La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, tiene el placer de invitar a la comunidad universitaria y nacional a la Lección Inaugural I Ciclo 2018, que se llevará acabo el día miércoles 7 de marzo en el Auditorio Clodomiro Picado a las 2:00 p.m., la cual será impartida por el Dr. Jaime Ordoñez, Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad (ICG) sobre el tema de Derechos Humanos y Cultura por La Paz.
Además se contará con la presencia de la escritora, poeta y antropóloga afrocostarricense, Shirley Campbell como invitada especial a nuestra Lección Inaugural.
El pasado 7 de febrero del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su respuesta a la solicitud de opinión consultiva que le hiciera Colombia el 14 de marzo del 2016. Se trata de la Opinión Consultiva OC-23, titulada «Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad física – Interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación a los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos«. Colombia solicitó en el 2016 al juez interamericano aclararle qué ocurría con los derechos de las poblaciones isleñas colombianas en el Caribe amenazadas por megaproyectos promovidos por otros Estados susceptibles de causar un impacto en el ambiente marino, como parte de una estrategia (un tanto original) para intentar contener a Nicaragua en aguas del Caribe. La originalidad radica en que, a la fecha, Colombia no ha presentado ningún recurso de revisión o de interpretación con posterioridad al fallo de noviembre del 2012 (que resuelve la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia en el Caribe). Al adoptar sus máximas autoridades un tono desafiante y amenazante y al no usar estas herramientas procesales previstas en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Colombia fue objeto de dos nuevas demandas presentadas en el 2013 por Nicaragua: la estrategia colombiana consistió en presentar excepciones preliminares en ambas demandas, las cuales fueron rechazadas en un fallo dado a conocer el 17 de marzo del 2016 por la jurisdicción de La Haya (Nota 1). El Presidente de Colombia calificó de «injuriosa» esta decisión de la CIJ (véase nota de prensa titulada «Santos llama a unidad para defensa soberanía ante decisión «injuriosa» de CIJ«). Alguna infidencia debería poder explicarnos si la decisión de presentar una solicitud a la Corte Interamericana por parte de Colombia se tomó en relación al fallo de la CIJ declarándose competente, o si hay que ver en esta extraña cercanía de fechas una simple coincidencia.
Más allá del espectáculo raramente visto por parte de un Estado de América Latina con relación a un fallo de la CIJ que no le es favorable, el procedimiento consultivo del sistema interamericano de derechos humanos es abierto a recibir opiniones de otras entidades, denominadas «observaciones». Además de una gran cantidad de observaciones aportadas por entidades académicas y expertos, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil, cuatro Estados brindaron las suyas: Argentina, Bolivia, Honduras y Panamá (véase texto disponible en este enlace). Es muy probable que la observación aportada por cada uno de estos Estados interese a las ONG argentinas, bolivianas, hondureñas y panameñas, de manera a contrastar la posición externada al juez interamericano con la realidad que viven las ONG y las comunidades.
El texto de la OC-23 fue oficializado este 7 de febrero del 2018, y está desde ya disponible en este enlace de la misma Corte: se recomienda la lectura del texto integral, que reafirma una serie de principios en materia ambiental y en materia de derechos humanos que van mucho más allá de lo señalado por Colombia en su comunicado oficial (Nota 2). Al tratarse de la primera oportunidad en la que la Corte es solicitada en materia ambiental en el marco de un procedimiento consultivo, la amplia interpretación dada por el juez interamericano permite precisar el alcance de algunas de las disposiciones del Pacto de San José de 1969 y de otros instrumentos interamericanos de una manera extremadamente novedosa, que merece ser saludada y divulgada.
El enfoque limitado de la consulta colombiana rebasado por el juez interamericano
A diferencia del marco restringido al que Colombia quiso reducir su consulta, la Corte lo amplia en los siguentes términos, al leerse en el párrafo 35 que:
«35. Esta Corte ha indicado que, en aras del interés general que revisten sus opiniones consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados específicos. Las cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el interés de los Estados parte del Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta. Por tanto, este Tribunal considera que no corresponde limitar su respuesta al ámbito de aplicación del Convenio de Cartagena. Además, tomando en cuenta la relevancia del medio ambiente en su totalidad para la protección de los derechos humanos, tampoco estima pertinente limitar su respuesta al medio ambiente marino«.
Estamos por lo tanto ante una opinión de la máxima instancia en materia de derechos humanos del hemisferio americano, que precisa las disposiciones del Pacto de San José en materia ambiental, y recuerda a los Estados la relación intrínseca de los derechos humanos con la defensa del ambiente: lo cual, es muy probable, interesará a muchas entidades de la sociedad civil, tanto en Colombia como fuera de ella. ¿Qué pasa con una población y sus derechos cuando se ve amenazada por un megaproyecto? ¿Qué obligaciones tiene el Estado hacia esa comunidad? ¿Qué derechos son particularmente susceptibles de verse violentados? ¿Qué poblaciones son más vulnerables que otras? A estas (y muchas otras preguntas) es que el juez intenta responder en su opinión consultiva, además de las respuestas a las preguntas formuladas por Colombia.
Un recordatorio de las obligaciones del Estado más que propicio
El extenso recordatorio de las obligaciones internacionales del Estado al que procede la Corte se da en un momento en que en Colombia (como en muchos otros Estados), comunidades indígenas y campesinas ven destruídos sus entornos (sitios con valor cultural y espiritual en el caso de las poblaciones indígenas), mientras megaproyectos (minería química a cielo abierto, hidroeléctricas, desarrollo inmobiliario, monocultivos, entre muchos otros) apoyados por el mismo Estado amenazan las fuentes de agua de muchas comunidades y sus modos de producción tradicional, y obliga a desplazar a estas poblaciones. Ello sin hablar de casos de líderes comunitarios y ecologistas asesinados, amenazados o intimidados, alrededor de los cuales campea una indignante impunidad debido a la inoperancia del Estado para investigarlos y sancionarlos debidamente. Un informe recientemente publicado en Honduras llega a contundentes conclusiones con relación a la responsabilidad de las autoridades hondureñas en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres (Nota 3).
La tendencia a eliminar físicamente a líderes indígenas, campesinos, ecologistas es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida. La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluída). A Honduras le sigue Nicaragua con 11muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6 asesinatos.
Nótese que en noviembre del 2017, expertos de Naciones Unidas urgieron a los Estados de América Latina reunidos en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Chile a adoptar sin más preludios un tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos (véase nuestra breve nota publicada en ElPais.cr titulada «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente» en la que referimos a algunas propuestas de Colombia sumamente cuestionables). La próxima ronda de negociación de este instrumento regional tendrá lugar en el mes de marzo del 2018 en Costa Rica.
Foto de marcha contra el proyecto minero Pacific Rim en El Salvador, extraída de artículo titulado «Libre comercio y minería: un caso salvadoreño que debemos observar».
La expansión a la que procede la Opinión Consultiva OC-23 en breve
Más allá de las obligaciones de un Estado hacia otro en caso de realizar un proyecto susceptible de generar un daño ambiental transfronterizo, sobre el que la Corte recuerda lo que establecen diversos tratados internacionales en la materia, es en el terreno de las obligaciones del Estado hacia su propia población en el que el juez interamericano realiza aportes de interés, obviados por Colombia en su comunicado oficial. Al respecto, sería oportuno saber si el juez constitucional colombiano reconoce valor vinculante a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana cuando son solicitadas por Colombia, línea que el juez constitucional costarricense mantiene desde 1995 para opiniones solicitadas por Costa Rica: esta posición ha sido debatida recientemente con motivo de una opinión consultiva relacionada a las parejas del mismo sexo y a los cambios de identidad sexual que ha polarizado a la sociedad costarricense, irrumpiendo con una inusitada fuerza en el debate político de cara a los comicios electorales realizados el pasado 4 de febrero en Costa Rica (Nota 4).
Entre los puntos de interés para el movimiento de los derechos humanos y el sector ecologista en Colombia y fuera de ella, destaca lo que señala la Corte en el siguiente párrafo sobre la interrelación entre derechos humanos y protección del ambiente:
«47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano – y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros«.
Se lee también que: «59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad«.
Con relación a los distintos derechos humanos que se ven afectados por problemas ambientales, la Corte precisa en esta opinión consultiva que:
66. La Corte considera que, entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales, se encuentran los derechos a la vida, integridad persona, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente. Sin perjuicio de los mencionados, son también vulnerables otros derechos, de acuerdo al artículo 29 de la Convención, cuya violación también afecta los derechos a la vida, libertad y seguridad de las personas e infringe el deber de conducirse fraternalmente entre las personas humanas, como el derecho a la paz, puesto que los desplazamientos causados por el deterioro del medio ambiente con frecuencia desatan conflictos violentos entre la población desplazada y la instalada en el territorio al que se desplaza, algunos de los cuales por su masividad asumen carácter de máxima gravedad«.
«67. Además, la Corte toma en cuenta que la afectación a estos derechos puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Se ha reconocido que los daños ambientales “se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables”, por lo cual, con base en “la normativa internacional de derechos humanos, los Estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación”.
Foto de marcha en San José en contra del proyecto minero Las Crucitas extraída de artículo titulado «Canadian mining company reorganizes to seek damages from Costa Rica» publicado en ISDS.
Con relación a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), remitimos al lector a los párrafos 156 y subsiguientes en los que se precisa por parte del juez interamericano que:
«164. Dentro del proceso de aprobación de un estudio de impacto ambiental, el Estado debe examinar si la realización del proyecto es compatible con las obligaciones internacionales del Estado. En este sentido, el Estado deberá tomar en cuenta el impacto que puede tener el proyecto en sus obligaciones de derechos humanos. La Corte ha señalado en casos de comunidades indígenas que los estudios de impacto ambiental deben abarcar el impacto social que implique el proyecto. Al respecto, la Corte advierte que si los estudios de impacto ambiental no incluyen un análisis social, este análisis debe ser realizado por el Estado al momento de supervisar dicho estudio«.
168. La Corte considera que la participación del público interesado, en general, permite realizar un examen más completo del posible impacto que tendrá el proyecto o actividad, así como si afectará o no derechos humanos. En este sentido, es recomendable que los Estados permitan que las personas que pudieran verse afectadas o, en general, cualquier persona interesada tengan oportunidad de presentar sus opiniones o comentarios sobre el proyecto o actividad antes que se apruebe, durante su realización y después que se emita el estudio de impacto ambiental«.
Sobre el tema específico de las poblaciones indígenas, al que la Corte dedica varios párrafos a lo largo de su opinión consultiva, la Corte advierte que:
«169. En casos de proyectos que puedan afectar el territorio de comunidades indígenas, los estudios de impacto ambiental y social deben respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas379. En este sentido, es necesario tomar en cuenta la conexión intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio. Es preciso proteger esta conexión, entre el territorio y los recursos naturales que tradicionalmente han usado y que son necesarios para su supervivencia física y cultural y para el desarrollo y continuidad de su cosmovisión, a efecto de garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas sean respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados«.
Con relación al acceso a la información, leemos que para los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
«214. En relación con actividades que podrían afectar el medio ambiente, esta Corte ha resaltado que constituyen asuntos de evidente interés público el acceso a la información sobre actividades y proyectos que podrían tener impacto ambiental. En este sentido, la Corte ha considerado de interés público información sobre actividades de exploración y explotación de los recursos naturales en el territorio de las comunidades indígenas y el desarrollo de un proyecto de industrialización forestal«.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala además, en tres párrafos que consideramos revisten enorme interés, que:
«219. Esta Corte ha señalado que, en el marco de esta obligación, la información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción.
220. Por otra parte, respecto a las características de esta obligación, las Directrices de Bali y distintos instrumentos internacionales establecen que el acceso a la información ambiental debe ser asequible, efectivo y oportuno«.
221. Adicionalmente, conforme lo ha reconocido esta Corte, el derecho de las personas a obtener información se ve complementado con una correlativa obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocerla y valorarla. En este sentido, la obligación del Estado de suministrar información de oficio, conocida como la “obligación de transparencia activa”, impone el deber a los Estados de suministrar información que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos, lo cual es particularmente relevante en materia del derecho a la vida, integridad personal y salud. Asimismo, este Tribunal ha indicado que la obligación de transparencia activa en estos supuestos, impone a los Estados la obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa. Dicha información debe ser completa, comprensible, brindarse en un lenguaje accesible, encontrarse actualizada y brindarse de forma que sea efectiva para los distintos sectores de la población«.
Foto de afiche de un foro sobre los impactos ambientales de la piña realizado en Costa Rica, al que declinaron participar tanto el sector productivo como el sector estatal, extraída de artículo (Elpais.cr) titulado «A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica».
Con respecto a la participación ciudadana en materia ambiental, lo señalado por la Corte Interamericana constituye una contundente llamada de atención a muchos Estados:
226. La participación pública representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable.
227. El derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos se encuentra consagrado en el artículo 23.1.a) de la Convención Americana. En el contexto de las comunidades indígenas, este Tribunal ha determinado que el Estado debe garantizar los derechos de consulta y participación en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de una comunidad indígena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de conformidad con sus costumbres y tradiciones. Ello significa que además de aceptar y brindar información, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan opinar sobre cualquier proyecto que pueda afectar su territorio dentro de un proceso de consulta con conocimiento y de forma voluntaria. Por lo tanto, el Estado debe generar canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas«.
Finalmente, entre otros puntos, en materia de acceso a la justicia, se lee que:
«237. En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte establece que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente que han sido enunciadas previamente en esta Opinión. En este sentido, los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental; para asegurar la plena realización de los demás derechos de procedimiento, es decir, el derecho al acceso a la información y la participación pública, y para remediar cualquier violación de sus derechos, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de derecho ambiental«.
A modo de conclusión
La presente nota se limita a extraer algunos párrafos de manera selectiva, y se recomienda la lectura integral de esta opinión consultiva OC-23 del juez interamericano. No se tiene claro si al solicitar esta opinión consultiva, Colombia midió el posible alcance de esta. Como señalado al inicio de esta nota, el juez interamericano no limitó su análisis al área geográfica a la que Colombia pretendía limitarle la consulta, ni a la problemática del daño ambiental transfronterizo, sino que fue mucho más abarcativo.
Estamos seguros que muchas comunidades indígenas y campesinas en Colombia (así como en otras partes del continente) u otras comunidades amenazadas por megaproyectos en Colombia (y fuera de ella), colectivos ecologistas y otras entidades de la sociedad civil, entre muchos otros, interpelarán de ahora en adelante a sus respectivos ordenamientos jurídicos con esta valiosa opinión brindada por el juez interamericano a todos los Estados del hemisferio americano.
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Notas:
Nota 1: Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro breve análisis titulado: «Nicaragua-Colombia: la CIJ se declara competente«, publicado en el sitio jurídico de DerechoalDía.
Nota 2: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al ser notificado se lee como sigue (texto integral):
«Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda posición de Colombia para la protección de derechos humanos y medio ambiente en el Gran Caribe. 7/02/2018.
Bogotá (feb. 7/18). Colombia recibió hoy, 7 de febrero de 2018, la respuesta a una solicitud de opinión consultiva a través de la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le dio herramientas a Colombia para que se activen mecanismos de protección frente a amenazas de daño transfronterizo en el Gran Caribe.
La Corte IDH avaló la tesis de Colombia sobre la obligación que tienen los Estados de garantizar la protección del medio ambiente marino y la protección contra daños transfronterizos.
Lo anterior significa que, por ejemplo, si un Estado pretende construir y operar grandes proyectos de infraestructura en el Gran Caribe, este debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que otros Estados se vean afectados, cumpliendo con los principios de prevención y precaución.
Esto le permite a Colombia continuar avanzando en la protección efectiva del medio ambiente en el Gran Caribe y de los derechos e intereses de los colombianos, especialmente de los habitantes del Archipiélago y la comunidad raizal, así como la protección y preservación de la Reserva de Biósfera Seaflower.
Opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La solicitud de opinión consultiva, presentada por Colombia el 14 de marzo de 2016 ante la Corte IDH, hace parte de la estrategia integral de defensa jurídica adoptada por Colombia en septiembre de 2013, y está estrechamente relacionada con la defensa de los intereses de Colombia en el marco de los procesos interpuestos por Nicaragua y que actualmente cursan ante la Corte Internacional de Justicia.
A través de esta, se resaltó la importancia fundamental que tiene el medio ambiente marino para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de la población costera insular de la región del Gran Caribe, y la necesidad imperante de tomar medidas para su protección haciendo uso de los mecanismos disponibles en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana, que tiene sede en San José de Costa Rica, ejerce una función contenciosa, una función consultiva, y la función de dictar medidas provisionales«.
Nota 3: Véase nuestro breve análisis titulado «El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE«, publicado en Pressenza.
Nota 4: Remitimos al lector a nuestro breve análisis titulado «La opinión consultiva de la CorteIDH sobre derechos de la comunidad LGTBI en Costa Rica: breve puesta en contexto» publicado en Elmundo.cr. Nótese que la opinión consultiva solicitada por Costa Rica OC-24 fue notificada el 9 de enero del 2018, llevando la fecha del 25 de noviembre del 2017. En cambio, la OC-23 solicitada por Colombia lleva la fecha del 15 de noviembre y fue notificada el 7 de febrero del 2018. Se ignora si es (o no) la primera vez que se altera el orden lógico de notificación de opiniones consultivas por parte de la Secretaría de la Corte de San José.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Cuando cualquier se atreve a hablar del tema de la homosexualidad, parece ser obligatorio primero decir que se es heterosexual, pues quienes leen de inmediato piensan que el redactor defiende una posición porque es gay o lesbiana, lo cual considero un atrevimiento, pues implica que si uno no es negro o no es mujer no puede defenderlos contra la discriminación social, que en algunos países llega en pleno siglo XXI a ser hasta esclavismo.
El segundo elemento, gústeme o no, es que el planteamiento que se argumenta generalmente con aspectos religiosos como fundamento para prohibir de manera legal cualquier cosa que se considere “pecado”, lo extraño es que, siendo humanos, según este mismo enfoque, cometeremos multiplicidad de pecados, de diferentes tamaños, colores y sabores. Para algunas fes religiosas unos serán imperdonables y otros se podrán perdonar, sin embargo, eso no quiere decir que en nuestros tiempos, todos los pecados están prohibidos por ley, eso solo suceden en países fundamentalistas, donde la unión entre Estado y religión no se da.
La resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que concluyó que a los homosexuales se les deben dar los mismos derechos que a los otros ciudadanos, haciendo referencia específica al matrimonio, ha causado tal revuelo en nuestro país, supongo que también en el resto del continente que están bajo la jurisdicción de ese organismo de la Organización de Estados Americanos, que ha sacado a la luz todas las opiniones cargadas de odio, desprecio y desde lujo prejuicio, igual que cuando muchos se opusieron décadas atrás al matrimonio interracial.
En todos los grupos virtuales, Facebook donde estoy de gentiles personas, incluso dulces “almas” inteligentes, las que empiezan diciendo algo como “yo no soy homofóbico, ni condeno ni juzgo, incluso tengo amigos gay pero…” han salido los sapos y culebras (aquella expresión del cuento infantil) así de la boca de familiares, compañeros de trabajo, dirigentes sindicales, excompañeros de escuela de colegio, “expertos” en derecho, todos condenando lo resuelto incluso cuestionando la validez legal de la resolución de la Corte Interamericana, incluso demandando respeto a la soberanía o a salirse del sistema interamericano de derechos humanos.
Hemos leído también una especie de advertencia apocalíptica que culminará primero con la destrucción de la familia y posteriormente la prohibición del ejercicio de la fe religiosa, incluso una internauta que advirtiendo que “correrá sangre”, hasta han dicho que nos van a “homosexualizar a todos, se acabará el mundo por falta de hijos.
Nos encontramos ante una discusión que mezcla los temas religiosos con los derechos civiles, quizás es así por tener una Estado Confesional cuya religión oficial es la católica, apostólica y romana, algo así como que el Estado costarricense fuera una persona real -no jurídica- con alma que puede profesar una religión, aunque respeta la libertad de culto.
En este tema puntualizo:
Todos tienen derecho a pensar y expresarse libremente, pero esto tiene límites pues hay opiniones xenofóbicas, racistas, homofóbicas, machistas, las cuales no se deben respetar.
Cada pareja tiene derecho a las prácticas sexuales consensuadas que desee y no puede ni debe ser condenado menos restringido.
Todos los ciudadanos tienen derecho a un trato igualitario, aunque eso sea considerado pecado por cualquiera de las religiones, pues la fe es una decisión privada no pública.
El país ha reconocido que existen todo tipo de familias, no solo la familia de mamá, papá e hijos.
La jurisdicción de la Corte Interamericana de derechos humanos es incuestionable, así lo ha dicho la Sala Constitucional aunque el país se saliera de esa convención, las sentencias previas seguirán siendo obligatorias, lo que procede al Gobierno de la República, es acatarlo de inmediato, de implementarlo a la mayor urgencia posible en lo que corresponda desde la Administración, el Registro Civil y el aparato consular, como desde la Institucionalidad pública, para asegurar el desarrollo de los Derechos que allí se han reconocido.
No podemos atar la vida democrática a las creencias de ninguna religión pues de ser así, el divorcio no se permitiría, estaría prohibido el matrimonio por segundas nupcias, la unión libre posiblemente sería delictiva, la educación estaría dirigida por una religión que pondría en duda los avances científicos que entren en contradicción con sus postulados y los cementerios, quizás serían todavía católicos y no podríamos enterrar a quienes no son de esa fe, etc.
Debemos aprender a incorporar los valores de la tolerancia y respeto por los demás, aunque eso le incomode a cualquiera, es imperativo superarlo para vivir en una sociedad democrática.
Las organizaciones firmantes hacemos el día de hoy, martes 23 de enero de 2018, un llamado en favor de los Programas de Afectividad y Sexualidad promovidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Nosotros y nosotras integrantes de distintos colectivos, Iglesias y movimientos sociales, defensores de los derechos humanos:
Creemos que los derechos humanos son principios y acciones que nos dan las mismas oportunidades a todas las personas sin discriminación alguna.
Creemos que la sexualidad humana forma parte vital de nuestra cotidianidad y nos permite trascender y entrar en comunión con las demás personas.
Creemos que el Estado costarricense debe garantizar el ejercicio de los derechos de toda persona, sin prejuicios asociados a grupos históricamente vulnerados.
Creemos en la política como vehículo que estimula el bienestar común y no como estrategia de manipulación, sustentada en el engaño y el miedo.
Creemos que la educación es un proceso integral que abarca todas las dimensiones del ser humano, donde se aprende a partir de la experiencia y convivencia con personas distintas.
Creemos que las iglesias y las comunidades de distintos credos se fundan en el amor cimentado en la justicia, la paz y el respeto mutuo.
Creemos en el ejemplo de amor al prójimo, solidaridad y opción preferencial por las personas discriminadas que nos da Jesús de Nazaret.
Creemos que lo realmente importante en las familias es el amor, el respeto, el cuido y el apoyo mutuos, independientemente de cómo estén conformadas.
Creemos en el derecho de las personas jóvenes de ser protagonistas de sus propias vidas y a ser integrados en las discusiones sobre las problemáticas de la realidad nacional.
Creemos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden aprender a respetar a las personas que piensan, sienten y viven de manera diferente.
Creemos que las personas adultas tenemos la capacidad de aprender, y reaprender, sobre nuestra propia sexualidad y revertir ideas falsas asociadas a esta dimensión de nuestras vidas.
Creemos que educar en la afectividad y sexualidad potenciaría las capacidades de las personas jóvenes en lo que respecta al autocuido y el cuido de sus semejantes.
Creemos que las instituciones educativas pueden ser espacios de confianza que prevengan la violencia sexual, embarazos no deseados, acoso sexual, discriminación a personas sexualmente diversas y bullying.
Creemos que el derecho a la salud implica el acceso pleno a un servicio seguro y confiable, así como a la transmisión de información transparente, completa y sin tabúes por parte de los profesionales del área.
Creemos que las nuevas generaciones tienen derecho a vivir una vida plena y libre de violencia debido a sus opciones de vida.
Creemos que la implementación de los Programas de Educación para la Afectividad y la Sexualidad propuestos por el Ministerio de Educación Pública, contribuyen grandemente al rol de las familias en la educación integral de sus hijos e hijas.
Ante las murmuraciones y movilizaciones ideologizadas contra las políticas públicas, en materia de educación para la vivencia plena y responsable de la sexualidad, nos oponemos a los discursos que motivan al odio, a la discriminación y a la confusión, promovidos por sectores fundamentalistas religiosos, posiciones políticas oportunistas y sectores que buscan violentar la dignidad de grupos sociales distintos a los suyos e instamos a todas las personas que habitamos en Costa Rica, a estudiar y reflexionar sobre los contenidos de los programas sin prejuicios, con capacidad crítica y con la esperanza de crecer en libertad, autonomía y responsabilidad.
Instamos apoyar la continuación de la implementación de estos programas, pues sirven de apoyo a los hogares en la formación educativa, además de evitar las iniciativas que buscan obstaculizar el derecho humano a la educación.
El amor es paciente, el amor es bondadoso. Ante lenguajes intolerantes y agresivos creemos en la educación transformadora de la sexualidad y la afectividad y nos sumamos a la esperanza de la acción efectiva de la educación pública para lograr el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos.
San José, Costa Rica, 23 de enero de 2018.
*Arte por la Paz. Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba – COECO-ceiba.*Casapalabra. Centro de Amigos para la Paz. Centro de Estudios Humanistas. Comunidad para el Desarrollo Humano. Colectiva Coexistir. Colectivo de Psicología de la Liberación-Universidad Nacional. Colegio Mundo Unido. Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional. Grupo de apoyo a familiares y amig@s de la diversidad sexual GAFADIS. Iglesia Luterana Costarricense, ILCO. Laboratorio Nuevas Masculinidades (LabNuMa). Laicos y laicas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, JPIC. Movimiento Alternativo de Izquierdas MAIZ. Observatorio de Género y Comunicación Centroamericano, GEMA. Red de Teólogas, Pastoras, Activistas y Lideresas Cristianas, TEPALI. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia. Servicio, Paz y Justicia SERPAJ-CR. Universidad Bíblica Latinoamericana, UBL. Voces Nuestras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Costa Rica garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales. Fotografía de archivo, UCR.
En una sociedad democrática y pluralista, la convivencia armoniosa requiere de serios esfuerzos ciudadanos para respetar las diferencias entre los grupos y las personas que la integran, así como de un profundo reconocimiento de la diversidad de creencias, tradiciones y aspiraciones. Nuestra institucionalidad, como Estado de Derecho, es la base de esta convivencia y el marco que permite el disfrute de los Derechos Humanos.
En este contexto, la implementación de la reciente Opinión Consultiva OC-24/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de noviembre, representará un esfuerzo individual y colectivo, consciente y deliberado, por asegurar la coexistencia de múltiples y diversos valores, formas de vida y creencias. Eso no sucederá en un vacío sociocultural, sino que se conjugará e interactuará con tradiciones ancestrales y principios que forman parte de nuestra común identidad histórica costarricense. Ese crisol es lo que nos permitirá fortalecer la convivencia democrática que nos ha caracterizado y distinguido como nación. Es imperativo consolidar el respeto de la diversidad de opiniones y creencias.
La consideración del derecho ajeno es siempre una vía de doble sentido, pues significa que todas las personas aceptemos con reciprocidad las particularidades de nuestras identidades y la naturaleza inviolable de la dignidad humana. Toda persona mantiene su derecho a disentir, sin menosprecio y con respeto, de las aspiraciones que le son reconocidas a otras personas. Convivir en la diferencia es sin duda una desafiante circunstancia, pero constituye a la vez una oportunidad para ensanchar el horizonte de la humanidad.
Instamos a todos los grupos sociales y todas las personas a asumir con plena conciencia el deber que implica el ejercicio responsable de la libertad, así como el decidido esfuerzo por identificar y apoyar la atención de las necesidades del bien común. Hoy más que nunca, nuestra patria demanda compromiso y cohesión de sus hijos e hijas alrededor de los valores democráticos del respeto, el reconocimiento y la paz.
“Como institución teológica basada en los valores de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos, nos sumamos a la celebración por el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Corte IDH en el que se resolvió que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad”, así como el derecho a la identidad de género y procedimientos de cambio de nombre.
Creemos que las prácticas concretas de amor y justicia deben regir la vida cristiana, y que el respeto a los derechos humanos es fundamental para seguir construyendo sociedades más igualitarias libres de violencias.
La opinión consultiva de la Corte Interamericana tiene implicaciones más allá de Costa Rica porque resulta de acatamiento obligatorio para los 20 países que en la actualidad reconocen la competencia del tribunal internacional, algunos de los cuales ya reconocen el derecho al matrimonio igualitario”.
Conversatorio: “Percepción de la población de convivencia y derechos humanos”
Este miércoles 8 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el Conversatorio: “Percepción de la población de convivencia y derechos humanos”, actividad dirigida a estudiantes de secundaria, a quienes el Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia y Coordinador de la Comisión Institucional 2017: Año de la UNA, por la Vida, el Diálogo y la Paz, les ilustró sobre la necesidad de los jóvenes de promover un diálogo fructífero, una a mejor y mayor convivencia social, que permitan compartir y fortalecer los derechos humanos hacia prácticas que consoliden la paz para el bien común.
El Vicerrector Solórzano participó como mediador del Foro, además atendió las consultas de los niños y propició un ambiente muy cálido con los niños y el público presente, lo que permitió interactuar sobre los Derechos humanos para cada quién y para el país. Motivó a los niños a expresarse y conocer más sobre sus derechos y la sana convivencia con los demás y el ambiente. Aludió al mensaje que dejara el Dr. Humberto Maturana hace pocos meses que visitó nuestro país: “Amar educa. Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas, nos damos tiempo para estar allí con el niño o niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable que va a escoger desde sí”.
En esta actividad académica realizada en el Centro Cultural Omar Dengo de Heredia, el Master José Andrés Díaz, investigador del IDESPO, compartió con los colegiales sobre la situación social que se vive en Costa Rica y su convivencia en distintos espacios, producto de una investigación realizada para valorar diversos espacios de convivencia social.
Al respecto, se expuso sobre lo hallado en el barrio y la comunidad, las calles y el espacio político.
ENCUESTA: El instrumento con el cual se analizó la visión de la población sobre los temas ya mencionados, fue una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales de la Población, con una muestra de 800 personas entre los meses de marzo de abril. Como mencionamos antes, esta tenía tres partes: la primera iba enfocada a la convivencia con otras personas, la segunda con el acoso callejero y la tercera en relación con el entorno político.
La primera parte arrojo resultados tales como: que las personas prefieren tener de vecinos a personas extranjeras y de diversidad sexual que a personas que consumen alguna sustancia adictiva o que estuvieron en algún momento en la cárcel. También, que al enfrentar un conflicto comunal las opciones más viables era la comunicación o ignorar a los vecinos para evitar caer en agresiones.
En la segunda parte de la encuesta, parte de los entrevistados reconocieron ser conscientes de la agresión sexual, que es mayor en mujeres que en hombre y que estaría de acuerdo con aprobar una ley nacional en contra del acoso y la violencia sexual. También, la población está de acuerdo con que la educación sexual es necesaria en los centros educativos.
Por último, en la tercera parte de la encuesta se halló que la población desea un gobierno que escuche las necesidades de la población, quizá si no logra subvencionarlas a tiempo no es tanto problema, pero que si sea consciente de que necesita la población nacional.
Esta encuesta será utilizada para el estudio académico y científico, para abrir brecha a la investigación y profundización de estas áreas y otras.
EXPOSICIÓN DE LA GALERÍA FOTOGRÁFICA
Dentro de las actividades programadas por la Comisión Institucional 2017: Año de la UNA por la Vida, el Diálogo y la Paz, se presentó una galería fotográfica contenido con imágenes y mensajes escritos de “líderes de los derechos humanos”.
La Master Idalia Alpízar, académica y creadora de la exposición nos comentó: “se está exponiendo a hombres y mujeres que han hecho un gran aporte en la historia de los Derechos Humanos, de los cuales muchos de ellos han tenido que donar sangre y algunas casos hasta dar su vida”.
Para los organizadores por medio de esta galería se está haciendo una demostración gráfica, para rescatar el aporte de personas que se han destacado en el camino de la construcción de una sociedad de paz y en pro de los Derechos Humanos: “Muchos desconocen la labor de los personajes destacados en la muestra, de ahí que con esta exposición esperamos que se conozca el aporte de estas personas en las que se incluyen costarricenses y a algunas mujeres que lastimosamente han sido invisibilidades en su momento”, acotó Alpízar.
HUMANIZADOS
Para culminar la actividad de apertura del “Encuentro”, hubo una representación artística de parte de grupo “Humanizados”, quiénes lucieron una variedad de bailes e interpretaciones. También, la Compañía de Cámara de Danza-UNA y la Escuela de Danza de la UNA interpretaron un fragmento de un sueño imposible de la autoraCarmen Werner.
Así concluyó este II encuentro por la “Vida, el Dialogo y la Paz, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Del cuál los asistentes pudieron disfrutar y aprender en un ambiente de intercambios y conversaciones: “Los niños, niñas y jóvenes de nuestros países y territorios se van a transformar con nosotros, con los mayores, con los que conviven, según sea esa convivencia”, concluyo el Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia.
Por:
Efraín Cavallini Acuña. Rectoría
Dayanne Nájera Matarrita. Estudiante RI-UNA
Diana Arias-Estudiantes Enseñanza de las Ciencias
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Stefany Campos Arrieta, Partido Renovación Costarricense (PRC); Rodolfo Hernández Gómez, Partido Republicano Socialcristiano; Sergio Mena Díaz, Partido Nueva Generación (PNG); Mario Redondo Poveda, Partido Alianza Demócrata Cristiana; y John Vega Masis, Partido de los trabajadores.
El pasado 31 de octubre a las 2:00pm se llevó a cabo en el Auditorio Clodomiro Picado Twigth de la Universidad Nacional el II Debate Académico con candidatos y la candidata a la presidencia de la República-Elecciones 2018. Actividad transmitida en directo por CANAL UCR y en Internet-Videostreaming por CANAL 13-SINART.
Los candidatos presentes fueron: Stefany Campos Arrieta, Partido Renovación Costarricense (PRC); Rodolfo Hernández Gómez, Partido Republicano Socialcristiano; Sergio Mena Díaz, Partido Nueva Generación (PNG); Mario Redondo Poveda, Partido Alianza Demócrata Cristiana; y John Vega Masis, Partido de los trabajadores.
La actividad estuvo moderada por el Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia-UNA, quien hizo un llamado a potenciar una comunidad que facilite el diálogo y una convivencia pacífica, intentando eliminar todo tipo de violencia, en especial desde la figura del próximo mandatario. Explicó también que el debate se desarrollaría en siete etapas y la participación sería en orden alfabético, rotando según vaya avanzando.
Los temas desarrollados en el Debate fueron: economía y desarrollo social, salud pública y ambiente, seguridad ciudadana, educación y derechos humanos. Las preguntas realizadas a los candidatos fueron seleccionadas de un conjunto de interrogantes elaboradas desde la academia y fueron custodiadas en la Vicerrectoría de Investigación.
En la primera fase del diálogo cada uno de los candidatos y candidata, agradecieron la invitación de la UNA a realizar este espacio y además se aprovechó para mencionar parte de sus ideas de gobierno; siendo los temas ambientales, sociales, de infraestructura pública, educación, entre otros, fueron los más planteados en este momento.
ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL
En el espacio de “economía y desarrollo social”, todos los candidatos respondieron la misma pregunta; Rodolfo Hernández comentó que el problema económico del país es sumamente severo y debe ser prioritario para quien asuma el poder; los temas de recaudación tributaria, lucha contra la evasión y el plan digital.
Por su parte, Sergio Mena adujo que el próximo presidente debe conocer todo el país y las carencias en cada uno de estos, con las necesidades propias de cada zona. Mario Redondo garantizó la calidad y la equidad en su gobierno, abogando a la transformación desde las más diversas áreas. John Vega finalizó comentando sobre las preocupaciones alarmantes del desempleo y las necesidades de la clase trabajadora. Finalmente, Stefany Campos arguyó a los problemas sociales desde la necesidad de reajustar las políticas económicas en miras de desestancar cada uno de los estratos sociales.
SEGURIDAD CIUDADANA
La siguiente etapa se trató del tema: “seguridad ciudadana”. Sergio Mena comentó que la seguridad va más allá de la policía, es una razón meramente social; en aras de que lo técnico criminológico ayude a mejorar este tópico. Mario Redondo dijo que se deben denunciar todas las injusticias cometidas desde los centros penales y se hace urgente la implementación de estrategias basadas en la prevención y en la generación de oportunidades. John Vega citó que las estrategias punitivas son negativas y se debe combatir la pobreza y el desempleo. Stefany Campos argumentó que la seguridad debe ser integral, desarrollando políticas desde las más diversas áreas.
Rodolfo Hernández citó que la generación de empleos y el fomento de la educación deben ser impulsados para luchar verdaderamente contra la criminalidad desde ejes diversos.
SALUD PÚBLICA
El siguiente tema fue el de “salud pública y ambiente”. Mario Redondo arguyó que se debe proteger el ambiente desde cada una de las áreas de la sociedad, especialmente en aquellas donde Costa Rica ha tenido un déficit. John Vega por su parte, hizo énfasis en que los datos de contaminación son alarmantes desde la explotación agrícola. Stefany Campos aludió a que una de las mayores riquezas del país es el ambiente y todos debemos ser responsables de nuestro actuar diario. Rodolfo Hernández adujo sobre problemáticas de calentamiento global, devolviéndole al MAG la rectoría sobre esta cartera, apostando por energías limpias en miras a la carbono neutralidad. Sergio Mena acotó sobre la realidad que se debe conocer desde el gobierno central, en busca de un norte que el país pueda seguir mediante un ordenamiento territorial.
EDUCACIÓN
Posteriormente se trataron temas sobre “educación”, donde John Vega acotó que él es educador y por esto, es uno de sus temas de más interés y se debe defender la educación y asignarle los recursos que merece. Stefany Campos argumentó que es vital tener un abordaje integral para proteger la educación en aras del crecimiento y el desarrollo. Rodolfo Hernández hizo énfasis en que la educación es importante para combatir las más diversas áreas, como la mala salud, el desempleo, la criminalidad, etc. Sergio Mena dijo que se deben crear sedes regionales de universidades públicas en todo el país para fortalecer el nivel de la educación superior pública y también la distribución correcta del FEES dentro de las universidades. Mario Redondo mencionó el porcentaje del PIB para la educación y que esta sea de calidad, con resultados tangibles, medibles y claros.
DERECHOS HUMANOS
El último bloque trató de “derechos humanos”, cada candidato tuvo una pregunta específica. Stefany Campos dijo que no sé fomentará un Estado laico ateo, porque se separa de la Iglesia Católica y se debe por el contrario incentivar valores y principios. Rodolfo Hernández indicó que se opone a la enseñanza de ideologías donde se menoscabe la capacidad de pensar de las personas y que en su gobierno no se discriminará en cuestiones de derechos civiles; se autoproclamó como defensor de la familia. Sergio Mena dijo que los derechos civiles trascienden las nacionalidades, y se puede proveer asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes. Mario Redondo argumentó que es importante la educación sexual, dejando de lado las doctrinas discriminatorias y el odio; donde se involucren los estudiantes y sus padres. Por último, John Vega dijo que su partido promueve el Estado laico, el matrimonio igualitario, la identidad de género, el aborto, etc.; también se debe democratizar el uso del espectro radioeléctrico.
Seguidamente, se hizo un ejercicio comparativo de índole académico de las respuestas de los candidatos por cada uno de los temas. Melany Arroyo Calderón, representante de la FEUNA, se abocó en el tema de “economía y desarrollo social”, quien adujo que los candidatos apuntaron sobre la importancia de fomentar la educación y el emprendedurismo. Dijo que efectivamente la educación es un pilar para el desarrollo económico, pero no es el único factor; la educación primaria y secundaria debe ser obligatorias. Con respecto al emprendedurismo, agregó que no hay en el país un ambiente fértil que garantice las condiciones para esto.
Por su parte, la Dra. Heidi Vega García, académica del Centro de Estudios Generales analizó el tema de “ambiente”; mencionó que es evidente la problemática con respecto a la evaluación ambiental del país; existe un discurso sobre sostenibilidad que contrasta con lo que realmente pasa en el país; por ejemplo, se debe considerar un sistema productivo que garantice la alimentación. Se debe también utilizar energías renovables, reformular el uso del recurso hídrico y modificar el ordenamiento vial de la GAM, especialmente la problemática sobre el tránsito.
También, para el tema “salud pública”, la Dra. Sandra Estrada Königa, académica de la Escuela de Veterinaria, adujo que la salud pública se debe ver como algo integral, y que la solución debe ser integral. El Estado debe ser responsable, garante y líder en estas temáticas, y es así como se debe enfocar la forma sistémica de ver la salud pública, que va más allá de una simple unión; se logra mediante la articulación del trabajo de diversas áreas del gobierno.
Posteriormente, el M.Sc. Francisco González Alvarado, académico del CIDE realizó el ejercicio comparativo sobre el tema de “educación”; donde apuntó que, se debe considerar que la educación debe ser el motor de desarrollo de Costa Rica, y que es importante mantener el presupuesto del PIB para educación superior y que se tiene constitucionalmente para este rubro, de esta manera, garantizar como país mantener este rubro. González, dijo que les faltó a los candidatos mencionar la forma en la que se puede gestionar el ingreso público para la educación, que no se debe depender del crecimiento o contracción de la economía para asegurar este monto para la educación.
El Dr. Daniel Matul Romero, académico de la Facultad de Filosofía realizó la síntesis de “seguridad ciudadana y derechos humanos”; e hizo un llamado a la visión integral de los temas distintos que fueron abordados en las preguntas, donde solo se hacen propuestas reactivas, sin acciones concretas para el abordaje adecuado de la seguridad, en especial en cuestiones presupuestarias.
El M.Sc. Geovanny Jiménez Núñez, académico Sede Región Brunca abordó el tema sobre “regionalización”, en el cual indicó que desde la academia se debe cuestionar la sociedad para proponer un rumbo y una meta común; acotó que es importante conocer a los candidatos como personas, como políticos y sus concepciones ideológicas.
En el último bloque, los candidatos tuvieron un espacio para su réplica y conclusiones sobre el debate. El primero en disertar fue Rodolfo Hernández, quien agradeció los comentarios de los académicos, también dijo que se debe fomentar la gobernanza y la gestión con calidad. Defendió la sostenibilidad alimentaria y el ordenamiento urbano, vial y el posicionamiento del desarrollo en las zonas más desposeídas. Exhortó a las universidades a crear recursos propios a través de la investigación científica.
Seguidamente, Sergio Mena, adujo que su ideología busca el bienestar común en Costa Rica; también sobre la planificación preventiva y medidas concretas frente a la criminalidad. Acotó que el próximo gobernante debe ser hábil con los recursos financieros. Por su parte, Mario Redondo agradeció el espacio del debate y apuntó a que se debe mejorar la calidad del debate político; invitó a los costarricenses a enfrentar la crisis generalizad que se vive en el país, mediante el fomento de los valores en la ciudadanía. John Vega aprovecho y dijo que los problemas de desempleo y la falta de seguridad social siguen siendo patentes; hizo una crítica también al régimen venezolano. Por su parte, Stefany Campos concluyó que es necesario contar con el compromiso PAIS de que juntos se puede construir una mejor Costa Rica, y se deben cumplir esas promesas que se hacen en campañas políticas; y finalmente hizo una férrea defensa al tema de género y a sus congéneres; defendió los valores familiares como base de la sociedad y el respeto entre los diferentes ideales.
La FEUNA, hizo su cierre a este II Debate por medio de la estudiante Jazmín Arroyo, quien apuntó sobre la importancia de la Federación de Estudiantes de ser partícipes en la organización de este evento y fomentar un sufragio informado. Agregó que desde la autonomía estudiantil, se está en la obligación de ser propositivos en la creación de espacios críticos que invite a los estudiantes a ver desde una óptica crítica todas aquellas situaciones que debilitan a la sociedad costarricense. Por último, agradeció a los candidatos por aceptar la invitación a participar del debate, y a los presentes por su asistencia.
Finalmente, El Vicerrector de Docencia, Dr. Norman Solórzano Alfaro, conductor del Debate hizo un reconocimiento a los candidatos por el ejercicio respetuoso en la exposición de sus ideas y agregó: “Desde la UNA se ha querido ofrecer a la comunidad nacional y universitaria, la oportunidad de escuchar a todos quienes presentan su nombre para dirigir los destinos de este país”. Mencionó que la UNA ha hecho el esfuerzo de invitar a todos los candidatos inscritos a las próximas justas electorales; aunque hubo algunos que declinaron la invitación, para ambos eventos. Se ha querido honrar el principio de equidad para que todas las voces puedan ser escuchadas; se necesita información de primera mano para forjar nuestros propios criterios; todo en el marco de la vida y la construcción del diálogo y la paz. Reconoció la organización del evento a cargo de la Vicerrectoría de Investigación, Facultad de Ciencias Sociales, la Federación de Estudiantes-FEUNA, así como al CANAL UCR por ser parte de la organización, producción y dirección del Debate y al Canal 13-SINART por retransmitir vía internet-Streaming.
Ver II Debate Completo vía internet en Videostreaming acceder al Link:
La VII Feria de Economía Social Solidaria se realizó con representantes de 68 organizaciones. Foto por: Carlos Hernández de la RedESS.
La Universidad de Costa Rica (UCR) en conjunto de la Red de Economía Social Solidaria (RedESS) organizaron el Encuentro de Organizaciones de Economía Social Solidaria (ESS) y la VII Feria de Economía Social Solidaria, donde se abordaron temas prioritarios en la agenda común a nivel nacional para consolidar la ESS en Costa Rica.
El Encuentro contó con representantes de 28 organizaciones y en la Feria interactuaron representantes de 68 organizaciones, unas 145 personas.
La profesora Yasy Morales -coordinadora del TC-607- plantea que “en el Encuentro se expuso el desarrollo de diversos proyectos del TCU Comer Orgánico (TC-607) de la Escuela de Sociología y el Programa de Desarrollo de la Economía Social Solidaria de la vicerrectoría de Acción Social UCR, como parte del acompañamiento al desarrollo de proyectos con comunidades y diversas organizaciones que ese día exponían sus trabajos”.
Estudiantes del TCU compartieron sobre la práctica del trueke en las organizaciones y sus comunidades -como un medio para intercambiar de manera justa- los productos y servicios según los valores comunes de la ESS. También se compartió sobre proyectos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal como actor comprometido con el desarrollo de la ESS y co-organizador de la feria. La RedESS expuso sobre el trabajo que han desarrollado en diversos territorios.
Se aprovechó el Encuentro para exponer sobre procesos impulsados por otros actores de la ESS. La Asociación de Arte y Gestión Cultural Guanared explicar ejemplos prácticos de cómo reivindicar y activar la economía local solidaria mediante la implementación de políticas cantonales de gestión cultural. La Asociación resaltó la importancia de incidir desde las organizaciones en espacios municipales para garantizar que se respete la Política Nacional de Derechos Culturales y se fortalezca su eje de ESS.
El Encuentro contó con representantes de 28 organizaciones. Foto por: Yasy Morales.
Asimismo, se compartió información sobre la participación activa de organizaciones y del Programa de Economía Social Solidaria de la UCR en el Parlamento de la ESS organizado por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, para proponer reformas a leyes existentes o presentar nuevos proyectos a las diputadas y diputados actuales y a candidatos presidenciales.
La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR (CISAN-UCR) expuso sobre el Proyecto de Ley por el Derecho Humano a la Alimentación, donde se espera la conformación de Consejos Cantonales y un Foro Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, espacios en los cuales las prácticas de las familias agricultoras se plantean como el eje fundamental que da paso a la consolidación de la seguridad alimentaria.
El estudiante José Brenes de la Escuela de Psicología, quien asumió entrevistar a los y las participantes a ambos eventos, expresó que “las personas hicieron referencia a que se necesita implementar este tipo de actividades en todos los territorios, no solo en San José. Además se reconoce la necesidad de capacitarse comunitariamente en aspectos legales y sobre cómo tramitar con las municipalidades y las instituciones públicas, ya que existen muchas dudas y desconocimiento en esta materia. Son aspectos importantes para colocar propuestas culturales y alternativas económicas viables”.
Durante la Feria de ESS se implementó una mesa de trueke entre las distintas organizaciones participantes. Foto por: Carlos Hernández de la RedESS.
Al finalizar el evento algunas organizaciones realizaron invitaciones a otras actividades vinculadas a este tema, como la Feria de la Mujer Rural en San Carlos, que se realizó el 14 de octubre. Y el lanzamiento de una plataforma de comercialización directa y solidaria en internet denominada “el Merkado Vivo”, que se realizará el 25 de octubre en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC).
La VII Feria de Economía Social Solidaria se realizó el 2 y 3 de octubre en la sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca y fue organizada por el TCU “Comer Orgánico” (TC-607) de la Escuela de Sociología, el Programa de Desarrollo de la Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social y la Red de Economía Social Solidaria, con apoyo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la Federación de Estudiantes y las radioemisoras UCR. Para más información puede comunicarse al correo: comerorganicotcu@gmail.com.
Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.
Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.
En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que –a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales– favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.
Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.
Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivita. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y principal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.
Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coerción de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.
Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).
Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.
Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.
Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.
Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.
Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.
Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:
La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.
¡Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!
En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que:
¡Del Perú a Canadá la minería no va!
Enviado por Coordinadora Ni Una Sola Mina (CNUSM).
