Dentro de unas pocas horas se cumplirán 162 años en que las tropas costarricenses, combatieron con patriotismo y coraje para repeler al filibustero gringo William Walker que venía y quería hacernos súbditos y vasallos de un país extranjero.
Ahí en los corrales de piedras de esa hacienda ganadera, los ticos ganaron en poco tiempo la batalla y lograron que los invasores huyeran desde adonde habían llegado: Nicaragua.
Quiso el destino que desde el territorio de Guanacaste, se diera una lucha frontal y cruenta, para salvaguardar la soberanía, la libertad y la paz por siempre de Costa Rica.
Me decía esta mañana un brillante intelectual cubano, que esa Batalla de Santa Rosa, fue clave para Centroamérica y más allá, dado que las intenciones estadounidenses, eran de un expansionismo sin límites.
Por eso, gracias a costarricenses estudiosos de la verdadera historia costarricense, sabemos ahora con amplios detalles, acerca de la grandeza de espíritu y patriotismo colosal del entonces presidente Juan Rafael Mora y todos cuantos participaron en la gesta de Santa Rosa el 20 de marzo de 1856 y en la batalla de Rivas, Nicaragua, el 11 de abril de 1856.
¡¡¡Vivan el presidente Mora y los que nos legaron Patria Libre!!!
El pasado 25 agosto varias organizaciones sociales que firmaron la Campaña “Por la Libertad Sindical en la Empresa Privada”, se manifestaron en la fuente de la Hispanidad.
Son 44 organizaciones sociales, sindicales, políticas y populares que se unieron para crear la campaña y exigirle al gobierno que tome acciones para proteger los derechos de los trabajadores perseguidos y despedidos.
Las organizaciones manifestantes, indicaron que eligieron la Fuente de la Hispanidad por ser un lugar que recientemente estuvo en la discusión nacional por la acción de un artista.
En su acción, tiñó el agua de la fuente como protesta por el uso de agroquímicos en las piñeras, así como para llamar la atención sobre las violaciones a los derechos laborales denunciadas por el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP), el cual es parte de la campaña.
La manifestación inició en el Pretil de la UCR, donde las organizaciones se unieron a los estudiantes de la Universidad para salir hacia la Fuente de la Hispanidad.
Según anunciaron las organizaciones, esta sería la primera acción de calle que impulsó la campaña, pues durante las próximas semanas se anunciarán nuevas manifestaciones y actividades culturales.
La que de momento ha sido anunciada, será una marcha hacia la Casa Presidencial el próximo martes 5 de setiembre.
Para más información con Yuleysi Segura al teléfono 6038 4639.
Varias organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos realizaron el pasado lunes 21 de agosto el Lanzamiento Oficial de la Campaña «Por la Libertad Sindical en la empresa privada» en la Casa Calufa.
Son más de 15 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas que han conformado la campaña para promover la defensa de los derechos laborales a través de la organización sindical de la mayoría de la población trabajadora.
En meses anteriores, el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) ha denunciado persecución sindical en empresas como Exportaciones Norteñas, La Nenita Farm (ambas exportadoras de piña localizadas en Los Chiles), Selime (empresa de limpieza subcontratada por la Universidad de Costa Rica) y Sajiplast (fábrica de plásticos en Barreal de Heredia).
En esas empresas se han dado casos de acoso sindical, amenaza de despidos, despidos ilegales, reubicación de trabajadores en otros puestos, y en 3 casos los trabajadores sindicalizados fueron entregados a la policía de fronteras mediante engaños y posteriormente expatriados.
Además, y más urgente aún, los dirigentes sindicales Jouseth Chaves y Francisco Cruz han recibido múltiples amenazas de muerte por su labor en las fincas piñeras de Los Chiles.
El primer Foro Nacional«Escribir en la Cárcel»: pedagogía, transformación y libertad, es una iniciativa del Instituto de Estudios Latinoamericanos, IDELA, la Vicerrectoría de Docencia de la UNA y el CAI-La Reforma, en el marco del año 2017 dedicado a la Vida, el Diálogo y la Paz; así como en el Día Internacional de Nelson Mandela por la paz, la democracia y la libertad.
Este primer foro realizado el 19 y 20 de julio de 2017 en el Auditorio Facultad de Filosofía y Letras se constituyó un espacio de diálogo, encuentro y reflexión sobre la palabra escrita y las posibilidades de cambio personal a través de esfuerzos pedagógicos transformadores, particularmente, en situaciones de privación de libertad.
Esta iniciativa se inscribe no solo en la línea de trabajo de la Maestría Latinoamericana en Derechos Humanos del Instituto IDELA; sino también en la visión latinoamericana con la que el IDELA ha venido trabajando desde hace más de veinte años. Además, la propuesta complementa, aporta y fortalece, el trabajo que la Universidad Nacional ha venido desarrollando en el enfoque del diálogo, la vida y la paz.
Como espacio de encuentro en el Campus Omar Dengo-Heredia de la UNA reunió la participación, en primer lugar, de personas privadas de libertad que están trabajando sus textos en distintos espacios de creación, no sólo en Centros de Atención Institucional, sino bajo distintas metodologías. Asimismo, integrará la participación de escritoras/es, docentes, investigadoras/es, periodistas, comunicadores entre otros, que han trabajado el tema. De igual forma se convocará a personas provenientes de ámbitos relacionados como el derecho, la justicia, la literatura, la cultura, la educación y la comunicación.
Para el Profesor del IDELA y Coordinador Laboratorio de la Creatividad, Máster Daniel Matul, la pertinencia de este foro es indispensable si se desea que la educación sea el principal mecanismo de cambio en condiciones de privación de libertad. Para ello, todo proceso educativo debe partir de las condiciones que significa el encierro, y posteriormente, pensar cuáles son los saberes que la persona que educa debe poseer para trabajar en la cárcel: “El Instituto de Estudios Latinoamericanos, IDELA, a través del Laboratorio de la Creatividad está comprometido en avanzar hacia la construcción de estudios que contribuyan a generar una «pedagogía del reencuentro». Un segundo foro es indispensable”, acotó Matul.
Temas abordados:
Poetas privados de libertad toman el escenario
El encierro y la transformación del ser humano
La escritura y la transformación del ser humano
Principios pedagógicos para abordar el encierro
Escribir en la cárcel: experiencias de vida
Lectura de poesía con personas privadas de libertad
Poetas invitados/a:
Representantes del Centro de Atención Integral CAI-Vilma Curling
Representantes del Centro de Atención Integral CAI-Sandoval (Limón)
Jorge Salas Bonilla, Junior Mora Rojas, José Mora Ocampo, Eduardo Espinosa
Wilbert Barrantes del Centro de Atención Integral, CAI-La Reforma
Mayor información: danmatul@yahoo.com
Colaboración:
Daniel Matul Romero-Académico- IDELA
Efraín Cavallini A-Rectoría UNA
Fotografía: Eliécer Berrocal Sánchez.
Ofic. Relaciones Públicas
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
¿Derechos Humanos o Ironías Constitucionales? Es la pregunta que me hago al pensar en la persona dentro del sistema democrático actual -y según la dignidad humana en sí-, haciendo de este modo un pequeño recorrido por la historia de momentos importantes que permitieron este hoy.
El inicio de este “gran cambio” de la historia humana –según algunos grandes “intelectuales”- se da en la revolución francesa, ya que aquí es donde se inicia el derecho del hombre a través del término ciudadano como un reconocimiento de sí mismo. Seguidamente años más tarde se vuelven universales los derechos del hombre, logrando de esta forma “abolir” la esclavitud del hombre por el hombre dentro de las ciudades civilizadas, salvo las diferencias socioculturales que generan el régimen o gobierno político de turno.
Según estos sucesos fue así que se dio el “gran cambio” de la humanidad pero si analizamos profundamente la situación podríamos llegar a comprender que a pesar de ello seguimos viviendo tiempos de esclavitud.
Hoy en día la forma de esclavitud es laboral y de gobierno, y esto sucede porque el sistema de vida de los seres humanos consiste en pasar más tiempo en el trabajo que en casa, para poder ganar el dinero suficiente, con la finalidad de atender las necesidades básicas, debido a que el gobierno es incapaz de regular, modificar o cambiar el sistema de vida para que las personas puedan vivir lo más digno posible con una calidad de vida más humana que maquinista.
Si nos ponemos a leer el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos encontraremos que dice una cosa muy simpática: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú su artículo primero es también muy simpático porque dice que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; artículo que se complementa con el segundo artículo e inciso primero, donde dice que “Toda persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
Con estos tres artículos, los que son muy sencillos, básicos y esenciales, podemos hablar del ser humano en sí, es decir: la persona, gracias a su propia naturaleza, está dotada de razón y conciencia que le concede el gozo de la dignidad humana, por lo que esta dignidad merece el respeto –en primer lugar- a la vida, -seguido de lo demás:- identidad, integridad moral, psíquica y física –porque el ser humana es un ser biopsicosocial- para que pueda desarrollarse libremente en bienestar de sí mismo como también de los demás, ya que el hombre no es un ente aislado sino un ser social, debido a que está compuesto de dos materias, corporal y espiritual, y estas dos materias podríamos dividirla en tres partes indispensable para su desarrollo humano, porque este desarrollo no sólo se da por la simple unión del óvulo y espermatozoide sino que necesita del vientre materno para que la vida pueda prosperar; del mismo modo sucede con el desarrollo de la materia espiritual, porque si analizamos el proceso de la vida: el alma empieza su desarrollo en el estado vegetal, aquel estado lo vive estando en el vientre materno; una vez que el ser humano sale del vientre materno pasa a vivir su estado animal, y en este estado el ser humano desarrolla la comunicación no verbal y la comunicación instintiva, es decir, es capaz de formular mensajes pero no es capaz de razonar; y esto sucede hasta que su cuerpo o biología logra alcanzar el desarrollo evolutivo para albergar el estado humano, es decir, ahora la persona es capaz de formular razonamientos, es capaz de cuestionarse la realidad, de saber expresar sus propias ideas, de oponerse a la realidad que otros le cuentan desde su punto de vista.
De este modo es que pienso que los derechos humanos y las ironías constitucionales han sido dadas para legislar al ser humano como una raza animal, como un todo; y no están hechas para el gobierno de las personas; es decir, las normas y leyes están hechas para las masas de un rebaño y no para la persona en sí, porque si estuvieran hechas en favor de la persona deberían comprender las etapas del ser humano según su desarrollo individual y debería guardarse el respeto y el valor de la vida desde su estado vegetal hasta la extinción de la propia vida, comprendiendo a la persona según el desarrollo de su biología y psicología, debido a que no todas las personas nacen con las mismas habilidades y desarrollos fisiológico y psicológico, porque cada persona es única e irrepetible, razón por la cual es importante saber comprender a las personas por ser la persona en sí y no solo por ser una persona, por ser una persona individual y no parte de una masa; pues la naturaleza no es lo que define lo que el hombre es en sí mismo sino sus capacidades físicas o mentales, según cómo es que se haya desarrollado física y psicológicamente.
Pero como sabemos –si es que nos ponemos a analizar la realidad de las sociedades- las legislaciones constituciones no están preparadas, de tal forma que su utilidad no es para el gobierno de las personas sino de las masas, razón por la cual uno se pone a preguntar: ¿hasta cuándo vamos a estar atendiendo al hombre como un animal más y no como una persona? Hoy en día se supone que el hombre ha evolucionado tanto; pero, sin embargo, seguimos viviendo como si estuviéramos en la era cavernaria, seguimos viviendo la vida por un dejarse llevar, por la opresión del hombre por el hombre, por la marginación, por la humillación, por la miseria humana; por la ironía de las constituciones políticas que están casi pintadas solo porque las personas –el pueblo- no ha aprendido a ser persona y, por tanto, vive tan solo su supervivencia aislado de las otras personas, en su mundo, en su vida, en sus problemas, en su comunidad familiar y no social; razón por la cual los políticos pueden hacer lo que quieran con las normas y leyes, llevando así a la ironía constitucional.
En la introducción a este ensayo he dicho que para una vida digna se requieren atender cuatro necesidades importantes (alimentación, salud, seguridad y trabajo) y una optativa (educación) para el pleno goce de una vida libre y digna para el ser humano.
Ahora, la libertad es una cuestión tan indispensable como el respeto a la dignidad humana. Según lo poco que he leído y conversado -y también según lo que he escuchado a algunos profesionales de educación superior-: la libertad no es como la dignidad, porque la primera se pierde y la segunda dicen que no, algo que discrepo en ambos casos, porque considero que ambos son iguales si lo vemos desde los dos puntos básicos de la vida, porque si lo vemos desde el punto de vista social: se pierde; pero si lo vemos desde el punto de vista personal: no se pierde; pero ¿por qué se podría y por qué no se podría perder la libertad y la dignidad humana?, esta sería la cuestión a resolver o tratar en este punto.
Según nuestra actualidad la democracia moderna es aquel sistema político que nos permite gozar de la libertad como nunca antes se ha gozado, algo que yo podría discrepar y para ello usaré las palabras de un amigo historiador –aunque en sí aquellas palabras las sacaré de foco, porque él lo decía dentro de un contexto temporal y no literal como yo lo plantearé aquí-: “La democracia es un invento del siglo XX”, por tanto, no podríamos afianzar la libertad al sistema político en sí, porque de una u otra manera –pienso yo- a lo largo de la historia ha existido libertad en el hombre, una libertad que quizás socialmente era reprimida por el poder, debido a que antiguamente lo que nos caracterizaba a los seres humanos era que éramos súbditos y no –como hoy- sujetos de derecho.
Por tanto, creo que la libertad del hombre está inherente al mismo hombre, en su propia naturaleza humana, en su ser, debido a su capacidad de razonar; ahora, que el poder económico o cultural limite el gozo de la libertad de tal forma que el ser humano se sienta oprimido o impotente para ejercerla con total libertad es otra cosa; pero esto no quita la libertad sino que la limita, tan igual como lo limita el derecho a gozarla, porque el derecho a nuestra libertad conlleva a un respeto de la libertad de los otros; por ende, la libertad es una característica del hombre irrenunciable, tan igual como lo es la dignidad humana; razón por la cual su respeto es un derecho y deber.
Por ello quisiera agregar a este punto unos ejemplos que me parecen extremadamente graciosos por la ironía que representan en la realidad, en el uso de ambos términos (“libertad y dignidad”) dentro de los sistemas democráticos modernos.
Primeramente, no puedo negar que el sistema democrático moderno es el sistema político que considero –dentro de todos los peores sistemas existentes a lo largo de la historia de nuestra “evolución civilizada”- como el mejor sistema; pero no es un sistema perfecto debido a que la realidad nos ha demostrado que todavía tiene muchas deficiencias, tantas como que las personas no hemos aprendido a ser personas aún.
Segundo, si bien es cierto que biológicamente la vida del ser humano empieza con la concepción –científica y legalmente quizás se discrepe pero como no he venido a tratar aquí las justificaciones del hombre sino a hablar del ser humano desde su naturaleza y de forma sencilla, es decir, anulando toda “evolución o descubrimiento evolutivo” que desde mi parecer muchas de ellas no son más que la búsqueda de la justificación del hombre para no saber asumir las responsabilidades humanas que representa el valor de la vida en sí misma, solo para seguirse limitando dentro de un torpe conocimiento humano, por no decir, dentro de una mediocridad humanidad-; también es cierto que –para algunos- el hombre no es sujeto de derecho hasta que salga de la protección interior de la madre, es decir, hasta que nazca a los ojos de este mundo, o sea, hasta que se desprenda del cordón umbilical. Aunque sabemos bien –y no es necesario ser Dios ni científico para saber- que el hombre pasa por varios procesos evolutivos durante su ciclo de vida (cigoto, embrión, feto, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, cadáver); razón por la cual deberíamos decir que la persona es sujeto de derecho desde sus inicios hasta su final, desde la fecundación hasta su muerte, puesto que dentro o fuera no será más que una persona puesto que ese es su destino: se persona.
Tercero, nuestra naturaleza no es ermitaña sino sociable, por tanto, el derecho tiene esa tendencia de sociabilidad, ya que empieza cuando termina y termina cuando empieza de otra persona, algo que podría parecer irónico en la cuestión de la libertad y la dignidad humana, porque aquello nos limitaría y para algunos nos limitaría casi como nos limita la opresión o manipulación social; pero ¿qué libertad podría existir sin responsabilidad? Definitivamente ninguna, todo sería un constante vivir o una constante supervivencia, la ley del más fuerte o poderoso, como sucede con los demás animales.
Entonces, ¿dónde es que se encuentra la ironía de la vida democrática para la libertad y la dignidad humana? En la insatisfacción de las necesidades básicas de todo ser humano (alimentación, salud, seguridad y trabajo). Pero, ¿por qué razón podría estar aquí la ironía de la libertad y dignidad humana? Pues eso es lo que quiero demostrar con este ensayo; así como también intentaré reflexionar cómo es que existen instituciones que profesan la defensa de la libertad y la dignidad humana y solo se dedican a contribuir a que se siga dando semejante injusticia y atentado contra estos dos derechos naturales y en algunos casos constitucionales.
La libertad de pensamiento, de conciencia, ideológica o de creencia –como quiera llamársela- es uno de los mayores logros de la civilización occidental en los últimos siglos. Ella y su consecuencia manifestada públicamente, la libertad de expresión, están entre lo más alto alcanzado por la civilización de Occidente en su afán de exaltar lo humano, como la meta necesaria para asegurar el desarrollo personal y social en toda su potencialidad.
La actual sociedad costarricense –multiétnica y pluricultural, según el artículo 1 recietemente reformado de nuestra Constitución Política- está ya demandando, desde diversos sectores, la obligación estatal de recoger mediante legislación nueva el cumplimiento efectivo de esas realidades sociales expresadas con tales conceptos.
Por lo mismo, cae como un balde de agua fría saber que los grupos religiosos instalados en la actual Asamblea Legislativa promueven un proyecto de ley “para la libertad religiosa y de culto”. El título no más ya es excluyente: por un lado, se da por un hecho que todo ciudadano necesariamente “pertenece” a alguna religión, dejando de lado no solo al creciente sector de los no creyentes (librepensadores, ateos, agnósticos, racionalistas, indiferentes, etc.), sino también al creciente sector de los que, dentro de las distintas creencias religiosas, viven su particular ateísmo “práctico” diario. Por otro lado, la agenda oculta (y ni tanto) es el afán de los líderes “cristianos” de colocarse en plano de igualdad con el catolicismo oficial, compartiendo con este todos los privilegios y beneficios posibles, como carga adicional para un Estado que ya no da para más. El proyecto pretende, además, crear más organismos y burocracia, recibiendo del Estado mucho más de lo que pueden las distintas sectas devolver a la sociedad. En suma: lo que se pretende paladinamente es convertir el actual Estado oficialmente católico en un Estado multiconfesional, otro adefesio jurídico, como el actual, monoconfesional, que haría de este país objeto de toda clase de chistes a escala mundial.
Urgente: lo que se necesita no es una ley como la propuesta, sino una más incluyente, general y objetiva. En tal sentido, los sectores progresistas debemos insistir con nuestros diputados para que se dediquen a preparar una ley general de libertad de conciencia y expresión que satisfaga a todos los sectores de la sociedad. El enfoque no es errado puesto que en punto a jerarquías, la libertad de religión es parte de algo más amplio, que es la libertad de conciencia. Y esta a su vez debe verse como algo íntimo, privado y propio de cada individuo; y que solo cuando se expresa públicamente adquiere su verdadera dimensión como libertad real. Para el creyente, esta libertad se manifiesta en su “culto” público. En tanto, el no creyente, al no tener nada parecido a un“culto”, lo único que requiere es libertad, justicia, respeto y aceptación por parte del Estado; y libre de la intervención en su vida pública y privada por parte de las organizaciones religiosas convertidas en poder político. Eso es paz social asegurada para todos.
En el presente siglo, todas las sociedades avanzadas se encaminan hacia el Estado laico, una figura jurídica en que el Estado es neutral en asuntos de conciencia. Costa Rica debe ir preparando el terreno para tan ineludible paso. Que no pase lo que ahora en Europa: la avalancha de inmigrantes, legales e ilegales, que llegan con otra cultura provista de un islamismo prepotente y excluyente. Fiel a su tradición como país de asilo y respetuoso de los derechos humanos, el nuestro debe recibir a todo grupo inmigrante con reglas muy claras: igual trato para todo grupo o individuo, cualesquiera sean sus creencias religiosas o filosóficas, en apego estricto a la separación obligada entre el Estado y las creencias de los ciudadanos dentro del marco de la ley. Tal es la esencia del Estado laico aquí propuesto.
Ditsö, la Coordinadora de Lucha Sur Sur; la Coordinadora Norte Tierra y Libertad y el Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo demandan la libertad inmediata del compañero Byron Reyes Ortiz, detenido injusta y arbitrariamente en Nicaragua
La tarde del sábado 25 de junio de 2016, fue detenido en la Colonia La Fonseca, Municipio de Nueva Segovia, Nicaragua, el compañero Byron Reyes Ortíz, joven indígena del Pueblo Broran Térraba.
Byron Reyes Ortiz, indígena Brorán Térraba es miembro de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora de Lucha Sur Sur y del Movimiento Mesoamericano de Alternativas Populares al Capitalismo.
Byron fue detenido junto con una compañera y cuatro compañeros; Daniel Espinoza Jiménez (Español), Salvador Tenorio Perez (Mexicano), Emmanuel de la Luz Ruiz (Mexicano), Ana Laura Rodríguez (Argentina) y Eugenio Pancelli Chávez (Mexicano); quienes se encontraban impartiendo un taller sobre nuevas tecnologías en Nueva Guinea de Nicaragua, como parte del quehacer de la Caravana del Buen Vivir. Byron fue trasladado con la y los compañeroos a Managua, bajo arresto y en este momento se desconoce el lugar donde lo tienen retenido de manera injusta y arbitraria y no se le ha permitido asistencia legal.
Este lunes 27 de junio, a partir de las 11:30 a.m. se estará realizando una movilización y convocando a un Acto político frente a la Embajada de Nicaragua, situada en Barrio La California (Avenida Central, calle 25 bis,) para exigir al gobierno nicaragüense que libere de forma inmediata a Byron.
Este acto lesivo de los derechos de la compañera y los compañeros detenidos es responsabilidad del gobierno de Nicaragua y su aparato policial.
“No basta filosóficamente con buscar la verdad, sino que hay que procurar filosóficamente realizarla para hacer la justicia y construir la libertad”… La justicia consiste en devolverle a cada uno su dignidad humana… La paz justa es la única alternativa a la violencia (Ignacio Ellacuría).
Queridísima conciencia: La dialéctica de la verdad histórica y la lucha por la dignidad de los pueblos es el camino de la justicia y la libertad.
La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garífunas, familias campesinas y la clase trabajadora.
En este sentido la ley es la síntesis del racismo, clasismo y sexismo patriarcal que tiene su origen y reproducción histórica y estructural en el viejo y nuevo colonialismo, en la mundialización del capital trasnacional que utiliza a los operadores de la justicia legal: jueces, fiscales como integrantes de los cuerpos represivos: militares y policías que estigmatizan, persiguen y violan los derechos a los defensores(as) de la verdad, libertad y derechos humanos y ambientales.
Honduras es un país singular donde se ha concentrado el experimento geopolítico militar, donde la reorganización de la administración de la justicia tiene como eje fundamental la inteligencia que controla la información y vigila, controla y reprime mediante los aparatos: militares, policiales, académicos y fundamentalistas religiosos. Es el experimento que caracteriza a la “democracia encarcelada y a la seguridad embozada”.
El experimento no solo es de inteligencia (orejas y cámaras electrónicas); sino también de guerra psicológica, guerra mediática, guerra económica: desempleo masivo, cierre de empresas; fundamentalismo religioso, femicidio, asesinatos de la diversidad sexual, de abogados , periodistas, ambientalistas, campesinos e indígenas y defensoras (es) de los derechos humanos.
Es una guerra total contra el pueblo en una sociedad militarizada y ocupada no solo en el sentido castrense sino ideológico y político por la nación del Norte. Con El Salvador y Guatemala somos parte del “Plan de Prosperidad de los Estados Unidos de América”.
El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH a igual que el golpe de Estado Militar no sólo son fenómenos locales sino están articulados al complejo militar económico transnacional del modelo extractivo minero, represas, agrocombustibles, transgénicos y megaproyectos turísticos. Por lo tanto este crimen simboliza un mensaje de terror del sistema para los que defienden los derechos el agua y de la Madre Tierra: si asesinaron a la mujer galardonada con el Premio Goldman, tenemos la capacidad de reprimir o matar a cualquier ser humano que se oponga a este monstruoso sistema.
La justicia “legal” con injusticia social se refleja en la detención arbitraria del educador mexicano y defensor de los derechos humanos Gustavo Castro; quien al ser testigo y objeto de atentado de asesinato es convertido en forma ilegal e ilegítima en victima de tortura psicológica y tratos crueles inhumanos y degradantes violando la Constitución de Honduras y el derecho internacional. El objetivo es silenciar a los que tienen la vocación humanista de educar a nuestros pueblos sobre el derecho al agua y a la Madre Tierra.
Nuestra historia es representativa de la sevicia del poder; la verdad sobre los responsables de los desaparecidos, el asesinato de la dirigente campesina Margarita Murillo y más de un centenar de dirigentes campesinos ni ha sido develada porque en la practica la ley en Honduras sirve en su mayor dimensión para ocultar la verdad y favorecer la impunidad.
Según el Informe Honduras 2015 del sociólogo y defensor de los derechos humanos Roberto Briceño: “La policía y los organismos de seguridad y justicia por omisión o por acción fomentan la impunidad principal factor de incremento de la violencia y los actos criminales en el país. Los informes acerca de la frecuencia de hechos criminales coinciden en que entre el 90 y 96 por ciento de los hechos no se investigan. La policía omite investigar las causas de los hechos culpando con estigmas a las víctimas con los cliché de ‘pelea de territorios’, ‘pleito entre maras’ o capturando a cualquier acusado para justificar su aparente función eficiente”.
En cuanto a los crímenes contra los dirigentes del COPINH: Tomas García que antecede al asesinato de Berta Cáceres y posterior al mismo de Nelson García; así como la persecución contra dirigentes campesinos del Aguan, del Valle de Sula y del Occidente del país son indicadores de la impunidad e injusticia social.
Según el jurista y epistemólogo Allan Norrie la dialéctica de la totalidad social amenaza la lógica analítica jurídica. Las categorías legales están separadas del contexto y de los valores morales.
Por consiguiente en Honduras las categorías de la formalidad legal son hechos técnicos despojados de la ética. Los aspectos sociales del crimen, los políticos e históricos y de corrupción del sistema son llevados a la rigidez arquitectónica y congelada de la ley para deformar la realidad y culpar a los y las que están en contra del sistema hegemónico multinacional articulado a las oligarquía locales.
La responsabilidad de los intelectuales y de los movimientos sociales es luchar por la justicia social al servicio de la vida, los derechos humanos y de la Madre Tierra.
Lo único que tenemos es la conciencia histórica social de la verdad, la justicia y la libertad frente al neoliberalismo imperial del capital mundializado.
Hagamos concreta esta realidad mediante la solidaridad nacional e internacional con los pueblos indígenas, garífunas, las familias campesinas, pobladoras de Honduras y demandemos la libertad del mexicano Gustavo Castro que está detenido arbitrariamente en Honduras.
Solicita a medios de comunicación abordar de forma integral problema de la seguridad ciudadana
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes (foto archivo ODI).
Ante la inquietud que ha causado en el ámbito nacional el anuncio de algunas medidas para atacar el hacinamiento carcelario en el país, la Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz con ese objetivo.
En particular el pronunciamiento suscrito por el Dr. Javier Llobet Rodríguez, coordinador de la Maestría; el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Erick Gatgens Gómez, Vice-decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Álvaro Burgos Mata, el Dr. Gustavo Chan Mora, la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón y el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, apoya el traslado de un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.
Los académicos hacen un llamado a la calma a la ciudadanía en general, y a los medios de comunicación en particular, para que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país.
Además, instan a las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.
Asimismo, al Poder Legislativo para que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios y se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.
A continuación el pronunciamiento completo:
A LA COMUNIDAD NACIONAL
La Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR
TENIENDO EN CUENTA QUE:
1.- Las universidades públicas, en cuanto conciencia lúcida de un país, deben velar porque los pueblos tengan los insumos apropiados para la reflexión, análisis y toma de posición sobre los diversos tópicos de relevancia nacional y, en ese contexto, este Programa de Posgrado tiene la obligación ética de acompañar dicho proceso en los asuntos relacionados con su plan de estudios.
2.- Costa Rica es un país democrático respetuoso, por tradición y obligación internacional, del Estado de Derecho y, como parte de las obligaciones derivadas de esa condición, se encuentra el acatamiento de las normas de instrumentos internacionales suscritos por el país y de los pronunciamientos tanto de los organismos internacionales como de los tribunales internos de la nación, los cuales tienen, como propósito último, respetar la dignidad y los derechos inherentes a todos los seres humanos (artículo 1 de la Constitución Política y numerales 26-27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
3.- Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo sobre los Problemas Criminales establecen que, cuando un centro penal cuenta con una ocupación superior al 20% de su capacidad, hay sobrepoblación crítica y se conceptualiza como un trato inhumano, cruel y degradante en la medida en que ese exceso de cupo lleva aparejada la violación de otros derechos humanos (a la salud, a la integridad física, etc.). En Costa Rica ese porcentaje es, a noviembre de 2015, de un 47%. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contencioso por la violación a los derechos humanos en las cárceles costarricenses y contra el país se tramitan otras quejas por este mismo tema (cfr.: Informe 33/14, recomendación 3 en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf.)
4.- La Sala Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante para todas las autoridades y habitantes del país (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), ha ordenado, en diferentes oportunidades a lo largo del último quinquenio (vgr. votos N° 2009-1332, 2011-7361, N° 2012-2053, N° 2012-3294, N°1 2012-11765, N° 2013-12464, N° 2014-18911, N° 2015-8542, N° 2015-9450, N°2015-16435), la adopción inmediata de medidas para reducir el hacinamiento y congestión de los distintos centros penales, ante la flagrante violación de los derechos humanos que se vive en las cárceles por esa razón.
5.- Costa Rica, durante los últimos años, ha tenido un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes. En 1990 había 104 presos por cien mil habitantes, en 2009 la cifra asciende a 191 y en 2013 fue de 341. Eso ha convertido al nuestro en uno de los países con más presos por cien mil habitantes de Latinoamérica.
6.- El aumento de la cantidad de privados de libertad ha provocado un gran problema de hacinamiento carcelario que llegó este año al 52,2% y si bien ha descendido al 46,3% esto ha sido como consecuencia de las medidas del Ministerio de Justicia de reubicación de los detenidos no peligrosos.
7.- El hacinamiento carcelario implica un grave quebranto a los derechos humanos, pues provoca problemas de salud, aumento de la violencia carcelaria y tiene efectos negativos para los que están privados de libertad y para el personal penitenciario. También tiene consecuencias para la comunidad en general, en cuanto opera en sentido totalmente contrario al afán resocializador, puesto que tiene un efecto criminógeno.
8.- La cantidad de privados de libertad existente en Costa Rica y su aumento constante, torna en insostenible, financieramente, pretender una solución al problema del hacinamiento carcelario con la creación de nuevas cárceles, como proponen algunos. Incluso, países con gran poder económico, como los Estados Unidos de América, se han visto en la necesidad de aplicar medidas de liberación de presos no peligrosos, ya que presupuestariamente no han podido seguir haciendo frente a la cantidad de presos existente.
9.- Está demostrado, a través de diversas investigaciones, que no existe ninguna correlación entre el aumento de la cantidad de privados de libertad y la disminución de la delincuencia violenta, aspecto que se ha corroborado en Costa Rica pues, pese a los incrementos punitivos y de los niveles de encierro que se han experimentado en las últimas décadas, no ha disminuido, sino aumentado, la cantidad de homicidios por 100,000 habitantes.
10.- El alto índice de sobrepoblación penitenciaria se debe, entre otras causas, a que, durante las últimas décadas, se ha privilegiado el uso del Derecho Penal como mecanismo “simbólico” para la “solución” de conflictos, desatendiendo el llamado a que este sea el último recurso a usarse cuando otras áreas del Derecho hayan fallado. Además, se ha utilizado la prisión como única sanción, a pesar de que, por ser las causas del delito múltiples, las formas de reprimirlo deben ser, también, variadas.
POR TANTO INSTA:
1.- A la ciudadanía en general a que mantenga la calma ante las diferentes medidas que se están adoptado en el país para atacar el problema del hacinamiento en las prisiones, pues esta no es una liberación masiva de detenidos sino un traslado de un nivel de mayor contención a uno de menor contención que siempre lleva aparejadas obligaciones del privado de libertad y la decisión no ha obedecido a criterios arbitrarios o antojadizos, sino que responde a estándares técnicos en virtud de los cuales se ha descartado de la medida a personas violentas o relacionadas con delitos cometidos a través de organizaciones y se privilegia a quienes están prontos a cumplir la sanción. Por ello, no hay bases objetivas para un pánico colectivo ni para difundir temores infundados.
2.- A los medios de comunicación colectiva a que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país, que incluya una perspectiva de derechos humanos y crítica sobre el uso excesivo de la cárcel como único recurso para responder a una variada gama de delitos de diferente naturaleza.
3.- A las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.
4.- Al Poder Legislativo a que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios, así como se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.
Y ACUERDA:
Manifestar su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz para atacar el problema del hacinamiento carcelario, entre ellas, la de trasladar a un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.
Dado en San José de Costa Rica, a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince.
Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez
Coordinador de la Maestría
Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez
Decano de la Facultad de Derecho
Prof. Dr. Erick Gatgens Gómez
Vice-decano de la Facultad de Derecho
Prof. Dr. Álvaro BurgosMata
Prof. Dr. Gustavo Chan Mora
Prof. M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón
Prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor
Información tomada enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
