-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa; -Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;
(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.
Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.
Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.
Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).
La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.
El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.
Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.
Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.
Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.
Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)
En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Breve puesta en contexto
Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase textocompleto de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).
En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase textocompleto) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.
En esta declaración conjunta, se puede leer que:
«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.
Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).
Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve
A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.
En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:
“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).
Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:
“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)
Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.
Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.
No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.
Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).
A modo de conclusión
Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.
A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase textocompleto) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase textocompleto) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.
En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.
—Notas—-
Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).
Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase textocompleto colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase textocompleto de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.
Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.
*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.
La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.
Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.
Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.
La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.
Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.
La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.
Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.
¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?
Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.
Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.
[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).
La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.
Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.
Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.
La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.
Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.
La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.
Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.
¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?
Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.
Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.
[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)
Tenía que llegar un virus como éste que ha creado esta pandemia apocalíptica, para recordarnos a los seres humanos, que, en materia de contagio, la democracia es lo realmente que marca el signo de los tiempos.
Ese ser tan diminuto que no sabemos a ciencia cierta, si es un ser vivo o es naturaleza muerta e inerte, nos dice ahora que no va a respetar fronteras entre países, que no va fijarse si somos ricos o pobres, que no va a discriminar ni por género, ni por color de piel, ni por edad. A todas y todos nos puede afectar, en formar directa y dramática llevándonos incluso a la muerte, o nos puede convertir en portadores que lo podemos multiplicar entre seres queridos o personas con quienes tengamos un contacto, aunque sea efímero. Nos dice sin reparo alguno que su acción contagiosa es de naturaleza eminentemente democrática.
El Dr. Benjamin Neuman, profesor de biología de la Universidad de Texas, en un artículo en el portal “The Conversation” lo advierte muy claro: “La enfermedad covid-19, causada por el SARS-CoV-2, se desarrolla como una infección en los pulmones y causa estragos en el sistema inmunitario que pueden provocar daño pulmonar a largo plazo o incluso causar la muerte del infectado.” Aunque es similar a otros a otros coronavirus, el virus de la pandemia del presente tiene características genéticas que juegan un rol relevante en la facilidad y la capacidad de infectar a las personas. Es decir, en ese voraz esfuerzo de contaminación democrática, es muy eficaz y eficiente.
De ahí que la respuesta de la humanidad y de todas las sociedades humanas, debe ser igualmente democrática y solidaria entre los países, entre las sociedades y comunidades, y desde luego, entre las personas. Sin embargo, hay líderes políticos como Donald Trump, que desde la sinrazón y el egoísmo más exacerbado, quieren ganar la carrera para llegar primero a algún tratamiento eficaz o con la obtención de una vacuna que nos inmunice, pensando mezquinamente en su país y en su reelección presidencial. Nadie pudo caracterizar mejor esta conducta infame que el filósofo y escritor francés, Albert Camus: “Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”.
Los gobiernos y sus líderes políticos deben ser democráticos, solidarios y justos en la solución a esta inmensa crisis y sus prolongadas e inexorables secuelas. Son tiempos extraordinarios que demandan soluciones extraordinarias y no deben haber ni vacilaciones y dudas en tomarlas.
Si algo requieren los Estados y gobiernos hoy para enfrentar a este contagio nivelador y democrático, es dinero para administrarlo, justa y eficientemente. Ya hablaremos sobre este crucial tema en un próximo artículo. Ese recurso se requiere, primero para atender a las personas contagiadas, para reducir el riesgo del contagio y para dar respuesta a las necesidades en bienes alimentarios y servicios básicos, priorizando a las personas y grupos más afectados.
Para atender a las personas enfermas se requiere crear las mejores condiciones para recibirles en hospitales y centros especializados. Y eso incluye, en primerísimo lugar, dotar con el equipo necesario (batas de protección, mascarillas N95, guantes, entre otros implementos) a las y los médicos que están en esa heroica primera fila y demás personal sanitario de apoyo.
Se requieren instrumentos de prueba para detectar el Covid-19 a tiempo. Es urgente que el país se dote del mayor número de ellos lo antes posible y aplicarlos de inmediato, como bien lo hizo Corea del Sur, alcanzando buenos resultados en reducir y detener la propagación de la epidemia. De la misma manera, se requiere que la CCSS se dote del mayor número de respiradores, que son claves para salvar vidas de personas infectadas. Ahora mismo se ha vuelto complicado porque hay estados poderosos utilizando todo tipo de métodos –incluso éticamente inaceptables–para comprar acaparadoramente este tipo de equipos, pero la Caja debe hacer el mayor esfuerzo para adquirirlos. Por otra parte, ojalá que las iniciativas de nuestras universidades públicas (UCR y TEC), alcancen buenos resultados en la fabricación inmediata de ese tipo de respiradores, con lo que se podrán salvar muchas vidas.
Tenemos la certeza que sólo la democracia –real y efectiva–, la solidaridad y el apoyo mutuo, serán capaces de contener y minimizar los estragos de hoy, mañana y pasado mañana, que ya provoca y provocará por semanas y meses, este virus que nos alecciona sobre la Democracia como no ha sido capaz ningún líder político en la historia.
SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.
La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.
Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.
A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.
De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.
La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.
Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.
En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.
La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.
Ante la grave pandemia ocasionada por el coronavirus, las autoridades sanitarias de los países han dictado una serie de valiosas medidas para contener la potencialmente devastadora expansión de la enfermedad covid-19. Cuarentenas, confinamiento, prohibición de eventos masivos, medidas higiénicas rigurosas, se encuentran en la preventiva lista para evitar y reducir al máximo los contagios.
Costa Rica, a través de las autoridades de gobierno, en el campo de la salud, de emergencias y de seguridad, han venido anunciando este tipo de medidas, que deben ser de responsable y riguroso cumplimiento entre la población, para evitar los enormes daños que puede ocasionar la pandemia a la salud de millones de personas y a la economía, con el consiguiente incremento de la pobreza y la desigualdad.
Todavía hay un amplio sector de la sociedad costarricense que no ha tomado clara consciencia de que estas medidas temporales (de semanas o meses), son imprescindibles para que la expansión de la epidemia no llene los hospitales de personas infectadas, las colapse, obligue al personal médico a decidir quien vive o quien muere por la escasez de respiradores, en fin, genere más muerte y dolor en las familias. Este tipo de resistencias deben ser repudiadas socialmente y, eventualmente, deben ser penadas por el potencial daño colectivo que pueden generar.
En la expansión inexorable de la pandemia en el mundo, ha quedado claro que los países que hasta el presente, han tomado más rigurosas medidas de cuarentena y confinación, son los que han avanzado con mayor éxito en la contención de la enfermedad. La disciplina colectiva de las sociedades asiáticas ha dado muestras de ser más eficaz que el individualismo de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos y Europa.
La sociedad costarricense en esta hora aciaga y desafiante, debe actuar de manera responsable y disciplinada, acatando estas medidas de aislamiento y distanciamiento físico, que las autoridades de gobierno y salud están dictando. Incluso, es posible que ante el incremento exponencial de los casos, haya que acatar medidas todavía más rigurosas. Se trata de un sacrificio coyuntural basado en la solidaridad y el valor de la vida humana.
Debo indicar que en todas partes se ha estado hablando de “distanciamiento social” como una estrategia clave para reducir y minimizar al máximo el riesgo del contagio. Considero que la expresión más feliz y adecuada sería la de “distanciamiento físico” entre las personas, no el distanciamiento social. Todo lo contrario, lo que requieren las sociedades, en este duro presente, es el acercamiento social y la solidaridad.
Se ha afirmado con razón que las crisis ponen a prueba a las personas, a las comunidades y a los pueblos. Prueban de que estamos hechos como personas. Dice la leyenda –que parafraseo– que los seres humanos tienen en su corazón dos lobos: Uno es el del amor al prójimo, el de la solidaridad y el apoyo mutuo. Otro es el del individualismo, el de la avaricia, el del “sálvese quien pueda”. ¿Quién gana en esta eterna pelea ética? El que alimentamos con nuestras decisiones y actos.
Esta crisis inexplorada a la que nos enfrentamos hoy y que todavía no muestra un horizonte en sus alcances, claramente definido, nos obliga a alimentar la solidaridad, el apoyo mutuo y el amor a las demás personas.
La crisis debe sacar lo mejor de nosotros y nosotras, en ejercicios prácticos y efectivos de solidaridad social. Hay sectores y grupos minoritarios en nuestra sociedad, que aunque han acumulado grandes fortunas, que guardan aquí o esconden en los opacos paraísos fiscales del exterior, no quieren verse afectados por las inevitables secuelas económicas que deja y dejará la pandemia. Su mayor deseo es salir indemnes y, si les es posible, hasta obtener ganancias de la crisis que se hará más grande en las próximas semanas y meses. Todas y todos debemos de contribuir en esta causa nacional, en arreglo a nuestras posibilidades económicas.
Tenemos que avizorar el futuro con responsabilidad política. La pandemia nos dice, nos grita con fuerza que quienes han propulsado el debilitamiento del Estado Social de Derecho en poco más de treinta años, y que han tenido en su agenda privatizadora de la salud, el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estaban en un grave error. Tenía que venir un diminuto virus a darles una lección de vida y de política adecuada y justa.
El gobierno debe de prever una crisis que tardará tiempo en superarse aún aplicando medidas oportunas y correctas. Millares de personas y familias ya son afectadas en sus precarias economías y más serán las afectadas al transcurrir el tiempo. El gobierno debe dar un giro significativo a su brújula política, en función de darle prioridad a los sectores sociales y poblacionales, a los que esta crisis les golpeará más inclementemente.
El peor escenario es el del aislamiento combinado con el hambre y la desesperanza. A Dios rogando y con el mazo dando: Las y los ciudadanos conscientes debemos demandar del gobierno y la Asamblea Legislativa, este tipo de medidas de responsabilidad solidaria con el pueblo, al mismo tiempo que construimos redes solidarias en nuestras comunidades para apoyar a las familias a la que la crisis les pueden llegar con su rostro más feroz, el hambre.
Practiquemos el responsable distanciamiento físico, pero hoy más que nunca impulsemos este necesario acercamiento social alimentado por la solidaridad, la generosidad y el apoyo mutuo. Este debe ser el sentimiento, pensamiento y compromiso que nos inspire y aliente este 2020 y en el año del Bicentenario Patrio, que sin duda albergará una crisis económica, social y política, que pondrá a prueba la solidez de nuestra democracia.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), le invita este jueves 19 de noviembre a partir de la 1:30 p.m. a la conferencia: “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto del Covid-19”
Panelistas:
– M.Sc. Ana Lucia Álvarez Vijil, Universidad Centroamericana, Nicaragua. – Dr. Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), El Salvador – Dr. Ricardo Sáenz de Tejada, Universidad de San Carlos, Guatemala – Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director CICDE-UNED, Costa Rica – Conduce M.Sc. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED, Costa Rica
Al cierre del 6to día de protestas sociales no-violentas, los medios de comunicación dan cuenta de dos personas fallecidas. Un joven de 25 años que entró al hospital Almenara el día 12 de noviembre herido de bala, y uno de 24 años que llegó al Hospital el día 14 ya como cadáver. Decenas de heridos debido a la brutal represión policial que desconoce el derecho a la protesta. Pasada la una de la madrugada del 15 de noviembre, habían renunciado 10 ministros. Mientras el Sr. Merino no daba la cara, a las dos a.m. el presidente del Congreso reunió a la Junta de Portavoces del Congreso para aceptar la renuncia de la Junta Directiva y pedir la dimisión del Sr. Manuel Merino -inconstitucionalmente autoerigido presidente de la República- quien aprovechando de su cargo de presidente del Congreso, el lunes 9 reemplazara al presidente Vizcarra.
¿Cómo es que llegamos a esta situación que parece una pesadilla? ¿Es acaso una repetición de los primeros años del Siglo XX donde era normal la disputa de caudillos por el botín del Estado? Pareciera que aquello estaba en la cabeza de quienes planificaron la vacancia de Vizcarra abusando de la figura de “incapacidad moral permanente” -cuando esta interpretación estaba pendiente por parte del Tribunal Constitucional- perpetrando así un acto a todas luces inconstitucional y totalmente falto de legitimidad popular. Imaginaron que la ciudadanía se quedaría mirando como se arranchaban a girones el poder y pisoteaban la bandera nacional.
Pues no fue así. Fuimos testigos de masivas marchas pacíficas ciudadanas convocadas mediante las redes sociales por jóvenes, que fueron reuniendo a personas de todas las edades hartas de ser espectadores de esta vendetta. La masiva respuesta ciudadana en todos los rincones del país y los más diversos distritos de Lima es una muestra de que la democracia real está madurando en el Perú y que al igual que en el pasado, en la marcha de los 4 suyos (1) o en la de los “pulpines”(2) la calle sabe hacerse escuchar, mientras que la democracia representativa pende de un hilo, si no feneció. Esto es claro porque el actual Congreso no representa a quienes sólo hace pocos meses los eligieron y el acecho de la corrupción sigue como sombra a los ex-presidentes de la República.
¿Por qué se movilizaron los jóvenes? El propio acto de vacar al presidente Vizcarra fue un escándalo, pero a ello se añadieron algunas perlas. Un Primer Ministro que desprecia a la mayoría de los peruanos por su origen y despotrica contra la ideología de género, proyectos de ley que tenían como intención arrasar con la reforma educativa y universitaria, la legalización de la minería ilegal, etc. y una clase media que aún considera que una mayor inestabilidad económica traerá como consecuencia su desaparición. En suma, este gobierno tuvo la capacidad de unir a los diferentes bajo una misma bandera: la defensa de la democracia y los derechos ya adquiridos, que hoy forman parte del sentido común de los peruanos.
Así, en rápida secuencia, fuimos testigos de los estertores del fuji-aprismo y de la denominada “Coordinadora Republicana”, el ala más conservadora de la política peruana que reunió el Sr. Merino como su flamante gabinete.
El segundo momento aún está por venir: la caída de la Constitución de la dictadura fujimorista, que la gente aún defiende por temor a la inestabilidad de los años del terrorismo, pero que ya no se sostiene. Esta Constitución nació de la dictadura y está basada en sus ambiguas letras; además el sistema de salud pública yace moribundo ante la crisis sanitaria -que se agravará sin duda luego de estas masivas manifestaciones democráticas en medio de las cuales la gente ha tenido que sacarse las mascarillas por no poder respirar ante la absurda agresión policial-; y por la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo frente a la grave situación que enfrentamos como humanidad: la crisis climática.
¿Será ésta la nueva jornada ciudadana que tendrá que embanderar la juventud y el pueblo peruano en un futuro próximo?
(1) La Marcha de los Cuatro Suyos fue una movilización popular realizada en el Perú en los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000, encabezada por Alejandro Toledo que terminó con la caída del régimen de Alberto Fujimori. (2) Protestas ciudadanas que lideraron los jóvenes a fines del año 2015 cuando el Congreso pretendió pasar una ley de contratación juvenil desconociendo derechos laborales. *Investigadora senior del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, Lima, Perú, especialista en ecología social
Imagen: (Imagen de anónima, circula por las redes sociales. Toma en la Plaza San Martín).
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-COLPER, por medio de la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación Alberto Cañas, La Rectoría, El Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, El Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, conscientes de su responsabilidad social, se han enfocado en el análisis de los efectos en la opinión pública, producto de los cambios tecnológicos, políticos y sociales, así como de las tendencias en el ámbito de los consumos informativos. Por ello, y en el marco de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación en Costa Rica, dedicada a la Agenda 2030 (ODS) para el Desarrollo Sostenible de la ONU, se organizó el 4 de noviembre de 2020 el Foro Internacional: “Tendencias de la Información y la opinión pública: Democracia, Ética y Derechos Humanos”.
Dada la complejidad en la construcción de la agenda pública, la opacidad de los líderes de opinión tradicionales, los cambios en los consumos mediáticos, la incidencia de fenómenos socio culturales más amplios y complejos, que plantean a su vez nuevas formas de producción y de intercambio del conocimiento, visiones de mundo confrontadas y a su vez complementarias, globalidad, regionalismo y localismo, el Tribunal de Honor y Ética-COLPER llevó a cabo este diálogo, que nos permitió, ahondar en el contexto y las tendencias en la construcción de la agenda de los medios y las relaciones entre Estado, Medios y Sociedad Civil. Este Foro se constituyó en un espacio de análisis y reflexión sobre estos procesos en Europa, América Latina y de sus manifestaciones en Costa Rica. El foro realizado por medio de la presencialidad remota (Zoom) generó un importante y oportuno intercambio de experiencias, teorías, metodologías y evidencia fácticas de las transformaciones de los consumos mediáticos y el relevo de los líderes de opinión, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Los expertos que compartieron sus visiones proceden de Francia, España, Colombia, México, Chile y Costa Rica:
Dr. Guilherme Canela de Souza. Consejero en comunicación e información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU
Dra. Nuria Lloret Romero. Directora del Doctorado en Comunicación – Universidad Politécnica Valencia. España.
Dr. Valerio Fuenzalida Fernández. Académico-investigador en comunicación de la Pontificia U. Católica de Chile.
Dr. Omar Rincón Rodríguez. Investigador, profesor y director del Centro de Estudios en Periodismo y del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia.
Dra. Ariana Macaya Lizano. Coordinadora de Grupo, Área Legal Corte Interamericana de Derechos Humanos-IDH.
Dr. Raúl Trejo Delarbre. Académico, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-México.
Como parte de la actividad se recogieron los mensajes de las autoridades de las entidades involucradas en la organización del evento. De ahí, que el Lic. Belisario Solano Solano, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, hizo hincapié en el contexto actual, planteando la premisa de que hoy en día vivimos en una llamada “anarquía” de la comunicación, en donde las redes sociales muchas veces se convierten en redes antisociales, lo que llama a sentare con la academia, con profesionales e investigadores a reflexionar. Por ello, rescató la importancia de traer a diálogo los principios de un sistema democrático, fundamentalmente, el respeto a los derechos convencionales dentro de un marco ético que guíen la libertad de expresión.
El Rector de la Universidad Nacional, Master Francisco González Alvarado, reconoció el aporte de la Universidad Nacional desde el Proyecto: “Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, desde el Eje Transformación del Estado (Ética y Valores) en donde se ha venido realizando una consulta nacional para construir una propuesta del futuro para nuestro país hacia los próximos 30 años tomando como base los Objetivos del Desarrollo Sostenible. De esta manera, indicó su complacencia de que el Colegio Profesional (COLPER) que reúne a los comunicadores sociales, haya tomado como principio de esta discusión los ODS y sean hoy el motivo de diálogo, para incidir en la ciudadanía, de cómo promoverlos y trabajar juntos, con la certeza de que todos los actores sociales debemos asumir los desafíos globales en el marco de las instituciones democráticas.
La Ministra de Ciencia, Tecnología y Comunicación-MICIT-Costa Rica- Dra. Paola Vega Castillo, resaltó la importancia de reflexionar en el tema del mundo digital y la comunicación avanzada, así como su influencia en la sociedad actual. En el marco del foro internacional señaló que, gracias a las telecomunicaciones hoy se transmiten los datos en gran volumen e inmediatez, con el propósito de que se convierta en información confiable y verdadera, pero que para alcanzar ese objetivo es necesario cumplir dos condiciones; por un lado, que las personas emisoras sean capaces de discriminar de manera crítica, efectiva, rápida y objetiva, dentro del margen de datos disponibles, aquello que será transmitido y por otro lado, que ante las innumerables cantidades de datos disponibles, las personas receptoras sean capaces desde una perspectiva tecnológica y cognitiva distinguir la veracidad, exactitud e intencionalidad de los mensajes de manera que puedan reaccionar consecuentemente con los valores que buscan el bien común.
El Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, Ph.D. Efraín Cavallini Acuña, enfatizó en cómo estos espacios contribuyen en la construcción de una sociedad dinámica, fuerte, y moralmente cimentada en valores universales, y en la práctica de valores ciudadanos históricos, que fortalezcan la participación responsable, demandante, capaz de aportar a la vida democrática, mediante el diálogo, el consenso en materia de transparencia y acceso de la información pública, la ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción de la innovación, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Por ello, el ejercicio de la comunicación social como el presente Foro Internacional con participantes de diversos países y organizaciones, se constituye en un compromiso para escuchar y recoger de diferentes voces, venidas de diversos sectores de la comunicación, instituciones, universidades, comunidades, regiones, países y demás sectores y personas, que advierten de la necesidad de una ética universal de la responsabilidad por el presente y el futuro de las personas y la ciudadanía.
El Dr. Valerio Fuenzalida, Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigador en audiencias en TV Pública e Infantil, comentó que algunos problemas en materia de comunicación tienen que ver con la desconfianza de la ciudadanía en la clase e instituciones políticas indistintamente del país; además las “noticias falsas”, que no solamente engañan, sino, que dificultan la deliberación social, no contribuyen a generar una opinión, ni discusión a las soluciones de los temas a tratar: “hemos perdido la inocencia frente a las redes sociales inicialmente consideradas como campos de deliberación y participación”. Por ello, Fuenzalida invitó a la audiencia a estar alertas y tomar acciones en pro del ejercicio comunicativo, poniendo atención en la forma como la prensa escrita trata las noticias falsas, ser muy críticos frente a la promoción de series que abordan temas de corrupción, a veces ficcionales y otras basadas en casos reales; asimismo, promover sistemáticamente la conversación social, desde puntos de vista que no están habitualmente representados y propiciar la deliberación para resolver los problemas mediante ejercicios participativos.
Por su parte el Dr. Guilherme Canela de Souza, Consejero de Comunicación e Información de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU, colocó el tema de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en el contexto de pandemia, (Covid19) e hizo referencia al concepto de “tempestad perfecta”, para definir el conjunto de desafíos y ataques a la libertad de expresión que vienen de diversas partes, primero, las medidas o desafíos regulatorias llamadas leyes o decretos de emergencia que fueron puestos para enfrentar la pandemia, pero que traen en muchos casos medidas que van contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que no están en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la información pública.
Como segunda dimensión mencionó el desafío de la seguridad que alcanza a los profesionales en periodismo, dado que vemos amenazas físicas y psicológicas, prisiones arbitrarias, violencia en línea principalmente a periodistas mujeres para el ejercicio profesional. El tercer elemento que indicó Canela de Souza es el desafío laboral, como consecuencia del aumento del despido de periodistas en distintas partes del mundo y más allá el desafío de la salud, en donde han fallecido muchos profesionales en comunicación al dar cobertura informativa a la pandemia y haberse contagiado del virus.
El desafío de viabilidad económica de los medios de comunicación, ya que expertos hablan de que se estarán viviendo desiertos mediáticos en los próximos meses por el cierre de medios de comunicación afectados por la pandemia, que no han podido soportar los efectos disruptivos de las circunstancias, pero, que son fenómenos que ya se venían dando por los cambios del mundo de la publicidad y el advenimiento de plataformas de internet.
Toda esta “tempestad perfecta” se da en el marco de una ola impresionante de desinformación que afecta todo este escenario, en un momento que irónicamente quizás el periodismo nunca fue tan necesario para nuestras democracias.
La Dra. Nuria Lloret Romero, directora del Doctorado en Comunicación-Universidad Politécnica Valencia-España, abordó la temática de las noticias falsas, aludiendo que las “Fake News” no son un problema del periodismo, sino, un enemigo de la democracia, un problema de los partidos políticos, de los gobiernos, y sobre todo del ciudadano, dado que el 65% de las personas de todo el mundo se informan en primer lugar de las redes sociales. Es preocupante la incidencia negativa de estas noticias en la sociedad, por lo que se hace necesario una formación en materia digital, para interpretar los mensajes y poder diferenciar lo que verídico y lo que es falaz.
El combate de los contenidos falsos es responsabilidad de la democracia, son los sistemas y gobiernos que deben velar que no existan estos contenidos falsos. Por ello, los comunicadores deben encontrar fórmulas eficaces de hacer su trabajo e impedir que prosperen tantas mentiras en las redes. Los comunicadores no deben ser parte del problema, sino de la solución, alfabetizarse en el campo mediático y digital para contrarrestar con la verdad.
Como se mencionó en el Foro Internacional quizás de manera ingenua pensamos que el surgimiento de las redes sociales podrían ser un instrumento para la mejora de la democracia y vimos con el principio de las primaveras árabes el rol que pudo haber tenido plataformas como Facebook, para la organización de la sociedad civil, para reclamar sus derechos y derrocar Gobiernos autoritarios sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta también de los riesgos de estas redes sociales y los desafíos que imponen sobre todo para los tribunales regionales de protección de los derechos humanos, que siempre han pensado la libertad de expresión en un marco tradicional de prensa escrita, televisiva, y que ahora hay que pensar en otro marco de prensa en donde primero hay carácter anónimo muchas veces, hay un carácter transnacional de las empresas que controlan estos medios de comunicación y una gran posibilidad de manipulación.
Lloret, indicó que las noticias falsas cambiaron el modelo de negocio de la información y son ellas mismas un modelo de negocio, por lo que es imposible que desaparezcan las Fake News, dado que los grandes holdings (sostenimiento) de la comunicación a nivel internacional están ganando dinero con estas formas de información. Debemos cortar ese ciclo vicioso que genera cada vez más odio, más polarización y más Fakes. Los comunicadores debemos trabajar sobre esa educación digital para que la verdad vuelva a tener prismas y no sea la verdad absolutista.
La Dra. Ariana Macaya Lizano, Coordinadora de Grupo, Área Legal Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió al tema de la ética y tutela de derechos humanos en materia de comunicación desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de forma más general de la jurisprudencia internacional de protección de los derechos humanos, pero, sobre todo hizo hincapié en los desafíos frente al cambio de paradigma en materia de información que estamos viviendo por el papel protagónico que juegan las redes sociales y su relación con la democracia.
Es pertinente evidenciar que la CIDH desde sus inicios sentó las bases y la relación íntima que existe entre la libertad de expresión y democracia. En una de sus primeras decisiones en el marco de su competencia consultiva ante una consulta realizada justamente Costa Rica en marco de la colegiación obligatoria de los periodistas, se pronunció y marcó un precedente que va a ser base para todo el desarrollo jurisprudencial de la libertad de expresión y su relación con la democracia. Dice la CIDH en su opinión consultiva la 585: la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, indispensable para la formación de la opinión pública, es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas, culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente”. De esta manera, Macaya agregó que lo anterior, es, en fin, condición para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada, por ende, es posible afirmar que la sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Como garantizar entonces, ahora, la información de la sociedad frente a los desafíos que nos dan las redes sociales. También en el marco contencioso, en un caso que tiene que ver también con Costa Rica, caso Herrera-Ulloa vs Costa Rica del 2004, la Corte desarrolló aún más y nos dice que sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece; el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y se empieza a crear el campo fuerte para sistemas autoritarios. Entonces, habla de un verdadero derecho de defender la democracia que constituye una concretización de varios derechos, en particular la libertad de expresión.
La CIDH ha hecho un especial énfasis en la importancia de la labor de los periodistas en esta relación entre libertad de expresión y democracia. Los periodistas de los medios de comunicación deben entonces tener una protección especial y una independencia para realizar sus funciones esto particularmente importante.
La Comisión Interamericana afirma que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas las cuales no pueden ser impuestas por los Estados, puede ser regulada pero necesita de un ambiente de libertad para poder ejercer estas escogencias propias de una decisión ética y ahí justamente los colegios de periodistas pueden jugar un papel muy importante, para recordar esta responsabilidad de los comunicadores frente también a estos nuevos desafíos que nos da el surgimiento primero de internet y luego de las redes sociales: “ Sabemos que este contenido llamémoslo Fake News o desinformación, puede afectar finalmente la democracia, que es lo que está en juego actualmente. Es uno de los grandes desafíos en los tribunales regionales y no hay duda de que lo que está pasando en la actualidad y será materia para que se desarrolle jurisprudencia al respecto”, acotó Macaya Lizano en el Foro Internacional.
Por su parte el Dr. Omar Rincón Rodríguez, escritor, investigador, crítico, académico y director del Centro de Estudios en Periodismo y del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia, hizo referencia a elementos de la información y a observaciones sobre la opinión pública.
Rincón señaló 5 elementos sobre la información actual:
Expresó que la verdad no es sexy, no ha sido sexy nunca, no es erótica, no es seductora, nadie dice la verdad todo el tiempo, este criterio de la verdad que hemos vendido y que el periodismo trató de vender nunca existió y no es absolutamente fascinante, por eso las Fake News entran tan fácil, porque uno quiere creer en las verdades de uno mismo, entonces, el concepto de verdad tiene un problema complicado visto desde este enfoque.
El periodismo clip todo lo hace por ganar un clip, por eso tiene como centro al informador, el medio o el político, pasando la noticia a ser más espectáculo público que un mensaje pertinente y oportuno para informar a la sociedad. No es que todo el periodismo de un clip sea malo, pero pareciera que lo que tiene mayor interés es sumar clips más que el mismo suceso. Y ahí reina el periodismo sensacionalista y militante.
La información ya no es un producto de los medios, es el producto fundamental de Google, Facebook, las redes y las plataformas digitales. En este sentido, los medios que eran los que se creían dueños de la información ya no lo son tanto. Hoy son las plataformas digitales las que explotan la información y la usan. El New York Times ya decidió que no es un medio de periodismo, es una plataforma digital, donde uno de sus productos es el periodismo, no el único.
Los medios de comunicación decidieron ante la crisis de credibilidad, legitimidad y de negocio volverse actores políticos. Hoy los medios son actores políticos. Por ejemplo, la oposición a Cristina Fernández en Argentina era el periódico Clarín, mientras que para Macri era su aliado fundamental. El medio O Globo estaba contra Dilma lo mismo La Folha de Sao Paulo, esto favoreció a Bolsonaro, quien a su vez ahora son su enemigo. New York Times y CNN es la oposición a Donald Trump. Todo esto indica que los medios decidieron eliminar ese papel de narrador de la sociedad y empezaron a ser actores políticos, en aras de defender el negocio y el negocio ahora es hacer el periodismo de sus dueños y sus empresas. A Clarín, por ejemplo, le interesa defender su negocio de internet y celulares más que el periodismo.
Murió el periodismo que habíamos creado en el siglo veinte, un periodismo donde supuestamente había objetividad, donde la verdad se contaba, donde supuestamente las cosas funcionaban perfectamente, eran neutrales y rigurosas. Estos medios hoy en día perdieron su lugar de referencia, no hay medios de referencia, lo último que quedaba era el New York Times y se fue para el carajo. Se muere también el periodismo de denuncia, ya no sirve para absolutamente nada. Hoy se denuncia a Donald Trump en EEUU, a Duque en Colombia y a Bukele en Salvador y no pasa absolutamente nada, no tiene incidencia pública. Todo se volvió una pirotecnia digital, cada uno en su fake, con eso también el periodismo pierde legitimidad.
Rincón, aprovechó el espacio donde participaron comunicadores, académicos y estudiantes de carreras universitarias para referirse a la opinión pública:
Los opinadores cambiaron. Antes, los líderes de opinión eran intelectuales que escribían libros, daban referencia y retaban a la sociedad. Hoy esos intelectuales fueron cambiados por influencer. Y qué es cambiarse de un líder de opinión por un influencer. El líder de opinión, el líder intelectual quería generar conversación pública, el influencer busca básicamente generar consumo, no ofender a sus audiencias y complacerlas para que lo amen y para poder mostrar productos que generen ingresos o beneficios a su red. El intelectual lo que quería generar era disenso, diversidad de opiniones en la sociedad.
Los intelectuales de hoy han sido desplazados por Twitteros superficiales, cuya lógica es una lectura a la velocidad de un clip, sin fondo ni análisis. Tenemos que empezar a entender que la opinión pública actual no es la opinión del siglo veinte cuando teníamos la prensa mandando, la televisión divirtiendo y la radio acompañando. Lo que tenemos es una opinión pública basada en redes digitales.
Hoy vemos diversos tipos de opinión pública, en un primer estadio la que llamo, opinión pública “jurásica”, que es donde habitamos los mayores de cuarenta años, quienes nos creemos todas las Fake News que nos pongan. Somos una generación que damos por un hecho que tenemos la verdad absoluta y que habitamos en el reino de Facebook, WhatsApp y Face News, que realmente deberíamos llamarle: “Fake Book”. En este mundo, nos creemos como verdades todo lo que nos pasan por redes y dispositivos móviles y lo asumimos como la gran maravilla. No obstante, estamos ante un problema complicadísimo, como es la falta de profundidad en el análisis de los mensajes y asumimos todo como válido, con grandes consecuencias, dado que somos cuatro mil millones de personas en el mundo que votamos e incidimos directamente en la democracia guiados por nuestras fake.
La opinión pública “zombie” que vive en las pantallas se cree muy cool y crítica, esos tres mil millones de jóvenes que habitan en Instagram, Tik Tok y YouTube. Todos dependen de una pantalla de celular, alucinados por el acceso a lo tecnológico, pero, que no tienen mucho espíritu crítico ante el mercado. No votan, pero tienen causas sociales como el medio ambiente y los feminismos.
“El club de la pele” que es donde viven los políticos y los periodistas peleando en Twitter. Lo que debemos entender es que Twitter es pequeña, solo tiene 300 millones de personas en su red a nivel mundial, por lo tanto, crea otra burbuja entre los que se creen opinadores y líderes, no obstante, cuenta con cero incidencia en la ciudadanía, pero como ahí están los periodistas y los políticos se creen que ese es el único mundo posible.
La esfera pública colectiva del siglo veinte ya no existe más, tenemos multiplicidad de escenarios y por eso pensar en opinión pública, es comenzar a pensarla en términos de cuáles son las redes que usamos, para que audiencias y en que estéticas y narrativas vamos a construir las opiniones públicas.
Dr. Raúl Trejo Delarbre, Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM-México, académico enfocado en proyectos de investigación, ligados al campo de la democracia, la prensa y la comunicación, articulados al modelo de desarrollo económico y político, desarrolló el tema de la responsabilidad periodística: una necesidad inclaudicable. Reconoce que al contexto del Covid-19, se le designa un carácter multidimensional y transtemporal al que èl ha propuesto que se le llame “META-EVENTO” ya que lo considera como un descomunal hecho histórico, porque una pandemia como la que ha brotado en el año 2020, no tiene una fecha de inicio, ni concluirá en un día especifico y el hecho de narrar y explicar este “metaevento” solo puede cubrirlo el periodismo. Las redes socio digitales esparcen noticias en instantes, pero, la tarea de darles coherencia y antes que nada desglosar entre los hechos falsos y verdaderos la cumple el periodismo profesional, este que coteja los hechos, que al equivocarse se reconoce. En ese sentido, la pandemia ha implicado nuevas exigencias porque es un acontecimiento que es imposible de comprender sino se le mira desde numerosos ángulos y se le reconoce su evolución constante.
Trejo mencionó que hay que ser enfático de que los periodistas son trabajadores esenciales, como el personal de salud o los trabajadores que mantienen funcionando las telecomunicaciones o la base de mercancías en la situación de emergencia que ocasionó la pandemia, sin embargo, no siempre los trabajadores de la información cuentan con las garantías materiales y jurídicas que requieren las tareas que realizan.
Con frecuencia los periodistas están expuestos a peligros que ahora se incrementan con la pandemia, a la violencia de grupos delincuenciales que les amenazan e incluso asesinan y el riesgo de contagiarse de COVID 19, pues ya son docenas los periodistas latinoamericanos que han fallecido de esa enfermedad. Se agrega a esto, la descalificación desde el poder político contra el periodismo que indaga y que refleja la diversidad de nuestras sociedades. Es la actitud vigilante y responsable de la prensa, la que se ha constituido en una de las más inquietantes amenazas de los Gobiernos de talante más autoritario, que abominan de la prensa crítica y la descreditan, por otra parte, desestiman la gravedad de la pandemia y menosprecian las indicaciones de los científicos para enfrentar esta emergencia. El periodismo profesional para hacer precisamente eso, comunicación con responsabilidad social, tiene que ser independiente de los poderes económicos y políticos.
No podemos dejar al margen, que también hay medios que informan sobre la pandemia, utilizando maniobras para generar el amarillismo y difundir el desconcierto. Pero el periodismo profesional es el que investiga, coteja los hechos y que cuando se equivoca lo reconoce y rectifica, mira desde numerosos ángulos y reconoce su evolución constante.
