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Etiqueta: derechos humanos

Los hombres contra el machismo y la violencia

Las organizaciones abajo firmantes, conformadas por hombres costarricenses, procedentes del sector público, organizaciones no gubernamentales, redes comunitarias y sociedad civil en general, manifestamos las siguientes reflexiones ante el peligroso y reiterado avance del machismo y la violencia en el país:

  1. Somos hombres que trabajamos por la construcción de masculinidades positivas e igualitarias para contribuir a que los hombres costarricenses respeten los Derechos Humanos, manejan sus emociones y crisis con tranquilidad y armonía, renuncien al machismo y a todas las formas de violencia. Hombres que no vean a las mujeres como objetos de su propiedad y que no ejerzan formas de poder opresivas donde solo se tome en cuenta su manera de ver las cosas. Hombres que ejercen una paternidad afectiva e involucrada en el cuido; una vivencia de la sexualidad informada, corresponsable y respetuosa de los derechos de otras personas; y en general, hombres que vivan una masculinidad en igualdad y libre de violencia, en sus centros de trabajo, comunidades, familia, pareja, consigo mismos y la sociedad en general.
  2. Vemos con mucha preocupación el resurgimiento de discursos y prácticas machistas y violentas en el país, en donde se muestra una forma de masculinidad muy tóxica y dañina. A manera de ejemplo, los rituales de demostración de la valentía, que pone en peligro la vida de los mismos hombres; la intolerancia y hasta odio hacia otras formas de vivir la sexualidad y, muy en especial, la escalada de violencia contra las mujeres, siendo un indicador muy claro el creciente número de mujeres asesinadas en manos de sus compañeros o excompañeros sentimentales. Es como si se pensara que “ya se puede hacer con las mujeres cualquier cosa, que ya no hay leyes que las protegen y que en este país ya no se respetan los Derechos Humanos”. Los conflictos, la separación o los celos no son justificación para la violencia. Las personas no le pertenecen a nadie y, mucho menos, a las parejas.
  3. Es preciso recordar que lo que ha caracterizado a nuestro país es el respeto por los derechos humanos de todas las personas. Existe una legislación que protege los derechos de todas las personas que viven en el país y, en materia de violencia, existe y está vigente el “Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar” (PLANOVI), conformada por 22 instituciones públicas cuyo ente rector es el Instituto Nacional de las Mujeres –INAMU- (Ley 8688) y también están vigentes otros instrumentos legales que penalizan y sancionan la violencia. Este sistema, al igual que las Redes cantonales de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y el INAMU, deben fortalecerse.
  4. La violencia Intrafamiliar en este país es un delito sancionado por ley, es un problema de salud pública y además constituye una violación a los derechos humanos. No podemos perder esta visión de las cosas. El problema de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres es muy complejo e intervienen muchos factores. Su prevención y erradicación le corresponde a todas las instituciones y a todas las personas que conformamos la sociedad. Se requiere el cumplimiento de la legislación, pero además de la policía y Poder Judicial deben intervenir otros sectores e instituciones (salud, educación, cultura). Es necesario un cambio cultural que rechace la violencia; es fundamental trabajar con los hombres desde que son niños, para que no vean en la violencia una alternativa. Y también es responsabilidad de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales llevar a cabo acciones y programas para atender y prevenir la violencia, trabajando con todas las poblaciones implicadas. Y lo más importante, erradicar la cultura machista, que es la base de estas formas de violencia.
  5. Con la muerte de cada una de estas mujeres, una parte nuestra también muere y ante ello debemos reaccionar. Es imprescindible evitar, por todos los medios posibles, que esta violencia (sobre todo la dirigida contra las mujeres) entre a formar parte de la vida cotidiana y llegar a un punto en el que se trata del reporte de una muerte más, “como la cosa más natural”. Una sociedad democrática y respetuosa de los más básicos derechos humanos no puede permitir que eso suceda y debe mover todos sus recursos para confrontar y erradicar tal situación.
  6. Hacemos un llamado a todos los hombres del país, a las instituciones públicas, a la empresa privada, a las universidades y centros de educación superior o parauniversitaria, a las organizaciones de la sociedad civil e iglesias a pronunciarse en contra de esta escalada machista y violenta. Los hombres podemos y debemos ser aliados y protagonistas en la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación hacia todas las personas y hacia toda la sociedad y, en particular, hacia las mujeres.

21 de marzo del 2018.

 

Firmas responsables:

Erick Quesada Ramírez

Álvaro Campos Guadamuz Ced. 601410470

Organizaciones firmantes

Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público

Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad (Instituto WEM)

Redes Comunitarias de Hombres de WEM

Colectivo de Hombres del Poder Judicial

Red de Masculinidades Instituto Nacional de Aprendizaje

Iglesia Luterana Costarricense

Fundación Justicia y Género

Los hombres contra el machismo

 

*Imagen tomada de www.definicionabc.com.

Enviado por Milena Barrientos.

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Caminata por los Derechos Humanos en Monteverde

Caminamos por la paz sin distinciones, y La paz  es lo que nos une, fueron los lemas con los que se convocó a la caminata este martes 20 de marzo en Monteverde.

Caminata por los Derechos Humanos en Monteverde

 

 

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El pretexto de la cultura no puede prestarse para violar los Derechos Humanos

  • Los mecanismos internacionales de Derechos Humanos defienden a las personas de las prácticas impositivas de gobiernos abusivos, sin discriminación de ninguna clase
  • Pretender defender la cultura por encima de los demás Derechos Humanos atenta contra la democracia

 

Ante las recientes manifestaciones de ex diplomáticos costarricenses en un diario de circulación nacional, el 16 de este mes, expertos, activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, manifestamos:

  1. Las personas, y no los gobiernos, son la razón de ser de los Derechos Humanos. Por ello, los órganos internacionales de protección, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, los Comités de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional o los instrumentos de los sistemas africano y europeo, están llamados a proteger a las personas y a defenderlas de las violaciones a sus derechos y libertades. Tratar de reformar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), para que se libere a los gobiernos de sus obligaciones, implicaría permitir que se conculquen los derechos y libertades de todas las personas. El genocidio, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas, y demás violaciones de los derechos y libertades quedarían impunes. Los ciudadanos quedaríamos desprotegidos
  2. La existencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos de Derechos Humanos, nace de la necesidad de proteger a todas las personas de las arbitrariedades de los Estados. Es usual que, usando el argumento de la cultura se hayan violentado los derechos y libertades fundamentales. El argumento de que debe protegerse una supuesta «cultura» es ridículo. Nos veríamos forzados a aceptar los femicidios y las relaciones impropias dentro de las familias, que responden a una cultura definida por el machismo y el abuso. También tendríamos que consentir el trabajo infantil, pese a que hemos invertido casi dos siglos fomentando acciones que protejan a la niñez. En la mayoría de nuestros países, las libertades de expresión, de opinión o de religión dejarían de estar protegidas frente a regímenes con tendencias dictatoriales
  3. Costa Rica fue el primer país en ratificar el Pacto de San José y también el primero en aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos fueron actos soberanos del Estado costarricense. Pretender desconocer hoy, lo que con orgullo hicimos hace casi 50 años, atenta contra la cultura visionaria de nuestros próceres, que siempre buscaron fortalecer nuestro Estado social, democrático y de Derecho.
  4. El sentir de la mayoría no puede significar jamás la violación de derechos de las minorías. Aceptar tal aberración sería darle la espalda a nuestras raíces democráticas. Traicionaríamos esa verdadera cultura costarricense, por la cual gozamos del respeto y la admiración de la comunidad internacional.

En consecuencia, rechazamos tajantemente la propuesta de ese grupo de ex diplomáticos. Proponer que la política exterior de Costa Rica vaya encaminada a derruir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denota un parecer contrario a la verdadera cultura costarricense de respeto a los Derechos Humanos y es carente de visión. Nos inquieta por las evidentes y nefastas consecuencias que tal despropósito tendría para Costa Rica y para el resto de los países americanos.

Cuando se abordan los temas de Derechos Humanos debe hacerse con seriedad, con responsabilidad, con compromiso y, sobre todo, con conocimiento. Si se hace de manera ligera y desde la ignorancia, los derechos y las libertades fundamentales de todas las personas correrán grave riesgo.

 

Francisco José Aguilar Urbina

Irene Aguilar Víquez

Marcia Aguiluz Soto

Larissa Arroyo Navarrete

Roxana Arroyo Vargas

Paola Casafont Villalobos

Catalina Devandas Aguilar

Gonzalo Elizondo Breedy

Alda Facio Montejo

Ana Isabel Garita Vílchez

Lorena González Pinto

Rodrigo Jiménez Sandoval

Soraya Long Saborío

Marcela Martino Aguilar

Ana María Méndez Libby

Ana Elena Obando Mendoza

Gilda Pacheco Oreamuno

Víctor Rodríguez Rescia

Cristina Zeledón Mangel

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de malagaldia.es

Enviado por Patricia Salgado.

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Así se movilizó Brasil ante el asesinato de la líder de las mujeres negras

  • Mujer feminista, negra e hija de la favela, como se auto definía Marielle

 

Líder afrobrasileña, feminista, socióloga, política y militante activa en la defensa de los vecinos de las favelas y los derechos de las mujeres afrobrasileñas y la población LGTBIQ. Presentó el proyecto para la creación del Dossier de la Mujer Carioca, compilando datos sobre la violencia de género en su municipio.

Militante del PSOL (Partido Socialismo y Libertad). Electa concejala en la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Siempre fue crítica de la intervención federal en Río de Janeiro. El día 10 de marzo, había denunciado a policías del 41º Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad contra los habitantes de la favela de Acari.

Desde su militancia socialista representó todo un proyecto de lucha contra el Golpe de Estado orquestado por las élites brasileñas y que tiene a Michel Temer en el Gobierno de este país.

Su última actividad como activista fue intervenir en un acto por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa, un debate llamado “Jóvenes negras moviendo estructura”.

La asesinaron con 4 disparos antier, 14 de marzo, mientras se trasladaba en carro.

Un golpe más a la defensa de los Derechos Humanos.

Nos quitaron a una más. Una mujer menos. Un feminicidio más.

#MarielleFranco #NiUnaMenos #QueNoSeQuedeImpune #NosEstánMatando #FeminismoPorqueSí #DDHH #EuSouPorqueNósSomos #EnHonosALaMemoria #Brasil

 

LEA TAMBIÉN:

DEI: Exigimos justicia para Marielle Franco

 

Enviado por Carlos Campos.

Información obtenida de la página https://www.facebook.com/licopenocr/

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DEI comparte recuento de videos de campaña “Lo que importa”

El año pasado el Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, inició la campaña #LoQueImporta, como un pequeño aporte del DEI al respeto hacia todas las personas sin discriminación y en favor de la justicia social.

“Adelantándonos al inicio de la actual contienda electoral en Costa Rica, expresamos nuestra preocupación por el modo en que el fundamentalismo religioso buscaba ganar campo e incidir en las políticas públicas, en perjuicio de las conquistas sociales y mediante la instrumentalización de los sectores populares que padecen la exclusión de los derechos humanos fundamentales, como la educación, la vivienda, el alimento o la salud.

Como parte del aporte que hicimos, se divulgaron vídeos dentro del marco de la campaña #LoQueImporta y queremos compartir con ustedes un recuento del material en YouTube, que encontrarán en el sitio web del DEI”.

Vídeos de la campaña #LoQueImporta

 

Enviado por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.

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UNA: Invitación a actividades en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz

¡Derechos para todas las personas!

 

La Asociación de Estudiantes PPS-UNA invita este próximo miércoles 14 de marzo, a lo que será una jornada de actividades con personas privadas de libertad.

Serán dos actividades, llenas de esperanza, diversidad y desafíos por seguir caminando en la construcción de oportunidades y derechos para todas las personas.

FERIA DE ARTESANÍAS – PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Horario: 8:00am – 1:00pm

Lugar: Plaza de la Diversidad, a un costado del Deck Ciencias Sociales, UNA- Sede Omar Dengo

FORO: La Planificación de Proyectos vinculados a la promoción de los Derechos Humanos; experiencia de las personas privadas de libertad en Costa Rica

Campaña: Yo creo en Segundas Oportunidades- Ministerio de Justicia y Paz.

Proyecto: UNA pedagogía para el reencuentro; Laboratorio de Poesía.

Personas invitadas;

-Personas privadas de libertad

-Emanuel Calvo Canossa

-Mónica Rojas Víquez

-Ministro de Justicia y Paz Marco Feoli Villalobos

Lugar: Sala de Conferencias, Facultad de Ciencias Sociales- Universidad Nacional

Hora: 2:00 pm

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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CEPAL: tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos

Nicolas Boeglin (*)

 

El pasado 4 de marzo finalizó en Costa Rica la novena ronda de negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante para América Latina sobre la protección a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992).

Breve puesta en contexto

Se trata de la culminación de esta iniciativa regional, iniciada en mayo del 2015 en Chile y auspiciada por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, más conocida como CEPAL. A la cita concurrieron 24 delegaciones oficiales de Estados de América Latina y del Caribe, con el objetivo de poner un punto final a la incorporación, en un instrumento regional obligatorio, de algunos de los principios jurídicos mencionados en el Principio 10 de la Declaración de Rio de 1992, así como de nuevos principios jurídicos existentes, desarrollados por el derecho ambiental desde 1992. Remitimos a nuestro estimable lector al comunicado oficial de la CEPAL, al comunicado oficial de Naciones Unidas, así como al comunicado oficial de las autoridades costarricenses, saludando la adopción de este tratado regional, luego de nueve rondas de negociaciones.

La culminación de un arduo proceso negociador

Con ocasión de la octava ronda de negociaciones celebrada en Chile en noviembre/diciembre del 2017, se habían dejado entrever algunos puntos en discusión no consensuados en Santiago de Chile con los que las delegaciones llegaron a San José de Costa Rica. Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, varios expertos en derechos humanos habían urgido a las delegaciones a no posponer más en Chile las negociaciones y a aprobar el texto sin más preludios: remitimos al lector a nuestra nota publicada en Debate Global en diciembre del 2017 titulada «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente«.

Como aportes a la discusión, cabe mencionar, entre muchos otros:

– el documento preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú sobre los defensores del ambiente y la necesidad de protegerlos en su labor que configurará posiblemente el artículo 9 del futuro texto (véase nota oficial presentada a las demás delegaciones);

– la propuesta de Argentina y de Perú sobre la participación ciudadana en materia ambiental, configurando lo que será probablemente el futuro artículo 8 (véase texto de la propuesta), con fecha de julio del 2017;

– la propuesta de Chile y de Costa Rica sobre los artículos 13 a 25 circulada en febrero del 2018, posiblemente elaborada en aras de facilitar la aprobación del texto en Costa Rica (véase texto de la propuesta).

De manera muy oportuna, al haber sido dada a conocer a pocas semanas de iniciarse esta cita regional en Costa Rica, podemos también referir a la reciente Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una solicitud de Colombia, notificada el pasado 7 de febrero del 2018 (véase nota nuestra publicada en Debate Global titulada «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«).

Una luz esperanzadora para activistas y defensores del ambiente

Con relación al artículo 9 antes mencionado, su formulación antes de la cita en la capital costarricense se lee de la siguiente manera (y es de esperar que no sufrió mayores revisiones):

«Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales [Convenido]

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso.
  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente Acuerdo«.

Como bien es sabido, son innumerables los casos en América Latina de defensores del ambiente que son objeto de actos de violencia y de asesinatos no dilucidados por las autoridades estatales, y que se mantienen en una indignante impunidad.

De igual forma, son incontables los casos de líderes comunitarios y ecologistas llevados en América Latina ante los tribunales nacionales por presuntas calumnia, difamación, resistencia a la autoridad, violencia en la vía pública, amenaza al orden público u otras figuras del derecho penal, con el fin de intimidarlos: en el caso de Costa Rica, repetidas ausencias de los abogados de una empresa minera canadiense a audiencias señaladas por el juez penal en tres distintas causas llevaron a los demandados por presunta difamación a publicar un artículo titulado: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» en el periódico La Nación (y que al parecer surtió algún efecto: los abogados de la minera Infinito Gold se presentaron finalmente a las audiencias siguientes en dos de los tres casos).

De alguna manera este artículo 9 viene también a plantear a los Estados la adopción de medidas contra acciones intimidatorias de tipo penal que la doctrina anglosajona designa por el término de «Slapp Actions» («Slapp» – que significa «bofetada» en inglés – correspondiendo a las siglas de la expresión «Strategic Legal Actions Against Public Participation«): véase, entre muchos, este análisis publicado en Australia en el 2009 titulado «Quantum of strategic litigation — quashing public participation«, así como este estudio al respecto publicado en el caso de Ontario, Canadá en el 2010, titulado «Breaking the Silence. The urgent need for anti-SLAPP legislation in Ontario» y volante publicado en el 2010 sobre la legislación «Anti-Slapp» adoptada en Filipinas en el 2010.

Una valiosa iniciativa en espera de ser ampliamente difundida

Para quiénes se interesan por la génesis de cada uno de los artículos de este nuevo instrumento regional, el texto finalmente adoptado del futuro tratado consensuado en San José deberá ser comparado con el texto no consensuado correspondiente a la octava ronda de negociaciones (véase borrador del texto con corchetes, propuestas de enmiendas y modificaciones, que lleva la fecha del 22 de enero del 2018). El progreso logrado en las discusiones se puede apreciar con relación al documento de trabajo de abril del 2017, de cara a la séptima ronda de negociaciones realizada en Buenos Aires en julio/agosto del 2017 (véase documento).

Sin lugar a dudas, se trata de un texto de gran relevancia que permite reafirmar en la región latinoamericana una serie de principios en materia ambiental que han venido sufriendo una interpretación restrictiva por parte del aparato estatal: es el caso, por ejemplo, en Costa Rica de un episodio insólito acaecido con el juez constitucional en febrero del 2017 en materia de participación pública (véase breve nota nuestra al respecto). De igual manera, la adopción de este instrumento regional coincide con una reflexión doctrinal tendiente a recordar al Estado de Derecho sus obligaciones en materia ambiental: sobre el particular, referimos al artículo del Profesor Mario Peña Chacón (Costa Rica) titulado «Los derechos humanos ambientales en un Estado de Derecho ambiental», publicado en el sitio jurídico de Derechoaldia, y cuya lectura se recomienda.

No hace falta mencionar que la poca cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.

A modo de conclusión: una amplia divulgación requerida

El pasado 2 de marzo del 2018, se conmemoraron dos años del asesinato de la lider indígena Berta Cáceres en Honduras, un hecho que conmocionó a toda Honduras y al movimiento ecologista en su conjunto. Desde noviembre del 2017, el informe GAIPE recopiló toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas por investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato (véase nuestra breve nota al respecto publicada en Elpais.cr).

No cabe duda que la coincidencia de fechas de esta conmemoración con la sesión final en San José de cara a la adopción de este instrumento regional puede ser leída como una poderosa señal.

Nótese que a más de una semana de haber sido aprobada en Costa Rica, no se ha aún podido tener acceso a alguna versión digital definitiva del documento adoptado por las 24 delegaciones presentes en Costa Rica en su versión en español. ¿Cómo explicar este vacío? No se tiene respuesta sobre este punto, que ameritaría una breve explicación por parte de las entidades convocantes a esta cita.

A penas esté disponible en el sitio oficial de la CEPAL, de Naciones Unidas o en el de alguna entidad oficial costarricense, se procederá a remitir al lector al enlace respectivo, no sin antes sugerir, en el marco de este breve comentario, que las facilidades que ofrecen las tecnologías de la información también debieran de ser aprovechadas por las entidades concernidas para dar a conocer en tiempo real un texto adoptado después de tres años de largas negociaciones.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional, Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado por el autor.

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UNA, «Derechos Humanos y Cultura de Paz”: Confesionalismo y los nuevos dogmatismos del siglo XXI

UNA Lección Inaugural

I Ciclo 2018

 

El pasado miércoles 7 de marzo se llevó a cabo en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, la Lección Inaugural I Ciclo 2018 “Derechos Humanos y Cultura de Paz” Confesionalismo y los nuevos dogmatismos del siglo XXI a cargo del Dr. Jaime Ordoñez, Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad (ICG)

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de la Vicerrectora de Extensión, Master Yadira Cerdas Rivera, quien compartió la declaratoria del Consejo Universitario: 2018: Año de la UNA por la Autonomía, Regionalización y Derechos humanos, en el marco de la celebración del 45 aniversario en acuerdo al Consejo Universitario. La Vicerrectora destacó la participación de los y las estudiantes reformistas de Córdoba, quienes aportaron a la transformación de las universidades latinoamericanas e incidir en colocar a la autonomía, la extensión universitaria y la participación estudiantil como ejes fundamentales para tal transformación: “además la autonomía es vital para que el conocimiento que se genera desde la acción sustantiva de la docencia, la extensión e investigación se realice desde un marco de libertad, criticidad y pertinencia con las necesidades de la sociedad, especialmente en las regiones donde existe presencia”. Se reconoce también, el compromiso con la equidad, justicia social y la defensa de los derechos humanos por medio de la autonomía ya que, la universidad asumirá al ser humano como eje importante en su quehacer, fortaleciendo el humanismo, la dignidad y diversidad, comentó la Vicerrectora.

El Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector rescató la pertinencia de dialogar acerca de los derechos humanos y la cultura de paz, pues parece que en el presente siglo (como hipótesis) se ha experimentado una regresión, es decir, lejos de acercarnos a la modernidad y tolerancia, los fantasmas de los dogmas, doctrinas y nacionalismos están resurgiendo, de ahí cobra sentido los aportes del Dr. Jaime, pues en temas de derechos humanos no se puede dejar de lado que la universidad humanista, desde sus inicios ha fundado en la academia una lucha sin desmayo en procura de la inclusividad en el desarrollo contra la desigualdad social; en la docencia, investigación y extensión, se ha posicionado para buscar la ruta hacia desarrollos que aspiren también a la biodiversidad, respeto al otro, el diálogo y la tolerancia.

En su la conferencia inaugural el Dr. Jaime Ordoñez indicó que más allá de conversar de manera descriptiva sobre temas de los derechos humanos y la cultura de paz, es relevante dialogar en torno a la tendencia que está generando una afrenta contra estos tópicos, tanto en Costa Rica como en diferentes lugares del planeta. De ahí, que las regresiones contra la modernidad, la ilustración, cómo el fenómeno de este último año en nuestro país –hágase llamar- neoconfesionalismo que ha impactado en el ambiente electoral no es un accidente: “existe una tendencia a nivel mundial, que tiene que ver con un nexo complejo, que son las relaciones entre nacionalismo y religión, nacionalismo y confesionalismo».

En la exposición Ordoñez realiza un recorrido histórico que incorpora además la coyuntura de una de las campañas políticas más complejas de la historia, en la que la incertidumbre ha tomado fuerza, como es la actual en Costa Rica.

Como puntos centrales de la conferencia, se rescata en este recorrido histórico la transición de una Costa Rica agroexportadora, bipartidista, conservadora, a una más diversificada en términos de productos de exportación (1996), de discurso; esto porque se desplaza la definición de los derechos humanos hacia una enciclopedia y ya no solo a la biblia (heredado de la ilustración); también, se dio paso a una industrialización más acentuada y la búsqueda de un estado laico y secularización.

Para Ordoñez, empero, en esta etapa de modernización se dio una fragmentación política, lo que a su vez implicó el surgimiento de nuevos confesionalismos, con alto poder de persuasión y aceptación en las zonas periferias o “Costa”, mientras que la parte “Rica” de la política dominante se concentró mayormente en lo urbano. Entonces, se rescata la premisa de que el manejo de los derechos humanos en la modernidad, es más eficiente en países menos fragmentados, de ahí que se considere que la fragmentación política puede imposibilitar la igualdad.

Por último, Ordoñez, dejó planteada la necesidad de cuestionar ¿quién genera riqueza? Mayormente el mercado, ¿quién la distribuye? el Estado; por tanto, ¿cómo hacer para que la sociedad genere riqueza y sea equitativa?

Colaboración:

Gabriela Corrales Alfaro-Estudiante Sociología-UNA

Efraín Cavallini Acuña-Rectoría

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

Costa Rica: los retos de la democracia, el republicanismo y los derechos humanos ante el desafío que plantea la intolerancia religiosa

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Acuerdo del Consejo Científico del CICDE de fecha 26 de febrero de 2018

 

La evolución que hemos observado las últimas semanas en el proceso político-electoral de Costa Rica, suscita mucha preocupación y convoca a un muy necesario ejercicio de reflexión crítica.

Hemos visto ascender una propuesta política, cuyo fortalecimiento surge en lo inmediato de discursos de odio contra las personas diversas por su orientación sexual y/o identidad de género. Ello ha dado lugar a múltiples manifestaciones de violencia simbólica, verbal y física en contra de tales personas, las cuales en el futuro podrían agravarse. Y si bien es cierto que en Costa Rica los discursos homofóbicos siempre han gozado de mucha legitimidad, lo ocurrido recientemente implica trasponer límites anteriormente insospechados, al punto que tales expresiones de odio parecen ganar estatus como un discurso “políticamente correcto”. Lamentamos profundamente tales expresiones de odio y toda la violencia que las acompaña y llamamos a las autoridades públicas a mantener una actitud vigilante en resguardo de los derechos humanos de los grupos y las personas que son víctimas de tal agresión.

Es preciso subrayar que esto es parte de un planteamiento ideológico y discursivo, que amenaza la vigencia de los derechos humanos en general y, en particular, los derechos y avances logrados por las mujeres en su lucha por una sociedad más justa e igualitaria.

Defendemos con absoluta convicción el derecho de cada persona a vivir con toda libertad la fe religiosa que elija. Pero advertimos con mucha preocupación acerca del grave peligro que conlleva hacer de la religión, y en particular de versiones fundamentalistas del cristianismo, un factor que decida acerca de la vigencia de los principios más fundamentales en que se asientan los conceptos de democracia y república.

Democracia y republicanismo conllevan una propuesta y una aspiración por la construcción de un sistema político, asentado en un Estado de derecho donde debe haber igualdad de deberes y derechos ante la ley para todas las ciudadanas y los ciudadanos. Es innegable que en la realidad esa plena igualdad no es efectiva, a causa de diversos obstáculos económicos y culturales. Reconocer esto último plantea el deber de luchar permanentemente por avanzar hacia sociedades más igualitarias, para lo cual, entre otras cosas, se requiere construir discursos y visiones de mundo inclusivas, verdaderamente respetuosas de la dignidad de cada ser humano.

Sin embargo, lo que estamos presenciando es una campaña política que, apelando a una visión religiosa particularmente intolerante, que involucra grupos neopentecostales y sectores ultraconservadores y fundamentalistas de otras corrientes religiosas, formula discursos discriminatorios y estigmatizantes que lastiman gravemente la dignidad de muchas personas, y generan un clima sicológico de exclusión, proclive al irrespeto y la violencia.

Lo que se propone conlleva involucionar hacia un orden legal e institucional, en el cual, y partiendo de criterios religiosos, se estaría cercenando la universalidad de las leyes y de los derechos humanos.

Advertimos respetuosamente acerca del peligro que conlleva restarles importancia a las manifestaciones de violencia, intolerancia y exclusión en contra de determinados grupos de nuestra comunidad nacional, y a las implicaciones de mediano y largo plazo que esto tiene para la democracia y nuestros estilos de convivencia. No es de ninguna manera trivial, el que adquieran tal peso propuestas políticas teñidas de visiones de mundo que excluyen y resultan proclives a la violencia, y que en muchos sentidos descansan en concepciones políticas pre-modernas. En el mejor de los casos, ello impondrá obstáculos importantes para poder avanzar en materia de derechos humanos e igualdad. Pero lo cierto es que existe un riego efectivo de que se produzca una grave involución.

Debemos reconocer que esta coyuntura política, tan compleja y desconcertante, es manifestación de una situación subyacente, estructural y de largo plazo, donde se combinan y se refuerzan mutuamente, sentimientos de profundo disgusto y desconfianza hacia el sistema político, grave desprestigio de la institucionalidad democrática, y situaciones de marginalidad social, falta de empleo, carencia de oportunidades y pobreza. Esos problemas de desigualdad y exclusión fracturan a la sociedad costarricense, y claramente se visibilizan en los territorios, en la forma de graves asimetrías entre la región central del país y el resto, pero también con un claro deslinde –también a lo interno de las ciudades del Valle Central– entre los reducidos espacios donde se concentra la riqueza, y las áreas mucho más amplias donde se hacen manifiestos los rezagos y la postergación sin plazo de las necesidades fundamentales.

Llamamos a la ciudadanía costarricense a una reflexión reposada sobre lo que todo esto significa. Debemos reconsiderar críticamente las orientaciones del desarrollo del país, las falencias de nuestra institucionalidad pública y de nuestro sistema político y las limitaciones de nuestra democracia. Pero también debemos meditar sobre nuestras propias aspiraciones como pueblo y como nación. Inclusive debemos interpelarnos muy seriamente acerca de la sinceridad y hondura de nuestras convicciones democráticas y nuestro compromiso con la justicia social, y acerca de la claridad y coherencia con que asumimos los principios y la doctrina de los derechos humanos ¿Realmente hay sinceridad cuando declaramos nuestra adhesión a cada una de estos principios, valores y compromisos, o tan solo es propaganda para la exportación? Confiamos que sea lo primero.

Nos urge interrogarnos sobre el tipo de país que queremos, y la calidad de convivencia a la que aspiramos. De por medio está la propia democracia, nuestra concepción republicana y el lugar digno y respetuoso que debe concedérsele a cada ser humano, por el solo hecho de serlo. No es asunto del interés tan solo para las actuales generaciones, cuando, en realidad, dice mucho de la Costa Rica que heredaremos a las generaciones aun no nacidas.

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE

Mercedes de Montes de Oca, 26 de febrero de 2018

 

Enviado por Luis Paulino Vargas.

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UNA: Pronunciamiento del Consejo de Rectoría sobre la importancia de la educación para el desarrollo integral del ser humano

Considerando:

  1. El Preámbulo del Estatuto Orgánico que dice: “Por su misión histórica, la Universidad Nacional se constituye en conciencia crítica y creativa de la sociedad y promueve el desarrollo integral, autónomo, sostenible y equilibrado, dentro del marco del respeto a los Derechos Humanos y la búsqueda del bienestar general.
  2. La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, integra como parte del derecho a la educación, el derecho a la educación sexual de los jóvenes, al disponer lo siguiente: “Artículo 23: 1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también comprende el derecho a la educación sexual como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la reproducción y sus consecuencias. 2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual. 3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual de los jóvenes. 4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho”.
  3. La norma Internacional respecto a los Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación, en general, para todas las personas sean ellas menores de edad o no, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, de manera significativa en la sentencia número 1791-2004.
  4. El deber asistido internacionalmente por parte del Estado costarricense de promover la educación en materia de afectividad y sexualidad, entre la población escolar y colegial, como parte constitutiva de una educación integral.
  5. El documento UNA-R-CIRC-3-2018, mediante la cual; “La Universidad Nacional, en apego a los principios de libertad, justicia y paz que promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José), comparte el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la especie humana, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, respetando el pluralismo cultural, religioso, ideológico y político propio de una sociedad compleja como la nuestra”.
  6. Las Políticas para la Igualdad y Equidad de Género en la Universidad Nacional que: “Promueve un currículo de formación profesional con la inclusión operativa del género, con perspectiva humanista y de derechos humanos, como eje transversal”.
  7. El Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sobre la educación para la afectividad y sexualidad como derecho humano, presentada en la sesión N.° 6157-8, que expresa: “Exhortar a la sociedad costarricense a tender puentes de diálogo que promuevan la discusión sana y objetiva de los Programas de Estudio de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral, desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos humanos a la educación y la información que las poblaciones jóvenes necesitan
  8. El Programa de Estudio de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral impulsado por el Ministerio de Educación Pública”.
  9. Se basa tanto en la Política Curricular en el marco de la visión “Educar para una Nueva Ciudadanía”, como en la “Política de Educación para la Afectividad y Sexualidad integral”, las cuales comparten los enfoques:
Derechos Humanos, Diversidades, Interculturalidad, Generación-contextual y Educación Inclusiva. Pilares fundamentales para garantizar la formación de personas respetuosas de los Derechos Humanos en todas dimensiones.
  10. Este programa permite avanzar de manera considerable en la comprensión de la sexualidad humana, desde un abordaje integral y coherente con la diversidad sociocultural de las niñas, los niños y jóvenes que asisten al sistema educativo costarricenses.
  11. El comunicado claro y respetuoso que ha realizado el Ministerio de Educación Pública, dándole el derecho a los padres y madres de familia, de decidir si sus hijos reciben o no el programa de estudio de “Educación para la afectividad y la sexualidad integral”.
  12. El Ministerio de Educación Pública tiene la responsabilidad de favorecer la formación continua de las personas docentes, de modo que les permita comprender y poner en práctica con pleno conocimiento estos y otros programas de estudio.

Acuerda:

  • Renovar la misión histórica de la Universidad Nacional para con la sociedad costarricense, como centro de estudios superiores, que en el ejercicio de su autonomía, está comprometido con la generación de espacios de análisis de la realidad nacional y la promoción de la democracia como forma de convivencia humana que mejor garantiza la realización integral de los individuos y del conjunto social.
  • Reconocer la importancia de la educación para el desarrollo integral del ser humano y el esfuerzo que el Ministerio de Educación Pública ha hecho históricamente al respecto.
  • Hacer un llamado vehemente a la sociedad costarricense para promover el diálogo, en un marco de tolerancia y cultura de paz, que favorezca el respeto a los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, incluida la niñez y la juventud costarricense.
  • Exhortar a la ciudadanía costarricense a realizar un esfuerzo colectivo e histórico en el contexto planetario, que rechace toda forma de violencia, odio y discriminación.

 

Dr. Alberto Salom Echeverría

Rector

Universidad Nacional UNA

 

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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