Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En un interesante artículo sobre los horrores de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, la académica francesa Kathy Fourez (2021) detalla el proceso de creación artística en dos obras producidas por Jeanne Socquet, en las que se resalta la estética de la náusea como forma de expresar el ensañamiento contra esos cuerpos destruidos por la necropolitica, la industria privada del comercio, la explotación y las desiguales relaciones de poder que provocan tales violencias.
En sus reflexiones, delibera acerca de la forma como la lucha contra la violencia en esa ciudad ha transformado notablemente la vida cotidiana de los pobladores.
Señala, como ejemplo, la presencia contundente de los cuerpos policiales, ejército y militares mexicanos que en esa disputa con los actores perpetradores de la violencia, han asumido para sí el espacio público de la ciudad y han desplazado casi al ámbito privado todo tipo de actividad rutinaria. Los ciudadanos han visto comprometidos sus derechos al tránsito y el uso de ese espacio público con libertad.
Al momento que hago esa lectura, sucede que una estruendosa caravana presidencial costarricense en la zona sur del país va dejando saldos preocupantes: 3 vuelcos, 1 persona conductora fallecida en cumplimiento de su deber y un protocolo que pareciera repetirse no sólo en esa gira, sino cuando el Señor presidente transita las calles en el centro de la ciudad capital.
No puedo más que pensar en algunas semejanzas sobre una práctica y otra.
Los innumerables testimonios de la forma como ese protocolo irrumpe, se disputa el espacio público del tránsito y lo conmina a detenerse, desplazarse hacia los bordes de la carretera, dan cuenta de una peligrosa práctica que podría cobrar más víctimas si no se le introducen correctivos.
A lo anterior habría que agregar una narrativa visual por demás peligrosa: la escolta presidencial que se mostró en un video (efecto demostrativo incluido) el manejo de armas de grueso calibre, saludos militares y gestos corporales propios de un lenguaje miliciano, ausente desde hace mucho tiempo en la dinámica socio institucional costarricense.
Comprensible si se quiere, la protección en una zona administrada desde hace décadas por los poderes fácticos, allí donde justamente ese poder que ahora performatea caravanas bulliciosas y símbolos de autoridad, prefirió hace tiempo mirar para otro lado.
Las cifras de la violencia en Costa Rica siguen creciendo. Los homicidios, femicidios, asaltos y conflictos en vía pública son parte de una agenda cotidiana. Mientras tanto, las narrativas presidenciales dan cuenta de un lenguaje equivocado, poco asertivo, peligroso.
En estos tiempos donde la simbólica pareciera ganar a la retórica y la razón, conviene poner atención a los detalles y modificar las presentaciones al público de un aparente ejercicio de autoridad mal entendido.
Del 23 al 25 de enero se realizará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, indígena bröran, recuperante de tierras y defensor de los derechos ambientales en su territorio. Estos acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre la violencia que se vive en el campo costarricense, nos debe obligar a no ser indiferentes, a tomar posiciones y actuar.
Es necesario empezar diciendo o recordando que este país se ha construido sobre el racismo. El proceso de invasión española marca el origen de las relaciones que hoy se viven y que no se revisan ni se critican a profundidad, por eso Costa Rica es un país tremendamente racista y lo vivimos a diario las comunidades indígenas, además del racismo que viven otros grupos. En este país se desconoce o niega la historia local y nacional y con ello la historia oficial borra la identidad de cada región que ha tenido presencia indígena.
En la Red de Mujeres Rurales, en conjunto con Tinamaste, hemos ido analizando que hay muchas formas en las que se muestra el racismo. Este racismo, si bien ha existido desde hace mucho tiempo, con muchas discriminaciones por el color de la piel, por el grupo al que se pertenece, no es un asunto del pasado. Sigue existiendo y es alimentado por muchas políticas que ignoran, olvidan o se dedican a agredir a los pueblos.
Vivimos en una sociedad que quiere ocultar las discriminaciones, para hacernos pensar que son naturales, mientras nos siguen despojando de la tierra y los bienes de los pueblos.
El control que ejercen los gobiernos, representantes de los sectores dominantes, mediante sus instituciones, impone una visión del mundo occidental, neoliberal, extractivista y egoísta hacia nuestros territorios, hacia nuestras formas de vida y los bienes comunes.
Este control institucional, que llaman desarrollo, ha significado para los pueblos la pérdida de autonomía, que repercute en el debilitamiento de las relaciones comunitarias, del tejido social que nuestros ancestros y ancestras tenían como parte de su identidad. Han venido matando nuestras culturas, y por lo tanto matando nuestra identidad.
El juego de los poderosos ha sido dividir para vencer, se han impuesto gobiernos locales por medio de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIS), en muchos casos con dirigentes que abusan del poder y abusan de los bienes que le pertenecen a las comunidades; hacen lo que el poder les dicta y traicionan a los pueblos. Estas ADIS no representan al territorio, son representantes del gobierno, no de la comunidad. El absurdo es que en la mayoría de los territorios participan invasores no indígenas en la elección de las ADIS. Por eso decimos que los territorios deben ser saneados.
En la Red hemos caminado en reivindicar e indagar para conocer la historia de las mujeres y hombres, de las áreas rurales y las comunidades. Consideramos que es necesario conocer la historia de los procesos de cómo se organiza una comunidad, la forma de vivir de los hombres y mujeres que habitaron los territorios ancestrales, que vivieron en equilibrio con los demás elementos, que se organizaban para realizar tareas comunales desde la autogestión, la solidaridad y para el bienestar de la comunidad.
Las mujeres del campo hemos intercambiado información y conocimiento entre nosotras, indígenas y campesinas, para conocer las distintas formas de despojo, de discriminación y desprecio. Porque vivimos discriminación por el color de la piel, por nuestros rasgos, por nuestra forma de hablar. Y hemos conocido de las compañeras que hemos sido discriminadas en los servicios de salud, en las instituciones que no toman nuestras denuncias por violencia física, sexual o psicológica, y menos tenemos posibilidad de respeto sobre nuestros bienes, sobre los daños al ambiente. Nuestras demandas no son atendidas por ser mujeres del campo, por ser indígenas, afrodescendientes o campesinas y por ser pobres.
Pero el racismo ha llegado a sus formas más brutales contra las mujeres y los pueblos indígenas, con el asesinato. Por eso los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, no son hechos aislados. Y como mujeres organizadas en defensa de nuestros derechos vemos el incremento de la violencia contra las mujeres y contra los pueblos indígenas. Esto no es casualidad, mujeres y pueblos indígenas estamos no solo conociendo nuestros derechos, sino luchando porque sean realidad estos derechos.
Las mujeres rurales, indígenas y campesinas vivimos discriminaciones y racismo desde que nacemos, porque nos establecen y nos agreden cuando nos niegan el derecho a producir nuestros alimentos y nos imponen en el mercado qué debemos comer, cómo vestir, cuando nos imponen qué trabajos realizar, cuando no podemos estudiar e incluso somos excluidas de poder decidir. La política y las instituciones se especializan en no favorecer realmente a las mujeres, porque las mujeres seguimos sin acceso a la tierra, sin acceso a bienes y sin poder decidir en nuestros espacios y territorios.
Las mujeres del campo, igual que los distintos pueblos de este país, hemos venido viviendo una economía que concentra cada vez más la tierra, para que la población rural seamos solo peones y peonas, que no tomemos decisiones sobre la tierra, la forma de producir y la organización de las comunidades. La violencia en nuestros territorios tiene que ver con las características económicas de este país. Por eso se violan leyes y convenios internacionales, o se hacen otras leyes para favorecer a las empresas, mientras se dejan impunes los asesinatos y femicidios.
Por eso como Red de Mujeres Rurales-Tinamaste seguimos luchando para que esto cambie y nos podamos respetar aunque los colores de nuestras pieles sean distintos y nuestras formas de vida y culturas tengan diferencias.
Llamamos a toda la población a exigir justicia, a exigir no más despojo y violencia contra los pueblos indígenas, no más despojo y violencia contra las mujeres, que son manifestaciones del mismo modelo de sociedad.
¡No más impunidad ante la violencia contra las comunidades indígenas!
¡Repudio a los asesinatos políticos de Sergio Rojas y Jehry Rivera y exigir justicia!
¡No más impunidad ante los femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres!
¡Respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios!
¡Respeto a los derechos de las mujeres indígenas en sus territorios!
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El auge de los discursos políticos machistas y la violencia de género no ceden terreno en el mundo
Cada día en Costa Rica las mujeres que incursionan en los campos político, empresarial y comunitario enfrentan el menosprecio de sus colegas; mientras al mismo tiempo otras deben sortear cotidianamente el acoso sexual en los entornos de trabajo o viven bajo diversas formas de violencia doméstica que siguen llenando las fiscalías a lo largo del territorio nacional.
Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, instancia del Poder Judicial, durante el año 2021 cada día el Ministerio Público recibió 57 denuncias relacionadas con delitos contemplados en la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer (Ley #8589 y sus reformas) como maltrato físico, incumplimiento de medidas de protección, ofensas a la dignidad, amenazas contra mujeres y daño patrimonial. En total, el Poder Judicial recibió casi 21 mil denuncias al amparo de dicha normativa.
Durante ese mismo periodo, de la totalidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público la violencia sexual contra las mujeres fue la cuarta categoría de delitos en el ámbito nacional, pero al sumarla a los tipificados por la Ley #8589 y sus reformas son la segunda causa de denuncias, un 17%, solo superado por los delitos a la propiedad que superan el 40% de casos.
La violencia de género contra las mujeres se refiere a cualquier acto que cause daño, sufrimiento físico, sexual, emocional y en última instancia su muerte en razón de su género. Y aunque cada mes se solicitan 132 medidas de protección, al menos dos mujeres pierden la vida a mano de hombres con los que tuvieron algún tipo de vínculo emocional, y quienes sobreviven deben superar los efectos psicológicos posteriores.
Por eso, cada 25 de noviembre el mundo se reúne a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como un llamado un llamado global para reflexionar sobre la situación que viven millones de ellas. Al igual que en Costa Rica, de esta violenta pandemia no se exime ninguna nación, ya que según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el planeta una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género y, con más alarma señala que cada 11 minutos ocurre un femicidio.
Aunque se intente normalizar las insinuaciones sexuales no deseadas, el acoso callejero y cibernético, e incluso la misma violencia física, la realidad es que la ONU considera los distintos tipos de violencias de género “como una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”.
Para la Universidad de Costa Rica (UCR), mediante instancias de Acción Social (VAS) e Investigación (VINV), el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (Ciem-UCR) impulsa acciones formativas, de capacitación y acompañamiento en el diseño de políticas públicas para la prevención del hostigamiento sexual y el acompañamiento de las mujeres que sufren violencia de género. Una de esas iniciativas es el proyecto “Cero tolerancia al hostigamiento sexual, la violencia contra las mujeres y la discriminación en la Universidad de Costa Rica y la comunidad nacional” (EC-514), que se propone una transformación cultural para vivir en una sociedad donde priven la igualdad, el derecho a una vida libre de violencias y el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Los femicidios son una epidemia silenciosa que afecta a todos los países del mundo, unidos estos delitos a otros como el tráfico de personas con fines explotación, las agresiones y falta de políticas públicas para lograr la equidad de género. Por ejemplo, a setiembre del 2022 en Costa Rica ya se registran 34 muertes violentas que involucran a mujeres, 12 ya se consideran como femicidios, mientras otras 17 están a la espera de pruebas periciales para su correspondiente clasificación.
“El proyecto está integrado en tres líneas de trabajo de este centro en materia de investigación y atención de víctimas de violencia, y éste es una tercera parte de la estrategia nuestra en el Ciem-UCR. La otra parte es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, además de la labor de investigación, y las tres se articulan muy bien. El eje de acción social es uno de los que promovemos, pensando en una estrategia contra las violencias, y mediante el otro de difusión creamos y distribuimos materiales informativos entre la comunidad universitaria”, comentó la Lic. Paola Brenes Hernández.
Mujeres del mundo levantan la voz
Aunque los movimientos mundiales han levantado la voz, como el conocido #MeToo (#YoTambien, en español), fundado por Tarana Burke, tuvieron un gran impacto global; al mismo tiempo tomaron fuerza propuestas políticas que cuestionan los avances en los derechos humanos, e incluso proponen la eliminación de las acciones afirmativas para proteger a las mujeres y crear condiciones de equidad en el mundo. En la actualidad, las activistas en América Central, los Estados Unidos, América del Sur, Europa y otras regiones siguen levantado sus voces para denunciar estas iniciativas neoconservadoras que perciben a los derechos humanos contrarios a sus idearios políticos.
En ese sentido, el proyecto EC-514 es otra de las instancias desde las que el Ciem-UCR que trabaja intensamente todo el año para capacitar a estudiantes de secundaria, universitarias y personas funcionarias públicas en temas de prevención y atención de casos de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género.
“Nuestras actividades dentro y fuera de la universidad incluyen cursos, capacitaciones, acciones conjuntas con algunas organizaciones, otras dirigidas a fiscalías de colegios profesionales y personal de instituciones públicas. Entre las líneas estratégicas que tenemos es llegar a grupos u organizaciones con potencial multiplicador para el abordaje de prevención y otras iniciativas”, comentó la Lic. Brenes.
En materia de prevención, este año el proyecto ha organizado un total de 90 espacios de capacitación en las sedes de la UCR, tanto de manera presencial como virtual. Las mismas fueron solicitadas por unidades académicas, administrativas, por docentes, estudiantes y diversos grupos organizados dentro de la comunidad universitaria. “En este momento estamos cerrando el curso de Promotoras de Derechos de las Mujeres, que se ha impartido desde el 2014, y que busca darle a estudiantes actividades y herramientas en esta materia. Son 14 sesiones en las que aprenden sobre abordaje de la violencia contra las mujeres para que puedan aplicarlo en sus espacios de movimiento estudiantil, y hemos tenido muy buenos resultados”, añadió la investigadora.
Lo anterior es relevante ya que la última encuesta publicada por el Ciem-UCR en julio pasado reveló que el 80% de las estudiantes aseguró haber vivido algún tipo de violencia de género, tanto dentro de la universidad como fuera de ella, entre ellas violencia emocional, sexual, hostigamiento, agresiones físicas o patrimonial. El estudio consultó a 658 mujeres entre junio y julio de 2021, y sus resultados tienen un grado de confianza del 95%.
Otra de las líneas de acción en la que el proyecto se involucra es la Red Universitaria contra el Hostigamiento Sexual, cuyo objetivo es promover el trabajo conjunto con asociaciones estudiantiles para el intercambio de experiencias, estrategias, recomendaciones. En lo que va del año 2022 más de 15 asociaciones se sumaron a este esfuerzo.
Otro curso es sobre la Introducción Feminista a la Vida Universitaria que estaba orientada a estudiantes de primer ingreso que se realizó en abril 2022, y en esa misma línea de la mano de la iniciativa Costa Rica Aprende con la U Publica impulsaron tres cursos de mayo a junio, el primero dirigido a estudiantes de Derecho sobre la “Introducción a los instrumentos internacionales de derecho de mujeres aplicables en Costa Rica”, otro sobre “Introducción al feminismo: un espacio para aprender, acompañarse y resistir”, dirigido a estudiantes de secundaria”. Y finalmente el de “Violencia contra las mujeres y Prevención del Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia”, enfocado en personas estudiantes de instituciones universitarias publicas y privadas.
¡Aquí estamos!
Si alguna persona requiere acompañamiento o asesoría legal debido a actos relacionados con la violencia de género puede solicitarlo a la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, mediante la línea telefónica 2511-1909 o al correo electrónico defensoriahs@ucr.ac.cr
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
En el ámbito periodístico, la mitad de las mujeres han experimentado violencia política, acoso sexual, maltrato psicológico, acoso en línea y otras formas de violencia de género (VG) mientras trabajaban, esto según datos de la Federación Internacional de Periodistas. Estos actos de violencia no sólo tienen como objetivo intimidar y silenciar a las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, sino que sus efectos amedrentadores contribuyen a acallar historias y privar al público de información. Como consecuencia, estos ataques socavan el pluralismo y el derecho de acceso a la información.
Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, ponemos la mirada en la violencia online; es hora de que los medios de comunicación y los sindicatos denuncien públicamente TODOS los actos de abuso en línea. Es urgente que los/as legisladores/as conviertan el abuso en línea en una cuestión de salud y seguridad. Para ello, nuestra Asamblea Legislativa debe aplicar urgentemente el Convenio C190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el ámbito laboral.
Las direcciones de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y proporcionar, un mecanismo fiable para que las mujeres puedan denunciar y ser protegidas cuando sean objeto de abusos en línea.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica; la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su Consejo de Género de la cual somos directivos; pedimos al Gobierno de Costa Rica que actúe de manera responsable para erradicar la violencia contra las mujeres y que la Asamblea Legislativa agende el Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo e instamos a las plataformas sociales a que introduzcan medidas efectivas contra el acoso online. El convenio prohíbe la violencia contra las mujeres en el trabajo, incluido el abuso en línea, y la convierte en un problema de salud y seguridad. Una vez ratificado por un país, obliga a los empleadores de los medios de comunicación a garantizar un lugar de trabajo seguro y a proporcionar un mecanismo sólido para que las mujeres periodistas presenten denuncias y estén protegidas cuando sean objeto de abusos.
Ninguna mujer periodista debería enfrentar los abusos en línea, y por supuesto, ninguna mujer debería hacer frente a ello sola.
El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica hace un llamado para pedir al Gobierno de Costa Rica y a las plataformas sociales que tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género online. Instamos a las empresas a que adopten medidas inmediatas para prohibir los comentarios sexistas, racistas y abusivos en sus plataformas y que nos apoyemos en el Convenio 190 para que Costa Rica goce de mejores instrumentos para la eliminación de la violencia contra la mujer.
Licda. Sonia Arrieta Mora Secretaría General SNP
Junta Directiva 2022-2025 Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica
Hoy se celebran muchos días, pero en el año 2000 la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONG’s a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y es la celebración más importante en este día.
La fecha de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo.
La población femenina es altamente vulnerable de sufrir violencia de género, especialmente las niñas y las mujeres de la tercera edad, mujeres pertenecientes a la comunidad LGBT (lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex), las migrantes y refugiadas, las pertenecientes a pueblos indígenas o minorías étnicas, mujeres y niñas con VIH-Sida, con discapacidad, y aquellas que habitan en países con crisis humanitarias.
Debemos unirnos en favor de la no violencia contra las mujeres, independientemente de su situación económica, política y social. La mujer ha sido protagonista de la historia, a pesar de la invisibilidad que se le ha querido imponer y a pesar de esa violencia que estúpidamente ha ejercido el hombre contra ella.
Debemos cambiar actitud y dejar de lado esa violencia contra la mujer y respetarle su derecho a la igualdad en todo sentido. Tratar con violencia a la mujer refleja el desconocimiento de nuestra propia procedencia. A la mujer se le respeta en todo sentido y se le debe amar en todo momento, con ese amor que le permita sentirse libre, segura y con las opciones para desarrollar toda su capacidad intelectual.
El mundo ha logrado avances importantes gracias a las mujeres y ellas se han ganado, por su propio esfuerzo y entrega, el lugar que merecen, sin dádivas y sin condiciones, el lugar que todos debemos reconocerle.
Nosotras, mujeres feministas autoconvocadas, diversas, de todas las edades, procedentes de diferentes zonas de Costa Rica, preocupadas por el deterioro progresivo que vive el país, nos reunimos el 12 de noviembre en el Encuentro Nacional Feminista 2022.
Es así que manifestamos:
Nuestro repudio a la tendencia destructiva del Estado Social de Derecho y a un modelo económico que no tiene como centro la vida.
Nuestra oposición a la pauperización de las condiciones de trabajo y al aumento del subempleo y desempleo en las mujeres.
Nuestro dolor, preocupación e indignación por la creciente violencia contra las mujeres y las niñas
Nuestra preocupación por la institucionalización y normalización de actitudes sexistas.
Nuestro rechazo a la destrucción de la naturaleza y la concentración de la propiedad de la tierra para el cultivo y la producción alimentaria restringiendo el acceso a las mujeres a este derecho
Nuestra oposición por el creciente retroceso en los derechos humanos de las mujeres
Por ende exigimos:
Se establezcan con carácter de urgencia medidas de distribución equitativa de la riqueza.
Se incremente la inversión social y de infraestructura pública. Se fortalezca la institucionalidad democrática..
Se diseñen y ejecuten con urgencia políticas de cuidado de carácter universal que prioricen a los sectores de la sociedad más vulnerables.
La defensa de la salud pública desde un enfoque integral que incluya la salud mental y la salud sexual reproductiva.
Defensa de la naturaleza y soberanía alimentaria.
El Estado garantice la implementación de los derechos de las mujeres y una vida libre de discriminación y violencia consignados en los instrumentos internacionales ratificados por el país como CEDAW y Belem do Pará.
Hacemos un llamado a todas las feministas y a los movimientos sociales para que establezcamos alianzas para unir nuestras acciones por la defensa de nuestro Estado Social de Derechos, la institucionalidad democrática, salvaguardando las instituciones que garantizan el acceso a los derechos de la ciudadanía y son parte del patrimonio nacional.
Por vida libre de cualquier tipo de violencia y discriminación contra contra las mujeres.
En esta semana de conmemoración, debido a que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se realizará el próximo 24 de noviembre una charla “Cafeteada Feminista 25N” a las 3:00 p.m, en la Sede del Pacífico, en el aula A6. Ésta va dirigida a mujeres estudiantes, administrativas y docentes. Hay permiso de Dirección para las que quieran asistir, solamente se requiere que se anoten en el siguiente formulario: https://forms.gle/Zcu8hrLxbwkiUHNJ7
Mujeres por Costa Rica invita a la comunidad universitaria al performance ¡YA! NO MÁS VIOLENCIA, el próximo viernes 25 de noviembre a las 11 a.m., en la Plaza 50 aniversario Estudios Generales.
Nosotras, integrantes del colectivo Mujeres por Costa Rica, manifestamos nuestra total oposición al proyecto de ley 23421 “LEY PARA GARANTIZAR LA SANA CONVIVENCIA ENTRE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y SUS PROGENITORES”, presentado por los diputados Fabricio Alvarado y Lesly Bojorges.
Según las consideraciones del proyecto de ley, el objetivo es proteger el interés superior de las personas menores de edad en caso de separación o divorcio, basado en el principio de la sana convivencia de sus progenitores. El argumento manifiesto para presentar este innecesario proyecto es evitar que la persona (mayoritariamente mujeres), que tiene la custodia de hijos e hijas menores de edad, influya negativamente en la imagen del otro progenitor con falsedades y, por lo tanto, limite su derecho a tener una sana relación con ambos y sus familias.
Las reformas presentadas, por el proyecto mencionado al Código de Familia y Niñez y Adolescencia, abre portillos legales peligrosos, especialmente para las mujeres y también hombres sometidos a situaciones de violencia física y psicológica, al obligarlos a establecer una “sana convivencia”, desprotegiendo tanto a las personas violentadas como a las hijas e hijos.
La ley propiciaría una vida familiar construida, una vez más, sobre el silencio de la mujer, sobre una falsedad. En otros países se ha observado que los agresores aprovechan legislaciones similares para confundir e interferir en los juicios en los que la mujer pide protección de la justicia.
Incluso hay situaciones en las que el agresor manipula a los hijos e hijas contra la madre, circunstancia que en varios países se llama «violencia vicaria». Si la madre debe silenciar los maltratos, el agresor puede aprovecharse de esa manera para perpetuar la violencia contra ella y sus hijos.
Nosotras consideramos que las reformas planteadas por el proyecto no resuelven el problema que busca corregir, por el contrario, lo agrava. La solución debería ir por el fortalecimiento del PANI dotándolo con los recursos y los instrumentos legales necesarios.
