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Etiqueta: Freddy Pacheco León

Son dos los impuestos a la circulación

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Freddy Pacheco León

El impuesto al marchamo o derecho de circulación ha de verse unido al otro derecho de circulación, que se paga bajo el nombre de «impuesto único a los combustibles», ¡más elevado que el del mismo marchamo!, con la gran diferencia que lo cancelamos cada vez que echamos gasolina.

Ambos, desproporcionados, conforman quizá el cobro por un derecho a movilizarse en nuestros vehículos, de los más altos en el mundo. El del «marchamo» se paga según el valor del vehículo, mientras el segundo es cobrado sin valoración particular alguna.

Nuevo o viejo el auto, el impuesto se cancela por igual, encareciendo el valor de la gasolina y el diésel, como un 40%, por cada litro comprado, para poder circular por nuestras fabulosas autopistas.

Ahora bien, si Chaves piensa que el impuesto-marchamo, no es desproporcionado ni injusto, pues tiene razón en oponerse a su rebaja, pues los pagadores no urgirían de esa rebaja. Pero si no es así, habrá de reconocer, que es un despropósito, en infinidad de casos, gastar el aguinaldo en el pago de un impuesto insostenible.

El proyecto del 4/3, un confite amargo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

“Bueno, es que las cosas cambian con el tiempo y ahora tenemos que adaptarnos a la modernidad”, piensan los que actúan sin hablar, sin razonar, sin sentido histórico, los que se creen nuevos “próceres” en el mundillo político. Y como así son las cosas, no importa para ellos las luchas obreras, con mártires incluidos, que sucedieron desde hace más de 100 años tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Son los que ahora ceden mansamente a las intenciones de los que aspiran a ganar más, aunque no necesariamente sea para pagar al día sus impuestos y cargas sociales, pues… eso puede esperar por una mejor situación económica, alegan.

En nuestro pequeño país, ha de recordarse con admiración al Obispo Bernardo Augusto Thiel quien, pese a la airada protesta del presidente José Joaquín Rodríguez, emitió en 1893 con entusiasmo y valentía la Carta Pastoral “Justo Salario”, derivada de la encíclica del Papa León XIII de 1891 Rerum Novarum. Extraordinario esfuerzo del segundo obispo de Costa Rica por sembrar la semilla de la Doctrina Social de la Iglesia católica en Costa Rica, cuyas flores ahora algunos quieren cortar de raíz.

Ha de destacarse que pocos años antes, el Congreso Obrero Socialista, reunido en París, declaró a partir de 1890 la celebración cada Primero de Mayo, como un Día Internacional de Lucha por la Jornada de 8 horas. Y se siguió avanzando. En vista de las malas condiciones laborales que imperaban en Costa Rica, surge a partir de 1905 la primera Federación de Trabajadores, y a partir de 1913 la pionera Confederación General de Trabajadores, que se extendió hasta 1923, cuando apoyó al notable político Jorge Volio en su esfuerzo visionario por desarrollar e impulsar las ideas reivindicativas de su Partido Reformista.

Dicha Confederación (la CGT) fue impulsada por el Centro de Estudios Sociales Germinal, en que sobresalían los maestros Omar Dengo, Joaquín García Monge, José María Zeledón, Carmen Lyra y otros destacados caudillos culturales de esos años como el mártir Rogelio Fernández Güell, alrededor de la tarea de luchar por la jornada de trabajo de 8 horas, y otras reivindicaciones.

Entre 1918 y 1919 en que se desarrolló la sangrienta dictadura de Federico Tinoco, cuando la inmensa pobreza y los reclamos por mejores condiciones humanas, eran reprimidos por el ejército con torturas y asesinatos, era inevitable que fuera creciendo entre la población la necesidad de organizarse para luchar por mejores condiciones de vida.

Así, en enero de 1920, los trabajadores ebanistas y carpinteros, especialmente del sector público, iniciaron la lucha por obtener la jornada de trabajo de 8 horas diarias, incluyendo al sector privado.

Declarados en huelga nacional, la primera en la historia de Costa Rica culminó con éxito el 3 de febrero imponiendo el reconocimiento de la jornada de 8 horas y un aumento salarial del 20%.

En el Diario de Costa Rica de la época se lee que “se fueron sumando a la huelga, los carpinteros, mecánicos y pintores del ferrocarril al Pacífico, los obreros de los talleres de Obras Públicas, los trabajadores de la Fábrica Nacional de Licores y de otras dependencias de gobierno. Así como los empleados del mercado, las costureras, las pureras, los zapateros, los empleados del tranvía, los de la planta eléctrica de Los Anonos, panaderos, pintores, tipógrafos, los empleados de la cervecería Traube, los saloneros, los cocheros de San José, los marineros del golfo de Nicoya, trabajadores de Puntarenas y Limón”. La escasa población adulta (medio millón era la población total) había dicho ¡basta! y se hizo sentir.

Para entonces gobernaba en forma provisional de maestro, abogado y político Francisco Aguilar Barquero, quien gobernó entre el fin de la dictadura de los Tinoco en setiembre de 1919 y el 8 de mayo de 1920, cuando asumió la Presidencia el líder anti-tinoquista Julio Acosta García. En diciembre de ese mismo año, el Congreso emitió la ley número 100 en que estableció que ocho horas eran el límite para la jornada diaria de trabajo.

En el ámbito internacional cabe destacar la realización de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América el 29 de octubre de 1919, en que se estipula que “En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas…”

Sin embargo, la lucha habría de continuar pues el incumplimiento de gobernantes durante las siguientes dos décadas era evidente. Hasta 1943 en Costa Rica, gracias a la sapiencia de beneméritos de la Patria como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder comunista Manuel Mora Valverde y el obispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria, finalmente se incorpora en la legislación costarricense las normas que habrían de regir las relaciones laborales en el país, en un Código de Trabajo redactado de acuerdo con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Código que mantiene su vigencia y que establece en su artículo 136 que “La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis horas en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana”.

Ahora bien, envalentonados en medio de su ignorancia, unos políticos redactaron el proyecto de ley que pretende borrar más de un siglo de justas reivindicaciones que, para ellos, ahora no tienen razón de ser.

Al ignorar que las largas jornadas de trabajo provocaron al menos 745.000 muertes por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares en 2016 (un aumento del 29 por ciento desde el año 2000) según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para satisfacer a los que no quieren pagar sobresueldos por el trabajo en horas extras, buscan engañar a los trabajadores privados y públicos ofreciéndoles “tres días de esparcimiento por semana”, si se negocian trabajar jornadas de 12 horas diarias. ¡Usted trabaja cuatro días y disfruta tres días en su casa o recreándose!, es lo que se lee en la cobertura del confite que se les ofrece. Eso sí, sin puntualizar que en esos tres días libres se podrían incluir los sábados y domingos que de por sí… muchos no trabajan. De esa manera, los proponentes ofrecen crear decenas de miles de nuevos empleos, cuyos trabajadores cubrirían jornadas parciales pagadas con salarios ordinarios… que antes se pagaban como horas extraordinarias a los empleados que así eran requeridos por sus patrones.

Las consecuencias las conoce cada trabajador, pues para muchos de ellos, las horas extra son fuente de ingresos requeridos para medio atender gastos que con sus salarios ordinarios no es posible satisfacer, y que con ese famoso 4/3 se desvanecen. O sea, contando al menos dos horas de traslado hacia y desde sus trabajos, estarían fuera de sus hogares unas 14 horas, por lo que saldrían al amanecer y regresarían al caer la noche. Solo unas pocas semanas después de ese trajín, seguramente esa jornada laboral bestial se reflejaría en la salud de los trabajadores, tal y como lo expresa la estadística anotada hecha pública por la OMS y la OIT.

Pero si ello afecta la vida familiar en general, para el caso de las madres trabajadoras, ¡muchas de ellas jefas de hogar!, la situación es mucho más angustiante. No solo les impide el ingresito extra conque algunas veces cuentan para salir adelante, sino que les provoca problemas muy difíciles de resolver en su casa, con sus hijos, con sus padres y abuelos adultos mayores, con otras personas del núcleo familiar. Para trabajos que inician labores a las 7 de la mañana, por ejemplo, ya a las 6 deberían estar viajando hacia donde trabajan, para luego estar de regreso, exhaustas, a eso de las 8 de la noche, si tienen suerte en el traslado. Así ya no podrían prestarle atención de sus hijos escolares, ni en las mañanas ni en las noches; y si tienen bebés en una guardería, los horarios de éstas no corresponderían con el de sus horas laborales. Como previsible consecuencia, algunas no podrían seguir trabajando, por lo que la pobreza inevitablemente se profundizaría.

Habrá infinidad de otras situaciones posibles que podrían presentarse, pero no hay que cavilar mucho para percatarse de lo que sucedería.

En fin, abogamos porque las personas laicas y religiosas, políticas y civiles, hombres y mujeres, alcen sus voces calificadas y hagan sentir a los gobernantes que ese proyecto de ley nefasto debería archivarse de inmediato, luego de la consulta a la Sala Constitucional, que esperamos no avale esa barbaridad. Sobran las razones para rechazarlo y es prudente aprender de la historia para no cometer errores que podrían alterar la ya de por sí frágil paz social que se vive en el país de la“pura vida”.

¿Qué pasa en la administración de RECOPE?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

En contraste a la excelente calificación que usualmente le ha venido reconociendo Fitch Ratings, a la empresa más grande y robusta del istmo centroamericano, La Nación revela datos financieros de gran relevancia, que necesariamente han de ser atendidos responsablemente.

Leemos que Recope «cerró los primeros seis meses de este año con pérdidas por ¢13.219 millones, según lo revelan sus estados financieros. El balance contable contrasta con el desempeño del primer semestre de 2022, cuando obtuvo ganancias de ¢39.330 millones».

Y ante esa verdad certificada, preocupa que nuestro RECOPE, con su excelente servicio al Estado costarricense, abasteciéndonos de los mejores combustibles, hasta los rincones más alejados del país, ¡a precio de costo!, pudiese estar tomando un rumbo administrativo errado, que eventualmente erosionará su fortaleza como entidad estatal que nos aporta, junto al ICE, la energía que requiere Costa Rica, funcionando ambas instituciones sin fines de lucro.

“Por ello, es responsabilidad de Recope valorar si esa estructura de costos, reconocida en el margen de operación del 2019, es consistente y se ajusta a su realidad operativa actual. En caso de que lo considere necesario, puede presentar ante la Autoridad una solicitud de ajuste ordinario para su actualización”, afirmó Mora Quirós, intendente de Energía de la ARESEP.

Ante esa advertencia, Juan Manuel Quesada, quien fuese funcionario de la Autoridad Reguladora y hoy presidente de Recope, prometió el 30 de junio de 2022 que NO tramitaría ajuste ordinario ese año. Lo dijo en el Congreso de Energía y Ambiente, que organizó en aquel momento la Cámara de Industrias de Costa Rica», informa La Nación.

Además, Éric Bogantes, regulador general, reiteró que «la ley de ARESEP tiene los mecanismos suficientes para garantizar los ingresos necesarios a los prestadores y así preservar su equilibrio económico. Para esto, los prestadores del servicio público deben presentar su estudio ordinario de tarifas».

Ante lo anotado, surge la gran duda del por qué, la jerarquía de RECOPE está propiciando la actual situación, cuando su deber es, el de fortalecer a esa gran institución estatal, que como ha sido evidente, algunos políticos-empresarios quieren vender, alquilar o subastar, para lucrar con ese importante sector de energía, fundamental para el progreso de Costa Rica.

¿Anexión o incorporación?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Freddy Pacheco León

Que en lugar de ANEXIÓN deberíamos hablar de INCORPORACIÓN del Partido de Nicoya, porque la unidad no se dio por la fuerza, nos dicen con buen fundamento. Y quizá sobran razones para que sea así, pues en la llamada “Acta de la anexión”, hemos corroborado que ni siquiera aparece la palabra “anexión”. Pero hay una realidad que tampoco debemos de desdeñar; la realidad derivada de la tradición, de la costumbre, la que naciera quién sabe cuántos años atrás: la de celebrar la ANEXIÓN del Partido de Nicoya.

Así, llámese como se llame correctamente, lo que interesa, lo que importa, lo trascendental, es el resultado de esa libre decisión tomada el 25 de julio de 1824, como culminación de un proceso iniciado tres años antes, cuando se diera la independencia de España, para Costa Rica, Nicoya y demás países centroamericanos.

Fue tan natural ese abrazo, que al suscribirse el acta oficial donde se proclama la unión de Nicoya a Costa Rica, algunos nicoyanos lo habrían visto como un acto casi innecesario, después de tanto tiempo de participar conjuntamente, como un mismo pueblo, ante órganos de la realeza española. Sin embargo, para entonces, y demostrado unas cuatro décadas después, ese acuerdo público y voluntario, plasmado “en un papel”, fue adquiriendo mayor relevancia.

Algunas autoridades nicaragüenses se sentían despojados de algo que, decían, les pertenecía, y así soñaban con que Liberia, Santa Cruz y Nicoya, formaran parte del territorio de Nicaragua. Por tanto, si no se hubiera dado el acto formal en que se abrazan fraternalmente ambos pueblos, quizá, con el paso de los años, hoy no celebraríamos dicha unión. Por eso, hoy también hemos de felicitar y agradecer a los guanacastecos, por el buen tino y prudencia que demostraron, ese 25 de julio de hace casi dos siglos.

Aunque todavía hoy, de vez en cuando, algunos gobernantes nicas «levantan su espada patriótica», para luchar por la «recuperación» de Guanacaste, el acta histórica es y seguirá siendo determinante, a favor de nuestra Patria. Como lo fue, el 15 de abril de 1858, al suscribirse el “Tratado de límites Cañas – Jerez”, donde, gracias a una muy bien realizada negociación, auspiciada brillantemente por nuestro héroe don Juan Rafael Mora, los representantes nicaragüenses reconocieron, por primera vez y contundentemente, que todo el territorio guanacasteco era parte integral de Costa Rica.

Han pasado 199 años y, día con día, el pueblo costarricense tiene el deber patriótico de reafirmar, con sus actos, la trascendencia de la «anexión», las consecuencias positivas que ha tenido la misma, para este maravilloso pueblo, para esta formidable Patria.

Es inimaginable el destino que, probablemente, habrían tenido los guanacastecos y costarricenses, en el hipotético caso de que los hermanos del entonces Partido de Nicoya, hubiesen querido mantenerse como un ente autónomo e independiente. Por ello, hemos de agradecer a Dios el haberlos iluminado para tomar la decisión que tomaron, al librarse y librarnos, de la pesadilla en que ambos pueblos nos habríamos sumido.

Una «Costa Rica sin el Partido de Nicoya», la que existía anterior a ese 25 de julio de 1824, pudo haber sido algo posible, pues como recordamos, no fue sino hasta el 15 de abril de 1858, que los representantes de la vecina Nicaragua, implícitamente, reconocieron como válida el acta que evidencia la unión de Guanacaste a su hermana mayor.

Quizá valdría la pena hacer una pausa, y reflexionar sobre lo que habría sido para los ticos, el vivir en un país sin Guanacaste como parte integral de nuestra nacionalidad, sin sus llanuras, sin su biodiversidad, sin sus litorales, sin sus montañas, sin sus paisajes, y muy especialmente, sin su gente, sin su cultura, sin su calor humano. Por ello, “en noches de luna llena…”, y en todas las noches y días en la pampa guanacasteca, se respira un aire especial de beneplácito por la decisión trascendente, tomada por los habitantes del entonces independiente partido de Nicoya. Ni pensar lo que seríamos sin ese queridísimo territorio, en el que resalta el mundialmente famoso ramillete esplendoroso de playas, las extensas sabanas, los bosques con árboles de refulgentes flores multicolores, y más importante todavía, los compatriotas ejemplares que nos brindan su inteligencia, laboriosidad y cultura folklórica única que caracteriza a toda la nación. Celebremos pues, la llamada «anexión» con que se conoce la incorporación voluntaria del Partido de Nicoya a SU PATRIA natural. (Pintura de Miguel Allan).

La nueva casa de Anthony Contreras

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Un poquito de información sobre el equipo de Anthony Contreras. Es el RIGA F. C., mejor equipo de Letonia, país de 64.500 km2, con un litoral de 500 km al mar Báltico, con límite marítimo frente a Suecia.

Letonia tiene menos de dos millones de habitantes (un 26% de origen ruso), y Riga, su capital, tiene un centro histórico Patrimonio Mundial, declarado por la Unesco, unos 700. 000 habitantes.

Su economía se basa en los servicios (68%) y un 24% en la industria, principalmente. Por su belleza, su turismo se acerca a los dos millones de visitantes anuales.

Obtuvo su independencia en 1991, con el fin de la era soviética. Su sistema de Gobierno es parlamentario. Riga, la capital de Letonia, «Capital Europea de la Cultura», se ubica en el mar Báltico, con varios museos y salas de conciertos. La ciudad antigua, exclusivamente peatonal, tiene muchas tiendas y restaurantes y cuenta con la ajetreada Plaza Livu, con vistosos bares y clubes nocturnos.

Un Consejo de Ministros del partido Socialdemócrata, conforman la rama ejecutiva, cuyas sesiones son públicas.

Sobre el equipo de Contreras, hay asuntos de mucho interés. Aunque el hockey sobre hielo y el baloncesto son los deportes más populares de los letones, la comunidad rusófila es la más interesada por el fútbol.

Nuestro compatriota estará encontrando una gran competencia en el Riga F. C., principalmente en los jugadores extranjeros. Hoy juegan en su equipo tres brasileños, dos peruanos, tres croatas, tres congoleses, dos ucranianos, tres serbios, un checo, un español, un portugués, complementados por once letones.

Bonito reto tiene Anthony Contreras, que estamos seguros sabrá enfrentar dando el máximo esfuerzo.

17 de julio del 2023

Nicaragua pierde otra vez en La Haya

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Freddy Pacheco León

NOS parecía una pretensión insólita, pero al final y después de tanto tiempo, privó la razón de los argumentos jurídicos, expresados por los representantes de Colombia. La pretensión del gobierno de Nicaragua, aparentemente se sustentó en un vacío legal que, precisamente, por tratarse de algo jurídicamente insustentable, quizá no parecía necesario cerrar. Pero bueno, los abogados nicaragüenses pensaron diferente, y decidieron tratar de ingresar por ese «conjunto vacío» no aritmético, sino legal. Y, como era de esperar, nuevamente les fue mal en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, Países Bajos.

En resumen, y en sencillo, los Estados ribereños que tienen bajo su zona contigua y zona económica exclusiva de hasta 200 millas de ancho, un lecho marino situado a una profundidad menor a los 200 metros, como prolongación natural del territorio continental, lo que constituye la PLATAFORMA CONTINENTAL.

Ahora bien, el derecho internacional del mar, reconoce la posibilidad, de que dicha plataforma continental, en caso de proyectarse más allá del límite exterior de 200 millas de la zona económica exclusiva, hacia la altamar, por ejemplo, el Estado ribereño pueda reivindicar su derecho a extenderse hasta donde se supere la profundidad de 200 metros, pero a una anchura no mayor a las 150 millas, medidas a partir, reiteramos, del borde exterior de la zona económica exclusiva. Es decir, sumados a los derechos de soberanía que el Estado ribereño tiene sobre todos los recursos vivos y no vivos, que se encuentran en las aguas suprayacentes al lecho, en el lecho mismo, y en el subsuelo del mar, en la plataforma continental también se tienen derechos de soberanía, sobre los importantes recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo.

Si consideramos que en la plataforma se localiza la cuarta parte de la producción mundial de petróleo y gas metano, quizá entendemos mejor el por qué se trata de un territorio más que interesante. Y si se pudiera extender esa plataforma continental más allá del límite exterior de la zona económica exclusiva, pues bienvenido sea, como lo han previsto algunos Estados, incluyendo a Costa Rica en el océano Pacífico. Se trata de algo normal, formalizado por la ONU, y principalmente, sin entrar en conflicto con otros Estados.

Pero hay un «detallito» que provocó el reciente fallo contra Nicaragua en la Corte de La Haya.

Resulta que la plataforma continental que los nicaragüenses reivindican más allá de las 200 millas que marcan su zona económica exclusiva, ¡se localiza bajo la zona económica exclusiva de Colombia!, en la zona del archipiélago de San Andrés, declarado como colombiano en el año 2012.

 En otras palabras, los nicaragüenses pretendían que los jueces del máximo tribunal de la ONU, les abriera el camino de poder explorar y explotar los recursos minerales del fondo marino, que se podrían encontrar bajo el mar colombiano. Más allá de una invitación a conflictos permanentes entre ambos países, un fallo favorable a Nicaragua, habría echado por la borda el merecido reconocimiento y prestigio que tiene la Corte Internacional de Justicia. Aunque se tardaron 10 años, lo bueno fue que lo resolvieron correctamente.

En concreto, el pasado 13 de julio, por 13 votos a 4, se rechazó la solicitud hecha por la República de Nicaragua en busca de que la Corte adjudicara y declarara, que la delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia, en las áreas de la plataforma continental que pertenecen a cada una de ellas, habría de estar, según Nicaragua, más allá de la delimitación determinada en el año 2012, es decir, más allá de donde se traslapan las zonas económicas exclusivas de ambos Estados. Con ello, su plataforma continental habría penetrado, muchas millas por abajo del mar Caribe colombiano. ¿Se imaginan ustedes, una plataforma extractora de petróleo, perteneciente a Nicaragua, ubicada en el mar patrimonial colombiano? Pues, tal sinsentido habría sido posible, si los vecinos del norte no hubiesen salidos derrotados en La Haya.

frepaleon@gmail.com

15 de julio del 2023

La doble moral del Estado costarricense en materia ambiental – En 5 MINUTOS, O MENOS – EPISODIO 28

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Si por un lado este, y gobiernos anteriores, han expresado ante organismos, Estados y entidades internacionales que Costa Rica no solo posee una rica e inmensa diversidad ambiental, superando a muchas naciones del mundo, sino que, además sus gobiernos fortalecen las políticas nacionales para su protección, es evidente que la realidad a lo interno del país es el ejercicio permanente de políticas que debilitan y eliminan esa protección, sea en forma legal o ilegal.

Lo vemos cuando a las instituciones públicas, especializadas y jurídicamente dotadas de mecanismos y leyes, se les vulnera sus capacidades para el ejercicio de sus potestades, no solo mediante acciones ilegítimas, sino también por medio de la corrupción y compra de “favores” políticos.

Los Parques Nacionales, las zonas marítimo-terrestres, las zonas protegidas, son, mayor frecuencia violentados. Aunque es difícil poder resumir en 5 minutos sobre un tema tan importante y diverso, para actualizarnos sobre los últimos acontecimientos en este tema de los ultrajes a la legislación de protección ambiental en Costa Rica, sobre todo en este gobierno de Rodrigo Chaves, nos acompaña el doctor Freddy Pacheco León, especialista en ciencias Biológicas.

Don Freddy, ¿Cuáles son las últimas noticias con respecto a la situación ambiental en nuestro país?

Freddy Pacheco: Sobre un tema tan diverso, una particularidad, los parques nacionales. Desde hace 85 años, cuando el doctor José María Orozco propuso la creación del primer parque nacional en Costa Rica, el Parque Nacional Volcán Poás, hemos avanzado bastante en ellos. Eso fue en 1938, que, por cierto, entre paréntesis, para los que no lo conocen, el doctor José María Orozco fue el que escogió en 1937 la Guaria Morada como flor nacional. Ahí la tienen, gracias a él.

Pues bien, el doctor Orozco propuso ese Parque Nacional Volcán Poás en 1938, no se logró llegar a su creación. Después, en 1955, don Pepe creó el Parque Nacional Volcán Irazú.

Se siguió avanzando y en los años 70, se llegaron a establecer otros parques nacionales, destacándose la participación de don Daniel Oduber como presidente de la República.

Y por supuesto, la de don Rodrigo Carazo, con la creación del Parque Nacional Isla del Coco. Pero jamás pensamos que 85 años después de que el doctor Orozco lanzara esa magnífica idea, iba a aparecer un gobierno de la República casi que dispuesto a acabar con parques nacionales.

El doctor Orozco, en su opinión, le estorban los parques nacionales. Y lo hace porque, según él, y según algunos que le creen, al permitir que un parque nacional como el Parque Nacional Manuel Antonio, que es muy pequeño en la parte terrestre, menos de 2.000 hectáreas.

Al permitir que un parque nacional reciba un número de visitantes antojadizo, sin base científica, sin estudios de los conocedores que hay muchos y muy buenos, que reciba 3.000 visitantes diarios, irrespetando lo que se llama capacidad de carga del parque nacional, que establece que el número ha de estar en 1.200 visitantes diarios, para que no se destruya, para proteger su fauna y su flora también, para proteger sus playas. Pues no, él determinó que se puede hacer por decreto ejecutivo que ingresen 3.000 visitantes diarios.

Eso sería como que, al Estadio Nacional, que sabemos que ese estadio puede recibir 32.000 aficionados en sus instalaciones, llegue un director de deportes o a quien se le ocurra decir, no, no, miren, quitemos unos cuantos asientos y recibamos 50.000. Por supuesto que lo pueden hacer, tal vez que sí, de pie, y por supuesto también que lo van a destruir.

Eso no se puede hacer así. Es que hasta en la casa de habitación nuestra, tiene una capacidad de carga. Usted no recibe en su casa a 50 personas. Sabe cuántos puede recibir para que no se destruya, pues está pasando con el Parque Nacional Manuel Antonio, y es un signo muy preocupante.

Porque si Costa Rica es conocida en el mundo por su protección ambiental, por proteger más del 25% de su territorio en áreas de conservación, si muchos visitantes, muchos turistas, que es la principal fuente de divisas y de empleo en el país, vienen acá, atraídos por sus bellezas naturales, mal haríamos en echar marcha atrás y romper ese prestigio extraordinario que tiene nuestro país, y lo peor, hacer que nosotros los costarricenses perdamos la mayor riqueza natural que tenemos, nuestros sistemas de áreas de conservación.

5 MINUTOS, O MENOS
5 de julio 2023

“¿Por qué no alquilar la isla del Coco?”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Allá por el año 1990, nos visitó en la dirección de la Escuela de Ciencias Ambientales (Universidad Nacional) y de entrada nos dijo: “¿Por qué no alquilar la isla del Coco?”, y de inmediato, con plena convicción, nos amplió su propuesta con argumentos que escuché respetuosamente, aunque, obviamente, perplejo. Que era un parque nacional que nadie podía visitar, como si se podía hacer con el Parque Nacional frente a la Asamblea Legislativa, nos dijo; que no generaba ningún beneficio para el desarrollo de Costa Rica; que en el pasado, con el Instituto Costarricense de Turismo había suscrito un contrato que habría propiciado la inversión necesaria, para incluso construir un aeropuerto que incluía parte del mar; que él, entonces como diputado echandista, había logrado el apoyo de muchos colegas de otros partidos, que veían en la idea, una extraordinaria oportunidad de “hacer algo” creativo en esa muy lejana isla, que “era reclamada, incluso, por los colombianos, y que los gringos casi habían comprado para fines militares, después de visitas del presidente Roosevelt en los años 30”; que el famoso tesoro seguía esquivo y que entonces no había por qué seguir pensando en él como fuente de riqueza. ¡Que, este servidor, como director de una unidad académica prestigiosa en el campo ambiental, le apoyara en esa iniciativa!

Aunque por momentos pensé que el caballero, estaba inmerso en una fantasía, y que lo suyo no era más que un sueño, quizá recurrente, que en la de menos requería atención especializada, para nuestra sorpresa traía consigo algo que sí me hizo prestarle mayor atención. Se trataba de una copia de La Gaceta del día de Navidad de 1966, en que se consigna el “Dictamen afirmativo” de la comisión legislativa de Gobierno y Administración, del proyecto de ley “Traspaso en propiedad de la isla del Coco al Instituto Costarricense de Turismo y aprobación de un contrato para su explotación”.

En su aprobación, concluyeron los señores diputados Fernando Gutiérrez Benavides, Enrique Azofeifa Víquez, Ramiro Barrantes Elizondo, Hernán Vargas Ramírez, Jorge Luis Villanueva Badilla y Mario Charpantier Gamboa, que la isla del Coco no puede dedicarse a la agricultura…; que tampoco puede dedicarse a un centro penitenciario…; que por razones de distancia y por el alto costo, no es posible explotar, como fuente de riqueza, sus recursos naturales…; que los tesoros que, se ha dicho, existen en la isla no constituyen patrimonio económico, sino una leyenda, una utopía, aprovechable únicamente como atracción turística; “y, por último, la única alternativa que queda, dentro del mundo moderno, y como único recurso económico para el país, es la explotación turística de la Isla del Coco”.

Como ven, amigos, ¡No era cuento ni una fantasía infantil! Se trataba de un pasaje muy poco conocido, de algunos de nuestros políticos.

Y si a algunos les parecerá que la idea desarrollada en ese proyecto de ley podría ser, en términos actuales, descabellada, conozcamos algunos detalles de los compromisos contractuales suscritos entre los señores Ricardo Castro Cañas, por el ICT, y el señor César Augusto Solano Sibaja, nuestro visitante hace tres décadas, aprobados por la citada comisión legislativa, para la explotación turística, en los primeros meses del gobierno de don José Joaquín Trejos.

“El contratista” se comprometió, “en el menor tiempo posible”, a invertir un millón de dólares en los primeros dos años, a “construir un aeropuerto para toda clase de aviones”, “un muelle para el embarque y desembarque  de pasajeros y mercaderías en barcos de regular calado”, así como “todos los locales que el Gobierno considere indispensables para las oficinas públicas”, a la vez que se le otorgó el derecho “para construir y arrendar terrenos a particulares para la construcción de hoteles, moteles, viviendas particulares, locales comerciales, piscinas, gimnasios, y además, toda clase de edificaciones o instalaciones con que cuentan las ciudades modernas o centros turísticos”.

No habría que esforzarse mucho, para vislumbrar cómo se encontraría la isla del Coco, apenas un poquito más grande (2.400 ha) que el también pequeño Parque Nacional Manuel Antonio (ambos en sus partes terrestres), de haberse ejecutado esa “brillante iniciativa”, entonces acogida con entusiasmo por los legisladores.

¡Pero viene lo mejor!

Además de la inversión que, supuestamente sería cubierta por empresarios alemanes, nos dijo el señor Solano Sibaja dos décadas después de haberse dictado el dictamen legislativo favorable, en el contrato suscrito con el gerente del ICT, leemos lo siguiente: “1º- Concédese en arrendamiento al contratista por la suma de un colón al año, los derechos exclusivos para la explotación turística de la Isla del Coco y sus islotes…”. Y agrega: “Este derecho se concede por un plazo de cuarenta años a partir de la fecha en que se firma el presente contrato”. Aunque se aclara (¡como gran cosa!) que “Si se aprobare el traspaso, cesión, venta o enajenación de este contrato a personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, la adquiriente deberá asumir todas las obligaciones contractuales que aquí se establecen”.

Tal era el convencimiento de que estaban ante un gran negocio en favor de la Nación, que en la sesión de comisión del 13 de octubre de 1966 (lo citamos para evidenciar que también había oposición a proyecto), leemos: “ahora, nosotros estamos, como dicen los comunistas, – ese es el argumento comunista-, estamos entregando la isla del Coco “mediante escandaloso y oscuro contrato”.  Lo que dijo el diputado Villanueva Badilla, es muestra de que, 12 años antes de que el Presidente don Rodrigo Carazo se impusiera la estupenda tarea de crear, por decreto ejecutivo del 22 de junio de 1978, el Parque Nacional Isla del Coco, ya había por entonces costarricenses (no creemos que necesariamente solo “comunistas”) opuestos a esa ofensa a la Patria, que se estaba fraguando aceleradamente.

Con una visión patriótica y conservacionista no considerada por anteriores gobernantes, don Rodrigo Carazo, quien asimismo valoraba la ubicación estratégica de la isla del Coco, como capaz de sustentar un vasto territorio marítimo y sus recursos biológicos, desdeñado por muchos, firmó su Decreto Ejecutivo (Nº 8748-A-MAG) que hoy, 25 años después, adquiere mayor relevancia, pues en él se reafirma “Que es función del Estado velar por, la conservación, protección y fomento de los recursos naturales del país”, y “Que la declaratoria de la isla del Coco como Parque Nacional, es el medio más recomendado para preservar el estado natural de la isla”.

Así, gracias, muy especialmente, a don Rodrigo, se ha conservado en inmejorables condiciones el bosque siempre verde, tupido y denso, que la caracteriza, así como las 235 especies de plantas (70 endémicas), 362 especies de insectos (64 endémicos) y 2 de reptiles endémicos, 3 tipos de arañas, 85 especies de aves (4 endémicas), 57 especies de crustáceos, 118 variedades de moluscos marinos, más de 200 tipos de peces y 18 especies de cocales, en términos generales.

Riqueza invaluable, inmensa, extraordinaria, que, de haberse ejecutado el insólito contrato de desarrollo turístico que hemos comentado, ¡a cambio de 40 monedas de colón por 40 años!, que incluso propiciaba su venta a intereses extranjeros, quizá hoy el mismo solo provocaría lamentos inútiles, ante la impotencia de ver “La Isla del Tesoro”, destruida por desdén, y en manos foráneas.

26 de junio del 2023

En defensa del Liceo

Escrito en . Publicado en Educación.

Freddy Pacheco León

Dura tarea tiene la administración Chaves, para poder justificar ante el Tribunal Contencioso, que el convenio suscrito para hacerse de una manzana de terreno del Liceo de Costa Rica desconoce tres cosas:

Que la junta administrativa del Liceo, que les otorgó los 10 mil metros cuadrados, solo tiene carácter de auxiliar de la administración de la Institución.

Que el concejo municipal nombró ilegalmente dicha junta.

Y que dicho convenio, suscrito por los ministros de Obras Públicas, Vivienda y Educación, no puede desconocer la Ley Oduber de 1974, que otorga dicho terreno al Liceo.

Ello, sin considerar, que el proceso de arrendamiento mediante el cual el Ministerio del señor Amador, paga ₡192 millones anualmente, por el uso de esa manzana, obedece a una firme resolución judicial.

La buena y vieja idea de la «Ciudad Gobierno» no debería buscar su ejecución cometiendo errores semejantes, aún antes de dar sus primeros pasos.

¿Quién es el lobo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Mientras por un lado los carajos de la OCDE, anotan lo siguiente: «Mucho hay que alabar del sistema de salud de Costa Rica: su estabilidad institucional respecto al financiamiento y la planificación; un brazo proveedor cercanamente integrado pero claramente diferenciado, con una atención primaria fuerte en su base; un impresionante grado de coordinación intersectorial a nivel nacional y un diálogo efectivo entre los usuarios y los administradores de servicios de salud a nivel local, impulsando el mejoramiento del servicio. La innovación alrededor de los roles profesionales y el uso ambicioso de expedientes electrónicos de salud también son logros de los que otros sistemas de salud podrían aprender. Todo esto lleva a unos resultados de salud que están al nivel de varias economías de la OCDE: la esperanza de vida es de 79.9 años, comparada con los 80.6 que muestra el promedio de la OCDE, y menos del 1% de la población reporta no usar los servicios de salud debido a razones financieras».

Por otro, abogan por «Permitir al paciente la elección de su proveedor, incluidos los proveedores del sector privado (pagados con fondos públicos) cuando esto sea lo apropiado».

Ello mueve a preguntarnos, si lo que quieren es un sistema de seguridad social costarricense, fortalecido y más eficiente, o uno más cercano al que impera, por ejemplo, en los Estados Unidos y otras naciones, donde no existen sistemas de seguridad social universales y solidarios.

Algo preocupante, y hasta diríamos amenazante, pues permite vislumbrar, cual lobo de La Caperucita, un personaje esperando en un recodo del bosque, dispuesto a privatizar, el sistema de salud público costarricense.