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Etiqueta: democracia

El glorioso 7 de noviembre de 1889

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Hasta 1889 los procesos electorales en Costa Rica se realizaban sin partidos políticos, tal y como ahora los conocemos. Los ciudadanos, con capacidad de participar en procesos electorales con aspiraciones a la Presidencia de la República, o a diputados, se postulaban ante los electores, que eran ciudadanos con capacidad de votar, hombres, mayores de edad, que sabían leer y escribir, con cierta capacidad económica, y que ejercían su voto de manera pública, de modo que por esa forma se podía estimar el resultado electoral.

En la elección de 1889, por primera vez participaron dos partidos políticos, el Partido Liberal Progresista que postulaba a Ascensión Esquivel y el Partido Constitucional Democrático con José Joaquín Rodríguez como candidato. A Ascensión Esquivel lo presentaban como un candidato más liberal y del Olimpo, de los que estaban arriba, y a José Joaquín Rodríguez, más popular, que salía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para ser candidato presidencial.


Las elecciones se hacían por el sistema de primer y segundo grado, las de primer grado se hicieron el 3 de noviembre, que designaba los electores que el 7 de noviembre realizarían su votación final.

El Presidente Bernardo Soto, haciendo una maniobra, se separa del Poder, y llama el 1 de mayo de 1889 a ejercer la Presidencia a Ascensión Esquivel, con un movimiento de la tropa del Ejército, presionando la opinión pública y a los ciudadanos, con lo cual procuró darle ventaja electoral a Ascensión Esquivel, lo que provocó la resistencia ciudadana, que al ir conociendo el desenlace electoral a favor de José Joaquín Rodríguez, se supuso que no se iba a respetar el resultado de las elecciones, y se lanzaron los ciudadanos a la calle, más de 7 mil personas de la época, alrededor de un 3% de la población, cerca de 150 mil personas hoy, campesinos, trabajadores urbanos de distintos oficios y profesiones, mujeres, con sus instrumentos de trabajo, como armas, logrando de esa manera hacer valer la voluntad electoral a favor de José Joaquín Rodríguez y hacer respetar los resultados electorales. Así se evitó un fraude electoral, en un sistema electoral que tenía por costumbre hacerlos, y el pueblo impuso su voluntad electoral.

Los ciudadanos sitiaron la ciudad capital, con enfrentamientos callejeros, el Presidente Bernardo Soto deposita la Presidencia en el Designado Dr. Carlos Durán, para terminar su período, quien gobernó seis meses hasta entregarle la Presidencia a José Joaquín Rodríguez. Así se hizo respetar un resultado electoral, con movilizaciones populares y armas e instrumentos de trabajo en las manos.


La participación de las mujeres hizo que el Presidente José Joaquín Rodríguez exaltara la necesidad de reconocer el derecho de voto de las mujeres, sin que se lograra en esos años.

En los años siguientes se exaltó ese acontecimiento de manera especial y se le fue dando la relevancia de defensa de la Democracia, de las Elecciones y de la Representación Popular.

En el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia se estableció, por Decreto No. 18, en 1942, que cada 7 de noviembre se debía celebrar el Día de la Democracia Costarricense. En la celebración del Centenario de esta fecha el Presidente Óscar Arias inauguró la Plaza de la Democracia

Aportes al pensamiento jurídico costarricense VI

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Estimadas y estimados:

Esta semana quiero compartir con ustedes la presentación que hice en el lanzamiento público del libro del Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño cuyo título se especifica abajo. El tema es de enorme actualidad y promete seguir estando en las agendas de la investigación académica y en el debate político nacional.

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Presentación del libro “Costa Rica: La Democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)” del Dr. Manuel Antonio Solís Avendaño.
Presentador: Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez.

El libro que se reseña es el resultado, en primer lugar y por supuesto, del destacado aporte investigativo de su autor, el Profesor Manuel Antonio Solís Avendaño, con el patrocinio de la Universidad de Costa Rica a través del Instituto de Investigaciones Sociales, y de la Editorial de la UCR, quienes propiciaron la edición y divulgación de los resultados de este trabajo intelectual, del más alto nivel, y que me atrevo a decir, constituye un aporte histórico, con el que las actuales y futuras generaciones podrán conocer y entender mucho mejor algunas de las claves, no sólo del nombramiento de jerarcas de otros poderes e instituciones a cargo de la Asamblea Legislativa, sino de la dinámica funcional misma, con sus vicios y limitaciones, de la democracia costarricense.

Se impone en esta presentación, a mi juicio, hacer dos o tres señalamientos formales:

(a) Primero, el hecho cierto de que estamos ante una investigación socio-histórica y jurídica cuyas fuentes son, por cierto, una amplísima bibliografía convencional con referencia a autores que teorizan, en general, sobre temas epistemológicos; pero bibliografía que también repara en textos, estudios, análisis, informes, atinentes todos al tema que se focaliza; y principalmente,  una bibliografía que hurga, a lo Foucault, en notas periodísticas del momento, actas de sesiones de  la Asamblea Legislativa, su Comisión de Nombramientos, y  actas de la Corte Suprema de Justicia, así como expedientes legislativos y administrativos de ambas instituciones;

(b) Segundo, la investigación realizada, en el plano metodológico, obliga casi inevitablemente a toparse con la analogía de un examen arqueológico, donde Solís Artavia, herramientas en mano, se mueve con destreza obsesiva, del tema particular al general (en dirección inductiva) y viceversa, de lo general a lo particular (en dirección deductiva), varias veces, de un capítulo al siguiente, de una página a la precedente y a la que le sigue, desnudando estrato por estrato, capa a capa, las conexiones y relaciones entre hechos que, en principio, nos pueden parecer sin  conexión alguna, como meras casualidades, pero que sin embargo van develando poco a poco su escondida trama, su verdad secreta. Es de igual manera inevitable imaginar al autor cual Diógenes, alumbrando con su lámpara los rincones de una reciente historia patria que choca con frecuencia con lo infranqueable: lo que no se consignó en el acta, las razones que no se dieron y jamás conoceremos, las componendas debajo de la mesa, los silencios que se fraguaron o se consintieron. Y es entonces cuando el Doctor Solís nos arroja preguntas, para que ayudemos, o al menos intentemos respondernos como ciudadanos o simples lectores. Porque debe saberse que este texto vale tanto por lo que dice, explica y revela, cuánto por lo que deja entre paréntesis, interroga y deja al lector para que reflexione y responda por sí mismo.

(c) Hay un tercer rasgo relevante en esta investigación y es el encuadre que se hace en el contexto político nacional e internacional. Es importante anotar que este es un trabajo que procura ubicarnos en los temas de fondo, en el contexto de las determinantes socio-políticas de cada momento, tanto en cuanto al ámbito nacional, como en cuanto al internacional. Cuestiones que pueden verse, descuidadamente, como fenómenos aislados o compartimentalizados, resulta que adquieren especial tonalidad y relevancia cuando se relacionan con las cosas más puntuales y particulares que se están analizando. Tal el caso del secuestro de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en 1992, la movilización social contra el llamado “Combo del ICE”, o la solidaridad interna y externa al ámbito judicial por la no reelección del Magistrado Cruz Castro en 2012. También el encuadre tiene que ver con momentos internacionales de especial relevancia, como la vuelta a la democracia en América Latina a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, las estrategias de legitimación y democratización de las instituciones públicas como resultado natural de ese fenómeno, o bien las estrategias de financiación de reformas, más o menos logradas, más o menos frustradas, con inversiones cuantiosas por parte de agencias estadounidenses y europeas de ayuda en nuestros países.

Y es aquí donde me atrevo a ensayar, un poco prematuramente, una respuesta al último de los cuestionamientos que el autor nos enrostra en la página final de su libro. No, don Manuel Antonio, yo no creo posible cambio auténtico alguno, de nuestro Poder Judicial y en general de nuestra institucionalidad, sin una profunda transformación de la cultura política dominante y sin una radical transformación de nuestra democracia. Las razones para que nada cambie, y por el contrario, para que las transformaciones democráticas sean inviables, están en un modelo económico que privilegia con exclusividad el libre mercado, la salvaje consigna de la competitividad a cualquier precio, el debilitamiento del Estado y sus instituciones como agentes de equilibrio social,  la privatización a ultranza de servicios básicos y estratégicos, y el menoscabo del concepto mismo de lo público; con decisiones y políticas públicas que nos tienen en caída libre hacia una sociedad cada vez más desigual y violenta, con sectores cada vez más amplios que no pueden sentarse a la mesa del reparto mínimo; con obsesivos señalamientos de que la causa de todas nuestras desdichas tiene que ver con salarios,  pensiones y derechos laborales,  precisamente los presupuestos que más bien sustentan a los sectores medios , soporte de toda democracia, dejando en la penumbra a quienes evaden y eluden al fisco cifras con las que bien podría paliarse esa inequidad creciente y esa violencia estructural.

Después de leer el libro del Doctor Solís, tengo la impresión, muy personal, de que en Costa Rica se debate y decide en nuestros días una disyuntiva vital entre dos conceptos diferentes de democracia:  la herencia de un régimen más formal que real, con una institucionalidad electoral todavía fuerte y creíble, pero que no alcanza ya para una convivencia democrática de largo aliento; una  modalidad de democracia donde las élites se han desligado casi por completo de sus bases, donde el juego electoral apenas da para sostener una institucionalidad precaria, en grave riesgo y, para decirlo en los términos del autor, “de razones débiles”, a la hora de articular su legitimidad en la práctica. Cuando  los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, al momento de frenar reformas de mayor calado en los procedimientos para nombrar jerarcas que le competen, apelan a que esa Asamblea es soberana y representante exclusiva del pueblo, -precisamente para consolidar sus poderes y prerrogativas-, lejos de ayudar a la democratización, la erosionan, amplían la brecha entre la gente y sus representantes,  entre quienes toman decisiones más o menos arbitrariamente y la sociedad que sólo las contempla o las padece.

He aquí la principal causa del desgaste de los partidos políticos tradicionales y el reto que tienen los partidos políticos emergentes, cualquiera sea su impronta ideológica. Es un problema centrado en cómo se ejerce el poder en una democracia, cuánto puede abusar el representante de sus representados y cuánto se puede actuar y decidir sin razones legítimas y de peso.  Frente a esa democracia de las formas hay que construir la democracia de la participación ciudadana efectiva. ¿No fue acaso, como bien lo señala Solís Avendaño, la movilización social por el “Combo del ICE”, lo que impidió que se dilapidara un patrimonio colectivo que llevaba décadas de atesorarse? ¿No fue acaso la movilización a lo interno del Poder Judicial, con el apoyo externo de diversos sectores, lo que influyó para que no se consumara el atropello contra el Magistrado Cruz y la judicatura independiente, no ya con razones débiles,  sino con desvergonzados y  absurdos pretextos? Aunque el autor no lo diga con estas palabras, creo que coincidiremos si digo, bajo mi responsabilidad, que no fueron precisamente las tensiones entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional las que se expresaron en la no reelección de un magistrado probo, sino la prepotencia de sectores políticamente dominantes dispuestos a imponer, al precio que sea,  su modelo socio-económico con el fervor propio de un fanatismo religioso; dispuestos a darle, como lo confesaron, “una lección” al Poder Judicial respecto de quién manda en este país y cuál es el precio que pueden pagar jueces independientes y críticos. Está más que probado que esos sectores no sólo quieren la mayoría en todas las instancias decisorias, -que como sabemos la han tenido- sino que quieren la unanimidad; no toleran la disidencia, aunque sea minoritaria. Buscan una judicatura sumisa y de rodillas. Ya podrán adivinar ustedes qué fuerzas se mueven a la hora de escoger un miembro de la Corte Suprema a partir de estas realidades subyacentes.

Una de las conclusiones principales de la investigación que comentamos, es que la Asamblea Legislativa ha sido incapaz de renunciar, o al menos de transparentar el ejercicio de nombrar a magistrados de la Corte y a otras autoridades de control político estratégico, como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, entre otras. Ante esta realidad, ahora científicamente comprobada, no veo más salida que, en el contexto de una nueva cultura política y democrática, la ciudadanía costarricense se organice y vigile estos procesos legislativos, demande transparencia y ejerza un control que si bien informal, pueda contribuir a evidenciar las cosas que se hacen mal.

Del largo elenco de vicios enunciados por el autor y perpetrados por la Asamblea Legislativa en los nombramientos a su cargo, podemos hacer un resumen acotado, sabiendo que a no dudarlo se nos quedarán por fuera algunas cosas importantes. El nombramiento de jerarcas institucionales, constitucionalmente depositados en la Asamblea Legislativa, han transitado, desde los dorados tiempos del monopartidismo, donde el Partido Liberación Nacional ejerció prácticamente un monopolio gracias a sus mayorías legislativas (décadas cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado y que en el libro del Dr. Solís no se analizan); al tiempo del bipartidismo en las dos últimas décadas del siglo XX (donde arranca la investigación), y en las que la lógica que se impuso fue el reparto equitativo (en coloquial: uno para vos, otro para mí); hasta ingresar en un siglo XXI con la emergencia de nuevas fuerzas políticas (principalmente el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario), que no trajeron en realidad cambios importantes en la dinámica legislativa en esta materia.  Aún en esas dos primeras décadas del siglo XXI, las fuerzas del Partido Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, a veces haciendo concesiones a otros sectores minoritarios, pero en la mayoría de los casos imponiendo sus fichas, han jugado a proponer cambios estructurales de importancia pero con paupérrimos resultados. Únicamente se instituyó la Comisión de Nombramientos; se ensayaron metodologías para los procesos de designación, pero prácticamente uno para cada caso; y se logró una reforma constitucional en el año 2003 con la que se aumentó el número requerido para elegir magistrado de Corte a 38 votos, igual cantidad requerida para la no-reelección con esa misma mayoría de votos, pero en contra. 

El universo de democracia formal al que nos referíamos, según lo reseña el autor, se ha desplazado desde iniciativas bien intencionadas para despolitizar, o mejor dicho despartidarizar, los nombramientos de jerarcas, hacia una serie de maniobras  truculentas en la práctica, y entre las que don Manuel Antonio destaca: cambios constantes en la metodología de trabajo a lo interno de la Comisión de Nombramientos y directamente relacionados con los aspectos a calificar, el valor en la puntuación de cada ítem, el porcentaje a distribuir entre los aspectos objetivos y subjetivos, éstos últimos centrados en una entrevista a los candidatos y candidatas, que se ha prestado para todo tipo de abusos, sobre todo el asignar máximas calificaciones para ayudar a ciertos postulantes rezagados a ascender en la escala de la nómina, y, a contrario, asignar puntajes bajos y hasta nulos a postulantes posicionados en los primeros puestos, con la evidente intención  de rebajar sus posibilidades; también se ha abusado del número de integrantes de las nóminas que traslada la Comisión al Plenario, a veces ungido único, a veces tres, cinco, diez o más, según se quiera dar oportunidad a quienes no encabezan las listas; se ha integrado a las nóminas de elegibles candidatos o candidatas con evidentes ventajas de entrada, como pertenecer al mismo Poder Legislativo, a cúpulas partidarias o a parientes o amigos cercanos de esas cúpulas; maniobras dirigidas a propiciar reelecciones automáticas para evitar rendiciones de cuentas y, al contrario, exigir votaciones en casos que quieren complicarlas;   la cereza del pastel lo constituye la designación de personas que no han pasado por el concurso, ni por el filtro de la Comisión,  maniobra que se ha podido prestar a verdaderos actos de corrupción por eludir eventuales cuestionamientos al candidato finalmente designado.  La seguidilla de gazapos continúa en el Plenario Legislativo con algunos casos de votaciones sin siquiera una presentación de los recomendados, sin discusión alguna de sus méritos y en ocasiones sin que se tenga a mano al menos un currículum de la persona propuesta. Todo esto, y más, por supuesto, en la máxima opacidad, sin la mínima transparencia y sin que se legitimen las designaciones con buenas razones, las que permitirían conocer por qué se está nombrando a una persona y no a otra, por qué es ésta la idónea y no otra para ocupar la silla en disputa. Más bien, tanto en la Comisión como en el Plenario, los diputados se han aferrado al voto secreto y no fundamentado.

Esa (in)cultura política, conformada por prácticas y decisiones arbitrarias y claramente antidemocráticas, es lo que hay que cambiar. Y si hoy vivimos en una democracia que decide quiénes sí y quiénes no van a la Asamblea Legislativa, dejando esas trascendentales decisiones en manos de asambleas partidarias, reducidas, crípticas y controladas por círculos mínimos, cuando no por un dueño del partido, en el marco del más anacrónico caudillismo, es hora, conforme lo investigado por el Profesor Solís, de intentar cambiar también eso. ¿Qué magistrados, qué contralores generales, qué defensores de los habitantes podemos esperar de asambleas legislativas así integradas? ¿Qué precio pagan algunos representantes populares para sentarse en el Congreso? ¿Qué impide que éstos quieran imponerle ese mismo precio a quien aspira a ser Magistrado, Contralor o Defensor? ¿Podemos, como ciudadanos y para traducir el dicho a Tiquicia, seguir apostando a que el güitite nos dé aguacates? Por eso, la única salida que puedo intuir es la construcción de una verdadera cultura de participación ciudadana, todavía pendiente en esta Costa Rica de mítica democracia consolidada.

Por supuesto que aquí la última palabra la tendrán las nuevas generaciones. En las últimas elecciones generales (febrero-abril 2018), de manera espontánea, precisamente porque es una necesidad sentida, hubo grupos que se organizaron y tuvieron un peso decisivo en los resultados finales. En el 2000 manifestaciones populares impidieron la rapiña sobre la cosa pública; y en el 2012, se libró la más importante batalla por la independencia judicial al impedirse que la silla de Fernando Cruz fuera usurpada. Ese es el norte. Como igualmente, el norte será vigilar y controlar desde los medios de opinión pública, desde las organizaciones gremiales, desde todas las instancias ciudadanas posibles, la forma y manera en que se harán las cosas de ahora en adelante. Está pendiente en la Asamblea Legislativa el nombramiento de ocho plazas de magistrado o magistrada. Eso es más de un tercio de la Corte Plena. Probablemente será la Corte que integre la cúpula del Poder Judicial en los próximos veinte años. No podemos permitir que estos procesos que se avecinan culminen con designaciones sustentadas en razones débiles ni en pasajes ocultos, que se abran y cierren portillos a los aspirantes a puestos de control político, según los ilegítimos criterios del compadrazgo y las encomiendas pactadas.

El primer paso está ya ante nuestros ojos. Una nueva metodología ha sido recientemente acordada para los nombramientos que se vienen. Tomemos la lupa, critiquemos y advirtamos los riesgos que pueda tener esa novísima metodología. De entrada, un 40% para la entrevista es ya indicio de que pueden colarse subjetivismos y maniobras. Exijamos pues a los diputados y diputadas que nos expliquen por qué califican bien o mal a un postulante; apuntemos con esa lupa a quienes quieren colocar fichas en razón de afinidades partidarias, ideológicas o religiosas; no permitamos que se anulen excelentes postulantes sin exponerse con claridad las razones para que cualquier ciudadano pueda valorar si se trata de un argumento legítimo o es una mera arbitrariedad. Y así, en todos y cada uno de los pasos en que la instancia legislativa terminará tomando las decisiones que nos afectarán a todos. En el libro del Dr. Solís Avendaño, nos muestra lo mal que se han hecho las cosas, nos interroga e interpela, es hora de aprovechar todo ese bagaje teórico y transformarlo en acciones efectivas, por el bien de esta república y para hacer honor a lo mejor de la herencia de los abuelos.

Resta un tópico que no quisiera dejar por fuera de esta presentación. Tiene que ver directamente con la cultura política y el concepto de democracia manejable. Se trata del carácter de la reforma o las reformas que se han intentado en el Poder Judicial costarricense. Aquí la disyuntiva es de  acentos, entre una reforma que prioriza la modernización y avances tecnológicos en la organización de los despachos y la prestación eficiente del servicio público justicia, en procura de superar,  lo que el autor refiere claramente de otros con una herencia colonial y decimonónica (modelo napoleónico de organización y funcionamiento); reforma cuya impronta es sobre todo tecnocrática, cuyo adalid fuera el ex presidente Luis Paulino Mora Mora; y frente a esto una reforma  mucho más cualitativa, que revise precisamente esas herencias coloniales y decimonónicas, pero para tomar en cuenta aspectos sustanciales que nos acerquen no sólo a una justicia de calidad, sino esencialmente democrática, inscrita en una nueva cultura democrática. Entiendo que aquí también hay más preguntas que respuestas, pero el terreno ha sido suficientemente preparado por el análisis del Profesor Solís como para empezar a sembrarlo.

Digo finalmente quizá una verdad de sobra conocida, pero no por ello menos pertinente y bajo mi exclusiva responsabilidad. Todo sistema autoritario o autocrático comienza por intentar controlar a sus jueces. El asunto es complejo, se da con regímenes políticos de todo signo ideológico, sea que nos ubiquemos en la tradicional separación entre izquierdas y derechas, sea que nos refiramos a democracias precarias o consolidadas. Puede darse a partir de formas burdas y descaradas como cuando un magistrado de Corte se sube a la tarima de un candidato a presidente de la República, o puede darse a través de formas más sutiles y refinadas. Me temo que Costa Rica ha ido perdiendo el tacto de la sutileza para avanzar en el terreno de la impudicia y el descaro. En el fondo, quizá la cuestión es sencilla: cómo legitimamos el poder despótico, cómo damos la apariencia de democracia a lo que es esencialmente antidemocrático. Si al final un juez manipulable y dócil termina bendiciendo las decisiones del ejecutivo o el legislativo en defensa de ciertos intereses particulares, se tendrá el argumento idóneo para defender un estado de cosas, pero a la larga, jamás encontrará la legitimidad que puede hacer perdurar los valores que sustentan un sistema democrático auténtico. Estaríamos en el punto sin retorno para un necesario cambio radical, pero no sabemos a qué costo.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca,

agosto de 2018.

Post Scriptum: está en prensa la segunda parte del libro del Dr. Solís Avendaño sobre estos temas. En el ínterin, la Asamblea Legislativa ha realizado todos los nombramientos pendientes a la fecha en que esta presentación se realizó (mediados del 2018). Baste decir que la segunda parte llevará el título: “Sin propósito de Enmienda”.

Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa;
-Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;

(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.

Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.

Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).

La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.

El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.

Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.

Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.

Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.

Nota:

  1. Charla «Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental Costarricense» https://www.youtube.com/watch?v=9sFJf7bhdKc&list=UUrIRgU3jsDPuy7Gh02MaAkQ
  2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación https://delfino.cr/2020/11/el-acuerdo-de-escazu-a-proposito-de-recientes-comunicados-en-contra-de-su-aprobacion?fbclid=IwAR0R01xRmdY7IG_oo25itSYJ2z2Fr_oKVCqwAqGxMtKOrnaOVAwdoG0g_Qc

 

Imagen tomada de Youtube.

El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.

Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Breve puesta en contexto

Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase texto completo de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).

En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

En esta declaración conjunta, se puede leer que:

«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.

Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve

A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.

En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:

“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).

Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:

“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)

Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.

Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.

No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).

A modo de conclusión

Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.

A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase texto completo) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.

En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.

—Notas—-

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).

Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase texto completo colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase texto completo de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.

Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.

*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando inéditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD).

El Estado y los millonarios, ¿a quienes engañan?

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La crisis política en la actual coyuntura costarricense es el resultado de décadas de prácticas liberales del poder político y económico. No es una crisis originada por la pandemia, pues la creciente pobreza, el desempleo, el déficit fiscal, la confiscación de salarios y pensiones, el incremento de tarifas de los servicios públicos, endeudamiento, devaluación, evasión y elusión tributaria de empresarios globales, los incentivos a la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, el salario único, etc., ya eran tendencias prevalecientes en la política y el quehacer estatal, la pandemia las agudizó, no las creó, pero puso en evidencia la profunda inequidad en la estructura social existente, a la vez que muestra la complicidad y simbiosis estatal con los empresarios globales.

Esta coyuntura es particularmente importante, la crisis política o la ilegitimidad social del Gobierno y el Estado ha sido creada por la conciencia, cuestionamientos, debates y propuestas ciudadanas. La colectividad organizada se ha despertado ante las infames propuestas privadas y estatales que pretenden imponer el peso de la debacle fiscal y el creciente endeudamiento nacional, a los trabajadores y los pobres que sostienen la economía de la explotación de propietarios y los ingresos fiscales, mientras siguen impunes los evasores, los corruptos y las falsificaciones tributarias, así como los empresarios gozan de la autorización expedita para disminuir y suspender trabajos, aumentar los precios de medicamentos y el costo de vida, a la vez que, se mantienen las exoneraciones, incentivos, concesiones y privilegios para los ricos y los empresarios globales.

Ante los reclamos y protestas por posibles nuevos impuestos al pueblo, el Presidente de la República, nos dice que somos “irresponsables”, agregando cínicamente “que es doloroso, pero es la realidad”. Desde esa arbitraria perspectiva, es transparente la intencionalidad gubernamental: los trabajadores deberán pagar por los actos y las consecuencias de los explotadores millonarios, los usurpadores del bienestar social.

La agresividad de los que viven del trabajo ajeno, no ceja de sus intenciones contra los trabajadores, la ciudadanía y la nación. No buscan amparar sus intereses e inversiones en la actual coyuntura, sino enriquecerse más. Ellos están liquidando los resquicios del Estado social, desmantelando la seguridad social y la institucionalidad pública, no sólo restringiendo sus presupuestos y gastos, también impidiendo la restitución de funcionarios que se pensionan y de los que son obligados a dejar sus empleos, no para reducir el gasto, sino para destruir funciones e institucionalidad pública, para luego desaparecerlas por inoperantes, por hacer labores duplicadas o por considerarlas inútiles. Los poderes de estos parásitos han convertido al Estado en un activo protagonista del empobrecimiento de la población trabajadora del sector público, como ellos lo han efectuado con los trabajadores que contratan. Estado y empresarios, acallan a las autoridades de la salud pública y propician la agudización de la infección pandémica, como un destino trágico que mina la resistencia y elimina a los más vulnerables. Esos asesinos, inmunes e impunes, también proponen condenar a los jubilados a la indigencia, por modificaciones en los modos de calcular las pensiones, como también aspiran a imponer impuestos al “salario escolar”, que no es un salario, pues son la acumulación de las retenciones mensuales de las patronales, los cuales son usados gratuitamente por un año que, depreciados se devuelven a sus dueños. Además, que esa devolución es el salario, al cual se le han deducido impuestos, que son usados privada y gratuitamente por un año, así, se busca duplicar la carga impositiva. Estas intenciones no pueden ni buscan paliar la crisis fiscal, su intención es empobrecer cada vez más a los trabajadores.

Pero, la acción regresiva de los empresarios, que se apropian de las riquezas y el trabajo ajeno, con la cínica complicidad estatal, no se queda ahí, no solo son culpables de la creciente brecha y desigualdad social, también buscan empeñar el futuro nacional endeudándonos e intentando privatizar todos los activos del Estado, ante sus fracasos pasados.

La Costa Rica que aún afirma tener un Estado Social de Derecho con una institucionalidad pública democrática e igualitaria, desde hace décadas ha cambiado, hoy es un Estado liberal más, entre otros, que ha privatizado el bienestar y ejerce un poder que favorece a los privilegiados. Este Estado es contradictorio e inhumano, que niega su constitución social originaria, para garantizar la inmensa posesión de riquezas de pocos, en un universo de pobres, como también ocurría en la Grecia antigua, donde se pregonaba democracia e igualdad en un universo de esclavos.

Este gobierno y los otros poderes estatales son ilegítimos, por la toma de conciencia, la voluntad y las protestas ciudadanas que abandonan la indiferencia, pasividad y la desintegración orgánica. La explosión ciudadana es diversa, dispersa y pacífica, pero motivada por el denominador común, del descontento y la acción colectiva. El gobierno al convocar el diálogo multisectorial, busca crear una imagen democrática que no posee, para diluir, diferir y encubrir las decisiones liberales que ya se implementan en la Asamblea Legislativa y en el poder Ejecutivo, sin que los derechos adquiridos puedan ser amparados por el poder Judicial. Esto es, hay una colusión estatal contra la democracia en nombre de la democracia.

¿Por qué se convoca al diálogo multisectorial? ¿por qué el gobierno se presenta como neutral, sin serlo, y afirma que será obediente de los acuerdos? ¿ignora las necesidades y anhelos ciudadanos, entonces para quién gobierna? ¿acaso desconoce que la agresividad y poder de los millonarios impide acuerdos consensuales con los trabajadores y los pobres? ¿qué hará el gobierno sin acuerdos trascendentes, tratarlos privadamente con quienes privilegia? ¿el dominio institucional del poder político y del económico de los millonarios estarán dispuestos en atender las necesidades sociales de las mayorías y promover el desarrollo nacional, sin sacrificar a los trabajadores?

Es aparente la neutralidad y el pretendido democratismo gubernamental, que sirve para enmascarar las anunciadas medidas contra la libertad, el bienestar y el desarrollo que defraudan, una vez más, la fe pública y la ilusión democrática.

Estamos frente a otra traición anunciada. No obstante, la relación entre organizaciones sociales está creando ineditamente propósitos y propuestas unitarias comunes, que anuncian nuevas luchas en la imposición totalitaria.

[1] Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Ilustración tomada de La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)

Un virus democrático y democratizador

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Tenía que llegar un virus como éste que ha creado esta pandemia apocalíptica, para recordarnos a los seres humanos, que, en materia de contagio, la democracia es lo realmente que marca el signo de los tiempos.

Ese ser tan diminuto que no sabemos a ciencia cierta, si es un ser vivo o es naturaleza muerta e inerte, nos dice ahora que no va a respetar fronteras entre países, que no va fijarse si somos ricos o pobres, que no va a discriminar ni por género, ni por color de piel, ni por edad. A todas y todos nos puede afectar, en formar directa y dramática llevándonos incluso a la muerte, o nos puede convertir en portadores que lo podemos multiplicar entre seres queridos o personas con quienes tengamos un contacto, aunque sea efímero. Nos dice sin reparo alguno que su acción contagiosa es de naturaleza eminentemente democrática.

El Dr. Benjamin Neuman, profesor de biología de la Universidad de Texas, en un artículo en el portal “The Conversation” lo advierte muy claro: “La enfermedad covid-19, causada por el SARS-CoV-2, se desarrolla como una infección en los pulmones y causa estragos en el sistema inmunitario que pueden provocar daño pulmonar a largo plazo o incluso causar la muerte del infectado.” Aunque es similar a otros a otros coronavirus, el virus de la pandemia del presente tiene características genéticas que juegan un rol relevante en la facilidad y la capacidad de infectar a las personas. Es decir, en ese voraz esfuerzo de contaminación democrática, es muy eficaz y eficiente.

De ahí que la respuesta de la humanidad y de todas las sociedades humanas, debe ser igualmente democrática y solidaria entre los países, entre las sociedades y comunidades, y desde luego, entre las personas. Sin embargo, hay líderes políticos como Donald Trump, que desde la sinrazón y el egoísmo más exacerbado, quieren ganar la carrera para llegar primero a algún tratamiento eficaz o con la obtención de una vacuna que nos inmunice, pensando mezquinamente en su país y en su reelección presidencial. Nadie pudo caracterizar mejor esta conducta infame que el filósofo y escritor francés, Albert Camus: “Lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”.

Los gobiernos y sus líderes políticos deben ser democráticos, solidarios y justos en la solución a esta inmensa crisis y sus prolongadas e inexorables secuelas. Son tiempos extraordinarios que demandan soluciones extraordinarias y no deben haber ni vacilaciones y dudas en tomarlas.

Si algo requieren los Estados y gobiernos hoy para enfrentar a este contagio nivelador y democrático, es dinero para administrarlo, justa y eficientemente. Ya hablaremos sobre este crucial tema en un próximo artículo. Ese recurso se requiere, primero para atender a las personas contagiadas, para reducir el riesgo del contagio y para dar respuesta a las necesidades en bienes alimentarios y servicios básicos, priorizando a las personas y grupos más afectados.

Para atender a las personas enfermas se requiere crear las mejores condiciones para recibirles en hospitales y centros especializados. Y eso incluye, en primerísimo lugar, dotar con el equipo necesario (batas de protección, mascarillas N95, guantes, entre otros implementos) a las y los médicos que están en esa heroica primera fila y demás personal sanitario de apoyo.

Se requieren instrumentos de prueba para detectar el Covid-19 a tiempo. Es urgente que el país se dote del mayor número de ellos lo antes posible y aplicarlos de inmediato, como bien lo hizo Corea del Sur, alcanzando buenos resultados en reducir y detener la propagación de la epidemia. De la misma manera, se requiere que la CCSS se dote del mayor número de respiradores, que son claves para salvar vidas de personas infectadas. Ahora mismo se ha vuelto complicado porque hay estados poderosos utilizando todo tipo de métodos –incluso éticamente inaceptables–para comprar acaparadoramente este tipo de equipos, pero la Caja debe hacer el mayor esfuerzo para adquirirlos. Por otra parte, ojalá que las iniciativas de nuestras universidades públicas (UCR y TEC), alcancen buenos resultados en la fabricación inmediata de ese tipo de respiradores, con lo que se podrán salvar muchas vidas.

Tenemos la certeza que sólo la democracia –real y efectiva–, la solidaridad y el apoyo mutuo, serán capaces de contener y minimizar los estragos de hoy, mañana y pasado mañana, que ya provoca y provocará por semanas y meses, este virus que nos alecciona sobre la Democracia como no ha sido capaz ningún líder político en la historia.

Enviado por el autor.

Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos.

Conferencia internacional

SURCOS recibe el siguiente recuento de la Conferencia Internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19” del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):

El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo está celebrando su décimo aniversario y entre las actividades que ha organizado en ese marco se encuentra el III Seminario CICDE “Retos de la democracia en tiempos de COVID19”, que concluyó el pasado jueves 19 de noviembre con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”. Al igual que las sesiones previas del Seminario, esta conferencia está en línea y les invitamos a observarla en Youtube o en Facebook.

La actividad contó con la participación de cuatro panelistas de muy alto nivel, que profundizaron en los orígenes y manifestaciones de la crisis democrática en la región centroamericana y especialmente en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el contexto de la pandemia y de los serios fenómenos climáticos que han afectado al istmo recientemente.

Inicialmente el Dr. Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del CICDE, introdujo la importancia de entender la democracia como una aspiración y como una concreción siempre precaria, imperfecta y cambiante, que define un horizonte necesariamente perfectible y que se expresa tanto en la institucionalidad como en la vivencia subjetiva de las personas. Al igual que coincidieron después los demás panelistas, explicó que la pandemia de COVID-19 ha venido a poner en evidencia y a profundizar una crisis democrática que ya existía en la región, y que en el caso costarricense está estrechamente relacionada con elementos como la creciente desigualdad, pobreza, el deterioro en el empleo y en la capacidad adquisitiva de la población, que muy probablemente están en el trasfondo del malestar que expresan las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. Para Vargas Solís, la búsqueda de una mejor democracia requiere sin duda reorientar el modelo económico propio del proyecto neoliberal, algo que las élites y sectores hegemónicos no parecieran estar en disposición de hacer.

A continuación intervino la máster Ana Lucia Álvarez Vijil, economista feminista e investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases) de Nicaragua. Ella caracterizó varios aspectos de lo que define como una crisis continuada y profunda de la democracia, a partir de la constitución de los Estados nacionales en el marco de un pacto patriarcal y colonial que les lleva a jerarquizar a las personas en función de condiciones como el sexo y la raza, lo que produce condiciones muy desiguales de ciudadanía y ejercicio de derechos. La académica y activista insistió en el reto de abordar las implicaciones de los diversos traumas y manifestaciones de violencia formal e informal que han enfrentado los pueblos centroamericanos, así como de poner la mirada en los procesos de producción y reproducción de la vida humana y no humana que resultan fundamentales en momentos de crisis como el actual.

De seguido, la participación del Dr. en Ciencia Política Álvaro Artiga González, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, profundizó en el análisis del sistema de partidos y la evolución de las posiciones ideológicas que caracterizan el entorno político salvadoreño, en un entorno cada vez más determinado por la influencia de intereses económicos y que no está representando de manera efectiva la diversidad de realidades existentes en la sociedad. Enfatizó especialmente en la “tentación autoritaria” que lleva a optar por medidas represivas ante las diferencias de opinión, en vez de abordar las causas profundas que siguen reproduciendo la crisis democrática.

La última ponencia estuvo a cargo de Ricardo Sáenz de Tejada, Dr. en Ciencias Sociales quien se desempeña como profesor e investigador de la Escuela de Historia, Antropología y Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sáenz de Tejada explicó que el proceso de democratización en Guatemala se llevó a cabo a partir de un pacto entre élites militares, empresariales y políticas, un contexto en el que los ajustes electorales e institucionales, así como la creciente influencia de redes de corrupción y cooptación de la institucionalidad han perpetuado la exclusión de sectores que ya de por sí se encontraban en condiciones de subordinación. En este escenario, llamó la atención acerca de la necesidad de rescatar el Estado y la política pública orientada al bien común como parte de la defensa de la democracia.

Después de la presentación de las ponencias se facilitó un interesante intercambio con el público que participó en la actividad, en la cual las preguntas y comentarios que se plantearon ayudaron a las personas expositoras a profundizar en su lectura del momento que vive la región centroamericana, los retos y las propuestas que compartimos desde todos los países que la integran.

En la convocatoria al III Seminario CICDE se indicaba que en el mismo se entendería la democracia “desde una concepción dinámica, evolutiva, compleja y dialéctica. Consideramos que, en primera instancia, la democracia define una aspiración y un horizonte de posibilidades, construidas alrededor de valores de justicia, equidad, derechos humanos y participación ciudadana y que, por tanto, sus concreciones prácticas son siempre imperfectas, limitadas y cambiantes. La democracia, desde esta perspectiva, no implica una teleología: no es que las sociedades humanas se mueven naturalmente hacia más y mejor democracia. Antes bien, la calidad de la democracia, e incluso la democracia misma, puede experimentar tanto avances como retrocesos, y en cada oportunidad particular ello será el fruto de complejas dinámicas sociales, es decir, de movimientos y procesos que necesariamente involucran conflictos, negociaciones y arreglos institucionales de distinta magnitud, y de diferente índole o naturaleza. La democracia es, por lo tanto, un territorio de lucha, una aspiración en disputa, una idea y una propuesta que está bajo permanente asedio, una concreción siempre incompleta y siempre cambiante, que intenta afirmarse mientras enfrenta e intenta resolver múltiples amenazas y desafíos”.

La relevancia de este acercamiento fue reiterada en la Conferencia de cierre del Seminario que aquí reseñamos. Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE y moderadora de la Conferencia, resaltó en su comentario de balance final la importancia de pensar Centroamérica y los retos que plantea la crisis democrática a partir de los hilos comunes que comparten los países de la región, un esfuerzo con el cual el CICDE y la UNED reiteran su compromiso.

Aquí puede ver la transmisión.

Distanciamiento físico, acercamiento social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Ante la grave pandemia ocasionada por el coronavirus, las autoridades sanitarias de los países han dictado una serie de valiosas medidas para contener la potencialmente devastadora expansión de la enfermedad covid-19. Cuarentenas, confinamiento, prohibición de eventos masivos, medidas higiénicas rigurosas, se encuentran en la preventiva lista para evitar y reducir al máximo los contagios.

Costa Rica, a través de las autoridades de gobierno, en el campo de la salud, de emergencias y de seguridad, han venido anunciando este tipo de medidas, que deben ser de responsable y riguroso cumplimiento entre la población, para evitar los enormes daños que puede ocasionar la pandemia a la salud de millones de personas y a la economía, con el consiguiente incremento de la pobreza y la desigualdad.

Todavía hay un amplio sector de la sociedad costarricense que no ha tomado clara consciencia de que estas medidas temporales (de semanas o meses), son imprescindibles para que la expansión de la epidemia no llene los hospitales de personas infectadas, las colapse, obligue al personal médico a decidir quien vive o quien muere por la escasez de respiradores, en fin, genere más muerte y dolor en las familias. Este tipo de resistencias deben ser repudiadas socialmente y, eventualmente, deben ser penadas por el potencial daño colectivo que pueden generar.

En la expansión inexorable de la pandemia en el mundo, ha quedado claro que los países que hasta el presente, han tomado más rigurosas medidas de cuarentena y confinación, son los que han avanzado con mayor éxito en la contención de la enfermedad. La disciplina colectiva de las sociedades asiáticas ha dado muestras de ser más eficaz que el individualismo de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos y Europa.

La sociedad costarricense en esta hora aciaga y desafiante, debe actuar de manera responsable y disciplinada, acatando estas medidas de aislamiento y distanciamiento físico, que las autoridades de gobierno y salud están dictando. Incluso, es posible que ante el incremento exponencial de los casos, haya que acatar medidas todavía más rigurosas. Se trata de un sacrificio coyuntural basado en la solidaridad y el valor de la vida humana.

Debo indicar que en todas partes se ha estado hablando de “distanciamiento social” como una estrategia clave para reducir y minimizar al máximo el riesgo del contagio. Considero que la expresión más feliz y adecuada sería la de “distanciamiento físico” entre las personas, no el distanciamiento social. Todo lo contrario, lo que requieren las sociedades, en este duro presente, es el acercamiento social y la solidaridad.

Se ha afirmado con razón que las crisis ponen a prueba a las personas, a las comunidades y a los pueblos. Prueban de que estamos hechos como personas. Dice la leyenda –que parafraseo– que los seres humanos tienen en su corazón dos lobos: Uno es el del amor al prójimo, el de la solidaridad y el apoyo mutuo. Otro es el del individualismo, el de la avaricia, el del “sálvese quien pueda”. ¿Quién gana en esta eterna pelea ética? El que alimentamos con nuestras decisiones y actos.

Esta crisis inexplorada a la que nos enfrentamos hoy y que todavía no muestra un horizonte en sus alcances, claramente definido, nos obliga a alimentar la solidaridad, el apoyo mutuo y el amor a las demás personas.

La crisis debe sacar lo mejor de nosotros y nosotras, en ejercicios prácticos y efectivos de solidaridad social. Hay sectores y grupos minoritarios en nuestra sociedad, que aunque han acumulado grandes fortunas, que guardan aquí o esconden en los opacos paraísos fiscales del exterior, no quieren verse afectados por las inevitables secuelas económicas que deja y dejará la pandemia. Su mayor deseo es salir indemnes y, si les es posible, hasta obtener ganancias de la crisis que se hará más grande en las próximas semanas y meses. Todas y todos debemos de contribuir en esta causa nacional, en arreglo a nuestras posibilidades económicas.

Tenemos que avizorar el futuro con responsabilidad política. La pandemia nos dice, nos grita con fuerza que quienes han propulsado el debilitamiento del Estado Social de Derecho en poco más de treinta años, y que han tenido en su agenda privatizadora de la salud, el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estaban en un grave error. Tenía que venir un diminuto virus a darles una lección de vida y de política adecuada y justa.

El gobierno debe de prever una crisis que tardará tiempo en superarse aún aplicando medidas oportunas y correctas. Millares de personas y familias ya son afectadas en sus precarias economías y más serán las afectadas al transcurrir el tiempo. El gobierno debe dar un giro significativo a su brújula política, en función de darle prioridad a los sectores sociales y poblacionales, a los que esta crisis les golpeará más inclementemente.

El peor escenario es el del aislamiento combinado con el hambre y la desesperanza. A Dios rogando y con el mazo dando: Las y los ciudadanos conscientes debemos demandar del gobierno y la Asamblea Legislativa, este tipo de medidas de responsabilidad solidaria con el pueblo, al mismo tiempo que construimos redes solidarias en nuestras comunidades para apoyar a las familias a la que la crisis les pueden llegar con su rostro más feroz, el hambre.

Practiquemos el responsable distanciamiento físico, pero hoy más que nunca impulsemos este necesario acercamiento social alimentado por la solidaridad, la generosidad y el apoyo mutuo. Este debe ser el sentimiento, pensamiento y compromiso que nos inspire y aliente este 2020 y en el año del Bicentenario Patrio, que sin duda albergará una crisis económica, social y política, que pondrá a prueba la solidez de nuestra democracia.

 

Enviado a SURCOS por el autor.