Llaman a enviar cartas a las diputaciones para pedir el archivo del expediente 23.414 que es una amenaza para el modelo eléctrico solidario
Las organizaciones del movimiento que defiende el modelo solidario del servicio de electricidad hacen un llamado urgente a la ciudadanía y a las organizaciones sociales. Piden enviar de nuevo cartas a las personas diputadas para solicitar el rechazo y el archivo definitivo del expediente legislativo n.º 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.
Para facilitar el envío, el movimiento preparó dos propuestas de carta, cada uno con sus listas de correos y recomendaciones. SURCOS comparte esta información con los textos originales que el movimiento envió a nuestra redacción. Este es el material propuesto para esta campaña:
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Carta de oposición dirigida a las 57 diputaciones, para solicitar que voten en contra del proyecto y apoyen su archivo definitivo.
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Carta específica dirigida a las 17 diputaciones del Partido Liberación Nacional (PLN). Según el movimiento, “parece que algunas diputaciones se están torciendo a favor del proyecto”.
Las preocupaciones del movimiento
En la carta dirigida a todas las diputaciones, el movimiento sostiene que el proyecto amenaza el modelo eléctrico solidario construido durante décadas. Ese modelo ha permitido una cobertura eléctrica superior al 99 %, estabilidad, acceso universal y una matriz predominantemente renovable. El movimiento advierte que la iniciativa debilitaría las capacidades estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y daría más participación a intereses privados en decisiones fundamentales del sistema. También trasladaría mayores costos y riesgos a las personas usuarias.
Entre los principales señalamientos están los siguientes:
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Nueva institucionalidad: la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), al que se trasladarían funciones de operación y planificación que hoy dependen de capacidades técnicas acumuladas por el país.
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Planificación: el paso de una planificación directiva y vinculante a una planificación indicativa, en la que las señales del mercado tendrían un papel determinante en las decisiones de inversión.
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Tarifas: la posibilidad de que los grandes consumidores compren electricidad directamente a empresas generadoras privadas. Según el movimiento, eso podría trasladar una mayor carga tarifaria a las personas usuarias residenciales, a los pequeños comercios y a los sectores empobrecidos.
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Beneficios del mercado regional: la pérdida de los beneficios que hoy recibe la población por las operaciones del ICE en el Mercado Eléctrico Regional.
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Estabilidad del sistema: riesgos para la estabilidad y la confiabilidad, como volatilidad de precios, sobreinstalación de generación y más necesidad de infraestructura de respaldo.
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Ambiente y soberanía: riesgos ambientales y territoriales por mayores incentivos para proyectos privados en ríos y cuencas, y riesgos para la soberanía energética.
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Dirección de Planificación del ICE: según han denunciado organizaciones del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, el Consejo Directivo del ICE acordó disolver la Dirección de Planificación y Sostenibilidad de la Gerencia de Electricidad el 22 de setiembre de 2026. Las organizaciones lo consideran una posible implementación anticipada del proyecto mientras este sigue en discusión legislativa.
La carta recuerda también que en mayo de 2026 una amplia movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales y comunitarias logró que el proyecto no alcanzara los 38 votos requeridos para su aprobación.
La carta dirigida a la fracción del PLN expresa preocupación por la información de que algunas de sus diputaciones habrían cambiado de posición y estarían votando a favor del proyecto en segundo debate. Les recuerda el compromiso que asumieron como bloque legislativo en defensa del Estado social de derecho.
Cómo enviar las cartas
En los dos casos, cada organización o persona puede elegir entre dos opciones:
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Opción 1: enviar un solo correo-e a todas las personas diputadas de la lista correspondiente, con el asunto sugerido y la carta.
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Opción 2: enviar una carta individual a cada persona diputada, con un encabezado personalizado. Las cartas individuales ya están preparadas en los documentos que pueden descargarse al final de esta nota. Cada carta empieza en una página nueva.
En la carta dirigida a las 57 diputaciones se puede agregar, de forma opcional, un considerando décimo sobre la posición específica de la organización, movimiento, colectivo o persona firmante. El movimiento aclara que ese punto es solo por si desean añadirlo: “en estos momentos lo urgente es el envío de la carta a las personas diputadas”. Si no se usa, debe borrarse completo.
Acción 1. Carta de oposición a las 57 diputaciones
Asunto sugerido:
Solicitud de rechazo y archivo definitivo del expediente legislativo N.° 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”
Direcciones de correo-e (57):
claudia.dobles@asamblea.go.cr; alvaro.ramirez@asamblea.go.cr; iztaru.alfaro@asamblea.go.cr; rafael.vargasb@asamblea.go.cr; andrea.valverde@asamblea.go.cr; marco.badilla@asamblea.go.cr; diana.murillo@asamblea.go.cr; eder.hernandez@asamblea.go.cr; karen.alfaro@asamblea.go.cr; janice.sandi@asamblea.go.cr; salvador.padilla@asamblea.go.cr; victor.hidalgo@asamblea.go.cr; angela.aguilar@asamblea.go.cr; ronald.campos@asamblea.go.cr; karol.matamoros@asamblea.go.cr; norjelens.lobo@asamblea.go.cr; jesus.calderon@asamblea.go.cr; mangell.mclean@asamblea.go.cr; abril.gordienko@asamblea.go.cr; nogui.acosta@asamblea.go.cr; kattya.mora@asamblea.go.cr; stephan.brunner@asamblea.go.cr; mayuli.ortega@asamblea.go.cr; gonzalo.ramirez@asamblea.go.cr; anna.muller@asamblea.go.cr; antonio.barzuna@asamblea.go.cr; esmeralda.britton@asamblea.go.cr; jose.villalobos@asamblea.go.cr; zaira.murillo@asamblea.go.cr; gerald.bogantes@asamblea.go.cr; grethel.avila@asamblea.go.cr; wilson.jimenez@asamblea.go.cr; kattia.ulate@asamblea.go.cr; fernando.obaldia@asamblea.go.cr; cindy.blanco@asamblea.go.cr; roberth.barrantes@asamblea.go.cr; yara.jimenez@asamblea.go.cr; marta.esquivel@asamblea.go.cr; juan.quesada@asamblea.go.cr; nayuribe.guadamuz@asamblea.go.cr; daniel.siezar@asamblea.go.cr; cindy.murillo@asamblea.go.cr; royner.mora@asamblea.go.cr; mariaisabel.camareno@asamblea.go.cr; ariel.mora@asamblea.go.cr; anaruth.esquivel@asamblea.go.cr; osvaldo.artavia@asamblea.go.cr; kristel.ward@asamblea.go.cr; reynaldo.arias@asamblea.go.cr; kattia.calvo@asamblea.go.cr; josemaria.villalta@asamblea.go.cr; vianey.mora@asamblea.go.cr; antonio.trejos@asamblea.go.cr; edgardo.arayaa@asamblea.go.cr; sigrid.segura@asamblea.go.cr; joselyn.saenz@asamblea.go.cr; meroman@asamblea.go.cr
Carta sugerida:
Señoras Diputadas y Señores Diputados
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Estimables señoras diputadas y señores diputados:
Reciban un cordial saludo.
Por medio de la presente, nos dirigimos respetuosamente para manifestar nuestra firme oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y solicitarle que vote en contra de esta iniciativa, así como que apoye su archivo definitivo.
Consideramos que este proyecto representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que Costa Rica ha construido durante décadas y que ha permitido garantizar una amplia cobertura, estabilidad, acceso universal y una matriz eléctrica predominantemente renovable.
Asimismo, advertimos que la iniciativa debilitará las capacidades estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), favorece una mayor participación de intereses privados en decisiones fundamentales del sistema eléctrico y trasladará mayores costos y riesgos a las personas usuarias.
Por estas razones, exponemos lo siguiente:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La electricidad como servicio público esencial y derecho de la población.
Que la electricidad constituye un servicio esencial para la vida cotidiana, la educación, el trabajo, la producción nacional y el bienestar de la población, por lo que las decisiones relativas a su generación, transmisión, distribución, planificación y comercialización deben responder prioritariamente al interés público y no a criterios de rentabilidad privada.
Que Costa Rica ha alcanzado una cobertura eléctrica superior al 99% y una elevada participación de fuentes renovables en su matriz eléctrica, los cuales son logros que constituyen un patrimonio colectivo construido en décadas de inversión pública, planificación y desarrollo de capacidades técnicas e institucionales.
Que este modelo ha permitido democratizar el acceso a la electricidad y garantizar que comunidades rurales, costeras, fronterizas y alejadas también formen parte del sistema eléctrico nacional, lo que contribuye a reducir desigualdades territoriales y sociales.
SEGUNDO: La defensa del modelo eléctrico solidario y del papel estratégico del ICE.
Que el modelo eléctrico costarricense ha sido desarrollado sobre principios de solidaridad, planificación pública y articulación institucional, con el ICE como actor fundamental en la conducción y expansión del Sistema Eléctrico Nacional.
Que el expediente N.° 23.414 pretende modificar sustancialmente este modelo, debilitará las funciones históricas del ICE y trasladará competencias estratégicas hacia nuevas estructuras y mecanismos de mercado.
Que la propuesta contempla la creación del denominado Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), al cual se pretenden trasladar funciones fundamentales relacionadas con la operación, planificación y funcionamiento del sistema eléctrico, e introduce una nueva estructura institucional en un ámbito donde el país ha acumulado durante décadas capacidades técnicas y experiencia especializada.
Que una transformación de esta naturaleza no constituye una simple modernización administrativa, sino un cambio profundo en la forma de organizar, planificar y gobernar uno de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
TERCERO: El riesgo de fragmentación y debilitamiento de la planificación pública del sistema eléctrico.
Que el proyecto sustituye el esquema de planificación directiva y vinculante que históricamente ha permitido al país ordenar el desarrollo de su matriz eléctrica por un modelo de planificación indicativa, en el cual las señales del mercado adquieren un papel determinante en las decisiones sobre las nuevas inversiones y fuentes de generación.
Que la planificación eléctrica requiere considerar de manera integrada la seguridad energética, la disponibilidad de recursos, las necesidades futuras de demanda, la confiabilidad del sistema, los tiempos de construcción de infraestructura y el equilibrio entre fuentes de energía firme y variable.
Que trasladar estas decisiones fundamentales a una lógica predominantemente de mercado generará fragmentación, sobreinstalación de capacidad, mayores necesidades de infraestructura de respaldo, volatilidad de precios y dificultades para garantizar oportunamente la expansión y confiabilidad del sistema.
Que, por tanto, la defensa de la planificación pública y de las capacidades técnicas acumuladas por el ICE constituye una condición fundamental para preservar la seguridad energética y el interés público.
CUARTO: El riesgo de aumento de las tarifas eléctricas y de mayores costos para la población.
Que el expediente N.° 23.414 establece mecanismos que permitirían a grandes consumidores adquirir electricidad directamente de empresas generadoras privadas, modificando el actual esquema solidario mediante el cual los distintos sectores participan de un sistema integrado.
Que esta fragmentación puede reducir los ingresos con los cuales actualmente se financian costos comunes, inversiones y expansión del sistema eléctrico, y traslada una mayor carga relativa de las tarifas hacia las personas usuarias residenciales, pequeños comercios y, en general, a los sectores más empobrecidos del país.
Que, además, la creación de nuevas estructuras institucionales y mecanismos de mercado supone costos adicionales de operación, regulación y administración que, en última instancia, se trasladarán a la ciudadanía.
Que el actual modelo también permite que los ingresos obtenidos por el ICE mediante sus operaciones en el Mercado Eléctrico Regional contribuyan a beneficiar a la población costarricense mediante los mecanismos tarifarios establecidos por la regulación vigente; por lo que una mayor participación privada en dichas operaciones significará la pérdida de estos beneficios colectivos.
Que, en consecuencia, no resulta aceptable que bajo el discurso de la modernización se impulse una transformación cuyos costos y riesgos terminarán siendo asumidos por las familias, las personas trabajadoras, los pequeños comercios y los sectores sociales con menor capacidad económica.
QUINTO: Las amenazas para la seguridad, estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Que Costa Rica ha construido un sistema eléctrico caracterizado por altos niveles de cobertura, estabilidad y participación de fuentes renovables, lo cual resulta de una planificación integrada y de las capacidades técnicas desarrolladas por el ICE y las demás instituciones que conforman el sistema.
Que la generación eléctrica no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la competencia y el precio de corto plazo, pues requiere garantizar en todo momento el equilibrio entre generación y demanda, así como contar con suficiente energía firme y capacidad de respaldo.
Que los cambios hacia mercados eléctricos liberalizados pueden generar fenómenos como volatilidad de precios, sobreinstalación de generación y necesidad de nuevas inversiones en infraestructura de respaldo, con consecuencias tanto económicas como operativas.
Que la experiencia internacional sustenta esta posición y evidencia los riesgos que pueden surgir cuando la expansión de la generación y la infraestructura eléctrica no se articula mediante una planificación conjunta de largo plazo.
SEXTO: Los riesgos ambientales, territoriales y para la soberanía energética.
Que una apertura mayor del mercado de generación puede incrementar los incentivos para desarrollar proyectos privados de generación eléctrica en ríos, cuencas y territorios, sin que necesariamente prevalezcan las necesidades sociales, ambientales y territoriales del país.
Que los recursos naturales utilizados para producir electricidad constituyen bienes estratégicos del país y deben ser gestionados bajo criterios de interés público, sostenibilidad ambiental, soberanía y protección de las comunidades.
Que Costa Rica ha construido su liderazgo internacional en materia de transición energética sobre la base de una planificación pública de sus recursos y de una matriz predominantemente renovable, por lo que cualquier modificación del modelo eléctrico debe preservar y fortalecer, y no poner en riesgo, estos logros.
Que la electricidad y los recursos naturales que permiten producirla no deben convertirse en simples mercancías subordinadas a la lógica de maximización del lucro privado.
SÉTIMO: La preocupante disolución de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad del ICE.
Que la Dirección de Planificación y Sostenibilidad (DPS) de la Gerencia de Electricidad del ICE ha desempeñado históricamente un papel fundamental en la elaboración del Plan de Expansión de la Generación y en la planificación del desarrollo eléctrico nacional.
Que, según ha sido denunciado públicamente por organizaciones integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, el Consejo Directivo del ICE acordó disolver dicha Dirección el 22 de setiembre de 2026.
Que resulta particularmente preocupante que esta decisión institucional se produzca mientras el expediente N.° 23.414 continúa pendiente de discusión legislativa, pues podría significar, en la práctica, la implementación anticipada de transformaciones institucionales asociadas con un proyecto que todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.
Que la reciente reactivación de la discusión legislativa obliga a las personas diputadas a ejercer una especial vigilancia sobre cualquier modificación institucional que pueda comprometer las capacidades del ICE.
OCTAVO: La necesidad de preservar un modelo eléctrico al servicio del interés público.
Que el expediente N.° 23.414 no debe ser valorado únicamente como una reforma técnica o administrativa, pues modifica la relación entre el Estado, el ICE, las empresas privadas, las familias costarricenses y los recursos energéticos del país.
Que se encuentra en discusión quién planificará el desarrollo eléctrico nacional, bajo qué criterios se toman las decisiones estratégicas, quién controla los recursos energéticos y quién recibe los beneficios derivados de su explotación.
Que la electricidad debe continuar siendo entendida como un servicio público esencial y como un componente fundamental de las condiciones materiales para una vida digna, y no como una mercancía subordinada a los intereses de los grandes actores económicos.
NOVENO: La responsabilidad de la Asamblea Legislativa ante una reforma de esta trascendencia.
Que corresponde a la Asamblea Legislativa proteger el interés público, la institucionalidad nacional y los derechos de la población, particularmente cuando se encuentran en juego servicios públicos estratégicos y bienes naturales de importancia nacional.
Que el propio proceso legislativo relacionado con el expediente N.° 23.414 ha sido objeto de señalamientos técnicos y jurídicos, incluyendo advertencias sobre problemas de legalidad y constitucionalidad y sobre la necesidad de realizar ajustes al texto.
Que, en mayo de 2026, una amplia movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales, comunitarias y de diversos sectores de la sociedad costarricense expresó públicamente su repudio y oposición al proyecto, con lo que se logró que este no alcanzara los 38 votos requeridos para su aprobación.
[DÉCIMO (opcional): Posición específica de la organización, movimiento, colectivo o persona firmante. Si no desea agregarlo, borre todo este punto.]
POR TANTO:
Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos respetuosamente a usted, en su condición de persona diputada de la República, que vote en contra del expediente legislativo N.° 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y que apoye su archivo definitivo.
Asimismo, le solicitamos que, en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y políticas, contribuya a preservar el modelo eléctrico solidario costarricense, el carácter estratégico del ICE, la planificación pública del Sistema Eléctrico Nacional, el acceso universal a la electricidad y la protección de los recursos naturales y de los intereses de la población.
Consideramos que Costa Rica no necesita desmontar un modelo que ha permitido alcanzar elevados niveles de cobertura, estabilidad y generación renovable.
Por el contrario, el país requiere fortalecer las capacidades del ICE y garantizar que la política energética responda al interés colectivo y a las necesidades de las actuales y futuras generaciones.
Defender el modelo eléctrico solidario significa también defender la soberanía nacional, la justicia social, los bienes comunes, la protección ambiental y el derecho de toda la población a acceder a servicios públicos esenciales bajo condiciones de calidad, estabilidad y equidad.
Saludos cordiales.
Acción 2. Carta a las 17 diputaciones del PLN
Asunto sugerido:
Preocupante información sobre la posición de personas diputadas del PLN frente al Proyecto de “Armonización” del Sistema Eléctrico Nacional
Direcciones de correo-e (17):
alvaro.ramirez@asamblea.go.cr; andrea.valverde@asamblea.go.cr; eder.hernandez@asamblea.go.cr; diana.murillo@asamblea.go.cr; angela.aguilar@asamblea.go.cr; karol.matamoros@asamblea.go.cr; karen.alfaro@asamblea.go.cr; jesus.calderon@asamblea.go.cr; janice.sandi@asamblea.go.cr; iztaru.alfaro@asamblea.go.cr; victor.hidalgo@asamblea.go.cr; salvador.padilla@asamblea.go.cr; ronald.campos@asamblea.go.cr; rafael.vargasb@asamblea.go.cr; norjelens.lobo@asamblea.go.cr; marco.badilla@asamblea.go.cr; mangell.mclean@asamblea.go.cr
Carta sugerida:
Señoras Diputadas y Señores Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN)
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Estimables señoras diputadas y señores diputados:
Reciban un cordial saludo.
Durante los últimos días ha circulado un rumor de que algunas personas diputadas del PLN habrían cambiado de posición y estarían votando a favor del mal llamado proyecto de Ley de Armonización Eléctrica en el segundo debate legislativo. Esta posibilidad ha encendido todas las alarmas en el movimiento social y en el pueblo de Costa Rica en general, pues, como ya se ha discutido ampliamente, este proyecto de ley es básicamente un nuevo intento de privatización y desmantelamiento del exitoso modelo eléctrico costarricense.
Este proyecto de ley no tiene nada de novedoso; representa un caso más de la vieja receta privatizadora de los años 1990, que alrededor del mundo ha tenido consecuencias nefastas sobre la gestión de los sistemas eléctricos. Amplia evidencia y datos dan cuenta de los resultados desastrosos de este tipo de políticas, por ejemplo, fuertes aumentos en tarifas eléctricas residenciales y de pequeños comercios, deterioro en la calidad de los sistemas eléctricos (que se expresa en apagones, fluctuaciones y mayor inestabilidad de la corriente) y una captura corporativa de los espacios de toma de decisión en el sector eléctrico, dominados por puertas giratorias y conflictos de intereses. En fin, se trata de un proyecto de ley intencionado para que grandes actores económicos se apropien de un patrimonio socialmente construido durante décadas y monten un millonario negocio privado, del cual el pueblo de Costa Rica no recibiría beneficio alguno.
La posibilidad de que algunas personas diputadas del PLN apoyen este proyecto de ley también preocupa mucho por lo que esto significa en la actual coyuntura política nacional. Estamos atravesando uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país, con un gobierno –y su respectiva fracción legislativa– que han dado claras señales de autoritarismo y total falta de respeto por los principios democráticos más básicos, como lo es la división de poderes. Ni hablar de las evidencias cada vez mayores que vinculan a este partido político con estructuras del crimen organizado y grandes esquemas de corrupción e impunidad. Apoyar el proyecto de ley de “armonización” eléctrica es apoyar un proyecto político de mayor alcance, el cual amenaza con destruir la democracia costarricense y los principios básicos de convivencia social.
Mientras en otros países del mundo se está discutiendo seriamente la necesidad de re-estatizar los sistemas eléctricos debido a los pésimos resultados de las privatizaciones, en Costa Rica se está impulsando el proyecto de ley de “armonización”, ignorando toda la evidencia disponible a partir de las experiencias internacionales. Inclusive, Costa Rica es reconocida a nivel mundial por poseer un modelo eléctrico altamente exitoso y ejemplar, con altos estándares de calidad, servicio al costo, acceso universal y soberanía energética. Desde luego que hay aspectos por mejorar, pero este proyecto de ley no atiende dichos aspectos sino que más bien vendría a destruir lo que sí funciona bien e imitar lo peor que se ha hecho en otros países.
Como ciudadanía organizada, crítica y preocupada por el bienestar de nuestro país, les recordamos la enorme responsabilidad que tienen en sus manos. Una mala decisión puede provocar un daño enorme a la sociedad costarricense, el ambiente y las futuras generaciones, el cual luego resultaría muy difícil de revertir. Les recordamos también el compromiso que ustedes han asumido como bloque democrático legislativo en defensa del Estado Social de Derecho, el cual se encuentra más amenazado que nunca. Esperamos que cumplan con su palabra y que no traicionen al pueblo de Costa Rica, que ya tiene suficientes problemas como para meterse en uno más. Estaremos vigilantes y, si fuera el caso, listos/as para convocar grandes movilizaciones.
Atentamente.
Documentos originales con las cartas individualizadas y recomendaciones (cada carta con el encabezado y el correo-e de la persona diputada):
