de los años ha destacado como una compleja institución para la salud, la dignidad y la paz social de nuestro país.

Sin la CAJA Costa Rica tendría que involucionar en la historia de la Salud, máxime que posterior al año 2000 asumió por entero los tres niveles de atención, más por imposición que por una estrategia propia de Salud.

Tenemos que indicar que parte del problema económico que ronda a la CAJA no es nuevo; ya en el gobierno de Mario Echandi Jiménez al universalizar el seguro social encontró la falta de pago del Estado, situación que se resolvió con un impuesto.

En 1996 el traspaso del primer nivel de atención no incluyó el dinero de parte del Estado para su ejecución, actualmente deben ser unos 500 millones la deuda del Estado; aspecto que tiene un capítulo más una demanda del Diputado Villalta cuyo fallo a su favor exige pago de ese dinero a la CAJA.

Pero las deudas no quedan ahí, la deuda del Estado a la CAJA llega a los 2 billones de colones, deuda histórica que sigue haciendo un hueco enorme en la institución. Con sobrada razón los políticos no quieren pagar y se han escudado en decir que la CAJA gasta mucho, haciendo creer a la gente que el financiamiento de la salud es un gasto cuando en realidad es la inversión social más grande y fuerte que puede realizar un pueblo.

Los empresarios privados también tienen deuda de millones de colones sin contar las que son incobrables por declararse en quiebra y hasta desaparecer; razón de sobra tienen las cámaras de empresarios en cubrir la deshonrosa deuda disparándole a la institución benemérita y atacándola.

Para un campesino al entender lo que sucede su frase es clara estamos “rodeados de sin vergüenzas” y lo peor NO QUIEREN PAGAR… El Estado en la figura vacilante del presidente, el envalentonado Ministro de Hacienda y el mal-encarado presidente del Banco Central, hacen coro como la lora del anuncio y dicen “no hay plata”. Este país es único, no por ser democracia modelo o jardín de América, sino porque es el único país donde el que debe se hace el enojado, justifica con vacilaciones su irresponsabilidad y el pueblo se lo tolera.

Señor presidente asegure y cumpla con el pago de la deuda, su garantía en palabras sin respaldo no son de importancia y menos de seguridad para el pueblo, hacemos uso de su frase fugada… Es una oportunidad para hacer cosas con la Caja, pues hágalo pague el dinero adeudado, acabe con la morosidad y para que lo entiendan todos “suelte el perro, porque el que debe tiene que pagar”.

Rodrigo López García

Secretario General de A.N.P.E.

 

Compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez.

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