Con una colaboración entre analistas de Chile y Costa Rica, se ha lanzado el programa Espresso Americano, una nueva iniciativa audiovisual que busca analizar la geopolítica y la coyuntura de los países latinoamericanos desde una perspectiva crítica e independiente. El espacio será transmitido cada quince días por YouTube y otras plataformas digitales.
La primera entrega de la serie se titula “Panamá: Si lo ves que viene, palo al tiburón”, y expone un análisis de la historia, economía y situación actual de este país centroamericano, marcado por su rol geoestratégico y las tensiones con potencias globales.
El episodio recupera la memoria del Canal de Panamá como enclave colonial de Estados Unidos, el despojo territorial a Colombia hace 122 años y la posterior ocupación militar estadounidense. También aborda las recientes protestas sociales contra reformas al sistema de pensiones, el proyecto de un embalse que afectaría territorios indígenas, la reapertura de la mina de cobre en Colón, y el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.
En su análisis, los autores —Fernando Bermúdez Kuminev y Roberto Bermúdez Pellegrin, corresponsales del multimedio Muros y Resistencia— denuncian la falta de soberanía efectiva, los vínculos con intereses financieros internacionales, y las implicaciones geopolíticas del nuevo alineamiento estratégico del gobierno panameño, que incluye el abandono de la iniciativa china de la Ruta de la Seda y la sustitución de infraestructura de comunicaciones.
A lo largo del programa se destacan elementos históricos y simbólicos, como la referencia al general Omar Torrijos, quien defendió la recuperación del canal ante la comunidad internacional: “Nunca hemos sido, que no somos ni nunca seremos, ni Estado ni Estado Asociado, ni Colonia o Protectorado”.
La propuesta audiovisual busca, según sus realizadores, “recorrer América estación por estación”, para brindar una lectura regional de las disputas actuales y reavivar la conciencia histórica y emancipadora de los pueblos latinoamericanos.
El colectivo Comunicadores por Palestina hace un llamado urgente a la ciudadanía a participar del webinario “Fuera Mekorot de Abya Yala”, un espacio de análisis sobre los intereses de la iniciativa privada y grupos de poder en torno al agua como recurso estratégico en América Latina.
Este evento busca abrir un diálogo entre activistas defensores del agua e investigadores de la región, con el objetivo de visibilizar la presencia e influencia de la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, en distintos países de nuestro continente.
Temas a discutir:
¿ Ordenamiento territorial ?
¿Ordenamiento hídrico ?
¿Ordenamiento jurídico ?
¿ Desarrollo urbanístico ?
Y la distribución del agua.
Mekorot es la empresa estatal israelí responsable del control del agua en territorios palestinos ocupados, acusada por múltiples organizaciones de derechos humanos de robo, contaminación y apartheid hídrico. Ahora, sus «tentáculos» se extienden hacia América Latina, muchas veces bajo otros nombres o mediante alianzas público-privadas, como parte de los llamados “planes maestros” de gobernanza del agua.
En Costa Rica, es importante poner atención a los “regalos” y viajes que esta empresa ofrece a municipalidades como parte de estrategias de influencia política y comercial. Aunque el reciente viaje de funcionarios municipales se reprogramó, los convenios siguen gestándose en silencio.
Este material fue producido por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica y este indica que un reciente análisis alerta sobre una modificación normativa que elimina los límites fijos de plaguicidas en el agua potable en Costa Rica. A través de un lenguaje técnico y regulatorio, el cambio introduce una nueva forma de gestión “caso por caso” que, según el Observatorio, reduce los estándares de protección de la salud pública y beneficia intereses agroindustriales.
El artículo señala que esta transformación regulatoria se enmarca en una lógica de regresión ambiental, donde se desmantelan conquistas históricas en materia de derecho al agua y protección del bien común. La flexibilización de los controles ocurre en un país donde ya existen casos documentados de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, lo que afecta de forma directa a comunidades rurales y periurbanas.
Además, se cuestiona la falta de participación pública y transparencia en el proceso de modificación del reglamento. El Observatorio advierte que la lógica técnica utilizada para justificar la medida encubre una decisión política que responde a sectores económicos con influencia institucional, debilitando la capacidad del Estado de garantizar el acceso seguro al agua como derecho humano.
El colectivo Mujeres por Costa Rica reiteró este 28 de junio su rechazo al proyecto de ley N.º 24.290, que propone la jornada laboral conocida como 4×3, en la que se trabajaría 12 horas diarias durante 4 días a la semana. La propuesta fue aprobada por la vía rápida en la Asamblea Legislativa y, según el colectivo, representa un grave retroceso en derechos laborales, especialmente para las mujeres y sectores en condición de vulnerabilidad.
En su pronunciamiento, el grupo señala que el proyecto desconoce derechos tutelados por la Constitución de 1949 y el Código de Trabajo, y advierte que los argumentos usados para defenderlo —como la atracción de inversión y el aumento en la productividad— son inconsistentes y no consideran estudios comparativos que demuestran que menores jornadas pueden generar mayores niveles de productividad.
Entre los efectos negativos que advierten, destacan:
Impacto en la salud física y emocional de las personas trabajadoras, particularmente de las mujeres, quienes además deben asumir jornadas no remuneradas en el hogar.
Reducción del tiempo para el descanso, la recreación y la educación, afectando derechos básicos establecidos por ley.
Mayor exclusión de las mujeres del mercado laboral, debido al aumento de los costos de cuido y la dificultad de compatibilizar trabajo y responsabilidades familiares.
Deterioro de la vida familiar, por la falta de tiempo para compartir y acompañar procesos educativos y afectivos.
Obstáculo al acceso a la educación y la movilidad social, al eliminar la posibilidad de estudiar fuera del horario laboral.
El colectivo también cuestiona que los cambios introducidos al proyecto original no resolvieron los impactos estructurales ya señalados, y alerta sobre el costo social que representaría para el Estado en áreas como salud, transporte y cuido.
Por ello, Mujeres por Costa Rica hace un llamado a la ciudadanía, a partidos políticos, empresas y organizaciones sociales y religiosas a oponerse activamente a esta reforma.
Se puede leer el pronunciamiento completo y firmar en apoyo al rechazo del proyecto en el siguiente enlace:
El Movimiento Poético Mundial invita al público general a formar parte de la actividad: “Acción Poética por Gaza” este martes 10 de junio a las 7:00 p.m. en el restaurante Lobo Mestizo ubicado en San José.
Estamos en una batalla sociocultural, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Costa Rica se ha descarrilado en su contrato social, en su proyecto, en su “vía” costarricense. Así lo comentamos en una reciente intervención en el IX Coloquio de Educación y Derechos Humanos celebrado en la Universidad Nacional, en la que actualizamos una reflexión sobre la clausura de la sociedad costarricense, que habíamos desarrollado durante la pandemia.
Al percatarnos, por ejemplo, que empezamos a ser una sociedad de “solos” por qué cada vez más se consolida el hogar unipersonal; al declararnos secuestrados por las presas donde se nos va la vida en ello; al percatarnos que el problema de seguridad es ya un asunto de derechos humanos indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humana en su último informe, al que el país entero, contando las universidades públicas, le hemos hecho oídos sordos… al constatar que preferimos un proyecto de sociedad comprometido con la estética de lo efímero, la superficialidad de la imagen, el imperio de lo dicho y no su sentido, empezamos a ver que algo anda mal.
Si.
El privilegio de la imagen y el mal gusto ha instalado una estética ruborizante y aniquiladora del pensamiento. Una sociedad cuya institucionalidad en materia cultural hace aguas (Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura) deviene en esa ausencia de sentido para casi todo.
Una sociedad y ciertos proyectos de liderazgo, que desdeña las humanidades, las Ciencias Sociales y suprime la A de las artes en cualquier conjunto acrónimo, es una sociedad que se encamina a su aniquilamiento.
Al priorizar la forma (el color, la postura, el lenguaje no verbal) por el fondo, nos estamos clausurando como proyecto. Y no hablo solo de la gestión gubernamental que nos tiene a un paso del abismo. Me refiero a todas esas porosidades encartonadas que hoy refrenan y distancian al ser que piensa del ser que solamente asiente.
No se cuánto de saldo nos queda a nuestro haber. Siento que muy poco. Usémoslo para reconstruirnos, volver a sentirnos comunidad, profundizar el fondo y relegar la forma. Recontratarnos. Nos merecemos ser imaginados e incluidos con inteligencia.
Imaginemos que nuestras comunidades (en el amplio sentido de la palabra) son carruseles que giran a diferentes velocidades utilizando su propia energía, donde sus integrantes están sujetos a la barra de los caballitos. Cada carrusel representa una dinámica social, económica y cultural propia, con ritmos que dependen de su historia, sus recursos y su capacidad de adaptación.
Pero, ¿qué sucede si a algunas de estas comunidades llegan energías externas (flujos de dinero, inversión, turismo, migración o incluso nuevas políticas) y que hacen que sus carruseles aumenten el ímpetu y la velocidad? A primera vista, este podría parecer un impulso positivo, una oportunidad de crecimiento y revitalización para la zona y sus habitantes. Sin embargo, no todos están igualmente preparados para el cambio, ni todas las externalidades negativas están siendo consideradas. Algunos, firmemente sujetos a la barra, logran adaptarse al nuevo ritmo, aprovechando las oportunidades que surgen con la aceleración. Otros, en cambio, que apenas se sostenían de la barra, sin estructuras de apoyo sólidas, terminan siendo expulsados del carrusel.
Este fenómeno se observa en procesos de gentrificación, en transformaciones urbanas abruptas y en economías locales que de pronto se ven influenciadas por dinámicas globales que reconfiguran su estructura.
Los que caen del carrusel no necesariamente lo hacen por falta de voluntad o esfuerzo, sino porque la velocidad impuesta no tomó en cuenta sus realidades. Entonces, ¿es posible regular la velocidad de los carruseles para que nadie salga expulsado? ¿Podemos diseñar sistemas donde la inclusión y la adaptación sean prioritarias, en lugar de que el cambio beneficie solo a quienes tienen un mejor agarre o a quienes influyen con su energía?
Quizá el reto no sea evitar el impulso externo, porque el cambio es inevitable, sino construir mecanismos de ajuste, de transición, y de compensación que permitan que todos los actores tengan la oportunidad de fortalecer su agarre antes de que la nueva dinámica económica los expulse del carrusel.
Alejandro Machado García Gestor en Desarrollo Sostenible con Equidad de Género
América Central sigue siendo una importante zona de origen y tránsito, en el que dinámicas internas como la pobreza, la desigualdad, la violencia de las pandillas, sicariato, así como otras originadas globalmente como las redes de tráfico ilícito, la trata, el cambio climático, generan que grupos de familias, niños, niñas, mujeres se vean desplazadas, huyan o migren a otros países en búsqueda de ese sueño americano o salvar sus vidas.
Al ser de forma irregular y no tan planificada, se corren múltiples riesgos que se experimentan producto del racismo, la xenofobia y la violencia de género en países de tránsito y destino, aumentando las probabilidades que ciertas amenazas se concreten, que hayan privaciones a derechos humanos y en ocasiones con consecuencias mortales.
Es decir, ya la migración se puede dar por factores internos pero también por dinámicas globales, por ejemplo por presiones externas puede ser originadas como mecanismo de presión de un país sobre otro o como moneda de cambio, dejando entredicho los tratados internacionales en derechos humanos.
Costa Rica había sido un país impulsado por la movilidad y migración, siendo en sus primeras estadios, un país de destino y recepción pero luego con el pasar de los años, hemos sido expulsores, de tránsito y ahora un espacio de reflujo migratorio en medio de una pluralidad migratoria.
Hoy en día, con este recibimiento y especie de acatamiento o la mal llamada “cortesía”, estamos frente quinto estadio y le llamo reflujo. No es un flujo a la inversa, no es un flujo hacia el sentido contrario del norte con intención necesariamente de permanecer en Costa Rica, sino es la devolución de la personas que pasaron en tránsito o residían y terminaron en Costa Rica.
En este reflujo migratorio que no tienen nada de retorno, sino son deportaciones y expulsiones -sin decir legitimas o no-, dado que cada país cuenta con su soberanía nacional pero que quizás sí obviando las situaciones de abuso, violencia en las que las personas han sido expuestas tanto antes, durante o después de la migración realizada, y finalmente terminaron siendo una moneda de cambio o mecanismo de presión geopolítica.
De forma excelente y categórica, Costa Rica está haciendo uso de sus instalaciones para continuar una práctica que ya en el pasado entendió eso espero, que de no administrar los flujos, es volver a generar duplicidad y/o revictimizar. Duplicidad en todos los sentidos, no solo en datos, sino tratamientos o asistencias.
De no hacerlo, es ser presa fácil de la ineficiencia, de ser inoportunos y/o insuficientes parar proteger vidas, por lo que esperamos que puedan estar haciendo abordaje inmediato de ciertas emergencias en salud, abordar la salud mental, el control y vigilancia de ciertas enfermedades infectocontagiosas, el que tengan su documentación, traductores para todas las nacionalidades presentes, que se haga la comprobación de vínculos para que no se filtre el tráfico.
En fin sin número de acciones que deberían de centrarse en una respuesta en el migrante y se respete el carácter voluntario de estar ahí, porque voluntariamente no quisieron estar acá, fuimos nosotros como ticos que “voluntariosamente”, sin presiones a impuestos aceptamos recibirlos por cortesía. Por cierto, ya tenemos los impuestos del 10% valga decirlo.
Si no me cabe duda, que es mucho mejor que estén institucionalizados pero no retenidos si fuese el caso, porque una falta de articulación puede nuevamente desbordarse las calles y comienzan las redes locales de coyotaje y las organizaciones delictivas locales, a aprovecharse y pregúntese en ese contexto, ¿Qué posibilidades tienen estas personas que ya presentan vulnerabilidades, para evitar situaciones de violencia, explotación y abuso? Agréguele el hecho de barreras del idioma y que no conocen nuestro país.
Finalmente, se habla muy poco pero el axioma social que está quedando deja en el piso ser migrante. ¿Qué significa salir televisado con esposas? ¿Qué significa ver a su sobrino en un centro a kilómetros de su país de origen? Se han preguntado, como continúan los niños sin traumas, que piensa el niño al ver a su papá y mamá en ese estado, en el que muchas veces no saben ni porque están ahí ni en que país están y elude a través del juego o a pura resiliencia.
Como harán para intimar las familias y sus matrimonios, que significa no tener mis documentos, que significa no tener ingresos y quedar en calle para generar con venta de dulces para continuar su viaje. No poder cortarme el pelo, no vestirme como quiero, no poder ahorrar. Al menos al motociclista que le quitaron la moto en Puntarenas en los retenes, llamó a algún familiar en San Carlos para que le hiciera un simpe desde el baño de un restaurante. Ahora pregúntese, ¿A quién va a llamar un Afgano, ruso o chino?
Peor aún agréguele el hecho de que no puede reingresar al país en el que fue expulsado ni al que lo tienen amenazado. ¿A qué mundo podrán ir? ¿A marte con Elon Musk?
El liderazgo verdadero no se proclama en cumbres; se ejerce en el territorio.
A un mes de coorganizar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (junio de 2025), Costa Rica protagoniza un nuevo episodio que desconcierta a la comunidad internacional y debilita su imagen como referente en liderazgo y compromiso ambiental.
Nos referimos a la eliminación de la financiación y de la declaratoria de interés público del decreto que da seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretada mediante la modificación del Decreto Ejecutivo N.° 40203. Esto no solo implica un desinterés por la sostenibilidad como política de Estado, sino que debilita la capacidad del país para acceder a cooperación internacional, articular esfuerzos multisectoriales y garantizar derechos fundamentales.
¿Con qué liderazgo y legitimidad puede el gobierno coorganizar una cumbre sobre océanos, cuya génesis y columna vertebral son los ODS —especialmente el número 14— de la Agenda 2030? ¿Quién nos va a tomar en serio si somos verdes solo de las fronteras para afuera, y aquí adentro la política ambiental es negacionista, contradictoria y regresiva?
Porque este caso no es el único. Las decisiones más recientes del gobierno evidencian una política ecocida, marcada por el desmantelamiento institucional, la permisividad extractiva y el abandono sistemático de sus propios compromisos ambientales y sociales.
Esta decisión se enmarca en un patrón de retroceso que se ha acelerado en los últimos meses. El caso más reciente es el escándalo por el trasiego autorizado de 12.6 toneladas de aletas de tiburón martillo para su reexportación, reportado por la organización CREMA en marzo de 2025. Esta acción contradice abiertamente el compromiso con la protección de especies en peligro y con el ODS 14 (Vida submarina), justo cuando el país se presenta como anfitrión global de una cumbre dedicada al océano.
A esto se suman graves retrocesos en gobernanza ambiental, como lo ocurrido en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde se ha instaurado un modelo autoritario e impuesto de toma de decisiones, ignorando a las comunidades locales y permitiendo el avance de intereses gentrificadores y extractivos. La falta de participación ciudadana y el debilitamiento del marco jurídico ambiental revelan una tendencia alarmante hacia la destrucción institucional del patrimonio natural del Estado.
Todos estos hechos no son aislados: responden a una lógica de gobernanza que desmantela lo público, prioriza intereses privados y erosiona los derechos humanos y ambientales. Un modelo de gestión que promueve el extractivismo como política y el silencio institucional como estrategia. En este contexto, hablar de sostenibilidad, océanos sanos y liderazgo climático resulta, al menos, hipócrita.
Esta nueva contradicción del gobierno abre muchas otras preguntas. Si revisamos, gran parte de la Agenda 2030 es la columna vertebral de proyectos de cooperación internacional que hacen posible la implementación de políticas ambientales. Por eso nos preguntamos: ¿Qué va a pasar con estos y otros financiamientos cuando los organismos internacionales vean el actuar del gobierno?, ¿Se trata de una decisión inspirada en la postura reciente de la administración Trump, que anunció su rechazo a la Agenda 2030 hace apenas un mes? ¿O es una acción deliberada para polarizar, aprovechando la ola conspiranoica que rodea a esta agenda?
Esta decisión genera más dudas que certezas. Pero lo que sí está claro es que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una narrativa de ejemplo global mientras autoriza el aleteo, envenena sus nacientes, silencia comunidades y desactiva compromisos internacionales. Si realmente quiere defender los océanos, debe empezar por cuidar sus ríos, proteger sus bosques, respetar a sus pueblos y garantizar el carácter público y democrático de sus políticas ambientales.
