FRENAPI: A seis meses del asesinato de Sergio Rojas Ortiz
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
DENUNCIA PÚBLICA DEL FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
¿QUIÉN LO MATÓ?
A SEIS MESES DEL ASESINATO DE SERGIO ROJAS ORTIZ
Hoy, 18 de setiembre del 2019, se cumple medio año del ruin y repudiable asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak de Salitre (Buenos Aires de Puntarenas), miembro del Concejo Ditsö Iriria Ajkönúk Wakpä, de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra, fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas- FRENAPI.
Sergio Rojas Ortiz representó, representa y representará el espíritu indómito defensor de los DDHH de su Pueblo Bribri y de los demás Pueblos indígenas en Costa Rica. En su resistencia y valentía, tan incómodas para las personas agresoras de los DDHH de los Pueblos, está la causa de su asesinato.
EL 17 de setiembre del 2012, hace 7 años, Sergio fue víctima de un atentado a balazos que, por segunda vez (un año antes lo habían apedreado desconocidos en un recodo del camino), dejó ver la intención de asesinarle. El hecho fue denunciado, el resultado se alejó de ser una investigación profunda del caso.
La persecución con amenazas y agresiones contra Sergio, fue permanente por parte de las personas usurpadoras NO indígenas tanto de su Territorio Bribri como de otros territorios cercanos. Esta persecución se ejecutó por quienes vieron en la causa indígena una amenaza de perder las tierras que con maña y violencia arrebataron a sus habitantes originarios: los Pueblos Indígenas. En esa «campaña» contra Sergio, contra sus compañeras/os recuperantes y el Frente (FRENAPI) también estuvieron (están) implicados miembros de la Municipalidad y Alcalde de Buenos Aires, funcionarias/os de Gobierno Central, Judiciales y Diputadas/os de varios Partidos y Administraciones. También, se unieron (y se unen) medios de comunicación como la Extra y algunos Noticieros de Televisión que replicaron su encarcelamiento provisional por “acusaciones” que no tienen fundamento con información tergiversada y/o sensacionalista.
En el 2015 la Comisión Interamericana de DDHH – CIDH dictó las Medidas Cautelares MC 321-12 a favor de los Pueblos de Salitre y Térraba, la razón: la escalada de actos de violencia y hostigamiento contra estas poblaciones. Una de las finalidades primordiales que pretenden desde entonces las MC 321-12 corresponde a la adopción de medidas necesarias para el resguardo de la vida e integridad personal de las/os miembros de ambos Pueblos. A pesar de ello, los Gobiernos Solís Rivera y Alvarado Quesada no cumplieron con la implementación de los Protocolos para hacer efectivas esas Medidas, permitiendo, por omisión, y a veces con la complicidad in-directa de la Fuerza Pública, que las personas agresoras y violentas continuaran ejecutando sus actos delictivos, hasta culminar con el asesinato de nuestro hermano Sergio.
Las Comunidades no han dado marcha atrás, la violencia no se detiene y las recuperaciones de Tierra/Territorio aumentan en Salitre y se expanden a otros Territorios, bajo las consigas «Sergio Vive- la Lucha sigue y se extiende”, “Sergio No murió, se MULTIPLICÓ”.
A seis meses del vil asesinato de nuestro hermano, se desconoce el estado de la Investigación que realiza la Fiscalía General. La impunidad histórica de los delitos contra los Pueblos Indígenas es patente.
Reprochamos que cuando las/os indígenas denunciamos actos delictivos, no se da trámite a nuestras denuncias, llegando incluso a ser rechazadas o archivadas sin previa investigación. Esto genera mayor violencia y temor cuando llegan las personas agresoras denunciadas, quienes se atreven a perpetrar nuevos actos delictivos bajo el cobijo de la impunidad que constantemente les favorece.
El escenario impune, permite más espacio de acción a las personas usurpadoras y agresoras, tanto particulares como a funcionarias/os de los tres poderes estatales. La más reciente agresión física se evidencia contra la compañera Magdalena Figueroa, recuperante de la Finca Kapleña de Salitre a quien el usurpador le roció su rostro con herbicida. En cuanto al hostigamiento y agresión emocional, se evidencian las amenazas del PANI principalmente a nuestras compañeras, respecto a llevarse a las/os menores de edad de las fincas recuperadas por las familias indígenas (este hecho recientemente lo denunciamos públicamente).
La Ley Indígena establece que «los territorios indígenas son inalienables, exclusivos de los Pueblos que los habitan…Los NO indígenas No pueden poseer tierras dentro de estos territorios, ni construir casas, ni usar los recursos naturales que ahí existan…» (Ley 6172 de 1977), en el mismo sentido el Convenio 169 de la OIT (de los Pueblos Indígenas) ratificado por Costa Rica 1992, dice que el Estado (todo) debe garantizar la seguridad e integridad de los Territorios Indígenas y el respeto de los demás Derechos de estos Pueblos.
De lo dicho y principalmente de lo vivido, tenemos certeza que el Estado Costarricense No ha podido garantizar la vida e integridad personal de nuestros Pueblos ni de sus defensores, tampoco hay voluntad política por parte del Estado para lograr el saneamiento territorial de los Pueblos Indígenas. Por el contrario, ha permitido por acción u omisión la usurpación de sus Tierras/Territorio, no ha logrado garantizar otros derechos de nuestras/os hermanas/os indígenas, dejando que las personas agresoras sigan entrando y saliendo sin impedimento de los Territorios. Todo esto, bajo la complicidad de un sistema impune para las personas agresoras y severo para la población indígena con ensañamiento en quien es defensor/a de los DDHH.
EXIGIMOS SANEAMIENTO E INTEGRIDAD TERRITORIALES;
RESPETO POR NUESTROS DERECHOS HUMANOS.
¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA SERGIO!
¡Por una Justicia Pronta y Cumplida, NO MÁS IMPUNIDAD!
¡LA LUCHA SIGUE!
¡Autonomía Indígena YA!
¡Sergio No murió, se multiplicó!
¡Sergio Rojas VIVE!
FRENAPI, 18 de setiembre 2019
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
Enviado por Suyen Vega.
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