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Etiqueta: modelo eléctrico solidario

La seguridad energética no se negocia: eficiencia, solidaridad y sostenibilidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Bernardo Aguilar González
Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo,
Economista ecológico y abogado ambientalista,
Vicepresidente de la Asociación ARTES-JUSTECO

Costa Rica enfrenta una decisión de fondo sobre su futuro eléctrico. El debate suele presentarse como una elección entre más mercado o más Estado, entre inversión y regulación, entre rapidez y protección ambiental. Esa disyuntiva empobrece la discusión. El criterio decisivo debe ser otro: ¿qué modelo garantiza electricidad confiable, a un costo razonable, accesible para toda la población y compatible con los límites ecológicos del país? La respuesta exige cuatro principios inseparables: seguridad energética, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad. No son aspiraciones decorativas; deben convertirse en criterios para planificar, invertir, regular y evaluar resultados.

Seguridad energética: prever antes que improvisar

La seguridad energética no se limita a producir suficientes megavatios. Exige que la electricidad esté disponible donde y cuando se necesita, incluso ante sequías, fenómenos extremos, fallas de infraestructura o variaciones imprevistas de la demanda. Una planta nueva sirve de poco si la red no puede transportar su producción, o si no existe capacidad de respaldo cuando disminuye el aporte de una fuente. La generación, la transmisión, la distribución, el almacenamiento y la gestión de la demanda forman un solo sistema: planificarlos por separado genera vulnerabilidades y costos evitables.

Nuestra matriz eléctrica, de fuerte componente renovable, y la experiencia acumulada por la institucionalidad pública constituyen fortalezas estratégicas. Defenderlas no implica inmovilismo. El cambio climático altera la disponibilidad hídrica y los patrones de consumo; la electrificación del transporte y de procesos productivos presenta nuevas exigencias. Por eso necesitamos escenarios públicos de riesgo, mantenimiento oportuno, inversión en redes, diversificación técnicamente justificada y reservas operativas suficientes. La seguridad energética debe medirse por continuidad, resiliencia y capacidad de respuesta, no por anuncios de capacidad instalada. Es una obligación del Estado que trasciende cualquier administración.

Eficiencia: medir el costo total, no solo el precio

Ser eficientes tampoco significa escoger siempre la oferta aparentemente más barata. La verdadera eficiencia consiste en obtener el mayor valor social de cada inversión, considerando construcción, operación, mantenimiento, redes, respaldo, riesgos climáticos y daños ambientales. Una reducción puntual del precio de compra puede convertirse en una carga mayor para el sistema si obliga a financiar infraestructura adicional o traslada obligaciones a otros usuarios. Es indispensable que las decisiones relevantes se apoyen en estudios transparentes, comparables y sometidos a revisión técnica independiente.

Hay mejoras menos llamativas que inaugurar obras, pero igualmente importantes: reducir pérdidas eléctricas, modernizar equipos, fortalecer la gestión de demanda, estimular el consumo eficiente y coordinar las decisiones de inversión. La electricidad que se ahorra de manera inteligente reduce necesidades futuras de generación y presión sobre las cuencas. La eficiencia exige asimismo instituciones con objetivos claros, rendición de cuentas y controles sobre conflictos de interés. Ni el origen público ni el privado de un actor lo eximen de demostrar resultados. La pregunta correcta es cuánto bienestar colectivo produce cada colón comprometido.

Solidaridad: una obligación visible en la factura

El desarrollo eléctrico costarricense contiene una conquista social que no debe perderse: llevar el servicio a territorios y familias que, por su ubicación o capacidad de pago, podrían quedar excluidos de una lógica estrictamente comercial. La solidaridad debe expresarse en acceso universal, protección de usuarios vulnerables y tarifas construidas con criterios verificables. Hogares, pequeñas empresas y comunidades rurales no deberían absorber costos desproporcionados para conceder ventajas particulares a consumidores con mayor capacidad de negociación.

La generación distribuida y las nuevas tecnologías pueden democratizar oportunidades, siempre que se diseñen mecanismos equitativos. Si únicamente quienes disponen de capital para instalar sistemas propios reciben beneficios, mientras el resto sostiene los costos comunes de la red, se profundiza la desigualdad. Lo mismo ocurre cuando se privatizan beneficios y se socializan riesgos. Antes de introducir cambios estructurales deben publicarse sus efectos tarifarios por tipo de usuario y por territorio. Una política solidaria protege la sostenibilidad financiera del servicio precisamente para que continúe siendo asequible, confiable y universal.

Sostenibilidad: la naturaleza es parte de la infraestructura

La sostenibilidad exige comprender que los ecosistemas no son un elemento externo al sector eléctrico. Las cuencas, los bosques y la estabilidad de los suelos contribuyen a regular el agua y sostener las actividades productivas. Una fuente renovable no es automáticamente inocua: proyectos mal ubicados pueden afectar ríos, biodiversidad y comunidades, o acumular impactos que ningún estudio aislado revela. Las evaluaciones ambientales rigurosas, la prevención de daños y la participación territorial deben influir realmente en la planificación, no incorporarse al final como simples trámites.

La transición energética también debe reducir la dependencia de combustibles fósiles y prepararse para condiciones climáticas más inciertas. Eficiencia, almacenamiento, redes resilientes y fuentes renovables complementarias deben analizarse conjuntamente según su viabilidad y sus efectos. La protección del agua para consumo humano y el derecho a un ambiente sano, recogidos en nuestro ordenamiento constitucional, no pueden subordinarse sin más a la rentabilidad inmediata. Desconocer esos límites termina generando costos sociales, conflictos y riesgos de abastecimiento que una buena política habría podido evitar.

Un pacto nacional con controles democráticos

Costa Rica necesita instituciones públicas competentes, una regulación técnicamente independiente y espacios de participación para cooperativas, empresas municipales, comunidades y sector privado cuando su contribución beneficie al conjunto de la sociedad. La planificación debe ser pública, estable y suficientemente flexible para incorporar nueva evidencia. Las decisiones sobre tarifas, inversiones y condiciones ambientales requieren información accesible y mecanismos efectivos de fiscalización ciudadana. Ningún interés empresarial, burocrático o político puede sustituir el interés general.

Antes de respaldar cualquier transformación conviene formular preguntas sencillas, pero exigentes: ¿aumenta la continuidad del suministro? ¿Disminuye el costo integral del servicio? ¿Evita trasladar cargas injustas? ¿Protege el agua y los ecosistemas? ¿Mejora la capacidad de adaptación climática? ¿Ofrece beneficios comprobables a todos los territorios? Si las respuestas no pueden documentarse, la propuesta necesita revisión, por atractiva que resulte su presentación.

El desafío no es escoger entre desarrollo económico, justicia social y protección ambiental, sino reconocer que se necesitan mutuamente. Un sistema que excluye pierde legitimidad; uno que desperdicia recursos pierde competitividad; uno que deteriora sus ecosistemas compromete su futuro; y uno incapaz de garantizar el suministro frena el bienestar y la producción. El modelo energético que Costa Rica merece debe ser una garantía efectiva de seguridad energética, eficiente en el uso de los recursos, solidario en sus beneficios y sostenible en el tiempo. Las reformas, los contratos y las tecnologías son instrumentos: ese es el fin al que deben servir.

La soberanía energética y Liberación Nacional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Los países que realmente quieren sobrevivir en este mundo se preocupan por adquirir soberanía energética. Conscientes que deben trabajar en ello, porque las potencias internacionales tienen una llave muy poderosa en sus manos para chantajear y dominarlos, los gobiernos, partiendo de una estrategia definida, procuran conservar —hasta donde les sea posible— la independencia energética. Por regla de principios, la energía en sus diferentes manifestaciones debe estar bajo el control del Estado.

Como uno de los ejemplos más recientes, el presidente Trump en días pasados amenazó con prohibir la exportación de diésel de Estados Unidos. Si esa medida no hubiera sido paliada por el acuerdo con la Rusia de Putin, el mundo se hubiese enfrentado a un caos internacional. Pensemos en Costa Rica, que importa de EUA la mayor parte de sus combustibles: sin diésel se paralizaría el transporte, habría desabastecimiento de alimentos, se afectaría la movilidad de las personas y se produciría un caos total. Es claro que nosotros no tenemos petróleo y siempre seremos un juguetito del gobierno norteamericano.

Sin embargo, podemos hacer mucho para lograr cierta soberanía energética. Costa Rica es ejemplo mundial en la producción de energía limpia, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar; más del 95% de la electricidad es producida por fuentes renovables, todo un ejemplo mundial. Este éxito ha sido producto del ICE.

En el campo de la electricidad hemos logrado ser soberanos, no dependemos del exterior, aunque últimamente en este gobierno de Chaves se han dado ciertos retrocesos.

La soberanía eléctrica puede ayudarnos a mitigar la dependencia de los carburantes, gasolina y diésel principalmente. Es en el transporte donde se da el mayor consumo de petróleo y, por tanto, la mayor dependencia del exterior.

Pero este gobierno chavista en vez de avanzar en la electrificación de la movilidad del transporte ha eliminado los estímulos a los vehículos eléctricos, cuando lo importante es avanzar hacia la movilidad eléctrica de autobuses, camiones y otros medios, para ir adquiriendo soberanía energética. Eso es lo que haría un estadista, un gobernante que piensa y planea a largo plazo, que tiene presentes los peligros que ocurren actualmente y en el futuro en el planeta. Pero Chaves no tiene ninguna de esas cualidades y más bien elimina los estímulos a la movilidad eléctrica.

El proyecto llamado de Armonización Eléctrica, que actualmente discute la Asamblea Legislativa, camina en el mismo sentido, renunciar a la soberanía en ese campo.

La propuesta puede resumirse así:

1-. Apertura del mercado: el que quiera puede competir y elimina al ICE como la institución directora del sistema eléctrico nacional. En otras palabras, el Estado pierde o se minimiza su papel de control estratégico de una rama esencial y fundamental del desarrollo económico y social del país.

2-. Creación del ECOSEN, es decir, una institución que controlará, regulará y orientará el desarrollo del sistema eléctrico, dentro del cual tendrán un papel importante los productores de energía particulares. Es un esquema parecido al Consejo de Transporte, donde los autobuseros y particulares definen las reglas del juego. Sabemos el desastre del transporte público nacional, porque los actores son al mismo tiempo jueces. En la electricidad ocurrirá lo mismo: los generadores particulares en ECOSEN serán parte y juez al mismo tiempo. Nuevamente, el Estado pierde capacidad de dirección estratégica sobre la electricidad.

3-. El Mercado Eléctrico Regulado es una instancia donde se puja y subasta por precios, dejando zonas desprotegidas, probablemente las más pobres. El Estado es reducido a un simple productor.

Este proyecto se enmarca dentro del dominio privado, interno y externo, de uno de los centros neurálgicos, estratégicos, del desarrollo nacional. No se trata de que la empresa privada no participe del mercado, ya que actualmente lo hace; lo trascendente es que el Estado a través del ICE conserve el control de la producción y distribución de electricidad, como un elemento fundamental de la soberanía energética.

Un sector de diputados de Liberación Nacional se ha plegado a las posiciones antipatrióticas y entreguistas del chavismo y serán cómplices de la desnacionalización eléctrica, una de las conquistas más importantes, precisamente de ese partido.

Este ha sido un proyecto viejo de un sector importante de Liberación Nacional, se dice que especialmente de los hermanos Arias Sánchez y de un grupo de empresarios, que ahora asume la fracción legislativa del chavismo, precisamente por tratarse de una causa de entrega del patrimonio nacional y de la soberanía nacional.

En todas las causas antipatrióticas encontraremos siempre matriculado al chavismo que contará con la ayuda de cipayos que también siempre existirán.

Si este proyecto es aprobado con la ayuda de Liberación Nacional, volverán a la sala de cuidados intensivos de la política.

Llaman a enviar cartas a las diputaciones para pedir el archivo del expediente 23.414 que es una amenaza para el modelo eléctrico solidario

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las organizaciones del movimiento que defiende el modelo solidario del servicio de electricidad hacen un llamado urgente a la ciudadanía y a las organizaciones sociales. Piden enviar de nuevo cartas a las personas diputadas para solicitar el rechazo y el archivo definitivo del expediente legislativo n.º 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

Para facilitar el envío, el movimiento preparó dos propuestas de carta, cada uno con sus listas de correos y recomendaciones. SURCOS comparte esta información con los textos originales que el movimiento envió a nuestra redacción. Este es el material propuesto para esta campaña:

  1. Carta de oposición dirigida a las 57 diputaciones, para solicitar que voten en contra del proyecto y apoyen su archivo definitivo.

  2. Carta específica dirigida a las 17 diputaciones del Partido Liberación Nacional (PLN). Según el movimiento, “parece que algunas diputaciones se están torciendo a favor del proyecto”.

Las preocupaciones del movimiento

En la carta dirigida a todas las diputaciones, el movimiento sostiene que el proyecto amenaza el modelo eléctrico solidario construido durante décadas. Ese modelo ha permitido una cobertura eléctrica superior al 99 %, estabilidad, acceso universal y una matriz predominantemente renovable. El movimiento advierte que la iniciativa debilitaría las capacidades estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y daría más participación a intereses privados en decisiones fundamentales del sistema. También trasladaría mayores costos y riesgos a las personas usuarias.

Entre los principales señalamientos están los siguientes:

  • Nueva institucionalidad: la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), al que se trasladarían funciones de operación y planificación que hoy dependen de capacidades técnicas acumuladas por el país.

  • Planificación: el paso de una planificación directiva y vinculante a una planificación indicativa, en la que las señales del mercado tendrían un papel determinante en las decisiones de inversión.

  • Tarifas: la posibilidad de que los grandes consumidores compren electricidad directamente a empresas generadoras privadas. Según el movimiento, eso podría trasladar una mayor carga tarifaria a las personas usuarias residenciales, a los pequeños comercios y a los sectores empobrecidos.

  • Beneficios del mercado regional: la pérdida de los beneficios que hoy recibe la población por las operaciones del ICE en el Mercado Eléctrico Regional.

  • Estabilidad del sistema: riesgos para la estabilidad y la confiabilidad, como volatilidad de precios, sobreinstalación de generación y más necesidad de infraestructura de respaldo.

  • Ambiente y soberanía: riesgos ambientales y territoriales por mayores incentivos para proyectos privados en ríos y cuencas, y riesgos para la soberanía energética.

  • Dirección de Planificación del ICE: según han denunciado organizaciones del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, el Consejo Directivo del ICE acordó disolver la Dirección de Planificación y Sostenibilidad de la Gerencia de Electricidad el 22 de setiembre de 2026. Las organizaciones lo consideran una posible implementación anticipada del proyecto mientras este sigue en discusión legislativa.

La carta recuerda también que en mayo de 2026 una amplia movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales y comunitarias logró que el proyecto no alcanzara los 38 votos requeridos para su aprobación.

La carta dirigida a la fracción del PLN expresa preocupación por la información de que algunas de sus diputaciones habrían cambiado de posición y estarían votando a favor del proyecto en segundo debate. Les recuerda el compromiso que asumieron como bloque legislativo en defensa del Estado social de derecho.

Cómo enviar las cartas

En los dos casos, cada organización o persona puede elegir entre dos opciones:

  • Opción 1: enviar un solo correo-e a todas las personas diputadas de la lista correspondiente, con el asunto sugerido y la carta.

  • Opción 2: enviar una carta individual a cada persona diputada, con un encabezado personalizado. Las cartas individuales ya están preparadas en los documentos que pueden descargarse al final de esta nota. Cada carta empieza en una página nueva.

En la carta dirigida a las 57 diputaciones se puede agregar, de forma opcional, un considerando décimo sobre la posición específica de la organización, movimiento, colectivo o persona firmante. El movimiento aclara que ese punto es solo por si desean añadirlo: “en estos momentos lo urgente es el envío de la carta a las personas diputadas”. Si no se usa, debe borrarse completo.

 

Acción 1. Carta de oposición a las 57 diputaciones

Asunto sugerido:
Solicitud de rechazo y archivo definitivo del expediente legislativo N.° 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

Direcciones de correo-e (57):

claudia.dobles@asamblea.go.cr; alvaro.ramirez@asamblea.go.cr; iztaru.alfaro@asamblea.go.cr; rafael.vargasb@asamblea.go.cr; andrea.valverde@asamblea.go.cr; marco.badilla@asamblea.go.cr; diana.murillo@asamblea.go.cr; eder.hernandez@asamblea.go.cr; karen.alfaro@asamblea.go.cr; janice.sandi@asamblea.go.cr; salvador.padilla@asamblea.go.cr; victor.hidalgo@asamblea.go.cr; angela.aguilar@asamblea.go.cr; ronald.campos@asamblea.go.cr; karol.matamoros@asamblea.go.cr; norjelens.lobo@asamblea.go.cr; jesus.calderon@asamblea.go.cr; mangell.mclean@asamblea.go.cr; abril.gordienko@asamblea.go.cr; nogui.acosta@asamblea.go.cr; kattya.mora@asamblea.go.cr; stephan.brunner@asamblea.go.cr; mayuli.ortega@asamblea.go.cr; gonzalo.ramirez@asamblea.go.cr; anna.muller@asamblea.go.cr; antonio.barzuna@asamblea.go.cr; esmeralda.britton@asamblea.go.cr; jose.villalobos@asamblea.go.cr; zaira.murillo@asamblea.go.cr; gerald.bogantes@asamblea.go.cr; grethel.avila@asamblea.go.cr; wilson.jimenez@asamblea.go.cr; kattia.ulate@asamblea.go.cr; fernando.obaldia@asamblea.go.cr; cindy.blanco@asamblea.go.cr; roberth.barrantes@asamblea.go.cr; yara.jimenez@asamblea.go.cr; marta.esquivel@asamblea.go.cr; juan.quesada@asamblea.go.cr; nayuribe.guadamuz@asamblea.go.cr; daniel.siezar@asamblea.go.cr; cindy.murillo@asamblea.go.cr; royner.mora@asamblea.go.cr; mariaisabel.camareno@asamblea.go.cr; ariel.mora@asamblea.go.cr; anaruth.esquivel@asamblea.go.cr; osvaldo.artavia@asamblea.go.cr; kristel.ward@asamblea.go.cr; reynaldo.arias@asamblea.go.cr; kattia.calvo@asamblea.go.cr; josemaria.villalta@asamblea.go.cr; vianey.mora@asamblea.go.cr; antonio.trejos@asamblea.go.cr; edgardo.arayaa@asamblea.go.cr; sigrid.segura@asamblea.go.cr; joselyn.saenz@asamblea.go.cr; meroman@asamblea.go.cr

Carta sugerida:

Señoras Diputadas y Señores Diputados
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Estimables señoras diputadas y señores diputados:

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos dirigimos respetuosamente para manifestar nuestra firme oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y solicitarle que vote en contra de esta iniciativa, así como que apoye su archivo definitivo.

Consideramos que este proyecto representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que Costa Rica ha construido durante décadas y que ha permitido garantizar una amplia cobertura, estabilidad, acceso universal y una matriz eléctrica predominantemente renovable.

Asimismo, advertimos que la iniciativa debilitará las capacidades estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), favorece una mayor participación de intereses privados en decisiones fundamentales del sistema eléctrico y trasladará mayores costos y riesgos a las personas usuarias.

Por estas razones, exponemos lo siguiente:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La electricidad como servicio público esencial y derecho de la población.

Que la electricidad constituye un servicio esencial para la vida cotidiana, la educación, el trabajo, la producción nacional y el bienestar de la población, por lo que las decisiones relativas a su generación, transmisión, distribución, planificación y comercialización deben responder prioritariamente al interés público y no a criterios de rentabilidad privada.

Que Costa Rica ha alcanzado una cobertura eléctrica superior al 99% y una elevada participación de fuentes renovables en su matriz eléctrica, los cuales son logros que constituyen un patrimonio colectivo construido en décadas de inversión pública, planificación y desarrollo de capacidades técnicas e institucionales.

Que este modelo ha permitido democratizar el acceso a la electricidad y garantizar que comunidades rurales, costeras, fronterizas y alejadas también formen parte del sistema eléctrico nacional, lo que contribuye a reducir desigualdades territoriales y sociales.

SEGUNDO: La defensa del modelo eléctrico solidario y del papel estratégico del ICE.

Que el modelo eléctrico costarricense ha sido desarrollado sobre principios de solidaridad, planificación pública y articulación institucional, con el ICE como actor fundamental en la conducción y expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

Que el expediente N.° 23.414 pretende modificar sustancialmente este modelo, debilitará las funciones históricas del ICE y trasladará competencias estratégicas hacia nuevas estructuras y mecanismos de mercado.

Que la propuesta contempla la creación del denominado Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), al cual se pretenden trasladar funciones fundamentales relacionadas con la operación, planificación y funcionamiento del sistema eléctrico, e introduce una nueva estructura institucional en un ámbito donde el país ha acumulado durante décadas capacidades técnicas y experiencia especializada.

Que una transformación de esta naturaleza no constituye una simple modernización administrativa, sino un cambio profundo en la forma de organizar, planificar y gobernar uno de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

TERCERO: El riesgo de fragmentación y debilitamiento de la planificación pública del sistema eléctrico.

Que el proyecto sustituye el esquema de planificación directiva y vinculante que históricamente ha permitido al país ordenar el desarrollo de su matriz eléctrica por un modelo de planificación indicativa, en el cual las señales del mercado adquieren un papel determinante en las decisiones sobre las nuevas inversiones y fuentes de generación.

Que la planificación eléctrica requiere considerar de manera integrada la seguridad energética, la disponibilidad de recursos, las necesidades futuras de demanda, la confiabilidad del sistema, los tiempos de construcción de infraestructura y el equilibrio entre fuentes de energía firme y variable.

Que trasladar estas decisiones fundamentales a una lógica predominantemente de mercado generará fragmentación, sobreinstalación de capacidad, mayores necesidades de infraestructura de respaldo, volatilidad de precios y dificultades para garantizar oportunamente la expansión y confiabilidad del sistema.

Que, por tanto, la defensa de la planificación pública y de las capacidades técnicas acumuladas por el ICE constituye una condición fundamental para preservar la seguridad energética y el interés público.

CUARTO: El riesgo de aumento de las tarifas eléctricas y de mayores costos para la población.

Que el expediente N.° 23.414 establece mecanismos que permitirían a grandes consumidores adquirir electricidad directamente de empresas generadoras privadas, modificando el actual esquema solidario mediante el cual los distintos sectores participan de un sistema integrado.

Que esta fragmentación puede reducir los ingresos con los cuales actualmente se financian costos comunes, inversiones y expansión del sistema eléctrico, y traslada una mayor carga relativa de las tarifas hacia las personas usuarias residenciales, pequeños comercios y, en general, a los sectores más empobrecidos del país.

Que, además, la creación de nuevas estructuras institucionales y mecanismos de mercado supone costos adicionales de operación, regulación y administración que, en última instancia, se trasladarán a la ciudadanía.

Que el actual modelo también permite que los ingresos obtenidos por el ICE mediante sus operaciones en el Mercado Eléctrico Regional contribuyan a beneficiar a la población costarricense mediante los mecanismos tarifarios establecidos por la regulación vigente; por lo que una mayor participación privada en dichas operaciones significará la pérdida de estos beneficios colectivos.

Que, en consecuencia, no resulta aceptable que bajo el discurso de la modernización se impulse una transformación cuyos costos y riesgos terminarán siendo asumidos por las familias, las personas trabajadoras, los pequeños comercios y los sectores sociales con menor capacidad económica.

QUINTO: Las amenazas para la seguridad, estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Que Costa Rica ha construido un sistema eléctrico caracterizado por altos niveles de cobertura, estabilidad y participación de fuentes renovables, lo cual resulta de una planificación integrada y de las capacidades técnicas desarrolladas por el ICE y las demás instituciones que conforman el sistema.

Que la generación eléctrica no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la competencia y el precio de corto plazo, pues requiere garantizar en todo momento el equilibrio entre generación y demanda, así como contar con suficiente energía firme y capacidad de respaldo.

Que los cambios hacia mercados eléctricos liberalizados pueden generar fenómenos como volatilidad de precios, sobreinstalación de generación y necesidad de nuevas inversiones en infraestructura de respaldo, con consecuencias tanto económicas como operativas.

Que la experiencia internacional sustenta esta posición y evidencia los riesgos que pueden surgir cuando la expansión de la generación y la infraestructura eléctrica no se articula mediante una planificación conjunta de largo plazo.

SEXTO: Los riesgos ambientales, territoriales y para la soberanía energética.

Que una apertura mayor del mercado de generación puede incrementar los incentivos para desarrollar proyectos privados de generación eléctrica en ríos, cuencas y territorios, sin que necesariamente prevalezcan las necesidades sociales, ambientales y territoriales del país.

Que los recursos naturales utilizados para producir electricidad constituyen bienes estratégicos del país y deben ser gestionados bajo criterios de interés público, sostenibilidad ambiental, soberanía y protección de las comunidades.

Que Costa Rica ha construido su liderazgo internacional en materia de transición energética sobre la base de una planificación pública de sus recursos y de una matriz predominantemente renovable, por lo que cualquier modificación del modelo eléctrico debe preservar y fortalecer, y no poner en riesgo, estos logros.

Que la electricidad y los recursos naturales que permiten producirla no deben convertirse en simples mercancías subordinadas a la lógica de maximización del lucro privado.

SÉTIMO: La preocupante disolución de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad del ICE.

Que la Dirección de Planificación y Sostenibilidad (DPS) de la Gerencia de Electricidad del ICE ha desempeñado históricamente un papel fundamental en la elaboración del Plan de Expansión de la Generación y en la planificación del desarrollo eléctrico nacional.

Que, según ha sido denunciado públicamente por organizaciones integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, el Consejo Directivo del ICE acordó disolver dicha Dirección el 22 de setiembre de 2026.

Que resulta particularmente preocupante que esta decisión institucional se produzca mientras el expediente N.° 23.414 continúa pendiente de discusión legislativa, pues podría significar, en la práctica, la implementación anticipada de transformaciones institucionales asociadas con un proyecto que todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.

Que la reciente reactivación de la discusión legislativa obliga a las personas diputadas a ejercer una especial vigilancia sobre cualquier modificación institucional que pueda comprometer las capacidades del ICE.

OCTAVO: La necesidad de preservar un modelo eléctrico al servicio del interés público.

Que el expediente N.° 23.414 no debe ser valorado únicamente como una reforma técnica o administrativa, pues modifica la relación entre el Estado, el ICE, las empresas privadas, las familias costarricenses y los recursos energéticos del país.

Que se encuentra en discusión quién planificará el desarrollo eléctrico nacional, bajo qué criterios se toman las decisiones estratégicas, quién controla los recursos energéticos y quién recibe los beneficios derivados de su explotación.

Que la electricidad debe continuar siendo entendida como un servicio público esencial y como un componente fundamental de las condiciones materiales para una vida digna, y no como una mercancía subordinada a los intereses de los grandes actores económicos.

NOVENO: La responsabilidad de la Asamblea Legislativa ante una reforma de esta trascendencia.

Que corresponde a la Asamblea Legislativa proteger el interés público, la institucionalidad nacional y los derechos de la población, particularmente cuando se encuentran en juego servicios públicos estratégicos y bienes naturales de importancia nacional.

Que el propio proceso legislativo relacionado con el expediente N.° 23.414 ha sido objeto de señalamientos técnicos y jurídicos, incluyendo advertencias sobre problemas de legalidad y constitucionalidad y sobre la necesidad de realizar ajustes al texto.

Que, en mayo de 2026, una amplia movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales, comunitarias y de diversos sectores de la sociedad costarricense expresó públicamente su repudio y oposición al proyecto, con lo que se logró que este no alcanzara los 38 votos requeridos para su aprobación.

[DÉCIMO (opcional): Posición específica de la organización, movimiento, colectivo o persona firmante. Si no desea agregarlo, borre todo este punto.]

POR TANTO:

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos respetuosamente a usted, en su condición de persona diputada de la República, que vote en contra del expediente legislativo N.° 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y que apoye su archivo definitivo.

Asimismo, le solicitamos que, en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y políticas, contribuya a preservar el modelo eléctrico solidario costarricense, el carácter estratégico del ICE, la planificación pública del Sistema Eléctrico Nacional, el acceso universal a la electricidad y la protección de los recursos naturales y de los intereses de la población.

Consideramos que Costa Rica no necesita desmontar un modelo que ha permitido alcanzar elevados niveles de cobertura, estabilidad y generación renovable.

Por el contrario, el país requiere fortalecer las capacidades del ICE y garantizar que la política energética responda al interés colectivo y a las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

Defender el modelo eléctrico solidario significa también defender la soberanía nacional, la justicia social, los bienes comunes, la protección ambiental y el derecho de toda la población a acceder a servicios públicos esenciales bajo condiciones de calidad, estabilidad y equidad.

Saludos cordiales.

 

Acción 2. Carta a las 17 diputaciones del PLN

Asunto sugerido:
Preocupante información sobre la posición de personas diputadas del PLN frente al Proyecto de “Armonización” del Sistema Eléctrico Nacional

Direcciones de correo-e (17):

alvaro.ramirez@asamblea.go.cr; andrea.valverde@asamblea.go.cr; eder.hernandez@asamblea.go.cr; diana.murillo@asamblea.go.cr; angela.aguilar@asamblea.go.cr; karol.matamoros@asamblea.go.cr; karen.alfaro@asamblea.go.cr; jesus.calderon@asamblea.go.cr; janice.sandi@asamblea.go.cr; iztaru.alfaro@asamblea.go.cr; victor.hidalgo@asamblea.go.cr; salvador.padilla@asamblea.go.cr; ronald.campos@asamblea.go.cr; rafael.vargasb@asamblea.go.cr; norjelens.lobo@asamblea.go.cr; marco.badilla@asamblea.go.cr; mangell.mclean@asamblea.go.cr

Carta sugerida:

Señoras Diputadas y Señores Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN)
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Estimables señoras diputadas y señores diputados:

Reciban un cordial saludo.

Durante los últimos días ha circulado un rumor de que algunas personas diputadas del PLN habrían cambiado de posición y estarían votando a favor del mal llamado proyecto de Ley de Armonización Eléctrica en el segundo debate legislativo. Esta posibilidad ha encendido todas las alarmas en el movimiento social y en el pueblo de Costa Rica en general, pues, como ya se ha discutido ampliamente, este proyecto de ley es básicamente un nuevo intento de privatización y desmantelamiento del exitoso modelo eléctrico costarricense.

Este proyecto de ley no tiene nada de novedoso; representa un caso más de la vieja receta privatizadora de los años 1990, que alrededor del mundo ha tenido consecuencias nefastas sobre la gestión de los sistemas eléctricos. Amplia evidencia y datos dan cuenta de los resultados desastrosos de este tipo de políticas, por ejemplo, fuertes aumentos en tarifas eléctricas residenciales y de pequeños comercios, deterioro en la calidad de los sistemas eléctricos (que se expresa en apagones, fluctuaciones y mayor inestabilidad de la corriente) y una captura corporativa de los espacios de toma de decisión en el sector eléctrico, dominados por puertas giratorias y conflictos de intereses. En fin, se trata de un proyecto de ley intencionado para que grandes actores económicos se apropien de un patrimonio socialmente construido durante décadas y monten un millonario negocio privado, del cual el pueblo de Costa Rica no recibiría beneficio alguno.

La posibilidad de que algunas personas diputadas del PLN apoyen este proyecto de ley también preocupa mucho por lo que esto significa en la actual coyuntura política nacional. Estamos atravesando uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país, con un gobierno –y su respectiva fracción legislativa– que han dado claras señales de autoritarismo y total falta de respeto por los principios democráticos más básicos, como lo es la división de poderes. Ni hablar de las evidencias cada vez mayores que vinculan a este partido político con estructuras del crimen organizado y grandes esquemas de corrupción e impunidad. Apoyar el proyecto de ley de “armonización” eléctrica es apoyar un proyecto político de mayor alcance, el cual amenaza con destruir la democracia costarricense y los principios básicos de convivencia social.

Mientras en otros países del mundo se está discutiendo seriamente la necesidad de re-estatizar los sistemas eléctricos debido a los pésimos resultados de las privatizaciones, en Costa Rica se está impulsando el proyecto de ley de “armonización”, ignorando toda la evidencia disponible a partir de las experiencias internacionales. Inclusive, Costa Rica es reconocida a nivel mundial por poseer un modelo eléctrico altamente exitoso y ejemplar, con altos estándares de calidad, servicio al costo, acceso universal y soberanía energética. Desde luego que hay aspectos por mejorar, pero este proyecto de ley no atiende dichos aspectos sino que más bien vendría a destruir lo que sí funciona bien e imitar lo peor que se ha hecho en otros países.

Como ciudadanía organizada, crítica y preocupada por el bienestar de nuestro país, les recordamos la enorme responsabilidad que tienen en sus manos. Una mala decisión puede provocar un daño enorme a la sociedad costarricense, el ambiente y las futuras generaciones, el cual luego resultaría muy difícil de revertir. Les recordamos también el compromiso que ustedes han asumido como bloque democrático legislativo en defensa del Estado Social de Derecho, el cual se encuentra más amenazado que nunca. Esperamos que cumplan con su palabra y que no traicionen al pueblo de Costa Rica, que ya tiene suficientes problemas como para meterse en uno más. Estaremos vigilantes y, si fuera el caso, listos/as para convocar grandes movilizaciones.

Atentamente.

 

Documentos originales con las cartas individualizadas y recomendaciones (cada carta con el encabezado y el correo-e de la persona diputada):

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera oposición al proyecto de apertura del mercado eléctrico

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.

Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.

El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.

Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.

El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.

Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.

Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.

El ICE, los comunistas y los marcianos

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José Luis Amador.

Por José Luis Amador

No sé si lo han notado pero el chavismo está desesperado. Es evidente que en las últimas horas ha habido un clamor popular en defensa del ICE. Nada más revisen las redes. La respuesta de los chavistas ha sido llamar comunistas a todos aquellos que defiendan al ICE. Lo único que les falta es argumentar que el país está siendo víctima de una invasión de comunistas y marcianos.

DICHOSAMENTE los sectores populares, incluso en las bases chavistas, hay mucha gente que luchó y ha luchado por esta institución. Gente que sabe que el ICE siempre ha estado al servicio del pueblo. Electrificando al país, pero también poniendo la carne en el asador, poniendo el hombro y exponiendo a su gente, cuando la inclemencia de la naturaleza así lo ha exigido.

Esta ley que pretenden imponer solo beneficia a unos cuantos ricos. No le está rebajando el salario a los trabajadores del ICE. Pero está adulterando el espíritu fundamental con que fue creada la institución. De un plumazo el ICE deja de ser una institución centrada en las necesidades del usuario, para convertirse en una empresa regida por empresarios al servicio del lucro.

Sigamos dando la cara. Defendamos al ICE. Y que los diputados no aflojen. Que nos llamen como quieran. Y si los marcianos también vienen a apoyarnos en esta lucha, serán bienvenidos.

¡¡Esta lucha apenas empieza!!

¡¡No perdamos lo poquito que nos queda!!

Parlamento Cívico Ambiental alerta sobre riesgos del proyecto de “Armonización Eléctrica” y llama a rechazar expediente 23.414

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Foro ciudadano advierte riesgos para el ICE, el modelo solidario y los ecosistemas del país.

San José, Costa Rica. — El Parlamento Cívico Ambiental, foro adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrado actualmente por 41 organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas, aprobó por decisión unánime un pronunciamiento de oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

El Parlamento, espacio cívico ambiental activo más amplio del país, advirtió que la iniciativa legislativa representa “uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas” para el sistema energético costarricense.

Las organizaciones señalaron que el proyecto debilita el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la planificación pública del sistema eléctrico nacional, favoreciendo procesos de fragmentación, mercantilización y apertura del mercado energético.

“El modelo eléctrico costarricense ha sido fundamental para garantizar electrificación rural, acceso universal y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Este proyecto amenaza con sustituir una visión de interés público por una lógica crecientemente mercantil”, señala el acuerdo aprobado.

Su pronunciamiento advierte además que una apertura desregulada del mercado eléctrico podría generar mayores presiones sobre ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos del país, promoviendo proyectos guiados principalmente por criterios de rentabilidad económica.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, afirmó Alejandro Muñoz Villalobos presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Las organizaciones insistieron en que Costa Rica sí requiere avanzar hacia una transición energética, pero señalaron que esta debe ser “justa, democrática y ambientalmente responsable”, fortaleciendo la institucionalidad pública y garantizando protección ambiental y equidad territorial.

El Parlamento Cívico Ambiental hizo un llamado directo a las diputadas y diputados de la República para rechazar el expediente 23.414 y abrir un proceso amplio de diálogo nacional sobre el futuro energético del país.

“El futuro energético de Costa Rica no puede definirse únicamente desde criterios de mercado. La energía debe seguir siendo entendida como un bien público esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, indicaron representantes del foro.

“Defender el modelo eléctrico público y solidario es defender la soberanía energética, la justicia social y los ecosistemas estratégicos de Costa Rica” señaló Victoria Rudín Vega, vicepresidenta de la organización.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, señaló Bernado Aguilar González, presidente del Parlamento.

El pronunciamiento también anuncia la disposición de múltiples sectores sociales, sindicales, comunales y ambientales para articular acciones conjuntas en defensa del modelo eléctrico solidario costarricense y de los bienes comunes nacionales.

Temas clave señalados por el acuerdo del Parlamento Cívico Ambiental:

  • Riesgo de debilitamiento del ICE y de la planificación pública.

  • Posible avance de procesos de privatización y mercantilización eléctrica.

  • Amenazas sobre ríos, cuencas y ecosistemas estratégicos.

  • Riesgos para la electrificación rural y la equidad territorial.

  • Defensa de una transición energética justa y democrática.

  • Protección de la soberanía energética y de los bienes comunes nacionales.

Puede descargar desde SURCOS el manifiesto del Parlamento Cívico Ambiental, así como el acuerdo completo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-2026-018-Exp.-23414-Ley-Armonizacion-del-Sistema-Electrico-Nacional.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Manifiesto-sobre-el-proyecto-23414-Ley-de-Armonizacion-del-Sistema-Electrico.pdf

La Universidad de Costa Rica y su posición frente al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

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La Universidad de Costa Rica manifestó oficialmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, al considerar que la iniciativa implicaba una transformación estructural del modelo eléctrico costarricense y generaba riesgos para el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico nacional.

La posición institucional fue acordada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809 del 6 de junio de 2024, cuando la Universidad comunicó a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley. El criterio se sustentó en análisis técnicos y académicos elaborados por distintas unidades de la UCR, entre ellas la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Trabajo Social.

Según el acuerdo universitario, el proyecto, aunque presentado bajo el concepto de “armonización”, proponía una reorganización profunda del sistema eléctrico nacional orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial, incluyendo una mayor integración al Mercado Eléctrico Regional (MER).

Entre las principales observaciones planteadas por la Universidad de Costa Rica se encontraban:

• La fragmentación del modelo eléctrico integrado históricamente alrededor del ICE, mediante la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control del sistema eléctrico nacional.

• La falta de claridad sobre las razones técnicas para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE. La Universidad advirtió que no existía un análisis integral sobre las consecuencias institucionales, operativas y económicas de dejar al ICE sin un centro de control propio, ni sobre los eventuales costos que esto podría trasladar a las personas usuarias.

• La concentración de funciones en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que asumiría simultáneamente tareas de rectoría, planificación y evaluación ambiental, lo que, según el criterio universitario, convertiría al ministerio en juez y parte, debilitando los contrapesos institucionales históricamente existentes en el sector eléctrico.

• El fortalecimiento de mecanismos de competencia y participación privada en generación y comercialización eléctrica sin estudios concluyentes que demostraran beneficios concretos para las tarifas o para la población consumidora.

• La valoración de que el proyecto no necesariamente modernizaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sino que lo reorganizaba en función del mercado y en beneficio de grandes consumidores y generadores privados, sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas, las empresas municipales y las personas usuarias medianas y pequeñas.

• La creación de nuevas estructuras y figuras institucionales, como el ECOSEN, que podrían introducir costos adicionales al sistema eléctrico mediante cánones, servicios auxiliares y nuevas cargas operativas que eventualmente terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.

• La apertura del mercado eléctrico nacional mediante la creación de “agentes de mercado”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo eléctrico solidario costarricense. La Universidad consideró que una transformación de esta magnitud debía ser discutida de manera amplia, transparente y participativa.

• La preocupación por el aumento de exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer cuencas hidrográficas y bienes estratégicos vinculados con la soberanía energética futura del país, en un contexto de creciente presión sobre el agua y los territorios.

• La advertencia de que la eventual derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada en generación eléctrica, abriendo mayores espacios a grandes empresas y capitales transnacionales dentro del sector energético nacional.

• La ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones del sistema eléctrico, dejando con poca representación a comunidades, personas consumidoras, organizaciones sociales, sindicatos, grupos ambientalistas y otros sectores ciudadanos interesados en el futuro energético del país.

Asimismo, la Universidad señaló que el proyecto carecía de estudios técnicos suficientes sobre excedentes eléctricos, necesidades futuras de demanda, costos de implementación, impactos tarifarios y consecuencias ambientales y sociales derivadas de una mayor mercantilización del sistema eléctrico.

El acuerdo del Consejo Universitario concluyó recomendando a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley expediente 23.414 y manifestó la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar técnicamente mediante el aporte de personas expertas y criterios académicos especializados para la discusión del futuro del sistema eléctrico nacional.

Cabe señalar que algunos elementos del proyecto pudieron haber variado durante el proceso legislativo y las discusiones posteriores al acuerdo universitario; sin embargo, este pronunciamiento recoge la posición institucional expresada oficialmente por la Universidad de Costa Rica respecto al texto dictaminado consultado en ese momento.

SiUNED: En defensa del ICE y del modelo eléctrico solidario ¡la movilización es urgente!

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El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su firme oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente legislativo 23.414, y llama a la movilización de la comunidad universitaria por considerar que representa un grave retroceso para el modelo eléctrico solidario construido por el pueblo costarricense durante décadas y una amenaza directa contra el bienestar del país. Este proyecto solo busca el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para favorecer a las élites económicas y al gran capital.

Defensa de la educación pública y de las poblaciones rurales vinculadas a la UNED

Desde el SIUNED afirmamos que la defensa del modelo eléctrico solidario también constituye una defensa de la educación pública y del derecho humano a la educación superior.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene una extensa presencia en territorios rurales, costeros, fronterizos y en muchísimas comunidades alejadas, donde miles de estudiantes dependen de servicios eléctricos estables y accesibles para sostener sus procesos educativos.

Cualquier aumento tarifario, deterioro del servicio o abandono del servicio eléctrico en las zonas menos rentables por su lejanía y dificultad de acceso, afectará directamente a las poblaciones históricamente excluidas que la UNED atiende y acompaña.

Debilitar el modelo eléctrico solidario implica aumentar las desigualdades territoriales y sociales que afectan a las poblaciones que la UNED históricamente ha buscado incluir.

Por esta razón, el SIUNED considera indispensable defender un sistema que garantiza igualdad territorial, inclusión social y acceso a servicios esenciales.

El acceso a la electricidad es un servicio público que no puede depender de criterios de rentabilidad privada ni del interés comercial de grandes empresas.

Debilitamiento del ICE y fragmentación del sistema eléctrico nacional

El proyecto de ley usa los disfraces de la armonía y la modernización del sistema eléctrico nacional, pero es todo lo contrario.

La iniciativa arrebata al ICE su función de planificación, ejecutada actualmente por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), cuyas potestades pasarían a manos de una nueva entidad llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), en cuya Junta Directiva estarían sentados los propios generadores privados.

Esta estructura permitiría que las grandes empresas actúen como juez y parte, y que influyan directamente en las decisiones energéticas del país y del sistema eléctrico nacional.

Así, la propuesta reduce las tareas históricas del ICE y traslada sus funciones estratégicas hacia un esquema de mercado que solo favorece intereses privados nacionales y transnacionales.

Con ello, el proyecto debilita las capacidades técnicas, operativas y de planificación del ICE y desconoce la capacidad institucional acumulada durante décadas. Además, pone en riesgo la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como la seguridad energética del país.

El ICE ha sido pieza fundamental en la construcción de un sistema eléctrico público, solidario y con cobertura casi universal. Debilitarlo significa poner en riesgo uno de los principales pilares del desarrollo costarricense.

Alza inminente de las tarifas eléctricas

Este proyecto es sinónimo de tarifazos y apagones constantes. El expediente 23.414 impone un modelo de mercado de subastas entre grandes empresarios que, según múltiples experiencias internacionales, provoca el aumento de las tarifas para la población, la especulación financiera y la concentración del mercado, todo ello por la colusión entre generadores privados para inflar los precios de la electricidad.

De esta forma, la electricidad dejaría de concebirse como un servicio público y un derecho social, para pasar a tratarse como una mercancía sujeta a intereses lucrativos.

Además, el proyecto permite que actores privados participen en la exportación de electricidad, lo que reduciría los ingresos que actualmente utiliza el ICE para aplicar rebajas tarifarias.

Nos preocupa profundamente que las ganancias derivadas de la exportación de electricidad producida con nuestros ríos, ingresos que actualmente contribuyen a reducir las tarifas para la población costarricense, queden en manos privadas.

Esta situación afectaría directamente a las familias trabajadoras, a los sectores populares y a las comunidades más vulnerables del país. Con esta reforma, los beneficios quedarían en cuentas privadas y las pérdidas las asumiría el pueblo.

Amenazas a la estabilidad y seguridad energética del país

Costa Rica ha logrado construir uno de los sistemas eléctricos más estables de América Latina, donde gozamos de precios altamente competitivos y cuya matriz se fundamenta en fuentes renovables, todo esto gracias a la planificación pública centralizada y a la experiencia técnica del ICE.

El proyecto 23.414 debilita esa planificación y sustituye criterios técnicos por dinámicas de mercado. Esta transformación genera riesgos de inestabilidad, problemas de abastecimiento y deterioro en la calidad del servicio eléctrico.

La seguridad energética del país debe responder al interés público y no a intereses comerciales particulares. El proyecto de ley es sinónimo de tarifazos y apagones eléctricos.

Privatización encubierta y beneficio para los grandes grupos económicos

El proyecto favorece la participación de grandes empresas privadas nacionales, regionales y transnacionales en un mercado eléctrico altamente rentable que, desde hace décadas, distintos grupos empresariales buscan saquear.

Bajo el discurso de la “armonización y modernización”, se impulsa una privatización progresiva del sistema eléctrico costarricense.

Mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales, esta iniciativa traslada recursos estratégicos hacia grupos empresariales que buscan convertir el servicio público de electricidad en una fuente leonina de ganancias privadas.

La energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y no como una mercancía controlada por élites económicas.

Riesgos ambientales y pérdida de soberanía energética

La apertura indiscriminada del mercado eléctrico puede incentivar nuevos proyectos extractivistas en ríos y territorios rurales, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades energéticas del país.

Lo anterior porque el proyecto permite que empresas privadas instalen represas en nuestros ríos con la única finalidad de exportar electricidad a otros países.

Costa Rica ha alcanzado reconocimiento internacional por su matriz eléctrica renovable y por la planificación pública de sus recursos energéticos. El debilitamiento del modelo solidario amenaza esa soberanía energética y puede incrementar conflictos socioambientales en distintas comunidades.

Posicionarse en contra de este proyecto también significa defender los bienes comunes y el patrimonio natural del país.

Llamado a la movilización y a la defensa del modelo eléctrico nacional y solidario

El SIUNED hace un llamado a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y al pueblo costarricense a defender el carácter público, solidario y estratégico del sistema eléctrico nacional.

Costa Rica necesita fortalecer al ICE, proteger la soberanía energética y garantizar que la electricidad continúe al servicio del bienestar común y no del lucro privado.

La defensa del ICE no puede limitarse únicamente al debate parlamentario. La historia del país demuestra que los grandes derechos sociales y las instituciones públicas se han defendido mediante la organización popular y la movilización social.

Así ocurrió hace más de dos décadas en la lucha contra el Combo del ICE, cuando el pueblo costarricense logró frenar los intentos de privatización mediante la participación activa de comunidades, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Por esta razón, el SIUNED hace un llamado a fortalecer la articulación social y la movilización en defensa del ICE y de todos los servicios públicos estratégicos que hoy enfrentan amenazas de debilitamiento y privatización.

La defensa de nuestros bienes comunes exige organización, conciencia crítica y participación activa. No podemos permitir que sectores económicos privilegiados y los políticos de turno conviertan derechos fundamentales en mercancías al servicio de intereses privados.

Defender el modelo eléctrico solidario también significa levantar la lucha contra quienes pretenden vender nuestros bienes comunes al mejor postor y avanzar hacia la privatización de servicios esenciales para la vida, la igualdad y el desarrollo del país.

¡No a la privatización encubierta de nuestra electricidad! ¡La electricidad es un derecho del pueblo costarricense! ¡Defender el sistema eléctrico solidario es también defender la educación pública! ¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!

El movimiento por el derecho a la electricidad crece y se organiza

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Comunicado del Movimiento por el derecho a la electricidad

¡Electricidad para todos y todas!

En un espacio esperanzador de construcción colectiva, las organizaciones aquí firmantes nos hemos reunido para enfrentar unidas un nuevo intento de repartirse la electricidad del pueblo costarricense. Entendemos que el momento amerita de nuestra unidad y convergencia a partir de los principios cívicos y democráticos que tenemos en común pues enfrentamos un momento clave para el futuro del país.

Una vez más las fuerzas del egoísmo pretenden destruir el modelo solidario eléctrico de Costa Rica dirigido por el ICE con el fin de darle el negocio a unas cuantas familias privilegiadas dueñas de generadores privados de electricidad. Con tal de enriquecer a unos cuantos, encarecerán los recibidos de luz de la población costarricense y nos conducirán por el camino de los apagones que el resto de Latinoamérica ya ha vivido resultado de modelos eléctricos privatizados. Este es el propósito del Expediente 23.414, mal llamado «Armonización del sistema eléctrico nacional», pero que deberían renombrarlo como «Destrucción del modelo eléctrico costarricense». Este proyecto presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves es fervientemente impulsado en la Asamblea Legislativa por el PUSC y ha contado con los votos afirmativos del PLP, Nueva República y el PLN.

Tal y como el bipartidismo intentó en el año 2000 con el Combo al ICE, nuevamente algunas fuerzas políticas buscan quedarse con el negociazo de la electricidad. Pero, una vez más, encontrarán en nosotros y nosotras, las fuerzas vivas de la sociedad, un brazo de lucha y resistencia que no les permitirá robarse la electricidad que le pertenece al pueblo. No queremos apagones, no queremos tarifazos eléctricos. Que las élites de este país se busquen otro negocio para lucrar, con nuestra electricidad no.

Llamamos a las organizaciones sociales del país y a la sociedad civil en general a sumarse al movimiento, manifestarse y organizarse para detener este nuevo intento de privatización eléctrica. «Los pueblos que no defienden lo suyo terminan siendo inquilinos en su propio país» (Juan Rafael Mora Porras)

Movimiento por el derecho a la electricidad
Organizaciones firmantes:

Mientras en Costa Rica quieren privatizar el sistema eléctrico, otros países sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho

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  • Apagón eléctrico masivo en España afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas. El evento fue declarado emergencia nacional.

  • Este tipo de incidentes son consecuencia directa de sistemas eléctricos privatizados, organizados en función de intereses corporativos.

FECON. El pasado lunes 28 de abril de 2025 se vivió el mayor apagón eléctrico en la historia de España, el cual se extendió también a algunas partes de Portugal y Francia. Un apagón masivo que afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas, provocando graves interrupciones en transporte, telecomunicaciones y servicios básicos. A raíz de ello, el gobierno de ese país declaró emergencia nacional.

Algunos medios y redes sociales atribuyeron este incidente a “oscilaciones atmosféricas” o incluso a un “ataque cibernético”, ignorando el elefante en la habitación: un sistema eléctrico privatizado que opera en función de los intereses de un oligopolio corporativo, en detrimento de la sociedad en su conjunto.

España privatizó su sistema eléctrico en la década de 1990 y hoy paga muy caro las consecuencias. Desde entonces, se ha instaurado un auténtico cártel corporativo que controla los diferentes segmentos (producción, distribución y comercialización) del sistema eléctrico. De esta manera, el oligopolio conformado por Endesa, Naturgy (antes Unión Fenosa), EDP e Iberdrola se asegura beneficios millonarios mediante tarifas eléctricas abusivas, financiadas por el Estado y por los consumidores.

Ahora bien, ¿por qué los apagones son consecuencia directa de un sistema eléctrico privatizado?
Una característica fundamental de estos sistemas es que no existe una planificación centralizada de la producción y distribución de electricidad, sino que ambas están determinadas por la oferta y demanda de agentes privados. A esto se le conoce como “planificación indicativa”, un esquema en el cual el sistema eléctrico está organizado según las fuerzas del mercado, es decir, según los intereses de las grandes corporaciones.

Este modelo liberalizado de planificación indicativa puede provocar, en determinados momentos, una sobreproducción de electricidad que el sistema no tiene capacidad de absorber, generando así una saturación y un colapso generalizado. Esta es la verdadera causa del apagón en España —lo mismo que sucedió en Chile el pasado 25 de febrero— y lo mismo que, desgraciadamente, ocurre de manera cotidiana en otros países centroamericanos.

En Costa Rica, no estamos acostumbrados a este tipo de incidentes. El país cuenta con un sistema eléctrico bastante robusto, confiable y estable, gracias a que la producción y distribución de electricidad están organizadas mediante una planificación centralizada y ordenada, a cargo del ICE. En el modelo costarricense, dicha planificación responde a criterios técnicos, mientras que en los modelos privatizados responde a los intereses particulares de los inversionistas.

Este modelo está en riesgo con el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica (No. 23.414), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Entre sus puntos medulares, se propone la creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), un mercado mayorista —privado— de electricidad, que funcionaría con la misma lógica de los sistemas ya fracasados en otros países.

Aprendamos de las desastrosas experiencias de privatización alrededor del mundo. Ahí están las evidencias claras de lo que nos podría esperar si se aprueba el proyecto de Ley de Armonización. Este es un proyecto de ley anacrónico, que busca imitar lo peor y desmantelar lo que hasta ahora ha funcionado bastante bien.

Mientras en Costa Rica se pretende privatizar el sistema eléctrico, en otros países (como España) sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho y, más bien, plantean la necesidad de re-estatizarlo.