¿Qué pasa en la administración de RECOPE?

Freddy Pacheco León

En contraste a la excelente calificación que usualmente le ha venido reconociendo Fitch Ratings, a la empresa más grande y robusta del istmo centroamericano, La Nación revela datos financieros de gran relevancia, que necesariamente han de ser atendidos responsablemente.

Leemos que Recope «cerró los primeros seis meses de este año con pérdidas por ¢13.219 millones, según lo revelan sus estados financieros. El balance contable contrasta con el desempeño del primer semestre de 2022, cuando obtuvo ganancias de ¢39.330 millones».

Y ante esa verdad certificada, preocupa que nuestro RECOPE, con su excelente servicio al Estado costarricense, abasteciéndonos de los mejores combustibles, hasta los rincones más alejados del país, ¡a precio de costo!, pudiese estar tomando un rumbo administrativo errado, que eventualmente erosionará su fortaleza como entidad estatal que nos aporta, junto al ICE, la energía que requiere Costa Rica, funcionando ambas instituciones sin fines de lucro.

“Por ello, es responsabilidad de Recope valorar si esa estructura de costos, reconocida en el margen de operación del 2019, es consistente y se ajusta a su realidad operativa actual. En caso de que lo considere necesario, puede presentar ante la Autoridad una solicitud de ajuste ordinario para su actualización”, afirmó Mora Quirós, intendente de Energía de la ARESEP.

Ante esa advertencia, Juan Manuel Quesada, quien fuese funcionario de la Autoridad Reguladora y hoy presidente de Recope, prometió el 30 de junio de 2022 que NO tramitaría ajuste ordinario ese año. Lo dijo en el Congreso de Energía y Ambiente, que organizó en aquel momento la Cámara de Industrias de Costa Rica», informa La Nación.

Además, Éric Bogantes, regulador general, reiteró que «la ley de ARESEP tiene los mecanismos suficientes para garantizar los ingresos necesarios a los prestadores y así preservar su equilibrio económico. Para esto, los prestadores del servicio público deben presentar su estudio ordinario de tarifas».

Ante lo anotado, surge la gran duda del por qué, la jerarquía de RECOPE está propiciando la actual situación, cuando su deber es, el de fortalecer a esa gran institución estatal, que como ha sido evidente, algunos políticos-empresarios quieren vender, alquilar o subastar, para lucrar con ese importante sector de energía, fundamental para el progreso de Costa Rica.