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Etiqueta: Limón

UNA: Al rescate del patrimonio lingüístico centroamericano

  • Galardonado con el Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta 2017, el lingüista Juan Diego Quesada ha coordinado la elaboración de la gramática de la lengua criolla de Limón y de lenguas indígenas de Centroamérica
  • Coordinador del Programa de Lingüística Centroamericana (PROLINCA), Quesada asegura que técnicamente se puede demostrar que la población afrolimonense habla una lengua autóctona, con fonología, morfología y sintaxis propias

 

El lingüista Juan Diego Quesada, coordinador del Programa de Lingüística Centroamericana (PROLINCA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (UNA), fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta 2017, otorgado por el Ministerio de Cultura.

El Prolinca –programa de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la UNA- ha elaborado la gramática de la lengua criolla de Limón, en nuestro Caribe, las del guaymí y del buglere -lenguas chibchas de Costa Rica-, así como la del garífuna- lengua arahuaca de Honduras, Guatemala y Belice-, a lo largo de 10 años de investigación.

Además, está lista la gramática del cabécar y en 2017 se concluyó la del waunana, lengua chocó de Panamá.

La idea, en la siguiente etapa, es contribuir a la revitalización de estas y otras lenguas de la región, por medio de la enseñanza de estas, una de las dimensiones de la lingüística aplicada, de la cual el equipo del Programa espera frutos a mediano plazo.

Es así como el Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta 2017 reconoce la trayectoria investigativa del Dr. Quesada Pacheco, quien por más de veinte años se ha dedicado al estudio, descripción, análisis, y sobre todo al rescate de las lenguas indígenas costarricenses y centroamericanas.

Limon Taak

Para el coordinador de Prolinca, desde el punto de vista social y antropológico, la elaboración de las gramáticas tiene la ventaja de que sirve para enviar un mensaje a las comunidades cuyas lenguas están en peligro de extinción -y en muchos casos, históricamente han sido despreciadas- de que sus lenguas son importantes.

En el caso del Limón criollo, la comunidad hablante nativa asciende a 55 mil personas en casi toda la provincia.

Es por eso que, en criterio de Quesada, hay mayores posibilidades de rehabilitación de la lengua criolla limonense, aunque destaca como un problema que hay que atacar, el hecho de que los propios hablantes no saben, o bien, son reticentes a aceptar que lo que hablan es una lengua, ya que por temor a la discriminación, tienden a decir que hablan inglés, a pesar de que no es así. “Entonces hay que crear conciencia de que es una lengua que merece ser estudiada”, subrayó el especialista.

La idea –insiste- es que haya lugares donde se hable la lengua, donde incluso haya rótulos escritos en la lengua criolla, como ocurre en Aruba o Jamaica.

Y es que no es ni “mekatelyu”, ni “patois”, ni inglés…? Técnicamente se ha demostrado que los afrolimonenses hablan una lengua distinta, con su propia gramática, la cual ellos prefieren llamar Limon Taak, asegura Quesada.

Del estigma a la reivindicación

El reconocimiento del Limon Taak como lengua en todo el sentido de la palabra conduciría hacia a su reivindicación. El alfabeto diseñado no solo permite reconocer como única esa lengua, sino que da pie para iniciar luchas por los derechos lingüísticos, que sí tienen en Costa Rica las lenguas indígenas, pero que hasta ahora no ha tenido el habla de la población afrolimonense.

Entre esos derechos, Juan Diego Quesada resaltó la enseñanza de lengua y cultura en las zonas hablantes de la lengua, la utilización de traductores en casos judiciales y el diseño de rótulos y anuncios públicos en esa lengua.

Asimismo, la oficialización del Limon Taak como lengua permitiría gestionar financiamiento para revitalizar y preservar la lengua ante agencias internacionales.

Juan Diego Quesada alza su voz por la aprobación del proyecto de ley -ya acogido y presentado a la Asamblea Legislativa por el diputado Gerardo Vargas- que reforma el artículo 76 de la Carta Magna costarricense, de manera que se le incluya como una lengua regional, con derecho a que el Estado vele por su conservación. “La idea es darle valor a la lengua”, subrayó Quesada.

Producto de su arduo y riguroso trabajo investigativo, Quesada cuenta a su haber con medio centenar de publicaciones en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio; además, es el autor de las primeras gramáticas de las lenguas teribe (chibcha, Panamá, 2000); buglere (chibcha, Costa Rica, 2012); y garífuna (arahuaca, Honduras, 2017).

Esta última sobresale entre las demás gramáticas y publicaciones por el trasfondo histórico-cultural que la lengua garífuna posee; en el año 2008, por ejemplo, fue inscrita en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La obra de Quesada representa sin duda un valioso aporte de la academia costarricense al estudio y revitalización cultural costarricense y centroamericana, afirmaron Francisco Mena y Viviana Núñez, decano y vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras.

 

***Mayores detalles con el lingüista Juan Diego Quesada 8318-1606 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

 

Enviado por UNA Comunicación.

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Semanario Universidad: Trabajadores detienen por ahora despido en Chiquita pero esperan más recortes

  • Cambios en actividad portuaria de zona Atlántica
  • Ministro de Trabajo rechaza señalamientos de falta de acción del Gobierno para crear empleos en provincia de Limón

Por Jorge Araya

Semanario Universidad Trabajadores detienen por ahora despido en Chiquita pero esperan mas recortes
Trabajadores de Chiquita en una reunión para discutir el despido decidido por la empresa.

Empresa APM Terminals dice que su principal compromiso es finalizar la construcción de la terminal de contenedores para iniciar operaciones en febrero del 2019.

Un recurso legal interpuesto por el sindicato en el juzgado laboral de Limón frenó de momento el despido de 110 trabajadores de la transnacional frutera Chiquita Brands, que se iba a ejecutar el pasado 22 de diciembre.

Los representantes obreros entienden, sin embargo, que este sería el primero de una cadena de despidos motivados por la próxima entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que construye la transnacional danesa APM Terminals y que espera poner en operación en febrero del 2018.

Esto porque esa terminal, exclusiva para barcos de contenedores, captará buena parte de los servicios portuarios complementarios que hoy prestan empresas de estiba (carga y descarga de barcos), patios (acondicionamiento y reparación de contenedores), entre otros, para los puertos de Moín y la ciudad de Limón, manejados por la estatal Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Chiquita decidió liquidar a 110 de los 260 trabajadores del patio que tiene en Limón, mientras que los empleados de Dolle, otra de las transnacionales fruteras, también fueron prevenidos de recortes que se darán este año, por lo cual tendrán que prepararse.

Tras infructuosas reuniones de conciliación realizadas en diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato presentó ante el juzgado laboral de Limón un conflicto colectivo económico social para detener el proceso de despido en Chiquita.

El juez acogió la demanda de conflicto e indicó a la empresa que no podía ejecutar los despidos. Actualmente se está en la conformación del órgano conciliador, pero el tema de los despidos está planteado, y “calculamos que cuando inicie operaciones la TCM van a cesar otros 100 trabajadores del predio de Chiquita”, consideró Maikol Hernández, secretario general del Sindicato Industrial del Trabajadores Costarricense del Banano y la Piña (Sintracobal).

De 37 predios que hay en Limón pertenecientes a diferentes empresas, con unos 2.500 trabajadores en total, solo en tres los empleados están organizados en sindicato.

La cesantía amenaza además a los trabajadores de las estibas (que emplean a unos 2.500) y de transporte de carga que movilizan los puertos de Japdeva, calculó el dirigente.

Hernández reprochó que el MTSS sea débil ante las empresas para hacer cumplir convenios que impiden hacer despidos masivos de trabajadores. También por la falta de respuestas del Gobierno a los pedidos que se le han hecho desde tiempo atrás para actuar en prevención de la desocupación que causaría la apertura de la TCM.

El asesor legal del sindicado, Frank Ulloa, apostilló que en el Gobierno han tratado el asunto como si fuera solo un problema de Japdeva y no previeron que las mayores consecuencias serán en el sector privado.

Esa situación supone, a corto plazo, el despido de trabajadores en patios de contenedores, donde se ocupa mano de obra especializada en refrigeración, soldadura en aluminio y otras labores relacionadas con la exportación de productos perecederos que es muy delicada, y para trabajadores que han estado 20 o 25 años en eso no se les puede mandar a trabajar en construcción en cualquier parte, como ha planteado el MTSS, aseguró.

El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, rechazó que hayan faltado respuestas de la administración, y mencionó una serie de acciones emprendidas.

PUERTOS PÚBLICOS

Según Liroy Pérez, secretario de prensa de Sintrajap, el Sindicato de Japdeva, no hay duda de que la TCM se va a quedar con buena parte de la carga que Japdeva moviliza en la actualidad, pero consideró que no necesariamente eso se traduciría en recortes de empleos en la entidad estatal, por lo que considera aventurado el cálculo de la administración que habla del posible cierre de 900 puestos en la institución, cuya planilla consta de 1.300 empleados.

Pérez calculó que de los 700.000 contenedores que Japdeva moviliza anualmente, APM podría quitarles 400.000, pero eso más bien les dejaría campo para cambiar la modalidad de trabajo y mercadear los puertos estatales para atraer otros clientes y generar recursos y empleos tanto en la empresa estatal como para los privados que dan servicios.

Añadió que, junto al Gobierno local, cámara de comercio y la Federación de Trabajadores Limonenses y otras fuerzas locales, están impulsando varios proyectos, no solo para fortalecer Japdeva, sino el desarrollo de la provincia.

Las propuestas se las han estado presentando al Gobierno y a los candidatos presidenciales, dijo Pérez, quien advirtió que mucho depende de la voluntad política del Gobierno para hacer lo que hay que hacer, pues si no se hace nada, la apertura de APM sería catastrófica para el empleo de Limón.

En relación con los despidos que se anuncian en empresas de servicios portuarios, APM Terminals indicó que “las decisiones de otras empresas costarricenses obedecen a las condiciones particulares de cada una de ellas y APM Terminals es respetuosa de ello.”

Por ahora, el principal compromiso de la compañía es finalizar la construcción de la TCM para iniciar operaciones en febrero del 2019 y dotar al país de la más moderna y eficiente infraestructura portuaria, añadió la firma a través de su servicio de prensa.

Señaló que APM Terminals es un oferente más en el mercado nacional, que pondrá a disposición del sector empresarial servicios estipulados en el contrato de concesión de obra pública del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), tales como carga y descarga de contenedores, transferencia muelle-patio y viceversa, manipulación, recepción y despacho de contenedores (entre otros).

Mediante tecnologías de última generación para la prestación de dichos servicios, la nueva Central impactará directamente en el comercio internacional del país, reducirá los costos de logística para las exportaciones costarricenses, disminuirá los tiempos de atraque, mejorará la eficiencia portuaria, creará nuevas fuentes de empleo directo e indirecto en Limón y atraerá una mayor inversión extranjera, destacó la empresa.

ACCIONES DEL GOBIERNO

 

El ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, discrepó de la afirmación de que el Gobierno no ha hecho nada para atender la generación de empleo en Limón, pues dijo que el Estado como un todo sí ha respondido.

Se trata de un tema complejo con el que tienen que ver una serie de instituciones públicas y privadas, no solo el MTSS, de modo que no puede verse como competencia exclusiva de ese Ministerio, señaló.

El jerarca destacó que el cambio de modelo portuario fue una decisión que se tomó en la Administración pasada y el Gobierno actual tomó la decisión superior de mantener el contrato de la TCM.

“Nosotros lo que podemos hacer es aminorar las consecuencias de esa decisión, pero la decisión ya está tomada. Si la entrada en vigencia (de la TCM) hace que algunas empresas cierren o se reduzca sus actividades, eso son consecuencias lamentables de una decisión superior que ya está tomada”, comentó.

Se prevé que podría haber una afectación para la gente que trabaja en predios, las estibas y transportistas a partir del 2019. Cualquier acción que tomen ahora las empresas son propias conforme a su actividad normal, y por lo menos en el Ministerio no las han relacionado con el cambio de actividad prevista para el 2019, aseguró Hasbun en referencia al asunto de los despidos anunciados.

En cuanto al número de empleos que se podrían perder con la apertura de la TCM –que empleará más tecnología y menos mano de obra – dijo que sería aventurado dar un dato, entre otras razones porque Japdeva no va a salir del todo de la actividad portuaria, y más bien de alguna manera se está fortaleciendo con las nuevas grúas que adquirió recientemente, y no está claro qué parte del personal quedaría cesante.

Igual pasa con las empresas que trabajan alrededor de Japdeva, la cual tendría que seguir trabajando con una parte de las estibadoras y de los transportistas.

El ministro dijo no conocer detalles de lo hecho anteriormente, pero desde que él asumió el puesto en el segundo semestre del 2016 se ha estado trabajando con mucha responsabilidad en el tema de Limón, sin olvidar que los empleos se crean fundamentalmente a través de la actividad privada.

Como parte de lo hecho, mencionó la creación de tres comisiones coordinadas desde la Casa Presidencial, con participación de representantes de la zona, incluidos sindicatos y cámaras del sector privado.

Una comisión se encarga de la creación de una zona económica especial, a fin de incentivar el desarrollo de la actividad empresarial. Una prioridad en esto es el combate contra la inseguridad, porque no llegarán inversiones si no hay seguridad, materia en la que se han logrado avances, al punto de que Limón dejó de ser la zona de mayor criminalidad del país, apuntó.

Otra comisión estudia cuántas personas quedarían cesantes en Japdeva, los perfiles de la gente que quedaría desocupada en la provincia, y una prospección de las opciones de empleo en la zona.

Una tercera comisión tiene que ver con problemas institucionales que hay que corregir, como la falta de planes reguladores en algunas municipalidades, cuya ausencia acarrea un problema de seguridad jurídica para las posibles inversiones en la zona.

*Créditos: Foto: Sintracobal

Tomado de https://semanariouniversidad.com

UCR documenta historia de la migración afrocaribeña para enseñanza en escuelas, colegios y universidades

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«Construyendo nuestra nación: el aporte de las migraciones afrocaribeñas en Costa Rica» es el nombre del seriado documental producido por la Cátedra de Estudios de África y el Caribe (CEAC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) para visibilizar la migración y los aportes de la población afrocaribeña.

La iniciativa consta de cuatro documentales de 30 minutos, elaborados a partir de investigación histórica, testimoniales y archivos fotográficos, facilitados en su mayoría por descendientes de las familias que llegaron a Costa Rica desde 1870 procedentes de diversas regiones del Caribe.

A partir de un amplio proceso de entrevistas, el proyecto registró las experiencias de vida de costarricenses afrocaribeños, hijos y nietos de migrantes de las Islas de las Antillas, quienes establecieron su vida en Costa Rica en regiones como el Caribe Sur, Limón Centro, Turrialba y San José.

Por medio de las voces y anécdotas de los entrevistados, todos mayores de 70 años, los documentales retratan los procesos sociales, políticos y económicos que acompañaron la migración afrocaribeña al país y visibilizan su aporte en la consolidación de la sociedad actual costarricense.

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Según la Dra. Rina Cáceres, directora de la CEAC, este proyecto se suma a los diversos esfuerzos impulsados por la UCR durante los últimos 12 años, como un “acto de reparación” frente a la invisibilización que ha tenido la población afrodescendiente en la historia nacional, centroamericana, latinoamericana y mundial.

“Esos vacíos, silencios y ausencias en la memoria histórica no son inocuos, todo lo contrario, fueron llenados con estereotipos. La ausencia de información sobre el pasado fue sustituida por un conjunto de valoraciones en las que el racismo encontró un espacio para germinar y crecer”, enfatizó Cáceres.

El compilado de entrevistas consolidadas con este proyecto será entregado al Archivo Nacional, mientras que los cuatro documentales serán distribuidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en las escuelas, colegios y universidades del país.

A partir del próximo año, los documentales serán utilizados como insumo académico en la formación de los estudiantes costarricenses, proceso para el cual, el MEP ofrecerá guías pedagógicas que orientarán el trabajo en clase de los docentes que implementarán esta iniciativa.

“Los estudiantes costarricenses desconocen que de las Antillas llegaron trabajadores, técnicos escolarizados y profesionales que hicieron de Limón una ciudad cosmopolita, con edificios de una sofisticada una arquitectura, sitio de obras de teatro y una activa prensa que puso al país entre Nueva York y Londres. Siendo la puerta de entrada para el Valle Central de ideas, modas y comidas hoy tan cotidianas como el Queque de Navidad”, señaló Cáceres.

Jóvenes centroamericanos también conocerán su herencia africana

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Al igual que los jóvenes costarricenses, a partir del primer ciclo lectivo del 2018 los estudiantes de todos los centros de educación primaria y secundaria pública de Centroamérica empezarán a estudiar la historia de la migración de origen africana en sus países.

Esta incorporación a los planes de estudio se consolida luego de que los Ministros de Educación Pública de la región reconocieran la importancia de subsanar el ausente conocimiento de las sociedades centroamericanas respecto a la historia y la contribución de las poblaciones afrodescendientes.

La necesidad de incorporar estas temáticas fue planteada a los jerarcas regionales por Pilar Alavarez Lazo, directora de la Oficina multipaís de la las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Dra. Rina Cáceres, directora de la CEAC.

La reflexión fue realizada en el marco de la 38° Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Educación y de Cultura de Centroamérica celebrada en Panamá en octubre anterior y ahora, serán la UNESCO y la CEAC de la UCR las entidades encargadas de poner en marcha este compromiso regional.

“Los Ministros de Educación se comprometieron a impulsar la inclusión de las contribuciones de las poblaciones afro-descendientes en el curriculum educativo y coincidieron en que se debe reparar esta omisión histórica en los programas y textos con los que se forma a los estudiantes”, explico Cáceres.

La formación docente y la disposición de materiales adecuados para el desarrollo de las clases se perfilan actualmente como los principales retos que plantea la consolidación de este importante cambio curricular en la educación centroamericana.

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La académica explicó que se hará una recopilación y selección de las producciones audiovisuales existentes que abordan los procesos migratorios africanos y caribeños hacia las naciones centroamericanas; todo el material se colocará en plataforma digital para uso de los docentes.

Dichos recursos audiovisuales se complementarán con infografías que sistematicen el contenido de la colección “Del olvido a la memoria”, una producción de cinco fascículos editados por la UNESCO y la UCR entre los años 2008 y 2011, en los que se recapitulan las migraciones afro descendiente durante el periodo colonial y el Siglo XIX.

Así mismo, la Cátedra de Estudios de África y el Caribe realizará gestiones para traducir al español un seriado documental elaborado por la cadena internacional BBC de Londres sobre la Historia General de África, que podría fungir como un insumo trascendental en este proceso de formación.

De forma paralela a la consolidación de estos materiales académicos, se realizará un proceso de capacitación regional, por medio del que se pretende que los docentes puedan actualizarse en esta materia e interiorizar estos procesos de aprendizaje, que más tarde llevarán a las aulas.

“Sabemos que este proceso va a implicar cambios y choques conceptuales, porque representa comprender una parte de la historia que nunca nos fue enseñada; pero mientras que en países como Alemania, Francia o Inglaterra podría ser imposible imaginar un cambio curricular de este tipo y esta magnitud, aquí tenemos posibilidad de hacerlo e incidir en la formación de nuestra sociedad”, concluyó la directora de la Cátedra.

Para más información puede comunicarse con la Dra. Rina Cáceres a los teléfonos 2511-8371/ 8379-2343 o al correo rina.caceres@ucr.ac.cr

Sobre la migración afro-descendiente al país:

Según la investigadora Rina Cáceres, el primer grupo de herederos de la Africanía llegó a Costa Rica a finales del siglo XVI como parte del contingente migratorio procedente de España (afro-españoles) y otro en menor numero como mano de obra esclavizada de España y África para trabajar en agricultura, ganadería y construcción. Sus descendientes fueron parte del mestizaje entre indígenas, españoles y africanos.

Los primeros migrantes africanos se asentaron en Cartago, Guanacaste y Puntarenas, donde dieron origen a hijos afro-mestizos, que en la mayoría de los casos no tienen una verdadera consciencia de su pasado africano, pues el contexto político social siglo XIX les hizo “preferir” su raíz blanca y/o indígena.

Se tienen registros de que, para 1801, el 30% de la población del Pacífico costarricense, era afro-descendiente, llamada en las fuentes como negro, mulata o parda.

En 1824, dos años después de la Independencia, los nuevos Estados Centroamericanos abolieron la esclavitud que benefició a una mayoría de mestizos que eran los que se encontraban esclavizados.

La segunda migración de afro descendientes llegó a Costa Rica en 1870, procedente de las islas de las Antillas, principalmente de Jamaica, pero también de Trinidad y Tobago, Barbados, Santa Lucía y Saint Kitt, además del Caribe centroamericano.

Los miembros de este grupo pertenecían a la clase media de Jamaica, eran escolarizados y trabajadores calificados. Decidieron migrar a Costa Rica al ver los anuncios que las empresas constructoras del ferrocarril y del Canal de Panamá dieron a conocer en los periódicos de su país, el cual, atravesaba en ese momento una crisis económica.

Interesados en nuevas oportunidades laborales, llegan a Costa Rica maestros, ingenieros, técnicos y maquinistas angloparlantes, ciudadanos insertos en la revolución industrial, como resultado del importante papel que, como colonia británica, tenía Jamaica en ese contexto.

Aunque los migrantes de Saint Kitts eran francoparlantes, con el paso de los años, su idioma quedó invisibilizado ante la fuerte presencia del inglés que impulsaron los migrantes del resto de islas antillanas.

Con el paso de las décadas y en los primeros años del Siglo XX, continuaron llegando a Costa Rica migrantes del Caribe nicaragüense y panameño, como resultado de la comunicación constante que existía entre todo el Litoral Caribe de Centroamérica.

UCR documenta historia de la migracion afrocaribena

Información generada desde la ODI-UCR.

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Comunidad de Limón se moviliza por nuevo hospital

MANIFIESTO PÚBLICO POR LA LUCHA DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL “CLASE A” EN EL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN

Limón, 17 de noviembre de 2017

 

El pueblo Limonense presente en la Gran Marcha Cívica por un Nuevo Hospital Regional “Clase A” en el cantón central de Limón, apoyamos con nuestra presencia y nuestra firma en las hojas que adjuntamos el presente MANIFIESTO, basados en la Grave Situación por la cual atraviesa el actual Hospital Dr. Tony Facio Castro, y también en elementos puntuales tales como:

  • Que La Salud es un derecho Humano reconocido por la Naciones Unidas y nuestra constitución política
  • Que con nuestros aportes económicos, y fundamentado en los principios de igualdad, equidad, universalidad y solidaridad de la CCSS, tenemos los mismos derechos que el resto de los costarricenses y residentes en Costa Rica
  • Que en el actual Hospital Dr. Tony Facio Castro existe un grave hacinamiento
  • Que el Hospital Dr. Tony Facio Castro es el hospital #8 a nivel mundial con mayor riesgo ante desastres naturales; y el #1 a nivel del Caribe, según el Índice Mundial de Riesgos (World Risk Index)
  • Que actualmente se atiende población privada de libertad junto a población que no lo es, colocando en riesgo la integridad de otros pacientes
  • Que la cercanía al mar hace que la salinidad disminuya la vida útil de los equipos médicos.
  • Que no existen rutas alternas de evacuación en caso de desastres
  • Que años atrás estábamos en el Banco de Proyectos de nuevos hospitales para el país y que por decisiones políticas de gobierno central fuimos excluidos como proyecto en la lista de Nuevos Hospitales requeridos para la población limonense
  • Que actualmente el hospital tiene construido el 99% del terreno y no tiene hacia donde crecer
  • Que al no tener zonas verdes imposibilita la instalación de un hospital de campaña en caso de emergencias, y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Así como un helipuerto
  • Que no hay espacio físico para la construcción de otras necesidades, tales como una Lavandería Regional
  • Que las condiciones actuales no cumplen con la mínima normativa internacional de habilitación de hospitales
  • Que hacen falta especialistas médicos
  • Que es un clamor social, popular y masivo mejorar la infraestructura hospitalaria para al cantón central de Limón, beneficiando cantones y poblaciones adscritas
  • Que la probabilidad de muerte aumenta al tener que desplazar pacientes en condición crítica a otros centros hospitalarios a través de la ruta 32, por aumentar la peligrosidad
  • Que existe un alto déficit de recurso humano requerido para el funcionamiento satisfactorio del hospital, con base al estudio de dotación de personal que se hizo en meses anteriores

De la manera más respetuosa y vehemente

SOLICITAMOS Y EXIGIMOS ANTE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES LO SIGUIENTE:

  1. ANTE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL:

1.1. Ante La Gerencia Médica: Que diligencie el formulario para la inclusión del proyecto del nuevo hospital en el banco de proyectos y portafolio de inversión de dicha institución.

1.2.Ante la la Junta Directiva: Que incluya nuevamente el proyecto del Nuevo Hospital para el cantón central de Limón en el banco de proyectos y portafolio de inversión de dicha institución.

1.3.Ante la Dirección Regional y Dirección del Hospital Tony Facio Castro: Que soliciten formalmente ante el Consejo de Administración de JAPDEVA el interés en explorar, investigar y diagnosticar la posibilidad, viabilidad y factibilidad de que el Nuevo Hospital sea construido en el terreno conocido como Finca Blanco.

1.4.Ante la Presidencia Ejecutiva y Gerentes de la CCSS:

1.4.1. Dar seguimiento continuo al acta de compromisos firmados en el 2013; En conjunto con la Comisión Mixta Municipal.

1.4.2. En tanto, se inicien y ejecuten los procesos que conllevan a la construcción de un nuevo hospital, se avoquen a dar solución y gestión prioritaria a los mayores problemas de hacinamientos de los servicios de hospitalización.

1.4.3. Se aumente el presupuesto hospitalario para la adquisición de nuevo equipo médico, y su mantenimiento correctivo.

1.4.4. Se nos incluya dentro de la compra nacional de ventiladores pulmonares de alta frecuencia para adultos.

1.4.5. Se cumpla con el otorgamiento de plazas, según el estudio ya realizado por la Comisión Mixta y el departamento de recursos humanos del Hospital Tony Facio Castro.

  1. ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE JAPDEVA: Que responda formalmente y por escrito a la Solicitud Pública que se le hizo en el mes de setiembre de 2017 para la pre donación de entre 20 a 25 hectáreas del terreno de su propiedad de más de 135 hectáreas ubicadas en el Distrito de Rio Blanco e indique que una vez la CCSS haya valorado el terreno como positivo haga la respectiva Donación a favor de la CCSS.
  2. ANTE EL MINISTERIO DE SALUD: Que emitan un criterio sobre la potencial declaratoria de que el actual Hospital Dr. Tony Facio Castro no cumple con las condiciones de habilitación, según la normativa internacional.
  3. ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS: Que emitan un criterio sobre los Riesgos que actualmente corre la población que es atendida en el centro hospitalario.Atentamente:
    1. Por la Comisión Mixta Municipal pro Nuevo Hospital Regional Clase A en el cantón central de Limón:

    Dr. Julio Humphreys:

    Coordinador General Comisión Mixta Municipal

    Lic. Nestor Mattis Williams

    Alcalde Municipal

    Lic. Antonio Wells Medina

    Secretario General SINTRAJAP

    1. El Pueblo Limonense (los firmantes en las hojas de recolección de firmas de apoyo al presente Manifiesto).

Enviado a SURCOS por María Miranda.

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UCR: Proyecto busca rescatar historia limonense mediante la arqueología subacuática

  • Sede del Caribe imparte taller sobre buceo a comunidades con la colaboración de estudiantes de la Universidad del Este de Carolina, EE. UU.

 

Otto Salas Murillo,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR Proyecto busca rescatar historia limonense mediante la arqueologia subacuatica
Jóvenes limonenses quienes residen en comunidades del Caribe sur participan activamente en los talleres sobre arqueología subacuática y buceo tradicional incluidos en este proyecto (foto Anel Kenjekeeva).

Sucesos del pasado que marcaron el desarrollo del Caribe costarricense y que en muchos casos se trata de información desconocida, tienen sus eslabones sumergidos en las costas y para poder conocer y entender qué fue lo que aconteció hay que sumergirse en el agua, seguir las pistas, recuperar los vestigios y analizarlos.

El proyecto denominado El mar y sus beneficios, coordinado por la M.Sc. Marianita Harvey Chavarría, en colaboración con la M.Sc. María Suárez Toro, tiene precisamente como objetivos rastrear la historia del Caribe sur mediante la arqueología subacuática, impartir talleres de buceo a las y los miembros de las comunidades cercanas, y ayudar a que se conozcan aspectos desconocidos del pasado local; dicho proyecto está inscrito en el Departamento de Acción Social en la Sede del Caribe y se desarrolla principalmente en Puerto Vargas, en Cahuita.

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Antes de iniciar el rastreo en las aguas de Puerto Vargas, los participantes trazan un mapa del área que se va a analizar con puntos definidos para la orientación (foto Anel Kenjekeeva).

“Instruimos a niños, jóvenes y adultos de las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo sobre buceo tradicional, en diversos niveles, y también les brindamos capacitación en buceo arqueológico, esto porque tenemos en nuestras costas barcos hundidos que datan de muchos años atrás en los que al parecer venían esclavos; de esta forma podemos recuperar parte de nuestra historia que aún no ha sido contada y que no se ha podido palpar, pero que podemos ir armando mediante los objetos o artefactos que podemos encontrar en el mar”, explicó Marianita Harvey, quien además es profesora y directora de Acción Social en la Sede del Caribe.

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Restos de una edificación tipo muelle se puede observar en la playa de Puerto Vargas, Cahuita, la cual se supone sirvió en algún momento para el transporte de cargamentos de madera (foto Anel Kenjekeeva).

Dentro de esta iniciativa también se realizan campamentos infantiles en donde se ofrecen talleres a niñas yniños sobre temas como las riquezas naturales que alberga el mar Caribe y la problemática que existe entrono al pez León; “es una serie de acciones en las que logramos interactuar con las y los miembros de las comunidades, buscamos todos juntos artefactos hundidos en el mar para identificar de qué fechas datan e ir hilvanando la historia de la población afrodescenciente del Caribe costarricense, darla a conocer y aprender más sobre nuestra cultura para fortalecerla”, indicó Marianita Harvey.

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Artefactos de hierro con apariencia de haber permanecido bajo el mar mucho tiempo han sido recuperados en las múltiples tareas de búsqueda que se llevan a cabo gracias a este proyecto (foto Anel Kenjekeeva).

Buceo arqueológico

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Piezas que formaban parte de algún tipo de edificación ofrecen pistas a las y los investigadores quienes participan en la iniciativa El mar y sus beneficios (foto Anel Kenjekeeva).

Al trabajo de instrucción sobre buceo arqueológico se suman estudiantes provenientes de la Universidad del Este de Carolina (ECU), EE. UU., quienes participan en los talleres teóricos y prácticos, y colaboran en la recuperación y análisis de los objetos hundidos en las costas caribeñas; como complemento del equipo de trabajo que pertenece a este proyecto se une también el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar del Caribe Sur, el cual es dirigido por María Suárez.

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José Saballo López, guardaparque del Parque Nacional Cahuita, es uno de los asiduos participantes de los cursos sobre buceo tradicional y arqueología subacuática (foto Anel Kenjekeeva).

“Se ha encontrado un ancla de seis metros de altura, 16 cañones y cientos de ladrillos a los que hay que hacerles estudios para saber de qué país provienen; al respecto, hemos hallado una historia documental en el Archivo de Costa Rica sobre unos galeones que vinieron a algún lugar del Caribe sur en el año 1710 con 650 africanos para ser esclavizados, pero todos descendieron de las naves libres porque los marineros los soltaron”, mencionó María Suárez.

“¿Dónde podemos estudiar esta historia si no es en el mar y respaldarla con documentos históricos?”, preguntó Suárez, al tiempo que afirmó que “al consultarle a los habitantes de Cahuita sobre esto nos responden que eran barcos piratas; la historia oral tiene un conocimiento empírico importante que se asienta en realidades y sabemos que esta zona por excelencia fue escondite de los piratas, así que pueden haber barcos piratas hundidos acá y también conocemos personas de estas comunidades quienes son descendientes de piratas”, aseveró María Suárez.

UCR Proyecto busca rescatar historia limonense mediante la arqueologia subacuatica7
Parte del equipo de investigadores e instructores que colaboran con el proyecto, en orden usual: Ian Harrison y Anna D´Jernes de la ECU; Alexander Koblensky, instructor de buceo; Giovanni Sandoval, instructor del Centro Comunitario de Buceo; Jason Raupp de la ECU; y María Suárez Toro (foto Anel Kenjekeeva).

Una meta adicional que pretende cumplir el proyecto El mar y sus beneficios es poder contribuir a la conformación de una normativa que proteja el patrimonio arqueológico subacuático que existe en las costas del Caribe.

“Mucha gente en las comunidades no conocen la historia que hay acá, pues el área marina esconde muchos capítulos nuevos. En las expediciones que se hacen se procura que participan personas de las localidades cercanas para que se involucren en esta obtención del conocimiento, además la forma en que se logra es bastante llamativa y muy bonita de hacer: buceando”, concluyó José Francisco Saballo López, quien es guardaparque del Parque Nacional Cahuita y quien ha estado presente en los cursos que se imparten dentro del proyecto.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Sede del Caribe convoca a docentes y estudiantes para discutir sobre la acción social

  • Foro tiene como objetivo mejorar el desarrollo de este pilar del quehacer de la UCR en la provincia de Limón

 

Surieth Álvarez Angulo, Estudiante Sede del Caribe, UCR

Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

Puerto Limón
La acción social forma parte de los pilares en los que se fundamenta el trabajo que realiza día a día la UCR, junto con las actividades de docencia e investigación. En la fotografía: niños de la zona del Caribe. Por Luis Alvarado Castro, 2004, Archivo ODI-UCR.

Con el lema “Hacia la universidad de los saberes y el bien común”, algunas de las y los docentes ligados a proyectos de acción social en la Sede del Caribe y estudiantes participantes en proyectos de Trabajo Comunal Universitario (TCU) participaron en un foro con el objetivo de mejorar el desarrollo de este pilar del quehacer de la UCR en la provincia de Limón.

Quienes asistieron el pasado septiembre a la actividad, –que forma parte del foro institucional Acción social: hacia la universidad de los saberes y el bien común–, celebrada en dicha sede, tuvieron el reto de dar nuevo rumbo a la acción social discutiendo variables como dimensión conceptual (cuál es el sentido mismo de la acción social), dimensión estructural (identificar limitaciones y citar transformaciones necesarias para mejorarla) y dimensión funcional (para qué, para quiénes y con quiénes se hace).

A través de los 28 proyectos de acción social que tenemos en este momento hemos impactado de forma positiva en la comunidad limonense; logramos colaborar y contribuir con su desarrollo mediante las acciones que se planean desde la Extensión Cultural, del Trabajo Comunal Universitario (TCU) y de Extensión Docente. El principal logro es saber que hay comunidades que confían en la UCR para solventar sus necesidades y gracias a eso tenemos proyectos inscritos ejecutándose año con año. Nuestros docentes hacen una labor desinteresada y eso hay que resaltarlo pues muchos de los proyectos los hacen ad honorem”, explicó al respecto Marianita Harvey Chavarría, coordinadora de Acción Social en la Sede del Caribe.

Sede del Caribe convoca a docentes y estudiantes para discutir sobre la acción social2
Una de las ideas que prevaleció dentro de la discusión surgida en este foro fue que la Acción Social debe ser parte fundamental del proceso de enseñanza y una labor activa de toda la comunidad universitaria (foto Surieth Álvarez).

Los profesores que formaron parte de este encuentro fueron Marisol Coto Molina, coordinadora del TCU 518: Informática para el Desarrollo Comunal; Bladimiro Argueta Corella, coordinador del TCU 614: Acercamiento Social: jóvenes limonenses construyendo su propio entorno; Edgar León Martínez; Marianita Harvey Chavarría, coordinadora de Acción Social de la Sede del Caribe; y la directora de Extensión Cultural, Hazel González Araya.

Desmenuzando la acción social

Los asistentes fueron divididos en tres grupos para que desarrollaran cada una de las variables citadas y después fueron presentadas las consideraciones para cada una.

En cuanto a la dimensión conceptual, se hizo hincapié en la importancia de la integración y retribución entre elestudiante y el docente sobre la necesidad de sensibilizar a ambos grupos ante la situación que vive día a día la provincia de Limón. Por otro lado, fue de importancia reconocer la retroalimentación proveniente del conocimiento adquirido por las comunidades, en cuanto a lo científico, lo autóctono y lo sociocultural. Se concluyó que de esta forma se fortalece el vínculo universidad-sociedad.

Para conocer la acción social en Limón
  • Mayoría de profesores, quienes tienen a su cargo proyectos, desarrollan estos con sobrecargo en su tiempo laboral y no reciben remuneración económica por ello.
  • Falta informar mejor a las comunidades sobre el impacto que están teniendo los proyectos de Acción Social.
  • Se necesita infraestructura adecuada para que los grupos de danza, música y teatro se preparen mejor.
  • Los proyectos deben integrarse y proyectarse con más fuerza para explotar eficientemente todas las áreas de trabajo que existen en la región.
  • Identificar canales de comunicación idóneos para informar a las comunidades sobre las actividades que se realizan.
  • La Acción Social, la Docencia y la Investigación deben tener un presupuesto más competitivo.
  • Procurar maximizar la calidad y la retroalimentación en los proyectos para mejorar el planteamiento y sus resultados.

Asimismo, se señaló durante las presentaciones que, la acción social es capaz de generar transformaciones sociales de tipo social-psicológicas, económicas, culturales y políticas, al cambiar el estilo de vida de las comunidades y facilitar herramientas a la comunidad para servir de guía e impulsar iniciativas para transformar mentalidades.

Para saber qué metodologías son necesarias durante las actividades que se organizan desde la Sede del Caribe, se mencionaron dinámicas participativas como los grupos focales, talleres y foros, además de la aplicación de evaluaciones para procurar la debida retroalimentación, entregar informes de los resultados y rendir cuentas a las comunidades del trabajo realizado.

El apartado del análisis de la dimensión estructural se dirigió hacia la discusión de las normas, las competencias y las dinámicas institucionales que rigen el quehacer de la acción social en la UCR; ante esto las y los participantes de este foro recomendaron aumentar la inversión para los proyectos y que se amplíe la oferta en los TCU debido a la cantidad de estudiantes que existe. De igual forma, sugieren que los trámites administrativos sean más expeditos (agilizar procesos de compra, viáticos, subsidios, etc.)

Algunas de las competencias que se deben promover entre los distintos actores involucrados en la acción social, y que fueron identificadas durante el trabajo de los grupos, son las siguientes: compromiso, responsabilidad, comunicación efectiva/asertiva, esfuerzo tanto individual como grupal y conocimiento adecuado para poder completar los objetivos planteados en cada proyecto.

Finalmente, se logró definir que la dimensión funcional pretende resolver las interrogantes sobre cómo trabajar la Acción Social y cuáles fines prácticos debe perseguir.

Ante esto se consideró que, resulta primordial involucrar al estudiantado en los proyectos de atención a las necesidades y requerimientos de las comunidades, especialmente con las más vulnerables y en coordinación con otras instituciones, para poder cumplir con los objetivos de la acción social. Para concretar esto se propuso encontrar las afinidades temáticas que tiene el estudiantado.

Un aspecto que se tomó en cuenta es que se debe fomentar una mayor comunicación e invitar a representantes de las comunidades para presentarles información sobre cuáles proyectos y actividades diversas de acción social está desarrollando la Sede del Caribe.

Sede del Caribe convoca a docentes y estudiantes para discutir sobre la acción social3
A este foro sobre Acción Social, llevado a cabo el pasado mes de septiembre en la Sede del Caribe, asistieron profesores y estudiantes quienes participan activamente en proyectos, como por ejemplo los TCU (foto Surieth Álvarez).

La fórmula que sirve de base para impulsar la acción social sería: comunicar-ejecutar-motivar-articular-evaluar y mantener la sostenibilidad del producto final, y por último exponer los resultados a las comunidades.

Sobre el Foro de Acción Social

Pensar el diálogo entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y la comunidad nacional es el espíritu que impulsa el “Foro de Acción Social: hacia la universidad de los saberes y el bien común”, se trata de un proceso de reflexión que culminará en el 2018.

De éste también saldrá un manifiesto compartido de universidades públicas en conmemoración del centenario de la Reforma de Córdoba, un hito en la historia del siglo XX de las universidades públicas de América Latina.

El foro es organizado por la Vicerrectoría de Acción Social, que invita a las Comisiones de Acción Social de las unidades académicas de todas las sedes y recintos y al sector administrativo vinculado a este proceso. La iniciativa surgió de la necesidad de hacer una reflexión crítica de la labor realizada por la UCR en este pilar fundamental de su quehacer institucional, que junto a los relacionados con la docencia y la investigación inciden en el bien común, principio contenido en el Estatuto Orgánico de la UCR.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Caribe sur ya cuenta con censo pesquero

  • Estudio de Sede del Caribe UCR permite caracterizar al sector e identificar necesidades y problemáticas

 

Otto Salas Murillo,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR Caribe sur ya cuenta con censo pesquero
El pez León representa una amenaza para muchas especies marinas del Caribe costarricense, por lo que su pesca es incentivada por las autoridades locales (foto Anel Kenjekeeva, UCR).

Las comunidades costeras de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, ubicadas en el Caribe sur de la provincia de Limón, fueron incluidas en el proyecto denominado: Contribución a la dinámica socioproductiva del sector pesquero artesanal del Caribe costarricense.

Dicho proyecto fue elaborado por el profesor e investigador de la Sede del Caribe de la UCR, M.Sc. Julio Brenes Arroyo, y como resultado de este trabajo se obtuvo un censo pesquero cuya finalidad es contribuir al desarrollo local, visibilizar al sector pesquero caribeño y colaborar en la toma de decisiones.

La metodología de este censo consistió en un análisis cualitativo de una muestra de pescadores que incluyó a un total de 53 de ellos, seleccionados por percbir un beneficio económico proveniente de la pesca y que la actividad fuera su ingreso económico primario o secundario.

El investigador Brenes Arroyo indicó que la imposición de normas y disposiciones con fines de conservación afecta directamente los patrones de extracción que históricamente habían realizado los pescadores locales, pues el acceso a los mejores sitios de pesca les fue restringido y esto provocó una disminución en sus ingresos.

Asimismo recalcó que este panorama generó confusión entre pescadores y autoridades competentes, ya que no están claras las definiciones en cuanto a pesca comercial, además de la asignación de licencias y permisos de pesca en la zona.

UCR Caribe sur ya cuenta con censo pesquero2
El censo elaborado por la UCR fue presentado ante el sector pesquero, instituciones relacionadas y autoridades locales, como por ejemplo la diputada independiente Carmen Quesada Santamaría (blusa azul) (foto Anel Kenjekeeva, UCR).

Al mismo tiempo, Brenes Arroyo agregó que un ejemplo de esto es que en el Caribe sur la pesca no contaba con datos y registros de captura por parte del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), pues habían sido consideradas como zonas sin importancia económica pesquera.

Este vacío implicaba que los pescadores caribeños carecieran de licencias de pesca, subsidios y otros beneficios que sí tienen otros pescadores artesanales del país, “todavía nos queda pendiente aplicar los instrumentos del censo en el Caribe norte, sistematizar la información y hacer la presentación de resultados respectiva; por el momento vamos a elaborar un documento en físico y digital del censo en Caribe Sur para entregarlo a las instituciones y grupos interesados. Un censo para el Caribe central ya tendría que provenir de una iniciativa nueva, pero valdría la pena hacerlo”, aseguró el M.Sc. Brenes Arroyo.

Como parte del seguimiento que se le dará a este proyecto se creó una comisión compuesta por representantes de asociaciones pesqueras, del Área de Conservación Amistad Caribe, Incopesca, organizaciones acuícolas, IMAS, alcaldías, diferentes actores relacionados con la pesca en esa zona y el M.Sc. Brenes Arroyo, esto con miras a darle forma a la legalización y regularización de la actividad pesquera.

Impulso para el sector pesquero

A pesar de la invisibilización histórica que ha marcado al sector pesquero en el Caribe sur de Limón, Brenes Arroyo afirmó que ha habido un importante proceso de conformación de asociaciones, de ahí que sea de suma importancia contar con información demográfica y socioeconómica que les permita divulgar su actividad y presentar las necesidades que tienen.

UCR Caribe sur ya cuenta con censo pesquero3
El M.Sc. Julio Brenes Arroyo indicó en su presentación en Puerto Viejo que la pesca como actividad ha venido decayendo debido a que la transferencia de conocimiento al respecto de padres a hijos se está perdiendo, pues las y los jóvenes buscan dedicarse a otras tareas (foto Anel Kenjekeeva, UCR).

La construcción de una base de datos generada a partir de este censo pesquero se ha convertido en un insumo fundamental para que se logre fortalecer su gestión y para que las instituciones responsables tomen en cuenta a esta población dentro de la toma de decisiones.

Gracias a la UCR fue que nosotros nos logramos organizar en una asociación, la universidad nos han brindado acompañamiento desde la creación, en el 2012 y hasta la actualidad; este censo pesquero nos visibiliza y llama la atención de las autoridades estatales para que generen apoyo, recursos y capacitaciones porque es importante prestarle colaboración a los pescadores para que puedan desarrollarse y tengan una vida digna. Somos 73 miembros y la afiliación es rápida: pedimos dos cartas de recomendación de algún miembro y pagar una cuota anual de ₡10 000; al estar en la asociación se tiene mayores posibilidades de legalizar su situación, generamos proyectos de conservación y a cada pescador se les dan insumos para que generen más recursos”, aseveró Héctor McDonald Herrera, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur.

Detalles de la investigación y resultados

Este censo pesquero se llevó a cabo entre el 22 de agosto y el 11 de noviembre del 2016, y del 10 de mayo al 25 de agosto del 2017; abarcó a 53 pescadores del Caribe sur y se estima que la cantidad de población beneficiada por la existencia de este estudio será de 150 personas.

El M.Sc. Brenes Arroyo indicó precisamente que tal beneficio consistiría principalmente en disponer de información sociodemográfica y socioeconómica actualizada, que permita al sector pesquero y a las autoridades estatales tener un estimado representativo de la cantidad de personas que llevan a cabo la pesca artesanal.

UCR Caribe sur ya cuenta con censo pesquero4
La M.Sc. Marianita Harvey Chavarría comentó que este proyecto busca darle un nuevo impulso a la actividad pesquera del Caribe sur y sentar las bases para que mejore el panorama económico de las comunidades (foto Anel Kenjekeeva, UCR).

Igualmente, poder identificar las principales características productivas de esta actividad, así como las relaciones de mercado y comercialización de los productos, las condiciones del entorno ambiental, y las problemáticas y necesidades que tienen las y los pescadores.

Algunos datos recopilados por este censo pesquero son: 100% de las embarcaciones usadas son pangas con motor de gasolina fuera de borda; la pesca se hace en su mayoría con cuerda de mano, seguida del buceo libre; las principales especies que se capturan son jurel, pargo, langosta, jaiba y pulpo; y que los destinos principales del producto son el comercio local, autoconsumo, venta directa y para intermediarios.

Otra de las conclusiones que arrojó este estudio es que los mayores obstáculos para el adecuado desarrollo de la actividad pesquera en el Caribe sur son los factores ambientales, seguida de la presencia de especies invasoras como el pez León, el deterioro de los arrecifes, el poco apoyo gubernamental, el individualismo y desorganización, y por último la contaminación.

Parte de las actividades alternativas que existen en la zona son la pesca turística, la pesca deportiva, la acuicultura y el cultivo de moluscos.

La coordinadora de Acción Social de la Sede del Caribe, M.Sc. Marianita Harvey Chavarría, señaló que esta investigación es un ejemplo del acercamiento que procura tener dicha Sede de la UCR con las y los diferentes actores de las comunidades limonenses.

UCR Caribe sur ya cuenta con censo pesquero5
La Casa de la Cultura de Puerto Viejo, Talamanca, albergó la presentación del censo pesquero incluido en el proyecto titulado: Contribución a la dinámica socioproductiva del sector pesquero artesanal del Caribe costarricense (foto Anel Kenjekeeva, UCR).

Es importante tener la caracterización del sector pesquero porque de esta forma se pueden determinar las necesidades de capacitación, apoyo económico y cómo se puede desarrollar la actividad pesquera. Debemos pensar a futuro, como en la organización de una gran feria en la que participen instituciones, asociaciones y pescadores en general; también hay que pensar en la instauración de un mercado de mariscos, en la construcción de embarcaderos y hay que hacer conciencia y educar a la población para motivarla a que compren toda la variedad de especies marinas de la zona que se pueden consumir, para que de esta forma los pescadores tengan mayores ingresos al poder comercializar más productos”, enfatizó la M.Sc. Harvey Chavarría.

Los detalles del censo pesquero fueron presentados ante representantes de organizaciones ligadas al sector y miembros de comunidades limonenses el pasado septiembre en la Casa de la Cultura de Puerto Viejo, Talamanca.

Dentro de las recomendaciones finales del proyecto destacan que se deben mejorar las condiciones laborales y de seguridad en la actividad pesquera, promoviendo el uso de chalecos salvavidas, radio comunicadores, GPS, luces de navegación y botiquín médico.

También que se debe mejorar la infraestructura pesquera con la construcción de un centro de acopio; mejorar las redes de comercialización de los recursos pesqueros existentes en la zona; y fortalecer el apoyo técnico y de capacitación sobre temas como gestión organizativa, legislación ambiental, buenas prácticas pesqueras, manipulación y conservación de productos pesqueros, comercialización, navegación y manejo sostenible de los recursos marinos.

Este proyecto de la Sede del Caribe está inscrito ante la Vicerrectoría de Acción Social y se financió con fondos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), con el objetivo de apoya y contribuir al desarrollo de las comunidades de Limón.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Uso de pesticidas en Matina: inconsistencia técnica del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP

En relación con la nota publicada en SURCOS sobre la carta dirigida a la Defensora de los Habitantes, Lic. Montserrat Solano Carboni, donde se exponía la penosa situación que desde hace muchos años viven los pobladores de Matina de Limón, quienes han venido sufriendo diariamente la indiscriminada fumigación aérea que se realiza en los bananales de ese cantón, publicamos una nueva carta que le da seguimiento a esta situación.

 

Limón, 20 de julio de 2017

AEL-048-2017

 

Dra. María Esther Anchía Angulo

Ministra

Ministerio de Salud

 

Licda. Monserrat Solano Carboni

Defensora de los Habitantes

 

Dr. William Barrantes Barrantes

Director General de Salud

 

Asunto: Inconsistencia técnica del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, de 16/X/2003 y oficio DR-HC-3580-2015 9/12-2015

 

Estimadas señoras Ministra y Defensora y señor Director:

 

Mediante oficio DR-HC-3580-2015 9/12-2015 suscrito por el Dr. Alexander Salas, en su condición de Director Regional de Rectoría de la Salud, dirigido al Dr. William Barrantes, relacionado con el oficio DGS-3364-2015 referente a una denuncia por fumigación aérea en el cantón de Matina, se hacen una serie de consideraciones, sobre la recurrente problemática de la fumigación aérea, que se presenta en algunas de las 48 fincas bananeras ubicadas en Matina, debido a la inconsistencia técnica del artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP “Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola”, del 16 de octubre del 2003, concluyendo que:

“Por lo expuesto es prudente hacer otra reforma artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520–MS-MAG-MOPT-MGSP en la cual sea obligatorio mantener áreas reforestadas que sirvan como barreras en todas las colindancias o retiro de áreas sin fumigar.”(el destacado es nuestro)

Posteriormente, mediante oficio DGS-0065-2016 de fecha 18/1/2016, suscrito por el Dr. William Barrantes, Director General de Salud, remitido a la Licda. Elizabeth Solano Jiménez, representante del Ministerio de Salud ante la Comisión Asesora para la Regulación y Control de las Actividades de Aviación Agrícola, le indica y expone con carácter de urgencia lo siguiente:

Por este medio, y debido a las múltiples denuncias presentadas en las zonas bananeras del Caribe, por la fumigación aérea y los riesgos a la salud, le solicito a usted como representante de este ministerio ante la Comisión Asesora para la Regulación y Control de las Actividades de Aviación Agrícola, se valore la posibilidad de hacer una reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520–MS-MAG-MOPT-MGSP, donde se haga obligatorio el mantenimiento de áreas reforestadas que sirvan como barreras en todas las colindancias o bien el retiro de áreas sin fumigar.

Favor de mantener informada de su gestión ante la Comisión en pleno, a este despacho para el respectivo seguimiento” (fin cita textual, el destacado es nuestro).

Debido a que han transcurrido 17 meses desde que se emitió el oficio DGS-0065-2016 citado, respetuosamente solicitamos copia integral de las gestiones realizadas por la Licda. Elizabeth Solano Jiménez, respecto de la situación expuesta por los Dres. Salas y Dr. Barrantes y la solicitud expresa de éste último de informar a la Comisión sobre lo actuado.

Igualmente nos permitimos sugerir con todo respeto, considerar nuestra propuesta de conformar una comisión independiente integrada por profesionales debidamente calificados, en representación de la Defensoría de los Habitantes, el SENARA, el Alcalde y Regidores de Matina, así como del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Toxicas de la Universidad Nacional (UNA), a fin de valorar la urgente necesidad de reformar el artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP conforme con la ley de aguas Nº276 del 26/8/1942.

Recordemos que la Ley de Aguas Nº276, en cuyo artículo 31, se establece como reserva de dominio a favor de la Nación, las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable en un perímetro no menor de doscientos metros de radio. Estas distancias establecidas por la ley, si bien, son un mínimo aceptable para pozos y manantiales captados para abastecimiento público, en algunos estudios realizados por el SENARA, se establece que los 200 m. no son suficientes y se determinó que no abarcan en su totalidad la protección a la zona de captura.

El área de protección es particular para cada sitio de captación, ya que depende de diversos factores como las características del medio físico de los acuíferos, de los suelos, la precipitación, la topografía y la vegetación. Otro factor técnico importante para mantener la distancia mínima de 200 m. respecto de las fuentes de agua potable, es el hecho que esta distancia no considera otras características propias de los productos contaminantes, como son la movilidad, toxicidad, solubilidad, persistencia y que su avance igualmente depende de las características del medio físico donde se apliquen. Igualmente se considera que este retiro de 200 m. es aplicable para la zona de recarga principal de los acuíferos.

No obstante, estos 200 m. aunque representan un mínimo aceptable para retiros de actividades contaminantes, no aplican igual para la fumigación aérea, ya que estos 200 m. podrían estar subvalorados y no necesariamente garantizar la protección de las fuentes de agua, ya que los efectos de la fumigación aérea van más allá del área de aplicación, por la acción conocida como “deriva”, que dependerá de las condiciones meteorológicas de la zona: viento, lluvia, humedad, entre otras. Algunos investigadores consideran que, en las aplicaciones de fumigación en avionetas, la deriva puede variar entre 75 y 1.200 m. En el caso extremo del glifosfato por ejemplo, tenemos que solo entre un 5% y 15% del plaguicida llega a su objetivo, dispersándose el resto mediante el efecto deriva.

Les agradecemos mucho de antemano su atención prioritaria de esta delicada situación que está afectando a las comunidades aledañas a los bananales de Matina y confiamos en que en un lapso prudente y perentorio se hayan tomado acciones correctivas en beneficio de la salud de estas comunidades.

Atenderemos notificaciones al correo machore@gmail.com y fax 2798-2645.

Le enviamos saludos cordiales,

 

Marco Levy

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

Lea también:

https://surcosdigital.com/solicitan-intervencion-a-defensora-de-los-habitantes-contra-los-pesticidas-en-matina/

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Marco Levy.

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Solicitan intervención a Defensora de los Habitantes contra los pesticidas en Matina

En una carta dirigida a la Defensora de los Habitantes, Lic. Montserrat Solano Carboni, se expuso la penosa situación que desde hace muchos años viven los pobladores de Matina de Limón, quienes han venido sufriendo diariamente la indiscriminada fumigación aérea que se realiza en los bananales de ese populoso cantón, lo que obligó a Marco Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, a plantear una Acción de Inconstitucionalidad.

Compartimos la carta.

 

Limón, 16 de julio de 2017

AEL-045-2017

 

Licda. Monserrat Solano Carboni

Defensora de los Habitantes

  1. D.

 

Asunto: Acción americana contra los pesticidas y la fumigación aérea

 

Estimada señora Defensora:

 

Hace diez años, mediante nuestro oficio AEL-173-2006 planteamos a la ex ministra de Salud Dra. María Luisa Ávila (sin que tuviéramos respuesta positiva), la penosa situación que desde hace muchos años viven los pobladores de Matina de Limón, quienes han venido sufriendo diariamente la indiscriminada fumigación aérea que se realiza en los bananales de ese populoso cantón, de lo cual incluso los medios de comunicación se han hecho eco, denunciando la problemática que nos obligó entonces a plantear una Acción de Inconstitucionalidad, que se tramitó bajo expediente 04-012567-0007-CO.

Además de la instancia constitucional, en el Informe del Área de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes, en su resolución Nº06371-2004 de 8 de julio del 2004, se considera lo siguiente.

Para eliminar completamente el riesgo de contaminación de una fuente de agua potable, todas las actividades potencialmente contaminantes deberían ser prohibidas o completamente controladas dentro de toda el área de captura o de recarga de la fuente, lo cual sería prácticamente imposible desde el punto de vista legal y económico, por lo cual es necesario establecer una distancia mínima de protección o bien por medio de estudios específicos a cada fuente en particular determinar su radio de protección mínimo o prioritario.

La ley de aguas Nº276 del 26 de agosto de 1942 en su artículo 31, establece como reserva de dominio a favor de la Nación, las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable en un perímetro no menor de doscientos metros de radio. Estas distancias establecidas por la ley, si bien, son un mínimo aceptable para pozos y manantiales captados para abastecimiento público, en algunos estudios realizados por el SENARA, se establece que los 200 m. no son suficientes y se determinó que no abarcan en su totalidad la protección a la zona de captura.

El área de protección es particular para cada sitio de captación, ya que depende de diversos factores como las características del medio físico de los acuíferos, de los suelos, la precipitación, la topografía y la vegetación. Otro factor técnico importante para mantener la distancia mínima de 200 m. respecto de las fuentes de agua potable, es el hecho que esta distancia no considera otras características propias de los productos contaminantes, como son la movilidad, toxicidad, solubilidad, persistencia y que su avance igualmente depende de las características del medio físico donde se apliquen. Igualmente se considera que este retiro de 200 m. es aplicable para la zona de recarga principal de los acuíferos.

No obstante, estos 200 m. aunque representan un mínimo aceptable para retiros de actividades contaminantes, no aplican igual para la fumigación aérea, ya que estos 200 m. podrían estar subvalorados y no necesariamente garantizar la protección de las fuentes de agua, ya que los efectos de la fumigación aérea van más allá del área de aplicación, por la acción conocida como “deriva”, que dependerá de las condiciones meteorológicas de la zona: viento, lluvia, humedad, entre otras. Algunos investigadores consideran que, en las aplicaciones de fumigación en avionetas, la deriva puede variar entre 75 y 1.200 m. En el caso extremo del glifosato por ejemplo, tenemos que solo entre un 5% y 15% del plaguicida llega a su objetivo, dispersándose el resto mediante el efecto deriva.

Por lo expuesto, requerimos la intervención de la Defensoría, ya que a contra pelo de los criterios técnicos, que indican una distancia mínima de 200 m. de las fuentes de agua, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto “Reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, del 16 de octubre del 2003” que disminuye aún más la distancia de 200 m. considerada como mínima aceptable.

En virtud de que desde el año 2003, las poblaciones afectadas no encuentran justicia pronta y cumplida por parte del gobierno, pese a todas las gestiones de buena fe realizadas ante la misma Defensoría y el Ministerio de Salud, proponemos, iniciar una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tendría gran peso moral, sobre todo considerando que quienes están siendo abusados por el Poder Ejecutivo al mantener en vigencia ese Decreto, son sencillos pobladores sin recursos económicos, técnicos ni intelectuales, que pudieran dar la lucha para revertir prácticas malsanas y abusos de más de una década.

Toda esta situación ha sido documentada por la Defensoría y contaría con el apoyo de grupos organizados en varios países latinoamericanos como en Colombia, Perú y Argentina, entre otros, que ya se están organizando para coordinar acciones tendientes a prohibir la fumigación área, a través de una estrategia más fuerte a nivel internacional.

Estos humildes pobladores vecinos de bananales, en caso de no ser amparados por la Defensoría de los Habitantes y la propia Sala Constitucional, seguirán expuestos a la mortífera lluvia de todo tipo de productos químicos (biocidas), y sufrirán con el tiempo un menoscabo en su salud y tendrían que interponer costosos litigios legales y enfrentar en los tribunales a su patrón-empleador, lo cual resulta en una lucha absolutamente desigual, con resultados inciertos.

En todo caso, el costo de un litigio de esta naturaleza reclamando daños y perjuicios mediante una acción civil resarcitoria, es impagable para gente tan sencilla, obreros de finca bananera y ello no es viable. Es decir, esta población está absolutamente desamparada en términos reales, frente a una realidad opresiva y denigrante de sus condiciones ambientales y de salud.

Todo este drama humano, es lo que se pretende evitar con la Acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la “Reforma al artículo 70 del Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, del 16 de octubre del 2003”, en virtud de que desde el año 2003, las poblaciones afectadas no encuentran justicia pronta y cumplida por parte de esa Defensoría, pese a todas las gestiones de buena fe realizadas ante la misma Defensoría y el Ministerio de Salud, que es la primera instancia competente para el caso.

PRUEBA

Adjuntamos copia de oficio AEL-173-2006 de 3 de julio de 2006, el cual no ha sido resuelto por el Ministerio de Salud.

Señalamos copia de oficio ASUB-292-04 de fecha 12 de setiembre de 2004.

Atenderemos notificaciones al correo machore@gmail.com y fax 2798-2645.

Le enviamos saludos cordiales,

 

Marco Levy

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Marco Levy.

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Primer Festival del Agua Argentina 2017

La Comisión para la Gestión Participativa del Recurso Hídrico de la Argentina en colaboración con la Asociación de Desarrollo de la Argentina, la Junta de Educación de la Escuela Pocora Sur, el Liceo de Pocora, la Escuela Nuevo Amanecer, la Escuela El Carmen de Pocora, y el Patronato Escolar, es que se estará realizando el Primer Festival del Agua Argentina 2017 el próximo viernes 21 y sábado 22 de julio en el Salón comunal Argentina de Pocora, Guácimo, Limón.

Se contará con actividades recreativas, deportivas y culturales.

Para más información comuníquese al teléfono 8316 0568

Primer Festival del Agua Argentina 2017

Enviado por Rafael López Alfaro.

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