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Etiqueta: derechos humanos

Gobierno de Israel contra la ONG Defensa Internacional de los niños y niñas

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Gobierno de Israel ha declarado a la conocida ONG, Defensa Internacional de los Niños/as, DNI, como una organización supuestamente «terrorista». Para la ONG , esto supone un arrebato más de su locura fascista y racista y colonialista.

La DNI existe en Costa Rica y el resto de América Latina y el Mundo, se encarga de vigilar por los Derechos Humanos de los Niños y Niñas de cualquier nacionalidad. Como se sabe, las golpizas, torturas abusos sexuales, violaciones, asesinatos, malos tratos y humillaciones y arrestos ilegales, a los niños y niñas y adolescentes de Palestina Ocupada, ha sido histórico y es ya costumbre por parte del régimen Sionista. Así que el único delito del DNI en Palestina fue documentar esos brutales abusos.

En su comunicado de prensa, la ONG expresó que han experimentado y soportado la peor parte de las crecientes campañas de desinformación por parte de actores del gobierno israelí y actores privados. 

Además, expresaron ser una organización dedicada a defender y promover los derechos de los niños que viven en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Durante 30 años, DCIP ha investigado, documentado y expuesto graves violaciones de derechos humanos contra niños palestinos. Defiende a los niños palestinos en los tribunales militares israelíes y expone graves violaciones contra los niños palestinos a manos de las fuerzas israelíes.

Las acusaciones son erróneas, tergiversan y distorsionan elementos fácticos o legales críticos.

La DNI rechaza la reciente designación por parte del gobierno israelí como una «organización terrorista», ya que es otra acción injusta de las autoridades israelíes para criminalizar y eliminar su legalidad.

Las autoridades israelíes deben poner fin de inmediato a los esfuerzos encaminados a deslegitimar y criminalizar a los defensores de los derechos humanos palestinos y las organizaciones de la sociedad civil. Exigimos que la comunidad internacional utilice todos los medios disponibles para responsabilizar a las autoridades israelíes por los ataques selectivos y la represión de las organizaciones de la sociedad civil palestina y actúe para poner fin a la complicidad y el apoyo al régimen de apartheid israelí.

Para leer el pronunciamiento completo puede observar el archivo adjunto.

Pronunciamiento-DNIDescarga

 

Información compartida con SURCOS por Jiddu Rojas Jiménez.

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá – Comunicado

Escrito en . Publicado en Derechos.

Señor presidente Cortizo pare el crimen a los pueblos indígenas. 

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP), alzamos nuestra voz, en rechazo a los actos violentos la cuál repudiamos y denunciamos la represión cometidos hacia nuestros hermanos Ngábe-Buglé hiriendo a los niños y niñas, ancianos, mujeres y a familias enteras, solamente el hecho de estar en sus territorios ancestrales y que rechazan la hidroeléctrica Barro Blanco. con estos actos han atentado contra la vida y la integridad de esta población violando los Derechos Humanos.

 Estamos viviendo bajo la autoridad de un gobierno que responde a los interés de los saqueadores, entreguista, negociando a nuestra espalda con empresas extranjeras transnacionales que sustraen nuestros recursos naturales, tales proyectos hidroeléctrica, mineras, firmando concesiones con empresas maderera para devastar los bosques, la biodiversidad, contaminando el ambiental y envenenando nuestros ríos del cual bebemos a diario y es una forma de exterminio a nuestras culturas de los Pueblos Indígenas de Panamá. 

El presidente Laurentino Cortizo viajó a Escocia para participar en la cumbre de cambio climático, abandonando los problemas socio ambientales sin solución de violencia y violaciones a las normas de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional faltando a la declaración de la ONU. 

Hacemos llamados a todas las organizaciones de mujeres indígenas y no indígenas a todos los congresos de pueblos indígenas, campesinos, profesionales y organizaciones ambientalistas, que nos unamos para salvar VIDA.

 Exigimos al gobierno de Nito. que garantice la vida, la libertad, la justicia, la seguridad de los pueblos indígenas. 

Nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos del pueblo Ngábe-Buglé 

CUIDEMOS NUESTROS RECURSOS NATURALES, NUESTROS BOSQUES, LA BIODIVERSIDAD, EL MEDIO AMBIENTE. PARA QUE TENGAMOS VIDA EN ABUNDANCIA.

Aclaración de la Coordinadora de Lucha Sur Sur respecto a declaraciones del presidente de Costa Rica en la COP 26 sobre pueblos originarios

Escrito en . Publicado en Derechos.

4 de Noviembre del 2021.

Sobre las declaraciones del Presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado en el foro «Bosques y Uso del Suelo» que se realizó el lunes 1 de noviembre en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26 – Escocia), y en las que dijo «los mayores guardianes del bosque y la tierra son los Pueblos Indígenas» y además resaltó el Programa de Servicios Ambientales (PSA) como un mecanismo para la conservación de bosques; consideramos importante aclarar ante la opinión pública:

  1. El Estado de Costa Rica no ha sido capaz, ni ha tenido la voluntad política para garantizar la vida e integridad personal de los Pueblos Originarios; prueba de ello, son los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre el 18 de marzo de 2019 y de Jerhy Rivera del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero de 2020, dos asesinatos en menos de un año; hermanos que fueron asesinados defendiendo sus territorios y Pueblos.

Además, según el Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios en la Zona Sur de Costa Rica, Enero – Diciembre 2020 elaborado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en ese año fueron amenazadas de muerte 14 personas líderes y lideresas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así como 2 defensores de los derechos humanos de estos Pueblos.

También, este Informe da cuenta de 86 incidentes de seguridad contra estos Pueblos durante el 2020, que se expresan en 27 tipos de agresiones, de las cuáles el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los Pueblos Originarios es la Fuerza Pública.

  1. TODAS las agresiones y violaciones se mantienen hasta el día de hoy en la impunidad.
  2. En los territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur, se mantiene una ocupación ilegal de un 40% de esos territorios por parte de personas no indígenas, ocupación que en algunos Territorios alcanza hasta un 75%.
  3. El Estado de Costa Rica no ha cumplido con sus obligaciones de entregar la totalidad de los Territorios a estos Pueblos y esta deuda histórica no ha sido saldada por el actual gobierno.

En este sentido, debemos resaltar que el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (PRTI); iniciativa Estatal que inició en el 2017, hasta el momento no ha logrado devolver ni un solo terreno a estos Pueblos; las únicas fincas que esta Administración dice que «devolvió», es el caso de 2 terrenos ubicados en el Territorio Bribri de Salitre, terrenos que ya habían sido recuperados por el Pueblo Bribri de Salitre y que además contrario a lo que este Pueblo solicitaba, los terrenos fueron entregados a la Asociación de Desarrollo Indígena, organización considerada como Estatal por el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa, organización propia y autogobierno de este Pueblo Originario.

La Administración de Carlos Alvarado, a través del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), entidad encargada del PRTI, anunció el año anterior que dicho plan tendría un atraso mínimo de 3 años.

  1. El Estado de Costa Rica no ha sido capaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios de la zona sur; en Salitre se priorizaron 8 terrenos desde el 2014, en Cabagra 13 desde el 2016 y en Térraba 17 desde el 2019.
  2. Durante el 2020 y 2021 se han dado 4 resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de personas del Pueblo Cabécar de China Kichá (3 resoluciones) y del Pueblo Naso Brörán de Térraba (1 resolución); fallos que fueron apelados en tiempo y forma; pero que 3 de ellos todavía representan un peligro y una amenaza de desalojo judicial para estos Pueblos.
  3. Sobre el Programa de Servicios Ambientales, omite decir el Presidente Carlos Alvarado, que los mismos son gestionados y administrados por las Asociaciones de Desarrollo Indígenas, estructura que para las organizaciones propias de los Pueblos Originarios que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur, son consideradas como instancias institucionales o estatales y además impuestas; tampoco señala Alvarado los muchos casos en los que se encuentra denunciadas y en procesos judiciales, algunas de estas ADI, no todas, por el manejo irregular de los fondos provenientes de PSA y la poca participación real de las comunidades y propietarias/os de estos bosques, en las decisiones y beneficios económicos.

Desde los territorios en resistencia compartimos un par de mensajes al respecto y le recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad personal y territorial de los Pueblos Originarios.

“Que seamos los guardianes de los bosques nos ha costado dos asesinatos de defensores de nuestros derechos como Pueblos Originarios, muchas personas más no podemos ni siquiera dormir tranquilas con nuestras familias por las amenazas de los terratenientes; somos guardianes, pero tenemos a los poderes del Estado en contra de nuestros derechos.”

“No se vale que el mundo escuche estas mentiras del Presidente Carlos Alvarado, ya que nuestras luchas son muy desiguales y nosotras como mujeres indígenas sufrimos toda clase de atropellos por seguir acompañando y conservando a nuestra madre tierra para evitar que las empresas transnacionales con sus proyectos extractivos la sigan matando.”

“Nuestra lucha continuará por defender nuestras tierras que son un todo: Bosques, Agua, Aire, Espiritualidad, Cultura y Autonomía; aunque nos tengan amenazadas y aunque el Presidente Alvarado mienta en los foros internacionales”.

Recuperadora de Crun Shurin del pueblo Naso-Brörán.

«Nosotros no somos guardianes de nuestras tierras, nosotros somos parte de la tierra y la cuidamos de forma innata, natural. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos, para nosotros el bosque es un ser vivo como cualquier otro elemento que compone esta tierra. Debemos vivir en un equilibrio que es parte de nuestra esencia como pueblos originarios, no necesitamos dinero para cuidar nuestros bosques y tierras, porque a la hora de que se ofrece dinero por cuidar nuestros bosques y tierra, se pierde el sentido de vivir en equilibrio y se cuida solo por dinero. Nuestra cosmogonía dice como debemos vivir con nuestro bosque y tierra, el hacerlo pagado distorsiona esa forma de hacerlo.”

«El Presidente dice que reconoce que cuidamos los bosques, no deberían haber muertos por defender la tierra, ni siquiera deberíamos estar en esta lucha».

Lesner, recuperador Bribri del clan Tuádiwak del pueblo Bribri de Salitre.

 

Publicación en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/402145984734139/

Llamado en apoyo a la autonomía de los pueblos y territorios indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el mes del Bicentenario de la Independencia de España, hicimos un llamado vehemente para que el Estado costarricense reconozca la autonomía de los pueblos indígenas. Hoy, en nuestro país, persiste la indolencia para brindarles protección ante las vejaciones y amenazas de muerte de las que son víctimas. Incluso, se ha pretendido dejar impunes los asesinatos de los líderes Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera. Tampoco se les reconoce el derecho a sus tierras y, más bien, se protege a quienes las han usurpado. Para que, en el futuro, Costa Rica no tenga que avergonzarse por la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios ni de ningún otro grupo humano, demostremos nuestra solidaridad al adherirnos a este llamado, antes del 10 de noviembre, a nivel personal y/o como organización.

https://forms.gle/TGfEAP7pDxE2LWqN6

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

UNA FISCALÍA PARA LA DEMOCRACIA

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado CSJ. Profesor catedrático UCR.

         Hay que insistir en la importancia que tiene, en una democracia, la cabeza del Ministerio Público. Es vital en la medida de los poderes discrecionales que por ley se le asignan, tanto por lo que debe hacer, como por lo que no debe hacer. Dirigir el monopolio de la acción penal pública no es poca cosa, cuestión relativamente compleja y llevadera en la delincuencia convencional (robos, estafas, violaciones, homicidios); pero tremendamente compleja en cuanto a la delincuencia no convencional (corrupción público/privada, narcotráfico, sicariato, tráfico de personas o de armas). Los principios de independencia y objetividad rigen para toda su actividad. Tan dañino puede ser un fiscal con mentalidad de acusador a ultranza, como aquél que, por negligente o corrupto, fomenta la impunidad.

         Quien ocupe la fiscalía general tiene que demostrar que ha estudiado la teoría fundamental de los derechos humanos y sabe aplicarla; tiene que demostrar que conoce la Constitución Política, el derecho penal y de manera especial el derecho procesal penal. Debe además demostrar que maneja los requerimientos mínimos de una denuncia, el tratamiento que debe llevar una investigación preliminar en coordinación con la policía judicial, y tener entrenamiento en la formulación de un dictamen acusatorio, o cualquiera de las otras salidas procesales. Quien ocupe este cargo estratégico para la sobrevivencia de la democracia, tiene que demostrar que sabe escuchar y trabajar en equipo, y que ha manejado, con pericia, un alto número de subalternos.

         Este país no puede darse el lujo de designar para los más altos cargos judiciales, por mucho apoyo político que tengan, a personas que en su vida han tratado casos y expedientes, los requerimientos y las resoluciones para desempeñarse con solvencia. No podemos poner a pilotar el avión a quien cuenta apenas con licencia para motocicleta. Importa saber de qué universidad es graduado, si de las de verdad o las de garaje. Para esto hay que ver los índices de promoción en las pruebas del Colegio de Abogados.

         Pero la fiscalía general no es sólo cuestión de conocimientos jurídicos. Es también de rasgos de personalidad, psicológicos y de carácter. Tiene que cultivar la sabiduría para tomar decisiones y hacerlo de manera oportuna; tiene que ser valiente para resistir presiones internas y externas, de grupos de poder legítimos e ilegítimos; además debe tener la destreza de ponerse en el lugar del otro, y de manera especial en nuestros tiempos, en el lugar de la otra. La prudencia y la serenidad son indispensables, un rasgo de personalidad sin el cual, toda pericia se pone en riesgo.

         Guárdenos la Providencia de un fiscal o fiscala débil, influenciable, manipulable, presto a recibir instrucciones de los de arriba, agradecido por el nombramiento, displicente, venal, servil. La valentía es la base de la integridad. Cumplirá con su delicada función si no se doblega ante nada ni ante nadie.

         Por eso la Fiscalía General debería tener el indispensable rango Constitucional; debería ser la culminación de toda una carrera y tener las condiciones profesionales, salariales y demás ventajas de un miembro de Corte Suprema. La tentación de pasar de la Fiscalía a la Corte debería evitarse, no sólo por decisiones personales, sino por impedimentos legales.

         He visto una precalificación que ha hecho la Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia en el certamen abierto para nombrar Fiscal General. Considero que en ella hay nombres con los mínimos de experiencia, conocimientos y personalidad adecuada para el cargo. Pero hay otros nombres que paran el pelo. Al menos, si no se tiene el perfil ideal, la Corte debería designar a alguien que no haya manifestado públicamente sus miedos y fobias a determinadas minorías de la población, alguien que al menos sepa la diferencia entre delito y pecado. Lo graves es que una vez nombrado, todas y todos estaremos en manos del nuevo fiscal o fiscala. Y sólo hago este último señalamiento porque he constatado la existencia de algún candidato impresentable con nota superior a 90. La resurrección en pleno siglo XXI de los Torquemadas medievales que en el mundo han sido. Una involución inaudita. Una auténtica catástrofe.

Batalla sin tregua en tiempo de pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

A partir del 29 de octubre salió a la venta el libro: «BATALLA SIN TREGUA EN TIEMPO DE PANDEMIA«, que incluye una colección de artículos de Luis Fernando Astorga Gatjens.

Son 40 artículos centrados en dos ejes principales: la defensa de nuestro Estado Social de Derecho y los derechos de las personas con discapacidad.

El autor menciona que desde hace algún tiempo ha querido publicar un libro que retrate parte de su pensamiento, visión y experiencias, tanto como un ciudadano costarricense comprometido y en la búsqueda permanente de una sociedad inclusiva y solidaria, como una persona con discapacidad, que ha venido luchando en múltiples escenarios –internacionales y nacionales–, por los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Este conjunto de artículos, aunque tocan diversos y variados temas, tiene un denominador común: los derechos humanos, en general y particularmente, los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito de Costa Rica, como en el plano regional latinoamericano como internacional.

La propuesta explícita y subyacente en muchos tramos del libro, es que se aproveche la pandemia como una oportunidad para impulsar cambios económicos, políticos y sociales. Los que el país requiere en su bicentenario. Y esta es una lucha que no debe tener tregua, que vale la pena porque se hace desde el raciocinio y el corazón. Por eso debe ser fuerte e imperecedera. Es por la vida y el amor a los pueblos y al pueblo del que soy parte para siempre.

El libro se puede comprar en el siguiente este enlace

¡Alto a la represión contra el Pueblo Ngöbe!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Domingo 31 de octubre de 2021. Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur expresan su total repudio y condena por la represión y violencia ejercida por el gobierno de Panamá el pasado 29 de octubre de 2021. El Estado panameño continúa violando los derechos humanos contra el hermano Pueblo Ngöbe que se encuentra resistiendo y ejerciendo su derecho colectivo a la tierra – territorio en las inmediaciones del Proyecto Hidroeléctrico Barroblanco.

Desde el sur de Costa Rica, nuestro abrazo solidario al Pueblo Ngöbe.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

Publicación original en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/399868248295246/

¿Se logrará lo soñado por 12 años?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marlin Oscar Ávila

2 de noviembre de 2021

Sí es correcto lo que algunos analistas aseguran en estos días, previo a las elecciones del 28 en Honduras, el futuro hondureño podría obtener un giro significativo. Se argumenta que Juan Orlando Hernández (JOH), actual presidente y su camarilla de delincuentes del Partido Nacional, están definiendo su accionar a partir de las próximas elecciones para escapar de la ciega justicia, porque se ha logrado la unidad dentro de la oposición, porque Yanny Rosenthal (partido Liberal) está muy debilitado y que el gobierno de EUA le está cerrando el círculo a JOH y compañía para juzgarlos en NY, es razonable la satisfacción notoria en el ambiente local. Sin embargo, para eso tuvo que haber un acuerdo entre la Procuraduría, el Secretario del Tesoro, el de Defensa (Pentágono) y el director de la Agencia de Inteligencia CIA, del gran poder del Norte, para luego obtener el acuerdo presidencial gringo. Esto de acuerdo con la Ley Kingpin (Raúl Zaldívar). Además de que la Corte Suprema de NY de ese país lo solicite. ¿Será que toda esa coordinación se ha dado? Sí ha sido así, don Juan Orlando y los líderes de su cartel están en grandes aprietos multisectoriales. Esos cuerpos ejecutivos pueden estar actuando en silencio. Por eso debe ser que escuchamos a JOH amenazando a la oposición de que «no se confíen» y al candidato a alcalde por Tegucigalpa, David Chávez, dispuesto a una guerra civil.

No es para menos.

Los carteles como organizaciones transnacionales no se dan por vencidos fácilmente. Sus líderes se asesinan entre sí, y hacen «limpieza social”, pero no claudican en vengarse. Tampoco se entregan a la justicia, a menos que encuentren eso como último medio de sobre vivencia, aunque sea para seguir respirando dentro de una cárcel gringa.

Sin embargo, es de tal calado la calidad de delitos de la familia Hernández contra los intereses de su pueblo y de EUA, que esa dejó de ser opción e ir a acompañar al hermano menor, Toni H. a las cárceles de los EUA.

Sin embargo, los carteles delincuenciales tampoco le van a disculpar, no solamente por los millones de dólares invertidos en JOH y su partido, sino por dejar de ser importante para continuar sus jugosos negocios ilícitos.

Desde luego, hay muchas cosas por ocurrir en las próximas horas y días, antes de asegurar algo concreto.

JOH y su círculo está muy bien equipado técnica, económica y militarmente puesto que tiene secuestrada la institucionalidad del Estado, tiene parte de los cuerpos armados a su lado, tiene un capital de miles de millones de dólares (mal habidos) para comprar las conciencias más caras posibles (incluyendo la de Daniel Ortega), tiene a la ultra derecha internacional de su lado, comanda bandas de sicarios y pandillas, tiene a la mitad del pueblo muriendo de hambre, además de tener la conciencia colectiva más perversa de la historia hondureña.

En su construcción y consolidación han participado sectas e instituciones religiosas, grupos empresariales, partidos políticos, agencias «de desarrollo», ONGs, colegios de profesionales, oficiales militares, y organismos internacionales.

Así que los líderes de la oposición corren riesgos de ser asesinados selectivamente, las manifestaciones populares, reprimidas y, puede correr más la sangre de ciudadanos por opinar diferente al narco estado, como ya se ha visto en el reciente pasado, máxime ahora, que el Congreso Nacional legalizó muchos delitos y hasta el crimen organizado puede actuar con impunidad.

Esperemos que la comunidad internacional, menos conservadora, sea concreta en diferenciar lo justo de lo injusto, siguiendo los acuerdos y convenios multilaterales, lo que favorece a las grandes mayorías sin querer aparecer neutrales ante tanta violación a los derechos humanos y civiles. Basta de buscar excusas para no actuar con justicia desde la comunidad internacional.

En este mes hay mucha distracción internacional, no solamente por las crecientes tensiones entre potencias mundiales, pero por las otras elecciones políticas en Venezuela, Chile y Nicaragua, además las fuertes movilizaciones políticas en Bolivia, (por pretensiones de la derecha en volver a dar un golpe), Ecuador (porque a su presidente le exigen juicio político) y Guatemala, por alta corrupción en el gobierno)

¿Será que los hondureños verán la luz al final del largo túnel esta vez, o seguirán las incontables «caídas de Cristo» antes de su crucifixión?

CONTROLAR LA JUDICATURA

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y Profesor Catedrático UCR.

         Tal parece que la crisis de la democracia contemporánea en todo el mundo, y con ella la deriva autoritaria que la acompaña, tiene un síntoma claro y siempre presente: el ansiado control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo.

         Sea que volvamos los ojos a Europa, donde destacan, entre otros, los casos de Polonia, que ha obligado la intervención de las instancias externas de la Unión Europea para preservar un mínimo de independencia de la judicatura; o bien el caso de España, donde la situación resulta ya alucinante, dado que partidos conservadores de derecha, principalmente el PP, se niegan a renovar el Consejo de la Judicatura, acumulándose cuatro años de caducidad del mandato de los antiguos integrantes, asegurándose su control y haciendo de la Constitución letra muerta.

         Si nos fijamos en el continente americano, en estos momentos están declarados varios incendios en la casa de la democracia. En Brasil, el presidente Bolsonaro no está dispuesto a someterse a decisiones de la Corte Suprema de Justicia –que obviamente no controla-, y está acudiendo al apoyo del ejército y de seguidores en las calles para legitimar un eventual golpe de estado. Y en el barrio centroamericano, un muchachito de gorrita con visera hacia atrás, envalentonado por un apoyo popular fruto del desgaste de las fuerzas partidarias tradicionales, está haciendo mesa gallega con las instituciones salvadoreñas, en cuenta y en primer lugar, todas las instancias judiciales, comenzando por el Tribunal Constitucional, la cabeza del Ministerio Público, y más recientemente, todos los jueces y juezas que en principio considera desconfiables (mayores de 60 años o con 30 de servicio).

         Ciertamente los casos mencionados son algunos de los más groseros, que ilustran las intromisiones político-partidarias en el Poder Judicial, su independencia y el rol de árbitro que se supone debe jugar en un régimen democrático sano. Pero éstos no son los únicos caminos que el autoritarismo elige para asegurarse un ascendiente determinante para tener a la judicatura arrodillada. Hay vías más sutiles, aunque no menos peligrosas. El reciente caso de los Estados Unidos de América, donde haciendo uso de los mecanismos legales para designar a los miembros de una de las cortes de justicia más prestigiosas del mundo, un Donald Trump prepotente y una mayoría senatorial republicana ultraconservadora, maniobraron para impedir la última propuesta del presidente Obama e impusieron un control mediante varios nombramientos nuevos, todos adeptos a su línea ideológica, poniendo así en riesgo los avances conquistados durante siglos de jurisprudencia progresista, destruyendo sanos equilibrios y poniendo en capilla ardiente temas fundamentales de derechos humanos.

         En Costa Rica, con exhibición del peor rasgo de carácter tico, es decir, el “mátalas-callando”, y en el contexto de varias resoluciones lamentables para nuestra Constitución, tales como la autorización de la reelección presidencial o la aprobación de la agenda complementaria al TLC, la ruta seguida sobre todo desde las mayorías parlamentarias, ha sido tomar control de la Corte Suprema a través de un régimen de nombramientos patético, donde se juega a la objetividad mientras se maniobra de mil maneras para designar las candidaturas políticamente “confiables” o “inofensivas”. Todo lo que se perciba como excelencia académica o profesional, todo lo que pueda garantizar independencia y objetividad en los fallos, todo lo que pueda repetir condenas por corrupción a políticos o gentes de poder cuestionados, es inmediatamente descalificado, en un “diálogo” cada vez más intenso y pernicioso entre algunos vecinos de González Lahman y otros de Cuesta de Moras.

         El síntoma de descomposición institucional más grave que se percibe en este degradado régimen de nombramientos, está en los mismos agentes internos del Poder Judicial, con suficiente conexión e influencia político-partidario como para recomendar o descalificar a los aspirantes a la magistratura. Si infundir miedo en una democracia es el recurso más vil que pueda concebirse para conquistar las mayorías, llevar esa estrategia de terror al terreno de la justicia, prepara el colapso definitivo de todo el sistema. Jueces con miedo equivale a médicos hipocondriacos o a sacerdotes ateos.

         En nuestro país ya no basta la afinidad ideológica de los jueces, lo cual puede ser comprensible. Se está exigiendo algo más. Una clase política miope y regresiva, está queriendo imponer un modelo de sociedad con pensamiento único, en el que frases como “dictadura en democracias” o “en Costa Rica hay exceso de democracia”, son ya consignas que están dispuestos a imponer al precio que sea necesario.

         En la antesala de un campaña política más, donde el debate sobre la Justicia y el Poder Judicial siempre han estado ausentes, valdría la pena que una iniciativa ciudadana le pregunte a candidatos y candidatas si realmente creen en el Poder Judicial, y el necesario control que los jueces deben tener frente a los conflictos entre ciudadanos y de éstos frente al Estado.

¡Alerta internacional: justicia Keyla Martínez Rodríguez!

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos comparte un comunicado en donde, ante la Audiencia preliminar en Juzgados de Intibucá contra el policía feminicida Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, el pasado miércoles 27 de octubre exigieron justicia y alto a la impunidad ante el feminicidio de Keyla Martínez Rodríguez.

La narco dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH) en Honduras, permanece bajo la observación crítica y consciente de organizaciones de Derechos Humanos de todo el mundo, en vísperas de llevarse a cabo la Audiencia Preliminar contra el feminicida policía Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, quien el domingo 7 de febrero del 2021, aprovechándose de su posición de poder por su condición de género, agredió, torturó y asesinó a la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez, en complicidad con otros policías, dentro de las celdas de la Unidad Departamental N°10 de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá.

Denuncian que el gobierno hondureño, encabezado por Juan Orlando Hernández, es responsable de la flagrante arbitrariedad contraria al derecho y a la justicia, debido a la sentencia dictada el pasado 11 de septiembre en la Corte de Apelaciones del Departamento de Comayagua.

Esta nota que realizan, tiene como objetivo lanzar esta ALERTA INTERNACIONAL para:

  1. Que las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, feministas y personas a nivel nacional e internacional, exigen al Poder Judicial de Honduras cese su evidente mediatización de la justicia y la parcialidad demostrada en este caso, perpetrada como estado de Honduras.
  2. Que nos articulemos en nuevas acciones de solidaridad y denuncia para que el régimen de Juan Orlando Hernández detenga todas las acciones de hostigamiento, intimidación y amenazas contra familiares de Keyla, por parte de entidades oficiales y extraoficiales.

NOS MANTENDREMOS EN ALERTA ANTE AUDIENCIA DEL PRÓXIMO LUNES 1″ DE NOVIEMBRE DONDE PRETENDEN AFIANZAR LA VIL TIPIFICACIÓN POR «HOMICIDIO SIMPLE».

Se invita a leer la nota completa adjunta.

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.