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Etiqueta: justicia tributaria

¿Lo comido por lo servido?

Gerardo Hernández

Algunos límites de nuestro impuesto sobre la renta para generar justicia tributaria.

(Baso estas notas en los datos disponibles en la página web del #MinisteriodeHacienda, que lamentablemente no ha publicado aún los del 2019)

El de renta, es un impuesto directo que teóricamente permite progresividad: que las personas físicas y jurídicas con mayores ingresos tributen más que las de menores ingresos.

Pero hay varios elementos que limitan su alcance y por lo tanto, en lugar de fortalecer las finanzas públicas contribuyen a ensanchar el déficit fiscal.

Uno de ellos y probablemente el principal, sobre el que se ha discutido mucho, son las diferentes formas de evasión y elusión que llegan a sumas astronómicas según se calculen dichas fugas. A propósito, es una lástima que el Ministerio de Hacienda no actualice y publique sus estudios sobre el incumplimiento tributario.

El otro, al que refieren específicamente estas notas, es el denominado Gasto Tributario, constituido por diferentes tipos de exoneraciones establecidas por ley al pago de impuesto sobre la renta.

Como se puede ver en los datos, por cada colón recaudado en el 2018 por impuesto sobre la renta, se dejaron de recaudar 53 céntimos como consecuencia de las exoneraciones, de los cuales 22 céntimos correspondieron a las empresas de zonas francas.

Al mismo tiempo, es importante señalar que las personas trabajadoras y pensionadas del sector privado y público, son la segunda fuente más importante de la recaudación del impuesto sobre la renta (27.32% del total). Y por otro lado, no son las más beneficiadas de las exoneraciones en comparación con los beneficios recibidos por las zonas francas, las cooperativas y otras personas jurídicas.

Esto último es importante considerarlo en el debate que se viene estos días, donde se anuncian propuestas para eliminar exoneraciones a salario escolar y aguinaldo, pero no se ha planteado tocar las que benefician a una parte cada vez más grande de nuestro sector empresarial y de la generación de riqueza.

Considero que deben revisarse todas las exoneraciones. Si se quiere avanzar en la construcción de una estructura tributaria más justa, no se deben seguir recargando las reformas sólo en el sector de personas trabajadoras (lo cual además sería de poco impacto), sino exigirle igual o mayor contribución al sector empresarial que goza de grandes privilegios en esta materia.

Discutamos y decidamos sobre exoneraciones al ISR pero pongamos TODAS! sobre la mesa.

Porque cada colón que se pierde por exoneraciones debilita nuestras finanzas públicas, engrosa el déficit fiscal, acrecienta la riqueza de unos pocos y por lo tanto, refuerza la acumulación y debilita la distribución.

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.

Más allá del cuento de la abuelita… una oportunidad para la transparencia fiscal – Carta pública a #FIFCO

Gerardo Hernández Naranjo

Señora
Ana Guissella Sánchez Maroto
Directora de Relaciones Corporativas, FIFCO

Espero que se encuentre muy bien, en lo personal y laboral, en medio de las difíciles circunstancias que vivimos en nuestro país y en el mundo.

Me dirijo a usted como vocera del grupo empresarial FIFCO, para referirme nuevamente al contenido del video “El que nada debe nada teme” (https://youtu.be/5hz-ZhIMIJA) en que usted presenta algunos datos sobre impuestos de la Compañía, sobre la situación del empleo en Costa Rica y da opiniones sobre las empresas privadas de nuestro país, todo como una respuesta a dos video publicados por un medio de la UCR, basados en un estudio en curso del IIS.

Como ciudadano interesado en los asuntos fiscales y en ejercicio de los derechos que me asisten, como a toda persona costarricense, hice tres publicaciones en mi perfil de Facebook titulas “Los embustes de FIFCO” las cuales fueron también publicadas en SURCOS Digital (https://surcosdigital.com/los-embustes-de-fifco/, https://surcosdigital.com/los-embustes-de-fifco-segunda-entrega/, https://surcosdigital.com/los-embustes-de-fifco-tercera-entrega-y-ultima-por-ahora/). En ellas presenté una lectura crítica y argumentada de aspectos que usted y don Adrián Torrealba plantean en su video. Todo lo hice a título absolutamente personal, sin pretender representar a terceras personas ni a organización o institución alguna, mucho menos aquella en la que trabajo.

La verdad no esperaba una respuesta de su parte, pero llegó una a mi cuenta de correo institucional, señalando el puesto de trabajo que ocupo, con copia a mi máximo superior jerárquico y sugiriendo que he faltado a lo que se esperara de un docente e investigador de la Universidad en la que trabajo y de la que usted indica ser graduada.

Al respecto, me permito indicarle que todo lo referente a mi trabajo está sujeto a los controles, evaluaciones y sistemas de rendición de cuentas de la institución pública en la que laboro. Si sobre eso tuviera usted alguna duda o consulta, con todo gusto podré también responderle.

Pero centrémonos en el tema que nos ha puesto en comunicación: su video “El que nada debe nada tema” y mis notas “Los Embustes de FIFCO”, a las que usted se refiere a su carta de la siguiente manera (el subrayado es mío): “En general, las empresas no respondemos a los ataques que provienen de algunos actores de la política nacional, y más aún cuando se trata de afirmaciones que podrían entenderse como difamatorias como las notas suscritas por su persona”.

Usted no reconoce ninguna de mis críticas y dudas, descalifica mis notas como “ataques” y “difamaciones” pero no da argumentos o pruebas de ello. Por eso, me permito solicitarle que precise porqué las considera difamatorias.

Coincido totalmente con usted en la necesidad de “un debate serio y sobre información cierta, veraz y comprobable”. Igualmente en que “Estamos viviendo una coyuntura como nunca antes la hemos vivido. Hoy más que nunca, necesitamos un país unido, donde se invite a un diálogo constructivo, que tenga como único fin, encontrar las soluciones necesarias que nos permitan salir adelante como país, con la menor afectación posible”.

Precisamente por eso, la invito a que participemos juntos en la construcción de una cultura de responsabilidad y transparencia fiscal respondiendo a nombre de FIFCO, de manera precisa, honesta y clara a las siguientes preguntas:

  1. ¿Es cierto o es mentira que llamando a la central telefónica del Ministerio de Hacienda (2284-5000), como usted dice en su video, cualquier costarricense puede verificar los montos sobre pago de impuestos de las empresas de FIFCO?
  2. ¿Es cierto o es mentira que cualquier persona puede revisar las declaraciones de impuesto sobre la renta de las empresas de FIFCO, como si fueran públicas? Si es cierto, ¿dónde y cómo podrían hacerlo al momento en que publicaron su video?
  3. ¿Es cierto o es mentira que únicamente el representante legal de cada empresa (o en su caso, de FIFCO como Holding) puede solicitar información tributaria de esas empresas, como por ejemplo una certificación del pago de impuestos al Ministerio de Hacienda?
  4. ¿Es cierto o es mentira que las declaraciones de impuesto sobre la renta de cada una de las empresas subsidiarias, por un lado; y los estados financieros consolidados del conjunto de ellas que se agrupan en el Holding (la abuelita de su video), por otro; son dos documentos diferentes y no equivalentes para conocer el pago de impuestos por parte de empresas de FIFCO específicamente en Costa Rica?
  5. ¿Es cierto o es mentira que los estados financieros consolidados (disponibles en la página web de FIFCO) contienen datos del conjunto de empresas subsidiarias del Holding que operan tanto en Costa Rica como en otros países?
  6. Los montos de pago de impuesto sobre la renta que aparecen en esos estados financieros consolidados del período 2008-2018 ¿son los montos específicamente pagados en Costa Rica o incluyen el pago de dicho impuesto en otros países como Guatemala, El Salvador y Estados Unidos?
  7. Si incluyeran datos de otros países ¿cuál es entonces y específicamente el monto de impuesto sobre la renta pagado EN COSTA RICA al Ministerio de Hacienda, por las empresas de FIFCO durante el período 2008-2018? ¿Cómo y dónde podríamos haberlo verificado las y los costarricenses al momento de publicar su video? ¿Podrían publicar una certificación del Ministerio de Hacienda, indicando el monto pagado cada año por cada una de las empresas del FIFCO?
  8. Los montos sobre otros impuestos distintos al de renta (Ej. IVA) que aparecen en los estados financieros consolidados del período 2008-2018 ¿son específicamente los recaudados en Costa Rica o incluyen también los de otros países donde operan empresas subsidiarias de FIFCO?
  9. ¿Es cierto o es mentira que hay una diferencia entre pagar y recaudar impuestos? Específicamente entre impuestos directos como el de la renta, que efectivamente deben pagar las empresas por las utilidades alcanzadas y otros impuestos como el del Ventas (ahora IVA) que son pagados por las y los consumidores finales, fungiendo las empresas solo como recaudadoras.
  10. ¿Cuál es entonces la diferencia en el caso de FIFCO y para el período 2008-2018, entre los montos de impuestos específicamente pagados “de su bolsillo” por decirlo de esa manera y los montos de otros impuestos recaudados (retenidos) por sus empresas y trasladados al Ministerio de Hacienda?
  11. ¿Por qué no hicieron la diferencia en el video que publicaron? ¿Por qué hablan de todos los impuestos como “pagados” por FIFCO sin distinguir aquellos que pagamos las y los consumidores?
  12. ¿Es verdad o es mentira que algunas empresas de FIFCO ha declarado 0 utilidades y por lo tanto, no han pagado impuesto sobre la renta durante el período 2008-2018? Si es verdad, ¿cuáles ha sido, por cuántos años de ese período y cuál es la explicación de esa situación? Y si es verdad ¿por qué dicen en su video que todas las empresas de FIFCO tributan en renta con la tarifa del 30%?
  13. ¿Es verdad o es mentira que algunas empresas de FIFCO se acogieron a la amnistía tributaria establecida en la ley n° 9.635? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los montos pagados y por lo tanto reconocidos como deudas con el fisco por esas empresas? ¿Cuáles fueron los montos que dejaron de pagar por intereses y sanciones al acogerse a la amnistía?
  14. ¿Cuáles son las fuentes de los datos sobre empleo en Costa Rica que presentaron en su video? ¿Cuál es su fundamento técnico y rigor científico? ¿Es preciso o impreciso decir que 9 de cada 10 costarricense que trabajan lo hacen en el sector privado, en el actual contexto de crisis sanitaria, social, económica y de empleo?
  15. ¿Es verdad o es mentira decir, como lo hacen en su video, que las empresas privadas de Costa Rica cuidan a 9 de cada 10 familias del país? ¿Cuál es el fundamento técnico y el rigor científico de dicha afirmación?
  16. Dichosamente no son situaciones generalizadas en el mundo de las empresas privadas. Pero ¿considera usted que las y los costarricenses debemos sentir orgullo de casos donde hay explotación laboral, incumplimiento de derechos laborales, daño ambiental, incumplimiento tributario, contrabando, corrupción, persecución sindical y otras prácticas que distan mucho de una empresa modelo?

Espero, doña Gissella, que respondan públicamente a esas sencillas preguntas para disipar, aunque sea un poco, la opacidad que históricamente ha caracterizado el tema tributario en nuestro país. Creo que es muy necesario pues se trata de un tema complejo, para el que no basta su video de 8 minutos ni mis tres notas sobre el tema.

Para terminar y en cuanto a su señalamiento de que no hice referencia en mis notas a los videos producidos por la ODI y publicados en el programa “Desde la U”, debo decirle que no es cierto que no me refiriera a dichos videos, aunque ciertamente no fueron el centro de mi análisis.

Me parece que es competencia de la ODI, de ese medio, de la persona periodista que los elaboró, de los investigadores entrevistados, dar las explicaciones de caso, como ya lo han hecho estos últimos. Yo desconozco los detalles teórico-metodológicos de sus investigaciones y de la producción de los videos, aunque evidentemente hay algunas imprecisiones, reconocidas en mis notas, como el no diferenciar entre el capital personas accionistas, el de la empresa como un todo o el de quien tenga la representación legal.

Al mismo tiempo, reconozco el gran interés y pertinencia de que se investigue sobre la acumulación de riqueza, la desigualdad social, la pobreza y sobre sus vínculos con la política y la cultura tributaria en nuestro país y en el mundo. Y que justamente por la opacidad que circunda el campo tributario y de las grandes riquezas, resulta muy difícil acceder a fuentes primarias de información, pues la mayoría de empresas e instituciones mantienen como confidenciales sus datos tributarios. Por ejemplo, ¿no le parece a usted relevante que las y los costarricenses sepamos porqué empresas nacionales tienen subsidiarias en lugares reconocidos como paraísos fiscales?

En fin, en toda investigación o publicación en medios pueden cometerse errores, nadie es infalible y tampoco yo pretende serlo. Lo importante es que se evidencien, se discutan y se corrijan. Pero retomando nuestro hilo y como lo dije en la primera de mis notas, dos errores no hacen un acierto. Y su video, doña Guissella, desde mi punto de vista tiene graves errores y afirmaciones que inducen a error a la ciudadanía. Por eso los he señalado en mis notas y espero que con las preguntas que ahora le planteo logremos avanzar hacia un “un debate serio y sobre información cierta, veraz y comprobable” como lo dice usted en su carta.

Quedo atento a sus respuestas,
Saludos cordiales
Gerardo Hernández Naranjo

Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal hace cinco propuestas concretas

SURCOS recibió un documento en el cual el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal propone cinco medidas, para hacer del Ministerio de Hacienda un espacio que opere con eficacia y bajo el control de la ciudadanía para evitar la evasión y la elusión fiscal.

El Observatorio surge como parte de los esfuerzos impulsados por el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, y específicamente, del Territorio Seguro de Goicoechea.

Compartimos los elementos que fueron expuestos por Amanda Ugalde en representación del Observatorio en Casa Presidencial este jueves 27:

5 propuestas: Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal

  1. Reorganización de las 3 direcciones (Aduana- Tributación-Hacienda) bajo un esquema de procesos integrados, articulados y coordinados. Se buscará el logro de una estructura aplanada.
  2. Sistema de monitoreo de Hacienda digital en conjunto con la ciudadanía: De acceso público, para controlar el uso óptimo del dinero.
  3. Establecer metas país a mediano y largo plazo: Debe hacerse desde los sistemas de planificación nacional y planificación estratégica del Ministerio de Hacienda, para disminuir la evasión y elusión fiscal.
  4. Índice de la participación ciudadana de la gestión tributaria: que se evalué la apertura de MINHAC hacia la persona ciudadana como primer poder de la república.
  5. Sistema ciudadano de seguimiento y rendición de cuentas al acuerdo FMI: control sobre el nivel de cumplimiento trimestral de las metas que se acuerden entre el gobierno y el FMI.

Manifiesto: En defensa de la constitución y por la justicia tributaria

Este es un manifiesto de apoyo a quienes investigan y estudian cuestiones que resultan de interés para toda la población costarricense: como lo son los estados financieros, y los aportes sociales de empresas y sociedades anónimas que generan grandes riquezas. Además, es un llamado a la unión y al debate entre sectores, para que de este modo se pueda construir una sociedad más equitativa y justa.

Para quienes quieran adherirse a este manifiesto pueden firmarlo en el

siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFvIHHT4ryoPMHwTuS2BsrEnQaTX_nkBiPkP4hBzJFS6Dulg/viewform?usp=sf_link

¿Por qué es importante estudiar la desigualdad asociada a la distribución de la riqueza?

SURCOS recibió este comunicado:

Estamos haciendo un llamado a toda la población universitaria y costarricense para que escriba al señor Rector, Dr. Carlos Araya Leandro y demás miembros del Consejo Universitario de la UCR para que no sólo se pronuncien sobre el tema, sino que hagan respetar los principios la libertad de cátedra, la diversidad, el respecto a las personas y la libre expresión, la resolución interna de conflicto, entre otros.

Esta es la pregunta que se plantea una investigación en la Universidad de Costa Rica y que está siendo cuestionado en primera línea, por Florida Ice and Farm Company (FIFCO) y por Steve Aronson, fundador de Grupo Britt.

Recientemente, un vídeo elaborado por la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la Universidad de Costa Rica con base en una investigación en curso por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR (IIS-UCR), en la cual se vincula la desigualdad con la política fiscal, ha llevado a los grupos económicos de poder a presionar a la Universidad de Costa Rica (UCR) para rectificar la información elaborada por el medio universitario y a inmiscuirse en las fuentes utilizadas en la investigación.

Independientemente de las generalizaciones, que pueden ser criticables y mejorables, las personas afectadas deben limitarse a solicitar un Derecho de Respuesta y no a presionar a la Universidad a tomar determinadas posturas y decisiones.

El artículo 84 de la Constitución Política les otorga independencia a las Universidades Públicas para su funcionamiento. Así mismo, el estatuto orgánico de la UCR estable como sus principios la libertad de cátedra, la diversidad, el respecto a las personas y la libre expresión, la resolución interna de conflicto, entre otros. Así que, si algo debe mejorar la universidad, esta tiene independencia y los principios necesarios para resolverlo por su cuenta y sin presiones externas.

FIFCO y Steve Aronson no sólo cuestionan la investigación en curso, sino que están desplegando una campaña en medios de comunicación y ejerciendo fuertes presiones a las autoridades universitarias a tomar determinadas posturas y decisiones, en nombre de la UNIVERSIDAD.

Envié sus cartas a:

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector
rectoria@ucr.ac.cr
recepcion.rectoria@ucr.ac.cr
carlos.arayaleandro@ucr.ac.cr

Prof. Cat. Madeline Howard Mora
Directora
Área de Salud
mhoward@cu.ucr.ac.cr

M.Sc. Miguel Casafont Broutin
Área de Artes y Letras
mcasafont@cu.ucr.ac.cr

M.Sc. Carlos Humberto Méndez Soto
Área de Ciencias Agroalimentarias
cmendez@cu.ucr.ac.cr

Dr. Rodrigo Carboni Méndez
Área de Ciencias Básicas
rcarboni@cu.ucr.ac.cr

Dra. Teresita Cordero Cordero
Área de Ciencias Sociales
tcordero@cu.ucr.ac.cr

Dr. Guillermo Santana Barboza
Área de Ingeniería
gsantana@cu.ucr.ac.cr

M.Sc. Patricia Quesada Villalobos
Sedes Regionales
pquesada@cu.ucr.ac.cr

Lic. Warner Cascante Salas
Sector Administrativo
wcascante@cu.ucr.ac.cr

Bach. Valeria Rodríguez Quesada
Sector Estudiantil
vrodriguez@cu.ucr.ac.cr

Sr. Rodrigo Antonio Pérez Vega
Sector Estudiantil
rperez@cu.ucr.ac.cr

M.B.A. Marco Vinicio Calvo Vargas
Federación de Colegios Profesionales Universitarios
mcalvo@cu.ucr.ac.cr

M.Sc. Guiselle Cruz Maduro
Ministra de Educación Pública
despachoministro@mep.go.cr

*Ver también: Declaraciones en favor de la libertad académica del doctor Francisco Robles Rivera del IIS-UCR https://wp.me/p6rfbZ-ciO

Declaraciones en favor de la libertad académica del doctor Francisco Robles Rivera del IIS-UCR

SURCOS recibió dos documentos que llaman a respetar y apoyar la libertad académica del doctor Francisco Robles Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Uno de los documentos está firmado por la reconocida académica de la Universidad Libre de Berlín y su centro adscrito el Instituto de Estudios Latinoamericanos, la doctora Marianne Braig. El segundo es un escrito enviado por el Grupo de Trabajo CLACSO Élites empresariales, Estado y dominación.

La doctora Braig dirige su carta al rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Carlos Araya Leandro y expresa: “Agradezco el dar seguimiento al caso del Dr. Robles Rivera, y su interés para continuar la fructífera colaboración entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Libre de Berlín, instituciones que comparten un compromiso por la libertad académica”.

La profesora Braig detalla lo siguiente: … “le escribo con suma preocupación por las noticias que son de mi conocimiento respecto a la importancia de la libertad académica y los riesgos que esta sufre actualmente en el caso del Dr. Francisco Robles Rivera. Los cuestionamientos éticos y profesionales, así como los ataques personales contra el Dr. Robles Rivera por su trabajo académico no deben confundirse con la siempre válida discusión y crítica científica. Por el contrario, la amenaza o la intimidación afectan no solo la persona, sino a la comunidad científica en su conjunto”.

“De su honestidad académica y rigurosidad científica puedo dar fe. El trabajo del Dr. Robles Rivera ha destacado en el ámbito académico internacional por sumar en el debate temas de desigualdad, influencia y poder de las élites y construcción democrática en la región de Centroamérica”, agrega.

“Como usted sabe, dice Braig, son pocas las investigaciones que apuntan a entender las consecuencias de la reproducción de la cultura del privilegio y la influencia de las élites en la política, la economía y la cultura en América Central. Por esa razón, observamos con preocupación que los ataques personales no son exclusivos al trabajo académico del Dr. Robles Rivera, sino que, por el contrario, se suman a un problema mayor de ataques generalizados contra las ciencias sociales y las humanidades en contextos de alta desigualdad o cuando en su análisis evidencian dinámicas cuya discusión pública incomodan a los actores económicos y/o políticos beneficiados por las ventajas descritas”.

“En Alemania, y en la Unión Europea en general, las instituciones de educación superior están comprometidas en favor de la libertad académica y condenan los esfuerzos sistemáticos o aislados, vengan de actores públicos o privados, que buscan cercar el alcance de las ciencias sociales, sus métodos, sus explicaciones, sus discusiones y su publicación. Las universidades y sus consorcios se manifiestan por la defensa de las y los científicos para que cuenten con esa libertad académica, no solo en Alemania y Europa, sino en todo el mundo”.

“Reconociendo la importancia de las relaciones que la Universidad Libre de Berlín ha mantenido con la Universidad de Costa Rica por más de cuarenta años, estamos en la mejor disposición para apoyar el trabajo del Dr. Robles Rivera en el Instituto de Investigaciones Sociales y su libertad académica. También, es nuestro propósito colaborar en el fortalecimiento y la defensa de las ciencias sociales que buscan una mejor comprensión de los problemas que atañen a nuestros países, para lograr mejoras en las condiciones de vida de las personas, la equidad y la democracia”.

Por su parte, la Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO Élites empresariales, Estado y dominación en apoyo a Francisco Robles Rivera dice:

“Las investigadoras y los investigadores del Grupo de Trabajo CLACSO Élites empresariales, Estado y dominación, brindamos nuestro total apoyo al colega investigador Dr. Francisco Robles Rivera de la Universidad de Costa Rica.

Hace unos días, su trabajo de investigación ha sido cuestionado públicamente por empresas y personas mencionadas en la investigación. Al respecto sostenemos lo siguiente. La investigación científica se basa en la búsqueda sistemática, con un método riguroso, de evidencias empíricas para conocer la realidad. Es a su vez un conocimiento sujeto a crítica y posee mecanismos propios de revisión de pares. El trabajo del profesor Robles Rivera, se ajusta a esos principios y está comprometido con ellos.

Entendemos que la libertad académica en los métodos y objetos de estudio es un derecho intrínsecamente vinculado a la libertad de expresión en la universidad y en una sociedad pluralista, y por ese motivo no debe ser menoscabado por motivos particulares o presiones externas.

Las ciencias sociales contribuyen a generar conocimiento sobre la propia sociedad, a reflexionar en forma crítica sobre el sentido común, las creencias establecidas y la naturalización de las relaciones sociales. Por ese motivo, muchas veces esa crítica incomoda a las estructuras de poder.

Los múltiples estudios sobre el poder han revelado la necesidad de una mayor transparencia y acceso a la información pública relativa al funcionamiento de la economía, los grupos empresariales y sistemas tributarios, en contextos de creciente concentración económica y de autoridad política. Todo ello se agrava por la constatación recurrente de restricciones de acceso y control de fuentes de datos, así como la opacidad en la información disponible.

Por lo señalado, el Grupo de Trabajo expresa su total respaldo al investigador Francisco Robles Rivera para que continúe con su trabajo de investigación y rechaza cualquier tipo de intento de censura o intromisión de este u otro trabajo de investigación académica dedicada a los estudios del poder”.

Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos

SURCOS recibió este documento de parte del
Grupo Economía Pluralista

20 de agosto de 2020

Sra. Epsy Alejandra Campbell Barr
Primera vicepresidenta de la República
Sr. Marvin Rodríguez Cordero
Segundo vicepresidente de la República

Estimada señor vicepresidenta, estimado señor vicepresidente:

En atención a su nota de fecha 14 de agosto (PV-M-2020-238 DSV-299-2020), y a la convocatoria “Costa Rica escucha, propone y dialoga” formulada por el gobierno de don Carlos Alvarado, adjuntamos nuestros aportes, como integrantes del Grupo Economía Pluralista, en el documento que hemos titulado: “La crisis del Covid-19: Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos. Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República ‘Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga’”. Aclaramos que este documento ofrece un abordaje integral, en el cual se incorporan las facetas, estrechamente interconectas, de la reactivación, la creación de empleos y las finanzas públicas.

Atentamente

Luis Paulino Vargas Solís, Fernando Rodríguez Garro, Daniel Vartanián Alarcón, Ana Rosa Ruiz Fernández, Edwin Zamora Bolaños, Jeannette Cordero Gamboa, Luis Carlos Olivares Martínez, Henry Mora Jiménez , Martín Gerardo Murillo Córdoba, Welmer Ramos González,, María Leonela Artavia Jiménez, Rosberly Rojas Campos, Bernardo Aguilar González, Montserrat Ruiz Guevara, Osvaldo Ureña Jiménez, Pablo Abarca González,, María Fernanda Vega Solano, Jorge Arturo Chaves Ortiz, Hugo Cascante Mico, Mario Devandas Brenes, Greivin Salazar Álvarez, Giovanni Beluche Velásquez, Renzo Céspedes Vargas, Eugenio Trejos Benavides, Gustavo Mena Vargas

La crisis del Covid-19:
Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos.
Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República
“Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga”
GRUPO ECONOMÍA PLURALISTA

  1. Es un solo problema, no tres problemas sumados

Esta convocatoria lanzada por el gobierno de Carlos Alvarado, diferencia tres aspectos, solicitando respecto de cada uno de éstos, los aportes por parte de la ciudadanía. Los tres apartados, así diferenciados, son:

a) Finanzas públicas y acuerdo con el FMI

b) Reactivación económica

c) Creación y protección de empleos

Se comprende que para hacer operativa y viable la convocatoria, se hace necesario introducir algún ordenamiento conceptual y, por lo tanto, la definición de determinadas categorías de análisis. No obstante lo cual, advertimos que esta forma de plantear las cosas conllevan un riesgo importante, ya que, para todo efecto relevante, tanto desde el punto de vista político, como desde una perspectiva teórica y empírica, los tres aspectos forman parte de una sola problemática. No son tres cuestiones que se suman o superponen, ni tres cuestiones que discurren la una paralela a las otras, cada una por su propio cauce. Son tres facetas de una sola realidad compleja, entrelazadas e interrelacionadas a profundidad.

Las definiciones que se adopten en materia de finanzas públicas, inevitablemente afectarán –para bien o para mal– los esfuerzos en cada uno de los otros dos ámbitos. Los logros o ausencia de logros, en materia de reactivación y empleo, tendrán consecuencias importantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Reactivación y empleo, por su parte, son caras de una misma moneda, puesto que resultaría desatinado tratar de reactivar la economía sin poner un énfasis explícito muy potente, en la creación de muchos empleos. Vale decir: crecimiento de la economía con débil creación de empleos, es una opción que debe ser descartada ad-portas, sobre todo si el objetivo principal de todo esto es no solo superar la crisis económica, sino hacerlo de forma que avancemos hacia una sociedad más inclusiva y democrática, capaz de proporcionar bienestar, calidad de vida y paz a sus habitantes.

Teniendo presente lo antes indicado, en este documento proponemos un abordaje integral, que se esfuerza por generar respuestas, coherentes y complementarias entre sí, en relación con las tres problemáticas que el gobierno ha planteado.

  1. Acuerdo con el FMI

En reiteradas apariciones ante la prensa, algunas autoridades económicas –en especial Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central– han hecho públicas las que, al parecer, son las propuestas que el gobierno de Costa Rica está presentando ante ese organismo. Se ha dado a entender que es algo ya definido, sobre lo que no hay margen de negociación.

En primera instancia, es obligatorio que el gobierno aclare con total franqueza, si eso es efectivamente así, porque de ser ese el caso, o sea, si ya hay un paquete de políticas que, en forma opaca y  de espaldas a la ciudadanía, ha sido definido y no admite cambios, el ejercicio de diálogo propuesto pierde todo sentido. Sería una grave falta de respeto hacia la ciudadanía costarricense.

Al respecto, debe quedar claro lo siguiente:

  1. Sabemos que un acuerdo de “Derecho de giro” o “stand-by” con el FMI, como el que presuntamente está siendo negociado, conlleva metas cuantitativas pero también compromisos de política. Cada una de estos detalles deben ser explicados con absoluta transparencia, y deben incorporar y respetar los criterios que emanen de la propia ciudadanía. De otra manera, la negociación será inaceptable e ilegítima.
  2. No es aceptable que se aprovechen las conversaciones con el FMI para colar por la puerta de la cocina una agenda de privatizaciones. Previo a cualquier decisión sobre cualquier posible privatización, es indispensable un debate por aparte, bajo condiciones muy participativas, abiertas y equitativas. Mucho más que asuntos de técnica económica, son cuestiones que conllevan complejas facetas políticas e ideológicas, relacionadas con el tipo de sociedad a la que aspiramos y nuestros objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo. Son asuntos muy polémicos, pero, sobre todo, terriblemente divisivos.
  3. Pero, además, en su faceta presuntamente “técnica”, las privatizaciones no resuelven absolutamente nada. Los datos que los propios promotores de la idea aportan, muestran claramente que tan solo se le dará un insignificante mordisco a la deuda pública, al costo de agudizar las divisiones sociales y la polarización, y tan solo para favorecer algo que, claramente, es una muy inoportuna ocurrencia ideológica.
  4. Se ha dicho que, además, la negociación con el FMI podría contemplar un incremento del IVA al 15%. Solicitamos que, de forma transparente, se le aclare a la ciudadanía si esto es cierto. Agregamos lo siguiente: en primera instancia, esto nos remite a un imperativo ético y político ineludible: por el carácter regresivo e injusto que le es intrínseco, es desde todo punto de vista inaceptable plantear posibles incrementos al IVA, sin antes plantear y avanzar en propuestas tributarias de índole claramente progresiva, que garanticen que cada quien aporte según sus posibilidades, y sin que, al mismo tiempo, se ofrezca una estrategia enérgica y precisa, así como un calendario de ejecución viable pero muy claro, para lograr dos cosas de primerísima importancia: la eliminación de todas aquellas exoneraciones que no respondan a objetivos sociales muy claros y deseables; y el más vigoroso combate a la evasión y la elusión tributaria.
  5. Desde el punto de vista económico, y en el contexto de la profunda recesión que sufre la economía costarricense, el IVA sería el impuesto menos aconsejable, porque inevitablemente succiona poder de compra de los sectores de ingresos bajos y medios, lo que limitará su capacidad de consumo y, por lo tanto, agregará fuerzas depresivas en momentos en que, todo lo contrario, requerimos poner en marcha, fuerzas que den un empujón ascendente a la economía.
  6. En cambio, impuestos de carácter progresivo, que canalicen recursos desde sectores de altos ingresos con elevados coeficientes de ahorro, hacia sectores carenciados que requieren urgentemente mejorar su consumo personal y familiar, y hacia necesidades que la propia crisis ha agravado, y que demandan por parte del sector público una atención urgente y prioritaria, contribuirían a atenuar la recesión económica, y aliviar las consecuencias humanas y sociales de la crisis.
  7. Es igualmente desafortunada la idea de que el financiamiento externo que se obtenga, incluso el que provenga del FMI, deba refinanciar la deuda pública, cambiando deuda interna “cara”, por deuda externa “barata”.
  8. En primera instancia, ello pierde de vista que el endeudamiento en moneda extranjera, disminuye los ya restringidos márgenes de soberanía monetaria de que disponemos, y agudiza las posibilidades de que el país sufra presiones externas por parte de los inversionistas, y de desestabilización del tipo de cambio, con las muy negativas consecuencias que ello provoca.
  9. En segundo lugar, se insiste en no reconocer, con apego a una ortodoxia anticuada y descontextualizada, que el Banco Central posee las herramientas técnicas y de política que le permitirían reducir las tasas de interés sobre las emisiones de deuda interna, a fin de propiciar de esa forma una reducción de los pagos por intereses. Es irracional que se sigan pagando tasas de interés del orden del 8% sobre los bonos de deuda pública, y que esa situación sea observada desde lejos, con pasividad e indiferencia, por el Banco Central. Es su deber ineludible actuar, y no seguir propiciando una crisis fiscal cuyo detonante principal gira alrededor de los pagos por intereses a sectores rentistas.
  10. Es igualmente necesario que el Banco Central ponga a punto, para su uso en caso necesario, mecanismos eficaces y expeditos de financiamiento del sector público, a bajas tasas de interés, que prevengan e impidan cualquier posible episodio de asfixia financiera y desestabilización de la institucionalidad pública. Traer a colación el peligro inflacionario es por completo desatinado: en un contexto de profunda recesión, con problemas del empleo extremadamente graves y fuerzas deflacionarias en pleno desenvolvimiento, lo que debería preocupar es precisamente la deflación –con su efecto de agravamiento de las deudas públicas y privadas existentes y, en consecuencia, de agravamiento de la recesión– y de ninguna manera la inflación.

3. Hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas

Hemos dicho que esta convocatoria al diálogo, parte de una concepción errónea, al fragmentar en tres partes, lo que claramente son distintas facetas de una sola problemática. Por ello mismo resulta imposible hablar de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin al mismo tiempo hacerlo de reactivación de la economía y creación de empleos. Y si se pretende negociar con el FMI sin tener esto presente, festinando plazos y procesos, las consecuencias para la recuperación de la economía y el empleo, pueden resultar muy negativas.

  1. Cualquier programa que se diseñe con el fin de mejorar la situación fiscal, lo mismo en relación con las medidas que se tomen del lado del gasto, tanto como las que se adopten del lado de los ingresos, debe graduarse para hacerlo compatible, por un lado con la urgente atención de las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y económica, y por otro con los esfuerzos orientados a aminorar la severidad de la recesión y a propiciar la recuperación de la economía y los empleos.
  2. En concordancia con lo anterior, enfatizamos que las políticas de austeridad, de inspiración estrechamente contable, son dañinas al menos desde tres puntos de vista: primero, porque mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública frente a una crisis que multiplica las necesidades que deben atenderse; segundo, porque cercenan la capacidad de liderazgo que el sector público debe ejercer para llevar adelante un exitoso programa de recuperación de la economía y creación de empleos; tercero, porque, en sí mismas, las políticas de austeridad agravan las tendencias recesivas de la economía.
  3. La crisis multiplica y complejiza las demandas y necesidades que el sector público debe atender. Es un desafío que éste debe asumir a plenitud y con máxima convicción. Es tiempo, entonces, para avanzar en todas aquellas reformas que supriman gastos superfluos, y que permitan superar ineficiencias y entrabamientos burocráticos. Requerimos con urgencia, avanzar dialógica y respetuosamente hacia una reforma que, respetando los derechos laborales y la dignidad de las personas trabajadoras del sector público, eleve la eficiencia y productividad de los servicios públicos, y, sobre todo, la calidad de tales servicios.
  4. Al país le urge una reforma tributaria progresiva, así como la supresión de cualquier exención tributaria que no esté claramente justificada por razones de equidad social, y la ejecución de un programa vigoroso de combate a la evasión y elusión tributaria.
  5. La reforma tributaria debería diseñarse de forma que se minimicen sus posibles efectos sobre la inversión productiva generadora de empleos. Por lo tanto, debería recaer prioritariamente y de forma muy progresiva, sobre ingresos y patrimonios personales y familiares y sobre actividades que tienen dañinos efectos sociales y ambientales. Salarios, ganancias empresariales y dividendos, rentas y ganancias de capital, patrimonios físicos y financieros, formas suntuosas de consumo, herencias y sucesiones, actividades de carácter especulativo o que son ambientalmente contaminantes o depredadoras, deben tributar sobre una base muy progresiva. La tributación tiene que funcionar entonces como mecanismo para fortalecer el Estado social, lograr mayor equidad social y romper los mecanismos de perpetuación intergeneracional de las desigualdades.
  6. Debe avanzarse efectivamente en la aprobación e implementación de los principios de renta mundial o universal y renta global.
  7. Debe realizarse una revisión exhaustiva de las exoneraciones existentes, y suprimir todas aquellas que no tengan una clara y sólida justificación social. En particular, es importante revisar las exoneraciones de zona franca, por diversas razones: primero, en vista del muy dudoso balance de costos y beneficios que esas exoneraciones plantean; segundo, porque el país debe avanzar hacia una estrategia de desarrollo sustentada en altos niveles de productividad, no en estímulos espurios como la concesión de privilegios fiscales a favor de reducidos grupos de interés; tercero, porque se acumula evidencia que sugiere que las zonas francas están siendo utilizadas como mecanismo de evitación del pago de tributos, por parte de firmas que fundamentalmente producen para el mercado interno.
  8. Es necesario establecer un calendario preciso, con objetivos y metas bien definidas, para avanzar, de forma enérgica y con resultados efectivos, en el combate a la evasión y elusión tributaria. Debe reconocerse que es un problema muy complejo, que, por lo tanto, requiere de un esfuerzo de muy amplios alcances, cuyos frutos se verán gradualmente a lo largo de los años. Se requieren reformas legales, mejor infraestructura tecnológica y equipos humanos altamente calificados, pero, sobre todo, se requiere valentía, voluntad y decisión política.
  9. Como parte del esfuerzo en procura de avanzar hacia un sistema tributario moderno, justo y progresivo, debe contemplarse un decidido esfuerzo de cooperación internacional, para el intercambio de información, inclusive el máximo y más eficaz aprovechamiento de los acuerdos de intercambio de información ya vigentes. Debe también fortalecerse la cooperación con el fin de logar la supresión de los paraísos fiscales y el combate a todas las redes transnacionalizadas de ocultación de la riqueza y evitación de impuestos. Es urgente frenar la competencia ruinosa entre los Estados y gobiernos, que les induce a reducir tributos para atraer inversión extranjera, con todas las múltiples consecuencias negativas que esto tiene para el cumplimiento de objetivos de inclusión, equidad social, y bienestar y calidad de vida para la población. Con ese fin, los gobiernos y estados del mundo deben avanzar hacia el establecimiento de estándares mínimos en materia de tributación, que uniformicen las obligaciones de las corporaciones transnacionales y de cualquier inversor, en cualquier localización alrededor del mundo. La ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés), proporciona indicios de hacia dónde deben encaminarse esos esfuerzos.

4. Reactivación de la economía y generación de empleos

Se hace preciso diferenciar dos momentos, los cuales, sin embargo, están estrechamente vinculados: el esfuerzo más inmediato en procura de aliviar la recesión y atenuar sus efectos sociales y humanos; y el esfuerzo, más extendido en el tiempo, orientado a recuperar la economía y los empleos. Enfatizamos que es un solo proceso: lo primero no solo anticipa, sino que debe preparar el camino para lo segundo.

a. Aliviar la recesión de la economía y sus consecuencias, comporta al menos dos facetas igualmente importantes, interrelacionadas entre sí:

    1. Garantizar que, en lo posible, sobrevivan a la crisis las micro, pequeña y medianas empresas, así como los emprendimientos de la economía social, solidaria, cooperativa y de base comunal, que son el tipo de empresas más amenazadas por la crisis, y las cuales son fundamentales para la generación de empleos, la más democrática distribución del ingreso y la riqueza, el cuido de la naturaleza y el logro de un desarrollo regional equilibrado. Todo lo cual es crítico, a fin de restaurador el tejido social y económico de nuestra sociedad. Desde luego, y paralelamente, deben darse el apoyo que pudiesen requerir empresas más grandes afectadas seriamente por la crisis. Un instrumento necesario, posiblemente el más importante pero no el único, para lograr esto, es poner a funcionar un fondo de avales y garantías, algo que debió estar en operación desde hace meses, y que solo recientemente fue anunciado por el gobierno. Es indispensable que este fondo privilegie el tipo de empresas que anteriormente mencionamos, y que incluya disponibilidad inmediata de créditos para capital de trabajo, y, asimismo, amplios procesos de reestructuración de deudas, con reducción significativa de las tasas de interés y ampliación de plazos. Deberían también concederse períodos de gracias de amplitud apropiada, y beneficiar lo mismo a empresas formales e informales.
    2. Debe fortalecerse y ampliarse el programa del Bono Proteger, concebido como un esquema de subsidios altamente progresivos. Los montos que se entreguen a las personas en necesidad deberían duplicarse, o, cuanto menos, llegar a un monto equivalente al salario mínimo. Asimismo, es necesario mantener el programa todo el tiempo que sea necesario, hasta tanto la situación sanitaria no se estabilice, la recesión económica no empiece a ceder y la creación de empleos no mejore de forma significativa. Un subsidio progresivo de esta naturaleza, permitirá atenuar la recesión de la economía, al poner capacidad de consumo en manos de quienes más urgentemente la necesitan, lo cual también aliviará las consecuencias humanas y sociales de la crisis. La mejor, y posiblemente la única forma de sostener financieramente este esquema temporal de subsidios es por medio de un impuesto progresivo, igualmente temporal, sobre los ingresos más altos, tanto del sector público como del privado, y tanto si son ingresos del trabajo como si provienen del capital, incluyendo las rentas, el cual podría complementarse con un impuesto generalizado sobre los patrimonios, incluidos los de tipo financiero, y sobre las transacciones financieras. Debe contemplarse seriamente la posibilidad de que el Bono Proteger sea un primer paso hacia el establecimiento de una Renta Básica Universal.

b. Diseñar un programa de reactivación de la economía, centrado en la generación de muchos empleos en el plazo más corto posible, el cual debe diseñarse desde una agenda progresista, por lo tanto equitativa, inclusiva y ambientalmente responsable, animada por una visión de mediano y largo plazo propicia a la construcción de una economía de alta productividad, justa e inclusiva, y ambientalmente muy respetuosa y responsable:

    1. Por lo tanto, no son aceptables de ninguna manera, las propuestas conducentes a deteriorar la calidad del empleo, lo mismo si se las pretende aplicar en el sector privado o en el público. Así como la ampliación de la jornada laboral a 12 horas implica un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector privado, con implicaciones especialmente negativas para las mujeres, la pretensión de reducir las jornadas en el sector público es un completo disparate que, lejos de dar ningún aporte positivo, vendrá a agravar la crisis. Claramente se trata de propuestas que intentan recuperar la competitividad empresarial mediante medidas de “dumping social”, o, si se prefiere designarlas así, de “devaluación interna”, cuyas repercusiones son negativas desde todo punto de vista: porque redundan en menor productividad de la economía y las cuales, por su carácter regresivo e inequitativo, deterioran las bases indispensables para sostener la paz social. Si desde el punto de vista ético y moral es deplorable que se quiera aprovechar la crisis para empujar agendas regresivas como estas, debemos asimismo enfatizar que son propuestas políticamente torpes y económicamente erróneas.
    2. Consideramos positivas todas las propuestas encaminadas a simplificar trámites y aligerar los tiempos de respuesta de las instituciones públicas. Advertimos que esto debe hacerse desde una posición muy vigilante y rigurosa: los trámites deben ser más simples y expeditos, pero no a costa de la trasparencia, el interés público, los derechos humanos ni el cuido del ambiente. Consideramos, sin embargo, que las mejoras que puedan introducirse en esta materia, a lo sumo podrían ser elementos coadyuvantes dentro del esfuerzo de reactivación de la economía y los empleos. Sería muy iluso suponer que este tipo de medidas, puedan, por sí solas, dar resultados significativos.
    3. Mejorar la empleabilidad de las personas a través de la capacitación permanente, la formación técnica y profesional y, en general, una educación de muy alto nivel, es absolutamente deseable y necesario. Sin embargo, conviene no olvidar que las personas, incluso si mejoran su calificación, no conseguirán empleo si los empleos no existen. Es necesario crear las condiciones para que la economía aporte esos empleos.
    4. Por razones políticas, culturales y de estabilidad política y paz social, resulta necesario recuperar las nociones de soberanía y seguridad alimentarias, e incorporarlas como componente de gran importancia, dentro de nuestras estrategias de política económica. Debemos garantizarnos la provisión, segura y a precios razonables, de los alimentos básicos de nuestra dieta popular, de forma que, al tiempo que nos garanticemos una alimentación saludable, fortalezcamos la capacidad productiva, la eficiencia y productividad de nuestras agricultoras y agricultores, y hagamos de la producción de alimentos una ocupación que garantice calidad de vida a quienes la realizan. Para ello es muy necesario definir un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore y calendarice medidas de corto plazo y aplicación urgente, a la par de otras con proyección de mediano y largo plazo. Crédito, tecnología, capacitación técnica, mercadeo y fortalecimiento organizacional, son elementos necesarios dentro de esa agenda.
    5. La reactivación de la economía y de los empleos requiere, asimismo, de la disponibilidad de crédito, en condiciones de tasas de interés y plazos lo más favorables posible. A corto plazo es necesario una actuación más enérgica por parte de las entidades reguladoras, empezando por el propio Banco Central, a fin de propiciar un más fácil acceso al crédito, priorizando aquel que impulse la inversión productiva y la creación de empleos, pero sin olvidar que el crédito se mueve a partir de la demanda, y que en el contexto de una economía deprimida, difícilmente habrá demanda de crédito. Es decir, el crédito generador de producción y empleo, cobrará mayor importancia cuando un apropiado programa de reactivación ponga en movimiento de nuevo a la economía, y genere los estímulos necesarios para que las empresas inviertan y expandan la producción y la contratación de más personal. A mediano y largo plazo al país le urge un replanteamiento fundamental en las formas de regulación de su sistema financiero, y en las orientaciones y énfasis del trabajo que éste realiza. Ha quedado en evidencia, y la crisis del Covid-19 simplemente ha venido a ratificarlo, que ese sistema no solo no tiene la eficiencia deseable, sino, y quizá más importante, no contribuye apropiadamente a la construcción de una economía más productiva y con mayor capacidad de generación de empleos, que asimismo promueva una sociedad realmente equitativa e inclusiva, y un desarrollo regional más equilibrado. En todos estos aspectos el sistema financiero de Costa Rica acumula múltiples déficits que es urgente corregir.

c. El esfuerzo de reactivación de la economía y recuperación de los empleos, debe incorporar, como elemento central clave, un amplio y ambicioso programa de inversión pública. En vista de la severidad de la recesión, la gravedad excepcional de los problemas del empleo, y el ambiente general de gran incertidumbre y temor, la única forma de darle un impulso a la economía, que la rescate del sopor que la paraliza y la lance en un movimiento ascendente, de recuperación sostenida y autoalimentada, es mediante una vigorosa acción impulsada desde el sector público a través de la inversión pública. Este programa debería incorporar las siguientes orientaciones o énfasis principales:

    1. Un componente de corto plazo, de fácil y rápida ejecución y planificado para generar muchos empleos en el menor tiempo posible. Ello podría incluir acciones como las siguientes: reparación, mejora y ampliación de instalaciones educativas, de atención sanitaria, de cuido, deportivas, artísticas y comunales; parques y espacios públicos; reparación de caminos; obras de infraestructura urbana como aceras y alcantarillas, etc. De forma explícita deben incorporarse, como mínimo, los siguientes criterios y orientaciones: creación de muchos empleos para las mujeres y beneficio directo a las barriadas urbanas empobrecidas y marginalizadas, y a las regiones periféricas del país.
    2. En el mediano y largo plazo, los programas de inversión pública deberían priorizar la transición hacia energías limpias, tecnologías verdes, vivienda accesible a clases medias y populares, transporte público, acueductos y tratamiento de aguas residuales; infraestructura y equipamiento para los servicios educativos, sanitarios y de cuido; la consolidación de encadenamientos productivos, incorporación de conocimiento y valor agregado a la producción y elevación de la productividad; el desarrollo urbano ordenado; el desarrollo regional equilibrado, con especial atención a las regiones periféricas más rezagadas y empobrecidas; inversión en investigación científica e innovación tecnológica; consolidación de condiciones que propicien una mayor calidad de vida y bienestar, un ambiente más limpio y espacios de convivencia social más saludables y disfrutables.
    3. Teniendo presente que con motivo de los anuncios sobre políticas de reactivación que el gobierno de Carlos Alvarado hizo públicos el 4 de mayo de 2020, se dijo que se disponía de financiamiento por un monto superior a los dos billones de colones, esto, más los recursos provenientes de fondos proveídos en condiciones ventajosas por diversos organismos multilaterales, deben orientarse hacia el financiamiento de estos programas de inversión pública, con una mirada prospectiva que contemple planes al menos a cinco años plazo, los cuales podrán llevarse adelante sin afectar el déficit fiscal. Además, todo ello permitirá crear condiciones para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al dinamizar la economía, elevar la productividad y generar muchos empleos.
    4. Nuestra economía arrastra un problema de dualismo estructural a nivel productivo, que dificulta seriamente las posibilidades de construir una economía más sólida, inclusiva y ambientalmente responsable. Existen sectores muy dinámicos y competitivos ligados al mercado externo, que tan solo tienen muy débiles vínculos con la economía nacional, los cuales están amparados a regímenes especiales que les conceden generosos subsidios. Tal es el caso de la Zonas Francas.  En este grupo se ubican algunas grandes empresas nacionales y, sobre todo, corporaciones transnacionales.  El resto de la economía es el que proporciona la mayor parte del empleo y, asimismo, la mayor parte de los ingresos tributarios que permiten sostener los servicios públicos. Es, en gran parte, un tejido productivo conformado por micros, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos de la economía social y solidaria. Este sector está vinculado principalmente al mercado interno, y ha sido pospuesto, y en muchos sentidos olvidado, por las políticas de los gobiernos. Su productividad y competitividad se ven perjudicadas por el escaso acceso a la innovación tecnológica a todo nivel, el crédito y a la capacitación técnica, y asimismo se les dificulta incorporarse en cadenas internacionales de mercancías, puesto que, de hecho, tampoco a lo interno se han logrado desarrollar encadenamientos productivos que permitan optimizar el uso de la dotación de recursos de que el país dispone. Bajo las actuales condiciones de crisis, este sector se ha visto duramente afectado, por lo que los procesos posteriores de recuperación de la economía, deberán incorporar un esfuerzo muy serio por reconstruir, sobre bases renovadas, ese tejido productivo.
    5. El impulso a las exportaciones y la atracción de inversiones destinadas principalmente a zonas francas, se han visto históricamente beneficiados por las políticas de promoción desarrolladas desde COMEX-PROCOMER, las cuales incluyen la activa implicación de CINDE, una agencia privada que, sin embargo, tiene a cargo la ejecución de importantes políticas públicas. Se ha carecido de una institucionalidad similar que promueva e impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos social-solidarios. Debe pensarse en la creación de una agencia que coordine los esfuerzos orientados a ese fin, y en un sistema, flexible, eficiente y expedito, que articule las diversas políticas e instituciones que deberían coopera en ese cometido, y el cual debería también establecer mecanismos muy transparentes y participativos de coordinación con el sector privado.

Foto: Voces Nuestras

Políticas de austericidio

Óscar Madrigal

El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS recibió ¢52.000 millones MENOS en ingresos corrientes en este primer semestre comparado con el de 2019, según la Contraloría.

El Gobierno debía transferirle a la Caja 146.000 millones, pero solo le pasó 91.400, es decir, 54.600 millones de colones MENOS. Esto, aducen, se debe a la situación fiscal.

Como se observa, las políticas de austeridad no se detienen ni siquiera respecto a las instituciones que están enfrentando la emergencia sanitaria.

Por un lado, el Gobierno informa que trasferirá ¢28.000 para saldar la deuda de la CCSS, pero por otro le deja de pagar más de ¢54.000 millones.

Producto de las políticas de austeridad se está dejando sin el financiamiento debido a la Caja en momentos que más requiere del apoyo financiero. Por ello a estas políticas más que de austeridad les llaman de austericidio.