Se comparte un documento que detalla la posición de una pluralidad de grupos de personas que expresan su preocupación ante la situación ocurrida en la escuela Tranquilino Sáenz Rojas en San Juan de Santa Bárbara de Heredia y en demás centros educativos del país.
En la escuela mencionada anteriormente un niño que se encontraba dentro del espectro autista y su madre denunciaron que fue víctima de abuso físico y psicológico por parte de un estudiante del mismo centro educativo.
Lo mismo es detallado como una situación alarmante debido a que demuestra la ineficiencia o incapacidad del Ministerio de Educación Pública para dotar a sus estudiantes de un ambiente seguro que se acople a sus derechos y condiciones específicas.
Para cualquier persona interesada tanto en informarse más del caso como en leer el documento en su totalidad pueden encontrarlo como archivo adjunto a esta nota.
Este viernes 24 de junio, a las 9:00 a.m. (hora de Nicaragua), 11:00 a.m. hora de Washington DC, tendrá lugar una Audiencia Pública en la cual las organizaciones solicitantes expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de derechos humanos que sufren en Nicaragua las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos. La Audiencia se enfocará en 10 medidas cautelares otorgadas por la CIDH que cubren a un total de 60 personas, 44 de las cuales permanecen privadas de libertad.
Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas:
Condiciones de encarcelamiento que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes
Estado de salud de las personas presas
Situación particular de las mujeres beneficiarias de medidas
Riesgos para familiares y personas encarceladas
Otros
La Audiencia se celebrará de manera virtual y podrá seguirse en directo, en idioma español, en las redes sociales de la CIDH. Invitamos a seguirla y a acompañar a las organizaciones utilizando las etiquetas #SOSNicaragua y #CIDHAudiencias
Este miércoles 22 de junio, en el marco del 50 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que la menstruación sea reconocida como un “tema de salud y de derechos humanos” y no “de higiene”.
Amalia Antúnez
Asimismo, criticó que la salud menstrual no haya estado en la agenda de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y tampoco esté incluida dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente para los que abarcan la salud, la igualdad de género y el agua y saneamiento.
Desde la Rel UITA se ha venido dando visibilidad a este tema, y cómo la falta de políticas públicas sobre la menstruación puede y afecta a miles de mujeres en América Latina.
En agosto de 2021, surgió en la Asamblea Legislativa del estado brasileño de Santa Catarina una iniciativa de legislar por el acceso universal a productos de higiene menstrual para las niñas, adolescentes y mujeres.
En esa audiencia, que se realizó en modalidad virtual por exigencias del protocolo sanitario del Covid 19, los relatos daban cuenta de un problema que está lejos de pertenecer a la esfera privada.
Según datos proporcionados por la Defensoría Pública del Estado,1.500.000 brasileñas viven en residencias sin baño y al menos 213.000 niñas y adolescentes no cuentan con baños en condiciones en sus centros escolares.
Una de cada cuatro mujeres brasileñas no tiene acceso a absorbentes higiénicos y de ese alto porcentaje al menos la mitad nunca habló del tema en la escuela.
Alertas desde el sur
Este aspecto sanitario incide directamente en la escolaridad de las niñas y jóvenes, afectando su desarrollo futuro y ampliando la desigualdad de género.
Fue grato observar que, en su comunicado público, la OMS destacara el trabajo de activistas del “sur global” que a diario alertan sobre las experiencias de mujeres y niñas que atraviesan situaciones “vergonzosas” y enfrentan barreras para controlar su menstruación “porque no tienen los medios para hacerlo.
Algo más tarde que las legisladoras catarinenses y que las dirigentes sindicales, la OMS apunta a que la menstruación debe ser tratada como un tema de salud pública, sin tabú, y exhortó a los gobiernos a desarrollar iniciativas en ese sentido.
Quizá puedan tomar como ejemplo el proyecto de ley de la diputada Ada de Luca (MDB) que apunta a universalizar el acceso a absorbentes higiénicos con la distribución gratuita a través de centros de salud y también en las escuelas públicas.
Más presión sobre gobiernos y empresas
Que la OMS haya tomado esta bandera significa un gran avance, pero hay que continuar insistiendo a los gobiernos que se comience a tratar este tema como una cuestión de salud pública y por lo tanto responsabilidad de los estados.
Tampoco las empresas pueden continuar indiferentes. En Costa Rica nuestra compañera Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA), viene denunciando hace más de dos años la falta de instalaciones sanitarias en las plantaciones de la empresa Palma Tica.
“Las mujeres cuando cursan su período menstrual deben cambiarse a la intemperie, sin ninguna condición higiénica. Algo totalmente indigno”, dice en un reciente llamado público que hizo a la ministra de Trabajo de su país.
La menstruación es un tema de salud pública y es un tema sindical. La menstruación no es solo un asunto de mujeres, es un tema de Derechos Humanos.
Información de Rel UITA compartida con SURCOS por la FENTRAGH.
El día de ayer 22 de junio concluyó la audiencia en Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, donde la defensa del joven criminalizado Carlos Andrés Pérez presentó oralmente sus alegatos para que se anule la sentencia condenatoria, pues contiene vicios de nulidad.
Agradecemos a las personas y organizaciones que firmaron la denuncia y petición internacional que incluye más de 272 firmas personales y 68 firmas de organizaciones, colectivas y colectivos a nivel nacional e internacional.
Nuestro profundo agradecimiento a quienes se hicieron presentes el día miércoles 22 de junio para acompañar a Carlos y su familia, de igual manera, agradecemos a quienes han contribuido con este proceso, ya sea denunciando la criminalización de la protesta social, a quienes han acompañado a Carlos y su familia, a todas las personas y organizaciones que de alguna manera se han unido a esta lucha en la defensa de los derechos humanos.
Continúa el proceso de criminalización y judicialización contra el joven obrero Carlos Andrés. Por lo cual, cada día nos uniremos más junto a él por el respeto al Derecho Humano de la Protesta Social, permaneceremos vigilantes de este proceso e informaremos el resultado de esta audiencia cuando la sentencia esté lista.
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE ABSOLUTORIA A INJUSTA SENTENCIA DICTADA EN SU CONTRA
NO MÁS CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN COSTA RICA
Aunque la justicia sea lenta, confío en que llegará. Soy inocente. Carlos Andrés
1.- Que desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?
2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?
3.- Tal vez lo sabe, pero si no le recuerdo, que en este ejercicio económico los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones menos que en el año 2021.
4.- ¿Sabía, -no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa-, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?
5.- ¿Sabía, -mucho menos lo dudo-, que la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de declaraciones y pactos internacionales de Derechos Humanos?
6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los Derechos Humanos son la causa de las calamidades publicas y la corrupción de los gobiernos?
7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector. Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?
Carlos Andrés Pérez fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018, en el ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica contra RECOPE, consecutivamente fue sometido a un juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio.
Distintos grupos sociales como ACODEHU, el Bloque de Vivienda, el movimiento sindicalista costarricense y ciudadanos, muestran en las calles fuera de los Tribunales de Sentencia Penal de Goicoechea el apoyo en solidaridad ante la persecución política y la criminalización de la protesta social en el caso del señor Pérez.
¡Esperamos que, aunque la justicia sea lenta, sea correcta!
Se le invita al conversatorio virtual: “Un acercamiento crítico al orgullo: ¿La marcha de la diversidad debe ser una fiesta o la preparación para la lucha?” La misma tendrá lugar el viernes 25 de junio a las 5:00 p.m.
Entre las personas invitadas se encuentran Susana Meoño, Rodrigo Campos, y Linford Patterson. Mientras que el encargado de moderar será Marco Castillo. Evento coordinado y encontrado en el Facebook de OIDH. Se puede encontrar más información en el afiche adjunto a esta nota.
Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:
1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social:
En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio.
En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia.
El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional.
En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.
2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.
3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.
4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.
Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.
Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.
6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.
7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.
Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.
Los firmantes:
Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política
Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política
Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política
Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo
Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política
Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política
Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política
Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política
Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos
Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Este martes 21, la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria de Costa Rica (FENTRAGH) finalizó una gira por las fincas de palma africana en la región sur.
En este video, Maikol Hernández, secretario general de la organización denuncia, entre otras cosas la inexistencia de sanitarios para uso de los trabajadores y trabajadoras en los campos y la falta de transparencia en la liquidación de los salarios por destajo.
Mira sus declaraciones completas en el video. Compártelo.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos compartió con SURCOS el siguiente documento en el cual expresa su solidaridad con Carlos Andrés Pérez Sánchez.
San José, miércoles 22 de junio de 2022
Buenos días Pueblo de Costa Rica.
Buenos días, madres y padres de familia, jóvenes, luchadores sociales, activistas de Derechos Humanos, sindicalistas y demás trabajadores de Costa Rica.
Hoy es un día especial en este país, porque está en juego la nulidad de una Sentencia y una Condena infames, contra un joven trabajador, sindicalista y amante de los grandes valores que representa a un País, cuyos habitantes luchan todos los días, para ganarse la vida honradamente.
Carlos Andrés Pérez Sánchez, estará en una AUDIENCIA ORAL, en un Tribunal de Apelación, porque su defensa, los Sindicatos, su familia y desde los Derechos Humanos, solicitamos la anulación de la CONDENA, de 5 meses de prisión y 18 millones de colones por el pago de unos daños a la EMPRESA RECOPE, que se inventaron para acusarlo de un delito del cual él se declara INOCENTE.
A este proceso, desde los Derechos Humanos y algunas autoridades legales, le llamamos Criminalización de la Protesta Social, en Costa Rica y en muchos países cuyos pueblos luchan y se lanzan a las calles, para defender la democracia y manifestar la inconformidad de los habitantes, cuando los políticos y gobiernos de turno, imponen proyectos de ley, LEYES o toman acuerdos que afectan las conquistas y derechos humanos propios de un Pueblo en DEMOCRACIA.
Nuestro apoyo a Carlos Andrés, desde nuestras conciencias, desde la reflexión, desde nuestros hogares, es una acción de civismo que la población costarricense debe de ejercitar.
Apoyar de corazón a un joven, trabajador, sindicalista, con conciencia social y luchador social, es lo que le permite a un pueblo que vive en DEMOCRACIA, participar y capacitarse, en la defensa de los Derechos Humanos y en las luchas que todos los pueblos del mundo sostenemos históricamente.
Desde este mensaje, la ACODEHU, Sindicatos públicos-privados y luchadores (as) sociales, hacemos un llamado para estar atentos de los resultado de la audiencia en este proceso penal de Carlos Andrés.
La cita es hoy miércoles 22 de junio 2 pm. en los Tribunales de GOICOECHEA.
Se agradece la presencia en las afueras del edificio.
La ACODEHU agradece al movimiento Sindical, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados-ANEP, al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO, a SITRAPEQUIA, al SINDEU y organizaciones sociales nacionales e Internacionales, por el decidido APOYO y SOLIDARIDAD a Carlos Andrés Pérez Sánchez.
Solicitamos la nulidad de la Sentencia y la Condena injustas que lo criminalizan y lo llevarían a perder su libertad uy otros derechos humanos fundamentales.
“La PROTESTA SOCIAL, es un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL”
