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Etiqueta: OES-UNA

Análisis de la coyuntura fiscal a agosto del año 2023

Escrito el . Publicado en Derechos.

OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL
ESCUELA DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Con el fin de contribuir a entender el estado de situación de la economía nacional, el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA presenta este breve análisis de la situación fiscal del país, al cierre de los dos primeros cuatrimestres del año 2023. Considerando la situación que vive Costa Rica, entender el estado de las finanzas públicas es importante, con el objetivo de visualizar las posibilidades que la política pública tendrá en los próximos meses y años. Este documento hará un análisis enfocado en tres áreas: ingresos públicos, gasto público y el resultado fiscal. También se aportará un análisis actualizado de las estimaciones sobre la evolución futura del endeudamiento público, considerando los últimos datos disponibles.

INGRESOS

En el caso de los ingresos públicos, su comportamiento, expresado como porcentaje del PIB, es el siguiente al concluir el mes de agosto para el caso de los años mostrados:

Cuadro 1

Ingresos del gobierno central con respecto al PIB, 2020-2023, acumulados a agosto

 

2020

2021

2022

2023

INGRESOS TOTALES

7,86%

10,02%

10,85%

10,03%

Ingresos Tributarios

7,21%

8,69%

9,14%

8,97%

Impuesto a los ingresos y utilidades

2,80%

3,32%

3,56%

3,43%

Sobre importaciones

0,21%

0,28%

0,23%

0,23%

Sobre exportaciones

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

IVA

2,64%

3,23%

3,20%

3,28%

   Interno

1,71%

1,96%

2,03%

2,07%

   Aduanas

0,93%

1,27%

1,17%

1,21%

Selectivo de Consumo

0,22%

0,31%

0,29%

0,38%

   Interno

0,01%

0,02%

0,02%

0,02%

   Aduanas

0,21%

0,30%

0,27%

0,36%

Otros ingresos tributarios

1,33%

1,53%

1,45%

1,64%

Ingresos no tributarios

0,65%

1,33%

1,71%

1,06%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos totales presentan una reducción al cierre de los dos primeros cuatrimestres, explicado por una caída relativamente pequeña de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (un 0,17% menos) y una reducción de otros ingresos no tributarios, que explicarían la mayor parte de la caída, en relación con lo observado en el año 2022, dejando los ingresos totales en niveles similares a los del 2021. En cuanto al comportamiento por rubro de ingreso, en el caso del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) este año hay una reducción de la recaudación de este impuesto con respecto al comportamiento del año 2022 como porcentaje del PIB, que se explica por el pequeño crecimiento nominal de la recaudación del impuesto sobre la renta en el mes de marzo, mes en que cerraba el plazo para pagar el impuesto correspondiente a la liquidación de renta del año fiscal 2022. Al cierre de los primeros ochos meses del presente año la recaudación del impuesto a los ingresos y utilidades crece un 1,9%, cuando en el mismo plazo del año anterior crecía un 18,2%.

En cuanto al comportamiento del rubro de impuesto a los ingresos y utilidades, el rubro más afectado es el cobro del impuesto a los ingresos y utilidades a personas físicas, que al mes de agosto decrece un 1,1%, situación que se presenta debido al congelamiento salarial en el sector público, vigente desde el año 2020, así como el bajo crecimiento de los salarios en el sector privado. En el caso del rubro de impuesto a los ingresos y utilidades de las personas jurídicas, el crecimiento es de un 5,0%, lo que sería explicado por el bajo crecimiento de algunos sectores y el aumento en el precio de algunas materias primas durante el año 2022, que habría impactado los gastos deducibles y reducido la renta neta de las empresas. En el caso del impuesto a las remesas al exterior, que grava los ingresos obtenidos en el país por personas físicas o jurídicas no residentes, también se reduce en los dos primeros cuatrimestres del 2023, con una tasa de crecimiento del -7,2%, mientras que en el mismo periodo del 2022 había crecido un 23,1%.

En el caso del impuesto al valor agregado, la situación es contrastante con la recaudación del impuesto a los ingresos y utilidades, pues al mes de agosto del 2023 el porcentaje de recaudación con respecto al PIB crece en relación con el año anterior, incluso siendo mayor, en términos del PIB, al de los 3 años previos. En los primeros ocho meses de este año, la recaudación del IVA con respecto al PIB crece en el caso de lo recaudado por el cobro a transacciones internas como en lo recaudado en las aduanas. En cuanto a su tasa de crecimiento, a agosto del 2023 el IVA crece un 8,4% con respecto a los primeros ochos meses del 2022, mientras que en el mismo periodo del año 2022 crecía un 9,1% con respecto al 2021. Hay un mayor dinamismo en el IVA recaudado en aduanas, que crece un 9,7% al cierre de agosto del 2023, luego de crecimiento de apenas 1,1% en mismo periodo del 2022, mientras que la recaudación interna del IVA crece un 7,6% en los primeros dos cuatrimestres del 2023, cuando en el mismo periodo del 2022 crecía un 14,3%.

El impuesto selectivo de consumo también tiene una mayor participación en los ingresos tributarios a agosto del 2023, alcanzando un 0,38% del PIB, lo que se explicaría por una mayor importación de vehículos en el presente año, mientras que en el mismo periodo del 2022 el selectivo de consumo había alcanzado un 0,29% del PIB. En este caso, también, el mayor dinamismo proviene del impuesto selectivo de consumo cobrado en aduanas, que en los primeros ocho meses del 2023 crece un 41,3%, cuando en el mismo periodo del año anterior crecía un 1,1%. Por otra parte, en cuanto a la recaudación del selectivo cobrada dentro del país apenas creció 0,4% al cierre de agosto del 2023, mientras en el mismo periodo del año anterior crecía un 9,9%.

En el rubro de otros impuestos, en el que Hacienda clasifica varios impuestos menores y dentro de los que se incluye el impuesto único a los combustibles (el más grande de todos en esta clasificación), también mejoró con respecto al PIB, alcanzando un 1,64% de este indicador. El rubro de otros impuestos crece al mes de agosto del 2023 un 14,1%, mientras en el mismo periodo del 2022 crecía apenas un 3,4%. El impuesto único a los combustibles, que significa el 60% de la recaudación clasificada como “otros”, creció en los primeros dos cuatrimestres del 2023 un 15,3%, mientras en ese periodo del 2022 la recaudación del impuesto único crecía un -4,1%. La diferencia en las tasas de comportamiento de este impuesto, se deben al comportamiento de los precios de los combustibles en el país, pues mientras en el año 2022 el precio alcanzó niveles récord y se reducía el consumo, la reducción del precio a finales del 2022 y durante los primeros meses del 2023, habrían impulsado el consumo de combustibles y con ello la recaudación del impuesto único[1].

El OES ha venido analizando el comportamiento de los ingresos tributarios mediante el comportamiento interanual de la recaudación de impuestos, usando para eso los datos fiscales mensuales. En ese sentido cabe indicar que el comportamiento de los ingresos tributarios totales muestra una desaceleración importante desde finales del 2022 y que se hizo más marcada en los últimos meses, como se verá en el gráfico 1. De continuar ese ritmo, lo que se esperaría sobre todo teniendo en cuenta la importante reducción de ingresos que habrá al final del año 2023, como consecuencia del recorte en el impuesto a la propiedad de vehículos, es que el crecimiento de los ingresos tributarios quedaría por debajo del crecimiento del PIB nominal y con eso la carga tributaria (ingresos tributarios / PIB) del 2023 se reduciría, lo que iría en sentido contrario a lo esperado por la reforma fiscal del 2018.

[1] Hay que recordar que el impuesto único a los combustibles grava el litro de combustible, no usa como base imponible el precio, por lo que la recaudación de este impuesto depende del volumen vendido y del valor facturado.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Al revisar el comportamiento individualizado de los diferentes rubros de impuesto, hay una desaceleración en los principales tributos, pero con ritmos diferenciados en cada caso. El impuesto a los ingresos y utilidades (renta) sufre la desaceleración más marcada, que se evidencia a partir de marzo del 2023, luego del pobre crecimiento de este impuesto en la declaración anual del 2022. Mientras tanto el IVA tuvo vaivenes importantes en los últimos 24 meses, con crecimientos por encima del 30% en algún momento, hasta llegar a decrecimientos en marzo del presente año, con una recuperación posterior y una moderación reciente en su tasa de crecimiento. En el caso del rubro de otros impuestos, se vio afectado en el cierre del 2022 por la caída en la recaudación del impuesto a los combustibles, aunque esto lo compensó una mayor recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos al cierre del 2022 e inicios del 2023, sin embargo, al cierre del 2023 la caída en la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos afectará el comportamiento de este rubro de ingresos.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

GASTO PÚBLICO

En cuanto al gasto público el movimiento en meses y años recientes sí tienen una tendencia clara, que es la reducción de este indicador, que solo ha visto aumentar el gasto en intereses, a pesar de los ajustes fiscales en años recientes, la reducción del déficit financiero del año anterior y el ajuste a la baja en las tasas domésticas durante este 2023. En el caso del gasto en remuneraciones con respecto al PIB, por ejemplo, a agosto del presente año se alcanzó el menor porcentaje de gasto de los últimos años, lo que hace prever que este indicador cerrará el presente año con un nivel similar al observado a finales de la primera década del 2000, manteniendo su tendencia a la reducción de los últimos años. Esto es consecuencia de la aplicación del congelamiento salarial que se introdujo en el año 2020, en atención de la pandemia del Covid19, y del congelamiento salarial que empezó a aplicarse posteriormente como consecuencia de la vigencia de la regla fiscal.

Al cierre de los dos primeros cuatrimestres del 2023 las remuneraciones crecen un 1,4%, mientras en el mismo periodo crecía un 0,5%. La diferencia entre los dos años se explica por el crecimiento del gasto en contribuciones sociales, pues estas crecen un 5,9% al tiempo que la partida de sueldos y salarios crece un 0,4% a agosto del 2023. La partida de bienes y servicios, la que concentra las compras del gobierno, sigue siendo una partida muy pequeña que no varía mucho del año pasado a este y no afecta los números oficiales.

La partida con más crecimiento de los últimos años es la del pago de intereses de la deuda pública, que alcanza un 3,43% al cierre de agosto y que se aproxima a un nivel máximo histórico al terminar el 2023. Aunque el pago de intereses de deuda externa ha crecido en relación con el PIB en los últimos años, lo que está acorde con el aumento en el uso del financiamiento externo para cubrir el déficit financiero y los vencimientos de deuda de los últimos años, la mayor parte de los intereses se pagan por la emisión de deuda interna. Los intereses de deuda interna alcanzaron un 2,92% del PIB en los primeros ocho meses del 2023, mientras que en el mismo periodo del 2022 este gasto llegaba a un 2,98%. En general el gasto en intereses de la deuda pública crece un 6,2% a agosto, lo que significa un crecimiento menor al del año anterior, que fue de un 11,9%.

Cuadro 2

Gastos del gobierno central con respecto al PIB, 2020-2023, acumulados a agosto

 

2020

2021

2022

2023

GASTOS TOTALES

13,57%

13,33%

12,37%

12,08%

Gastos corrientes

12,95%

12,52%

11,69%

11,36%

Remuneraciones

4,37%

4,18%

3,81%

3,66%

Bienes y Servicios

0,34%

0,43%

0,40%

0,38%

Intereses   

3,12%

3,36%

3,41%

3,43%

         Deuda Interna

2,69%

2,96%

2,98%

2,92%

         Deuda externa

0,43%

0,41%

0,43%

0,51%

Transferencias

5,13%

4,55%

4,07%

3,90%

         Sector Privado

1,79%

1,48%

1,36%

1,32%

         Sector Publico

3,13%

3,01%

2,70%

2,53%

         Sector Externo

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Gastos de Capital

0,61%

0,81%

0,67%

0,71%

         Inversión

0,08%

0,35%

0,28%

0,33%

        Transferencias

0,53%

0,46%

0,40%

0,39%

        Transferencias con recurso externo

0,03%

0,08%

0,06%

0,02%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

La partida de transferencias es la que decrece de forma más pronunciada, sobre todo las transferencias al sector público, que engloba la movilización de recursos desde el gobierno central hacia entidades autónomas o semiautónomas, incluyendo recursos para el financiamiento del gasto social. Estas transferencias alcanzan un 2,53% del PIB a agosto del 2023, luego de que en el mismo periodo del 2022 fueran de 2,70% del PIB y que en los primeros ocho meses del 2021 alcanzaran un 3,01% del PIB. Por otra parte, las transferencias al sector privado también se han reducido, de forma menos marcada, pero sostenida. Las transferencias corrientes al sector privado llegaron a un 1,32% en los dos primeros cuatrimestres del 2023, mientras que en el mismo periodo del 2022 llegaba a un 1,36%. Las transferencias corrientes al sector privado, que reflejan principalmente el gasto del gobierno en el pago de pensiones con cargo al presupuesto nacional, han venido reduciéndose sostenidamente en los últimos años, como consecuencia de las leyes aprobadas en los anteriores gobiernos para limitar el crecimiento de esta partida.

En cuanto al gasto de capital con respecto al PIB este ha variado relativamente poco este año, tanto con respecto al 2022 como en relación con lo gastado en el 2021, aunque sí ha tenido variaciones importantes en su tasa de crecimiento. A agosto del 2023 el gasto de capital con respecto al PIB alcanza un 0,71%, mientras en el mismo periodo del 2022 fue de 0,67% del PIB y en el 2021 fue de 0,81% del PIB. En cuanto a tasas de crecimiento, a agosto del 2023 el gasto de capital crece un 12,4%, mientras que en el mismo periodo del 2022 crecía un -8,2% y en los primeros ocho meses del 2021 crecía un 44,8%. Esta variabilidad se debe a los diferentes ritmos de ejecución de proyectos de infraestructura, sobre todo vial, y a los cambios en la planificación de las transferencias de capital.

En el caso del gasto público también se ha hecho un análisis interanual de la evolución de este indicador, igualmente usando los datos mensuales. En este caso, la evolución interanual del gasto ha sufrido variaciones en función del movimiento del gasto en intereses y de los movimientos en el gasto de capital, reflejando distintas tasas de crecimiento interanual en los últimos dos años, aunque con las tasas de los últimos meses se crece por debajo del crecimiento esperado del PIB nominal para el 2023, lo que garantiza que el peso del gasto con respecto al PIB se reduzca y con eso el aporte del gasto del gobierno en la demanda agregada nacional.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

La evolución interanual de las principales partidas de gasto muestra diferencias importantes en los últimos meses, con un crecimiento muy bajo en el caso de los rendimientos, variabilidad en el crecimiento del gasto en intereses y un crecimiento del gasto en transferencias que ha reflejado caídas a lo largo de los últimos meses y ha contribuido a disminuir el peso de las transferencias dentro del gasto total. El gasto de capital que ha pasado de crecimientos negativos a crecimientos por encima del 30%, para luego estancarse y volver a crecer, lo que responde a la variabilidad en la ejecución de estos recursos. En general las partidas de gasto, a diferencia de las partidas de ingreso, no muestran una tendencia definida, aunque sí han venido reduciendo su tasa de crecimiento, lo que ha ayudado a reducir el gasto público en relación con el PIB.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

RESULTADO FISCAL

Al mes de agosto el país mantiene un superávit primario en un nivel importante, aunque se reduce con respecto a lo observado en el mismo periodo del 2022. En los primeros ocho meses del año el superávit primario alcanzó un 1,39% del PIB, para el mismo periodo del 2022 el superávit primario fue de 1,91%, la reducción se explica por la caída en los ingresos totales, pues el gasto público sin intereses más bien se redujo un 0,3% del PIB. En cuanto al resultado financiero, el déficit a agosto del 2023 fue de 2,04% del PIB, mayor al déficit a agosto del 2022 que fue de 1,50% del PIB.

Una mayor dinámica en cuanto al pago de intereses, una caída en el crecimiento de los ingresos al cierre del 2023, que vendría a ser impulsada además por la pérdida de recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, al tiempo que el resto del gasto público mantiene el comportamiento de meses recientes, harían que el déficit financiero del 2023 sea mayor al del año 2022. El Observatorio Económico y Social prevé que el déficit financiero del 2023 se ubique por encima del 3% del PIB, con esos números la deuda del gobierno central podría ubicarse entre un 62,5% y 63,5% del PIB, suponiendo que el crecimiento del 2023 se mantiene en el nivel previsto por el Banco Central y que no hay un cambio brusco de tendencia en la inflación del presente año.

El espacio de ajuste por el lado del gasto se estaría acabando, en la medida que el financiamiento de algunos rubros de gasto urge de una mayor asignación de recursos, como el caso de la seguridad o los programas de ayudas sociales, a fin de evitar un deterioro social mayor. En ese sentido, debe evitarse un debilitamiento adicional del sistema tributario, con reducciones adicionales de impuestos, como pasó con el impuesto a la propiedad de vehículos, o la pérdida de potestades de la administración tributaria, como sucedió con la reforma reciente del impuesto sobre la renta, pues el deterioro de los ingresos públicos afectaría la posición fiscal del país y complicaría la asignación de recursos adicionales a las prioridades del país.

Finalmente, reiteramos la necesidad de impulsar una política pública que reduzca el costo del financiamiento de la deuda pública, pues el país está consumiendo una cantidad cada vez mayor de recursos en el pago de intereses, que podrían ser utilizados en la atención de necesidades apremiantes de la población.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
18 de octubre de 2023

OES recomienda no aprobar la rebaja del impuesto a la propiedad de vehículos

Escrito el . Publicado en Derechos.

País requiere una discusión más amplia sobre la tributación a la propiedad y su vinculación con objetivos ambientales

El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, hace un respetuoso llamado a las señoras diputadas y señores diputados a no aprobar el proyecto de ley No. 23.477, que recién se aprobó en comisión legislativa y que está pronto a iniciar su trámite en el plenario de la Asamblea Legislativa. El impuesto a la propiedad de vehículos es un tributo que adolece de problemas de diseño desde su aprobación en 1987 y que se volvieron más evidentes desde el año 2009, cuando la inflación anual se mantuvo de forma continua por debajo del 10%, lo que ha erosionado los valores fiscales usados para fijar su pago, llevando la recaudación de los impuestos a la propiedad de un 0,63% del PIB en el 2010 a un 0,48% del PIB en el 2022. No obstante, es un impuesto progresivo, con el potencial de ser modificado para que pueda seguir siendo una fuente de recaudación y que aporte como instrumento de política pública en la transición a una flotilla vehicular limpia.

Siendo Costa Rica un país miembro de la OCDE, tenemos impuestos a la propiedad que aportan un porcentaje bastante más bajo que el promedio recaudado en países OCDE en el cobro de impuestos de este tipo. En los países miembros de esta organización, en el año 2020, se alcanzó una recaudación promedio de 1,86% del PIB en impuestos a la propiedad, más del triple de lo que se recauda en Costa Rica. En el caso de la discusión propuesta en nuestro país, la reducción aplicable en el impuesto incluso beneficiaría a aeronaves privadas y embarcaciones particulares de recreo, que por su costo están en poder de personas con altos ingresos, lo que no debería ser objetivo de la propuesta si lo que se pretende es mantener la progresividad del impuesto.

El país pasa por una serie de restricciones fiscales importantes, producto de varios años de aplicación de la regla fiscal y de una visión de austeridad sumamente restrictiva, que está afectando los recursos destinados a educación, seguridad, protección social, entre otros; por lo que en el corto y mediano plazo deberíamos asignar más recursos a esos rubros para evitar un deterioro social mayor en el largo plazo. Reducir los recursos disponibles con que cuenta el gobierno central es una medida contraria a esa aspiración, sobre todo porque el proyecto propuesto no cuenta con una medida compensatoria de la recaudación que se perdería con la reforma (incluso en la práctica, existe el riesgo de que la medida compensatoria que luego se tome, sea una mayor reducción de la inversión social del país).

El diseño actual del impuesto a la propiedad de vehículos, incorporado en la Ley No. 7088, tiene muchos problemas, que deben idealmente ser corregidos. Hay aspectos que se podrían introducir, algunos en el proyecto de ley en discusión, que mejoraría la aplicación del impuesto, por ejemplo:

  • poder pagarlo de manera fraccionada es uno de ellos, contar con un mecanismo de actualización automática para el pago de motos es otra y, para el caso particular de aquellos vehículos que pagan el mismo monto en colones desde 1987 (buses, camiones y taxis), que se les defina un pago equivalente al valor actual de ese monto, al menos, sería otro problema que debe cambiarse.

El Observatorio, entonces, hace un llamado a dar continuidad a la discusión sobre el impuesto a la propiedad de vehículos, pero dejando de lado su reducción como objetivo primordial de su reforma, sino buscando mejorar su diseño y modernizarlo, incorporar aspectos más elaborados para reflejar elementos ambientales en este tipo de tributo, que incluso ya existen en otros países OCDE (como el concepto del caballaje fiscal español); promover la transición de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, para lo cual debería darse un incentivo mayor a los vehículos de este tipo que sean directamente percibidos por el consumidor, y no dar rebajas en el impuesto a la a propiedad de aeronaves y embarcaciones privadas, en virtud de que estos vehículos están en poder de personas de alto nivel adquisitivo y, en el caso de los primeros, son altamente contaminantes.

De igual manera, las reformas de este impuesto deben realizarse en concordancia con otras medidas tributarias que sean consistentes con los objetivos ambientales pretendidos, como el revertir la reducción del impuesto selectivo de consumo a la importación de vehículos usados, que se introdujo en el año 2013. Debido a esto, los vehículos usados importados han incrementado su antigüedad, lo que se puede verificar, por ejemplo, en las importaciones del año 2021, en las que el 60% de los vehículos usados que se trajeron al país tenían 10 años o más de antigüedad. Esto contraviene objetivos ambientales y la incorporación de criterios de este tipo en el impuesto a la propiedad, además de que no facilita una transición apropiada a tecnologías limpias.

Heredia, 16 de agosto del 2023.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Ampliar la jornada de trabajo sería perjudicial para nuestra economía

Escrito el . Publicado en Trabajo.

OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL, Escuela de Economía, Universidad Nacional

Desde el Observatorio Económico y Social, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, se considera que la aprobación del Proyecto de Ley de Jornadas Extraordinarias es perjudicial, tanto para las personas trabajadoras como para las empresas en el país y, por consiguiente, para nuestra economía.

En varias ocasiones en los últimos años el Observatorio ha hecho análisis y manifestado su posición respecto a este tema. Les compartimos las razones más importantes:

  1. Al proponer la creación de jornadas ampliadas de trabajo a un menor costo, Costa Rica está apostando a crear condiciones de competitividad empresarial basándose en el dumping social. Para un país de renta media con un nivel de desarrollo humano alto, esto es un retroceso, pues más bien se debería apostar por la transferencia de conocimiento, el incremento en los niveles de formación laboral y la mejora de la productividad del trabajo, como una estrategia para competir en atracción de inversión. Competir mediante la reducción del costo laboral perjudicará las posibilidades de ascenso social de la clase trabajadora, tendrá un efecto negativo en el consumo de las familias y afectará a la economía nacional. Valga decir, además, que como país miembro de la OCDE nos pone contra la tendencia entre los países de esa organización, de reducir jornadas de trabajo semanal.
  2. Al comprimir la jornada de trabajo semanal en 4 días, la dinámica familiar se ve afectada, lo que podría mantener fuera del mercado de trabajo a una cantidad importante de personas, o incluso, complicar el mantenerse en sus empleos a personas que hoy laboran. La falta de un sistema universal de cuido en este momento podría estar creando problemas entre una cantidad muy importante de personas, a fin de que puedan conciliar su deseo de trabajar con sus responsabilidades familiares. En el país hay pocas opciones de cuido, las existentes son claramente insuficientes y no están diseñadas para operar hasta 12 horas diariamente. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2022, 473.029 personas no estaban buscando trabajo debido a sus obligaciones familiares, lo que muestra la enorme presión que este factor produce en las posibilidades laborales de las personas.
  3. La pandemia del Covid-19 fue particularmente perjudicial con las posibilidades de incorporación al mercado laboral de las mujeres, pues la participación de estas en el mercado de trabajo es menor en el periodo post pandemia que previo a esta. La extensión de las jornadas de trabajo podría hacer aún más difícil el acceso de las mujeres al empleo y desmejorar su participación en el mercado de trabajo, en la medida que se complique la conciliación de sus actividades en el hogar con las responsabilidades de su empleo. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2022, 213.611 mujeres que tienen empleo, dedican 14 horas semanales o más a las actividades domésticas, y es poco probable que estas se puedan ejecutar únicamente en los días libres, incluso en caso de poder hacerlo no serían entonces días de absoluto descanso. Por su parte, a pesar de tener más peso entre las personas ocupadas, los hombres que dedican 14 horas semanales o más a labores domésticas son 155.936, lo que deja claro que el peso del trabajo doméstico es mayor entre las mujeres trabajadoras.
  4. La condición de voluntariedad en el caso de las jornadas de trabajo extendidas difícilmente se mantendrá en la práctica, debido a que las empresas no podrán sostener dos esquemas de trabajo, en el que un grupo de trabajadores labore en jornadas extendidas y otro en el que se labore un máximo de 8 horas por día. Además, los supuestos beneficios de atracción de empresas en función de la extensión de la jornada estarían supeditados a que los trabajadores de estas acepten trabajar en esas condiciones, según lo señalado por el proyecto, lo cual en sí mismo es una contradicción: o la voluntariedad no está asegurada en la práctica o los supuestos beneficios del proyecto no están del todo confirmados.
  5. La propuesta crea una jornada anualizada de hasta 2320 horas en horario diurno y de hasta 2030 horas en horario mixto. Según las estadísticas de la OCDE (2019) el número de horas de trabajo promedio anual en Costa Rica es de 2060, siendo el segundo país de la OCDE en este indicador, mientras que el promedio de los países miembros de esta organización es de 1730 horas1. Con la propuesta se estaría autorizando una jornada laboral anualizada que está por encima del promedio de OCDE en casi 600 horas, para un promedio semanal adicional de 11,3 horas más de trabajo en relación con el promedio OCDE. Costa Rica debería, más bien, avanzar a una reducción paulatina de la jornada anual de trabajo, que se refleje también en una reducción de la jornada semanal.
  6. Laborar durante largas jornadas puede aumentar las muertes por enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares, según un comunicado de la OIT del 2021, que cita un estudio del año 20162. En ese estudio se señalaba que las muertes por largas jornadas de trabajo aumentaron un 29% entre el año 2000 y el año 2016, propiamente las muertes por cardiopatías habían aumentado un 42%, mientras que las muertes por ictus cerebral crecieron un 19%. Trabajar más horas al día, por lo tanto, pondría en riesgo a los trabajadores del país, afectaría su estado de salud y generaría una presión adicional sobre los servicios que presta la seguridad social costarricense, lo que redundaría en costos de atención mayor, costos mayores por cobertura de incapacidades y en mayores atrasos en la atención de otros casos vinculados (por la mayor presión en las listas de espera).
  7. Finalmente, la propuesta podría tener consecuencias negativas sobre la productividad del trabajo, un aspecto del que se ha hablado muy poco o incluso ha estado ausente de la discusión pública. Al ampliar la jornada de trabajo diaria a 12 horas, es esperable que la capacidad productiva de las personas decline conforme avanza el día, o sea, serán mucho menos productivos en la hora doceava de trabajo que en la primera hora de sus jornadas laborales. De esta manera, si la productividad promedio por hora de las horas laborales 9, 10, 11 y 12, no es al menos igual al promedio de la productividad del trabajo de las horas laborales 1 a la 8, entonces ampliar la jornada de trabajo será perjudicial para las empresas en cuanto a sus niveles de producción. Además, si la incidencia de problemas de salud aumenta, debido al alargamiento de las jornadas, eso reduciría aún más la productividad del trabajo. Esa reducción de la productividad podría incluso borrar los eventuales ahorros que la ampliación de la jornada de trabajo produciría por la eliminación del pago del tiempo extraordinario.

Ante esto, el Observatorio Económico y Social recomienda lo siguiente:

  • Dado que Costa Rica tiene uno de los peores indicadores de productividad del trabajo de la OCDE, inferior incluso que países con jornadas laborales menores, deberíamos centrarnos en mejorar la productividad del trabajo, más que en reducir el costo de nuestra fuerza laboral.
  • La búsqueda de formas para hacer más eficiente el trabajo en el país no debe centrarse en dumping social, cuyas desventajas se volverían contra nuestro nivel de desarrollo humano y nuestro bienestar. Mejorar las capacidades, conocimientos y destrezas de nuestros trabajadores nos hará más competitivos y productivos.
  • Es fundamental trabajar en la universalización del servicio público de cuido, garantizando los recursos para su ampliación en cuanto a tamaño y alcance territorial, de forma que se facilite no solo la permanencia de las personas trabajadoras, especialmente las mujeres, en el mercado de trabajo, sino también, que promueva una mayor inserción laboral de ellas, especialmente, en mejores condiciones que las actuales.
  • Rechazar el Proyecto de Ley No. 21.182, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142, 144, 205 Y 274 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS, que se discute en este momento en la Asamblea Legislativa y entrar a buscar soluciones a los puntos antes citados.

1https://www.oecd.org/espanol/estadisticas/horas-trabajadas.htm

2https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_792231/lang–es/index.htm

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Sectores sociales y productivos convocan a ‘’Encuentro Análisis de la Coyuntura Nacional’’ en la Universidad Nacional

Escrito el . Publicado en Coyuntura, Trabajo.

El Observatorio Económico y Social Universidad Nacional, sectores de Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, y la Federación de Estudiantes Universidad Nacional FEUNA, realizarán el próximo sábado un encuentro de análisis de coyuntura el cual tiene como objetivo ofrecer mediante la participación diversa de panelistas y del público en general, insumos para la discusión de Análisis de la Coyuntura, Nacional que permita, por medio del diálogo social de sectores y mesas temáticas de abordaje, precisar elementos que fortalezcan una ruta de trabajo estratégico frente a los siguientes temas:

  • Ambiente y Energía.
  • Economía Agroindustrial y Agropecuaria en el contexto Alianza Pacífico.
  • Educación pública.
  • Seguridad Social: Contexto de la salud pública en el país, énfasis en la CCSS.

Dicha actividad se realizará el sábado 5 de noviembre, a partir de las 8:00 am en el Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese, campus “El Higueron” de la UNA ubicado en San Pablo, Heredia y se proyecta una participación de 300 representantes de diversos sectores, entre ellos personas jóvenes vinculadas a las universidades públicas, sindicatos, sectores productivos agrícolas y agroindustriales, organizaciones asociativas, cooperativas de electrificación, sector educación, sector salud, sector ambiente y energía, sector de desarrollo comunal, sector derechos humanos y liderazgos diversos de fuerzas vivas de todo el país, además contará  con la participación especial del ex presidente ejecutivo de la CCSS Álvaro Ramos, quien será parte del panel de seguridad social.

Inflación y regla fiscal en entidades públicas

Escrito el . Publicado en Análisis, Coyuntura.

*ANTE EL AUMENTO DE LA INFLACIÓN, APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL AFECTARÁ FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS

La inflación interanual del mes de febrero dio un salto importante, ubicándose fuera de la zona meta del Banco Central de Costa Rica, en un proceso de aceleración de esta variable que se inició desde el mes de noviembre del año 2021. Presiones importantes se seguirán reflejando en los precios locales, producto del aumento en el precio del petróleo, el incremento en los costos del transporte comercial marítimo, aumentos en el costo de los alimentos y aumento en el tipo de cambio en el país. El problema inflacionario no es solo local, sino también global, y afectará la capacidad de recuperación de las economías del mundo, incluyendo la nuestra. El impacto que tiene el conflicto en el este de Europa no solo afectará el precio de la energía, sino también de los alimentos, producto del aumento en el costo de los fertilizantes y en el precio de algunos granos.

En el caso de la regla fiscal, tal y como el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA) lo señaló desde el año anterior, es muy importante tener claro que este mecanismo no se diseñó para aplicarse en un entorno de crisis, tampoco se consideró en su diseño el ajuste de los límites de gasto en entornos económicos de gran volatilidad, particularmente cuando la inflación crece por encima de lo previsto. Dado el nivel de crecimiento del gasto para el 2022 y considerando los problemas inflacionarios que estamos empezando a observar, de mantenerse la aplicación de la regla en el presente año se abrirá una brecha en los presupuestos de las instituciones públicas que sería importante y que vendría a afectar los servicios que éstas le prestan al país. El crecimiento máximo del gasto definido para el 2022 está siendo afectado por la caída del PIB nominal en el 2020, y dado que este año tendremos una inflación por encima del rango meta del Banco Central, las instituciones públicas sufrirán una reducción de sus presupuestos en términos reales.

Para OES-UNA urge incorporar en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, un ajuste en la regla fiscal para que el porcentaje de crecimiento del gasto no sea menor a la inflación proyectada y que este nivel sea ajustado en la práctica al menos cada trimestre, algo que por supuesto no está previsto en la actual redacción de la norma. Además de esta modificación, es importante someter la regla a una serie de ajustes adicionales que permita un crecimiento racional del gasto y que deje de ser un instrumento de reforma implícita del Estado. Solo para considerar un ejemplo de lo pernicioso que puede ser este mecanismo, si no se corrige, en caso de seguir aplicando la regla fiscal al gasto en educación, éste podría bajar del 6% del PIB en el transcurso de los próximos años, en medio de los graves problemas existentes en el sistema educativo nacional.

Para OES-UNA los siguientes deberían ser otros ajustes a considerar en la regla fiscal:

  • Sacar de la limitación del gasto al gasto de capital, pues en el actual entorno de incertidumbre económica, impulsar la inversión pública ayudaría al país a crecer más rápido y permitiría alcanzar más rápidamente un nivel de sostenibilidad de la deuda pública.
  • Sacar del límite del gasto los recursos públicos destinados a ayudas a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad económica, así como el gasto destinado a subsidios y becas estudiantiles. El aumento en la inflación, pero sobre todo en el costo de los alimentos y, eventualmente, del transporte público, producirá un efecto negativo mayor sobre las finanzas de las familias de menores recursos. Limitar el crecimiento del gasto en este caso sería contraproducente.
  • Deberían quedar por fuera de la aplicación de los límites de la regla fiscal, aquellos gastos ejecutados por entidades públicas con recursos propios, generados por la venta de servicios y cobro de tarifas, por el cobro de tributos especiales en entidades autónomas, cobros por ingreso a áreas protegidas y zonas de recreación, etc. Autorizar el gasto de estos recursos no afectaría el déficit del gobierno central, pero sí está provocando problemas para que las entidades públicas utilicen recursos que tienen disponibles.
  • Considerando el punto anterior, tampoco tiene sentido que se limite la ejecución de recursos provenientes de donaciones, cooperación internacional y otros recursos recibidos por el país, como aquellos recibidos en reconocimiento de su política ambiental. No poder gastar libremente estos recursos podría tener un efecto desmesurado sobre entidades del sector ambiental.
  • Finalmente, las excepciones de aplicación de la regla fiscal producto de emergencias declaradas en el país, deberían aplicarse en el mismo plazo que se establece como vigencia para una declaración de emergencia, cinco años, y no dos años como dice actualmente la Ley 9635.

8 de marzo, 2022.

*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA

Oficina de Comunicación

Seminario Web: Renta Global – Análisis de la propuesta

Escrito el . Publicado en Derechos.

La Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA), le invitan al seminario web: Análisis de la Propuesta de Renta Global, a realizarse el miércoles 24 marzo 2021 a las 5 p.m. hora de Costa Rica.

El seminario se realizará por medio de Zoom.

Para participar debe inscribirse en el siguiente enlace:

https://zoom.us/meeting/register/tJYqfuigrD8jHtNhnM__7FzY6Nip9BauDKXo

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace personal y código de acceso para unirse al seminario web. Si no recibe el enlace, debe escribir al correo: c.avila@fesamericacentral.org

Además, puede seguir la transmisión en vivo por medio de: https://www.facebook.com/FESAmericaCentral

Coyuntura fiscal ante el COVID-19: implicaciones, propuesta de ajuste y recomendaciones

Escrito el . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

«Coyuntura fiscal ante el COVID-19: implicaciones, propuesta de ajuste y recomendaciones» es el ciclo de foros organizados de forma conjunta entre el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA) y la Fundación Friedrich Ebert.

El Foro 1: Evasión y Fraude Fiscal, será el jueves 15 de octubre 2020 de 11 a.m. – 12:30 m.d. (Costa Rica), vía Zoom.

Se contará con la participación de la Sra. Gemma Patón García, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM, España) y del Sr. Fernando Rodríguez Garro, coordinador e investigador del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA, Costa Rica).

Para participar, debe inscribirse en el siguiente enlace:

https://zoom.us/meeting/register/tJMkf-uuqDIoGdIXzXwCnJ_aSeASZa6ZX2uC

OES-UNA Comunicado COVID-19

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

La Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), por medio del Observatorio de Económico y Social nos comparte el siguiente comunicado: 

UNIVERSIDAD NACIONAL

Escuela de Economía

Observatorio Económico y Social (OES-UNA)

 

Elaborado por:

M.Sc. Roxana Morales Ramos M.Sc.

Fernando Rodríguez Garro M.Sc.

Greivin Salazar Álvarez

Publicado el 16 de marzo de 2020

La situación que se está viviendo a nivel mundial y local, a raíz del COVID-19, es inédita. La paralización de países y ciudades completas impactará negativamente a las economías. Por lo anterior, es urgente la implementación de políticas económicas que sean capaces de minimizar los efectos sobre Costa Rica. En este sentido, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, considera que cualquier medida debe contemplar los siguientes aspectos:

  • El espacio fiscal con que cuenta el país para actuar es muy reducido. La reforma fiscal aprobada en diciembre de 2018 aún no se ha consolidado y el lento ritmo de crecimiento de la actividad económica ha limitado la recaudación de impuestos.
  • En los últimos años ha aumentado el desempleo y la informalidad. El deterioro en la calidad del empleo ha provocado una reducción en el ingreso real promedio de los hogares costarricenses, afectando su capacidad de consumo.
  • Asimismo, el creciente endeudamiento de las familias ha provocado que cada vez los hogares dediquen una mayor parte de sus ingresos al pago de obligaciones financieras (intereses, amortizaciones, cuotas, multas, pagos de tarjetas de crédito, etc.), reduciendo así su capacidad de consumo y, por tanto, su calidad de vida.
  • Ante una eventual pérdida de empleos, muchos hogares podrían dejar de pagar sus deudas y perder así sus bienes patrimoniales. Por ello, es necesario considerar medidas que atiendan a esta población y se evite una crisis en el sistema financiero.
  • Es importante otorgar a las instituciones responsables el poder necesario para controlar la especulación con productos de primera necesidad, médicos, higiénicos y de interés sanitario. Lo anterior no solo por el impacto que pueda tener sobre la salud de las personas, sino también por el efecto negativo en la economía familiar. Las medidas de estímulo no deberán generar efectos negativos permanentes en áreas como la fiscal y la financiera. Las medidas que impacten negativamente las finanzas del Gobierno Central, las de la C.C.S.S., o la de los bancos, deben ser temporales. Se debe tener especial cuidado de no desfinanciar a la C.C.S.S. y no restar capacidad al sistema público de salud.
  • El Gobierno de la República hizo un planteamiento inicial de medidas, por lo que las agrupaciones políticas deben analizarlas y plantear sus aportes cuanto antes. Hacemos un llamado respetuoso al Poder Legislativo para que apruebe rápidamente las propuestas y demuestre que el país puede, políticamente, estar a la altura de la situación.
  • La posibilidad de generar algún efecto positivo con las medidas aprobadas, pasa también porque estas se puedan aplicar en el plazo más corto posible.
  • Es fundamental que las propuestas presentadas al plenario legislativo sean acompañadas de una estimación del impacto económico que éstas tendrían sobre las finanzas públicas.

Por tanto, el Observatorio Económico y Social propone:

  • Aprobar una exención del IVA para alquileres comerciales por un periodo de tres meses, de manera que se libere el flujo de caja de los comercios que se verán forzados a cerrar sus negocios por varios días o semanas, producto de las disposiciones del Ministerio de Salud, y por el efecto de la caída en sus ventas. Para ello el Ministerio de Hacienda deberá estimar el impacto que esta medida tendrá en las finanzas públicas y buscar la manera de compensar ese faltante posterior a que esta situación concluya.
  • Aprobar el proyecto de ley que regula las comisiones para el uso de datáfonos. Lo anterior con el fin de reducir costos para los negocios, fomentar el uso de pago con tarjetas y reducir las posibilidades de transmisión del COVID-19 a través del pago en efectivo.
  • Las medidas aplicadas en el diferimiento del IVA y de los aranceles provocarán un faltante de recursos en los próximos meses, por lo que el Ministerio de Hacienda podría colocar deuda de corto plazo (que se emite y vence dentro del propio ejercicio económico) y pagar esa deuda con los recursos que se recaudarán de forma paulatina hacia el final del año.
  • Aprovechar la reducción de las tasas de interés en el mercado internacional para colocar deuda externa y evitar el estrujamiento en el mercado local. Asimismo, se deberían aprobar los créditos de apoyo presupuestario que el país ha venido negociando con organismos internacionales. Lo anterior es necesario para evitar que se vean afectadas las actividades del Estado en los próximos meses, debido a problemas de financiamiento (liquidez).
  • Establecer una moratoria para el pago de los créditos hipotecarios y de actividades productivas (sobre el pago completo o al menos sus intereses), sobre todo estos últimos dirigidos al financiamiento de PYMES. Si la situación económica se complica los bancos podrían verse en la obligación de aplicar la ejecución masiva de garantías sobre sus créditos y esto tendría un efecto muy negativo en la liquidez futura del sistema financiero.
  • A fin de evitar problemas de liquidez en el presente, es importante que el Banco Central garantice la posibilidad de acceso a recursos de emergencia para entidades financieras, al menor costo y en el menor plazo posible.
  • El Banco Central debe procurar mantener la mayor estabilidad posible en el tipo de cambio. En las próximas semanas podrían darse vaivenes importantes en el precio del dólar, a medida que la situación evoluciona en uno u otro sentido. La reducción del precio de los combustibles y de las importaciones podría empujar el tipo de cambio a la baja, mientras que la menor entrada de turistas y la reducción de exportaciones podría empujar el tipo de cambio al alza, sin considerar la imprevisible reacción de capitales especulativos.
  • Seguro de desempleo. Se propone tomar una parte del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de las personas que cotizan a este Fondo y crear un seguro de desempleo por medio del Instituto Nacional de Seguros (INS), que cubra la posibilidad de perder su trabajo en el próximo año y que se otorgue por una determinada cantidad de meses, según el salario declarado mensualmente.
  • Desaplicar la regla fiscal durante los años 2020 y 2021. Atender los impactos de esta situación de crisis podría requerir que se dirijan más recursos públicos a determinadas áreas, además de que será casi seguro que se supere el 60% del PIB en deuda del Gobierno Central este año, lo que implicaría medidas más estrictas de control de gasto. La atención de la situación de crisis económica que surgiría del tema del COVID-19 sería incompatible con la aplicación de la regla fiscal.
  • Hacer una valoración de la necesidad de plantear un segundo paquete de ajustes fiscales, que complemente el aprobado en diciembre del 2018. El impacto fiscal de esta situación será importante y podría complicar que el país se inserte en una senda de sostenibilidad de su deuda pública en el mediano y largo plazos.

16 de marzo de 2020

 

https://www.facebook.com/ObservatorioESEUNA/

Observatorio Económico y Social

Sitio Web: https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes

 

Observatorio Económico y Social (OES-UNA). Imagen tomada de Facebook.

Enviado por Enrique Soto.

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