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Etiqueta: derechos humanos

Honduras: denuncian amenazas, hostigamiento policial y criminalización de defensores de derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Señor Fernando Neda Castro

Oficina Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras

OACNUDH

Su Despacho.

 

Atención señora Silvia Lavagnoli

Representante Adjunta.

 

Agradecer la socialización del comunicado de prensa del grupo de expertos de la ONU, relacionado con el atentado criminal que fuera objeto nuestro compatriota defensor de los DDHH, OSMIN DAVID VALLE CASTILLO, gerente del programa del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI – SOMOS CDC, el pasado 10 de julio de 2017 cuando regresaba a su casa de habitación en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el cual condenamos y exigimos de las autoridades competentes una investigación inmediata, oportuna y exhaustiva para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales para la deducción de las responsabilidades penales y brindar protección inmediata y efectiva a la seguridad, libertades y vida del compañero defensor de los DDHH.

Lo anterior es un reflejo de la fragilidad y vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, especialmente desde que se produjera el GOLPE DE ESTADO MILITAR RELIGIOSO contra el gobierno legítimamente constituido en aquella fecha del 28 de junio del 2009, por parte de la oligarquía nacional, el Pentágono y la derecha internacional, condenado por la ONU, La CIDH, La FIDH, el PARLACEN, reconocido por la Comisión de la Verdad en su informe final, lo que ha justificado la instalación por parte de las Naciones Unidas a petición del Estado hondureño, de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, por los más de 60 mil muertes violentas ocurridas en estos años y su mandato de coadyuvar y fortalecer los procesos, programas y proyectos tanto del gobierno como de la sociedad civil para restablecer la institucionalidad democrática y el ESTADO DE DERECHO, que nos lleve a los hondureños y hondureñas como nación libre y democrática restablecer el sistema de las garantías y libertades constitucionales de la población y la ciudadanía preceptuadas en las leyes nacionales y los convenios y tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José.

Somos decenas de compatriotas dedicados a esta noble causa y labor por la que hemos sido objeto de amenazas, persecución, agresiones y hasta pérdida de la vida como el caso de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores que en algún momento en el desempeño de nuestro trabajo de defensa, protección, promoción, asesoría, acompañamiento y veeduría en materia de justicia en favor de millares de compatriotas víctimas de violaciones a los derechos humanos por actos constitutivos de abuso de autoridad y poder por parte del Estado y sus autoridades, grupos o personas con poder fáctico.

CASO O SITUACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONFLICTO SOCIAL

Actualmente están siendo criminalizados por el Estado de Honduras (10 líderes ambientalistas), miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) y pobladores vecinos del Boulevard de la Villa de San Francisco, perseguidos, amenazados y hostigados constantemente por parte de la ENEE, Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y ahora en los ÚLTIMOS 12 DÍAS desde el 25 de julio por parte de la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA de la Jefatura Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga (TEL. 2775-8261 Y 2775-9275, quien supuestamente cumpliendo órdenes superiores desde el pasado martes 25 de julio 2017, desde altas horas de la madrugada (3:00 a.m. y 4:00 a.m.) ha movilizado entre 60 y 80 efectivos policiales y militares y comandos del Escuadrón COBRAS para amedrantar, amenazar e intimidar hasta con los fusiles de asalto CERROJEADOS como el pasado viernes 04 de agosto 2017 entre las 3:40 a.m. y 5:40 a.m. (Cuándo llego con 5 patrullas al municipio y luego llegaron 7 patrullas más y un Camión Comando de COBRAS, quien al ver la reacción de los pobladores unas 200 personas que en forma pacífica se les acercaron y le dijeron, está es su responsabilidad histórica, quítenos la vida si quiere, nadie anda armas, somos una comunidad pacífica, aquí no hay criminalidad, pero es su responsabilidad por lo que pase aquí, ordeno de inmediato la retirada de todos los militares y agentes policiales). Amenazar que son constantes a los dirigentes y líderes ambientalistas y más de 400 pobladores del Municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, por oponerse a la instalación de LINEAS DE ALTA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LINEAS K Y B DE 69 MIL VOLTIOS) por el Casco Urbano de la ciudad del proyecto AMPLIACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE BIOMASA adjudicado mediante contrato de varios años a la EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES, previo al otorgamiento de una licencia ambiental No. 070-2015 en el año 2015 y resolución No. 0435-2015 por parte de la SERNA o MI AMBIENTE que preside el señor Ministro Ingeniero JOSÉ LUIS GALDAMEZ de forma irregular al no haber sido debidamente, INFORMADA, CONSULTADA Y SOCIALIZADA la misma con la población como lo establece la Ley de Municipalidades, La Ley General del Ambiente y tratados internacionales en la materia, según el informe y dictamen técnico de la Dirección de Evaluación E impacto Ambiental DECA y el SINEIA, al falsear la información y por lo cual se ha presentado una PETICIÓN mediante escrito formal por parte de los habitantes ante la SERNA o MI AMIENTE, el pasado 07 de mayo de 2017, para la revisión, suspensión y cancelación de dicha licencia ambiental y el día de ayer lunes 07 de agosto 2017, se ha formalizado denuncia ante la Misión Internacional de Apoyo al combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH, por considerarse se cometieron supuestos actos de corrupción en la tramitación y otorgamiento de la licencia ambiental y los contratos de suministro de energía eléctrica con la SERNA y la ENEE No. 066-2014, sin que se haya aprobado la licencia respectiva, la cual fue recepcionada con la documentación respectiva.

Los pobladores y la misma Corporación Municipal como autoridad máxima del municipio, estiman que dicho proyecto es de interés nacional y de gran utilidad para el país, pero su oposición es al tránsito de las líneas o cables de alta transmisión por el casco urbano de la ciudad por temor de los daños que en materia de salud ambiental, especialmente la generación de LEUCEMIA INFANTIL y cáncer en las personas mayores y posibles accidentes por ser una zona altamente poblada de conformidad con estudios y estándares internacionales en la materia sobre los efectos del campo electromagnético o radiación electromagnética.

CRIMINALIZACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE POR PARTE DE LA ENEE, FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS COMUNES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO INSTITUCIÓN REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS. EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 119-2017 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, PRESENTADO EL 27 DE ABRIL DE 2017. JUEZ, ABOGADO OSIAS JUAREZ.

IMPUTADOS

1.-JOSÉ JORGE AGUILAR PONCE, IDENTIDAD 0827-1970-00058 cel.9726-6139

2.- JAIRO RAÚL PONCE TRUJILLO, IDENTIDAD 0827-1985-00072

3.-PEDRO CECILIO PONCE GARCIA, IDENTID 0826-1953-00083 C.3231-9345

4.- RODOLFO QUEZADA BENGTSON, IDENTIDAD 0827-1954-00081

5.- SAMIR RODIL DURON VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1965-00009

6.- LUIS ALBERTO CHACON REYES, IDENTIDAD 0708-1977-00315

7.- CARLOS HUMBERTO MURILLO PONCE, IDENTIDAD 0827-1982-00229

8.- CONCHA MARIA ELVIR VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1964-00002

9.- SONIA MARÍA QUEZADA ROSA, IDENTIDAD 0827-1981-00159

10.- SANTOS ESTER VELÁSQUEZ, IDENTIDAD 0827-1988-00205

Todos mayores de edad, casados unos y solteros otros, vecinos del municipio de la Villa de San Francisco.

DELITOS IMPUTADOS: USURPACIÓN EN PERJUICIO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), POR REQUERIMIENTO FISCAL, EL CUAL LUEGO DE UNA PRESENTACIÓN VOLUNTARIA DE LOS IMPUTADOS Y DECRETADAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS A SU FAVOR, EN LA AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017, DE LAS 11:00 A.M. A LAS 5:30 P.M. LES FUE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, POR LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y MEDIOS DE PRUEBA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS ACUSADORES, QUIENES SE HAN IDO EN APELACIÓN ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, PARA EFECTO QUE LES REVOQUEN EL SOBRESEIMIENTO Y EL JUZGADO LES DECRETE AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE USURPACIÓN ARTÍCULOS 227 Y 231 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE.

 

Abogados de la ENEE

Abogada Zulema Duarte, cel. 3379-4919

Abogada Norma Núñez, cel. 8916-7515

 

APODERADAS LEGALES EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Abogada Smirna Ivette García Medina, casada, colegiación No. 13,599, oficinas Col. Palmira, calle República de Venezuela No. 2156, Tel. 3284-8419, 2238-5242 Telefax 2238-1026. Email: smirmg@yahoo.es

Abogada Aixa Gabriela Zelaya Gómez, casada, colegiación No. 14869, teléfono 3389-2550. Email: aixagzg@gmail.com

Abogada Fany Martínez

 

ABOGADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Abogado Milton Noel Paz Pineda, Coordinador Fiscalía de Talanga, cel. 9454-2920 Fijo: 2775-7486

Abogada Wendy Xiomara Murillo, colegiación No. 12480 del Colegio de Abogados.

Abogada Karen Motiño, de Fiscalía Delitos Comunes

 

DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)

Inspectora de Policía Fany Barahona, Jefa de la DPI de la ciudad de Talanga. Cel. 9461-0114, tel. 2775-9275.

 

JEFATURA DEPARTAMENTAL No. 8 CIUDAD DE TALANGA

Sub Comisionado de Policía Don JOAQUIN FLORES MARADIAGA. Tel. 2275-8261

 

DENUNCIAS PREVIAS CONTRA LOS DEFENSORES DE DDHH AMBIENTALISTAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

1.- MP-104-2017, Fiscalía de Talanga.

2.- MP -1487880502-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

3.- MP- 1489414418-2017, Fiscalía de Delitos Comunes

Todas incoadas por las apoderadas legales de la ENEE, abogadas Zulema Duarte y Norma Núñez por órdenes del señor Gerente General de la ENEE ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, resolviendo en Auto Motivado la ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, por la sección de instrucción por medio de la Fiscal Jefa, Sección de Instrucción Fiscalía Especial de Delitos Comunes Abogada Wendy Xiomara Murillo.

El Ministerio Público no obstante que en reunión previa con el abogado Milton Noel Paz Pineda en su sede fiscal de la ciudad de Talanga, se les presento un escrito junto con la documentación respectiva, para coadyuvar en el proceso de investigación y que tuvieran una actuación objetiva e imparcial en representación de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD (es decir garantizar el derecho a la salud de la población de la Villa de San Francisco, así como el derecho a ser informados, consultados y tomados en cuanta para cualquier proyecto de desarrollo, económico, turístico o comercial que les pueda afectar en su ámbito o espacio territorial) como se los manda el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público, hicieron caso omiso y consideramos que por las presiones e influencias posiblemente de la gerencia de la ENEE, su Gerente Jesús Arturo Mejía Arita, el propio gobierno de la República y la empresa Azucarera Tres Valles, optaron por criminalizar a los defensores ambientalistas con la finalidad de intimidarlos, dividirlos y amedrentarlos en su justa lucha por defender su ambiente y la salud de la población. Por lo que a nuestro criterio como Procurador de los Derechos Humanos, considero se ha producido una colusión entre entidades públicas del Estado para criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras del ambiente.

DENUNCIA EN LA FISCALÍA DEL AMBIENTE POR PARTE DE CAPIRHO Y POBLADORES VILLA DE SAN FRANCISCO No. 1487195560-2017

Presentada por el Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, presidente Comité Ambientalista Independiente CAPIRHO y el señor Pedro Cecilio Ponce García coordinador de los vecinos del Boulevard la Villa de San Francisco, por los delitos de DAÑOS AL AMBIENTE por el corte ilegal de centenares de árboles maderables por parte de la empresa concesionaria del proyecto eléctrico AZUCARERA TRES VALLES, actualmente en proceso de investigación fiscal.

No. 1487195560- 2017 del 15 de febrero de 2017. Fiscal Titular abogada Lorena Fernández Meza. Teléfonos 2221-3099, 2221-5620 extensión 2217. Email: gmrodriguez64@gmail.com Secretaria Gloria Rodríguez.

 

ACTORES PRIVADOS INVOLUCRADOS

1.- EMPRESA AZUCARERA TRES VALLES

Ingeniero Walter Kenneth Reyes Alvarado, Gerente General. Emailwreyes@tresvalles.hn

Licenciado Leonardo Ulloa, Administrador

Gavin Alvarado, CATV. Email galvarado@tresvalles.hn

Ingeniero José Antonio Reyes Guillen, gerente de Industria. Emailjareyes@tresvalles.hn

Wilson Henríquez M. email whenriquez@tresvalles.hn

Teléfonos de contacto. 2766-3354, 2766-3381, fax 2766-3356.

 

2.- EMPRESA CONSTRUCTORA ENERCOM

Ingeniero Carlos Suazo, gerente general

Ingeniero Arnold Meza Gerente Tegucigalpa

Ingeniero H. Raúl Enamorado, supervisor de instalaciones eléctricas

Licenciado Carlos Hernández, Auditor

Ingeniero Francisco Casco, supervisor civil

Ingeniera Laura Flores, supervisora de ambiente

Ingeniero Emilio Alfaro, supervisor de proyectos

Ingeniera Eloísa Guillen, supervisora civil

Nelson Isaías Méndez Padilla, empleado, identidad 1501-1982-00504

Henry Francisco Sauceda, empleado, identidad 0801-1975-20790

Dirección: Col. Arenales- Satélite, salida hacia la Lima, local #2, San Pedro Sula. Tel. 2559-1277, 2559-1257, 2559-1289

Tegucigalpa, Centro Comercial Los Próceres. Tel. 2280-2929, fax 2280-2930.

 

3.- Notario

Abogado José Eliodoro Zamora Flores, colegiación No. 2627, execuátur No. 1624, oficnas colonia Loma Linda Norte, intersección avenida Vernon y avenida Huri-FAO, casa No. 2643.

 

4.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco, ingeniero agrónomo JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA, testigo

 

5.- ENEE

Ingeniero Jesús Arturo Mejía Arita, gerente general

Señor Carlos Roberto Ballesteros Vallecillo, testigo

 

SERNA O MI AMBIENTE

Ingeniero José Antonio Galdámez Fuentes, Secretario de Estado en los Despachos de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas.

 

Como es de su conocimiento señora Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el pasado martes 01 de agosto solicitamos a la Vice Ministra de Derechos Humanos Abogada Norma Cerrato, la mediación del gobierno central de la República para prevenir una represión policial militar contra los habitantes de este término municipal de la Villa de San Francisco, por estar siendo hostigados, amenazados y perseguidos durante 12 días consecutivos por la Policía Nacional de Honduras al mando del Sub Comisionado de Policía JOAQUIN FLORES MARADIAGA en cumplimiento de supuestas órdenes superiores, sin acreditar ninguna orden por escrito o una orden de carácter judicial, en virtud que otras autoridades competentes del Estado de Honduras ya están conociendo del asunto. En ese sentido la señora Vice Ministra de DDHH autorizo a la Licenciada Kenia Irías Directora General de la Dirección General de Análisis, Mediación y Resolución de Conflictos dependiente de dicha Secretaría de Estado, realizar una investigación, instruir las medidas de prevención del caso ante las autoridades y jefes policiales, funcionaria que el día de ayer lunes 07 de agosto constituyo una Comisión integrada por el Abogado Roberto López y la abogada Escalante para personarse ante la Delegación Departamental No. 8 de la ciudad de Talanga, la comunidad de la Villa de San Francisco y las demás autoridades municipales y estatales para iniciar un proceso de mediación y resolución de este conflicto social comunitario que amenaza con vulnerar los derechos y libertades fundamentales de los defensores y defensoras de derechos humanos del ambiente y los recursos naturales de este término municipal y a quienes ya el pasado mes de febrero de 2017 el CONADEH les decreto medidas de seguridad por parte de la misma policía nacional.

De conformidad con la misma Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 55 y 56 El Estado de Honduras se ha obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos en el ámbito de su jurisdicción, ya sea por medio de medidas conjuntas o separadas en cooperación con la ONU, así como los deberes y obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana (CADH) en sus artículos 1 y 2 sobre las obligaciones generales de respetar y garantizar estos derechos fundamentales que están obligadas a observar todas las autoridades competentes.

Si el gobierno de la República es su voluntad política de promover y desarrollar una cultura y Estado de Derecho al interno del Estado y la sociedad hondureña, debería de iniciar una política integral de prevención de todo abuso de autoridad por parte de los entes competentes, garantizando de forma efectiva el trabajo de los y las defensoras de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la constitución, las leyes y tratados internacionales.

En ese sentido solicito a la OACNUDH, demandar de forma urgente del gobierno de la República que preside el abogado Juan Orlando Hernández el cese de todo ACTO DE REPRESIÓN, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN por parte de las autoridades policiales y militares en contra de los pobladores habitantes de la Villa de San Francisco y los miembros directivos del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO) en su legitima lucha de defensa del medio ambiente y la salud de la población infantil y adulta garantizados por el artículo 145 y 326 constitucional y otras leyes de carácter general como La Ley General del Medio ambiente y la Ley de Municipalidades vigentes en el marco de la implementación de este proyecto “Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa y la Red de Conexión al Sistema de Distribución, por considerar que les afectará en sus derechos y salud al pasar las líneas del cableado de alta tensión (69 mil voltios) por el casco urbano y centro poblado de la ciudad, del cual ya hay referencias locales que por estar instalado ilegalmente otro proyecto de esta misma compañía Azucarera Tres Valles sin la respectiva licencia ambiental de supuestos 34 mil voltios que pasan por el mismo boulevard para su uso privado, ya hay unas 12 personas afectadas con CANCER y sin posibilidad de tratamiento especializado alguno.

 

Tegucigalpa, MDC 08 de agosto de 2017.

 

LEONEL CASCO GUTIÉRREZ

Procurador de los Derechos Humanos

Director General APRODEH

Cel. 9892-6935/8764-7649

Email. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com y aprodeh.hn@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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FRENAPI: a siete años del desalojo violento en la Asamblea Legislativa de un grupo de líderes indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

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El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) conmemoró el Sétimo Aniversario del Desalojo Violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de líderes indígenas. FRENAPI es una organización indígena integrada por indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran en el país, cuentan con el apoyo de organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos, iglesias, universidades, asociaciones, personas independientes, de Derechos Humanos, entre otras.

En agosto del 2010 en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, compañeras (os) de diferentes pueblos del país realizamos una actividad en la Asamblea legislativa para demandar una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Ley de Desarrollo Autónomo los Pueblos Indígenas # 14.352, la cual garantiza que muchos de nuestros derechos se respeten, establece los mecanismos de relación entre nuestros Pueblos y el Estado y los particulares, todo dentro del marco de nuestra Constitución Política y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue el desalojo violento con un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.

En ese momento expresamos “Somos los habitantes originarios de esta Madre Tierra, nuestros derechos ancestrales y milenarios, de antes que llegara la conquista, están siendo usurpados e irrespetados, ni siquiera se respeta el Convenio #169 de la OIT, que está ratificado por el Estado Costarricense”.

Lastimosamente, siete años después de estos hechos y dos décadas de que este proyecto de Ley este en discusión en la Asamblea legislativa, no ha sido aprobado, y las amenazas han crecido, como presión de los invasores no indígenas ilegales por nuestras tierras, casas quemadas, mujeres golpeadas, hombres baleados, macheteados, enjuiciados y encarcelados, sin sentencia alguna, además de amenazas de proyectos como REDD+, hidroeléctricas, entre otras.

No olvidamos este lamentable hecho de racismo y desprecio para con una de las raíces de la sociedad costarricense. A partir de este hecho, la asamblea de FRENAPI decidió regresar a sus comunidades a construir la Autonomía recuperando sus territorios y otros derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Para mayor información comunicarse al teléfono 2223-4472 ó al correo serpajcostarica@gmail.com

 

Enviado por Coecoceiba.

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Marcha por la Paz y la No Violencia en preparación en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Marcha por la Paz y la No Violencia en preparacion en Centroamerica2
Marcha Mundial por la Paz y la No violencia enero 2010 (Imagen de Pressenza archivos).

En los días 14 y 15 de septiembre próximos, en las ciudades de San José y Heredia, en las instalaciones de las Universidades de Costa Rica y Nacional Autónoma, se realizará el Encuentro Centroamericano de Paz y No Violencia, consistente en dos actividades básicas, impulsadas por Mundo sin Guerras y sin Violencia, capítulo Centroamérica: la Marcha Centroamericana por la Paz y la No Violencia y el Foro “Visibilizando la No violencia y la Paz”. Este Encuentro se organizará en el marco de la ejecución de la II Marcha Mundial por la Paz y No violencia, que tendrá lugar en el año 2019.

La Marcha Centroamericana por la Paz y la No violencia, reunirá a marchantes, académicos, estudiantes, gente de organizaciones sociales, organizaciones humanistas, voluntarios y voluntarias, municipalidades y miembros de Gobiernos de la región de Centroamérica; en San José de Costa Rica, luego de viajar en autobuses desde Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y desde el sur en Panamá.

Una vez en San José, se realizará un Encuentro y un Foro titulado “Visibilizando la No violencia y la Paz”, que reunirá a los marchantes centroamericanos y los costarricenses, con académicos, pensadores, humanistas, líderes sociales y voluntarios y voluntarias, para intercambiar, pensar y proponer nuevas formas de reconocer y visibilizar la No violencia como metodología de transformación social e individual, en esta difícil y violenta época para la población y los individuos en la región centroamericana.

Actualmente el equipo organizador se encuentra preparando los asuntos logísticos que faciliten la actividad.

Marcha por la Paz y la No Violencia en preparacion en Centroamerica

Fuente de información: www.pressenza.com

Enviado por José Rafael Quesada.

María Elena Fournier: nuestra protesta ante los organizadores del Foro de Protesta Social

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Desde la lucha contra el Combo ICE se hicieron evidentes desacuerdos entre ecologistas, que se han ensanchado abismal e irreconciliablemente a raíz de los proyectos de ley sobre la gestión del recurso hídrico, promovidos casi todos por el Banco Mundial y su agencia privatizadora del agua, la Global Water Partnership (GWP).

Recientemente el foro «Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica», organizado en la Universidad de Costa Rica, desató las protestas de un sector ambientalista, debido a que el Foro ofrecía como comentarista a la señora Eva Carazo, quien con su actuación, negando espacios de participación ciudadana, mereció la fuerte crítica de ese sector, para quien el mensaje es claro: “prohibido pensar diferente”. No hay tolerancia, se irrespetan los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de los que piensan distinto y esto está muy cerca al neofascismo… ¿neofascismo académico?… ¡peligro!

Dos veces al mes, Eva Carazo y Ciska Raventós, dirigen el programa Desayunos de la Radio Universidad de Costa Rica, que se nutre con los fondos del pueblo de Costa Rica, desde donde ignoraron la solicitud de respuesta, febrero 2015, solicitada por un grupo de ecologistas que mantienen una posición crítica sobre la promulgación de una nueva Ley de Aguas impulsada por el Banco Mundial. En ese programa radial, se había dado a conocer la posición de la Presidenta Ejecutiva del AyA Yamileth Astorga y CEDARENA, pero no se permitió que se presentaran argumentos contra del proyecto de ley de aguas por los grupos opositores, entre los que destacan CONCEVERDE, el Colectivo Agua es Vida y No Mercancía, la Asociación Conservacionista Yiski, el Comité Ambiental de Miramar, entre otros. Tampoco abrieron espacios a distintas personas como el Lic. José Fco. Alfaro, la abogada Leda Méndez, la educadora y diputada Ligia Fallas, la empresaria Flora Fernández, la extensionista María Elena Fournier, el biólogo Freddy Pacheco y la forestal Sonia Torres.

Algo similar ocurrió en el programa de televisión Era Verde, donde su directora Laura Chinchilla, solo luego de reiterados reclamos, abrió espacio a dos participantes del sector crítico de la nueva ley de aguas. Sin embargo, al mejor estilo de los medios de comunicación privada, con un guión impuesto… ¡así no se vale!

Se pone en evidencia la doble moral de las personas encargadas de programas radiales y televisivos universitarios, convertidas en “terratenientes” de medios de comunicación públicos, violentando derechos de algunos movimientos o colectivos ambientalistas porque no se coinciden en las posiciones. Se utilizan esos medios como vitrinas, escaparates y “tarimas” electoreras, para mantenerse vigentes, con la mirada fija en la Asamblea Legislativa.

De manera que la criminalización de la protesta social, trasciende los garrotes, golpes, detenciones y juicios contra la gente que protesta, ya que en su concepción más amplia, se reconoce la criminalización también como la negación de los espacios de participación en radioemisoras, televisoras, foros, talleres, reuniones, consultas y cualquier espacio donde se confronten ideas distintas en el marco del respeto mutuo.

A raíz de estas violaciones, en procura de la construcción de Universidades inclusivas, respetuosas de procesos democráticos, transparentes, donde priven la libertad de expresión y la libertad de información, proponemos que tanto en la Radio como la T.V. de la Universidad de Costa Rica y cualquier otra, se permita el manejo de espacios, una o dos veces al mes, del otro sector ambiental de este país, actualmente ignorado e irrespetado por quienes ostentan el poder mediático financiado con recursos del pueblo de Costa Rica.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net

Enviado a SURCOS por la autora.

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UCR: el Derecho de pueblos indígenas a sus recursos es un debate inconcluso en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Orlando Aguirre,

Periodista Posgrado en Derecho, UCR

22/06/2013, Gira Alto de Comte y Progreso
Costa Rica presenta una amplia población indígena. Actualmente un 7% del territorio nacional es de su ocupación. Gira Alto de Comte y Progreso, 2013. Crédito Dennis Castro ODI-UCR.

A pesar de los avances en materia de derechos humanos, la discusión sobre el tema de los pueblos indígenas y sus derechos como individuos dentro del sistema jurídico costarricense, continúa hasta hoy en día. El profesor en Derecho de la Universidad de Costa Rica, Rubén Chacón Castro, en su la charla: «El Derecho de los pueblos indígenas a sus recursos: alcances y limitaciones» expuso de forma clara el de este tema.

Haciendo un repaso histórico, el profesor Chacón cita el inicio del debate indígena desde la época de la colonia. El primer reconocimiento como personas dentro de un sistema ocurrió precisamente en ese momento. Para la corona, lo importante era sacar la mayor cantidad de recursos del nuevo continente. En orden de que los indios pudiesen tributar, se les otorgó ese reconocimiento como individuos. A partir de ahí, se dio una asimilación de su cultura a la sociedad, obligándolos a adoptar el sistema dominante.

Para el año 1921, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó a abordar la situación de los denominados “trabajadores aborígenes” en las colonias europeas. Era evidente la importancia de contar con una protección especial en los casos en que se veían expulsados de sus dominios ancestrales, convirtiéndose en trabajadores temporeros, migrantes, serviles o domésticos. De esta lucha nació en el año de 1930, el Convenio sobre el Trabajo Forzoso. Todo esto fue el preámbulo para el Convenio No.107 de 1957, en donde se deja en claro el derecho de esta población al trabajo, posesión de las tierras, educación entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo humano.

Costa Rica presenta una amplia población indígena. Actualmente un 7% del territorio nacional es de su ocupación. De ahí la importancia del Estado de establecer una relación clara con este grupo. Para entender un poco esta situación, es necesario remitirse al Convenio 167 de la OIT el cual ratifica el principio de autonomía indígena. En su artículo 7 se les otorga el derecho a decidir sus prioridades como grupo social, a controlar sus tierras, además de su desarrollo económico y cultural. Este artículo adquirió relevancia gracias a resoluciones de la Corte Internacional de los Derechos Humanos que reconocen esos derechos patrimoniales, haciendo que el concepto de territorialidad se expanda.

UCR el Derecho de pueblos indigenas a sus recursos2
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Ruben Chacón Castro, su trabajo se especializa en asuntos indígenas.

Conflicto de intereses

El profesor Chacón, señaló con preocupación el conflicto actual entre entidades gubernamentales, privadas y grupos indígenas en relación con el uso de los recursos naturales. Si bien se han establecido convenios y declaratorias, la práctica de muchas de ellas es algo diferente. La cantidad de propuestas por parte de grupos empresariales para desarrollar proyectos en zonas de ocupación es grande, y la consulta es el único mecanismo existente para que los indígenas planteen modificaciones, consientan o bien rechacen dichas propuestas. Esto más un sinnúmero de presiones han generado una gran rivalidad debido a un interés de irrespetar el principio de que toda riqueza natural debe ser tratada bajo el concepto establecido de autonomía indígena.

A pesar de los derechos previamente establecidos, los sistemas manifiestan su posición de no involucrase con claridad en resoluciones sobre el uso de recursos como el agua. La situación ha creado una serie de reclamos por parte aquellos que protegen el uso de los recursos frente a al interés de transnacionales por explotar recursos de potencialidad económica.

En los últimos años se ha incrementado la discusión sobre ratificar los derechos indígenas. A pesar de las conquistas obtenidas en esta materia, en el tema de los derechos quedan muchas asignaturas pendientes. Hay jurisprudencia y leyes, más la falta de una posición clara en momentos claves enturbia el panorama de un área con criterios encontrados y donde para algunos el debate sobre los alcances de las leyes de protección a los recursos indígenas continúa.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Tortura Nunca Más: Nuestra solidaridad con las y los sobrevivientes

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El pasado 26 de junio el mundo conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura día que fue establecido por la Naciones Unidas en 1997.

“Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes”.

“La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia”.

“La práctica sistemática y generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad”.

Por lo anterior, quienes firmamos esta declaración:

1 – Reiteramos que las miles y miles de personas que fueron torturadas por las dictaduras y que continúan siéndolo deben contar con el apoyo de los Estados para su recuperación psicológica y física y deben recibir las medidas de reparación acordes a lo que establece las mismas Naciones Unidas. Una de ellas, es tener “garantías de no repetición”.

2 – Reiteramos que en toda América Latina y también en los Estados Unidos se debe poner fin a la práctica de la tortura que siguen cometiendo agentes del estado y que muchas veces termina en ejecuciones y desaparición forzada de personas.

3 – Reiteramos que se debe poner fin a la impunidad que siguen gozando los agentes del estado que han cometido torturas, ejecuciones y desaparecimiento forzado de personas.

4 – Reiteramos que se debe poner fin al entrenamiento, de policías y militares de América Latina, en la nueva “Escuela de las Américas”, hoy llamada Instituto de Cooperación y Seguridad de Hemisferio Occidental (WHINSEC en inglés): entrenamiento que es dado en los mismos EEUU o por los Equipos Móviles (Mobile Training Team) que van a los propios países, como de otras instituciones militares y policiales estadounidenses, que siguen promoviendo el uso de la violencia y la represión para la defensa de la “seguridad nacional”.

5 – Llamamos a los Estados, incluyendo a los Estados Unidos, a poner fin a la tortura, a la criminalización de la protesta social; fin a la represión que sufren estudiantes, comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, movimientos de derechos humanos, contra el extractivismo y los megaproyectos; todos quienes luchan legítimamente por la defensa de sus derechos y de la misma naturaleza.

6 – Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad con todas las y los sobrevivientes del flagelo de la tortura que hasta el día de hoy luchan por superar las consecuencias traumáticas que representó la tortura en sus vidas.

Asociación Americana de Juristas (AAJ)

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Chile

Alianza por la Justicia Global, EEUU

Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile

Casa del Caribe, Barahona, Rep. Dominicana

Comisión Ética Contra la Tortura, Chile

Comisión de Observadores DDHH de Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile

Centro de Amigos por la Paz, Costa Rica

Amigos Cuáqueros de San José, Costa Rica.

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)

Fundación Derechos Humanos Centroamérica (FUNDEHUCA)

Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad-Costa Rica (LIMPAL-Costa Rica)

Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Costa Rica (JPIC/CLARET/CR)

Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica (SERPAJ – Costa Rica)

Centro de Intercambio y Solidaridad – CIS- El Salvador

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité Oscar Romero SICSAL Chile

Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile

Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares, Chile

Jubileo Sur/Américas

SERPAJ Argentina

SERPAJ Chile

SERPAJ México

SERPAJ Uruguay

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina – SICSAL

SOAWatch – Costa Rica

Code Pink – Costa Rica

SOAWatch – San Francisco

BALASC (Bay Area Latin America Solidarity Coalition)

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – M4

Movimiento Generación 80 (G80)

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAWatch

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), México

Alerta Temprana Red: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Zihuame

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

Alicia Lira, Presidenta AFEP, Chile

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo, Paraguay

María Stella Cáceres, Directora del Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos, Paraguay

Juana Aguilera, presidenta Comisión Ética Contra la Tortura, Chile

Roy Bourgeois, Fundador de SOAWatch

Ramon Corvalan, SERPAJPY

Marta Almada, SERPAJPY

Vidal Acevedo,SERPAJPY

Cristina Coronel, SERPAJPY

Ana Esther Ceceña, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), México

Ana Avilés, activista SOAWatch, El Salvador

Graciela Rosenblum, presidenta Liga Argentina por los Derechos.del Hombre

Jose Schulman, Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Myriam Parada Avila – Directora Fundación Escuela de Paz Colombia – Colombia

Hervi Lara, Presidente del Directorio del Centro HELMUT FRENZ de Educación en DDHH

Judith Kelly, ex prisionera de conciencia de EEUU

Gustavo Castro Soto, Otros Mundos AC/Chiapas, México

Pablo Ruiz, periodista, sobreviviente de la tortura

Padre Joseph Mulligan, SJ, de las Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua

Sergio Grez Toso, Historiador, académico de la Universidad de Chile. Ex preso político 1975 (Villa Grimaldi, 4 Álamos, 3 Álamos y Puchuncaví)

Cecilia Bottai Monreal, odontóloga, sobreviviente de la tortura, Chile

Patricio Bustos Streeter, médico, sobreviviente de la tortura, Chile

Irene Cambias, integrante de Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo y Red Laical

Julio Yao, Analista Internacional y ex asesor de Política Exterior, Panamá

Maria Ines Urrutia Fischer, religiosa, Chile

Cecilia González, Comisión Funa, Chile

Luisa Toledo Sepúlveda y Manuel Vergara Meza, Chile

  1. Julin Acosta, Rep. Dominicana

Arnaldo Pérez Guerra, Historiador y Periodista, Chile

 

SI NO HAS FIRMADO PUEDES HACERLO EN:

https://www.change.org/p/gobiernos-tortura-nunca-m%C3%A1s-nuestra-solidaridad-con-las-y-los-sobrevivientes

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.indh.cl

Enviado por Centro Amigos Paz.

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UCR: La protesta social es un derecho humano

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • En Foro Institucional 2017 se analizan casos de protesta en defensa de derechos ambientales

 

Patricia Blanco Picado,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

La protesta social es un derecho humano UCR
La protesta social, y en particular la protesta socioambiental en Costa Rica, fue tema de análisis por parte de dos académicos de la UCR y una activista social en el Foro Institucional 2017 dedicado a la libertad de expresión, comunicación y democracia (foto archivo ODI).

La protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años el Estado costarricense ha puesto en práctica herramientas legales con la finalidad de inhibir estas manifestaciones y llevar al plano judicial estos conflictos.

«Algunos sectores, que tienen coptado al Estado, buscan intimidar, inhibir o ejercer algún tipo de presión psicológica sobre personas que en algún momento de su vida participan en una protesta social en Costa Rica», expresó el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Boeglin y el Dr. Jorge Lobo Segura, docente de la Escuela de Biología de esta misma universidad, participaron con expositores en la mesa redonda «Protesta social como manifestación de la libertad de expresión», actividad organizada como parte del Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia.

Los académicos han brindado acompañamiento técnico a organizaciones comunales en varias protestas ambientales y, por tanto, hablaron desde su experiencia personal.

La protesta social es un derecho humano UCR2
«Tenemos aún medios de justicia para la resolución de confictos socioambientales», aseguró el Dr. Jorge Lobo Segura, profesor de la Escuela de Biología y uno de los expositores en el Foro (foto Laura Rodríguez).

«Los procesos de protesta socioambiental en nuestro país han sido una forma concreta de expresión de insatisfacción y de reclamo de derechos ambientales de la población y de la naturaleza, como resultado de la preponderancia de los intereses privados sobre lo social y lo natural», aseguró Lobo.

La protesta en el campo ambiental ha aumentado en la última década según cifras del Informe Estado de la Nación y se expresa mediante campañas en contra de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas, urbanísticos, reformas legales, la defensa del algua y temas relacionados con la región marítimo-costera.

Lobo y Boeglin coincidieron en que la criminalización de la protesta social es un hecho en Costa Rica, ya que a quienes participan en estos movimientos se les trata como delincuentes. Mencionaron varios casos recientes, entre ellos el juicio penal en el que fueron absueltos en abril pasado cinco estudiantes y un profesor de la UCR por participar en el 2012 en una marcha en defensa de la seguridad social.

Los expositores plantearon además que las manifestaciones de inconformidad social no tienen cabida en los medios de comunicación masivos y son solo tomadas en cuenta cuando adquieren gran envergadura, incidencia politica o se convierten en conflictos violentos. «Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir atención en los medios», detalló Lobo, sobre todo cuando los movimientos sociales son incipientes.

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El Dr, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, alertó sobre el uso de técnicas legales y mecanismos sutiles para inhibir el derecho a la protesta social y mandar una señal calra al movimiento ambientalista (foto Laura Rodríguez).

Para el biólogo, la ausencia de medios comunitarios o de prensa con alcance local «es una gravísima omisión de nuestro sistema de comunicación».

Por su parte, Boeglin explicó que en Costa Rica se ha empezado a relacionar el derecho penal y la protesta social, lo que es muy peligroso y preocupante, ya que este tipo de derecho está pensado para sancionar conductas y lograr que las sanciones sea ejemplarizantes.

«El derecho penal en ningún momento tiene que empezar a acercarse de esa manera a la protesta social. La protesta social no es más ni menos que un ejercicio legítimo en la defensa de intereses colectivos, muchos de ellos reconocidos por la institucionalidad costarricense y en una gran cantidad de leyes», afirmó el jurista.

Boeglin y Lobo mencionaron la experiencia vivida ante la demanda por injurias, calumnias y difamación interpuesta en su contra por la empresa minera canadiense Infinito Gold, que pretendía desarrollar el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.

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Eva Carazo, integrante de varios colectivos sociales y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, enfatizó que las universidades públicas tienen una responsabilidad directa con las comunidades, que requieren el acompañamiento técnico y legal ante la judialización de las protestas sociales (foto Laura Rodríguez).

«Muchos de los que participan en estas marchas -expresó Boeglin- tienen la Constitución en la mano y no entienden que un Estado haga el juego a ciertos sectores e intente sostener lo insostenible, como lo vimos en el proyecto Crucitas, donde vimos a un Gobierno actuar como vocero de una empresa canadiense».

«Eso es algo nunca visto y es profundamente indignante para quienes entendemos un poquito cómo funciona el aparato estatal costarricense», aseguró el profesor universitario.

«Estas experiencias me han mostrado lo importante del proceso de investigación, el trabajo de gabinete, el respaldo a los reclamos con argumentos científicos, técnicos o legales y la importancia de la búsqueda de caminos legales y administrativos como parte de los procesos de protesta socioambiental que ocurren a diario en nuestro país», manifestó Lobo.

La protesta para cuestionar

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Las sesiones del Foro Institucional 2017 se realizan los miércoles 8 a.m. a 12 m. en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR. Las próximas sesiones son el 21 y el 28 de junio (foto Laura Rodríguez).

La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación deben constituirse en reivindicaciones de los movimientos sociales, opinó la activista, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y psicóloga, Eva Carazo, quien participó en la mesa como comentarista.

Carazo reafirmó la importancia de la protesta social como procesos de defensa de derechos e hizo un llamado a cuestionarse «qué le dice la protesta a nuestra sociedad sobre el tipo de modelo depredador y de relaciones y procedimientos que tenemos disponibles para tomar decisiones y resolver los conflictos».

Indicó además que estas manifestaciones colectivas forman parte de la cotidianidad de mucha gente en nuestra sociedad y son aspectos esenciales de su supervivencia. Sin embargo, señaló, no forman parte del mundo que los medios de comunicación presentan: «llegan a los medios hegemónicos solamente como conflictos o aparecen como la nota roja o con un abordaje superficial».

Finalmente, Carazo dijo que en vez de mirar la protesta social como una amenaza, se debería analizar cómo los movimientos sociales han presionado por cambios institucionales necesarios, porque las leyes y el Estado no han funcionado en la protección de los derechos ciudadanos.

Estos temas se aboran en el Primer Foro institucional del 2017 que trabaja el tema «Libertad de expresión, comunicación y democracia». Las actividades del foro se realizan los días 6, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2017, Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Video Cuarta Mesa Redonda:

https://youtu.be/7f7AzEXw5b0

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

 

Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que:

«El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física» (p. 24).

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, quiénes son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que la de sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas y demás entidades sociales.

En Costa Rica, con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento).

El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto

De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Álvaro Sagot titulado «¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?» mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).

Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinoamericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza).

Criminalizacion de la protesta social el caso de Costa Rica
Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado «Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio».

Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades

En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dio lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó «los que buscan camorra» (véase nota de La Nación).

En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a «ayudarla a luchar» contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los «malos costarricenses» opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada «trocha fronteriza»: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas ) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Álvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).

En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, muchas e interesantes coincidencias se dieron: por ejemplo, el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Constitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado «La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales» suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18.11.2009; la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión de organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.

Muertes de ecologistas e impunidad rampante

Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:

«El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes».

(Véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).

Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).

La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente

Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su «delito»? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Parte de las supuestas «pruebas» presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). En esta otra nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015, se lee que: «El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día».

Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: «Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió».

La protesta social ante un debate público

En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda será dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica, analizando la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).

También se abordarán algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el líder comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:

«Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia».

En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara.

La «técnica» consistiendo en ausentarse de audiencias por parte de empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a un lider comunitario, a dos profesores universitarios y a dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de los acusados titulado «Audiencias con el Infinito: ausencias…», se lee que:

«los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos». De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente».

A continuación, remitimos el lector al programa del foro que tendrá lugar sobre la protesta social este próximo 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:

Cuarta Mesa Redonda, miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR

“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”

Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR

Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED

Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán

El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.

Criminalizacion de la protesta social el caso de Costa Rica2
Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)», Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12.

— Notas —

Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).

Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante». Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado a SURCOS por Nicolas Boeglin.

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Publican informe Sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad desde un Enfoque de Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

La organización guatemalteca UNSITRAGUA Histórica compartió con SURCOS el Link por medio del cual pueden bajar del Informe Sobre Mercados Laborales, Pobreza y Desigualdad desde un Enfoque de Derechos Humanos.

Este informe demuestra que todo lo que denuncian los sindicatos, sectores populares, mujeres, estudiantes, pueblos originarios y población en general no es con la intención de darle una mala imagen a su país o porque no se quiere el «desarrollo» de del mismo, sino porque muchas veces el desarrollo es solo para algunos sectores privilegiados.

 

Para acceder al Informe, ingrese en el siguiente enlace:

http://ausjal.org/wp-content/uploads/Informe-Pobreza-2017.pdf

 

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Periodista torturado hace un llamado internacional de auxilio

Escrito en . Publicado en Derechos.

Yo, Ronnie Ezequiel Huete Salgado, licenciado en periodismo, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y con posgrado en Cooperación al Desarrollo, graduado en la Universidad Politécnica de Valencia, España y con número de identidad 0801-1981-01554 y con número de colegiación periodística C-1342 emitida por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ciudadano de Honduras, comparezco ante los organismos internacionales, que mantienen un fuerte vinculo diplomático y económico en Honduras, y sobre todo porque están al tanto del respeto de los derechos humanos en este país centroamericano, que como será de su conocimiento, hay un fuerte debilitamiento del respeto a la vida y por ende a los derechos humanos.

He trabajado en el ejercicio del periodismo durante los últimos 17 años, y me he desempeñado como catedrático universitario en la Escuela de Periodismo de la UNAH entre otras universidades privadas, así mismo he sido testigo de violaciones a los derechos humanos en Honduras, y de las que me he encargado de denunciar en su debido momento, en pro de la defensa de la vida.

Este trabajo periodístico que realizo como corresponsal internacional, me ha costado amenazas a muerte en 2009, exilio en 2010 y ahora estuve a punto de perder mi vida al brindar cobertura periodística en la noche del 24 de mayo de 2017, hasta la madrugada del 25 de mayo, día del periodista en Honduras.

Esta cobertura periodística la realice en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), específicamente en el edificio administrativo en donde un grupo de 19 estudiantes realizaban una toma pacífica de este predio, utilizando el derecho universal de la protesta, tal y cual lo establece la carta universal de los derechos humanos.

Desde hace 7 años, brindo cobertura periodística en la UNAH, y a la vez realizo observación en el respeto de los derechos humanos, puesto que, en la UNAH, en los últimos meses se han violentado estos derechos.

Yo, recibí una llamada anónima, de que se efectuaba una toma en la UNAH, y que había peligro del irrespeto a la vida, inmediatamente como periodista y defensor de derechos humanos, me hice presente en las instalaciones del Alma Mater.

Al llegar, no comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo, y al observar a los alrededores del edificio administrativo de la UNAH, observe a un grupo de guardias de la seguridad privada de la UNAH, cuya compañía privada es conocida como ESPA.

Como periodista internacional, les pregunte a ellos que estaba ocurriendo, sin embargo, me respondieron que no estaban autorizados a brindar declaraciones, por lo que me desplace a los alrededores del edificio administrativo y vi a un grupo de personas que cubrían su rostro y se identificaron como estudiantes, quienes accedieron a dar declaraciones en vivo para el medio al cual trabajo.

Comencé hacer mi labor periodística, a grabar los hechos, a explicar al mundo lo que estaba pasando, esa noche del 24 de mayo de 2017 en la UNAH.

Seguí con mi trabajo periodístico indagando sobre lo que ocurría, me desplace al estacionamiento de la planta baja del edificio administrativo, en donde observe que los estudiantes y un grupo de personas, encapuchadas y con palos en sus manos, estaban discutiendo con los estudiantes, quienes también se cubrían el rostro; la escena me dictaba a mi persona, que podría haber pérdidas humanas, por lo que me dispuse a seguir grabando con mi herramienta de trabajo periodístico, un celular que me permitía transmitir en vivo, para la página oficial para el medio de comunicación para el cual realizo corresponsalía internacional hasta la República Federativa de Brasil con cobertura por internet al mundo.

Al ver que el peligro era latente hice el llamado a la prensa nacional e internacional, así como a mi familiar más cercano, mi papá. Comenzó una fuerte discusión entre ambas partes, por lo que intente mediar para que primara la paz, pero ya era tarde, los sujetos encapuchados con una camisa blanca y algunos hasta dejaron al descubierto su dorso, se lanzaron de la planta baja del edificio hasta el estacionamiento, para dar persecución a los estudiantes.

Estos sujetos al bajar, comenzaron a golpear con sus palos una de las puertas que conduce a la recepción del edificio y luego se abalanzaron hacía mi persona, rociándome con gas pimienta directamente a mi rostro. Este toxico que es prohibido por convenios internacionales.

Luego de haberme rociado me identifiqué como periodista, les mostré mi credencial como corresponsal internacional y defensor de derechos humanos, sin embargo, ellos procedieron a quitarme mi celular y carnet de periodista internacional, acto seguido comenzaron a golpearme con los palos que sujetaban en sus manos, y con fuertes patadas me tiraron al suelo.

Les repetí constantemente que estaba trabajando en mis funciones como periodista, sin embargo, no me escuchaban y sus respuestas solo eran golpes contra mi persona, les implore por mi vida, pensé que moriría en ese momento.

Uno de esos sujetos quien portaba un pantalón negro con rayas verdes, y su dorso desnudo, les dijo que pararan, procedieron a levantarme del suelo de ese estacionamiento, para decirme que no me moviera, les volví a repetir que era periodista, pero se limitaron a decirme que me callara o procederían a golpearme nuevamente, estaba privado de mi libertad por sujetos encapuchados, cuyo pantalón negro era delineado por una raya verde.

En mi vista y manos sentía fuego, como producto del gas pimienta que me habían rociado, sentía dolor en mi mano derecha por la contusión de la que fui víctima, y el mismo dolor se fue desplazando en varias partes de mi cuerpo, fui víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes, fui torturado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Nunca en la historia de la UNAH, un periodista había sido torturado por cumplir sus funciones como corresponde.

Seguido de esto, después de un tiempo de estar tirado en el suelo suplicando por mi vida, los sujetos torturadores me vigilaban, para que no saliera del lugar, ocupaba asistencia médica de inmediato, pero a ellos, no les importo.

No recuerdo el tiempo exacto que estuve allí, pero sí del fuego en mi rostro y manos como producto del gas lacrimógeno, me puse de pie como pude, para pedir auxilio, ya un defensor de derechos humanos estaba presente, escuché su vos, por lo que me dispuse a moverme con el temor de que los sujetos torturadores me torturan nuevamente.

Logré salir del estacionamiento, para desplazarme hacía la recepción del edificio administrativo, en donde se encontraba mi papá y el defensor de derechos humanos, les dije a los sujetos torturadores que me regresaran mi celular y mi credencial como periodista internacional, pero mi conversación fue en vano, nunca me regresaron mi herramienta de trabajo, ni tampoco mi credencial.

Seguido de esto, el defensor de derechos humanos, me dijo que necesitaba urgentemente asistencia médica, por lo que me desplace con él y mi papá hacia la planta baja del estacionamiento para poder salir.

Al salir del edificio se encontraba un contingente de la Policía Nacional, quienes nos preguntaron hacía donde íbamos, por lo que el defensor de derechos humanos, le respondió que aun hospital para asistir a mí persona, sin embargo, respondieron que tenían la orden de detener a todo el que saliera del edificio.

Rápidamente mostramos las credenciales, yo tenía una acreditación del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), guardada en mi cartera de bolsillo, a la que no tuvieron acceso los sujetos torturadores, se la mostré al policía que coordinaba el operativo, sin embargo, obvio mi credencial y procedió a detenerme.

Luego, fui trasladado a una posta policial, en donde se me privo de mi libertad por aproximadamente 36 horas, la tortura de la que fui víctima en la UNAH, seguía en los centros de detención, ya que dormí en el suelo, olores nauseabundos primaban en el lugar, y el acceso al agua y comida se había limitado.

Esposado de pies y manos en los juzgados de la granja, se me trato como un delincuente común, por el hecho de estar ejerciendo mi profesión como periodista.

Parte de estos hechos narrados, fue la experiencia que viví como torturado, por lo que hago de conocimiento internacional y nacional de que mi vida corre peligro en Honduras, me siento vulnerable y aún con fuertes traumas psicológicos, como producto de la tortura que se me propició en el Alma Mater de Honduras.

Alzo mi voz ante el mundo, pidiendo el auxilio internacional, ya que mi vida está en constante peligro después de estos hechos, me avoco hacía ustedes como instancia internacional veedora de los derechos humanos en Honduras, para solicitar la protección correspondiente, tal y cual lo establece la carta universal de los derechos humanos.

Pese a ser una víctima de tortura, se me imputan cargos judiciales en mi contra, y actualmente estoy con medidas cautelares, ya que los denunciantes aducen que yo fui parte de esa toma, lo cual es totalmente falso, puesto que me desempeñaba en mis funciones como corresponsal internacional, cumpliendo con mi labor de informar al mundo como periodista, lo que considero una acción violatoria al libre ejercicio del periodismo en Honduras, ya que fui víctima de tortura, en el lugar de los hechos ya descritos.

Comparezco ante ustedes muy respetuosamente, para que tomen en consideración mi testimonio, ya que mi vida corre peligro después de este hecho y mi derecho a la libertad tiende hacer irrespetado por la denuncia que pesa sobre mí. Denuncia que considero injusta, ya que como he descrito solo estaba cumpliendo con mi labor periodística.

 

A los 30 días del mes de mayo de 2017.

Atentamente.

 

Msc. Ronnie Ezequiel Huete Salgado

Periodista y Defensor de Derechos Humanos.

 

Detienen y torturan a periodista Ronnie Huete. Video:

https://youtu.be/6hSGqO2hg6I

 

Seguimiento de este hecho dado por otros medios hondureños:

–http://criterio.hn/2017/05/31/periodista-torturado-la-policia-presenta-denuncia-violacion-derechos-ante-organismos-acreditados-honduras/

–http://www.clibrehonduras.com/alerta/periodista-hondure%C3%B1o-es-detenido-el-d%C3%ADa-del-periodista

 

*Imagen tomada de criterio.hn

 

Enviado por Ronnie Huete Salgado.

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