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Etiqueta: Freddy Pacheco León

“¿Por qué no alquilar la isla del Coco?”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Allá por el año 1990, nos visitó en la dirección de la Escuela de Ciencias Ambientales (Universidad Nacional) y de entrada nos dijo: “¿Por qué no alquilar la isla del Coco?”, y de inmediato, con plena convicción, nos amplió su propuesta con argumentos que escuché respetuosamente, aunque, obviamente, perplejo. Que era un parque nacional que nadie podía visitar, como si se podía hacer con el Parque Nacional frente a la Asamblea Legislativa, nos dijo; que no generaba ningún beneficio para el desarrollo de Costa Rica; que en el pasado, con el Instituto Costarricense de Turismo había suscrito un contrato que habría propiciado la inversión necesaria, para incluso construir un aeropuerto que incluía parte del mar; que él, entonces como diputado echandista, había logrado el apoyo de muchos colegas de otros partidos, que veían en la idea, una extraordinaria oportunidad de “hacer algo” creativo en esa muy lejana isla, que “era reclamada, incluso, por los colombianos, y que los gringos casi habían comprado para fines militares, después de visitas del presidente Roosevelt en los años 30”; que el famoso tesoro seguía esquivo y que entonces no había por qué seguir pensando en él como fuente de riqueza. ¡Que, este servidor, como director de una unidad académica prestigiosa en el campo ambiental, le apoyara en esa iniciativa!

Aunque por momentos pensé que el caballero, estaba inmerso en una fantasía, y que lo suyo no era más que un sueño, quizá recurrente, que en la de menos requería atención especializada, para nuestra sorpresa traía consigo algo que sí me hizo prestarle mayor atención. Se trataba de una copia de La Gaceta del día de Navidad de 1966, en que se consigna el “Dictamen afirmativo” de la comisión legislativa de Gobierno y Administración, del proyecto de ley “Traspaso en propiedad de la isla del Coco al Instituto Costarricense de Turismo y aprobación de un contrato para su explotación”.

En su aprobación, concluyeron los señores diputados Fernando Gutiérrez Benavides, Enrique Azofeifa Víquez, Ramiro Barrantes Elizondo, Hernán Vargas Ramírez, Jorge Luis Villanueva Badilla y Mario Charpantier Gamboa, que la isla del Coco no puede dedicarse a la agricultura…; que tampoco puede dedicarse a un centro penitenciario…; que por razones de distancia y por el alto costo, no es posible explotar, como fuente de riqueza, sus recursos naturales…; que los tesoros que, se ha dicho, existen en la isla no constituyen patrimonio económico, sino una leyenda, una utopía, aprovechable únicamente como atracción turística; “y, por último, la única alternativa que queda, dentro del mundo moderno, y como único recurso económico para el país, es la explotación turística de la Isla del Coco”.

Como ven, amigos, ¡No era cuento ni una fantasía infantil! Se trataba de un pasaje muy poco conocido, de algunos de nuestros políticos.

Y si a algunos les parecerá que la idea desarrollada en ese proyecto de ley podría ser, en términos actuales, descabellada, conozcamos algunos detalles de los compromisos contractuales suscritos entre los señores Ricardo Castro Cañas, por el ICT, y el señor César Augusto Solano Sibaja, nuestro visitante hace tres décadas, aprobados por la citada comisión legislativa, para la explotación turística, en los primeros meses del gobierno de don José Joaquín Trejos.

“El contratista” se comprometió, “en el menor tiempo posible”, a invertir un millón de dólares en los primeros dos años, a “construir un aeropuerto para toda clase de aviones”, “un muelle para el embarque y desembarque  de pasajeros y mercaderías en barcos de regular calado”, así como “todos los locales que el Gobierno considere indispensables para las oficinas públicas”, a la vez que se le otorgó el derecho “para construir y arrendar terrenos a particulares para la construcción de hoteles, moteles, viviendas particulares, locales comerciales, piscinas, gimnasios, y además, toda clase de edificaciones o instalaciones con que cuentan las ciudades modernas o centros turísticos”.

No habría que esforzarse mucho, para vislumbrar cómo se encontraría la isla del Coco, apenas un poquito más grande (2.400 ha) que el también pequeño Parque Nacional Manuel Antonio (ambos en sus partes terrestres), de haberse ejecutado esa “brillante iniciativa”, entonces acogida con entusiasmo por los legisladores.

¡Pero viene lo mejor!

Además de la inversión que, supuestamente sería cubierta por empresarios alemanes, nos dijo el señor Solano Sibaja dos décadas después de haberse dictado el dictamen legislativo favorable, en el contrato suscrito con el gerente del ICT, leemos lo siguiente: “1º- Concédese en arrendamiento al contratista por la suma de un colón al año, los derechos exclusivos para la explotación turística de la Isla del Coco y sus islotes…”. Y agrega: “Este derecho se concede por un plazo de cuarenta años a partir de la fecha en que se firma el presente contrato”. Aunque se aclara (¡como gran cosa!) que “Si se aprobare el traspaso, cesión, venta o enajenación de este contrato a personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, la adquiriente deberá asumir todas las obligaciones contractuales que aquí se establecen”.

Tal era el convencimiento de que estaban ante un gran negocio en favor de la Nación, que en la sesión de comisión del 13 de octubre de 1966 (lo citamos para evidenciar que también había oposición a proyecto), leemos: “ahora, nosotros estamos, como dicen los comunistas, – ese es el argumento comunista-, estamos entregando la isla del Coco “mediante escandaloso y oscuro contrato”.  Lo que dijo el diputado Villanueva Badilla, es muestra de que, 12 años antes de que el Presidente don Rodrigo Carazo se impusiera la estupenda tarea de crear, por decreto ejecutivo del 22 de junio de 1978, el Parque Nacional Isla del Coco, ya había por entonces costarricenses (no creemos que necesariamente solo “comunistas”) opuestos a esa ofensa a la Patria, que se estaba fraguando aceleradamente.

Con una visión patriótica y conservacionista no considerada por anteriores gobernantes, don Rodrigo Carazo, quien asimismo valoraba la ubicación estratégica de la isla del Coco, como capaz de sustentar un vasto territorio marítimo y sus recursos biológicos, desdeñado por muchos, firmó su Decreto Ejecutivo (Nº 8748-A-MAG) que hoy, 25 años después, adquiere mayor relevancia, pues en él se reafirma “Que es función del Estado velar por, la conservación, protección y fomento de los recursos naturales del país”, y “Que la declaratoria de la isla del Coco como Parque Nacional, es el medio más recomendado para preservar el estado natural de la isla”.

Así, gracias, muy especialmente, a don Rodrigo, se ha conservado en inmejorables condiciones el bosque siempre verde, tupido y denso, que la caracteriza, así como las 235 especies de plantas (70 endémicas), 362 especies de insectos (64 endémicos) y 2 de reptiles endémicos, 3 tipos de arañas, 85 especies de aves (4 endémicas), 57 especies de crustáceos, 118 variedades de moluscos marinos, más de 200 tipos de peces y 18 especies de cocales, en términos generales.

Riqueza invaluable, inmensa, extraordinaria, que, de haberse ejecutado el insólito contrato de desarrollo turístico que hemos comentado, ¡a cambio de 40 monedas de colón por 40 años!, que incluso propiciaba su venta a intereses extranjeros, quizá hoy el mismo solo provocaría lamentos inútiles, ante la impotencia de ver “La Isla del Tesoro”, destruida por desdén, y en manos foráneas.

26 de junio del 2023

En defensa del Liceo

Escrito en . Publicado en Educación.

Freddy Pacheco León

Dura tarea tiene la administración Chaves, para poder justificar ante el Tribunal Contencioso, que el convenio suscrito para hacerse de una manzana de terreno del Liceo de Costa Rica desconoce tres cosas:

Que la junta administrativa del Liceo, que les otorgó los 10 mil metros cuadrados, solo tiene carácter de auxiliar de la administración de la Institución.

Que el concejo municipal nombró ilegalmente dicha junta.

Y que dicho convenio, suscrito por los ministros de Obras Públicas, Vivienda y Educación, no puede desconocer la Ley Oduber de 1974, que otorga dicho terreno al Liceo.

Ello, sin considerar, que el proceso de arrendamiento mediante el cual el Ministerio del señor Amador, paga ₡192 millones anualmente, por el uso de esa manzana, obedece a una firme resolución judicial.

La buena y vieja idea de la «Ciudad Gobierno» no debería buscar su ejecución cometiendo errores semejantes, aún antes de dar sus primeros pasos.

¿Quién es el lobo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Mientras por un lado los carajos de la OCDE, anotan lo siguiente: «Mucho hay que alabar del sistema de salud de Costa Rica: su estabilidad institucional respecto al financiamiento y la planificación; un brazo proveedor cercanamente integrado pero claramente diferenciado, con una atención primaria fuerte en su base; un impresionante grado de coordinación intersectorial a nivel nacional y un diálogo efectivo entre los usuarios y los administradores de servicios de salud a nivel local, impulsando el mejoramiento del servicio. La innovación alrededor de los roles profesionales y el uso ambicioso de expedientes electrónicos de salud también son logros de los que otros sistemas de salud podrían aprender. Todo esto lleva a unos resultados de salud que están al nivel de varias economías de la OCDE: la esperanza de vida es de 79.9 años, comparada con los 80.6 que muestra el promedio de la OCDE, y menos del 1% de la población reporta no usar los servicios de salud debido a razones financieras».

Por otro, abogan por «Permitir al paciente la elección de su proveedor, incluidos los proveedores del sector privado (pagados con fondos públicos) cuando esto sea lo apropiado».

Ello mueve a preguntarnos, si lo que quieren es un sistema de seguridad social costarricense, fortalecido y más eficiente, o uno más cercano al que impera, por ejemplo, en los Estados Unidos y otras naciones, donde no existen sistemas de seguridad social universales y solidarios.

Algo preocupante, y hasta diríamos amenazante, pues permite vislumbrar, cual lobo de La Caperucita, un personaje esperando en un recodo del bosque, dispuesto a privatizar, el sistema de salud público costarricense.

Burda maniobra gubernamental en contra del Liceo de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Freddy Pacheco León
Liceísta
frepaleon@gmail.com
14.6.23

Extralimitación de la Junta Administrativa del Liceo

Alegan que «bajo presión» (?), la señora Yesenia Mathiew se apresuró a firmar un «Convenio de Cooperación» como presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, con los ministros Amador, del MOPT, Müller, de Educación y Martínez, de Vivienda, mediante el cual pretenden despojar al Liceo, de una valiosa manzana que hoy arrienda el Ministerio de Luis Amador. Terreno situado al sur del colegio, que, junto a las otras dos manzanas de la Benemérita Institución, le fueron transferidas en propiedad al Liceo, por voluntad expresa de la Asamblea Legislativa y del Presidente Don Daniel Oduber, mediante la Ley N° 5570 del 30 de agosto de 1974.

Con ese convenio irregular e insustentable jurídicamente, la Junta del Liceo, cual si no se conocieran las normas legales generales y específicas que han de respetar, se extralimitó y tomó acuerdos para los cuales no tiene derecho que los sustente. Mediante actos intolerables, diríamos que innobles, una junta, que como todas las existentes en escuelas y colegios, no son más que “organismos auxiliares de la Administración Pública” que han de coordinar con el Director (en este caso del Liceo), el desarrollo de programas y proyectos de su Plan Anual de Trabajo, tiene la limitada función de “administrar los recursos públicos que les son transferidos” para el funcionamiento de la Institución. Por su parte, al señor Director del Liceo, como “administrador general” del mismo, le corresponde coordinar con la Junta, la formulación de los planes anuales de trabajo, en que se precisan y priorizan las necesidades del Liceo y sus estudiantes, por lo que la Junta no debe salirse de su función exclusiva de auxiliar.

Recordemos que las juntas son nombradas por los concejos municipales de los cantones respectivos, quienes tienen el deber de verificar, el cumplimiento de todos los requisitos (aunque no siempre lo hacen) de los ciudadanos propuestos en ternas enviadas por el Ministerio de Educación Pública. Cientos de costarricenses, conocen de qué se tratan, pues en algunos años, muchos como padres de familia, se han interesado por el bienestar de las escuelas y colegios públicos en que estudian sus hijos, en asuntos como el funcionamiento de comedores, sodas, transporte, higiene, mejoramiento de aulas, administración de gimnasios, mantenimiento de piscinas (como en el Liceo), subsidios a estudiantes, etcétera, contando siempre con la participación activa y necesaria, del Director del centro educativo, quien funge legalmente, reiteramos, como “administrador general”, con deberes y obligaciones que un grupo de vecinos, jamás podría sustituir, pero quien también, tiene limitaciones lógicas en su actuar como administrador académico.

Atolillo con el dedo

Resulta que, por una manzana de terreno, que como vimos, pertenece al Liceo, hoy ocupada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por la que paga C.192 millones de colones por un alquiler anual, la administración Chaves Robles, ha hecho algo insólito. Si los asesores jurídicos de tres ministerios se hubiesen detenido, siquiera un instante, a conocer el reglamento emitido por decreto ejecutivo, donde se establecen los alcances y limitaciones en que puede actuar la Junta Administrativa del Liceo, no habrían puesto a ésta, a cumplir una función que, ¡aún la Asamblea Legislativa no podría ejecutar! Ya que, si no se cumplieran estrictos requisitos, no sería tan sencillo, derogar la Ley Oduber de 1974, y mucho menos, transferir unos 10 mil metros cuadrados del Liceo, para ser usados por el Poder Ejecutivo, como parte de la construcción de un proyecto que pareciere estar, hay que reconocerlo, “en la cola de un venado”.

Tal abuso de poder cometido por la Junta del Liceo, con la complicidad de los ministros del MEP, el MOPT y Vivienda, no solo es muy probablemente sancionable en el ámbito judicial, sino que deja un sinsabor muy amargo, por sus consecuencias y por la pérdida de confianza en las personas que los ciudadanos esperamos actúen, según lo que han jurado cumplir “por Dios y la Patria”, a la hora de aceptar sus puestos.

Pero si en el “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, firmado apresuradamente el pasado 9 de junio del presente año, participan dos partes, la Junta del Liceo y los ministros de Gobierno, podríamos esperar que a cambio de la casi donación de una parte del Liceo que aprueba, indebidamente, la Junta Administrativa, algo habría de dar la parte gubernamental a cambio. ¡Veamos!

Empecemos por el ministro Luis Amador. Él se compromete a pagar hasta diciembre los C.16 millones de colones mensuales, por el arriendo contratado. Y anuncia, que, a partir de enero del 2023, ya suspenderá esos pagos para siempre. ¡Ese es su compromiso! O sea, el MOPT no da nada, pero sí gana en demasía. ¡Y, aún así, la presidenta de la Junta firmó el convenio!

Si pasamos a la ministra Jessica Martínez, de Vivienda, silenciosa participante, vemos que se compromete a coordinar y liderar, a los cuatro representados, para que sea efectiva la transferencia de la cuadra en mención. ¡Tremendo aporte!, pensaron los que firmaron…

Y finalmente, doña Katharina Müller Castro, ministra de Educación, diríamos que fue la que contribuyó con el atolillo ofrecido a la Junta del Liceo. Con una engañosa, pero cuidadosa redacción, se compromete a colaborar, según sus posibilidades, para “la efectiva disposición de dicho inmueble”. Para ello, se compromete a cubrir “el pago de servicios básicos y limpieza, mantenimiento menor y/o mayor, programa de apoyos a los estudiantes como comedores y transporte estudiantil, entre otros” (sic), eso sí, aclara, “sujeto al presupuesto anual”. Pero hay más “aportes”. Dice que “Las mejoras que se deban realizar a la piscina y el gimnasio, así como la pintura”, serán determinados por el Ministerio después de firmar el convenio, para proceder a ver cuánto se necesita, y ver, agregamos, cómo está el presupuesto del despacho ministerial.

Es claro pues, que la Junta del Liceo no obtuvo nada, a cambio de transferir tan valiosa propiedad, basados erróneamente en un decreto ejecutivo que, hasta un estudiante de secundaria conoce, tiene rango inferior a la ley Oduber. Pero todavía hay más: ¿Cuál sería el destino de ese gran terreno?

Pues, amigos, siguen las sorpresas. Aunque se dice que será para el proyecto de la llamada “Ciudad Gobierno”, el asunto tiene sus aristas. En el mal redactado, además, convenio de cooperación (que debería llamarse de cesión) leemos que “LA JUNTA se compromete a otorgar el uso de la finca” de tal manera que el Ministerio de Educación “podrá disponer del terreno en el más amplio de los sentidos que la normativa vigente lo permita”, lo cual incluye el desarrollo de la “Ciudad Gobierno”. Como el diablo está en los detalles, hay que vislumbrar los alcances de ese párrafo.

Sobre “Ciudad Gobierno”, vemos que el proyecto todavía no tiene fecha de inicio ni un cronograma realista, por lo cual, no se tiene idea de cuántos años pasarán antes de que, el traspaso gratis de los 10 mil metros cuadrados del Liceo tenga la justificación que ahora se argumenta. Lo único concreto, vaya paradoja, es que el contrato de arrendamiento que obliga al MOPT a cancelar una suma mensual, se extingue en seis meses. Si esa no fuere la maniobra en contra del Liceo de Costa Rica, al menos podrían haber propuesto, como acto de buena fe, que la suma equivalente a la comprometida por el ministro Amador, hubiese sido asumida por la ministra Müller, aunque, aclaramos, ello no salvaría el tal convenio de la ilegalidad que lo caracteriza.

Asimismo, también se ha sugerido, que el Gobierno, para su “ciudad”, mejor hubiera propuesto un proyecto de ley, mediante el cual quizá se habría autorizado la ejecución de un proceso de expropiación, que eventualmente condujera hacia la determinación de un “justi precio”, según la normativa vigente, para que la Junta del Liceo propiciara, digamos, la creación de un fideicomiso, por ejemplo, con el Banco de Costa Rica, para la administración de los dineros que eventualmente se recibieren. Con los intereses de una cuidadosa inversión, la Benemérita Institución, sus estudiantes, y la Patria, verían cómo el Liceo, fundado en 1887, retomaría la senda brillante que tanto prestigio y beneficios, le dieron a la sociedad costarricense, y que ahora por falta de recursos financieros, tiene dificultad de cumplir.

Pero, en fin, como las acciones atropelladas siempre van acompañadas de errores de bulto, la inevitable nulidad del convenio “del atolillo con el dedo”, permitirá ejecutar las correcciones necesarias. La añeja idea de la “Ciudad Gobierno”, atractiva para quizá la mayoría de los costarricenses, no merece un manejo preliminar tan incompetente. Como parte de un proceso de planificación formal, requiere de los mejores profesionales que lo dirijan, lo coordinen, lo orienten. Algo que no parece esté cumpliendo bien la ministra de Vivienda, asignada para ello, quien, desde su función, era su deber haber advertido a sus compañeros ministros, y a la Junta del Liceo, que estaban siguiendo un camino equivocado.

La propiedad del Liceo de Costa Rica y el procedimiento correcto

Escrito en . Publicado en Educación.

Freddy Pacheco León

Desde 1974, por ley de la República impulsada por Daniel Oduber, la vieja cuadra al sur del Liceo (donde se dieron clases de agricultura) y la totalidad del inmueble (edificios este y oeste) pasaron a ser propiedad del mismo.

Derecho reconocido eventualmente por la Sala Constitucional, por lo que el Estado estuvo de acuerdo en pagar un alquiler, a favor de su legítimo propietario, por la cuadra usada por el MOPT.

Al plantearse nuevamente el viejo proyecto de la «ciudad gobierno», el gobierno incluye como parte del mismo, esos 10 mil metros cuadrados que le arrienda al Liceo, PERO, aquí es donde se crea el conflicto. Según la ministra de Educación, un reglamento le permite al Estado, hacerse de esos bienes sin necesidad de pagar lo que, en justicia, correspondería.

Y lo cree así, pese a que una difusa norma reglamentaria, no puede sustituir la ley de don Daniel. El asunto se complica aún más, porque la conformación actual de la junta administrativa violentó procedimientos formales, y, pese a ello, está tomando decisiones contrarias a los intereses del Liceo, como son, el acordar ceder al MEP, la cuadra que hoy se alquila, a cambio de que vía presupuesto, el Ministerio cubra los rubros, que hoy son atendidos con los poco más de ₡160 millones anuales que recibe el Liceo.

Se ha planteado, que el Estado debería de considerar iniciar un proceso de expropiación, debidamente reglado, que desemboque en la determinación del correspondiente «justi precio» del que habla la ley. Sin embargo, la posición irrespetuosa del gobierno es la de suspender el pago del alquiler y cualquier transferencia financiera equivalente, si los liceístas se resisten a la «solución» que impulsa la administración Chaves Robles.

Un futuro gris para Costa Rica

Escrito en . Publicado en Educación.

Freddy Pacheco León

Un futuro gris para Costa Rica se vislumbra a partir del desdén que exhibe el gobierno ante las necesidades educativas.

Con un ministro de Hacienda «ahorrando» en educación, y una ministra de Educación sometida a tales políticas, no se sigue una ruta clara por la cual han de caminar nuestros niños y adolescentes.

Así, ellos son víctimas de un sistema que les niega la adquisición de habilidades, que van desde la capacidad para resolver problemas, hasta la comunicación inteligente, pasando por el poco desarrollo del pensamiento crítico y creativo, que les permita crecer.

El resultado es una inteligencia limitada y por ende, escasa capacidad intelectual.

Fracasa la sociedad, fracasan los individuos, se tropieza el desarrollo, baja significativamente la calidad de vida, se condena a la juventud y los gobernantes siguen cual si todo estuviera bien.

¡Apoteósico! ¡Formidable!

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

El mejor escenario imaginable en nuestro país. La emoción se desbordaba desde todo el público. El acontecimiento esperado no tuvo una silla vacía. La comunicación entre actores y espectadores era electrizante.

Un domingo para recordar.

Así fue el espectáculo que nos brindó el Coro Sinfónico, magistralmente dirigido por Ramiro Ramírez, sus invitados, la Orquesta Sinfónica Nacional y, por supuesto, ese artífice que ha sabido forjar tan espectacular agrupación musical, el Maestro Carl Saint Clair. (Si quizá la ministra de Cultura y su jerarca asistieran alguna vez, no estarían tan empeñados en afectarlos presupuestariamente. Hasta, como premonición, se les habría dedicado el RÉQUIEM de Giuseppe Verdi).

La chambonada de los incineradores de basura

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Freddy Pacheco León

Los incineradores aeróbicos que funcionan a temperaturas menores a los 500 ºC, inevitablemente producen compuestos químicos orgánicos, persistentes, que podrían llevar dolor a las comunidades, aunque Johnny Araya y otros alcaldes, parecen pensar diferente.

Desde hace unos 5 años, alcaldes unidos en una federación, propusieron construir en varios cantones, incineradores para quemar basura y generar, de paso, ciertas cantidades (insignificantes, diríamos) de electricidad, sin importar que los mismos producirían DIOXINAS y FURANOS, reconocidos como causantes de cáncer, enfermedades inmunológicas, trastornos hormonales, diabetes y malformaciones congénitas. ¡Todo como parte del negocio del mal llamado «tratamiento de residuos sólidos»!

Y lo proponen, demagógicamente, con el falso pretexto, de que constituyen un negocio, público – privado, que permitiría vender la energía que se produciría, ocultando que ello sería a costa de la salud de los habitantes de sus propios cantones y del país en general.

Como aparentan desconocer sus fatales efectos, sería bueno que alguien les informara y explicara al alcalde Araya y a los ocurrentes, presidente ejecutivo y el gerente de electricidad del ICE (al que están metiendo en la danza), que más de 150 países ya se han manifestado por medio del Convenio de Estocolmo, contra esos incineradores criminales y que, en muchos países, están siendo prohibidos.

Pero como Costa Rica es «tan especial», hay inescrupulosos, que sueñan con un supuesto “buen negocio», pensado, eso sin duda, para grandes botadores de basura, como el ubicado en la comunidad de La Carpio, en el cantón central de San José.

Llamamos pues la atención, principalmente a los habitantes de La Uruca, a la Fundación del Parque de Diversiones, a los habitantes de la comunidad de Cariari, de Guachipelín de Escazú y Lomas de Pavas, para que estén alerta. Habitantes que sin duda, ya han tenido «suficiente» con el botadero de basura y la planta de aguas negras Los Tajos, como para tolerar, además, un INCINERADOR DE BASURA que fuere a afectar a sus familias, pese a que la legislación ambiental costarricense también prohíbe tales prácticas.

En fin, estamos ante una nueva amenaza ambiental, inaceptable, que pese al maquillaje de amigable con el ambiente, conque es presentada, es desastrosa.

Nos duele, lo reconocemos, que siendo el Instituto Costarricense de Electricidad una empresa especialmente preocupada por mitigar los impactos ambientales de sus proyectos se esté sumando, innecesariamente, a una chambonada semejante.

Desprecio a parques nacionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Si se desprecia un parque nacional, se desprecian todos.

El Parque Nacional Manuel Antonio, tiene menos de 2.000 ha en su sección terrestre, por lo cual, entre otras consideraciones, no puede recibir un número de turistas tan alto, que pudiese superar su capacidad de carga, y como consecuencia, que pudiese impactar muy sensiblemente, su rica flora, fauna y su formidable hábitat.

Sin embargo, vemos cómo Chaves hasta amenaza despedir a funcionarios que podrían haberse manifestado ante la Sala IV, en defensa de esta maravilla natural, en contra de una directriz política que decía lo contrario. “Si alguien no hizo caso van a haber consecuencias», sentenció.

Y es que lo que Chaves parece ignorar, es que Manuel Antonio es uno de los 12 parques más bellos del mundo, según la revista Forbes, y que en él subsisten 352 especies de aves, 109 de mamíferos, y una flora dominada por bosques primarios, secundarios, y de manglar, que lo hacen extraordinario.

Dentro de las especies animales y vegetales más relevantes, se encuentran mapaches, venados, pizotes, guatuzas, perezosos de dos y tres dedos, monos cariblanco y monos tití. Todos conviviendo en equilibrio trófico, con árboles como guácimo colorado, pilón, cedro maría, guapinol blanco, surá, guapinol, cenízaro, ceiba, manzanillo, almendro, roble sabana y coco, algunos en peligro de extinción. Riqueza natural, casi toda concentrada en Punta Catedral, que sería imperdonable poner en peligro, sólo porque alguien se pudiere incomodar.

 

Fotografía de Freddy Pacheco León.

¿200 años de qué?

Escrito en . Publicado en Cultura.

Freddy Pacheco León

Otra vez se equivoca Johnny Araya. Ahora al afirmar que «el 16 de mayo de 1823 San José se convirtió en la capital de la República de Costa Rica».

Y se equivoca, porque evidentemente ignora, que en 1823 Costa Rica NO era todavía una república. La historia que el alcalde no aprendió en la escuela palmareña es la de que no fue sino hasta la aprobación de la Constitución Política de 1848, que se declara a Costa Rica como República.

En 1823, al finalizar una guerra civil, nuestro país se incorporó a la República Federal de Centro América, y por tanto la ciudad de San José, para entonces no podría haber sido la capital de una república… inexistente.

Para ser fieles a la historia, lo que debió de haberse celebrado, hace 10 años, fueron los dos siglos del título de CIUDAD a San José, otorgado en 1813. Pero eso se olvidó.

Y para no desdeñar su nacimiento, su origen, su raíz, tendríamos que mirar más atrás; al año 1737 (¡hace 286 años!) en que los escasos pobladores del pueblito la Boca del Monte construyeron la primera ermita, dedicada al patriarca San José. Por cierto, erigida al costado este de donde hoy se encuentra el edificio del Banco Central.

Así que, para que no se repita lo que estamos viendo, una atropellada y poco sustentada celebración de la ciudad de San José, como capital de la entonces provincia de Costa Rica, sugerimos ir pensando en la celebración de los 300 AÑOS DE LA FUNDACIÓN de San José, a cumplirse dentro de 14 años, precisamente en el 2037.

Debería ser una celebración formidable, como lo merece la ocasión. Asimismo, sería un buen momento para recordar nuestra historia patria, tan dejada de lado, pues, según lo anotado, hasta el hoy alcalde ignora la historia de la ciudad que gobierna.