“Como institución teológica basada en los valores de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos, nos sumamos a la celebración por el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Corte IDH en el que se resolvió que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad”, así como el derecho a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre.
Creemos que las prácticas concretas de amor y justicia deben regir la vida cristiana, y que el respeto a los derechos humanos es fundamental para seguir construyendo sociedades más igualitarias libres de violencias.
La opinión consultiva de la Corte Interamericana tiene implicaciones más allá de Costa Rica porque resulta de acatamiento obligatorio para los 20 países que en la actualidad reconocen la competencia del tribunal internacional, algunos de los cuales ya reconocen el derecho al matrimonio igualitario”.
Conversatorio: “Percepción de la población de convivencia y derechos humanos”
Este miércoles 8 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el Conversatorio: “Percepción de la población de convivencia y derechos humanos”, actividad dirigida a estudiantes de secundaria, a quienes el Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia y Coordinador de la Comisión Institucional 2017: Año de la UNA, por la Vida, el Diálogo y la Paz, les ilustró sobre la necesidad de los jóvenes de promover un diálogo fructífero, una a mejor y mayor convivencia social, que permitan compartir y fortalecer los derechos humanos hacia prácticas que consoliden la paz para el bien común.
El Vicerrector Solórzano participó como mediador del Foro, además atendió las consultas de los niños y propició un ambiente muy cálido con los niños y el público presente, lo que permitió interactuar sobre los Derechos humanos para cada quién y para el país. Motivó a los niños a expresarse y conocer más sobre sus derechos y la sana convivencia con los demás y el ambiente. Aludió al mensaje que dejara el Dr. Humberto Maturana hace pocos meses que visitó nuestro país: “Amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas, nos damos tiempo para estar allí con el niño o niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable que va a escoger desde sí”.
En esta actividad académica realizada en el Centro Cultural Omar Dengo de Heredia, el Master José Andrés Díaz, investigador del IDESPO, compartió con los colegiales sobre la situación social que se vive en Costa Rica y su convivencia en distintos espacios, producto de una investigación realizada para valorar diversos espacios de convivencia social.
Al respecto, se expuso sobre lo hallado en el barrio y la comunidad, las calles y el espacio político.
ENCUESTA: El instrumento con el cual se analizó la visión de la población sobre los temas ya mencionados, fue una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales de la Población, con una muestra de 800 personas entre los meses de marzo de abril. Como mencionamos antes, esta tenía tres partes: la primera iba enfocada a la convivencia con otras personas, la segunda con el acoso callejero y la tercera en relación con el entorno político.
La primera parte arrojo resultados tales como: que las personas prefieren tener de vecinos a personas extranjeras y de diversidad sexual que a personas que consumen alguna sustancia adictiva o que estuvieron en algún momento en la cárcel. También, que al enfrentar un conflicto comunal las opciones más viables era la comunicación o ignorar a los vecinos para evitar caer en agresiones.
En la segunda parte de la encuesta, parte de los entrevistados reconocieron ser conscientes de la agresión sexual, que es mayor en mujeres que en hombre y que estaría de acuerdo con aprobar una ley nacional en contra del acoso y la violencia sexual. También, la población está de acuerdo con que la educación sexual es necesaria en los centros educativos.
Por último, en la tercera parte de la encuesta se halló que la población desea un gobierno que escuche las necesidades de la población, quizá si no logra subvencionarlas a tiempo no es tanto problema, pero que si sea consciente de que necesita la población nacional.
Esta encuesta será utilizada para el estudio académico y científico, para abrir brecha a la investigación y profundización de estas áreas y otras.
EXPOSICIÓN DE LA GALERÍA FOTOGRÁFICA
Dentro de las actividades programadas por la Comisión Institucional 2017: Año de la UNA por la Vida, el Diálogo y la Paz, se presentó una galería fotográfica contenido con imágenes y mensajes escritos de “líderes de los derechos humanos”.
La Master Idalia Alpízar, académica y creadora de la exposición nos comentó: “se está exponiendo a hombres y mujeres que han hecho un gran aporte en la historia de los Derechos Humanos, de los cuales muchos de ellos han tenido que donar sangre y algunas casos hasta dar su vida”.
Para los organizadores por medio de esta galería se está haciendo una demostración gráfica, para rescatar el aporte de personas que se han destacado en el camino de la construcción de una sociedad de paz y en pro de los Derechos Humanos: “Muchos desconocen la labor de los personajes destacados en la muestra, de ahí que con esta exposición esperamos que se conozca el aporte de estas personas en las que se incluyen costarricenses y a algunas mujeres que lastimosamente han sido invisibilidades en su momento”, acotó Alpízar.
HUMANIZADOS
Para culminar la actividad de apertura del “Encuentro”, hubo una representación artística de parte de grupo “Humanizados”, quiénes lucieron una variedad de bailes e interpretaciones. También, la Compañía de Cámara de Danza-UNA y la Escuela de Danza de la UNA interpretaron un fragmento de un sueño imposible de la autoraCarmen Werner.
Así concluyó este II encuentro por la “Vida, el Dialogo y la Paz, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Del cuál los asistentes pudieron disfrutar y aprender en un ambiente de intercambios y conversaciones: “Los niños, niñas y jóvenes de nuestros países y territorios se van a transformar con nosotros, con los mayores, con los que conviven, según sea esa convivencia”, concluyo el Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia.
Por:
Efraín Cavallini Acuña. Rectoría
Dayanne Nájera Matarrita. Estudiante RI-UNA
Diana Arias-Estudiantes Enseñanza de las Ciencias
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Stefany Campos Arrieta, Partido Renovación Costarricense (PRC); Rodolfo Hernández Gómez, Partido Republicano Socialcristiano; Sergio Mena Díaz, Partido Nueva Generación (PNG); Mario Redondo Poveda, Partido Alianza Demócrata Cristiana; y John Vega Masis, Partido de los trabajadores.
El pasado 31 de octubre a las 2:00pm se llevó a cabo en el Auditorio Clodomiro Picado Twigth de la Universidad Nacional el II Debate Académico con candidatos y la candidata a la presidencia de la República-Elecciones 2018. Actividad transmitida en directo por CANAL UCR y en Internet-Videostreaming por CANAL 13-SINART.
Los candidatos presentes fueron: Stefany Campos Arrieta, Partido Renovación Costarricense (PRC); Rodolfo Hernández Gómez, Partido Republicano Socialcristiano; Sergio Mena Díaz, Partido Nueva Generación (PNG); Mario Redondo Poveda, Partido Alianza Demócrata Cristiana; y John Vega Masis, Partido de los trabajadores.
La actividad estuvo moderada por el Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia-UNA, quien hizo un llamado a potenciar una comunidad que facilite el diálogo y una convivencia pacífica, intentando eliminar todo tipo de violencia, en especial desde la figura del próximo mandatario. Explicó también que el debate se desarrollaría en siete etapas y la participación sería en orden alfabético, rotando según vaya avanzando.
Los temas desarrollados en el Debate fueron: economía y desarrollo social, salud pública y ambiente, seguridad ciudadana, educación y derechos humanos. Las preguntas realizadas a los candidatos fueron seleccionadas de un conjunto de interrogantes elaboradas desde la academia y fueron custodiadas en la Vicerrectoría de Investigación.
En la primera fase del diálogo cada uno de los candidatos y candidata, agradecieron la invitación de la UNA a realizar este espacio y además se aprovechó para mencionar parte de sus ideas de gobierno; siendo los temas ambientales, sociales, de infraestructura pública, educación, entre otros, fueron los más planteados en este momento.
ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL
En el espacio de “economía y desarrollo social”, todos los candidatos respondieron la misma pregunta; Rodolfo Hernández comentó que el problema económico del país es sumamente severo y debe ser prioritario para quien asuma el poder; los temas de recaudación tributaria, lucha contra la evasión y el plan digital.
Por su parte, Sergio Mena adujo que el próximo presidente debe conocer todo el país y las carencias en cada uno de estos, con las necesidades propias de cada zona. Mario Redondo garantizó la calidad y la equidad en su gobierno, abogando a la transformación desde las más diversas áreas. John Vega finalizó comentando sobre las preocupaciones alarmantes del desempleo y las necesidades de la clase trabajadora. Finalmente, Stefany Campos arguyó a los problemas sociales desde la necesidad de reajustar las políticas económicas en miras de desestancar cada uno de los estratos sociales.
SEGURIDAD CIUDADANA
La siguiente etapa se trató del tema: “seguridad ciudadana”. Sergio Mena comentó que la seguridad va más allá de la policía, es una razón meramente social; en aras de que lo técnico criminológico ayude a mejorar este tópico. Mario Redondo dijo que se deben denunciar todas las injusticias cometidas desde los centros penales y se hace urgente la implementación de estrategias basadas en la prevención y en la generación de oportunidades. John Vega citó que las estrategias punitivas son negativas y se debe combatir la pobreza y el desempleo. Stefany Campos argumentó que la seguridad debe ser integral, desarrollando políticas desde las más diversas áreas.
Rodolfo Hernández citó que la generación de empleos y el fomento de la educación deben ser impulsados para luchar verdaderamente contra la criminalidad desde ejes diversos.
SALUD PÚBLICA
El siguiente tema fue el de “salud pública y ambiente”. Mario Redondo arguyó que se debe proteger el ambiente desde cada una de las áreas de la sociedad, especialmente en aquellas donde Costa Rica ha tenido un déficit. John Vega por su parte, hizo énfasis en que los datos de contaminación son alarmantes desde la explotación agrícola. Stefany Campos aludió a que una de las mayores riquezas del país es el ambiente y todos debemos ser responsables de nuestro actuar diario. Rodolfo Hernández adujo sobre problemáticas de calentamiento global, devolviéndole al MAG la rectoría sobre esta cartera, apostando por energías limpias en miras a la carbono neutralidad. Sergio Mena acotó sobre la realidad que se debe conocer desde el gobierno central, en busca de un norte que el país pueda seguir mediante un ordenamiento territorial.
EDUCACIÓN
Posteriormente se trataron temas sobre “educación”, donde John Vega acotó que él es educador y por esto, es uno de sus temas de más interés y se debe defender la educación y asignarle los recursos que merece. Stefany Campos argumentó que es vital tener un abordaje integral para proteger la educación en aras del crecimiento y el desarrollo. Rodolfo Hernández hizo énfasis en que la educación es importante para combatir las más diversas áreas, como la mala salud, el desempleo, la criminalidad, etc. Sergio Mena dijo que se deben crear sedes regionales de universidades públicas en todo el país para fortalecer el nivel de la educación superior pública y también la distribución correcta del FEES dentro de las universidades. Mario Redondo mencionó el porcentaje del PIB para la educación y que esta sea de calidad, con resultados tangibles, medibles y claros.
DERECHOS HUMANOS
El último bloque trató de “derechos humanos”, cada candidato tuvo una pregunta específica. Stefany Campos dijo que no sé fomentará un Estado laico ateo, porque se separa de la Iglesia Católica y se debe por el contrario incentivar valores y principios. Rodolfo Hernández indicó que se opone a la enseñanza de ideologías donde se menoscabe la capacidad de pensar de las personas y que en su gobierno no se discriminará en cuestiones de derechos civiles; se autoproclamó como defensor de la familia. Sergio Mena dijo que los derechos civiles trascienden las nacionalidades, y se puede proveer asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes. Mario Redondo argumentó que es importante la educación sexual, dejando de lado las doctrinas discriminatorias y el odio; donde se involucren los estudiantes y sus padres. Por último, John Vega dijo que su partido promueve el Estado laico, el matrimonio igualitario, la identidad de género, el aborto, etc.; también se debe democratizar el uso del espectro radioeléctrico.
Seguidamente, se hizo un ejercicio comparativo de índole académico de las respuestas de los candidatos por cada uno de los temas. Melany Arroyo Calderón, representante de la FEUNA, se abocó en el tema de “economía y desarrollo social”, quien adujo que los candidatos apuntaron sobre la importancia de fomentar la educación y el emprendedurismo. Dijo que efectivamente la educación es un pilar para el desarrollo económico, pero no es el único factor; la educación primaria y secundaria debe ser obligatorias. Con respecto al emprendedurismo, agregó que no hay en el país un ambiente fértil que garantice las condiciones para esto.
Por su parte, la Dra. Heidi Vega García, académica del Centro de Estudios Generales analizó el tema de “ambiente”; mencionó que es evidente la problemática con respecto a la evaluación ambiental del país; existe un discurso sobre sostenibilidad que contrasta con lo que realmente pasa en el país; por ejemplo, se debe considerar un sistema productivo que garantice la alimentación. Se debe también utilizar energías renovables, reformular el uso del recurso hídrico y modificar el ordenamiento vial de la GAM, especialmente la problemática sobre el tránsito.
También, para el tema “salud pública”, la Dra. Sandra Estrada Königa, académica de la Escuela de Veterinaria, adujo que la salud pública se debe ver como algo integral, y que la solución debe ser integral. El Estado debe ser responsable, garante y líder en estas temáticas, y es así como se debe enfocar la forma sistémica de ver la salud pública, que va más allá de una simple unión; se logra mediante la articulación del trabajo de diversas áreas del gobierno.
Posteriormente, el M.Sc. Francisco González Alvarado, académico del CIDE realizó el ejercicio comparativo sobre el tema de “educación”; donde apuntó que, se debe considerar que la educación debe ser el motor de desarrollo de Costa Rica, y que es importante mantener el presupuesto del PIB para educación superior y que se tiene constitucionalmente para este rubro, de esta manera, garantizar como país mantener este rubro. González, dijo que les faltó a los candidatos mencionar la forma en la que se puede gestionar el ingreso público para la educación, que no se debe depender del crecimiento o contracción de la economía para asegurar este monto para la educación.
El Dr. Daniel Matul Romero, académico de la Facultad de Filosofía realizó la síntesis de “seguridad ciudadana y derechos humanos”; e hizo un llamado a la visión integral de los temas distintos que fueron abordados en las preguntas, donde solo se hacen propuestas reactivas, sin acciones concretas para el abordaje adecuado de la seguridad, en especial en cuestiones presupuestarias.
El M.Sc. Geovanny Jiménez Núñez, académico Sede Región Brunca abordó el tema sobre “regionalización”, en el cual indicó que desde la academia se debe cuestionar la sociedad para proponer un rumbo y una meta común; acotó que es importante conocer a los candidatos como personas, como políticos y sus concepciones ideológicas.
En el último bloque, los candidatos tuvieron un espacio para su réplica y conclusiones sobre el debate. El primero en disertar fue Rodolfo Hernández, quien agradeció los comentarios de los académicos, también dijo que se debe fomentar la gobernanza y la gestión con calidad. Defendió la sostenibilidad alimentaria y el ordenamiento urbano, vial y el posicionamiento del desarrollo en las zonas más desposeídas. Exhortó a las universidades a crear recursos propios a través de la investigación científica.
Seguidamente, Sergio Mena, adujo que su ideología busca el bienestar común en Costa Rica; también sobre la planificación preventiva y medidas concretas frente a la criminalidad. Acotó que el próximo gobernante debe ser hábil con los recursos financieros. Por su parte, Mario Redondo agradeció el espacio del debate y apuntó a que se debe mejorar la calidad del debate político; invitó a los costarricenses a enfrentar la crisis generalizad que se vive en el país, mediante el fomento de los valores en la ciudadanía. John Vega aprovecho y dijo que los problemas de desempleo y la falta de seguridad social siguen siendo patentes; hizo una crítica también al régimen venezolano. Por su parte, Stefany Campos concluyó que es necesario contar con el compromiso PAIS de que juntos se puede construir una mejor Costa Rica, y se deben cumplir esas promesas que se hacen en campañas políticas; y finalmente hizo una férrea defensa al tema de género y a sus congéneres; defendió los valores familiares como base de la sociedad y el respeto entre los diferentes ideales.
La FEUNA, hizo su cierre a este II Debate por medio de la estudiante Jazmín Arroyo, quien apuntó sobre la importancia de la Federación de Estudiantes de ser partícipes en la organización de este evento y fomentar un sufragio informado. Agregó que desde la autonomía estudiantil, se está en la obligación de ser propositivos en la creación de espacios críticos que invite a los estudiantes a ver desde una óptica crítica todas aquellas situaciones que debilitan a la sociedad costarricense. Por último, agradeció a los candidatos por aceptar la invitación a participar del debate, y a los presentes por su asistencia.
Finalmente, El Vicerrector de Docencia, Dr. Norman Solórzano Alfaro, conductor del Debate hizo un reconocimiento a los candidatos por el ejercicio respetuoso en la exposición de sus ideas y agregó: “Desde la UNA se ha querido ofrecer a la comunidad nacional y universitaria, la oportunidad de escuchar a todos quienes presentan su nombre para dirigir los destinos de este país”. Mencionó que la UNA ha hecho el esfuerzo de invitar a todos los candidatos inscritos a las próximas justas electorales; aunque hubo algunos que declinaron la invitación, para ambos eventos. Se ha querido honrar el principio de equidad para que todas las voces puedan ser escuchadas; se necesita información de primera mano para forjar nuestros propios criterios; todo en el marco de la vida y la construcción del diálogo y la paz. Reconoció la organización del evento a cargo de la Vicerrectoría de Investigación, Facultad de Ciencias Sociales, la Federación de Estudiantes-FEUNA, así como al CANAL UCR por ser parte de la organización, producción y dirección del Debate y al Canal 13-SINART por retransmitir vía internet-Streaming.
Ver II Debate Completo vía internet en Videostreaming acceder al Link:
La VII Feria de Economía Social Solidaria se realizó con representantes de 68 organizaciones. Foto por: Carlos Hernández de la RedESS.
La Universidad de Costa Rica (UCR) en conjunto de la Red de Economía Social Solidaria (RedESS) organizaron el Encuentro de Organizaciones de Economía Social Solidaria (ESS) y la VII Feria de Economía Social Solidaria, donde se abordaron temas prioritarios en la agenda común a nivel nacional para consolidar la ESS en Costa Rica.
El Encuentro contó con representantes de 28 organizaciones y en la Feria interactuaron representantes de 68 organizaciones, unas 145 personas.
La profesora Yasy Morales -coordinadora del TC-607- plantea que “en el Encuentro se expuso el desarrollo de diversos proyectos del TCU Comer Orgánico (TC-607) de la Escuela de Sociología y el Programa de Desarrollo de la Economía Social Solidaria de la vicerrectoría de Acción Social UCR, como parte del acompañamiento al desarrollo de proyectos con comunidades y diversas organizaciones que ese día exponían sus trabajos”.
Estudiantes del TCU compartieron sobre la práctica del trueke en las organizaciones y sus comunidades -como un medio para intercambiar de manera justa- los productos y servicios según los valores comunes de la ESS. También se compartió sobre proyectos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal como actor comprometido con el desarrollo de la ESS y co-organizador de la feria. La RedESS expuso sobre el trabajo que han desarrollado en diversos territorios.
Se aprovechó el Encuentro para exponer sobre procesos impulsados por otros actores de la ESS. La Asociación de Arte y Gestión Cultural Guanared explicar ejemplos prácticos de cómo reivindicar y activar la economía local solidaria mediante la implementación de políticas cantonales de gestión cultural. La Asociación resaltó la importancia de incidir desde las organizaciones en espacios municipales para garantizar que se respete la Política Nacional de Derechos Culturales y se fortalezca su eje de ESS.
El Encuentro contó con representantes de 28 organizaciones. Foto por: Yasy Morales.
Asimismo, se compartió información sobre la participación activa de organizaciones y del Programa de Economía Social Solidaria de la UCR en el Parlamento de la ESS organizado por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, para proponer reformas a leyes existentes o presentar nuevos proyectos a las diputadas y diputados actuales y a candidatos presidenciales.
La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR (CISAN-UCR) expuso sobre el Proyecto de Ley por el Derecho Humano a la Alimentación, donde se espera la conformación de Consejos Cantonales y un Foro Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, espacios en los cuales las prácticas de las familias agricultoras se plantean como el eje fundamental que da paso a la consolidación de la seguridad alimentaria.
El estudiante José Brenes de la Escuela de Psicología, quien asumió entrevistar a los y las participantes a ambos eventos, expresó que “las personas hicieron referencia a que se necesita implementar este tipo de actividades en todos los territorios, no solo en San José. Además se reconoce la necesidad de capacitarse comunitariamente en aspectos legales y sobre cómo tramitar con las municipalidades y las instituciones públicas, ya que existen muchas dudas y desconocimiento en esta materia. Son aspectos importantes para colocar propuestas culturales y alternativas económicas viables”.
Durante la Feria de ESS se implementó una mesa de trueke entre las distintas organizaciones participantes. Foto por: Carlos Hernández de la RedESS.
Al finalizar el evento algunas organizaciones realizaron invitaciones a otras actividades vinculadas a este tema, como la Feria de la Mujer Rural en San Carlos, que se realizó el 14 de octubre. Y el lanzamiento de una plataforma de comercialización directa y solidaria en internet denominada “el Merkado Vivo”, que se realizará el 25 de octubre en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC).
La VII Feria de Economía Social Solidaria se realizó el 2 y 3 de octubre en la sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca y fue organizada por el TCU “Comer Orgánico” (TC-607) de la Escuela de Sociología, el Programa de Desarrollo de la Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social y la Red de Economía Social Solidaria, con apoyo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la Federación de Estudiantes y las radioemisoras UCR. Para más información puede comunicarse al correo: comerorganicotcu@gmail.com.
Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.
Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.
En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que –a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales– favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.
Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.
Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivita. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y principal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.
Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.
Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).
Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.
Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.
Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.
Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.
Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.
Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:
La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.
¡Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!
En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que:
¡Del Perú a Canadá la minería no va!
Enviado por Coordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM).
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
Este 10 octubre, Cataluña ha hecho pública, desde el Parlament su declaración de independencia (véase texto completo al final de esta nota). Su lectura es recomendada, en la medida en que incluye varias de las reivindicaciones catalanas no atendidas, o bien objeto de una interpretación restrictiva por parte del juez constitucional español.
Como era previsible, varios Estados de América Latina han reaccionado, manifestando su respaldo a las autoridades españolas: no obstante la sensación de unísono, lo han hecho de manera muy diferente el uno del otro, denotando en algunos casos una extrema prudencia y mesura, mientras que en otros, una lectura bastante peculiar de la realidad que viven los catalanes.
La cuestión de la autonomía de Cataluña: intento de breve recapitulativo
La lectura de la declaración de independencia catalana permite conocer varias de las demandas catalanas que esperan una solución, sin encontrar eco alguno en los últimos años. En esta reciente entrevista a José Montilla titulada «Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones con el tema de Cataluña”, se lee que:
“El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones en lo que respecta a Cataluña, cuando no provocando algunos incidentes. Y ahora se ha dado cuenta del enorme problema que tiene encima de la mesa, que lo tenemos todos”.
Recordemos para el lector poco familiarizado que una larga sentencia del Tribunal Constitucional de más de 800 folios, con relación al Estatuto de Cataluña de 2006, fue hecha pública tan solo el 28 de junio de 2010, es decir cuatro años después de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) en julio de 2006. Esta sentencia (véase texto completo) incluye las opiniones individuales disidentes de cinco magistrados recogidas en 197 folios de la misma (véase nota de El Pais de julio del 2010).
Entre otros considerandos de la declaratoria de independencia de Cataluña hecha pública durante esta semana, se lee que:
«El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas«.
Tuvimos la oportunidad de examinar brevemente el tema de Cataluña desde la perspectiva del derecho internacional en una nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
El resultado de una negativa a entablar diálogo alguno
Pese a múltiples llamados al diálogo por parte de diversas entidades, entre ellas la Unión Europea (UE) y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase breve nota nuestra al respecto), las autoridades españolas y catalanas se han negado a entablar diálogo alguno, manteniendo ambas su posición con relación al referéndum celebrado en condiciones raramente observadas, el pasado 1ero de octubre.
La ONG Human Rights Watch (HRW) este 12 de octubre denunció en un informe el uso excesivo de la fuerza y la violencia por parte de los cuerpos de seguridad durante la jornada del 1ero de octubre (véase nota de HRW). Diez días antes, el 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había solicitado a España investigar la violencia policial que sufrieron muchos de los votantes catalanes, señalando que:
«I firmly believe that the current situation should be resolved through political dialogue, with full respect for democratic freedoms. I call on the Government of Spain to accept without delay the requests by relevant UN human rights experts to visit«.
(Véase nuestra breve nota editada en el sitio de Debate Global con el texto completo de dicho comunicado).
Dos días antes del referéndum, el 28 de setiembre, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían hecho advertencias a España (véase nuestra breve nota al respecto también editada en Debate Global).
Esta violencia policial y la ola de repudio e indignación que causó, así como la escalada verbal y el tono amenazante de las máximas autoridades españolas, aumentaron significativamente la tensión en Cataluña, sin lograrse ningún tipo de acercamiento.
La solicitud de una mediación de las autoridades catalanas para facilitarlo fue rechazada por las autoridades españolas, aduciendo que una mediación es innecesaria y que la crisis en Cataluña debe resolverse con estricto apego al derecho constitucional español. La Unión Europea (UE) en su comunicado del 2 de octubre instó a las partes al diálogo al expresar que: «We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics» (véase texto completo de su comunicado).
Con relación a las actuaciones del juez constitucional español, es de notar que ordenó, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el lunes 9 de octubre (véase nota de prensa): en su sentencia del 5 de octubre (véase texto completo), la justicia constitucional decidió
«4. Suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017«.
Suspendida el 9 de octubre por esta nueva (e inusual) orden de la justicia constitucional desde Madrid, la sesión del Parlament tuvo lugar en Barcelona el día siguiente, es decir el 10 de octubre: durante esta sesión, los representantes de Cataluña procedieron a hacer pública la declaración de independencia.
Un nuevo compas de espera
El Presidente de la Generalitat declaró en esta sesión solemne del 10 de octubre que «El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada» (véase nota de prensa). Con esta aseveración hecha, las autoridades catalanas sugieren lo que algunos analistas han denominado la «vía de Eslovenia«, la cual permitió negociar, luego de una declaratoria de independencia suspendida, los términos y plazos para lograr hacerla plenamente efectiva.
En un comunicado oficial adoptado menos de 24 horas después (véase texto completo), las autoridades españolas anunciaron que:
«El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.
Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia.
Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa.
En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia«.
Algunas reacciones en América Latina
Desde el punto de vista internacional, las reacciones oficiales han sido de apoyo a España. En América Latina, se han registrado los siguientes comunicados oficiales elaborados los dias 10 y 11 de octubre, y que se mencionarán a continuación. Únicamente han sido repertoriados textos oficiales formalmente comunicados por los respectivos aparatos diplomáticos, y no declaraciones dadas en prensa por parte de autoridades nacionales sobre la situación en Cataluña. Como se verá, las formas de manifestar el respaldo a España varían sustancialmente de un comunicado a otro, mientras que otros Estados han optado por no expresarse.
Argentina circuló el mismo 10 de octubre un comunicado oficial mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores titulado «Comunicado de prensa: Sobre la situación en Cataluña» llamando a las partes al diálogo:
«Información para la Prensa N°: 451/17 En relación con la situación en Cataluña, inspirado por los profundos e intensos lazos de amistad entre Argentina y España, el Gobierno argentino renueva en este día que el diálogo es necesario para encontrar una solución consensuada, en el marco de la Constitución española y el respeto a las instituciones de ese país.
El Gobierno argentino manifiesta, asimismo, su plena confianza en el Gobierno y Pueblo español, quienes a través de este diálogo lograrán garantizar la unidad de España, su integridad territorial, así como los derechos y libertades de todos sus ciudadanos«.
Por su lado, el mismo 10 de octubre, Colombia se expresó en un comunicado de prensa de su cancillería de la siguiente manera:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha seguido con detenimiento la situación en España hoy, y en particular, la declaración hecha por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Al respecto, manifestamos nuestro rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia y confiamos en la capacidad del Gobierno español para defender el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.
Con España nos unen vínculos históricos y fuertes lazos de amistad y esperamos que se logre avanzar en soluciones negociadas y orientadas hacia el bienestar del pueblo español«.
A diferencia del comunicado de Colombia que viene sin título, México ha circulado un comunicado de prensa titulado «México no reconocerá a una Cataluña independiente» (véase texto completo del comunicado de la SRE) al tiempo que Costa Rica ha difundido un comunicado oficial titulado «Costa Rica insta a respetar el estado de derecho y reitera su compromiso por la unidad del Reino de España» en el que rechaza «los actos de violencia que se han generado en torno a las manifestaciones independentistas» (sic.): véase texto completo.
Por su parte, Perú circuló el siguiente comunicado titulado «Comunicado sobre la situación en Cataluña» el 11 de octubre, que merece ser repoducido, debido al uso de palabras particularmente fuertes usadas con relación a las autoridades de Cataluña y en razón de la ausencia de un llamado al diálogo, que los demás comunicados oficiales anteriormente citados sí incluyeron:
Comunicado Oficial 042 – 17
«Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno del Perú rechaza cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña, sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una acción abiertamente contraria a la Constitución y las leyes españolas, además de atentar contra la unidad de España y los derechos y libertades de todos los españoles. Asimismo, el planteamiento de un diálogo o mediación no constituye un derecho legítimo de Cataluña.
El Gobierno del Perú reitera su pleno respaldo al Gobierno español y reafirma una vez más su confianza en que las autoridades españolas defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda restituir el estado de derecho y preservarse la democracia y la unidad de España«.
El último comunicado oficial registrado en América Latina es el de Brasil, titulado «Eventos en España«, con fecha del 12 de octubre, el cual señala que:
«Brasil sigue con atención los últimos eventos en España, país cuya transición democrática fue y sigue siendo ejemplo para América Latina. Al reiterar los lazos de amistad y solidaridad que unen a brasileños y españoles, el Gobierno pide diálogo, en el marco de la legislación de ese país, destacando la importancia del pleno respeto a la Constitución española y al Estado Democrático de Derecho«.
A modo de conclusión: breves consideraciones en torno al reconocimiento de la calidad de Estado
Es de esperar que en estos próximos días se intensifiquen las presiones para lograr algún tipo de acercamiento, desde diversos sectores, tanto nacionales como internacionales. Desde la perspectiva más específica de la técnica jurídica del reconocimiento de la calidad de Estado por otros Estados, no se ha (aún) perfilado a ningún Estado que haya anunciado que reconocerá a Cataluña como Estado soberano. Es muy probable que dentro de la UE, ningun Estado proceda a ello.
Cuando en el mes de febrero del 2008, el parlamento regional kosovar proclamó a Kosovo como Estado independiente (sin previa consulta o referéndum a la población), el primer Estado en reconocerlo como tal fue Costa Rica.
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Texto de la declaración de independencia de Cataluña extraído de esta nota de prensa de La Vanguardia que contiene la versión en catalán.
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUNYA
Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo.
La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana.
La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los períodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de Catalunya.
Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.
Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.
El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.
El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.
Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.
La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Catalunya y la aplicación de facto del estado de excepción.
La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado español.
Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.
Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante del conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.
A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Catalunya han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.
La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El pueblo de Catalunya es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.
La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.
La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.
En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,
CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.
AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.
APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.
INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.
Los legítimos representantes del pueblo de Catalunya:
Barcelona, 10 de octubre de 2017
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
A raíz de la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante la votación acaecida en Cataluña el pasado 1ero de octubre, y la ola de repudio e indignación que causó, la tensión es máxima entre España y Cataluña.
Como se recordará, la ley adoptada por Cataluña convocando a un referéndum para el 1ero de octubre del 2017 fue adoptada el 6 de setiembre del 2017, y fue declarada ilegal por el juez constitucional español el 7 de setiembre pasado, invalidando el resultado en las urnas, cual haya sido este. Con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360 titulada «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
En medio de fuertes movilizaciones, de la escalada verbal, así como de la renuencia de las autoridades españolas y catalanas a entablar algún tipo de diálogo, expertos de Naciones Unidas, este 4 de octubre del 2017, llamaron a restablecer canales de comunicación. Se trata del tercer comunicado que emana de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en menos de una semana, un hecho que no ha llamado mayormente la atención de observadores ni analistas.
En su alocución realizada el 3 de octubre por la noche (véase texto), el Rey de España, lejos de usar palabras conciliadoras y abrir la posibilidad de un diálogo, recurrió a fuertes calificativos contra las actuaciones de las autoridades catalanas: se trata, en nuestra modesta opinión, de una oportunidad desaprovechada por una figura que, en otras épocas, fue la llamada a reunir a la sociedad española en su conjunto.
En este tercer comunicado (véase texto completo en español y en inglés al final de esta nota), se lee que para los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas: «Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político. Instamos al restablecimiento del diálogo efectivo como primer paso para calmar la situación«.
Este comunicado de Naciones Unidas fue seguido por la aprobación en España de un decreto ejecutivo, objeto de una amplia cobertura mediática, que facilita la salida de empresas cuya sede se encuentra en Cataluña (véase nota de prensa), al tiempo que el juez constitucional español ordenaba, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el próximo lunes 9 de octubre (véase nota de prensa).
Pese a diversos llamados de las autoridades de Cataluña para intentar algún tipo de mediación, las autoridades españolas se han negado a acudir a un tercero, aduciendo que la situación debe resolverse sin su intervención, en el marco del derecho constitucional español.
En su comunicado oficial, los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas hacen también ver que las autoridades de España deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El pasado 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por el uso de la fuerza de los cuerpos policiales contra los votantes durante la consulta acaecida el Domingo 1ero de octubre (véase breve nota nuestra al respecto). Anterior a ello, expertos de Naciones Unidas habían advertido a España, de cara al referéndum, sobre la necesidad de respetar algunas de sus obligaciones en un comunicado con fecha del 28 de setiembre (véase breve nota nuestra con el texto de este comunicado).
Al persistir en su negativa al diálogo (y a la intervención de un tercero para facilitarlo), España también está ignorando el llamado al diálogo hecho por la Unión Europea (UE) el mismo 1ero de octubre: véase texto integral del comunicado de la UE en el que se lee que:
«Hacemos un llamamiento a todos los actores pertinentes para que avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en política«.
Es preciso señalar que, en caso de aceptarse una mediación por parte de un Estado, esta debería provenir de uno o de varios Estados con alguna estructura federal o casi federal: en las últimas horas ha trascendido que las autoridades de Suiza están intentando establecer contactos con las autoridades españolas y catalanas (véase nota de prensa).
En el ámbito internacional, pese a haber sido llamada expresamente para mediar por parte de las mismas autoridades catalanas, la UE se ha negado a hacerlo. No se ha registrado el envío de algún emisario a España en representación de otra organización internacional. Como bien es sabido, el diálogo permite desactivar una crisis. Si las partes lo rehúyen, los buenos oficios o la mediación de un tercero es recomendada. Para lograr una mediación exitosa en un conflicto, ambas partes deben aceptarla.
El tono amenazante de confrontación que exhiben las autoridades españolas solo puede contribuir a aumentar aún más la tensión en Cataluña, con todos los riesgos que ello acarrea.
Texto del comunicado oficial de Naciones Unidas, 4 de octubre del 2017
Expertos de la ONU instan al diálogo político para desactivar tensiones en Cataluña tras referéndum
GINEBRA (4 de octubre de 2017) – Expertos de las Naciones Unidas * exhortan a un diálogo urgente después de la votación sobre la independencia de Cataluña de España y subrayan la necesidad de que se respeten plenamente los derechos humanos.
«Estamos profundamente perturbados por la erupción de violencia el domingo 1 de octubre de 2017, durante la votación que tuvo lugar en Cataluña», dijeron los expertos en un comunicado conjunto. «Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político. Instamos al restablecimiento del diálogo efectivo como primer paso para calmar la situación.
«Instamos a las autoridades españolas a respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión», añadieron los expertos.
Los expertos también pidieron que se investigue por qué cientos de personas que protestaban pacíficamente o trataban de votar y manifestar sus opiniones, al igual que algunos agentes de policía, resultaron heridas. El referéndum había sido declarado ilegal por el tribunal constitucional de España y la policía intentó detener la votación.
Annalisa Ciampi, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, subrayó que España tenía el deber de respetar y proteger el derecho de las personas a reunirse para protestas pacíficas.
«Esto requiere asegurar que todas las medidas para gestionar la protesta pública y las reuniones estén en conformidad con las obligaciones internacionales de España. Cualquier uso de la fuerza por parte de la policía debe ser necesario y proporcional «, dijo Ciampi.
Termina
*Los expertos de la ONU: Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; Sra. Leilani Farha, Relatora Especial sobre la vivienda adecuada; Sr. Aldred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Sr. José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
UN experts urge political dialogue to defuse Catalonia tensions after referendum
GENEVA (4 October 2017) – UN experts* are calling for urgent dialogue in the aftermath of the vote on Catalonia’s independence from Spain, and are stressing the need for human rights to be fully respected.
“We were deeply disturbed by the eruption of violence on Sunday, 1 October 2017, as the vote took place in Catalonia,” the experts said in a joint statement. “A way forward has to be found through political dialogue. We urge the re-establishment of effective dialogue as a first step to defusing the situation.
“We urge the Spanish authorities to fully respect fundamental human rights, including the rights to freedom of peaceful assembly and association, participation in public affairs and freedom of expression,” the experts added.
The experts also called for an investigation into why hundreds of people protesting peacefully or seeking to vote and manifest their opinions, as well as some police officers, were reportedly injured. The referendum had been declared unlawful by Spain’s constitutional court and police attempted to stop the vote.
Annalisa Ciampi, the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, stressed that Spain had a duty to respect and protect people’s right to gather for peaceful protests.
“This requires ensuring that all measures to manage public protest and assembly are in conformity with Spain’s international obligations. Any use of force by police must be both necessary and proportionate,» said Ms. Ciampi.
ENDS
*The UN experts: Ms Annalisa Ciampi, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; Ms. Leilani Farha, Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context; Mr. Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Mr. José Antonio Guevara Bermúdez, Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
UCR expone ante CIDH situación del sistema penitenciario de Costa Rica
Comunicado
La Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) participarán este 6 de noviembre en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar del sistema penal y penitenciario.
Actualmente, Costa Rica presenta uno de los índices de prisionalización más altos de la región latinoamericana: 352 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. La cifra sólo es superada por países con índices de criminalidad superiores a este Estado, como Brasil, Guatemala y Honduras. Además, el sistema penitenciario costarricense presenta un 40% de hacinamiento total generalizado, de acuerdo con su capacidad real.
Estos índices representan las consecuencias, tras décadas de utilizar el sistema punitivo de manera ajena a las regulaciones que exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la constante creación de normas para incrementar las penas; de procesos de juzgamiento expeditos, entre muchas otras causas.
A raíz de estas acciones, el sistema penitenciario costarricense está colapsado. Además, el hacinamiento carcelario ha generado condiciones de vida precarias afectando los derechos humanos de personas privadas de libertad. Particularmente, vulnera los derechos de mujeres, población LGBTI, personas indígenas, población con discapacidad, personas afrodescendientes o adultas mayores; y también ha limitado la capacidad del Estado de cumplir con la función de inserción social a la que se comprometió.
La información presentada en la audiencia corresponde, en parte, a un proyecto de Cejil financiado por a la Unión Europea, que tiene como objetivo promover la protección de los derechos humanos (DH) de las personas LGBTI privadas de libertad, contribuyendo a disminuir prácticas discriminatorias en su contra (más información).
Sobre la audiencia
La audiencia fue solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Cejil para exponer los hechos, que a su vez generan un discurso fundamentado sobre el tema, el cual será escuchado por representantes del Gobierno de Costa Rica y de la Corte Interamericana, esta última emitirá recomendaciones.
Por parte de la UCR será el profesor Dr. Manuel Rojas Salas, de la Maestría en Ciencias Penales y especialista en derecho penal, quien participará de la audiencia. Además, la delegación del Gobierno de Costa Rica será encabezada por la ministra de Justicia y Paz, María Cecilia Sánchez Romero.
Para atención a la prensa se puede coordinar en Ciudad de México con la la oficial de comunicación de Cejil, Francisca Stuardo al correo: fstuardo@cejil.orgo por vía whatsaap, previa solicitud de gestión con Gabriela Mayorga al 2511-1167 / 8912-8400
País
Costa Rica
Tema
Derechos de las personas privadas de libertad
Peticionarios
Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
Día y hora
Miércoles 06 de setiembre de 2017 / 11:30am – 12:30pm Ciudad de México / 12:30pm-13:30 pm Costa Rica
Lugar
Salón A Conferencia: Interamericana de Seguridad Social (CISS) San Ramón s/n, Col. San Jerónimo Lídice, 10200, Ciudad de México
Pionero en la defensa de los derechos humanos y promotor de la educación por el arte, Édgar Céspedes Ruiz, exdirector de la División de Educación Rural del Cide, recibió la distinción “Profesor Emérito”, otorgada por acuerdo del Consejo Universitario de la UNA, el pasado 17 de agosto en el auditorio Clodomiro Picado
Artista, educador, humanista. Por más de medio siglo, Édgar Céspedes Ruiz le ha entregado su vida a los pinceles, al aula, al ser humano. Como un reconocimiento a su trayectoria, desde el pasado 17 de agosto, don Édgar fue designado con una de las más altas distinciones del que fue su segundo hogar por casi 3tres décadas, la del emeritazgo: “este gesto lo vivo lleno de emoción. La Universidad Nacional es mi alma máter, el lugar donde me he realizado socialmente con mayor riqueza”, cuenta Céspedes.
Las autoridades universitarias advierten sus aportes a la cultura del país, como promotor de la defensa de los derechos humanos; justicia e inclusión sus banderas. Además destacan su impulso a la educación rural, en zonas indígenas particularmente, y su papel en el desarrollo académico de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Casualmente la zona rural es un espacio desde el cual ha mantenido una posición crítica: “la educación en nuestro país es excluyente, pues a menudo ignora otras realidades culturales, como las de zonas rurales. No se vale pensar sólo en cómo llevar la meseta central a las comunidades rurales desde la perspectiva educativa, lo que se vale es el intercambio de saberes, nuestras zonas rurales conservan y recrean permanentemente valores cotidianos muy importantes, que evidentemente la ciudad no solo ha perdido, sino que requiere. Entonces, ese es el aporte significativo que la zona rural puede ofrecer al proceso educativo costarricense. Desgraciadamente hemos visto el problema, por lo general, desde una sola vía”, sostiene Céspedes.
La Universidad también aplaude su vasta carrera artística que lo ha llevado a exponer sus obras en México, Nicaragua, España y Costa Rica. “Creo firmemente en el arte, el arte como instrumento de comunicación interpersonal en los procesos educativos. La educación por el arte es efectivamente una válida manera de educar”, agregó Céspedes.
Académico jubilado de la Universidad Nacional (UNA), exdirector de la División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) y exdefensor de los Estudiantes, el 22 de junio anterior, en sesión ordinaria, el Consejo Universitario, decidió otorgarle la mención de profesor emérito de la UNA.
Recientemente, en el marco de la lección inaugural del ciclo lectivo 2017, Céspedes argumentó que “solo una educación holística, relacional, ecológica y centrada en las personas que aprenden, permite caminar con acierto en el siglo XXI”.
Ante la publicación del Periódico La República, el pasado 10 de agosto del presente año, publicada en la sección digital “ultima hora” de la república.net, así como en el Periódico El Mundocr el 11 agosto y en Noticias Columbia, el sábado 12 de agosto, sobre lo expresado por el señor Otto Guevara, quien brinda declaraciones del mal uso de fondos públicos en la UNA, expresamos lo siguiente:
En atención a las declaraciones dadas por su persona (Otto Guevara) a varios medios (indicados antes), referente al Convenio específico entre la Universidad Nacional (UNA) y el Sindicato de Trabajadores de la UNA para que el 0,5% de la planilla total sean trasladadas a dicha clínica, le indico lo siguiente:
La Universidad Nacional no ha trasladado ningún dinero a la Clínica de Especialidades Médicas del Fondo de Beneficio Social, ni se han destinado fondos FEES para su financiamiento, como calumniosamente se publica a partir de sus declaraciones.
La Universidad Nacional se ha comprometido a la defensa de los derechos humanos a partir del concepto de la persona humana bajo un esquema integral. La vida universitaria debe sustentarse en la sensibilidad de derechos humanos que fortalezcan el humanismo, la solidaridad social, la equidad, la libertad y el respeto a la dignidad humana.
A consecuencia de lo anterior, la Universidad Nacional de manera responsable y bajo el principio de la autonomía universitaria promueve el desarrollo de estilos saludables y articula esfuerzos y recursos para la ejecución de programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención y promoción de la salud de la población estudiantil y laboral universitaria, con el propósito de que todos sus miembros realicen sus funciones vitales, asuman su auto cuido y su desarrollo personal social.
En relación con su argumento: “(…) El dinero sería trasladado al Fondo de Beneficio Social, destinado a la construcción y equipamiento de una clínica de especialidades médica (…)”, le indico que no hay fundamento en tal aseveración, ya que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, el que en el año 2015; siguiendo lo establecido en el artículo 152 de la IV Convención Colectiva, planteó ante la Junta Directiva del Fondo de Beneficio Social, la necesidad de invertir en la salud de los trabajadores de la UNA en procura de mejorar la atención en medicina especializada. Como se ve el SITUN y el Fondo de Beneficio Social, están habilitados para desarrollar proyectos de interés social, académico e institucional.
Por esa razón, el Sindicato de Trabajadores de la UNA le propone al Fondo de Beneficio Social, la creación de una Clínica de Especialidades Médicas. Ante dicha propuesta ambas organizaciones (Fondo-SITUN) unen esfuerzos y construyen en el año 2015 el Centro Médico, por ende la Universidad Nacional no ha destinado presupuesto para la construcción o equipamiento de la clínica.
Según su afirmación: “El Fondo estaría recibiendo una trasferencia de casi ¢500 millones anuales por los próximos cinco años”, le indico que dicha aseveración es falaz, carece de todo sustento en la realidad.
En cuanto a que “(…) dicho convenio no fue conocido por el Consejo Universitario de dicho Centro Educativo y debería ser rescindido de inmediato…”, le informo que tal argumento también carece de sustento, ya que con la implementación del nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, aprobado por la Asamblea Universitaria y comunicado en Gaceta Extraordinaria N°8-2015 del 20 de abril del 2015, no es competencia del Consejo Universitario autorizar convenios entre la Universidad Nacional e instituciones nacionales o internacionales públicas o privadas, lo anterior obedece a que se cuenta con la oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, instancia especializada y asesora en materia.
No obstante, la firma de dicho convenio implica una erogación presupuestaria, razón por la cual, mediante oficio UNA-VADM-OFIC-1082-2017, de fecha 16 de junio del 2017, suscrito por el Dr. Pedro Ureña Bonilla, Vicerrector de Administración, se remite al Consejo Universitario la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”.
A consecuencia de ello, mediante acuerdo UNA-SCU-ACUE-1361-2017, de fecha 30 de junio del 2017, se aprueba la “I Modificación Presupuestaria 2017 Sujeta a Aprobación por Parte del Consejo Universitario”, con excepción de los recursos previstos en dicha modificación para atender el convenio firmado entre la Universidad Nacional y el Fondo de Beneficio Social y el Sindicato de Trabajadores”. Actualmente el tema referente al Convenio entre la UNA y el Fondo de Beneficio Social se encuentra en la Comisión de Análisis de Temas Institucionales para el trámite correspondiente. Por lo tanto, esta Rectoría ha realizado todas sus acciones en apego al marco normativo, como lo establece la normativa interna de la universidad.
Por otra parte, el convenio en lugar de hacer un “mal uso de fondos públicos” como se cita en la nota periodística es una medida encaminada a fortalecer el acceso a la salud de calidad, así como brindar a los funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional, una atención médica accesible, oportuna, rápida y eficiente, siendo esto un derecho fundamental del cual el Estado debe ser garante.
No obstante, con las limitaciones que tiene el sistema de salud de nuestro país, la implementación de dicho convenio no solo beneficiaría a los funcionarios de la universidad sino también a los estudiantes de todos los campus universitarios de la UNA, como bien señala el Convenio de Cooperación entre la UNA-FBS-SITUN, a saber:
“10. La UNA, el FBS y e SITUN tienen especial interés en articular esfuerzos para ejecutar programas dirigidos a la prevención y promoción de la salud en áreas y temas específicos según las necesidades de la población laboral y funcionarios jubilados así como aquellos estudiantes que sean referidos por el Departamento de Salud, con el propósito de alcanzar un desarrollo integral de la calidad de vida”.
Esta alternativa favorece el descongestionamiento de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ende la iniciativa podría convertirse, si se aprueba la erogación presupuestaria, en una reforma señera que deje huella en las universidades públicas con el afán de crear universidades saludables.
Atentamente,
Dr. Alberto Salom Echeverría
Rector
Universidad Nacional
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
