La Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), por medio del Observatorio de Económico y Social nos comparte el siguiente comunicado:
UNIVERSIDAD NACIONAL
Escuela de Economía
Observatorio Económico y Social (OES-UNA)
Elaborado por:
M.Sc. Roxana Morales Ramos M.Sc.
Fernando Rodríguez Garro M.Sc.
Greivin Salazar Álvarez
Publicado el 16 de marzo de 2020
La situación que se está viviendo a nivel mundial y local, a raíz del COVID-19, es inédita. La paralización de países y ciudades completas impactará negativamente a las economías. Por lo anterior, es urgente la implementación de políticas económicas que sean capaces de minimizar los efectos sobre Costa Rica. En este sentido, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, considera que cualquier medida debe contemplar los siguientes aspectos:
- El espacio fiscal con que cuenta el país para actuar es muy reducido. La reforma fiscal aprobada en diciembre de 2018 aún no se ha consolidado y el lento ritmo de crecimiento de la actividad económica ha limitado la recaudación de impuestos.
- En los últimos años ha aumentado el desempleo y la informalidad. El deterioro en la calidad del empleo ha provocado una reducción en el ingreso real promedio de los hogares costarricenses, afectando su capacidad de consumo.
- Asimismo, el creciente endeudamiento de las familias ha provocado que cada vez los hogares dediquen una mayor parte de sus ingresos al pago de obligaciones financieras (intereses, amortizaciones, cuotas, multas, pagos de tarjetas de crédito, etc.), reduciendo así su capacidad de consumo y, por tanto, su calidad de vida.
- Ante una eventual pérdida de empleos, muchos hogares podrían dejar de pagar sus deudas y perder así sus bienes patrimoniales. Por ello, es necesario considerar medidas que atiendan a esta población y se evite una crisis en el sistema financiero.
- Es importante otorgar a las instituciones responsables el poder necesario para controlar la especulación con productos de primera necesidad, médicos, higiénicos y de interés sanitario. Lo anterior no solo por el impacto que pueda tener sobre la salud de las personas, sino también por el efecto negativo en la economía familiar. Las medidas de estímulo no deberán generar efectos negativos permanentes en áreas como la fiscal y la financiera. Las medidas que impacten negativamente las finanzas del Gobierno Central, las de la C.C.S.S., o la de los bancos, deben ser temporales. Se debe tener especial cuidado de no desfinanciar a la C.C.S.S. y no restar capacidad al sistema público de salud.
- El Gobierno de la República hizo un planteamiento inicial de medidas, por lo que las agrupaciones políticas deben analizarlas y plantear sus aportes cuanto antes. Hacemos un llamado respetuoso al Poder Legislativo para que apruebe rápidamente las propuestas y demuestre que el país puede, políticamente, estar a la altura de la situación.
- La posibilidad de generar algún efecto positivo con las medidas aprobadas, pasa también porque estas se puedan aplicar en el plazo más corto posible.
- Es fundamental que las propuestas presentadas al plenario legislativo sean acompañadas de una estimación del impacto económico que éstas tendrían sobre las finanzas públicas.
Por tanto, el Observatorio Económico y Social propone:
- Aprobar una exención del IVA para alquileres comerciales por un periodo de tres meses, de manera que se libere el flujo de caja de los comercios que se verán forzados a cerrar sus negocios por varios días o semanas, producto de las disposiciones del Ministerio de Salud, y por el efecto de la caída en sus ventas. Para ello el Ministerio de Hacienda deberá estimar el impacto que esta medida tendrá en las finanzas públicas y buscar la manera de compensar ese faltante posterior a que esta situación concluya.
- Aprobar el proyecto de ley que regula las comisiones para el uso de datáfonos. Lo anterior con el fin de reducir costos para los negocios, fomentar el uso de pago con tarjetas y reducir las posibilidades de transmisión del COVID-19 a través del pago en efectivo.
- Las medidas aplicadas en el diferimiento del IVA y de los aranceles provocarán un faltante de recursos en los próximos meses, por lo que el Ministerio de Hacienda podría colocar deuda de corto plazo (que se emite y vence dentro del propio ejercicio económico) y pagar esa deuda con los recursos que se recaudarán de forma paulatina hacia el final del año.
- Aprovechar la reducción de las tasas de interés en el mercado internacional para colocar deuda externa y evitar el estrujamiento en el mercado local. Asimismo, se deberían aprobar los créditos de apoyo presupuestario que el país ha venido negociando con organismos internacionales. Lo anterior es necesario para evitar que se vean afectadas las actividades del Estado en los próximos meses, debido a problemas de financiamiento (liquidez).
- Establecer una moratoria para el pago de los créditos hipotecarios y de actividades productivas (sobre el pago completo o al menos sus intereses), sobre todo estos últimos dirigidos al financiamiento de PYMES. Si la situación económica se complica los bancos podrían verse en la obligación de aplicar la ejecución masiva de garantías sobre sus créditos y esto tendría un efecto muy negativo en la liquidez futura del sistema financiero.
- A fin de evitar problemas de liquidez en el presente, es importante que el Banco Central garantice la posibilidad de acceso a recursos de emergencia para entidades financieras, al menor costo y en el menor plazo posible.
- El Banco Central debe procurar mantener la mayor estabilidad posible en el tipo de cambio. En las próximas semanas podrían darse vaivenes importantes en el precio del dólar, a medida que la situación evoluciona en uno u otro sentido. La reducción del precio de los combustibles y de las importaciones podría empujar el tipo de cambio a la baja, mientras que la menor entrada de turistas y la reducción de exportaciones podría empujar el tipo de cambio al alza, sin considerar la imprevisible reacción de capitales especulativos.
- Seguro de desempleo. Se propone tomar una parte del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de las personas que cotizan a este Fondo y crear un seguro de desempleo por medio del Instituto Nacional de Seguros (INS), que cubra la posibilidad de perder su trabajo en el próximo año y que se otorgue por una determinada cantidad de meses, según el salario declarado mensualmente.
- Desaplicar la regla fiscal durante los años 2020 y 2021. Atender los impactos de esta situación de crisis podría requerir que se dirijan más recursos públicos a determinadas áreas, además de que será casi seguro que se supere el 60% del PIB en deuda del Gobierno Central este año, lo que implicaría medidas más estrictas de control de gasto. La atención de la situación de crisis económica que surgiría del tema del COVID-19 sería incompatible con la aplicación de la regla fiscal.
- Hacer una valoración de la necesidad de plantear un segundo paquete de ajustes fiscales, que complemente el aprobado en diciembre del 2018. El impacto fiscal de esta situación será importante y podría complicar que el país se inserte en una senda de sostenibilidad de su deuda pública en el mediano y largo plazos.
16 de marzo de 2020
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Observatorio Económico y Social
Sitio Web: https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes
Observatorio Económico y Social (OES-UNA). Imagen tomada de Facebook.
Enviado por Enrique Soto.
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