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Etiqueta: Colombia

Desatención del Estado colombiano y COVID-19 incrementan riesgo de exterminio del Pueblo Siona

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Washington, D.C., Quito y Bogotá, D.C., 9 de julio, 2020.– El incumplimiento por parte del Estado colombiano en la adopción desde una perspectiva étnico diferencial de las medidas cautelares dispuestas desde hace 2 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) a favor del Pueblo Siona de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y PoPiyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), sumado a la crisis mundial sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19), han agudizado el riesgo de su exterminio físico y cultural.

Esta fue la denuncia presentada en una reunión de trabajo el día de hoy ante la CIDH por parte de las  autoridades tradicionales y políticas de la comunidad, en conjunto con sus representantes, Amazon Frontlines, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes exigieron que el Estado colombiano cese de utilizar la pandemia para validar su inacción y falta de avance en el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas por la CIDH para prevenir las injerencias y acciones violentas de grupos armados en el territorio Siona.

“La pandemia ha sido la excusa perfecta para la inacción del Estado. No hay ningún avance en el cumplimiento de las medidas cautelares. Esperamos que la CIDH, en cuanto se pueda, realice una visita de verificación al territorio y la emisión de una resolución de seguimiento de las medidas cautelares”, dijo Mario Erazo Yaiguaje, Dirigente del Territorio Siona del Resguardo Buenavista.

Mientras la mayoría de la población respetaba el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional en respuesta a la pandemia, la falta de presencia del Estado en el territorio Siona profundizó la situación de vulnerabilidad de la comunidad, llevando a un aumento de la presencia y fortalecimiento de distintos actores armados ilegales, quienes pretenden ejercer control territorial y social de las comunidades Siona. Además, se ha intensificado el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los Resguardos, así como las amenazas contra la población y sus dirigentes, ocasionando incluso el desplazamiento forzado de una familia Siona y la amenaza contra otros grupos familiares .

El retraso en la respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales quedó en evidencia el pasado 17  de junio, cuando se presentó una violación a una niña siona en el Resguardo Buenavista, y a pesar de que se logró la captura en flagrancia del agresor no indígena por parte de la Guardia Indígena, el Estado tardó más de 3 días en recibir al detenido para su judicialización, sometiéndonos a un escenario de afectaciones sicológicas comunitarias, presiones por parte de los actores armados ilegales, riesgos de impunidad en este caso concreto, falta de garantías para la niña víctima de violencia sexual agravados por el contexto de la pandemia por el COVID-19, que hace aún más ineficiente a los operadores de justicia convirtiéndonos de nuevo en víctimas del sistema judicial.

Por otra parte, la única medida de respuesta estatal frente al Covid-19 fue la entrega de una ayuda alimentaria limitada, la cual ha sido insuficiente toda vez que no hay contención de los riesgos ni una respuesta idónea con información culturalmente apropiada, en idiomas propios o distribuidos por canales eficientes y accesibles. Tal y como fue denunciado públicamente, los actores armados ilegales que pretenden ejercer control territorial en el Departamento del Putumayo han amenazado de muerte a quienes presenten síntomas de contagio durante la pandemia. Además, no ha habido entrega de implementos de bioseguridad a la Comunidad, y particularmente a la Guardia Indígena.

“El último intento para una reunión de concertación se realizó el pasado 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Puerto Asís. Luego de aquello en el mes de febrero la Cancillería y Min Interior pretendió realizar reuniones bilaterales entre beneficiarios y entidades en Bogotá, excluyendo a los peticionarios y desconociendo los mecanismos de gobernanza y participación propios de los beneficiarios. La respuesta estatal es desarticulada, tardía, desconoce criterios étnicos y está condicionada a una oferta institucional genérica y que no toma en cuenta la situación de riesgo y gravedad. El Estado debe reconocer que se ha incrementado el riesgo al Pueblo Siona. Su desaparición del territorio está poniéndoles al borde de la extinción. Nuevamente, recalcamos la urgencia de que se cumplan las medidas cautelares”, dijo Lina María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines.

Al concluir la reunión, se solicitó a la CIDH emitir una resolución de cumplimento de las Medidas Cautelares otorgadas de conformidad con resolución 02-2020 y que incluya visita in situ cuando se den garantías por contexto covid. Al Estado colombiano que cumpla inmediatamente y de forma concertada y con enfoque etnico diferencial las medidas cautelares otorgadas, de manera particular se deben concertar e implementar con urgencia medidas que lleven a un cese del reclutamiento forzado de jóvenes Siona, desplazamiento forzado y amenaza contra integridad de dirigentes y autoridades comunitarias.  Ante el Covid-19, el Estado colombiano deberá implementar medidas de bioseguridad y asistencia humanitaria para garantizar la integridad, seguridad y pervivencia del pueblo Siona, especialmente la entrega de material y equipos a la Guardia Indígena.

 

*Imagen tomada de https://www.aa.com.tr/

LO FALSARIO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

Después del descalabrado gobierno de R. Nixon, se impuso que el problema de consumo de las drogas no fuere estimado como un asunto de salud pública, exportándose junto con la CIA y la DEA, como una “Guerra contra las drogas”; significando el afianzamiento de una estrategia de intervención neocolonial de control y dominación en lo político y militar, en sus países satélites y en particular en Colombia. Conviene traer a colación la reunión en Londres, entre el coronel estadounidense Oliver North y el general panameño Manuel Noriega, para intervenir en Nicaragua, apoyando el conflicto armado de la Contra nicaragüense. Se conoce como el escándalo Irán- Contras, durante la administración de Ronald Reagan, que casi le cuesta la presidencia, junto con su “Doctrina Reagan” (1986-1987) y apoyo contra la lucha anticomunista guerrillera en Afganistán. Consistió en un acuerdo secreto de intercambio de armas y misiles de Estados Unidos, para liberar a unos estadounidenses tomados como rehenes por guerrilleros en El Líbano; pero también utilizó fondos oficiales para apoyar con armas a los Contras enfrentados al gobierno Sandinista, invirtiéndolos en cocaína, de los carteles de la droga colombianos.

Bajo el mismo prurito de la “Guerra contra las drogas”, se ejecutó la invasión a Panamá, el 19 de diciembre de 1989, para derrocar a su antiguo socio e integrante de la CIA, general Manuel Noriega, bajo la presidencia de George H. W, Bush (padre), con una movilización de 26.000 efectivos de mar y aire, contra un ejército carente de aviación.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002); luego de los fracasados Diálogos del Caguán, acordaron con el gobierno de los Estados Unidos la intervención militar con la aplicación del Plan Colombia, que continúa con la directriz de la “Guerra contra las drogas” alentada por los actos del 11 de septiembre de 2001 (11S)y hasta nuestros días; registrando el derroche de miles de millones de dólares del erario gringo y colombiano en esa “guerra” y que en Colombia ha significado, hayan hecho “su agosto”, los contratistas de empresas privadas de aviación; los dedicados a la fumigación con glifosato fabricado por la Monsato; los beneficiados con la erradicación forzosa de cultivos, en contra de las comunidades campesinas e indígenas; con grandes, jugosas y ventajosas ganancias, enriquecidos sin mayor esfuerzos y dudosos desvíos de esos dineros al conflicto contrainsurgente y avalando, en beneficio redondo, a los jerarcas de las fuerzas armadas del Estado colombiano.

Esa “Guerra contra las drogas” que ha significado un total fracaso, por lo inútil e improcedente, en un escenario de juegos de legalidades e ilegalidades, aplicado en el conflicto armado interno colombiano, en que la suerte de judicialización o no, va parejo con la finalidad de intereses al gobierno norteamericano de turno para su reelección; ratificando que es precisamente, el logro de grandes precios de la droga- gracias a la prohibición- el mayor estimulo e incentivo para el tráfico de drogas. Cómo afirman los campesinos en El Catatumbo: son los del ejército y los de la DEA, los que imponen el precio de la cocaína.

Pero la dinámica de esa “guerra” en territorio colombiano no se estanca; sino que por el contrario va tomando nuevos giros o injertos de degradación. La capacidad de corrupción de las inconmensurables sumas de dinero e intereses en juego en esa “guerra” reviste particular atención, en cuanto, cómo las fuentes de financiación apuntan a actividades, tanto legales como delictivas, en estrecha colaboración con el crimen organizado y en particular en la zona y territorios de El Catatumbo colombiano, de nuestro interés en la presente, no digo investigación, sino análisis o disertación.

La llamada “guerra contra las drogas” tomó una dimensión de aplicación e injerencia intervencionista en el conflicto armado más prolongado en el mundo: el colombiano.

La fatídica Guerra del Golfo (1991) ha generado una fase que podría llamarse de la profesionalización de la guerra. Profesionalizar la guerra, es convertirla en lucrativa y eso es precisamente lo sucedido en Colombia, al ir pareja a las enormes, pingues, ingentes ganancias y dineros que se mueven a su alrededor en los territorios, incursos. Bajo la concepción de lo “terrorista”, de un conjunto de ideas, propias del engendro de la lucha imperial antiterrorista, resultado del 11S, el imperio elevó a categorías el encauce contra las luchas de liberación de los pueblos y ajuste del control global de sus aventuras anexionistas. Surgieron grupos de personas destacadas, de ropaje y amparo académico; con sustentaciones seudoteorizantes; pero en el fondo de aplicación utilitaria en el rol de la “política” internacional de la potencia imperial. El Departamento de Estado norteamericano concibió “los Halcones de la Guerra” de igual manera a los “Perros Rabiosos” de la guerra; apareciendo como personalidades a manera de oráculos, que dan respuesta a todo lo habido y por haber, maquillados bajo el manto de la sabiduría y la captación de atención. Cada Administración presidencial estadounidense tiene a sus exponentes, como citar a Bolton, luego caído en desgracia, por el despelucado Trump.

EL PASO HACIA LA GUERRA HIBRIDA.

Trump, llegó a reciclar como secretario de Guerra, a un Perro Rabioso de la Guerra del Golfo, el ex general de tropas estadounidense TJ. Mattis. En el año de 2005, éste explicaba sobre la Guerra Híbrida. Utilizaré el termino Guerra, en el entendido que el Derecho Internacional, erradico ese concepto y habla de conflicto entre países con ejércitos y no de guerra. Pero como se trata del manejo técnico que da o utiliza el Imperio, la Guerra Convencional o tradicional, es la que se da entre ejércitos de distintos países. La “Guerra Irregular” es la que se da dentro de un país, enfrentando fuerzas rebeldes y que la normativa internacional define como “conflicto armado interno”. Con la filosofía guerrerista expuesta, el Pentágono aprobó como directiva política de definición, el concepto de “Guerra Irregular”, al mismo nivel de la Guerra Convencional o Tradicional y denomina a los actores insurgentes como “terroristas”; independiente del etéreo concepto de materializar de hecho lo de “terrorismo”. Explicable el uso de esta terminología, porque la invasión a Irak, que era cuestión de meses y que había “ganado” en el año 2003, resultó en una batalla de más de nueve años.

Para el Pentágono, guerra irregular es la que aplica en acciones o batallas en tierra, mar o aire, contra insurgentes y terroristas, por lo general clandestinas. El viraje radica en que el Imperio utiliza y promueve movimientos “subversivos”, de “resistencia”, (contras, autodefensas paramilitares, etc) al interior de países vulnerables, de ingobernabilidad, no viables; para imponer gobernantes subordinados a los intereses del Imperio. En el escenario latinoamericano es lo que piensan aplicar en la Bolivariana Venezuela; en tanto que lo aconsejado, en lo mutante del conflicto interno colombiano, en el que, sin haber triunfado la revolución, se aplicó toda una contrarrevolución, con el uso de fuerzas irregulares internas bajo el paramilitarismo. El trato para Colombia lo circunscriben a países “hostiles”; en el caso de Venezuela, como países “enemigos” en sí.

Más los oráculos de la guerra impulsan la Guerra Híbrida. Esta se explica como la aplicada en países en donde combinan la guerra irregular con la asimétrica. Corresponde asimilar de forma sencilla que asimétrico es lo contrario a simétrico: el modo de estar colocadas las cosas de manera que existen dos partes exactamente iguales. Los sabios oráculos de la Guerra aplican reglas de transformación efectiva, como cambios de algoritmos matemáticos, para obtener efectos sustanciales en el derrotero de la guerra, innovando, para buscar los mismos propósitos; pero ambos lados son diferentes (asimetría). Combinan la guerra irregular con la asimétrica, en el conflicto interno. En el caso de un Estado en conflicto, pues este actúa con sus propias fuerzas armadas. Al aplicar la Guerra Hibrida, ese Estado actúa de manera directa; pero utiliza redes criminales o contratistas bélicos privados, como proxies o reciclados que “lavan la cara”, hacen el trabajo sucio, para mantener la imagen de institucionalidad. Huelga detenerse en el caso colombiano y a todas luces resulta obvio. Para el caso venezolano requeriría de otro desarrollo de exposición concreta. (Consulté y cito el articulo Guerra Irregular, de Eva Golinger-Counterpunch, de EE. UU, publicado el 11/12/2008 en Rebelión.org).

De manera que la comprensión actual del conflicto armado interno, pasa por asimilar lo de Guerra Híbrida, en la que la contraparte estatal colombiana, delega sus actuaciones de enfrentamientos bélicos a agentes domésticos, en un negociado de contratistas privados; utilizando fuentes de financiación provenientes de actividades ilícitas, generalmente de lavado de activos y recursos del narcotráfico y en una relación indisolublemente estrecha y de dominada atadura con el crimen organizado, a quien mantienen como un aliado desechable.

Lo anteriormente expuesto concatena con el uso de operaciones psicológicas contra la población, con la práctica de la mentira y el montaje, engranado con la dictadura mediática, generando confusión, división y conflictos en la sociedad civil.

LA GUERRRA CONTRA LA COCAINA SIRVE AL CAPITAL LEGAL Y AL ILEGAL POR IGUAL.

El caso latente de los enfrentamientos en la zona rural de Cúcuta, por su extensión fronteriza resulta emblemático, en lo de la “Guerra Híbrida”, puesto que la vorágine del conflicto con afectación esencialmente a la sociedad civil está al orden del día. Toda esa franja desde Vigilancia, Puerto Santander y La Fría es teatro de combates presentados entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y el grupo paramilitar de los Rastrojos. ¿Qué papel juega en ese enfrentamiento el ejército y las fuerzas armadas colombianas? Pues el de dejar que se maten entre ellos…Pero no es tal. La declaración del general Villegas, al mando de más de 4.000 soldados de la Fuerza Vulcano y que se comporta como un procónsul o centurión romano, de que a “si hay que sicariar”, pues sicariamos, para acabar con el ELN y para eso están los “pelusos” bajo la afirmación: “pues plata es lo que hay”. Las fuerzas armadas actúan soterradamente. Utilizando las redes de criminales organizadas aplica esos enfrentamientos que por lo general se han dado en territorio colombiano. Sobra resaltarlo, pero el ELN, al parecer diezmó esas estructuras de los Rastrojos y a manera de utilización de desechables, en estos días han capturado las “autoridades” de Policía a más de 20 integrantes de los Rastrojos. Les aplicaron su profilaxis de aliados desechables. También han dado de baja al alias el “Grillo” mando expulsado del EPL, quien con su trabajo de sapa contribuyó al asesinato de su jefe “Pacora”, quien mantenía acercamientos y acuerdos con el ELN y logró -al aliarse con el ejército y paramilitares- el más serio enfrentamiento que se haya podido registrar, entre esas dos fuerzas insurgentes, en la zona de El Catatumbo colombiano, en los primeros meses del corriente año. Divide y vencerás. Con esa etiqueta de aprovechamiento presente, alentaran que se maten unos a otros, sirviéndoles de perilla para justificar su negación al Dialogo.

 La argumentación que todos esos combates ELN- paramilitares Rastrojos, con fuerte presencia del ejército, se han dado en territorio colombiano, obedece a que las fuerzas bolivarianas están consolidadas en grado sumo en la defensa de sus fronteras y análisis de referencia como que Venezuela, según HRW: De ese lado de la frontera operan además las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). “Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure”, denuncia la organización, presidida en América Latina por José Miguel Vivanco.

Así como todos los caminos conducen a Roma, necesariamente al abordar tan espinoso tema de la guerra contra las drogas, el sonajero popular, -la vox populi- marca la pauta e involucra al ejército nacional de Colombia.

En referencia anoto y me refiero a solo uno de los aspectos a que está siendo sometida esa institución de guerra y que la coloca en el momento histórico de mayor desprestigio ante la opinión pública nacional e internacional; puesto que sobre ese tema si hay tela para cortar.

Tomado de fuentes periodísticas que sobra mencionar, el teniente coronel Álvaro Amórtegui Gallego, confirma que el ejército está traficando drogas e intimidan a soldados que denuncian corrupción. Confirma las denuncias de indígenas de elementos corruptos dentro de la 3a. Brigada, involucrados en el tráfico de drogas. En el mes de enero de 2.020 el líder y representantes de víctimas Leyner Palacios, hizo polémicas declaraciones, al ser invitado al Palacio de Nariño, en una carta que personalmente entregó al presidente y en la que textualmente el líder social le dice al presidente: “Niegue que el ejército de Colombia está trabajando junto con narcoparamilitares”. Las comunidades en el Departamento del Chocó reposan sospechas de colusión entre las paramilitares Autodefensas Gaitanistas (AGC)y la Fuerza de Tarea Conjunta Titan y como existen tantos efectivos militares USA en la Séptima División del ejército, ahora al Clan del Golfo lo denominan, los soldados criollos, como mascando chicle: el “Gulf Clan”.

Tan álgida situación, a tono con la aplicación de la Guerra Híbrida y su engendro, la guerra contra las drogas, la traiga a colación pues podría existir malestar en el Pentágono por la criminal asociación de militares colombianos con la que Estados Unidos considera la mayor organización mundial del tráfico de drogas y que socava la legitimidad del gobierno. Ante eso se dio el anuncio de la Séptima División del ejército en Medellín, prometiendo investigar esos vínculos entre el ejército de Colombia y el grupo paramilitar AGC. Indiscutible mente, su comandante, mayor general Juan Carlos Ramírez, sopesa la erosión en búsqueda de pruebas de confiabilidad, confianza, legitimidad, en momentos en que se recibe dineros de los contribuyentes estadounidenses para combatir el narcotráfico, en esta absurda guerra de contrainsurgencia en Colombia.

DE LA IGNOMINIOSA VEEDURIA DEL EJERCITO ESTADOUNIDENSE.

No lo podrá ocultar jamás el general Naranjo y pesará sobre su conciencia. La llegada de 50 efectivos oficiales de tropas élite del Comando Sur del ejército imperial, a las instalaciones del ejército colombiano made in USA, aplica al derrotero de fracaso por lo ineficaz e ineficiente de esa tal lucha contra las drogas en Colombia. Pedro Pueblo no cree que duraran 4 meses. Ante los fracasos tácticos-teniendo a Cúcuta como epicentro- de no poder asentar la cabeza de playa, para invadir a Venezuela: Primero con el hazmerreír del 23F de la “ayuda humanitaria” en los puentes fronterizos y ahora con la derrota infringida a los reconocidos paramilitares “Rastrojos” por parte del ELN. Argumentar que no son tropas para operar, sino para asesorar, revela el efecto de injerir en el asunto interno de efectos sociopolítico, como es la imposición de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, en contrario a la solución política alcanzada con los Acuerdos de La Habana para la traicionada desmovilización de las Farc-Ep. Incluido El Catatumbo como “zona futuro” resulta oportuno destacar que llegan esas tropas élites en el momento oportuno en que por la desmovilización popular a raíz del Coronavirus, centraran sus acciones vandálicas en golpear a la población beneficiada por los cultivos ilícitos como única forma de subsistencia. Además, los fracasos de la invasión por la Guaira (Atlántico-Caribe), ponen al orden del día, la agresión contra la Patria Bolivariana en la extensa zona de frontera colombo-venezolana.

LA SUCIA ESTRATEGIA INFORMATIVA.

En Colombia aplican medidas de los anteriores estados de sitio de la Constitución de 1986, en contraria a la CP91. Toda la información sobre el conflicto armado lo dirige la inteligencia militar desde sus escritorios, en una cadena de desinformación, montajes y engaños. No hay cabida al periodismo investigador y de cuestión.

 Me he dado a la tarea de recopilar las informaciones de la prensa local del Norte de Santander, en lo atinente a los “golpes” que el accionar contrainsurgente de las tropas oficiales dan a “a las finanzas” de la Insurgencia. Desde mayo de 2.019, a la fecha; recrudeciendo la destrucción de laboratorios y decomiso de cocaína en los tres últimos meses del presente año. Así:

El 24-05-19. Descubren en Tibú, el complejo cocalero más grande, que producía 3.000 kilos diarios de cocaína, atribuido al ELN y que representa para ellos un golpe de $7.000 millones de pesos.

04-02-2.020. Destruyen complejo productor de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, con fluido eléctrico para trabajar todos los días.

27-03-2.020. En asalto aéreo y de patrullas terrestres, destruyen dos laboratorios de cocaína, que corresponden a las FARC y al ELN. No indican monto económico.

04-04-2.019. Destruyen en Sardinata dos complejos de estructuras cocaleros y un laboratorio, con producción de 1.500 kilos mensuales de coca. Decomisan 1.118 kilos de clorhidrato de cocaína. 336 kilos de pasta de coca. Que es un duro golpe al Frente Juan Fernando Porras martines del ELN.

15-04- 2.020. Destruyen complejo cocalero del ELN, en Tibú. Que pierden $4.500 millones de pesos. Procesan 150 galones de crudo, para convertirlos en Pategrillo; indispensables para producir cocaína.

16-04-2.20. Localizan y destruyen 8 laboratorios de cocaína, en El Tarra, ¡San Calixto, Tibú, Convención! ¡Así, por que sí!

18-04-2.020. Destruyen complejo cocalero que pertenecería al Nuevo Frente 33 de las Farc. El hallazgo y destrucción fue en zona rural de Tibú, vereda Cuervos. Además, las autoridades hallaron un destilador artesanal o comúnmente llamado ‘marciano’, un evaporador casero ‘gusano’, siete hornos microondas, una prensa hidráulica, dos plantas eléctricas, dos compresores y 10 tanques plásticos. Ubicados 8.091 galones de acetona y gasolina; hallados 680 kilogramos de insumos sólidos, necesarios en el procesamiento del alcaloide. Según el comunicado del Ejército, esta infraestructura estaba avaluada en aproximadamente 5 mil millones de pesos.

26-04-2.020. Hallan en zonas semiurbanas de Arboledas (Vereda Bejucales), Tibú, Ocaña (Pueblo Nuevo), laboratorios de cocaína, pertenecientes al EPL y el de Tibú, al ELN. Decomisan 712 kilos de droga preparada. 16 kilos de cocaína en procesos y 336 kilos de pasta de coca.

27-04-2.020. Hallan Depósitos del ELN en Tibú, donde almacenaban 6.340 galones de petróleo, 1.500 metros de manguera plástica, 13 tubos galvanizados y una piscina. Producían el pategrillo…

28-04-2.020. Ubican y destruyen 21 Laboratorios de cocaína en Tibú y El Tarra, que generan $2.600 millones de pesos…Es un golpe al andamiaje financiero del Nuevo Frenterente 33 de las Farc, de más de $3.000 millones, informó el Ejército. Los laboratorios tenían una capacidad de producción mensual de 2.520 kilos de pasta base de coca. Intervinieron los soldados de la Trigésima Brigada, de la Segunda División, Campaña Militar y Policial Esparta’. De acuerdo con el perito antinarcóticos de la Policía Nacional, el contundente golpe a las finanzas del grupo terrorista asciende a más de 3.000 millones de pesos.

Del 11-05 al 13-05-2.020. Destruyen artefactos explosivos del Eln y EPL, en dos veredas diferentes de Sardinata….Único: no hallaron laboratorios. 13-05. El hecho ocurrió en la vereda Las Pailas de Sardinata, donde se desarrollan labores de erradicación de cultivos ilícitos.

25.05. 2019.Hallan en Tibú laboratorios de cocaína avaluados en $7 mil millones.

Las instalaciones pertenecían al Nuevo Frente 33 de las FARC. Un duro golpe a sus finanzas y a su capacidad de producir droga, en el Catatumbo. Luego de destruir dos laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en Tibú. Podían procesar hasta 3000 kilos de coca al mes… “La Fuerza de Tarea Vulcano continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas con las Fuerzas Militares y Policía Nacional”.

TOTALES. La institución castrense subrayó que, en lo corrido del año, la Trigésima Brigada, unidad perteneciente a la Segunda División, ha destruido siete laboratorios para procesar clorhidrato de cocaína, cinco para pasta base de coca, tres depósitos ilegales y tres semilleros e incautado gran cantidad de insumos. En total 18 locales o lugares en zonas rurales. Lo registrado en el análisis de prensa, es de 42 locales. Solo el 28 de abril de 2.020, anuncian que destruyeron 21 laboratorios de cocaína en Tibú y El Tarra. El estimativo en dinero invertido o costos decomisados es de$30.000 millones de pesos, mayoritariamente atribuidos al ELN. En cocaína e insumos, pasta, totalizan 2.518 kilos. La proyección de dejar de producir cocaína en solo dos laboratorios de los destruidos asciende a 5.540 kilos mensuales.

De manera que quien sabe cómo va el agua al molino y quien le pone el cascabel al generalato para conocer la veracidad de todo ese bagaje de información. Adónde va a parar la cocaína decomisada; puesto que las fuerzas armadas no son agentes judiciales. Qué réditos trae el “descubrimiento” de esa cantidad de laboratorios, en momentos en que el despelucado Trump, presiona, presiona y está que revienta. Además, ningún laboratorio pertenece a narcotraficantes. Cuando los encuentran no apresan a nadie; pero sí indican que son de las distintas Insurgencias. Cuando encuentran caletas de armas de las guerrillas, se cuidan-por lo anotado- de no hallar cocaína y/o insumos. Explicable pues de señalarlos como guerrilleros en rebeldía operaria lo de la conexidad del delito político, que no depende del calificativo del partido o secta de gobierno; sino de la jurisprudencia internacional, al respecto. O simple y llanamente, porque no son de las guerrillas.

De manera que como impera el estado de cosas inconstitucional (eci) y el ejército es “un Estado dentro del Estado”, pues el Tío Sam les impone la Veeduría de las fuerzas élites de seguridad del Comando Sur de Estados Unidos. ¡Que desgracia!

 

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Cuál choque de trenes ni que carajo…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

INTRODUCCIÓN. Corresponde aclarar que la Corte Constitucional de Colombia, en fallo normal de ajuste del ordenamiento jurídico interno, ha reconocido la obligatoriedad de Colombia, como Estado Parte, en el concierto internacional, de garantizar la segunda instancia a todo quien haya sido condenado en única instancia, así sea funcionario aforado.

Andrés Felipe Arias Leyva, fungió como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en 2005, durante el primer mandato del narcoparamilitarismo en Colombia. Durante su gestión estuvo salpicado en el escándalo de la hacienda Carimagua, de 17.000 hectáreas, propiedad de la nación, ubicada en el municipio colombiano del Departamento del Meta, en Puerto Gaitán, una de las regiones petroleras por excelencia y escenario del paramilitarismo, como política oficial contra insurgente que aplica el ejército colombiano. Hizo los trámites para que el predio fuera entregado a los latifundistas y ante el escándalo suscitado reculó. Por no tratarse de un gobierno popular, los predios se destinaron a la explotación de la producción de bio combustibles, sembrando Palma africana y maíz con capital lavado del narcoparamilitarismo; la asistencia internacional y bajo el ropaje de legalidad de la estatal Ecopetrol. Los campesinos fueron despojados de sus tierras en Carimagua, condenados a ser peones o apareceros de uno que otro patrón. Una grosera copia del modelo malayo de exportar lo agrícola e importar alimentos agrícolas.

En otro descalabro del exministro Arias, el cual le costó su libertad, aplicó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Su gestión buscó consolidar la producción de biocombustibles en Colombia para auto abastecer al país a base de caña de azúcar y palma africana. Esto con relación a la crisis alimentaria mundial (2007-2008) y al debate que generó la destinación de alimentos para abastecer la demanda por combustibles más baratos. Hacia la extranjerización de la tierra y la consolidación de la gran plantación habría favorecido a acaudaladas familias del Magdalena y del Valle del Cauca.

Agro Ingreso Seguro (AIS) fue una línea de crédito FINAGRO- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – o del gobierno colombiano, para entregar préstamos con bajas tasas de interés con destino a desarrollos agropecuarios, a agricultores colombianos, víctimas de despojos y de la violencia paramilitar substituido por Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

Estalló un escándalo por corrupción alrededor de AIS, siendo beneficiadas, en la práctica, con donaciones oficiales, familias de latifundistas como los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, Davilo Jiménez, (subsidios de $2.200.000.000 de pesos colombianos) hasta la reina de belleza, Valerie Domínguez Tares. Todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200 millones de pesos por el mismo concepto. Que la mayoría de los beneficiados fueron aportantes a la campaña de reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue tal el festín que los titulares segregaron las tierras a nombre de familiares, para así obtener mayores montos de subsidios. Tal desfalco, en su equivalente en cientos de millones de dólares, no fueron recuperados por el erario público. Todos los hechos de corrupción ocurridos durante el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) conllevaron a que el 03 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado a favor de terceros, por lo cual se le condenó a 17 años y 4 meses de prisión.

LO DECIDIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

Habíamos anticipado que procedería la Tutela interpuesta por Uribito alegando-como condenado y por el régimen de aforado- que tenía derecho a impugnar la sentencia en su contra, por ser de única instancia y no haberle concedido el derecho universal de la doble instancia o “doble conformidad” acorde a la expresión técnico-jurídica. Lo sucedido no es un triunfo para la “democracia” en Colombia, en donde no existe tal, en tanto se imponga la actual legislación electoral, corrupta, clientelista y de casino, que permite que un sub presidente- que no es mi presidente- permanezca, con avalada legalidad, pese al fraude de la ÑEÑE política. Pero Sí es un triunfo para el Estado de Derecho, en Colombia.

Al darse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 30 de enero de 2014, condenando al Estado de Surinam a conceder la revisión de sentencia condenatoria de un ciudadano que había sido condenado en única instancia, corresponde a todos los Estados Asociados acogerse a ese efecto, que en en el caso colombiano se dio con el Acto Legislativo 01 de 2018, por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Ese, ni lo actual, constituye un logro de la secta o partido político centro democrático (CD). El Innombrable, en su ego idolatra, utilizó la dictadura mediática para que la llamaran en cita a su pupilo “y buen” muchacho “la ley Arias” y así la tramitó, con parafernalia publicitaria, el Congreso, con mayoría de derecha narco paramilitar.

El artículo 3° de ese Acto Legislativo, modificó el artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91) el cual quedará así: “.5. Juzgar, a través de la Sala Especial de Primera Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomática o Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.  6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

La suerte del Uribito está echada desde que huyó a USA y fue extraditado, a pagar la condena en Colombia. Al interponer la Tutela, pidieron medida de excarcelar y no les prosperó. ¡Aja!, prueba que no la pedirán en el alegato de la doble conformidad, por que como sede de instancia la Corte Suprema puede decidir que no continué pagando la pena en un casino de oficiales milicos, sino en La Picota, como corresponde. Pidieron que la segunda instancia-en forma personalizada y prepago- se cumpliera ante un Tribunal Especial y la Corte Constitucional no les otorgó tal abuso y exabrupto jurídico.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia falló conforme a derecho y en sustento a las pruebas. Si es sólida y los nuevos magistrados en Sala Penal-que son diferentes- no se tuercen ante el dios mercado y dinero, pues obvio que la sentencia condenatoria se confirma. Si no resulta, pues queda la instancia de la Justicia Popular en Colombia. Desde ya aclaro, que no se trata de la Justicia Insurgente, puesto que a este actor político le importa un bledo la suerte moral del Establecimiento constitucional que por principio rebelde ataca y busca destruir. Déjese de pensar en justicialismos guerrilleros. Si fuera así hubieran aplicado el “ojo por ojo” ante el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y ante el actual del asesinato selectivo y sistemático de líderes y lideresas sociales.

Corolario de lo anterior: 1. La aplicación de la doble conformidad, reitera el valor del Derecho Internacional y el acatamiento de lo dispuesto en sus actos e instancias; por lo cual coloca al régimen del sub presidente actual a la ineludible exigencia de otra conducta, respecto a respetar los Protocolos, asentados en Ginebra, de garantías para que la Delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) pueda regresar al país y se respete la soberanía de la gloriosa Cuba Libertaria. 2. Cese la conducta de perjurio contra el ELN, contra Cuba y consecuencia diplomática con los países garantes y acompañantes (Noruega, Venezuela, etc.); en la búsqueda del fin del conflicto armado en Colombia. 3. Se defina la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los delitos radicados contra el Innombrable.4. Cuéntese como un golpe político al Innombrable y su aspiración fascista a la creación de una Sola Corte en Colombia.

 

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La captura de la Merlano y los ejercicios conjuntos militares

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

UNO. Y DE LA MERLANO ¿QUÉ?

Tan exacto como desconocer el desgobierno colombiano los Protocolos de Protección a los voceros insurgentes del E.L.N y de paso ofender a un país garante como Cuba; pretender que un anodino “presidente interino” insignificante, ridículo, incapaz, vacío, suso, insustancial, carente de juridicidad, como de jurisdicción; carente de control territorial, sin autoridad sobre fuerzas policiales y el aparato judicial de la República Bolivariana, pueda tramitar una solicitud de extradición o cualquier trámite por simple que sea.

Lo de La Merlano se trata de un caso de extradición pasiva: en alusión a la solicitud del Estado (no el gobierno) colombiano al Estado (no al gobierno del presidente Maduro) de la República Bolivariana de Venezuela, de solicitar a esa persona que ya fue condenada por las autoridades (no justicia) judiciales colombianas. Técnicamente es una “acción de entregar”, no de extraditar a La Merlano como delincuente condenada. Esa “acción” se genera en Colombia por la autoridad judicial (Corte Suprema de Justicia) no por el desgobierno en cabeza del presidente títere que nos representa. La función del Poder Ejecutivo,en el caso de marras, radica en la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de incoar (hacer la primera gestión) la “acción de entregar”, vía Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ( no al aparecido Guaidó), para que mediante el aspecto técnico procesal corresponda al máximo Tribual venezolano, resolver soberanamente sobre la suerte de La Merlano.

La dictadura mediática imperante en Colombia, desvía la atención en Guaidó; pero como efecto bumerang facilita al gobierno legítimo y constitucional bolivariano del presidente Maduro, entrar en escena. Simplifiquemos la situación: La Merlano fue detenida en Maracaibo por indocumentada, no por delito alguno cometido en territorio venezolano, ni porque existía una orden de la Interpol. No sea que haya sido una estrategia de sus abogados dado el desgobierno colombiano en materia de relaciones internacionales y política exterior.

Ella, La Merlano, puede solicitar asilo e inclusive refugio. No porque sea una perseguida política en Colombia, aun cuando a la luz de la Convención de Ginebra puede incoar el refugio porque su vida peligre en Colombia (circunstancias objetivas y particulares de su proceso penal). Además- en gracia de discusión- ella como ex senadora, no fue juzgada por la jurisdicción ordinaria en lo penal. Lo fue por un Tribunal de excepción (así lo haya sido la Corte Suprema), por lo de su fuero de Congresista y con esa calidad y ante esa excepción, la normativa del derecho internacional prevé que, en su caso, no prosperaría la solicitud. Quepa aquí que entre profanos, la llaman extradición y entre doctos en la materia- egresados de la Universidad Nacional de Colombia, por puro ejemplo- se denomina la solicitud de entregar a una condenada colombiana que está en un país soberano, a toda prueba, como la República Bolivariana Venezuela.

De otro lado, como el reconocimiento de “presidente provisional” no obedece a presupuesto tipificado del Derecho internacional Público, sino resultado de la política de las cañoneras del imperio gringo, esto de la captura de La Merlano contribuirá a que el presidente Maduro, con su capacidad de estadista demostrada y comprobada, gane puntos. Ya se anuncia que la Fiscalía Bolivariana la interroga. Que relata todo el historial de delitos y corrupción en Colombia por parte de una casta politiquera corrupta en el poder y avalada por un sistema electoral corrupto, como el que más, ante el mundo.

Y ojo: Siendo que la condición de asilado es facultativo soberanamente del presidente Maduro; el no reconocimiento de la condición de asilada a La Merlano, no impedirá la denegación de su entrega, por cualquiera de las causas previstas en la ley venezolana y/o tratados internacionales y en cabeza del Juez de esa República…

Presenciaremos el desenvolvimiento del acontecer comentado, con la seguridad que la independencia y soberanía de la Venezuela bolivariana dará otra lección histórica a la decadente oligarquía de castas politiquera y de militares en franca decadencia en Colombia.

DOS: DEL TRÁNSITO DE TROPAS EXTRANJERAS EN COLOMBIA

A partir del 27 de enero de 2.020, el despliegue noticioso en Colombia centró en los ejercicios conjuntos militares de Estados Unidos y Colombia. Con el prurito de reafirmar las capacidades de reacción y combate de las Fuerzas del ejército colombiano y en constante entrenamiento de una fuerza potencialmente agresora. El sitio de estacionamiento de las tropas extrajeras lo fue la Base Militar de Tolemaida, una de las siete tristes conocidas como bases militares de los Estados Unidos en Colombia. Participaron tropas de los Estados Unidos, de Brasil y de Colombia. En esa Base funciona el Centro Nacional de Entrenamiento de las Fuerzas Militares. El lacayo Ministro de la Guerra colombiano, Holmes Trujillo, en perorata oficial de mancomunada conducta, resaltó que era un esfuerzo con el fin de enriquecer en el ejercicio de la cooperación internacional. Se necesita verdaderamente tener agallas para resaltar esa connotación. Toda la oficialidad y generalato colombiano estuvo bajo las vergonzosas órdenes del Comandante del Ejército Sur de EEUU, Daniel R. Walrath, quien ejemplifico el lema de ese ejército de defensa de sus intereses geopolíticos, disfrazados de fraternidad. Para él la fraternidad, unida a hermandad compartida, los mueve a proteger de la manera más segura “la forma de vida en nuestro vecindario (léase patio trasero) del hemisferio occidental y nuestros valores compartidos de democracia, soberanía y libertad individual”.(Su accionar en el mundo demuestra lo contrario) Pero en realidad de verdad, como lo resalta el analista político Álvaro Villarraga Sarmiento, esos ejercicios fueron una demostración agresiva y fatal precedente para la búsqueda de la salida política al conflicto armado interno colombiano.

La explicación oficial del gobierno colombiano y su cacareada mediática la centran en la lucha contra las drogas y el terrorismo. Manido argumento ante el fracaso de esa guerra, con la penosa ansiedad de agredir al soberano país bolivariano.

Conviene resaltar qué legitimidad acompaña al gobierno colombiano en permitir la presencia de esas tropas de asalto especiales, de dos países, en el territorio nacional

La espuria y como tal falsa e ilegítima orientación justificante de los ejercicios conjuntos e intercambio de experiencias, basados en convenios internacionales, deja el sinsabor del engaño a la opinión pública y la violación crasa a la Constitución Política. De igual manera el manido argumento, traído de los cabellos, de la permisividad de esa conducta por ser Colombia miembro de la Otan.

El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia 1991(CP91) expresa: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Y el artículo 94, ibidem, “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los Convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.

Significa lo anterior, que prevalece y debe acatarse lo especial determinado en los presupuestos de hecho de la norma. Es así como el artículo 173 de la CP91, atribuye al senado: “Permitir el tránsito de tropas extranjeras”. La presencia de más de un centenar de efectivos de tropas de EEUU y de Brasil, para el ejercicio de las mencionadas maniobras en Tolemaida, significó el ingreso y por ende el tránsito de más del centenar de tropas extranjeras, estacionadas en territorio nacional, de forma inconstitucional. Transitar alude a pasar por una vía pública, terrestre o aérea. Esas tropas penetraron el espacio aéreo colombiano y viajaron por tierra en Colombia. Permanecieron varias días, es decir, haciendo estaciones, paradas etc. Indiscutiblemente significó, las tales maniobras conjuntas de ejercicios militares, una excusa para la presencia militar estadounidense en Colombia y la ratificación que la Base militar Tolemaida, es una Base militar del ejército estadounidense, en contrario a lo discernido por el Consejo de Estado en Colombia con relación a esa materia. La comandancia del ejército, así sea en cabeza del presidente, no tiene la capacidad constitucional de autorizar, mutuo propio, esos ejercicios.

La lectura de esos ejercicios conjuntos de maniobras de los ejércitos de Colombia, Brasil y Estados Unidos, constituye un mensaje de agresividad a la libre determinación del pueblo y del Estado Bolivariano. Demuestra la posición de una línea militarista en la conducción del Estado colombiano, potencialmente agresiva para la estabilidad del continente latinoamericano y acción contra insurgente interna, en contrario al mandato del artículo 22 de la CP91: “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

 

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Colombia firma finalmente el Acuerdo de Escazú: apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolás Boeglin

Este 11 de diciembre del 2019, finalmente se oficializó en Naciones Unidas la firma del Acuerdo de Escazú (instrumento regional suscrito en Costa Rica en el 2018) por parte de Colombia: véase notificación oficial de la Secretaría General. En las líneas que siguen desmenuzaremos el alcance de esta firma, que no se deja ver en el escueto documento circulado por el departamento de tratados de Naciones Unidas.

Ello no sin antes recordar que, para que un tratado internacional sea vigente en el ordenamiento jurídico de un Estado, este último primero debe firmarlo (una atribución que recae usualmente en el Poder Ejecutivo) y luego aprobarlo (una postedad tradicionalmente reconocida al Poder Legislativo): el negarse a firmar un instrumento internacional impide a sectores políticos y de la sociedad civil iniciar una campaña para lograr su ratificación.

El resultado de una fuerte presión de la sociedad civil colombiana

La palabra «finalmente» usada previamente obedece a la fuerte movilización de organizaciones ambientales y sociales en Colombia, desde que oficialmente el Poder Ejecutivo colombiano afirmara que no iba a firmar este tratado, aduciendo un sinnúmero de razones tan insólitas como falaces (véase por ejemplo nota del prensa de RCN del 30.09.2019).

Cabe señalar que la víspera de la firma, es decir el 10 de diciembre del 2019, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) participó en la ciudad colombiana de Cartagena a una actividad en homenaje a líderes sociales y defensores de los derechos humanos en la que afirmó que:

«Combatir la violencia que se ejerce contra estos defensores de los Derechos Humanos es una responsabilidad de los gobiernos, pero también de nuestras sociedades, de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas y de la comunidad internacional. Es una responsabilidad y un deber sagrado compartido por todos» (véase texto de su discurso).

La decisión del Poder Ejecutivo de Colombia de firmar el Acuerdo de Escazú en semejantes condiciones merece mención y anuncia que la campaña por lograr su debida ratificación será bastante álgida. No está de más precisar que durante las negociaciones del Acuerdo de Escazú (2014-2018), la delegación colombiana se mostró incómoda, presentando diversas propuestas en aras de reducir el alcance de varias disposiciones del futuro instrumento.

«No firmaremos el Acuerdo de Escazú porque…»: un insólito unísono oído en Bogotá y en Santiago (y en ninguna otra parte)

Con ocasión de la PreCop25 celebrada en Costa Rica en octubre del 2019, habíamos tenido la oportunidad de señalar lo inédito que resultaban las posiciones de Chile y de Colombia de no firmar un instrumento regional como el Acuerdo de Escazú. En esta nota publicada en el sitio de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, titulada: «Ambiente y Derechos Humanos: el Acuerdo de Escazú a un año de su firma«, nos permitimos señalar que:

«La ausencia de la firma de Chile, de Colombia y la de otros Estados podría revertirse en caso de que algunos Estados de la región, por alguna razón, cambien súbitamente de parecer e inicien su propio proceso en aras de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia ambiental.»

La posición de Chile así como los argumentos (un tanto originales) esgrimidos por parte de sus máximas autoridades fueron desmenuzados y desvirtuados uno tras uno en esta emisión producida en Chile del programa «Las cartas sobre la mesa» por parte de representantes chilenos de la sociedad civil (véase emisión disponible en este enlace).

Con relación a aspectos estrictamente jurídicos, remitimos también a nuestros estimables lectores a una entrevista titulada «¿Cuál es el tratado de derechos humanos y ambientales que Chile y Colombia se rehúsan a firmar?» realizada en noviembre del 2019, disponible en este enlace, en la que hacemos ver la verdadera revolución jurídica que proponen Chile y Colombia al presentar una serie de argumentos sobre las consecuencias de la firma de un tratado que desconoce … la misma Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969 (véase lo que dispone el artículo 18 de dicha convención).

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada «Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina», 30 de julio del 2019

El Acuerdo de Escazú a más de un año desde su firma

El tablero oficial sobre el estado de firmas y ratificaciones del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial), con 22 firmas pero tan solo cinco ratificaciones obtenidas en poco más de un año evidencia que a algunos sectores políticos (y a influyentes sectores económicos) no les interesa en lo más mínimo que se combine la protección de los derechos humanos con la defensa del ambiente.

En días recientes, el Ejecutivo de Paraguay optó por retirar el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú en trámite en el Congreso, causando un profundo malestar entre diversos sectores paraguayos (véase nota de prensa de Última Hora del 2/1/2019): no se tiene claro si el señor Arzobispo confundió este instrumento con otro texto al que se opone la Iglesia Católica sobre derechos humanos.

Es de notar que entre las firmas ausentes, figuran, además de las de Colombia (hasta este 11 de diciembre) y la de Chile, las de Cuba, El Salvador, Honduras y de Venezuela.

La COP25 que se lleva a cabo en España en este mes de diciembre constituye una ocasión propicia para que algunos Estados de América Latina reafirmen su compromiso con la defensa del ambiente y los derechos que ello conlleva para las comunidades y las organizaciones ecologistas.

Como bien lo señala una misiva colectiva de entidades colombianas,

«La firma de este Acuerdo representa también un compromiso con la agenda climática de Colombia y se convierte en un nuevo acercamiento del Gobierno Nacional con la democracia ambiental y las y los defensoras/es de derechos humanos y ambientales del país» (véase texto del Comunicado de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, con fecha del 10.12.2019).

Hay que agradecer a Bolivia y a Uruguay por haber sido los primeros en América Latina en depositar su respectivo instrumento de ratificación en la Secretaría General de Naciones Unidas, al tiempo que persisten interrogantes muy válidas sobre la ausencia de Costa Rica como Estado Parte a este novedoso instrumento (habiéndose transcurrido más de un año desde que puede serlo).

A modo de conclusión

Las organizaciones colombianas que lograron obtener esta firma por parte de Colombia podrían compartir su valiosa experiencia con sus homólogas chilenas: a pesar de haber sido, con Costa Rica, un activo promotor durante más de cuatro años de las negociaciones que culminaron en el 2018 en Escazú, y a pesar de la movilización de organizaciones sociales exigiendo mayor coherencia por parte de sus autoridades de cara a la COP25 inicialmente prevista en Santiago, Chile se resiste a firmar el Acuerdo de Escazú.

La movilización de organizaciones ecologistas colombianas permitió, entre muchas otras acciones, una publicación extremadamente completa (cuya lectura se recomienda y que puede interesar a muchos otros Estados de América Latina), titulada “Colombia y el Acuerdo de Escazú” (véase texto integral ), en la que se concluye que:

“Son alarmantes las cifras de conflictos ambientales y de asesinatos de defensores y defensoras del ambiente en Colombia. A pesar de contar con una amplia legislación en materia de información, participación y justicia ambiental en Colombia, la conflictividad ambiental en el país se agudiza cada día. El Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta de vital importancia para cambiar esta situación en el país” (p. 89).

Un amicus curiae presentado el pasado 6 de diciembre por diversas entidades internacionales en la causa penal que enfrenta el líder mapuche en Chile Pascual Curamil Millanao (véase texto completo, cuya lectura también recomendamos) nos viene a recordar la opción latente de algunos Estados (y sectores económicos) de optar por criminalizar a líderes comunitarios y ecologistas en América Latina, con la única finalidad de intimidar a los integrantes de sus comunidades.

Nótese que en América Latina, los dos Estados en los que se están dando fuertes movilizaciones y protestas sociales en este cierre del año 2019 coïnciden con los dos únicos Estados cuyas autoridades adujeron oficialmente oponerse a la firma del Acuerdo de Escazú.

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica UCR.

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Tsunami de no-violencia en Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

 

«Todas las revoluciones son imposibles,

hasta que se tornan inevitables.»[1]

[1] Consigna pintada por estudiantes, después de la última toma del edificio de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica.

Hasta ahora la violencia parecía haber ganado en Colombia. El ejército justificó a la guerrilla y viceversa; los paramilitares[1] a otras formas populares de auto defensa; los «vándalos» a la policía, de donde ha surgido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para prever motines, aunque también los provoca. Por eso aparecen los encapuchados que defienden a los manifestantes. Todos comparten que el fin justifica los medios y que la violencia se combate con violencia. El narcotráfico suma guardaespaldas y sicarios a ese coctel. Así, la «maldita violencia» parecía haberse enquistado en la cultura, reforzando los comportamientos patriarcales[2]. Sus principales víctimas han sido los más vulnerables: niños, jóvenes, mujeres y ancianos[3]. ¿Un ejemplo emblemático? Dilan Cruz, él luchaba por su educación, haciendo valer su derecho constitucional, cuando un arma del ESMAD le alcanzó en la cabeza. ¿Cómo se llama un policía que asesina a quien debe proteger? El alto mando tendrá que hacer milagros para justificarlo[4]. Un joven soldado se suicidó a raíz de ese conflicto. Por décadas, Colombia ha visto morir y partir a demasiada gente inocente.

Y, a pesar de todo, la gente sigue sonriendo, amando, bailando y conquistando cimas deportivas. La alegría, las bellas canciones, la extraordinaria ironía, tanto como la crítica, son modos cotidianos de resistencia. Uno de los países más felices del mundo es también el más desigual de la OCDE y el segundo de América Latina con media fuerza laboral en la informalidad. Por eso, hoy una inmensa mayoría defiende su derecho a vivir en paz. Solo una minoría prefiere mantener el estatus quo que beneficia al 1% de la población y a sus socios extranjeros, en perfecta sintonía con el autoritarismo neoliberal, propio del «capitalismo salvaje».

El pasado 21 de noviembre, el pueblo respondió masivamente al llamado de las organizaciones sociales en todo el país. Había más de cien razones para protestar y más de mil para defender la vida. La primera es el derecho a indignarse. El senador Gustavo Bolívar contaba 247 líderes sociales asesinados, 77 en lo que va del año. En enero pasado, la ONU urgió al Gobierno sobre la matanza de líderes indígenas. Hace pocas semanas, el ejército bombardeó un campamento guerrillero y mató a 8 niños (los lugareños dicen que podrían ser más). El Ministro de Defensa tuvo que renunciar. Son goterones en un vaso que ya estaba relleno con los 2248 «falsos positivos»[5], tema por el que se indaga judicialmente a Álvaro Uribe. Así que a nadie extraña la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad.

En Boyacá, donde el gobernador no permitió la entrada del ESMAD, la multitud protestó en forma pacífica[6]. La prensa independiente jugó un papel crucial en la divulgación. En todas partes la asistencia fue multitudinaria, pese a las provocaciones y amenazas del «uribismo» y los desplantes militares del nuevo Ministro de Defensa. Después, un ruido espontáneo de cacerolas, que se oyó en todas partes, dijo ¡basta! Los colombianos exigen que se cumplan los acuerdos de paz y se oponen a más proyectos confiscatorios. Los jóvenes dicen que les han quitado la salud, la educación, el empleo, el futuro; incluso les han quitado el miedo. Ahí está la clave de esta coyuntura. Por eso se está desplomando el «uribismo», incluso en Medellín.

La reacción del presidente Iván Duque ha agravado las cosas. Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, le dijo cómo aplacar la protesta. Entre otras cosas, que era momento de ser humildes, reconocer errores y hacer concesiones. Pero el presidente no entiende qué es «diálogo social», o se hace el desentendido[7]. Tras la gran marcha, reconoció el derecho a protestar y dijo estar escuchando, pero solo habló de «vándalos» para alabar a sus «héroes»: los policías. En plena desobediencia civil, siete días después se había reunido con los ministros, con los alcaldes, con los empresarios, pero no con el Comité del paro nacional. ¿Esperaba que la gente se cansara? Luego, propuso «conversar» sectorialmente (divide y vencerás), lo que fue rechazado.

El presidente no entiende que debe rendir cuentas a quienes pagan su salario, igual que policías y militares; no solo a su partido político. Ganar una elección no da derecho a usurpar el poder. El «uribismo» se tapa los oídos para insistir en una maniobra desestabilizadora y pirómana de sus oponentes. Al presidente nadie le había pedido la renuncia, sino que asumiera su responsabilidad, pero dijo que quieren arrebatarle «con violencia» lo que no pudieron ganarle en las urnas, como si su victoria hubiera sido brillante. Ahora, procura ignorar que muchos de sus electores se han convertido en manifestantes. Ha reprobado en lectura política, en empatía, en liderazgo, cuando ya rondaba el 70% de desaprobación.

Las protestas no cesan, el pueblo ha multiplicado su unidad y solidaridad, su fuerza pacífica crece con arte en las plazas; su participación plantea el dilema democracia o neofascismo[8]. ¿Quién manda en una democracia: la ciudadanía o el gobierno; los representantes o los representados? ¿Para qué sirve la violencia del Estado: para proteger a los ciudadanos o para aterrorizarlos? En uno de los países más violentos de América Latina, el pueblo ha izado la no-violencia en el asta más alta de la patria. Según Diana Uribe, se celebra la historia, es decir, la evolución incesante de la sociedad y la cultura. Una multitud sin miedo revive la idea de Mahatma Ghandi con yoga y música en la calle. En Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, la «hiperpotencia» popular en estado de rebelión está reuniendo la fuerza marítima de quienes digna y creativamente exigen justicia y paz[9]. Si sigue firme obligará a evacuar, cuando menos, a los corruptos del gobierno, el ejército y la policía. Por el bien de todos y el futuro de los que vienen, hay que derrotar pacíficamente a los violentos ¡Basta ya y nunca más!

[1] Se trata de mercenarios que actúan en la ilegalidad donde la represión del Estado aún no alcanza.

[2] Ver: Betancur, JM (2000) Moscas de todos los colores, historia del barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934. Santa Fé de Bogotá, Ministerio de cultura.

[3] Colombia también tiene una alta tasa de femicidios con una impunidad encima del 90%.

[4] Álvaro Uribe, líder del «uribismo», ya intentó justificar el bombardeo de niños y los actos represivos del ESMAD. La senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, publicó de manera expedita: Dilan era un vándalo.

[5] Así se llama a los muertos presentados por el ejército como guerrilleros para mejorar sus resultados. Esas «ejecuciones extrajudiciales» son una práctica de lesa humanidad conocida por Estados Unidos cuando menos desde 1984.

[6] Daniel Quintero, alcalde de Medellín, también pidió al ESMAD no intervenir, pues no era necesario (#LAVIDAESSAGRADA).

[7] Algo que atizó la indignación fue ver al presidente evadir a un periodista, que le preguntaba sobre los niños bombardeados, diciéndole: «¿De qué me hablas, viejo?»

[8] Neoliberalismo + represión = Neofascismo. ¿El paradigma? Augusto Pinochet.

[9] Dussel, E (2016 ) 10 tesis de política. México: Siglo XXI y CREFAL. Tesis 12, pág. 94.

 

Foto de: http://www.resumenlatinoamericano.org/

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APORTE A UN ANÁLISIS DEL PASADO DEBATE ELECTORAL

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

Un evento político como el desarrollo de las pasadas elecciones del 27 de octubre de 2019 en Colombia, contribuye al análisis de la situación política concreta del país, sin que signifique sea el derrotero electoral el determinante para identificar la situación política nacional y del movimiento popular en Colombia.

Con esfuerzo de concentración aspiro no desviarme del objeto del presente artículo al destacar el civilizado comportamiento de las fuerzas insurgentes (ELN, EPL, Nuevas Farc-ep) en torno al desarrollo del cuestionado debate electoral en Colombia. Por primera vez, en varias fechas electorales, no rigió un cese al fuego unilateral y pese a ello no imperó el saboteo y primo la permisividad al libre ejercicio del derecho ciudadano a acudir a las urnas.

Tema aparte corresponde al analizar el toque a fondo de un sistema electoral corrupto en contrario a la sana práctica de la política, expresado en los registros de violencia salvaje inter partidaria que caracterizo el evento electoral y el significativo rechazo al sistema de escrutinios que mantiene en vilo la tranquilidad ciudadana en varios municipios del país, precisamente porque a algunos no les salieron las cuentas de inversión y de derroche de dinero para el logro de sus aspiraciones. Dejo así, no sin la mofa de que “el día de la quema se ve el humo”.

La metodología para abordar el tema bifurca consideraciones como la de incidencia de los resultados electorales en el viraje gubernamental de un gobierno caracterizado por la improvisación, el desgobierno, la falta de caracterización y capacidad del gobernante de turno y por ende imprimir un timonazo de desgobierno, en el sentido de perturbar el mal orden de gobierno imprimido o con caracterizada impresión de descalificación en variados aspectos. Otro, el definir una línea de acción del movimiento popular colombiano consecuencial a la búsqueda de la solución a los grandes males que aquejan a la población. Así planteado, no está al orden del día la toma del Poder Popular como la eficacia de aplicaciones dinámicas en la equivalencia de fuerzas políticas en el escenario nacional, para salir avante, tanto en la búsqueda de la solución política al conflicto armado interno colombiano; como la sintonía con la tendencia pos capitalista y de manejo alternativo al cambio del modelo económico neo liberal, acorde con la nueva ola de tendencia progresista que cabalga en Latinoamérica.

CONTRIBUCIÓN DESDE UNA CULTURA DEMOCRATICA

Para proceder a conocer el resultado de lo actual conviene el recuento de cuál fue el cálculo que impuso la hegemonía en el manejo del Estado colombiano, luego del fracaso del experimento contra insurgente paramilitar.

El impulso personalizado en un sujeto de extracción del campesinado rico, en dos periodos presidenciales consecutivos que plasmó una década de horrible noche de Terrorismo de Estado, dio paso a un cambio de “política de encerrona” de la rancia oligarquía y el predominio de la tendencia socialdemócrata (que con beneficio de inventario aceptemos como de Centro), para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno colombiano. La filosofía de esa “tendencia” fue de gatopardismo: “anunciar que todo cambia, para que nada cambie”. Los dos periodos de Juan Manuel Santos, convergieron en los Acuerdos de La Habana y el Teatro San Carlos, logrando – que no la paz- sí un fin del conflicto armado con la insurgencia de las Farc- ep y su desmovilización y entrega de armas “a cambio de nada”. En interés de confluencia nacional e internacional tanto el imperio vio y apoyó una salida bajo la sustitución de cultivos con base realista de ataque a los cultivos de coca y golpe a la producción de cocaína. Se manifestó el entusiasmo de la Banca internacional. El ansia desmedido de los intereses inversionistas extranjeros con fauces de invasores. Se plasmó todo un programa mínimo de alcances democrático populares…hasta que llegó el cálculo de tahúr y el abrazo de oso, del concebido referendo por la paz que dio triunfo al NO y la subsecuente echada por la borda de los Acuerdos de La Habana hecho trizas. La no implementación de los Acuerdos con la aplicación de la “enredadera jurídica” con la quinta columna en ejercicio del poder legislativo y judicial, que sin haber sido Delegados Plenipotenciarios de lo firmado, se dieron a la tarea de sembrar la confusión, quitando la naturaleza y esencia de lo firmado y con una práctica de malas artes leguleyas, hacen transito al despojo de lo esperanzadamente logrado.

 Recalco con alusión a lo referenciado, por la caracterización de ser un acto electoral como el llamado plebiscito refrendatorio, bajo el imperio de un sistema electoral amañado, el que cambio- desde entonces- la tendencia política de “Centro” a una de derecha militarista y guerrerista contra insurgente, expresado en el Bloque de Poder Hegemónico de Derecha Contrainsugente y retomando lo enunciado, concluir que es nuevamente un “acto electoral” ( el del 27 de octubre) el que redirecciona la política de derecha militarista de la hegemonía oligárquica en el poder a una con asomo de Derecha a secas.

Lo anterior significa que en Colombia todos esos matices de centro-derecha, centro-izquierda, son una entelequia o sofisma de distracción. Lo irreal relevante radica como método de clasificación de dos partes que constituyen la base de las leyes de los contrarios en la definición de los dos caracteres concretos: la derecha o la izquierda, en política. El resto de matices y sub matices de predominio o no, es metodología que se aplica en el entorno explicativo de lo mecánico electoral del Establecimiento.

Es decir, presentan dizque un “nuevo” mapa político con estos un poco más a la izquierda, aquellos más cerquita de la derecha, esos otros al centro derecha (!) y los del centro izquierda, casi se tocan etc, etc.

De manera que al aceptar o calificar que las elecciones pasadas del 27 de octubre constituyen un punto de inflexión, corresponde caracterizarlo como retroceso a la salida guerrerista, de terrorismo estatal, encarnado en el Uribismo, sí; pero no por ello exento el predominio de una tendencia en hegemonía de derecha contrainsurgente. Forma esta de salvaguardar el estado de cosas. En estos términos no hay un triunfo democrático de viraje de caracterización de una nueva política de Estado. Esta será un logro conquistable.

No hay derecha moderada, solo a secas derecha. El hecho político sucedido por el resultado electoral derrota la tendencia militarista, guerrerista y de aplicación de Terrorismo de Estado para policial. Pero queda intacta, casi sin modificación la tendencia de derecha contrainsurgente que subsume todo el problema del conflicto interno. En ello está el quid de la salida política al conflicto armado, político, económico, social y ecológico, colombiano.

Obvio que existen fuerzas o tendencias democráticas, progresistas, socialdemócratas liberales, cuya razón de ser es enfilar a una posición de izquierda. No de Centro, que repito es una entelequia. Pero en Colombia, desde el siglo próximo pasado, no resultan consecuentes con esa concepción y al enfilar con la hegemonía de derecha, colocan a las vanguardias políticas del movimiento popular, partido comunista colombiano (PCC), marxistas-leninistas, socialistas y a la izquierda legal revolucionaria, a la cola del Progresismo. Ahora lo del Progresismo podrá ser anatema para la derecha confesonaria pero no para el movimiento popular. Pero corresponde decantar al Progresismo y los programas Alternativos.

La hegemonía de derecha impera al aglutinar las fuerzas tradicionales liberales, conservadoras, de partidos nuevos, por lo general regidos por caciques caudillistas locales y de proyección nacional. Los matices citados no operan en escenarios diferenciados. Aglutinan dentro del juego de los poderes mafiosos y narco paramilitares. No existe causa que los diferencie de los otros. Argüir por ejemplo que la posición de Galán, siendo “liberal” es de centro derecha, busca y pretende ocultar la tendencia de derechización. Eso de que no es progresista; pero tampoco extremista: para que tantas cabalas.

Desde el triunfo del NO la tendencia retomo como de derecha. Un partido fascista impuso la hegemonía y a ellos se unieron acólitos, como dependientes. Luego del triunfo con un partido de poder fascista, hoy duramente golpeado, consolidó lo académicamente denominado Bloque Hegemónico de Poder de Derecha Contrainsurgente. A ese Bloque contribuyó precisamente el que no triunfara en la elección presidencial pasada el Progresismo y por ende confluyeron a ese Bloque todos esos matices descalificados. Sin temor a equivocarnos y como referencia gráfica hacen parte actualmente de ese Bloque: los partidos Centro Democrático.CD, Liberal, Conservador, de la U, Cambio Radical, las iglesias evangélicas, y otros grupúsculos denominados partidos menores, El Polo Alternativo- salvo sus bases conscientes- los Verdes-salvo sus bases conscientes y el sin número de matices, tendencias, en el cotorro político de imposturas conscientes. Desde ya visora el lente para la suerte de una política Alternativa triunfante al decaído neoliberalismo, como modelo económico.

De esa manera aportemos para lograr el análisis concreto de la situación concreta, del espectro político colombiano, que es la inmodificable regla metodológica que nutre el materialismo dialecto en cuanto conocimiento y devenir de la realidad del Estado colombiano.

CRONOGRAFIA ELECTORAL

Para un mejor entendimiento del escenario electoral colombiano destaco aspectos relevantes que se dieron.

Los analistas no coinciden que hayan sido las elecciones más seguras transcurridas en el país.

La constante fue los disparos, ataques, amenazas a candidatos, crímenes en el entorno, asesinatos contra aspirantes resaltando las rencillas y odios internos partidistas como manifestación expresa de decadencia de una política libre de violencia.

Para el Centro de estudios en Seguridad y Paz: “Esta campaña mostró que sigue habiendo violencia política en el país, se demostró que no solo era por la guerrilla que había violencia sino por las mismas estructuras y caciques políticos”.

En plena campaña electoral se escapa la ex senadora Aida Merlano, condenada por fraude electoral a 15 años de prisión. El Procurador General de la Nación expresa: «Detrás de la fuga de Aida Merlano existe una empresa criminal electoral». La periodista Jimena Dussan, acota: «así está la política en Colombia. Convertida en un ejercicio feudal, con un claro talante mafioso».

Como se vio en las pasadas elecciones presidenciales de 2018, fue marcado el predominio de los clanes políticos regionales en estas elecciones.

A nivel nacional los analistas debieran decantar el concepto de Carteles políticos y no el de Clanes en el predominio de las regiones. Esto por cuanto que la denominación CARTEL Político, compagina todos los elementos requeridos para su denominación. Converge, en la práctica, en un convenio de intereses tanto económicos como delictivos en el marco de un ejercicio político. Como tal el Cartel Político monopoliza el control de la política a nivel regional y de áreas metropolitanas y hasta departamentales y condicionan el destino de los cargos públicos de elección y en tal sentido fijan las condiciones y controles de la Administración como si se tratare del reparto de un determinado producto. Así no podrán alegar “que no existen pruebas suficientes”.

En particular ejercicio investigue en la definición y conocimiento del Cartel de Atalaya, en el Norte de Santander, en el artículo de “Entretelones en la Intromisión del Cartel de Atalaya en la Elección del Alcalde de Ocaña”. Allí aplicaron una “disidencia táctica” entre dos candidatos que la conducción mediática y de encuestas señalaron como los mas opcionados. Fueron dos caras de la misma moneda y aseguraron la inversión de miles de millones de pesos en ambas campañas. La inversión quedó asegurada.

En las huestes del partido Conservador en el Departamento de Norte de Santander da grima el saber que dos candidatos en sendos municipios presentaron, copiado, idéntico programa de gobierno, en un insulto de desazón y mal gusto a las aspiraciones del electorado.

Llama la atención la clase de juego o jugarreta ocurrida en el Departamento de Sucre tras la jugada entre Carteles políticos para atajar al candidato Yahir Acuña, de la misma camada narcoparamilitar, caído en desgracia, con arraigo en varios municipios como Tolu y Majagual, sacrificando el uno la candidatura para la gobernación y lograr que el candidato del partido Liberal Héctor Olimpo Espinosa llegara triunfante.

En Santander destacó la noticia de los mil millones de pesos (US$300.000 dólares) que el Partido Conservador recibió o cobro para dar el aval para la gobernación al candidato de apellido Anaya. A la larga resultó perdedor y la picaresca popular hace cabalas sobre cuantos miles de millones de pesos invirtió el Cartel Aguilar para que su candidato resultare electo.

Reaparece el genocidio político contra la Unión Patriótica (UP). En medio del proceso electoral en Bogotá. DC, el día 11 de octubre en horas de la madrugada fue atacada con disparos y una bomba incendiaria la sede del Comité Central del Partido Comunista Colombiano (PCC). Lugar que es compartido con el Partido Unión Patriótica (UP). Seguidamente la sede del Partido Farc, resultado de los Acuerdos de La Habana, también fue objeto de sabotaje. Destruido su emblema de la Flor Roja. Los atacantes dejaron una hoja de papel con la palabra “Regresamos” y una calavera. Pese a la cercanía de sedes policiales, no hubo detenidos, ni acumulado probatorio alguno.

Lo corrupto del sistema político y electoral en Colombia deja un sin sabor y descontento aun cerradas las elecciones. El proceso de escrutinios ha sido duramente criticado y expuesto en picota pública. En distintos municipios a lo largo y ancho del país han sucedido hechos de alteración del orden público, que han desembocado en asonadas. La población ha protestado por las formas confusa, variables inusitadas y sorprendente en el conteo de votos a candidatos. Presiones indebidas de administraciones municipales en el favorecimiento a determinados candidatos, son algunas de las manifestaciones que han puesto en vilo la credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

Por lo anterior, no se compadece un análisis de respuesta objetiva a los resultados electorales, en cuanto a las implicaciones, de conjunto, que tengan sobre el partido perdedor de la jornada, que lo es el Centro Democrático (CD). Tampoco sobre las incidencias sobre el sub gobierno títere de Duque. Eso dejemos los para otros cojonudos expertos, ellos sí en las elucubraciones de la mecánica electorera…

Téngase lo anterior como muestra del corrupto sistema electoral colombiano. Sí, ese mismo que el Estado colombiano no reforma como implementación a los acuerdos de La Habana con las desmovilizadas Farc.

El recién fallecido cuadro de la oligarquía colombiana Guilermo Perry (q.e,p.d) señaló que “resulta clave hacer la reforma política a la que nos comprometimos en el acuerdo de paz”.

Dejemos así, “por ahora”.

 

Enviado por el autor.

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Los Adolescentes Insurgentes – a modo de aclaración

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Introducción.- A raíz de la declaración de la señora Vicepresidente Marta Lucia Ramírez, en la ciudad de Tunja, durante la celebración del Bicentenario de la Batalla de Boyaca, el próximo pasado 19 de agosto, afirmando que el fusilamiento de Antonia Santos había contribuido al triunfo de los Comuneros, redacto lo preciso histórico.

Lo ignoto se refiere a cosas. Lo desconocido a cosas y personas

 Lo ignorado es lo no sabido, ni de su valor.

“Quiza habrá en el mundo tierras ignotas,

en donde se agite una humanidad desconocida,

entre mil bellezas ignoradas”. (del libro

de Sinónimos de Barcia)

Pero al puente de Boyacá llegaron unos trescientos macheteros de Socorro, Pinchote, Charalá y poblaciones vecinas por Santander, organizados por la heroína Antonia Santos, acción que le valió ser fusilada por orden del Gobernador de El Socorro, Fominaya, 15 días antes de la batalla de Boyacá.

La participación de los macheteros hizo que en Boyacá, 300 españoles huyeran despavoridos, otros trescientos comandados por el coronel Jiménez se entregaran y solamente los trescientos hombres al mando del terco y presuntuoso chapetón Miguel Tolrá se hicieran masacrar en unos minutos y en donde el batallón Socorro, de macheteros, dirigido por Santander, definió la batalla a machetazo limpio. (Fabio Gerardo Ramiréz Alonso).

Ma. Antonia Santos, fue la quinta de once hijos de Pedro Santos Meneses. Nació el 10 de abril de 1782 y fusilada el 28 de julio de 1819 en El Socorro. Ma. Antonia Santos Plata preparó y sostuvo la guerrilla de Coromoro o de Santos que fue la primera que se organizó en la Provincia del Socorro para luchar contra los invasores españoles. Distrajo con sus acciones guerrilleras al grueso del ejército de Morillo. Traicionada por uno de sus amigos…

De otro lado, la Insurrección de los comuneros se fue dando desde los últimos meses de 1780. Hubo motines contra los guardas de la renta del tabaco en Simacota, Mogotes y Charalá, pero la cabeza del movimiento fue la ciudad del Socorro, en donde el 16 de marzo de 1781 MANUELA BELTRÁN rompió el edicto referente a las nuevas contribuciones a los gritos de “viva el Rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento”. Los Comuneros reunidos en El Socorro recibieron el Manifiesto Comunero que llegó de Simacota, escrito por Fray Ciriaco de Archila, dominico que vivía en su convento de Santa Fé de Bogotá. Un movimiento también comunero se dio, para la época, en Paraguay.

PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS SOLDADOS EN LA INDEPENDENCIA.

Seis meses después de su llegada a Bogotá el joven y voluntarioso, pero inexperto general José María Barreiro Mojón, fue derrotado en la batalla de Boyacá y hecho prisionero por el niño-soldado de 12 años de edad Pedro Pascasio Martínez.

Apuntándole con el fusil calado le conminó a entregarse. El galante, que no combatiente, Barreiro, quien intentó esconderse para escapar debajo del Puente de Boyaca, quiso sobornar al muchacho y demostró para la historia lo equivocado que estuvo Morillo al delegar la responsabilidad para esa batalla al atento burócrata de salón y no al guerrero.

Resultado de esa gesta todos los oficiales españoles prisioneros fueron ejecutados el 11 de octubre, fusilados por orden de Francisco de Paula Santander en otro episodio de la Guerra a muerte.

Un ejemplo mas de menores adolescentes participando en la Insurrección popular: El cuadro de Delacroix, donde plasma a la Libertad, con el torso desnudo, liderando al pueblo, enarbolando la bandera francesa y a su lado el niño, con pistola en sendas manos, a paso marcial, sobre los mártires dejados en la contienda, durante la insurrección de la Comuna de París (1871).

También el ejemplo dado por el poeta ocañero Edmundo Velasquez (Santiago Rizo Rodriguez), quien a los 18 años-siendo que la mayoría de edad era a los 21 años- participó en la Batalla de Palonegro (1900), como Tamborilero Mayor y redactó su poco conocida Proclama, para estimular a las tropas liberales.

De manera que raya en lo fariseo la exigencia a la Insurgencia colombiana por la presencia de menores en las filas guerrilleras, sin mirar la paja de su ojo, respecto al comportamiento de las Fuerzas Armadas estatales y el uso de menores…

La tendencia universal es el reconocimiento de mayoría de edad a los 16 años.

Persistir en el fin del conflicto armado interno

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Pese al rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del pueblo- FARC-EP-, “se hace camino al andar”. No estamos condenados a otros cien años de soledad. Los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colon, existen. Constituyen un Programa Mínimo de lucha del Movimiento Popular y de la izquierda legal, acorde con el compromiso del Estado colombiano y de la comunidad internacional para su cumplimiento. Todo enmarca sobre la prerrogativa que Colombia no transita por un “proceso de paz”; sí por un proceso de fin del conflicto armado interno, bajo la perspectiva del fin de la lucha armada en Colombia, por el poder político y manejo del Estado…Sí por un proceso de la política dirigiendo a las armas o al fusil y no por el contrario. Por ello, la búsqueda de la solución política al conflicto encarando a una insurgencia rebelde no derrotada militarmente, implica que si la solución no es total, no cabe hablar de disidencias. Continuara en Colombia vigente la lucha armada-aunque no como principal forma de lucha- en la medida en que no se produzcan, introduzcan y generen los cambios sustanciales y reformas de fondo al modelo económico, político, militar, imperante. Es la búsqueda de Una Nueva Colombia acorde con el orden mundial, bajo un modelo Alternativo al neo-liberalismo o capitalismo decadente.

EL NO EJERCICIO DE DEMOCRACIA

El conflicto armado interno colombiano no admite mirarlo desde lejos. Concentra la vista a la pura realidad. No se puede afirmar que se dio y desarrollo en el marco de un ejercicio democrático en el país. Tomar el punto de referencia el asesinato del caudillo Jorge Eliecer Gaitan en1948, no es determinismo, como tampoco resaltar que fue producto del Frente Nacional, en que los partidos Liberal y Conservador, cesaron el enfrentamiento fratricida y resolvieron dividirse en milimétrico el poder, junto al ejercicio de las gabelas de la administración estatal, dejando por fuera, excluyendo, cualquier otra fuerza política. Son referentes, como corresponde plantearlo desde el espíritu y contenido de la Constitución Política de 1886.

En ejercicio de Democracia, surge el Conflicto precisamente por falta de Democracia. Por ello el prolongado conflicto armado interno colombiano no se puede circunscribir como a un daño causado a la Democracia. El lenguaje empleado para la defensa de la Democracia no obedece al relato de ese conflicto; es la justificante de la utilización del poder estatal de las armas para afianzar la contrarréplica al conflicto existente. El tropero coronel que intervino en la toma del Palacio de Justicia afirmo: “…aquí defendiendo la democracia, maestro”. Por la contraparte, el uso de las armas para los objetivos políticos. Es la belicización de la política.

Ahora el desenvolvimiento prolongado del conflicto armado interno ha tenido efectos en el sistema político electoral y en los Partidos Políticos. Como Democracia no es solo participación electoral; es dado afirmar que el conflicto armado si repercutió en efectos directos en los procesos electorales, no por una pre concepción de las insurgencias y fuerzas rebeldes en el boicot manifiesto a esos procesos por fechas electorales en Colombia; como en la deslegitimación de ellos debido a la incidencia del accionar rebelde por un escenario de falta de apertura política. Las armas no impidieron los debates electorales. No existe durante el conflicto armado interno suspensión de algún evento electoral nacional. Por el contrario, los recientes cese al fuego unilaterales de las insurgencias en periodos de conversaciones resaltan la tendencia predominante al respecto. Así como el sistema no ha permitido la intervención del software electoral y por ende impedido a toda costa una reforma electoral del fondo; las insurgencias han dejado realizar el festín electoral, sobre el prurito, en prudencia, de dejar escoger civilizadamente al elector. Los analistas del sistema electoral no mencionan lo de “voto cautivo” tampoco lo de “voto consciente” y dan la espalda a lo de la “abstención consciente”. Someramente explicado la abstención consciente de la Izquierda, fue predominante durante el periodo del Frente Nacional; salvo la posición del Partido Comunista Colombiano (PCC) que siempre participó en las fechas electorales. Corresponde mencionar la irrupción de los Partido y Movimientos Políticos Alternativos: Unión Patriótica (UP), Frente Popular (FP) !A Luchar! La inteligencia militar los denomino como organizaciones de fachadas de las guerrillas (Farc-ep, EPL, ELN) y fueron declarados objetivo militar del Terrorismo de Estado. Surgieron como respuesta a la rebelión armada. Optaron, como izquierda, por la vía electoral, legal. En aplicación al principio universal de la división del trabajo, deslindaron del movimiento político clandestino o izquierda ilegal. No obstante tergiversando una tesis del Congreso del Partido Comunista Colombiano, acuñó el Establecimiento lo de la “combinación de las formas de lucha”, emulando que el dirigente sindical, político, popular, de masas, era en la mañana activista político y en la noche guerrillero. Nada más falso; pero que trajo consigo el genocidio político de más de cinco mil activistas políticos alternativos y el registro de cien mil cuadros populares en el exilio político, y/o el desplazamiento interno. Un sensible golpe al ejercicio democrático inexistente en Colombia, que ha significado álgida pérdida para el movimiento popular difícil de reponerse

No cabe afirmar que hubo silenciamiento de debates democráticos, dado que a partir de la elección popular de Alcaldes y de Gobernadores se planteó la presentación de Programas y el conjunto del sistema electoral imperante no ha sido garante del debido debate de programas y quedó reducido a un requisito electoral más.

Con fórmulas como las del Frente Nacional, los estados de sitio permanentes (hoy o desde 1991 estados de excepción) y fórmulas de selectividad estratégica del Estado para la permanencia excluyente del poder político, se permitió entronizar, bajo niveles de mayor violencia política, los efectos negativos por un no ejercicio en democracia.

A hoy, conviene destacar que las insurgencias en modo alguno respondieron en forma “terrorista” ante el desgrane por caída de los dirigentes políticos, sociales, sindicales, populares, revolucionaros y de izquierda. No concibieron la aplicación de una Ley del Talión. Otro hubiere sido el escenario de horror para Colombia. El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente se aplicó, incluso, en zonas donde no había guerrillas, pues correspondía paralelamente a una estrategia de despojo. Pero mientras el conflicto no este constreñido al fin primordial de la solución política al mismo el desenlace de acontecimientos es imprevisible. Hubo y sigue habiendo militancia paramilitar en todos los partidos del bloque hegemónico de derecha contrainsurgente y sin una reforma electoral de fondo no hay democracia dentro de los partidos; caso del CD “por el que diga…” el Innombrable.

INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES LOCALES

En Colombia ninguna comunidad es ajena al conflicto armado. La negritudes, los indígenas, los campesinos, los citadinos, son afectados por el conflicto. Afirmaciones de algunas minorías, por ejemplo, “que ese conflicto no nos corresponde, que somos ajenos a él”, carece de asimilación política. La Teoría Política asimila el ser y ente social como sujeto político, desde Aristóteles hasta el Ché Guevara con su aseveración: “con relación a la Política, o se mete contigo o te metes con ella”. Las Insurgencias están contra el orden constitucional vigente. Este aspecto constitucional resulta de inevitable referencia para analizar la contradicción existente entre insurgencias y autoridades indígenas, que fungen por un mandato constitucional y que en el escenario del conflicto armado objetivamente se enfrentan a la insurgencia. Del mismo modo, el que mantengan su autonomía constitucional como minorías y en ocasiones hayan desconocido la presencia del ejército regular no las coloca operativamente al lado de la insurgencia. Es aquí donde opera el principio universal de distinción, para ambas fuerzas beligerantes.

En el estado de cosas inconstitucional (eci) imperante en Colombia, corresponde a los Alcaldes la definición del “orden público”. Esa norma constitucional no opera, sino la decisión del mando militar de la fuerza armada estatal predominante en la región. En los Consejos de seguridad los alcaldes son invitados de piedra. Ahora, en cuanto al desempeño administrativo las autoridades locales actúan durante el conflicto como operadores de los recursos públicos y de los ejercicios de los derechos ciudadanos. Pero es sabido que en relación con lo electoral los grupos paramilitares y clientelistas deciden por quien votar. En cuanto a la operación de recursos públicos, son el botín repartido entre la corrupción clientelista. ¿Pero esa cooptación es producto del conflicto armado interno? Pues no, es propio de la esencia corrupta y clientelista del Estado imperante.

El punto de atención ha de ser la función del Estado con las regiones. Asombra la estadística que en la actualidad la representación del Congreso está en solo 7 Departamentos. Esto se analizó en las Conversaciones de La Habana y fue fundamento para la creación de las 16 Curules para las Victimas, que en modo alguno obedece a una reforma política, sino a un Acuerdo de alcance para el desarme. Pero impiden su implementación los intereses clientelistas. Desde ya corresponde caracterizar que es propio de la dictadura mediática el indicar que en las regiones escenario del conflicto armado el Estado es ausente. Tamaña falsedad. Consagrase la real y especial referencia que el Estado sí hace presencia. Ahí está el Estado. En unas regiones más notorias que en otras, la operatividad y funcionalidad de los servicios públicos; pero ahí está: en los Municipios, está la institucionalidad representada en los tres poderes. Abunda la presencia de las Fuerzas Armadas estatales (militarización). Para los cientistas sociales está claro que el problema de fondo no es la ausencia o no presencia del Estado en las zonas o regiones en las relaciones de operatividad del conflicto. El problema allí radica en que el Estado no tiene control del Territorio; pletórico aspecto que nos lleva al análisis concreto de la situación concreta, para bordar la desigualdad estable social bajo una visión de Territorio. Bajo la premisa que no soporta sustentación real lo sostenido por la mediática que las zonas de influencia de las Farc-ep, al concentrarse y desmovilizarse fueron copadas por otras insurgencias. Ese facilismo no prospera. Las guerrillas desarrollan trabajo político entre las masas en esas regiones desde hace más de 50 años. Ese trabajo político es oculto ante el enemigo y amplio entre las masas. Ahora bien, la agudización del conflicto no solo armado o militar, sino también político, económico, social, ecológico, va en relación directa con la agudización de la lucha de clases en Colombia. Asistimos ante la desgarradora realidad que las instituciones operan para perpetuar las condiciones de opresión de clase, explotación y desmejora de la calidad de vida de las comunidades. Los intereses clientelistas, aunados a lo de botín burocrático y de expoliación de la corrupción, asimilan la vigencia de un sistema electoral concebido para la perpetuación de los intereses anti populares. Mientras exista política contrainsurgente esta se alimenta con la doctrina del enemigo interno y la estrategia paramilitar será de su soporte y contenido. Durante la etapa de pos conflicto con las farc-ep quedó claro lo de las tales “rutas del narcotráfico” quedando en manos del narcotráfico y con conocimiento de la inteligencia militar estatal como un medio de su sustento. La DEA maneja el negocio y tanto las oligarquías colombianas y élites del sistema financiero parasitario colombiano y de los Estados Unidos se enriquecen lavando el dinero del negocio del narcotráfico. Solo a ellos interesa la permanencia de los escuadrones narco mafiosos, de “limpieza social”, bandas criminales, como armas de la guerra sucia contra todo lo que huela a izquierda, protesta social, oposición política.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Un tema tan importante no puede desligarse del derecho de la información y la libertad de expresión en momentos en que se busca el empoderamiento de la ciudadanía y no colocarla de espaldas al desarrollo de los desenvolvimientos de la vida nacional, que gira alrededor del conflicto armado interno.

Perdura la concepción que en asuntos de “orden público” turbado, las fuerzas armadas del Estado controlan lo referente a esa información. Rezagos de la antigua Constitución de 1886, de un “estado de sitio” permanente y de normativas así atribuidas. En todo el campo, en lo rural colombiano, la iniciativa de comunicación corre a cargo de las redes radiales en emisoras del ejército y de la policía. En relación con la capacidad de cobertura en kilómetros es de 100 por parte de las emisoras militares a 10 por parte de iniciativas particulares. A más de 600 municipios llega solo la música escogida y las noticias del ejército, aupando la guerra y la imagen de invencibles. Así, que información objetiva y veraz puede circular. Son “zonas silenciadas”, expresión del profesor Fabio López de la Roche, de la Universidad Nacional de Colombia (UN). El papel de la mediática en el largo conflicto armado colombiano llevó a la expresión del Manuel Marulanda Vélez: “Los Medios tienen una deudita con Colombia”. Pese al peligro, aplican en Colombia como medios para persuadir. La campaña mediática desarrollada por los Medios no se hizo esperar y aplicó en el plebiscito en que triunfo el NO contra los Acuerdos de La Habana. Algo indiscutible. En relación con El Catatumbo, no es que los periodistas no sepan de los intríngulis o dificultades de lo sucedido: lo saben, les llegan fuentes, ¡pero lo callan! La censura es la constante y en muy pocas ocasiones disfrutan del refresco de ver plasmadas sus averiguaciones. El ejército les llega ya con los vídeos prefabricados de la toma y acciones; así como de la redacción de su unilateral versión. Un conduccionismo fascista, de abuso de poder inenarrables es lo imperante en lo de la comunicación. Ello, por el control monopólico de los grupos económicos de esos Medios, los cuales disponen que información es procedente, cuáles de desconocimiento y cuáles de invisibilidades.

DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Vale preguntarse cómo se explica la permanencia del movimiento popular ante la constante genocida y de muerte selectiva de sus líderes. Las organizaciones sociales en Colombia se mueven bajo la estigmatización, la marca, el rechazo. Bajo el imaginario del enemigo interno los alcances de calificativos predominan para la negación y la eliminación “del otro”. Por tanto existe una cultura antisindical; cuya raíz es la no organización popular. No propender por cambios. Que todo siga igual. Asimilan al dirigente sindical, gremial, como al dirigente político, sin importar la degradación para ambos. Para la derecha los líderes sindicales son guerrilleros incrustados- continúan siéndolo- buscándose también destruir el tejido social de las organizaciones de los trabajadores. El solo anuncio de fundar un sindicato es motivo de persecución, despido. Como si se tratare de un modelo económico de implementar para el paramilitarismo.

En el sector agrario, pues el movimiento social está afectado, indiscutiblemente, por la vigencia de los TLC´s. En el sindicalismo de industria y energético es tenaz la lucha contra el franking. Va acorde con el cerco de territorio excluyente, es decir, paralelo con la lucha contra la minería extractiva, la ganadería extensiva, lo agro-combustible y la defensa ecológica, que enmarca todo un escenario de lucha de resistencia en contra de ese modelo que persiste con la implementación paramilitar. Pero algo que no podrán erradicar de la concepción campesina hoy es su claridad por la conservación del medio ambiente, por construcción humanitaria y de protección a las comunidades. Todo ello explica la convivencia dentro del conflicto. Más de 4 millones de campesinos se movilizaron por la sustitución voluntaria de cultivos y por construir conservación de Territorio e impulso de la economía campesina. No son programas revolucionarios los que impulsan. Instrumentos legales de aplicación como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de las que registran 69 procesos de existencia en 15 Departamentos; que bajo una meridiana comprensión avalan el impulso del Paro Agrario Campesino de 2103. Ese que el tahúr Santos llegó a decir que “no existía”. La gran carga para el movimiento social agrario radica también en la interlocución de las comunidades campesinas con las fuerzas de ocupación (digamos que así se comportan) del ejército nacional; que exultantes no admiten o quisieren no entender que las comunidades campesinas no son apéndices, ni agentes operadores, de los grupos en insurgencia. El pasaje trágico del asesinato del Dimar Torres, en El Catatumbo, echó por la borda la esperanza de una reconciliación de ese ejército con las bases del propio pueblo.

VOLVER A LO DE LAS ARMAS EN LA POLITICA

Extenso resulta abordar un balance de las impactantes experiencias civiles con los ex combatientes, desmovilizados y desarmados de las guerrillas de las Farc-ep. La retoma de las armas por parte de las Farc-ep expresada en la Declaración de “Una Segunda Marquetalia”, deja sin alientos a quienes concebimos la superación del uso de las armas con fines políticos. La persecución violenta contra el opositor político, continúa por ambas contrapartes.

Falso que surgió una Nueva guerrilla. Se da una respuesta a la permanencia de la guerra, pese a la desmovilización de una guerrilla «a cambio de nada». Un Acuerdo de Paz incumplido por un Estado falaz y de mafias, que flota por la economía subterránea del narcotráfico. Lo acordado en La Habana fue burlado por un plebiscito de acomodo a lo tahúr del gobernante Santos al Gatopardismo:»que todo cambie, para que nada cambie». Vino el juego de 56 reformas a lo Acordado; las quintas columnas de quienes no fungieron como Plenipotenciarios del Acuerdo, para NO implementarlo: el poder judicial y el legislativo. El Secretariado fariano demostró incapacidad para lograr los cambios políticos, económicos, sociales, militares, ecológicos, que el fin del conflicto demanda. No tiene elementos de análisis lo dicho por los 2 Gustavos Progresistas que se da una alianza para prolongar a la derecha militarista y a las economías oscuras del narcotráfico. Raya con lo ridículo. El Partido de la Rosa debe ganar el espacio político de fuerza Alternativa, asumiendo una práctica frontal de oposición al régimen Hegemónico de Derecha militarista y Contrainsurgente en el poder y no pretender ganar indulgencias con el eco mediático de las guerrillas como origen de todos los males en Colombia. Se impone la ¡Resistencia civil!; Lucha de masas con Paros Cívicos, la democracia de las calles, para el logro de la implementación de los Acuerdos de La Habana: Reforma Agraria Integral, Reforma Electoral de fondo, Sustitución de Cultivos, el llamado a terceros para que respondan ante la JEP. Un Frente Amplio Popular, tal como lo concibió Óscar William Calvo, en significación a la existencia en Colombia de una izquierda ilegal armada y una izquierda legal desvinculada e independiente, que busca en unión con las fuerzas progresistas, socialdemócratas liberales lo Alternativo al modelo económico imperante: ese si causante de los males en Colombia.

 

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Un Foro por la Paz con sabor a estafa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El día 12 de agosto de 2019, a partir de las 9 a.m. en el Salón de Gobernadores, de la Gobernación de Cundinamarca, se llevó a cabo un Foro denominado PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, convocada por una desconocida Ong colombo-sueca: Colseweden.org, con la vinculación de CONALBOS- Corporación Colegio Nacional de Abogados, la Gobernación de Cundinamarca y el Colegio Nacional de Periodistas. (CNP). Como Moderador citaban al Dr. Víctor G. Ricardo. Ex Alto Comisionado de Paz y Ex Embajador de Colombia ante el Reino Unido, Argentina y Sudáfrica. Dirección General: Dr. Fabio Becerra Ruiz. Bajo la Coordinación y Logística del señor Fabio Sepúlveda Betancourt, quien suscribe sugestiva Invitación en “el que realizaremos, sin aportes ni patrocinios, sin auxilios económicos de nadie, y con la única intención de aportar al proceso de paz, un granito de arena con siete panelistas, de alto vuelo, a los cuales escucharemos exponiendo ideas, propuestas, críticas constructivas, recomendaciones, etc., con miras a la consolidación de la paz que tanto anhelamos, los colombianos de bien. Reciba un atento saludo y en archivos anexos la programación definitiva del citado acto”.

DEL DESARROLLO DEL EVENTO. Comenzando que el distinguido Moderador no se hizo presente sustituyéndolo el señor Fabio Becerra Ruíz, quien fue enfático en ambientar el Foro anunciando que era transmitido en directo por satélite a varios países, incluidos europeos, e iniciando el acto con el himno del Departamento, dejando un sinsabor el que no fuere con el Himno Nacional, dada la “magnitud” del evento. De los Participantes, tampoco se hizo presente el Dr. José Gregorio Hernández G. “Expresidente Corte Constitucional, Tratadista, Catedrático Universitario, Ex- candidato a la Vicepresidencia de la República”. Brilló por su ausencia el Dr. Alfonso Gómez Méndez. “Ex Ministro de Justicia. Exsenador de la República”. No hubo representantes de la “Vinculación Internacional” además de las tres entidades ya citadas, la de un Instituto Sueco, y de cuatro prestigiosas universidades colombianas. Un Dr. Gualdrón intervino en Representación de la Controlaría General de la Nación y por la Procuraduría General de la Nación un Dr. Carlos Medina, ambos, sin estar reseñados como participantes, ni como Invitados Especiales y sin explicación alguna de su presencia por parte del Moderador.

Reinaba un ambiente como de urgencia y apremio, centrando el Moderador la atención en la participación del Invitado Especial PHD Waldemar de Gregori, venido desde Brasil, presentado como experto educador en su país, con cabellera cana y vestido tropical, como para concluir que saldría más caro darle de comer, que vestirle. Resultó un paquete del sistema educativo de Bolosonaro y a pie juntillas, que su presencia tendrá los vínculos de los orígenes colombianos del actual Ministro de Educación de Brasil. Afirmó que tanto en Brasil como en Colombia falta cerebro y cabeza, por la no participación de las mamás (sic) en la formación (!). Que el poderoso Banco ITAU aportó estudio sobre el comportamiento de la familia en la Educación lanzando novedosa teoría sobre la función de lo tricerebral en lo calamitoso de la Violencia. Que todo el panorama se reduce a: 1. El logro de las comunidades en función de las leyes y lo internacional. 2. La emoción, amor, esperanza. 3. La primacía del trabajo por el dinero y negación del bienestar. Que el hemisferio derecho del cerebro produce el capitalismo como mal y que el hemisferio izquierdo del cerebro produce el socialismo engañoso como solución; quedando solo lo tricerebral como la esperanza, el amor, la emoción. Me desgasté en la alegoría o búsqueda de si estaba ante una ficción de negar a lo Bolsonaro, lo Alternativo. ¡Pero qué va! Ya resultaba insoportable cuanto sucedía en desarrollo de tal Foro. Cundió la suspicacia cuando anunció un aplauso a las jóvenes emprendedoras de Pereira, que aplicarían la función de lo tricerebral, en un programa a aplicarse con recursos oficiales y que me hizo recordar el abortado contrato de servicios del gobernador William Villamizar del Norte de Santander, de los costosos cursos multimillonarios de inglés para los niños wayuu en la Guajira.

Pero lo llamado por los franceses la miscensene para explicar la estafa, se dio con la intervención a seguido del señor ex-mayor general de la Policía, Luis H. Mendieta Ovalle: “Una de las 60 víctimas que participo en las negociaciones de la Habana (Cuba). y Defensor de los Derechos Humanos de las víctimas de las FARC”. Desde la presentación el Moderador le indagaba “¿cuántos años en cautiverio, general? ¿Cuantos?” y sin inmutarse: “Doce años”. – “Doce”, repetía. Su conocido discurso de revictimización parte del 1 de noviembre de 1998, con el ataque de las Farc a las instalaciones de la Policía en Mitú, con armas no convencionales; ataque a la población civil y a políticos en acciones terroristas de las Farc. Que en 1999 les conceden los 44 mil kilómetros en la zona de distensión en El Caguán, en las que las Farc instalan los laboratorios y renuevan todo su armamento con fusiles K-47; indicando la marca del avión que trajo ese armamento. Se detiene en el proceso de paz iniciado por Santos y entona la voz (quizás recordando que está siendo visto y escuchado en muchos países del mundo) afirmando que la comunidad internacional fue indiferente y cómplice con los campos de concentración de las Farc donde lo mantuvieron en la selva, con torturas y cadenas y candados en cuello, manos y pies. Que en ese proceso no estuvieron las victimas sino los victimarios de las Farc. En mi interior, no pensaba que pudiera existir tanto odio, inquina, aversión y mala voluntad en tan conocida víctima. El que a estas alturas no fuere accesible al proceso y es cuando afirma que la JEP, es la “justicia para el ejército del pueblo”. Imprecando a la Comisión de la Verdad que donde están los secuestrados y desaparecidos y afirmando que todo el capital de las Farc está en el exterior. Aquí se reveló la finalidad del tal Foro. Luis H. Mendieta Ovalle, como víctima no reconocía que precisamente la JEP es la encargada como sistema de justicia en definir los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto, enviando esa afirmación falsa y confusa a la opinión pública internacional.

Vendría luego el turno para la intervención del señor: “Dr. Luís Eduardo Cifuentes. Abogado. Ex- comandante desmovilizado de las AUC”, tal como reza en el programa como Participante.

De la Internet bajó: “Luis Eduardo Cifuentes Galindo El Águila (16 de marzo de 1960 en Yacopí), es un exparamilitar colombiano que ejerció como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Bloque Cundinamarca desde la década de 1990 hasta 2004. Pese a su prontuario que incluye acceso sexual violento, desplazamiento forzado, homicidio, hurto, reclutamiento ilícito, secuestro y tortura” con signos de canibalismo en un caso; una desaparecida acuchillada en los órganos genitales porque “tenía una relación sentimental con un guerrillero”. Entre los delitos que se incluyeron están torturas tan aberrantes como asfixia, rompimiento de las orejas y desmembramiento con sierras eléctricas. En agosto de 2013 fue cobijado con medida de aseguramiento por el secuestro y posterior homicidio del estudiante universitario Humberto Sarmiento Villate, crimen que según los testigos vinculados al proceso habría planeado y financiado ese exjefe paramilitar desde la cárcel La Picota con el fin de pedir $5.000 millones por la liberación de Sarmiento. mflorez@elespectador.com. @elenaflorezr La barbarie del ‘Águila’. Judicial. El Espectador. 8 Sep 2014 – 10:53 PM. María Flórez.

Luís Eduardo Cifuentes Galindo, en todo acto público pide perdón. Quedó en libertad en 2017, lo que le abrió la posibilidad de convertirse en asesor de paz en el Departamento de Cundinamarca.1. En 2016 apoyó los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Recibió un programa de capacitación en Derecho en un convenio entre el Instituto Nacional Penitenciario y las Corporación Universitaria de Colombia IDEAS y alega por lo mismo que se le debe reconocer el título profesional de Abogado. No obstante, los Convocantes de esta falsaria “Foro” lo graduaron como “Dr”. Cifuentes informa que con los paramilitares hubo una negociación en Santafé de Ralito con el gobierno de turno y ante la O.E.A. Que no se considera paramilitar sino autodefensa(…). Afirma que Colombia es un estado exclusorio (…) No es interrumpido, pero uno de los asistentes al “Foro” levanta un papel que dice “No estamos todos” a lo cual el Moderador añade que invitaron a Timochenko y el mismo se excusó de asistir y punto.

La intervención de este ex paramilitar abunda en consideraciones acerca de la intención de los organizadores del FORO en darle calidades de muchacho bueno. Que sea el Coordinador como Abogado llamarlo “Dr.” en un Acto presuntamente vinculado a CONALBOS no deja de ser sintomático del hecho fortuito de hacerse pasar por “abogado”, por un convenio con institución no Académica, sino penitenciaria. Reivindicar que se trata de un sujeto político a la luz del Derecho Internacional, en tanto que la Corte Constitucional de Colombia ha definido que lo aplicado por el Pacto de Santafé de Ralito en forma alguna dio carácter de reconocimiento a fuerza insurgente alguna contra el Estado. Ningún miembro de las Autodefensas paramilitares, extraditado o no, tiene el carácter de rebelde en conflicto armado interno conforme la Convención de Viena y sus Protocolos. Lo sucedido con los procesados y condenados de Justicia y Paz fue producto de Sometimiento a la Justicia y no de aplicación de Justicia Transicional, cuya fuente en el Derecho Internacional aplica para contra partes en desarrollo a finalizar un conflicto armado interno en un país, entre fuerza insurgente y la de un Estado Miembro. Ha definido la Corte Constitucional de Colombia la exiquibilidad del SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN (SIJRNOR), como único en el mundo. Por no tratarse en el caso del interviniente de un delincuente político sino común; con ese prontuario delincuencial; la difusión satelital del acto a nivel internacional; el énfasis al exabrupto buscaba engañar a la opinión pública nacional e internacional y generar una versión equívoca a la finalidad del artículo 22 de la Constitución de 1991, en la búsqueda de la Paz. Gesto grosero y en contraria para deslegitimar el fin del conflicto armado interno colombiano con las ex insurgentes Farc.

Pero los desarreglos expresados, ya transcurridas unas tres horas, coparon la gota que rebozó la copa. El Coordinador Fabio Sepúlveda Betancourt, fuera de todo libreto, decide resaltar la presencia de Orlando Vázquez Velásquez y en una intervención de exaltación lo ensalza y aplica darle la palabra como un pro hombre de sana trayectoria pública, que también engrandecerá el proceso de paz con su intervención. Este sujeto conocido por haber sido Procurador General de la Nación y como máximo veedor de la administración pública fue destituido el 17 de octubre de 1996 por la Corte Suprema de Justicia, bajo cargos de montajes para perjudicar al Fiscal General Alfonso Valdivieso y obstaculizar la Administración de Justicia. Por su parte, el Fiscal investigaba a Vásquez por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, al parecer, proveniente de nexos con el cartel de Cali. Fue condenado a diez años y medio de prisión, y en el mes de junio de 2003, la Corte Suprema de Justicia le concedió el beneficio de libertad condicional en consideración a que había cumplido la mayor parte de la condena. Continúa, al parecer, inhabilitado para ejercer la profesión de Abogado. Un escandaloso y sonado caso de los sesgos constantes de la administración de justicia en Colombia.

Ante lo engañoso, embustero y falso de lo ocurrido en ese Foro de cobertura internacional y de “fortalecimiento de la democracia y la paz en Colombia”, opté – como muchos otros- por retirarme del recinto.

No merecía tan fementido evento que cumpliera de mi parte en dar la presentación y saludo de la Asociación de Profesionales del Derecho, cuya representación me había sido encomendada.

Canallada de organizadores y convocantes de un Foro convertido en aquelarre público de instigación a la apología del delito por parte de dos expresidiarios comunes, con antecedentes judiciales de condena. Organizadores y convocantes de un Foro insensible que usurpó la legitima aspiración del pueblo colombiano por obtener la Paz y que demuestra el estado de cosas inconstitucional (eci) de postración moral de la Nación colombiana; en manos de un poder hegemónico oligárquico de derecha contra insurgente y de peligroso expansionismo militarista para la Paz del Continente. De un Estado tramposo que utiliza los edificios y aulas públicas al servicio de torvos intereses. De un evento que deja mal parado al egregio Colegio y Corporación de Abogados y Abogadas – CONALBOS- cuyas directivas deben explicación a los honestos profesionales del Derecho que conforman esa organización social.

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