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Etiqueta: derechos humanos

Organizaciones de Derechos Humanos condenan el recrudecimiento de la represión en Nicaragua y exigen la liberación inmediata de todas las personas presas políticas

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos condenan enérgicamente la nueva escalada represiva contra líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, empresarios, y exfuncionarios de organizaciones de la sociedad civil y gremiales, a tan solo 142 días de las elecciones generales en Nicaragua.

En mayo de 2021, el Gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, inició una investigación en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, por el supuesto delito de «lavado de dinero”, presuntamente detectado en los informes financieros del período 2015 al 2019 de dicha organización.

Periodistas y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), han catalogado esta investigación como “parte de una persecución feroz en contra del periodismo independiente, un atropello en contra de los derechos civiles y políticos”, ya que la Fiscalía ha citado e interrogado a decenas de periodistas, dueños de medios de comunicación y representantes de empresas que tuvieron algún tipo de relación con FVBCH.

El pasado 25 de mayo por la noche, los ciudadanos Marcos Fletes y Walter Gómez, ex-contador y ex-administrador financiero de FVBCH, respectivamente, fueron capturados con violencia por policías y paramilitares. El 1 de junio, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación para cargos públicos de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro; así como la restricción migratoria de la periodista de Univisión, María Lilly Delgado, y los ex trabajadores de FVBCH, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, quienes fueron citados en su calidad de testigos, sin embargo, al éstos solicitar la presencia de sus abogados, los fiscales les advirtieron que por ello pasarían a ser investigados.

Posteriormente, el 2 de junio, una juez dictó orden de allanamiento y detención en contra de Chamorro Barrios. Su casa fue allanada por decenas de agentes policiales y paramilitares por más de cinco horas y desde ese momento, Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario e incomunicada.

Tres días después, el 5 de junio, el aspirante presidencial Arturo Cruz fue detenido de manera arbitraria en el aeropuerto de Managua por actos catalogados como “traición a la Patria”, de acuerdo con la controvertida Ley 1055; Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz.

El 8 de junio, el aspirante presidencial Félix Maradiaga, fue citado al Ministerio Público por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares» y «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Al finalizar su cita, el aspirante fue interceptado y arrestado junto a su conductor y su abogado, quienes luego fueron liberados.

Esa misma noche, la Policía Nacional allanó las viviendas y detuvo al aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri; e impuso casa por cárcel a la activista opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, bajo la acusación de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares».

El 9 de junio, el ex-diputado José Pallais, quien es miembro de la Coalición Nacional, también fue arrestado en su casa por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar injerencia extranjera en los asuntos internos”, “exaltar y aplaudir sanciones”, entre otras acciones citadas en la Ley 1055.

La noche del 11 de junio, la UNAB y el CENIDH denunciaron que Violeta Granera fue trasladada en un transporte no oficial desde su casa con rumbo desconocido, que resultó ser la Dirección de Auxilio Judicial. La noche siguiente, Tamara Dávila, quien también es miembro del Consejo Político de la UNAB y dirigente del partido Unamos (antiguo Movimiento Renovador Sandinista), fue detenida por los mismos cargos.

El día 13 de junio, la Policía Nacional allanó la casa de habitación y detuvo a liderazgos de la disidencia sandinista y miembros del partido Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Entre ellos, la presidenta de Unamos, Suyen Barahona; su vicepresidente, el General en retiro, Hugo Torres; una de las figuras prominentes de la Revolución Sandinista, Dora María Téllez; la ex-presidenta del MRS, Ana Margarita Vijil, y el ex-canciller del primer Gobierno Sandinista, Víctor Hugo Tinoco.

Finalmente, la noche del 15 de junio, la Policía Nacional arrestó al actual presidente ejecutivo del Banco de Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, quien también estaría siendo investigado por cargos amparados en la Ley 1055.

Cabe destacar que esta nueva ola de allanamientos y detenciones se han dado sin órdenes judiciales y en condiciones inusuales. La mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos detenidos se encuentran incomunicados, no se les ha permitido recibir visitas, ni reunirse con sus abogados.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la aplicación de la controvertida Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz, violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de penalizar e inhabilitar a los liderazgos de la oposición; así como la imposición de la medida de prisión preventiva hasta por 90 días para investigar presuntos delitos, en correspondencia a la reciente reforma al Código Procesal Penal que es violatoria de la presunción de inocencia y libertad personal.

Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a acatar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de unas elecciones libres, justas y observadas nacional e internacionalmente, el próximo 7 de noviembre de 2021.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de toda acción represiva contra el pueblo, la liberación sin condiciones de todas y todos los presos políticos, y la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Las autoridades que han incurrido en semejantes atropellos a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y el Gobierno de Nicaragua debe ser declarado responsable internacionalmente.

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la crisis en Nicaragua, y demandando la protección y garantía de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Firman:
Due Process of Law Foundation
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
OXFAM
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)

¡Palestina Libre!

Adjunto en el enlace final se encuentra un formulario que tiene como fin recolectar firmas de personas, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones políticas, sindicales y de derechos humanos para solicitar a la Cancillería de la República de Costa Rica su repudio con respecto a la expulsión de familias de Jerusalén, la represión en la Mezquita de Al Aqsa y los bombardeos a Gaza; asimismo para que inste a la finalización de los vínculos con el Estado de Israel y los acuerdos vigentes.

Sumado a esto, se denuncia el proceso de judaización constante de Jerusalén, que expulsa a su población palestina originaria, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufre la población palestina de Jerusalén, Gaza y Cisjordania por parte de la potencia ocupante, el infame crimen de Apartheid contra el Pueblo Palestino y los bombardeos y asesinatos de población civil palestina.

Por último, entendiendo que la comunidad internacional no puede permanecer en silencio y que Costa Rica tiene en este espacio un lugar comprometido con los derechos humanos de los pueblos y su autodeterminación, solicitamos de la forma más vehemente impulsar las siguientes medidas:

1-Llevar a la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que renueve el llamado a generar sanciones legítimas y efectivas a Israel enfocadas en el embargo militar, así como a proveer los medios para implementarlas, como contramedida para detener su anexión de facto y de jure de territorios palestinos ocupados y otras graves violaciones de la ley internacional.

2-Promover la activación del Comité Especial contra el Apartheid de las Naciones Unidas para abordar el régimen de Israel sobre la población autóctona de Palestina.

3-Garantizar la efectividad y actualización regular de la base de datos de las Naciones Unidas de compañías involucradas en negocios en los asentamientos ilegales israelíes.

4-Apoyar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en los territorios palestinos ocupados.

Enlace formulario: https://docs.google.com/forms/d/1WuE1dMxTgvZBAa41tAAMEt_gNGT2wLVBJRENO4PNzkE/edit?usp=sharing
Carta a Cancillería sobre Palestina: https://docs.google.com/document/d/19Adx64HypEBVno4wPL1oSZuMCilbY_PHzqnUx7GD9Fo/edit?usp=s0e1ac3haring

Nace el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar violaciones a derechos humanos durante protestas en Colombia

Fecha del TRINO: 26 y 27 de junio 2021 en videoconferencia. La audiencia pública será transmitida en redes, hora colombiana: 8 a.m. – 6 p.m.

El TRINO: Es una herramienta social para juzgar las graves violaciones de derechos humanos. Tiene un valor simbólico y moral muy importante. Se conformará por un destacado número de magistrados de diferentes nacionalidades de América y Europa. El TRINO se dividirá en tres salas para escuchar a los denunciantes el sábado 26 de junio. Posteriormente, un fiscal expondrá las acusaciones y el Estado colombiano está convocado a defenderse. Después de deliberar, los jueces emitirán una sentencia y expedirán una declaración. Se compulsarán copias de la sentencia y la declaración a los sistemas internacionales de derechos humanos y a la sociedad civil.

Si sientes que tus derechos han sido vulnerados en el marco de la movilización en Colombia que inicio el 28 de mayo presenta tu denuncia a través del formulario que se encuentra en el siguiente link: https://forms.gle/rhejp5wZwtKMnFM38 o escribe a los siguientes correos electrónicos denuncias.trino@hotmail.com y/o denuncias.trino@gmail.com

Se comparte algunos de los hechos denunciados https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2283008201830981&id=100003654704890&sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/14302129065/posts/10159912653024066/?sfnsn=scwspwa

Se puede realizar envío de pruebas, preguntas o denuncias a: denuncias.trino@hotmail.com; denuncias.trino@gmail.com

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

Apoyo a la compañera maestra Soledad Ortiz Vásquez, Defensora de Derechos Humanos y luchadora social

A las organizaciones estatales, nacionales e internacionales
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo
Alos organismos de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

El Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer organización integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (CODEM-ODHP), tiene más de tres décadas de trabajo colectivo por la defensa de los derechos humanos y la construcción del poder popular. En nuestro proceso organizativo hemos priorizado la lucha por los derechos de nuestras compañeras, compañeros y la participación en otras luchas en Oaxaca, en México y en otras partes del mundo, anteriormente como CODEP, y ahora COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER-OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS (CODEM-ODHP).

Somos una organización de pueblos y comunidades indígenas, negras, mestizas y feminista. Reivindicamos la cultura y la organización ancestral de los pueblos originarios: la asamblea, el tequio, la gueza, el dialogo y el consenso, como base fundamental de las relaciones humanas de los pueblos originarios. Rechazamos la toma de decisiones verticales, negamos las prácticas autoritarias, la corrupción y reprobamos a quienes la ejercen, porque dichas prácticas deterioran las relaciones humanas, el trabajo colectivo y van en contra de los valores comunitarios y del buen vivir de nuestros pueblos.

Por ello repudiamos y rechazamos las difamaciones en contra de nuestra compañera maestra Soledad Ortiz Vásquez, Defensora de Derechos Humanos y luchadora social. Es su trayectoria y sus principios éticos los que desmienten dichas difamaciones. Soledad Ortiz Vásquez, es conocida y reconocida por los pueblos de la mixteca, del estado, el país y en plano internacional. Ha sido docente de educación indígena durante 32 años; ha laborado con esfuerzo y voluntad al servicio de los pueblos mixtecos por la defensa de la lengua Ñuu Savi: como locutora y productora, EN LA VOZ DE LA MIXTECA. Desde el CODEM-ODHP ha llevado la voz y la presencia de los pueblos originarios a los lugares que ha sido invitada en Europa y América Latina para intercambiar experiencias en educación, salud y agroecología.

Respaldamos totalmente a nuestra compañera Soledad Ortiz Vásquez como representante digna y congruente y con principios éticos, responsabilizamos del daño físico y psicológico a quienes sean responsables de provocar estos daños, hacia nuestra compañera, su familia y demás integrantes de la organización. Si tocan a una, nos tocan a todas y todos.

COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS
CODEM – ODHP

“POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LOS PUEBLOS

CONSTRUYENDO PODER POPULAR”

Oaxaca, México a 16 de junio del 2021.

Mesa informativa sobre Misión de Solidaridad y Observación de DDHH en Colombia

El pasado 15 de junio del 2021 se llevó a cabo la mesa informativa organizada por la Asociación Americana de Juristas

Participantes:

  • Luis Dussan (AJJ COL)
  • Armando Palau Aldana (AJJ COL)
  • Alejandro Rusconi (AJJ ARG, abogado argentino integrante de la Misión)
  • Paola Gallo Peláez (AAJ ARG, abogada colombiana)
  • Pietro Lora Alarcón (AAJ Brasil, abogado colombiano)

La Dra. Paola Gallo Peláez comienza dando un breve agradecimiento a la Asociación Americana de Juristas por la solidaridad llevada a Colombia, y al Dr. Alejandro Rusconi que representó a la Asociación Americana de Juristas rama Argentina en la misión internacional. Y a la Asociación Americana de Juristas rama Colombia por cumplir un rol fundamental en la defensa de derechos humanos en Colombia durante los días de lucha.

Se procedió a informar sobre quienes son como AJJ y un poco sobre su historia.

Luego se procedió con la participación de cada uno de los miembros presentes en la mesa informativa sobre Misión de Solidaridad y Observación de DDHH en Colombia.

El vídeo completo de la mesa informativa se encuentra en el siguiente enlace. La presentación comienza en el minuto 4 con 57 segundos: https://www.youtube.com/watch?v=2qTm7e8VKKI

 

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica

La presentación del «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la zona sur de costa rica; enero-diciembre del 2020», documento de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Asociación Voces Nuestras, elaborado por Nery Chaves García.

El informe versa sobre las agresiones y violaciones a los derechos humanos contra Pueblos Originarios de la zona sur que se encuentran en procesos de recuperación de tierras-territorios. Informe, construido desde los Pueblos en resistencia y que participan en la CLSS.

Esta actividad contará con la participación de:
-Lesner Figueroa, clan Tuadiwák. Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre.
-Doris Ríos. Recuperadora de Sa Keirö Kaska, Territorio Cabécar de China Kichá.
-Robert Morales Villafuerte, recuperador de Crun Shurin, Territorio Brörán de Térraba.
-Xinia Zúñiga, Investigadora en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE -UNED/ Proyecto Conflictos interétnicos en el cantón de Buenos Aires. CIAN Fondo UCREA – UCR
-Nery Chaves García. Asociación Voces Nuestras/ Coordinadora de Lucha Sur Sur
-Gustavo Oreamuno Vignet. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö / Coordinadora de Lucha Sur Sur

Día: 24 de junio
Hora: 6:00 pm
Vía Facebook Live: Coordinadora de Lucha Sur Sur.

¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

Información compartida con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.

Conferencia de prensa en respaldo a la compañera Maestra Soledad Ortiz Vásquez

Actualmente se está dando el caso de una compañera maestra y defensora de DDHH en Oaxaca que se encuentra en situación de mucho riesgo frente a una campaña mediática y amenazas de muerte.

Mediante la conferencia de prensa que se dio en días pasados, un grupo de personas hacían representación de diferentes comunidades, autoridades del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, y en respaldo y solidaridad de la compañera Maestra Soledad Ortiz Vásquez. Mencionan que tienen las cartas de respaldo a nivel estatal, nacional e internacional hacia la compañera Maestra Soledad Ortiz Vásquez.

Proceden a leer un boletín de prensa que se preparó para la conferencia.

Brindan todo su apoyo y respaldo a la compañera Maestra Soledad Ortiz Vásquez, mencionan sus logros y las luchas que ha llevado a cabo la compañera Soledad.

Video completo de la conferencia en el Facebook de Codem en el siguiente enlace https://fb.watch/69VBEs3bRW/

¡Solidaridad con la profesora Soledad Ortiz Vázquez del CODEM ODHP!

UCR condena acciones del gobierno nicaragüense contra derechos humanos

Zaida Siles R. /Sesión 6498, artículo 7

Fiel a sus principios y políticas institucionales, la Universidad de Costa Rica (UCR) condenó las acciones del Gobierno de Nicaragua que atentan contra la libertad de pensamiento, de expresión y de tránsito del pueblo nicaragüense, así como la afectación al ejercicio de derechos políticos, que ponen en peligro el régimen democrático y la promoción de la paz

La posición de esta casa de estudios superiores fue emitida por medio de un pronunciamiento del Consejo Universitario, este martes 15 de junio, en el que demandó al gobierno de Daniel Ortega la liberación, no solo de las cuatro personas candidatas a la presidencia, sino, también, de las otras que han sido detenidas arbitrariamente, en clara violación a sus derechos fundamentales.

Además, le pidió que realice elecciones presidenciales libres bajo observación internacional.

Al mismo tiempo, la UCR instó al Gobierno de la República a pronunciarse sobre los actos atroces que ocurren en el país vecino, tomando en cuenta que Costa Rica es respetuosa de los derechos y libertades de todas las personas.

El Consejo Universitario fue enfático al manifestar que la Universidad de Costa Rica promueve el respeto y la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos, por lo cual no puede guardar silencio ante actos que violentan los derechos más intrínsecos de la persona, independientemente del país en el que se encuentre.

En las últimas semanas, en Nicaragua se han presentado constantes actos de violencia en contra de su ciudadanía, especialmente, de quienes no comparten el pensamiento de la actual administración. Estas personas han visto violentadas sus libertades fundamentales, así como el ejercicio de sus derechos políticos, ante la posibilidad de que presenten sus candidaturas presidenciales a las elecciones nacionales, por realizarse en noviembre de este año.

De acuerdo con el pronunciamiento, el correcto ejercicio y vigencia plena en un proceso democrático requieren de la participación de partidos políticos que cuenten con garantías de competencia electoral y que representen a diferentes segmentos de la sociedad.

El Consejo Universitario manifestó que se debe asegurar el respeto a la multiplicidad de criterios y de opiniones críticas que emanan de la expresión de la libertad de pensamiento sin que las personas sean castigadas con represiones ni persecuciones.

“Los derechos humanos son universales e intrínsecos a cada persona y deben ser respetados, protegidos y garantizados en todo momento”, destacó el Órgano Colegiado.

El pronunciamiento fue aprobado a partir de una propuesta presentada por el rector, Dr. Gustavo Gutiérrez; la directora del Consejo Universitario, M.Sc. Patricia Quesada y el Dr. Germán Vidaurre, miembro de dicho Órgano.

La libertad de pensamiento y expresión es consagrada como un derecho humano y fundamental en una sociedad democrática, destacó la UCR.

Pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP sobre Nancy Hernández como jueza de la Corte IDH

SURCOS comparte la siguiente información

“Las conductas promovidas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos lleva a afirmar que en este momento el Estado no es apto para asumir un puesto en la Corte IDH

De manera que nuestra oposición a que Costa Rica presente la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López no es producto de la mezquindad. El tema es que el gobierno de Costa Rica, por su gestión, no está legitimado para asumir dicha candidatura. Resulta cínico adjudicarle la defensa de la dignidad de América Latina aun gobierno que desconoce los derechos humanos de su propia gente.

Por experiencias recientes sabemos que el gobierno de Costa Rica no está eligiendo a las personas idóneas, es decir, no selecciona a aquellas que tienen el perfil de garantismo que este tipo de cargos requieren. Por el contrario, favorece el nombramiento de quienes exaltan su gestión de gobierno, de quienes exponen una realidad distinta a la que objetivamente atraviesa el país. ANEP considera que este tipo de personas no merecen asumir puestos de representación y, mucho menos, en temas transversales, como son los Derechos Humanos.

El gobierno del Estado de Costa Rica, en este momento, desconoce las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y  compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”

Por el contrario, el Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen. Se les ha concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica y se han gravado varios productos de la canasta básica, con efectos adversos, para quienes menos tienen. La absurda justificación gira en torno a la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.

ANEP considera que un gobierno que obliga a sus fuerzas policiales a agredir a los manifestantes (el uso de la fuerza en el contexto de protestas); que está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); que se escuda en la incorrecta interpretación de orden público y paz social para justificar decisiones restrictivas de los derechos a la protesta; y, que, tiene denunciado penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, no es la mejor opción para disputar una candidatura que busca defender derechos humanos.

Finalmente, creemos que por decencia el gobierno de Costa Rica debería dar un paso al lado y permitirle a otro país de la región que proponga una candidatura idónea y capaz”.

Usted puede leer el comunicado completo haciendo click aquí

Del paro indefinido a la comuna popular

Por Carlos Meneses Reyes

Así como los poetas traspasan el Parnaso, adonde pocos llegan, los analistas del conflicto colombiano vislumbran el desenlace de acontecimientos, sin ser prestidigitador. Un Paro Nacional dirigido acertadamente por el Comité Nacional de Paro (CNP), tras 46 días de intensa actividad, comenzó a reclamar un salto cualitativo en su conducción, debido a un fenómeno de cualificación política. Significa que el impulso de motivación primaria, debido a la negativa por tramitar un pliego de peticiones, presentado hacia 11 meses y no tramitado por desidia del gobierno central, ha cambiado esencialmente como resultado de los acontecimientos.

Planteamiento de la actual situación

El Comité Nacional de Paro sesionó adelantando que daría a conocer variantes, en cuanto al tema de las manifestaciones públicas; la posibilidad de entrar en un cese de esa clase de manifestaciones y lo derroteros a cumplirse, sobre la constante que el Paro Nacional se mantendría, acorde con la posición de instar al gobierno nacional en la continuidad de las conversaciones en miras a negociar el contenido de los reclamos expuestos, truncado por la decisión unilateral de levantarse de la mesa, ante la actitud de pasividad y no interés del gobierno central, en una solución definitiva a la problemática vivida. Corresponde destacar la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instalada en Bogotá DC. Su visita- como factor de referencia- para investigar la violación a los Derechos Humanos durante las jornadas de protesta del Paro Nacional, se constituyó en un lugar al que afluyeron defensores de los Derechos Humanos en todas sus expresiones organizativas, asociaciones de víctimas, de desaparecidos, de activistas, protestantes y manifestantes, en todos los niveles de representación de la sociedad civil; así como escuchado la posición del gobierno, en audiencia con el presidente de la república; del pleno del comité nacional de paro; presentación de los gremios económicos; agregado a la visita a sitios neurálgicos de zonas en Paro y protesta permanente en la Capital y a ciudades de mayor conflictividad. Por lo intenso de las confrontaciones entre manifestantes y la fuerza pública, la visita a Cali, fue de especial interés y atención.

Existe conocimiento y claridad en la opinión nacional e internacional sobre el desarrollo de las jornadas de protesta y la característica de respuesta desmedida de la fuerza pública contra los manifestantes y población civil en general. Se ha divulgado el contenido de más de las 120 peticiones de reclamación, resumidas en treinta temas puntuales de exigencias. De sobra conocido que la chispa que incendio la pradera la constituyó el abusivo proyecto de reforma tributaria con carga en hombros de la clase media y sectores populares; seguido de la infame atribución de beneficio privatizado de malsano ajuste al ya impopular sistema de privatización de la salud. Para la segunda semana de continuidad del paro nacional, esos dos esperpentos de proyectos de ley fueron retirados del congreso, a ello unido la renuncia del ministro de Hacienda de apellido Carrasquilla; de la ministra de relaciones exteriores de apellido Blum; del consejero nacional de paz de apellido Ceballos. No fue compensado tal desgaste gubernamental por parte de las fuerzas activas del Paro Nacional, como lo calculó el gobierno. Por el contrario, se intensificaron las acciones de protesta a nivel nacional y se alinearon en la lucha activa de las mismas, la protesta de sectores de Transportistas; las consecuentes reclamaciones de la Minga Indígena; la fortaleza de las reclamaciones de los sectores campesinos; medianos y pequeños productores y sobre todo, la vinculación activa de sectores populares en la mayoría de municipios del país, organizándose en las Comunas de las ciudades; en los Barrios y en las Veredas. Es de destacar que, en el frente de las barricadas en confrontación, se dio la elevación del factor organizativo de las masas, al crearse los colectivos de LA 1a LINEA por parte de los jóvenes, emulados con la creación de las MADRES DE LA 1a LINEA, creciendo con el acumulado de adherencias y solidaridad por parte de profesionales, contándose con los Abogados, Ingenieros, Médicos, Enfermeros de LA 1a LINEA.

Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes crearon una forma organizativa llamada LA 1a LINEA. Los muchachos o pelaos de LA 1a Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. A esto agregar las iniciativas con apoyos de solidaridad económica, recaudándose significativas sumas de dinero para dotar a los jóvenes de LA 1a LINEA, de cascos y gafas protectoras, tapones protectores de las bombas aturdidoras, asegurarles la alimentación diaria, conceder auxilios monetarios a afectados; constituyéndose en una sumatoria de factores que realzan el valor y reconocimiento en la permanencia de la lucha callejera.

Volviendo al anuncio del CNP, en la base de la Asamblea Nacional de Delegados de organizaciones sociales, políticas, gremiales, juveniles, de minorías, Lgtb, se dieron contradicciones en la toma de decisión del cambio de estrategia de suspender las movilizaciones y en su lugar impulsar un mega concierto para el día 20 de junio de los corrientes y la propuesta de una “campaña pedagógica” para en unión con la academia, presentar un cuerpo de proyectos normativos, al congreso, que abarquen el contenido de las propuestas del pliego presentado al gobierno. Todo esto unido a la concepción que “el Paro sigue… pero se transforma”. De manera que quedó demarcado el área de influencia nacional del CNP y la respuesta de los sectores del país que el mismo no representa y que se traduce en la continuación de la protesta, en distintos puntos de la geografía nacional y en la capital de la república, conforme ha venido sucediendo en más de 45 días de Paro Indefinido.

De lo gremial a lo político

La dirección del Comité de Paro Nacional, no contribuyo a la cualificación política del movimiento nacional de protesta. Tampoco lo hicieron los vectores del movimiento político alternativo y de oposición. La unión en torno a objetivos de las centrales obreras superó el infortunio de no convocatoria tradicional, de los últimos años, del movimiento sindical. Gracias a la dinámica de la CUT, con tres directivos y el peso de 500 mil docentes afiliados de Fecode, el sindicalismo con sus centrales obreras, aglutinaron a un amplio sector de organizaciones a nivel nacional, representadas en un órgano de discusión, como lo fue la Asamblea Nacional de Delegados, reunificados en la presentación de pliegos, en lo esencial reivindicativos. El desarrollo de los enfrentamientos, no solo con la fuerza pública, sino con el conjunto del poder estatal, contribuyó a determinar los alcances de las propuestas, jamás escuchadas ni tenidas en cuenta por lo gubernamental y el empantanamiento de unas conversaciones que no alcanzaron negociación alguna. La parte gubernamental impuso el compás de espera, la dilación, la negación de lo pre acordado, con voluntad manifiesta de no negociar. Ello trajo consigo la imposición de líneas rojas intransigentes, desdiciendo el espíritu de cualquier negociación alternativa y su solución. Por ello, la dirección del Comité Nacional de Paro decidió, en forma unilateral, levantarse del recinto de reuniones; lo cual desemboco en la tomas de nuevas estrategias y la decisión del gobierno nacional de cerrar nuevamente las puertas de conversación y negociación; anunciando acudir a centenares de mesas concertadas, que mantiene en los lugares de conflictos en todo el país; lo cual no deja de ser sino físico aspavientos.

El papel de la Juventud ha sido definitivo en el derrotero que agudizan el conflicto político, como uno más de los conflictos existentes en Colombia. Sabido es que los conflictos sociales jamás son superados en las sociedades y Colombia no será la excepción. Siempre existirán los conflictos sociales. Por ello en Colombia no ha ha habido un “estallido social”. Estamos transitando por un conflicto político y económico de grandes proporciones, cuyos fines y alcances aún están por verse y sopesarse.

Los jóvenes han comprendido y asimilado los alcances y capacidad de sus actividades. Para ellos no existe un programa político a alcanzar. Ellos están por lo inmediato: la defensa del territorio. Pero esta acepción no la circunscriben solo a un terreno o a una superficie terrestre o porción de una región, como a una concepción de ámbito espacial de aspiración; a una cosmovisión de alcances prácticos de la vida, apuntando a imaginarios, como metas logrables. Para ellos, en el imaginario colectivo, la legalidad no les funcionó, ni sirvió. Las vías legales y el dialogo están agotados. Acuden a las acciones de hecho. Por esta razón, la decisión del Comité Nacional de Paro, de recurrir a la presentación de una serie de proyectos de ley que resuman el alcance de sus propuestas de pliego no escuchadas por el ejecutivo, con miras a alcanzar un cuerpo normativo que materialice el alcance de sus aspiraciones, no deja de ser una pifiada y paso en falso ante ellos y el movimiento popular, combativo y de masas. Pareciere que no asimilaren la crudeza de los hechos. La rama del Poder Legislativo y en especial el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) ha develado, corrido el velo, como el principal enemigo de las aspiraciones populares. Esto no es anti santanderismo, es físico realismo. Durante las jornadas del 21N de 2.019, impusieron la fatídica reforma tributaria que lleno de gabelas y exenciones a los sectores parasitarios financieros y más pudientes, de la inequitativa sociedad colombiana, cargando sobre los hombros del pueblo las crisis de un modelo neoliberal mundial y latinoamericano, en decadencia. Suplantar la lucha de las masas por el alcance del ejercicio leguleyo ante un senado y cámara de soporte oligárquico, narco estatal mayoritario, deja mucho que desear. Como si con acudir a la Academia y el pulir de técnicas legislativas los proyectos de ley adocenados y adornados, les habilitaran alcance alguno de reivindicaciones. Insólito acudir a los causantes de tantos males populares. A los reformadores, a su favor, de la CP91. Les enrostran que ese mismo órgano legislativo fue el que sepultó los alcances de la previsión y seguridad social de los trabajadores. Acabó con las conquistas laborales y sindicales. Implantó a las mafias blancas el control de la salud al privatizarla. Ferió la cosa pública al sistema financiero parasitario. Recordándoles que aun con el pueblo volcado revolucionariamente en las calles, campos y veredas, durante las jornadas de este Paro Nacional, desde el 28 de abril (28A), continúan en la nefasta función legislativa de sepultar: las aspiraciones de la matrícula cero pesos ($0). El proyecto contra el uso del fracking. Tramitan otra deleznable reforma tributaria, inspirada en los intereses gubernamentales y de su secta, que no partido, de gobierno. Aprueban la reforma a la Procuraduría, cual baluarte burocrático de puestos y favores a funcionarios investigados por corrupción en sonados casos como Odebrecht, Ruta del Sol, Reficar, Ñoño Elías, “volteo de tierras en Cundinamarca, atribuciones de función judicial, enfrentamiento al ordenamiento jurídico de acuerdos internacionales y de defensa y respeto a los elegidos por voto popular, etc. Eso no tiene presentación diferente a la de la capitulación de la lucha del movimiento popular.

Del paso a seguir

Aunque corresponde a un tema de trasfondo, se prevé la continuidad del paro, con mayor intensidad, tal como lo demuestran las protestas y plantones en diferentes ciudades de país y en especial en Bogotá. Múltiples formas organizativas y de vocería afloran. El uso de instrumentos como los Cabildos Abiertos, están al orden del día y suplantaran los ineficientes consejos municipales en la lluvia de aspiraciones populares y respuestas efectivas locales. El uso- en la práctica-de la revocatoria del mandato a toda la rama legislativa (concejos, asambleas, congreso), ante el no logro de acuerdos con alcance políticos, insidiara en correspondencia al rechazo de presentación o aspiraciones electorales de los mismos. Transcender del simple leguleyismo al logro de la implementación de los Acuerdos de La Habana, como materialización de programas máximos y mínimos a alcanzar el movimiento popular y la lucha de masas. Cada día que transcurra aportara mayores elementos.