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Etiqueta: democracia

UCR: Costarricenses priorizan los problemas cotidianos frente al COVID-19

Encuesta del CIEP

Las medidas sanitarias continúan con un amplio respaldo ciudadano y la democracia se mantiene firme pese al impacto de la pandemia

Investigadores del CIEP señalan la aceptación de la vida con pandemia por parte de la ciudadanía costarricense. Foto: Karla Richmond, UCR.

Costa Rica registró los primeros casos de COVID-19 el pasado 6 de marzo, y en abril la pandemia ya era considerada por la ciudadanía como el principal problema del país. Tras ocho meses de emergencia sanitaria, la población vuelve a priorizar temas cotidianos mientras lidia con la amenaza del virus.

Así lo revela la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual se aplicó entre el 2 y 9 de noviembre a 969 personas mayores de edad localizadas en todo el territorio nacional.

Según la medición, el 26,7 % de las personas —al igual que en la consulta de agosto anterior— considera que el desempleo es el principal problema del país; seguido por la situación económica y la mala gestión del Gobierno, destacadas por el 21,4 % y 13,1 % de la muestra, respectivamente.

Por primera vez en las mediciones realizadas desde la presencia del coronavirus en el país, este se colocó fuera de la principal triada de preocupaciones ciudadanas y ahora figura como el cuarto problema más destacado. Según la investigadora, María José Cascante Matamoros, los datos evidencian una “aceptación de la vida con pandemia” por parte de los costarricenses.

“Ya se dejó de priorizar el encierro y la exclusividad que había tenido hasta ahora la pandemia en la vida y, de alguna manera, se está buscando el modo de volver a una forma de vida que también incluya esto”, explicó Cascante.

Según la experta, las preocupaciones cotidianas, que estaban nubladas en abril tras la llegada de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, vuelven a surgir en la población y aparecen radicalizadas como resultado del impacto económico y social de la crisis sanitaria.

“Empezamos a ver huracanes y otras cuestiones regulares de la dinámica social de nuestra vida, tensiones que nos obligan a priorizar. Todo esto genera mucho estrés en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones y hasta en las medidas que se toman”, reconoció Cascante.

La ciudadanía señala malestar con el Gobierno y con la situación económica

En medio de la diversidad de temas que vuelven a surgir en la dinámica social costarricense, el apoyo de la ciudadanía a las medidas sanitarias se mantiene en un 69 %. También se registra una mejor valoración de las acciones económicas que, tras un incremento de 16 puntos porcentuales, reciben el respaldo del 43 % de las personas.

En contraposición con las mejoras descritas, la gestión del presidente Carlos Alvarado recibe el apoyo más bajo que ha tenido su gobierno desde noviembre del 2018, al registrar solo un 15 % de opiniones positivas frente a 66 % de valoraciones negativas.

En cuanto a la situación económica, el pesimismo se mantiene como tendencia en esta encuesta. El 87 % de personas considera que el panorama nacional es malo o muy malo, en contraposición con apenas un 4,2 % que lo valora de manera favorable.

Según el investigador Ronald Alfaro Redondo, el resurgimiento de otras preocupaciones en la ciudadanía, relacionadas con el desempleo y su situación económica, genera un “castigo” al trabajo del Gobierno y a su reciente actuación en el manejo de las tensiones con diversos grupos sociales.

Además del desempleo, las personas destacan la situación económica y la mala gestión del Gobierno como los principales problemas del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La democracia se mantiene sólida pese al impacto de la pandemia

Pese a los enfrentamientos y manifestaciones violentas que vivió el país durante octubre, esta nueva encuesta del CIEP señala que la democracia costarricense se mantiene sólida en medio de los múltiples desafíos que ha planteado la pandemia.

Los resultados de la encuesta reconfirman, una vez más, el respaldo social a principios como la libertad, la democracia, la paz y la protección de la naturaleza, los cuales forman parte importante del imaginario del ser costarricense.

Al mismo tiempo, aunque se reconoce la existencia de diversos perfiles identitarios dentro de la población, existe un rechazo generalizado a las acciones antidemocráticas como los bloqueos de carreteras o la paralización del país.

Según Alfaro, los resultados de la encuesta evidencian que la ciudadanía sigue apostando por el diálogo y por la negociación para resolver sus diferencias. Esto es parte de una respuesta positiva a la vigencia de mecanismos democráticos.

“A veces la democracia es lenta, pero tiene mecanismos diseñados para procesar los conflictos y entregar resultados. Aun en sus horas más difíciles, la democracia costarricense está demostrando que tiene una reserva de confianza en la gente para procesar todas estas presiones y tempestades”, concluyó el experto.

El panorama más reciente del desempleo

Según la nueva encuesta del CIEP, el 48 % de las personas encuestadas reconoció una afectación propia o en su núcleo familiar por la pérdida de empleo durante el último mes.
El 19 % de la muestra consultada señaló una afectación directa y el 29 % restante atribuyó esta circunstancia a algún miembro de su hogar. El mayor impacto directo lo experimentaron hombres entre los 35 y 54 años de edad, mientras que las mujeres mayores de 55 años son quienes reportan el mayor impacto en sus familias.
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón agrupan la mayor cantidad de personas que perdieron el trabajo durante las últimas semanas.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Movimiento feminista y de mujeres condena detención contra Stella Chinchilla

Movimiento feminista y de mujeres: Condenamos la detención arbitraria y violenta contra Stella Chinchilla Mora, compañera comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos

Las organizaciones, mujeres y personas que suscribimos el presente posicionamiento, rechazamos y repudiamos con vehemencia la violencia y el abuso policial contra las mujeres y las niñas en el marco de las protestas y manifestaciones contra el FMI y las medidas de impuestos regresivos por parte del gobierno contra la clase trabajadora.

Denunciamos que el pasado 29 de octubre fue detenida en Ochomogo, Cartago, junto a otros compañeros, de manera arbitraria y violenta Stella Chinchilla Mora destacada comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos, quien enfrenta ahora un proceso de judicialización.

Enfatizamos nuestro repudio contra la detención abusiva, arbitraria e ilegal de Stella, mientras ella se encontraba reportando un abuso de poder por parte de la policía contra una persona con una condición de discapacidad, antes de iniciar una manifestación pacífica.

Condenamos que la violencia policial obstruya el derecho a la comunicación, información y a la libre expresión de todas las personas en Costa Rica. Exigimos el cese inmediato de los abusos de autoridad y la violencia policial contra las mujeres y niñas, o cualquier otra persona que haga uso de su legítimo derecho a la protesta social. Le recordamos a la policía que su principal labor es proteger a la sociedad civil, no perpetuar la violencia ni la masculinidad tóxica que ha manifestado como institución desde la base de su matonismo policial.

Este atropello a la integridad física y emocional de Stella se da en el marco de la violación sistemática a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, bajo las órdenes del Ministro de Seguridad Michael Soto y el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, contra el movimiento social en resistencia desde las calles.

Puntualizamos:

Es inaceptable la violencia sufrida por la compañera Stella Chinchilla Mora, siendo ésta abuso sistemático de poder por parte de la policía, antimotines y diferentes órganos de seguridad nacional bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

Este atropello a los Derechos Humanos se suma a un conjunto de hechos registrados contra el ejercicio a la libre comunicación, periodistas y comunicadores sociales en el país, demostrando que el gobierno irrespeta acuerdos internacionales como el contemplado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que establece el Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Que en la detención de Stella el Ministerio Público aduce “obstrucción de la labor policial” y “resistencia agravada”, lo cual además de no tener fundamentación, es la justificación bajo la cual el gobierno pretende legitimar el uso de armas químicas de forma indiscriminada con los gases lacrimógenos a la población, las cuales han dejado personas afectadas incluyendo niñez y adultas mayores, que se encontraban en sus casas. También, se han registrado agresiones físicas, verbales y con arma de fuego, envío de infiltrados para ocasionar disturbios con el fin de deslegitimar la protesta social, desapariciones y detenciones arbitrarias como la descrita aquí contra la compañera Stella, sumando al día de hoy más de 141 detenciones de esta naturaleza inconstitucional.

El gobierno de Costa Rica no respeta la libertad de prensa y comunicación popular, y a su vez, es cómplice de la campaña mediática basada en falacias emitidas desde medios de comunicación como La Nación cuyas publicaciones intentan denigrar la labor profesional y comprometida de Stella Chinchilla Mora.

Consideramos que no es posible ni congruente la disposición de un gobierno que convoca al diálogo multisectorial mientras persista un escenario donde se dé la represión, intimidación, persecución, y desapariciones contra sus habitantes, pues caracterizan un estado reproductor de la indefensión, impunidad, cuando acciones como la criminalización y judicialización de la protesta social, son propias de gobiernos antidemocráticos.

Es por esto que en medio de esta crisis política, económica y social donde la pandemia se ha convertido en la cortina de humo para intentar invisibilizar la desigualdad y violencia contra las mujeres, exigimos al gobierno de Carlos Alvarado Quesada ser consecuente con la voluntad manifestada de abrirse al dialogo con el pueblo mediante la priorización del respeto y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, comunicadores, defensores y todos los habitantes de Costa Rica por medio del alto definitivo a la represión del legítimo derecho a la protesta social.

Le recordamos al Gobierno que el disenso es clave para la democracia, y no puede ser acallada con armas químicas, golpes y aprisionamientos. La democracia es un proyecto continuo y debemos protegerlo, reducir nuestros derechos humanos a partir de la represión policial o políticas públicas para criminalizar y judicializar el disenso es una alerta en cuanto el proyecto país que deseamos y que merecemos.

Por último, invitamos a medios locales, nacionales e internacionales a que se sumen a esta denuncia porque comunicar, informar y expresarse libremente ¡Son Derechos Humanos! Un Estado que limite el ejercicio libre de estos no es una democracia. ¡Libertad para Stella! ¡Libertad para protestar! ¡Justicia para las personas en procesos por ejercer su derecho humano a la Protesta Social!

Para apoyar esta iniciativa, ingrese en el siguiente enlace: https://forms.gle/VtC3VUJgSpDWeEEW9

Resultado electoral en USA 2020: una democracia en pañales

Luis Ángel Salazar Oses

Si el Pueblo estadounidense quiere le dará carta de ciudadanía, eso sí, para lograrlo tendrá que dar muchas y durísimas batallas incruentas y quizá cruentas.

Y no nos estamos refiriendo a la tradicional, vetusta, legendaria y sobre todo mítica «Democracia Americana» que, -ráspese por dónde se raspe con un trocito de análisis riguroso-, lo único que queda al descubierto es plutocracia (gobierno de los grandes ricos) con una enorme dosis de cleptocracia (gobierno de los grandes ladrones), que por cierto, esta vez también ha quedado intacta, sino, a la que esta vez han parido por todo el país, mediante toda clase de laboriosas y dolorosas luchas, los sectores más despiertos, lúcidos, informados y honestos de la sociedad estadounidense, unificados circunstancialmente bajo el pendón partidario azul que, eso sí, mucho pero mucho más allá de votar por Biden y el partido Demócrata, han votado para dejar patente su fe y su empeño por un mundo integralmente mejor, fundamentado en la auténtica justicia económica, política, social, cultural y ecológica para la Humanidad en general y la Madre Naturaleza.

Lo especial de esta tiernísima y veraz Democracia es que, pigmentos más o menos, es la misma Humanitarista Ecologista y Participativa que también nace, tanto en Nuestra América -del Río Bravo a la Patagonia, Caribe incluido-, como en los demás Pueblos del mundo y que, más temprano que tarde se impondrá pues «el Pueblo unido jamás será vencido».

¿Y qué nos unifica y mueve? Una mezcla muy particular por lo dialéctica y humana, entre instinto de conservación y, racional lucidez.

Fascinante, multifacético, vital y por ende ineludible proceso en el que, cada vez más juntos hoy estamos empeñados.

«Algún día seremos un mismo Pueblo, algún día comeremos en la misma canoa» Filosofía Bibri.

 

Imagen tomada de https://www.informador.mx/

La libertad de expresión es sustancial a la democracia

Nosotras feministas y mujeres defensoras de Derechos Humanos que conformamos la Red de Puntos Violentas nos posicionamos ante el caso de nuestra compañera defensora Claudia Campos Rodríguez, quien en este momento está lidiando con una demanda por difamación por parte de Juan Diego Castro.

El programa Suave un Toque, donde Claudia Campos Rodríguez era presentadora, realizó una serie de ediciones donde se abordó las candidaturas presidenciales, entre ellas Juan Diego Castro del Partido Integración Nacional (PIN). Debido a la crítica realizada y la información recopilada que realizó el programa durante la contienda presidencial del 2017, Claudia está siendo injustamente demandada por el delito difamación como reprimenda por ejercer el ejercicio de la comunicación popular.

Las organizaciones feministas y de mujeres aquí firmantes denunciamos esto como un ataque directo a la libertad de expresión y señalamos las intenciones en las que en muchas ocasiones se ha procurado en censurar las voces de jóvenes y mujeres críticas que han asumido el compromiso de informar y comunicar a la población nacional en el contexto electoral. La libertad de expresión es sustancial a la Democracia y la pluralidad de medios alternativos también.

La denuncia de Juan Diego Castro contra la compañera Claudia Campos durante su colaboración en el programa Suave un Toque, es un acto que busca desacreditar el trabajo de comunicadoras y comunicadores populares quienes encabezan el periodismo crítico y libre en la región de América Latina.

Recordemos que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia por fortalecer el funcionamiento de los sistemas pluralistas y deliberativos. La libertad de expresión protege y fomenta la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole. Sin libertad de expresión el concepto de opciones políticas se convierten en una ficción y la democracia en ilusión. La democracia se construye día a día, ¡por eso la defendemos!

Instamos al Poder Judicial y al Gobierno de Costa Rica poner alto a los intentos de coartar los derechos humanos con actos que son claramente antidemocráticos. También hacemos un llamado a la prensa libre y a las defensoras y defensores de Derechos Humanos a sumar su apoyo a Claudia en este momento de violencia política, donde la violencia machista, adultocentrista la quieren no sólo callar sino también castigar por expresar lo que es de conocimiento público.

Acompañemos a Claudia este 11 de noviembre a partir de las 8:00 a.m. en el II Circuito Judicial de San José en Calle Blancos Goicoechea, porque la #JusticiaParaClaudia es Democracia. #NadieNosCalla
#EntreNosotrasNosCuidamos #ProtejamosLaLibertadDeExpresión

Para apoyar esta iniciativa ingrese aquí.

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

UCR: Análisis de las elecciones presidenciales del 2018 retrata una democracia amenazada

Además de definir al actual presidente de Costa Rica, el último proceso electoral en el país dio a conocer aspectos relevantes sobre la situación democrática nacional

Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR..

Diversos aspectos permiten considerar las elecciones presidenciales del 2018 en Costa Rica como un proceso inédito. Fue la primera vez que las agrupaciones políticas que consolidaron el bipartidismo en el país estuvieron fuera de la segunda ronda de votación y, además, el partido con la mayoría de votos en la primera ronda no llegó a la Presidencia.

El Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), y el Programa Estado de la Nación prestaron atención a las particularidades menos evidentes de la más reciente fiesta democrática nacional y profundizaron en su comprensión mediante una serie de investigaciones que plantean el retrato de una democracia amenazada.

Los investigadores y editores del libro que compila los análisis realizados por un amplio grupo académico, Felipe Alpízar Rodríguez y Ronald Alfaro Redondo, reflexionan sobre la forma en que los diversos aspectos retratados en las últimas elecciones podrían favorecer la comprensión de realidad política en el país y la toma de decisiones.

-La democracia costarricense es considerada liberal, madura y estable como resultado de la ausencia de perturbaciones que hayan puesto en entredicho su legitimidad por un largo periodo histórico ¿Cuáles son los principales aspectos a los cuales se atribuye lo anterior?

Felipe Alpízar Rodríguez (FAR): En Costa Rica se habla de una democracia madura, porque tenemos una tradición de muchas décadas, en las cuales las elecciones democráticas han sido el mecanismo para elegir a las autoridades. Es estable, porque no hemos sufrido rupturas al orden democrático, durante al menos los últimos 70 años. Y es liberal, porque superadas las limitaciones de la primera mitad del siglo XX, todos los hombres y mujeres tienen la capacidad de elegir y ser electos. Estas características se explican con la trayectoria histórica del país.

La estabilidad se atribuye también a la existencia de una institucionalidad política muy fuerte, la cual empezó a construirse a inicios del siglo XX y que en diferentes momentos creó instituciones como la Sala IV y la Defensoría de los Habitantes. Esto no quiere decir que no hayan existido tensiones, pero se han diseñado una serie de mecanismos democráticos para tratar de proteger a la ciudadanía.

Todo ese entramado institucional le da mucha fortaleza al sistema, pero eso no lo deja exento de amenazas. La estabilidad democrática no está exenta de conflicto, pero alcanzar ese estatus es el resultado de un proceso muy extenso de luchas, reformas y que no necesariamente ha acabado, porque el proceso de democratización es algo permanente en la sociedad.

-Las investigaciones realizadas señalan el advenimiento de una democracia disfuncional, como resultado de la falta de capacidad de las instituciones públicas y de las organizaciones de representación política ciudadana para adaptarse a los contextos que presenta el país. ¿De qué forma se manifiesta esta situación en la vida cotidiana?

FAR: Tener una democracia estable y madura no quiere decir que se ha alcanzado todo lo que se necesita para convertirse en un paraíso democrático. Al mismo tiempo que la democracia ha logrado proteger los derechos de la ciudadanía y los procesos electorales, siguen sin resolverse muchos problemas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo o que son producto de unos equilibrios políticos consustanciales, los cuales pueden llegar a generar una parálisis decisional. Es decir, que el sistema democrático a veces puede resultar más lento para resolver asuntos comunes o que hay momentos donde una instancia bloquee a la otra.

Estas situaciones no solo son parte del diseño de la democracia, sino también del diseño del apartado estatal, porque de alguna forma hemos sido incapaces de realizar reformas estructurales al sistema político y al Estado en los últimos 40 años. Esto hace sentir a la gente que existen dificultades para resolver los problemas y que el sistema político de alguna manera está entrabado.

Las disfuncionalidades surgen porque no se han podido atender todas las inquietudes, demandas y necesidades en diferentes temas que a la gente le pesan y se van arrastrando.

Según los expertos, la combinación de las disfuncionalidades estructurales con las débiles identidades políticas ciudadanas, detectadas en las elecciones del 2018, conforma una amenaza latente para la democracia. Foto: Cristian Araya Badilla, UCR.

-¿Cómo es que a la luz de los fenómenos sociopolíticos experimentados en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2018 es posible plantear el retrato de una democracia amenazada?

Ronald Alfaro Redondo (RAR): Muchas veces, las amenazas que experimentan las democracias no están necesariamente materializadas, algunas pueden ser latentes, pero las democracias pueden tener mecanismos para resolver o librarse de esas amenazas. Es posible realizar algunas transformaciones o apegarse a algunos principios y valores, y de esta forma evitar que esas amenazas pasen de ser latentes a volverse reales.

Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Cuando hay identidades políticas fuertes, la gente tiene claro por quién va a ir a votar, mucho antes de que se celebren las elecciones. Pero cuando ocurre lo contrario, la gente no sabe qué hacer, no sabe a quién apoyar o quién es el oponente.

Cuando una democracia tiene identidades políticas debilitadas se corre el riesgo de que cualquier evento externo pueda alterar por completo el juego, romper con el orden y crear las condiciones para que exista muchísima incertidumbre política y electoral.

La combinación de las disfuncionalidades estructurales —que ya arrastraba el país— con las débiles identidades políticas ciudadanas —que detectamos en las elecciones del 2018— conforma una amenaza latente, porque pueden generar mucha volatilidad e incertidumbre de cara a situaciones futuras que, incluso, pueden atentar contra la misma democracia.

FAR: La democracia amenazada surge cuando los descontentos y temas que no se resuelven terminan convirtiéndose en reivindicaciones que van en contra de la democracia misma, como puede ser —por ejemplo— el hecho de optar por la salida autoritaria.

La erosión de las identidades genera gobiernos con poca legitimidad. Y la legitimidad es el cemento que mantiene unidas a las sociedades. Cuando eso se erosiona, nos enfrenta a gobiernos débiles en los que la gente no cree y donde el apoyo ciudadano se vuelve líquido o volátil. Son como globos que se lleva el viento, porque no están amarrados a ningún lugar.

Más allá de la popularidad de un presidente, la sensación de descrédito de la política, de los políticos y la falta de sentido de pertenencia en el país impiden que haya una base, un proyecto político común para concretar ciertas reformas. En Costa Rica, esta identidad está muy erosionada y eso ocasiona mucha inestabilidad para el funcionamiento del sistema. Entonces la amenaza actual es que se pongan en riesgo los cimientos mismos de la democracia, que la sociedad deje de creer que la democracia es el medio para resolver sus asuntos.

-La investigación que presentan señala la existencia de disfuncionalidades endémicas y convergentes en el país que, lejos de responder a eventos coyunturales, han sido arrastradas por un largo periodo. ¿De qué forma es que la comprensión de esta realidad puede guiar la toma de decisiones en el presente?

RAR: Las democracias pueden tener disfuncionalidades, problemas, defectos y hay formas de corregirlos. Por su parte, la ciudadanía puede tener cierto conjunto de actitudes que, en algunas ocasiones, sean desfavorables. El asunto que detectamos es que tenemos una combinación de disfuncionalidades estructurales y de actitudes sociales que no fortalecen la democracia.

Si tuviéramos partidos políticos más fuertes, es probable que esa molestia y esa protesta de la gente se canalizaría a través de ellos. Pero como no es así, no pueden ser los escuderos de la gente, y ese papel lo asumen otras organizaciones de la sociedad civil fuera de los partidos. Esta situación plantea grandes dificultades, porque si los partidos están pensados para que sean los que procesen esas demandas y necesidades del pueblo, y no lo hacen, se desconfigura un actor central del escenario político.

FAR: Costa Rica tiene un parlamento muy pequeño y eso representa una dificultad importante en este tiempo, porque no todos los grupos y voces encuentran un canal institucional para manifestar su descontento. Se evidencia así la imposibilidad del sistema de tramitar esas demandas por una vía institucional. Todos los llamados al diálogo que estamos viendo en este momento por parte del Gobierno son intentos para tratar de traer al campo de lo institucional ese descontento que hoy está en la calle.

Frente a este contexto, uno de los principales retos para el país es mejorar la representatividad de los diversos sectores de la sociedad costarricense, la cual se ha complejizado y que, de alguna manera, el actual Congreso no refleja.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

SEC exige se respete y se cumpla el principio de transparencia en la función pública

En el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, creemos firmemente en el principio de transparencia como pilar de la democracia y la función pública, por lo que nos parece deplorable y condenamos vehementemente lo sucedido este martes 3 de noviembre con la transmisión en vivo de la sesión de la comisión de Gobierno y Administración, la cual no se pudo escuchar por los problemas técnicos con el audio, según informaron los administradores del canal de YouTube AsambleaCR03 (Perteneciente al departamento de prensa de la Asamblea Legislativa).

Es extraño que al mismo tiempo que se daba a conocer el problema técnico, los administradores informaban en el chat que la comisión no estaba sesionando, pero por otros medios de prensa se comunicaba la votación afirmativa a varias mociones de fondo presentadas al proyecto 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”.

Por lo tanto, condenamos este acto y solicitamos se respete el principio de transparencia en la función pública, a la democracia participativa y a la correcta libertad de prensa. Exigimos se tomen las respectivas cartas en el asunto al ser una sesión ilegítima, que no debió realizarse dadas las circunstancias señaladas

Reiteramos el rotundo rechazo al proyecto de ley Marco de Empleo Público que se tramita en dicha comisión, solicitamos no se dictamine mientras se desarrollan los procesos de Diálogo Multisectoriales como principio de BUENA FE.

08 de noviembre de 2012: ¡nunca olvidar!

Carlos Vega

UNA «democracia» con PELAJE de DICTADURA!

El 08 de noviembre de 2012 desde los diferentes confines de esta Patria SAQUEADA por los desgobiernos, nos movilizamos desde muy temprano hacia San José nuestra Capital.

Íbamos acompañados de adultos mayores y familiares de diferentes edades incluidos niños que también defendían el Derecho Humano a tener una Seguridad Social como la que pensaron en las luchas de la década de 1940 que costaron FUSILADOS, REPRIMIDOS, TORTURADOS Y DESTERRADOS de nuestra Patria.

Centenas acudimos a San José el 08 de noviembre de 2012, marchamos en Paz hacia la Caja Costarricense de Seguro Social en DEFENSA de uno de los mejores Sistemas de Seguridad Social en el mundo, en peligro de ser PRIVATIZADO ya que para las cúpulas políticas empresariales: ¡el negocio de la SALUD es lo más lucrativo que existe!

Grandes costarricenses como Monseñor Víctor Manuel Sanabria por la Iglesia Católica, Licenciado Manuel Mora Valverde del Partido Comunista y el Doctor Calderón Guardia entonces Presidente de la República, unieron pensamiento en la DIVERSIDAD de las ideas, y parieron en las luchas de la década de 1940, las GARANTÍAS SOCIALES, aún hoy AMENAZADAS por los DESGOBIERNOS en estas últimas décadas.

¡ESE 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN UNA MARCHA PACÍFICA FUIMOS BRUTALMENTE REPRIMIDOS POR LAS FUERZAS DE CHOQUE POLICIALES DEL DESGOBIERNO DE LAURA CHINCHILLA, POR EL DELITO DE DEFENDER EL DERECHO A LA SALUD COMO SINÓNIMO DEL DERECHO A LA VIDA PARA TODOS!
¡Estamos OBLIGADOS por DIGNIDAD y PATRIOTISMO A QUE LA MEMORIA HISTÓRICA NUNCA SEA BORRADA!
Celebremos esta fecha, ¡la Caja Costarricense del Seguro Social aún está en peligro!
¡Costa Rica se DEFIENDE!
¡Los únicos derrotados son los que dejan de luchar!

Saludos fraternos Ing. Carlos Vega
Luchador Social Grecia

Humanismo y política

Arnoldo Mora

Dentro de una concepción democrático-liberal del Estado, la razón de ser del parlamento es, ciertamente, aprobar leyes para el buen funcionamiento de la República; pero el principal acto de legislar es aprobar, reformar o improbar anualmente el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo; de esta manera, el Poder Legislativo ejerce su función de primer poder de la nación, al ejercer un control efectivo sobre lo más importante de los otros poderes, cual es la dotación de recursos para que estos poderes ejerzan sus funciones constitucionales. En efecto, es en el presupuesto que se demuestra la voluntad política real del Estado en cuanto a sus prioridades; sin recursos económicos, ninguna declaración tiene valor real; si las cifras contenidas en el presupuesto dicen lo contrario, estamos ante un vulgar acto de demagogia o de doble moral. Eso mismo acaba de hacer la mayoría de los actuales diputados al cercenar drásticamente los recursos para los Ministerios de Cultura y Educación y a las universidades públicas. Al proceder así, esos diputados están erosionando las bases mismas de la democracia, al privar al Estado de los medios indispensables para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de cultivar los mejores valores del espíritu, sin los cuales el ser humano corre el riesgo de embrutecerse.

Al tomar estas nefastas decisiones, los diputados no hacen sino reforzar la imagen altamente deteriorada que una creciente porción de sus compatriotas tiene de ellos. Acaban de estrenar un espernible mamotreto como recinto parlamentario, que costó millones de millones del pueblo.

Hace miles de años, nuestros antepasados primitivos eran más cultos que el grupúsculo que ha perpetrado ese “culturicidio”, pues en las Cuevas de Altamira y Lascaux nuestros ancestros demostraron ser más dignos de llamarse humanos. ¿Qué estarían pensando los prohombres que forjaron nuestra República? No me cabe la menor duda que, desde sus tumbas, los maestros humanistas, como Joaquín García Monge, Roberto Brenes Mesén, Omar Dengo, Rodrigo Facio, Alberto Cañas, por no alargar la lista con los grandes escritores, artistas plásticos, actores y músicos, estarán reprobando tan grave golpe inferido al desarrollo de nuestra cultura, en un momento en que la decadencia moral y cívica se convierte en una epidemia peor que el Covid-19.

Las futuras generaciones señalarán con dedo acusador a quienes, abusando del poder que el pueblo les confirió, han llevado a cabo este atropello a nuestros mejores valores. Esto no obstante, abrigo la esperanza de que en el próximo presupuesto extraordinario, el Poder Ejecutivo dará oportunidad a quienes hoy han cometido este lamentable error de enmendarlo. Por su parte, los hombres y mujeres que honran con su esfuerzo y creatividad la ciencia y la cultura deben continuar la lucha y organizarse más sólidamente que nunca.

Es función prioritaria del Estado fomentar los valores humanísticos; sólo así ese animal bípedo que somos nosotros, mereceremos el calificativo de HUMANOS; el ser humano no nace, se hace en cada una de sus acciones, el humanismo no es un eslogan: es una norma de vida.

UNDECA a la CCSS en su 79 aniversario

1 de noviembre 1941–1 de noviembre 2020

Comunicado

La histórica creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, financiada con la contribución tripartita obligatoria por parte del Estado, el sector patronal y la clase trabajadora; tuvo lugar el 1 de noviembre de 1941, en un proceso de alianzas entre el gobierno del Rafael Ángel Calderón Guardia, el partido comunista (compuesto por sectores obreros como artesanos, zapateros, bananeros e intelectuales) liderado por el Lic. Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica, en la figura de Monseñor Víctor Manuel Sanabria.

En esa época se establecieron las primeras reformas sociales, una de las más importantes fue la Ley N° 17 que dio vida a esta honorable Institución, que desde sus inicios tuvo el objetivo de proteger a la clase trabajadora de los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

La magnitud de esta obra de salud pública, su impacto social y humanitario, contribuyeron a la consolidación de la democracia que ha gozado el pueblo costarricense, logrando la universalización de los servicios de salud, que cubre a todos los habitantes de nuestro país, sin distingos de región, estrato social, etnia o credos, desde la gestación hasta la vejez.

Su fundación representó el auxilio y protección de quienes, en el pasado, no contaban con otro respaldo que su fuerza de trabajo, en ese entonces sobreexplotada, principalmente por las compañías bananeras y la oligarquía cafetalera.

La Caja Costarricense de Seguro Social es motivo de orgullo nacional, por contar con todo un enorme capital humano; trabajadores con alto sentido humanitario y con conocimientos de nivel mundial en las diferentes ramas de la salud, ubicados en todos los centros de trabajo a lo largo y ancho del país. Todo ese personal está comprometido con la salud pública, particularmente en tiempos de crisis y pandemia, como la del COVID-19. Ha garantizado una atención de primera calidad que merece todo nuestro reconocimiento.

UNDECA, desde hace 66 años, ha asumido la tarea de rescatar a nuestra institución de los más oscuros intereses mercantilistas, de los intentos privatizadores de sectores políticos neoliberales.

Costa Rica debe defender, rescatar y fortalecer esta noble institución, es nuestro legado para las futuras generaciones.

CCSS legado para las futuras generaciones
UNDECA ORGULLOSAMENTE COMBATIVA

 

SEC: La verdad sobre la Convención Colectiva del MEP

LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL MEP

La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.

La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.

Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.

 

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