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Etiqueta: derechos humanos

CON UN HASHTAG NO ELIMINAMOS EL RACISMO

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En su declaración de principios, la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 indica que tendrá como propósito la construcción de una sociedad costarricense más sensible a las diferencias. Así lo señala su visión:

“Costa Rica será una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia a partir de la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados, que contribuyen a la conformación de una sociedad más respetuosa y sensible a las diferencias y enfoques particulares”.

Pese a este propósito, la sociedad costarricense continúa presentando serias dificultades para alcanzar la aspiración de una sociedad cada vez más inclusiva.

Durante las recién pasadas finales de fútbol desarrolladas en el país, el jugador del Club Sport Herediano Kreysher Fuller denunció haber sido objeto de insultos racistas provenientes de un sector de aficionados apostados en las graderías del sector oeste del Estadio Ricardo Saprissa, ubicado en la capital costarricense.

En las imágenes del incidente, se logra apreciar algunas reacciones verbales del jugador, criticables también, contestando a tales insultos. En una publicación en su cuenta personal el jugador afirmó: “No puede ser que en estos tiempos aún exista insultos raciales, como lo volví a vivir este jueves en el estadio».

Ambas actitudes son deplorables. Sin embargo las respuestas no fueron similares. El jugador fue sancionado con varios partidos por su reacción. Pero la actitud de los aficionados no fue castigada de oficio, abriéndose en su lugar una “investigación” para determinar el alcance de lo denunciado por el jugador por parte de los órganos correspondientes a nivel dirigencial.

Esta actitud organizativa no es neutra. Cuando la institucionalidad actúa así, representa el culmen de la naturalización arraigada en cuanto a racismo y discriminación. Es sabida la producción y reproducción de discursos discriminatorios en lugares como estadios. La xenofobia, la homofobia, el machismo y el racismo encuentran terreno fértil tras una voz colectiva que se escuda en el anonimato para ofender y agredir de palabra.

El caso de México, por ejemplo, demuestra cuánto se debe seguir trabajando en la erradicación de estas prácticas. Las últimas noticias confirmaron un castigo más a su Federación por la reiteración de gritos homofóbicos en los juegos de su selección.

Costa Rica, a pesar de avances en su legislación como la política citada al iniciar esta columna, debe hacer un examen a conciencia acerca de los esfuerzos para estirpar estas odiosas acciones. Los procesos de violencia experimentados recientemente y en múltiples ocasiones por pueblos originarios en defensa de sus territorios son acaso un desafío que el estado costarricense no ha logrado resolver.

Peor aún, las declaraciones de un alcalde de una comunidad del Atlántico costarricense ofreciendo una “mujer indígena a cambio de favores de la empresa privada” en las que deja entrever un racismo y colonialismo in extremis, solo confirman la naturalización de una conducta histórica que una legislación no elimina.

La erradicación del racismo en los estadios, uno de los tantos desafíos en la materia por parte de la sociedad costarricense, no se resuelve con una campaña de camisetas vestidas por los jugadores, un “hashtag” y mensajes previos a cada partido.

Debe surgir de una profunda modificación de contenidos educativos en los que respeto, convivencia e integración sean los ejes para avanzar hacia la construcción de una sociedad absolutamente diferente.

Protocolo de la Esperanza, herramienta internacional ante amenazas contra personas defensoras de derechos humanos

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

  • Más de 30 organizaciones a nivel global se unen para proteger a las personas defensoras de derechos humanos.

  • El protocolo es respaldado por diversas expertas y expertos de la ONU y ex relatores y relatoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  • La iniciativa es liderada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL.

Washington DC, diciembre 16 de 2021. – Este jueves 16 de diciembre, más de 30 organizaciones en todo el mundo y expertas y expertos de derecho internacional, incluidos relatores y relatoras de la ONU, presentaron el Protocolo de la Esperanza. La primera herramienta internacional que promueve una respuesta efectiva a las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos quienes protegen la democracia y los derechos a nivel global, de los cuales el 85%* afirman recibir o conocer a alguien que recibió alguna forma de amenaza por su trabajo de defensa en los últimos años.

Durante más de cinco años, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con personas expertas en derecho internacional y personas defensoras trabajaron en esta herramienta que concientiza sobre el alto coste que representan las amenazas en su contra y la impunidad de estos crímenes. El Protocolo de la Esperanza proporciona una hoja de ruta para el establecimiento de políticas públicas que aborden eficazmente las amenazas, así como directrices a los Estados para una diligente investigación penal.

Históricamente y a nivel mundial, las amenazas en contra de quienes defienden derechos se utilizan para intimidar y disuadirles de llevar a cabo su labor. De hecho, 3 de cada 10* de las personas defensoras afirman que las amenazas que recibieron tenían como objetivo detener una actividad específica; 2 de cada 10* expresaron que las amenazas estaban destinadas a causarles daño psicológico o psicosocial y 5 de cada 10* informaron que la amenaza tenía la intención de advertir sobre alguna forma de violencia futura contra sí mismo, su familia, un grupo vulnerable o su reputación.

Las mujeres defensoras experimentan amenazas específicas que obedecen a estereotipos de género y violencia contra ellas. A pesar de su gravedad, por lo general, estas amenazas se mantienen en la impunidad, lo que aumenta el ciclo de violencia y amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas.

Por otro lado, las amenazas en contra de las personas defensoras tienen un profundo impacto en su vida diaria, la de sus familias y comunidades; en algunas situaciones, las amenazas pueden incluso constituir tortura. El 81%* cree que no recibiría las mismas amenazas si su trabajo no estuviera relacionado con su labor de defensa. El Protocolo de la Esperanza responde a esta necesidad como herramienta para responder de manera efectiva a esta problemática.

El Protocolo tiene su nombre por dos razones, la primera relacionada a su objetivo de garantizar un futuro esperanzador para las personas defensoras. Y, la segunda, en honor al pueblo del oeste de Honduras: La Esperanza, ciudad natal de Berta Cáceres, activista de los derechos indígenas, feminista y ambientalista asesinada en 2016 después de 33 amenazas no investigadas.

El asesinato de Berta ejemplifica una tendencia mundial preocupante. Un protocolo sobre la investigación de las amenazas contra quienes defienden derechos puede contribuir de manera decisiva a visibilizar el tema, resaltar los efectos diferenciados de las amenazas sobre las personas defensoras con identidades diversas, fortalecer las investigaciones y reiterar la importancia de un enfoque interseccional de los patrones de violación de los derechos humanos, así como promover la adopción de medidas de reparación. Estándares específicos que guíen las investigaciones pueden ayudar a superar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones que apoyan:

  • African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
  • Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
  • Artículo 19
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(CEJIL)
  • Child Rights Connect.
  • Colectivo Jose Alvear Restrepo (CCAJAR)
  • Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
  • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
  • Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC)
  • Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
  • Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
  • International Freedom of Expression Exchange (IFEX)
  • Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA)
  • International service for Human Rights (ISHR)
  • No es Hora de Callar
  • Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
  • Oxfam
  • Peace Brigades International (PBI)
  • Protection International
  • REDRESS
  • RFK Human Rights
  • Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)

Más información:

Web Protocolo de la Esperanza. En el siguiente enlace: https://esperanzaprotocol.net/?lang=es&eType=EmailBlastContent&eId=8a9e7b07-624c-45f4-8031-ce928322ba97

Encuesta: Investigación del Protocolo de la Esperanza sobre amenazas contra personas defensoras de derechos humanos (Disponible solo en inglés) en el siguiente enlace: https://cejil.org/en/publications/25383/?eType=EmailBlastContent&eId=8a9e7b07-624c-45f4-8031-ce928322ba97

Compartido con SURCOS por CEJIL.

Pueblo cabécar recibió a Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

El domingo 12 de diciembre de 2021 las y los recuperadores cabécares de China Kichá recibieron al señor Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Las y los recuperadores cabécares denunciaron la ocupación ilegal de su territorio y la omisión del Estado de cumplir su obligación de devolver esas tierras al Pueblo Cabécar, las agresiones recibidas por parte de personas no indígenas y la Fuerza Pública, actos que se mantienen totalmente impunes.

¡Justicia para Sergio, Jhery y los Pueblos Originarios!

Recuperadas (es) cabécares de Kelpegö, Kono Jú, Sa Keirö Kaska, Saka Duwë Senaglö y Yuwi Senaglö.

Publicación en: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/425388745743196/

Decálogo para un Estado en Clave de Derechos Humanos y Feminista

La OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres realizaron en un foro por Facebook Live el lanzamiento del Decálogo para un Estado en Clave de Derechos Humanos y Feminista. Se contó con la participación de las siguientes expositoras:

  • Line Bareiro
  • Rita Segato
  • Lucy Garrido
  • Otilia Lux de Cotí
  • Ana Falú
  • Alda Facio
  • María Soledad Cisternas

Moderó: Alejandra Mora Mora (Secretaria Ejecutiva – CIM / OEA)

El vídeo completo se puede encontrar en el siguiente enlace: https://fb.watch/9VMA3VCbbE/

ACODEHU: 17 años de lucha continúa a favor de los derechos humanos

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

En el marco de los 73 años de “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU presentó la sistematización de los 17 años de lucha constante en la defensa, promoción y divulgación de derechos humanos en Costa Rica. Este evento se logró con la participación de un amplio sector de organizaciones, luchadores sociales, defensores de Derechos Humanos y la membresía de la ACODEHU.

Sin lugar a dudas, este evento marca un punto de partida y de afirmación de la ACODEHU.

A nivel de introducción, según la agenda prevista, se dio la lectura de un saludo del poeta Candelario Reyes y algunos párrafos de una emotiva carta de la compañera Ivonne García.

Seguidamente la participación del compañero Francisco Cordero Gené, de manera muy puntual, destacó los momentos políticos en los cuales la ACODEHU ha fijado sus puntos de lucha contra la criminalización de la protesta social. Tuvo un momento, en su alocución, al rememorar a la compañera María del Mar Cordero (su hija) y a los compañeros Óscar Fallas Baldi, Jaime Bustamante Montano y a David Maradiaga. Todos asesinados, impunemente, por la lucha sostenida y valiente contra la empresa Stone Forestal.

En este mismo momento, el compañero Cordero hizo una emotiva reseña de su hermana LIVIA CORDERO GENÉ, activista de derechos humanos y miembra de la ACODEHU, también víctima de la represión del Estado por su militancia y trayectoria política en diferentes organizaciones de Derechos Humanos.

En el orden de la agenda, correspondió al compañero DENIS CALIX, referirse mediante un saludo al pueblo hondureño, a su nuevo momento histórico y al ser migrante en las condiciones históricas que le correspondió vivir. Al respecto expresó:

“…Desde mi ingreso a la ACODEHU, debo reconocer que sus objetivos básicos descansan, definitivamente en fortalecer y generar procesos de afirmación, promoción y defensa de los Derechos Humanos. Esa ha sido su gran tarea a favor de los cientos de migrantes y solicitantes de refugio que hemos tenido como destino final este hermano país. Desde la ACODEHU Luchamos contra cualquier injusticia y violación a los derechos fundamentales de las personas…” 

Su discurso de saludo, finalizó evocando algunos puntos programáticos anunciados por la actual Presidenta electa del pueblo hermano de Honduras, Xiomara Castro.

Otra serie de discursos muy emotivos formaron también parte del evento de estos 17 años ininterrumpidos de lucha de la ACODEHU. Palabras de las compañeras Quxabel Cárdenas, Silvia Regina, Luis Fernando Astorga, Alfonso Pardo, Roy Marín, Dennis Castillo, Ridel Hernández. En cada discurso, hubo un reconocimiento a esa propuesta que ha desarrollado históricamente la ACODEHU, de combinar la defensa de los Derechos Humanos, bajo los lineamientos políticos y humanistas que han servido de norte a la organización.

Sin lugar a dudas, uno de los puntos de mayor interés estuvo en la entrega de la Sistematización de Acciones y Luchas: Costa Rica 2004-2021; resultados, a cargo de las jóvenes profesionales. IRENÉ BARRANTES JIMÉNEZ, ANGIE FERNÁNDEZ CASTRO Y FAINIER CALVO CHAVARRÍA.

En tres grandes ejes se articuló la exposición: Atención a migrantes y solicitantes de refugio, Trabajo Comunitario y Derechos Humanos en Territorios Costeros Comunitarios y Criminalización de la protesta social, cada eje temático fue acompañado por los diferentes instrumentos metodológicos que se emplearon para abordar científicamente la inserción de la ACODEHU en dichas acciones y, claro está, lo más importante, son los resultados y conclusiones que aportó la sistematización referida.

Finalmente, correspondió hacer el cierre de tan magno evento de la ACODEHU a la compañera Ana Cecilia Jiménez Arce, Presidenta actual de la organización.

En su alocución dejó patente el agradecimiento a cada una de las organizaciones presentes y a todas las y los participantes. De igual forma agradeció a la señora Dra. Andrea García, en su condición de Directora del Instituto Cultural de México y al personal de apoyo a nuestro evento. 

Con mucha vehemencia la compañera Ana Cecilia expresó su reconocimiento, por el trabajo efectuado a las cinco personas, cuyo concurso profesional permitieron los resultados de esta tarea intelectual. De igual manera externó el agradecimiento de la ACODEHU a la señorita Marissa Chapman, al joven Bernardo Corrales, y joven Ignacio Barrantes J. por todo el soporte técnico y logístico, ofrecido en el desarrollo de la actividad.

Recordó específicamente, la violación contra las libertades democráticas de nuestro país. De la misma forma condenó los asesinatos de los dirigentes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, también acusó sobre la negligencia del Estado por la escasa protección a los pueblos ancestrales y el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas desde la CIDH, a favor de dichos territorios indígenas.

Al concluir el evento, se le dio uso de la palabra al trabajador Carlos Andrés Pérez Sánchez, quien nos acompañó en este acto, recordando la represión, judicialización y criminalización de la protesta social del año 2018, en el contexto de las movilizaciones populares, sindicales contra el establecimiento del Proyecto Ley de Modernización de las Finanzas Públicas (años 2018-2019). 

Este informe está respaldado en el boletín de la ACODEHU denominado: 17 años en defensa y promoción de los Derechos Humanos.

EEUU: RETIREN LOS CARGOS CONTRA JULIAN ASSANGE

10 de diciembre 2021: El Tribunal Superior de Londres dictamina que Julian Assange puede ser extraditado a EEUU. Los jueces aceptaron las escasas garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre las condiciones en las que sería retenido allí. Desde Amnistía Internacional vamos a continuar hasta el final la campaña por la retirada de cargos de este periodista. Por favor firma esta petición.

A Julian Assange, fundador de Wikileaks, podrían condenarlo a hasta 175 años de cárcel. Assange está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, por una petición de extradición que presentó EEUU, por publicar documentos a los que tuvo acceso. Está acusado de divulgar documentos secretos, que entre otras cosas informaban de posibles crímenes de guerra que cometió el ejército de EEUU. 

Lo que hizo Assange es el trabajo habitual de los periodistas de investigación y no debería castigarse. La persecución de Julian Assange es un ataque a la libertad de expresión.

Si extraditan a Julian Assange o lo trasladan a EEUU, estaría seriamente expuesto a sufrir violaciones de los derechos humanos, incluidas unas posibles condiciones de detención que podrían equivaler a la tortura o los malos tratos, como la reclusión prolongada en solitario.

Recientemente se ha sabido que la CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador, lo que hace dudar de los planes que tiene EEUU para Assange si lo extraditan.

El tribunal británico ya ha dicho que el estado de su salud mental de Julian Assange es frágil, que lleva muchos meses recluido en la prisión de máxima seguridad y que podría suicidarse si ingresa en una cárcel estadounidense con condiciones penitenciarias deficientes.

No hay tiempo que perder: el Tribunal Superior de Londres está decidiendo si accede o no a la petición de Estados Unidos de extraditarle. Firma para impedirlo y para pedir que se retiren los cargos de espionaje y otros cargos conexos contra Julian Assange derivados de sus actividades periodísticas y de investigación.

Juzgar a Assange es un claro intento de amedrentar al resto de profesionales de los medios de comunicación que denuncian y hacen públicos los trapos sucios de los gobiernos. Y tenemos derecho a saber.

¡FIRMA!

 

Texto tomado de: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/eeuu-assange-libertad-feb20/#ai-accion-firma

El Estado costarricense continúa violentando a los pueblos originarios

SURCOS comparte el siguiente comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur Sur: 

Sólo en el 2020, 14 personas lideresas de Pueblos Originarios fueron amenazadas de muerte y la impunidad sobre los casos de los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Naso-Brörán, continúa presente. Ese mismo año, el 9 de febrero Minor Ortiz Delgado, Bribri del clan Tubolwak, recibió un disparo en una de sus piernas por Eliodoro Figueroa Uva quién sigue en libertad y vive en la misma comunidad que Minor.

8 de diciembre del 2021. Como Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), espacio de encuentro y solidaridad de distintas organizaciones de Pueblos Originarios y comunidades campesinas de la zona sur de Costa Rica, a propósito de la visita del Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, queremos reiterar una serie de denuncias sobre las faltas graves del Estado costarricense y la administración Alvarado Quesada que está pronto a terminar.

Las violaciones del Estado y el Gobierno saliente en nuestra contra son reiteradas, sistemáticas y estructurales. Las estrategias para violentarnos son numerosas:

  1. Según el “Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los Pueblos Originarios en la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 2020” elaborado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en ese año fueron amenazadas de muerte 14 personas lideresas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así como 2 defensores de los derechos humanos de estos Pueblos. También, este Informe da cuenta de 86 incidentes de seguridad contra estos Pueblos durante el 2020, que se expresan en 27 tipos de agresiones. De las cuáles, el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los Pueblos Originarios es la Fuerza Pública.
  2. La Fuerza Pública no es un actor imparcial y actúa de forma parcializada a favor de las personas no indígenas que usurpan ilegalmente nuestros territorios ancestrales. Ello a pesar de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado costarricense, el bloque de constitucionalidad y la Ley Indígena de 1977 son claras y contundentes al establecer que los territorios son inalienables y pertenecen únicamente a los Pueblos Originarios. Todas estas agresiones así como las que han ocurrido tras 11 años de organización y lucha por la recuperación de tierras-territorios ancestrales están al día de hoy IMPUNES.
  3. También están impunes los asesinatos de nuestros hermanos: Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Hermanos del Pueblo Bribri de Salitre y Naso-Brörán de Térraba que murieron defendiendo nuestros derechos como Pueblos y Territorios Indígenas. El acceso a la justicia es un derecho constantemente negado a nuestros Pueblos.
  4. El Gobierno de Alvarado continúa con la herencia colonial, capitalista y patriarcal de los Gobiernos anteriores. Su Gobierno no avanzó en la expropiación de los terrenos usurpados por personas no indígenas ajenas a nuestros Territorios y Pueblos. Además, el mismo gobierno ha reconocido que el Plan  de Recuperación de Territorios Indígenas  (RTI ) cuenta con un atraso de alrededor de 3 años; a pesar de que inició en 2017. Situación que evidencia la nula voluntad política del Gobierno de Alvarado por revertir la situación violatoria de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
  5. El Estado de Costa Rica no ha sido capaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios de la zona sur; en Salitre se priorizaron 8 terrenos desde el 2014, en Cabagra 13 desde el 2016 y en Térraba 17 desde el 2019. Esta situación aumenta la vulnerabilidad y riesgo de las personas de estos Pueblos, al forzarlas a vivir cerca de sus agresores.
  6. Durante el 2020 y 2021 se han dado 4 resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de personas del Pueblo Cabécar de China Kichá (3 resoluciones) y del Pueblo Naso Brörán de Térraba (1 resolución) de sus recuperaciones de tierras-territorio. Estos fallos fueron apelados en tiempo y forma pero, aún 3 de ellos representan un peligro y una amenaza de desalojo judicial para estos Pueblos.
  7. Los Programa de Servicios Ambientales son gestionados y administrados por las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, estructura que para las organizaciones propias de los Pueblos Originarios que participan en la CLSS, son consideradas como instancias estatales, impuestas e ilegítimas para nuestros Pueblos. A pesar de ello, el Gobierno continúa reconociendo la figura de la ADI en detrimento de nuestras organizaciones ancestrales. Así, el Estado establece diálogos con instituciones que no responden a nuestras necesidades ni tampoco a nuestra ancestralidad y espiritualidad.

Una prueba de la complicidad del Estado y las ADI se refleja en el hecho de que las únicas expropiaciones impulsadas por el Estado costarricense, en años pasados, fueron entregadas a la ADI de los Territorios más no a las personas que arriesgaron su vida por recuperar una tierra-territorio que siempre les perteneció. La administración Alvarado Quesada no se quedó atrás y durante su gestión ni un sólo terreno fue regresado a los Pueblos Originarios.

  1. Recientemente, han surgido organizaciones racistas en el país que arremeten en nuestra contra. Estas organizaciones fueron evidentes durante la escalada de violencia de febrero-marzo del año pasado, cuando fueron capaces de movilizar recursos y muchas personas para atacarnos. Entre esas organizaciones, rescatamos a la Asociación Pluriétnica y Multicultural que constantemente incita al odio y a la violencia en nuestra contra.

Tras once años de organización y resistencia podríamos continuar enumerando las faltas graves del Estado costarricense así como al Gobierno de Alvarado Quesada y a una serie de actores poderosos que insisten en hacernos desaparecer. Aún así, a pesar del clima racista, violento e impune nosotras (os) las organizaciones que participamos en la CLSS continuamos resistiendo hasta que en nuestros Territorios y Pueblos se respire paz y tranquilidad.

“La violencia nos preocupa, pero no nos detiene. No nos detendremos en defender nuestros Territorios y Pueblos. La semilla de Sergio y Jerhy nos acompaña, nos fortalece y nos seguirán guiando hasta que nuestros Pueblos sean libres en sus tierras, hasta que nuestra cultura sea resguardada por la madre tierra”, declaró Lesner del Concejo Iríria Ditsö Ajkönúk Wakpa de Salitre. Así, como organizaciones propias, como CLSS prometemos resistencia, tierra y libertad.

Para conocer más de las actividades y comunicados de Coordinadora de Lucha Sur Sur:

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/422328252715912/

Pronunciamiento feministas ante la violencia policial durante el 25N

SURCOS comparte la siguiente información:

El 25 de noviembre, en el marco de la marcha por la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres realizada en San José, oficiales de la Fuerza Pública y la GAO agredieron física y verbalmente a las participantes,con especial ensañamiento a las compañeras migrantes. En reiteradas ocasiones,contingentes de hasta 20 oficiales invadieron la marcha desde ambos costados de la calle, empujando y golpeando a decenas de mujeres que se manifestaban exigiendo un alto a la violencia.

La marcha avanzaba sobre la Av. Segunda. El primer momento de represión ocurrió alrededor de las 6:00 pm, a la altura del Paseo de los Estudiantes cuando la policía se ensañó contra una mujer nicaragüense, defensora de Derechos Humanos. Ella fue acorralada por 6 oficiales. Ante esto, una multitud de mujeres rodeó a la policía, gritando por su liberación. La presión y el acuerpamiento de las manifestantes logró la liberación de la compañera, y la manifestación continuó.

A las 6:10 aprox, frente a Caja de ANDE,un grupo de hombres y mujeres policías volvió a invadir la marcha con mucha violencia, lanzando golpes,patadas y empujones contra las manifestantes. En esta ocasión, tomaron por el cuello a una persona costarricense, y le arrastraron jalándole el pelo. Una vez más, las manifestantes y el equipo de seguridad de la marcha lograron contener la situación, arrebatarles a le compañere que estaba siendo retenida y expulsar a la policía de la manifestación.

Cerca del final de la marcha, un grupo de personas migrantes y costarricenses se refugiaron de la lluvia debajo de un techo, donde fueron abordadas por varios oficiales. dentro de los cuales reconocieron a uno de los agresores. Al cuestionarlo por qué abusaba de su autoridad y usaba la fuerza para violentar mujeres, el oficial respondió con más violencia, diciéndole a las mujeres migrantes que se callaran, que fueran a lavarse el culo bajo la lluvia», entre otros insultos. La situación escaló causando miedo e indignación a estas personas,dentro de las cuales se encontraban menores de edad. Una oficial comenzó a amenazar con arrestar a las feministas que les exigían respeto. Se acercó a una de las mujeres migrantes y le dijo: «Miré, y según su acento,¿usted tiene papeles? ¿Usted está legal en este país?Mire, usted puede tener problemas por irrespetar

a la autoridad». Entonces llamó a una patrulla, lo que representó una clara muestra de xenofobia. Otras compañeras nicaragüenses defensoras de derechos humanos y costarricenses le cuestionaron que le pidiera papeles solo a ella, a lo que la oficial afirmó que era por su acento. Al hacerle ver que se podía denunciar por muestras de xenofobia y pedirle sus datos negó, y solo así decidieron retirarse.

Los y las oficiales no portaban identificación alguna, y se negaron a dar sus nombres. Había oficiales en ejercicio sin uniforme y algunos incluso portaban armas. Continuaron hostigando a las manifestantes hasta el final, incluso cuando se retiraron de la marcha, tomando fotografías, señalando a determinadas compañeras e invadiendo reiteradamente el contingente de la movilización. Esta grave situación revive los traumas de la violenta represión policial que han sufrido las compañeras migrantes

en su país de origen,y constituye una forma de violencia psicológica que violenta la dignidad y los derechos de las mujeres.

Cabe recordar que el Reglamento de Ética de los Miembros de las Fuerzas de Policía Adscritas al Ministerio de Seguridad Pública en su artículo 2 establece que las fuerzas policiales deben «Actuar con total objetividad e imparcialidad. sin discriminar entre las personas en razón de su condición social,cultural o económica, de sus creencias religiosas o ideas políticas, o por los cargos que  pudieran tener  en  la sociedad». Asimismo,  la

Declaratoria de cero tolerancia a cualquier manifestac ión de violencia contra las mujeres en el Ministerio de Seguridad Pública indica que deben «Abstenerse todas las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, sus funcionarios y funcionarías, personal y agentes de todas sus dependenc ias, de practicar o tolerar cualquier forma de violencia contra las mujeres tanto en el ejercicio público de su función policial o administrativa, como en el marco ·de las relaciones interpersonales de trabajo y en su vida privada».

El Estado costarricense ha asumido compromisos internacionales que le otorgan la responsabilidad de velar  por  la  seguridad  y  la  integridad  de  las  personas   refugiadas   y   solicitantes   de refugio. Lamentablemente, el pasado 25 de noviembre se vivió lo contrario: el hostigamiento y acoso policial,el abuso de autoridad,la violencia física y verbal,y la manifestación de la misoginia, la xenofobia y el racismo  estructural.

La marcha era pacífica, la policía fue quien llevó la violencia,ensuciando la conmemoración de las luchas cotidianas de tantas mujeres por vivir en paz y libertad. Repudiamos estas agresiones xenofóbicas y misóginas. Nadie tiene derecho de mandar a callar a una mujer, mucho menos por el hecho de ser migrante.

Por lo anterior, exigimos que las autoridades policiales rindan cuentas de las agresiones cometidas. Exigimos que los y las oficiales que violentan física, verbal y psicológicamente a las manifestantes sean

Identificados y sancionados. Exigimos que el gobierno de Costa Rica siente las responsabilidades del

caso,y que el gobierno se pronuncie sobre estas graves violaciones a los derechos y las cuerpas de las mujeres migrantes.

¡Nadie es ilegal!

¡No más xenofobia!

¡No más violencia policial!

¡Si tocan a una,respondemos todxsl

La Comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el relator de la ONU, Francisco Cali Tzay

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado lunes 06 de diciembre de 2021, una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En este encuentro se entregó el “Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero – diciembre 2020”, además de un documento actualizando la situación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica.

El Sr. Cali Tzay se encuentra de visita oficial en Costa Rica y estuvo compartiendo con más organizaciones de la sociedad civil previo a su visita a territorios.