Autor: María José Ferlini Cartín
UCR: Propuesta para declarar la conectividad a internet como: “Derecho humano, de acceso universal y gratuidad total”
19 de octubre de 2020
Señor Presidente de la República
Como es sabido por usted, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha dado una muestra ejemplar de adaptabilidad en la emergencia declarada por el actual contexto de pandemia generado por la enfermedad COVID-19. Desde la primera semana lectiva del I ciclo del presente año, casi la totalidad de actividades académicas y administrativas las desarrollamos de manera virtual.
Esta accidental e inédita exigencia histórica nos hizo madurar como institución a un ritmo nunca pensado, lo que, a su vez, nos obligó a desarrollar nuestras mejores capacidades adaptativas en contexto de crisis, sin perder de vista en ningún momento, la vocación humanística, democratizadora y científica, que guía al Alma Mater.
Las acciones afirmativas fueron múltiples y resguardaron, hacia lo interno, tres prioridades: a) becas y beneficios estudiantiles, b) respeto a los contratos laborales, y c) inversiones en las sedes regionales; todo lo cual permitió, mantener la excelencia que nos es connatural, realizar aportes científicos y materiales fundamentales en el contexto pandémico y en beneficio de nuestra sociedad; lo anterior, observando los márgenes constitucionales y estatutarios.
Pese a todos los esfuerzos realizados, hemos enfrentado, en un bajo pero importante porcentaje, imposibilidad de conexión virtual de varias personas estudiantes e incluso funcionarias. La dificultad de acceso a internet, o un acceso muy deficiente, aumenta en la medida que el uso se hace desde lugares distantes de los centros urbanos. Esto genera una brecha significativa que conlleva una solapada discriminación inaceptable en el Siglo XXI, en el cual el manejo de la información y la conectividad son constituyentes centrales del orden social. No poseer conexión hoy día, puede ser considerado, permítame la metáfora, una suerte de analfabetismo, lo que corresponde evitar en un Estado moderno y democrático. Sabemos además que miles de estudiantes de primaria y secundaria experimentan serios problemas en este mismo sentido.
Es precisamente por lo expuesto en el párrafo anterior que le escribo, pues creemos necesario proponerle, con respeto, pero con vehemencia, que el Ejecutivo a su digno cargo realice las acciones inmediatas que fueran necesarias para atender dos objetivos ineludibles: 1º- reconocer la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de nuestro país; y, consecuentemente, 2º- promover el acceso universal y gratuito en todo el territorio nacional.
Nuestro país es privilegiado y dispone de condiciones idóneas para lograr tales cometidos, al contar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución ejemplar que cuenta con recursos humanos capacitados para hacerlo. Pero, además, dispone del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que no solo tiene el propósito central de reducir la brecha digital, sino que, además, dispone de recursos financieros para apoyar un proceso de esta urgencia y trascendencia.
A estas ventajas comparativas súmele señor Presidente, la disposición de la Universidad de Costa Rica para acompañarles en este proceso que nos pondría entre los países más avanzados y visionarios, dignificando a todas las personas que habitan dentro de las fronteras patrias. Por su parte, no me cabe la menor duda que las otras instituciones de educación superior estatal costarricenses, estarían dispuestas a acompañarnos en tan humano cometido.
Dr. Carlos Araya Leandro
Rector
Colectivos literarios envían carta a legisladores
Compartimos la carta enviada por varios colectivos literarios a los legisladores con respecto a la pretensión de recorte en el presupuesto asignado al sector de cultura.
San José, 18 de octubre de 2020
Señores
Diputadas y Diputados de la República
Presente
Estimados señores y señoras:
Manifestamos nuestra profunda preocupación por las pretensiones de algunos diputados y diputadas al presentar mociones que inciden de manera nefasta contra los programas vitales del Ministerio de Cultura y Juventud.
De aprobarse en la Comisión de Hacendarios dichas mociones -que cercenan en extremo los ya paupérrimos presupuestos del sector Cultura, especialmente de las entidades ejecutoras de proyectos y programas tales como: Colegio Costa Rica, Biblioteca Nacional y demás bibliotecas, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, los Museos, el Taller Nacional de Teatro, Escuela de Danza y Centro Costarricense de Producción Cinematográfica- debe considerarse “desacato a la Constitución de la República”; porque desmantelar la cultura significa exactamente atentar contra los intereses y necesidades del pueblo, en cuanto a sus derechos de educación y desarrollo en todos los ámbitos, incluso el económico.
Cada presupuesto eliminado implica el cierre técnico de estos órganos y generará daños colaterales irreversibles para cientos de trabajadores del sector, así como para las comunidades beneficiarias de su acción, y perjudicará la permanencia y el fortalecimiento de sus identidades y de programas que coadyuvan al mejoramiento de la sociedad costarricense.
Como directores de los colectivos literarios Palabras Viajeras, Hojas sin Tiempo y Grupo Literario Poiesis, sumamente consternados por estas medidas, que de aprobarse violentarán al sector cultura y lo convertirán en un cascarón sin contenidos para oprobio de nuestro amado país; recurrimos a su buena voluntad para que, en aras de la representación que les otorgamos en elecciones libres, hagan valer el juramento que nos hicieron y trabajen respetando el espíritu de la Ley que en materia de cultura ya existe y no debe, por lo tanto, ser objeto de extinción.
Durante esta época el sector cultura ha sido uno de los más golpeados por la crisis sanitaria y económica del país y, aún así, nuestros artistas siguen colaborando para entregar productos culturales de calidad y contenidos humanos y espirituales a toda la población; propiciando, además, participación y expresión de las bases populares y comunales y generando reactivación económica.
Un país sin cultura es un país sin identidad. La cultura promueve la paz, la solidaridad, el trabajo. Con absoluto respeto les invitamos a reflexionar sobre estas mociones perniciosas y rechazar este intento que menoscaba y atenta contra los pocos programas que el Estado propicia en pro de la cultura, la identidad y el reconocimiento a quienes engrandecen al país con sus aportes culturales, artísticos y científicos; como es, entre otros, el caso de los Premios Nacionales. Así como el apoyo a los talentos y expresiones más auténticas y creativas del ser costarricense.
Nunca ha sido más atinente la frase de don José Figueres Ferrer, estadista visionario: “Para qué tractores sin violines”.
Reciban nuestro respetuoso saludo y nuestra vehemente petición.
Ver las firmas en la carta para descargar:
Recorte de 53 000 millones de colones al presupuesto de las universidades públicas afectaría seriamente la operación de la UCR
El rector manifestó que, de darse esta disminución se perjudicaría, la cantidad de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año
Una moción presentada por la diputada María Inés Solís Quirós del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende reducir en alrededor de ¢53 000 millones el presupuesto de las universidades públicas del 2021. Esta será debatida en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la discusión para la aprobación del Presupuesto Nacional de la República del 2021.
La moción Nº 74 supone un rebajo de ¢49 000 millones al FEES en general y de ¢215,7 millones adicionales a la UCR, la UNA, el TEC y la UNED (cada una), así como 3 mil millones a la UTN, que corresponden a un rubro de gastos operativos.
En un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional, el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, manifestó que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año. Por lo que hizo un llamado a los señores y señoras diputadas no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones.
Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.
“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.
Según la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.
Además señaló que el otro rubro que se pretende recortar en la moción, se refiere a los ingresos según los artículos 22, 23 y 24 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N°9635) que sustituye lo que anteriormente era la Ley 7386, conocida para la universidad como la Ley de Paraíso (215,7 millones) cuyo impacto incide de forma directa y perjudicial en la regionalización.
Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.
Por su parte, el Ing. José Francisco Aguilar Pereira, vicerrector de Administración explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.
Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.
De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.
Complementariamente, como parte de los esfuerzos de contención del gasto y dada la crisis sanitaria del país y por ende la limitación de los recursos destinados a la educación superior, igualmente, en el concepto de “remuneraciones”, se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de Sueldos al Personal Permanente y no se crean plazas.
Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.
Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: elección de Bolivia, Cuba y México
Nicolas Boeglin (*)
El pasado 13 de octubre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se procedió a elecciones para renovar varias vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Para el período 2021-2023, fueron un total de 15 Estados los que resultaron electos como nuevos integrantes de la máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos en breve
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano que fue creado en el 2006, adscrito a la Asamblea General de Naciones Unidas (véase sitio oficial). Está compuesto por 47 Estados miembros, con ocho puestos otorgados a la región de América Latina y del Caribe.
Anterior a él, existía la Comisión de Derechos Humanos constituida por 53 Estados Miembros, la cual permaneció desde su creación por el Consejo Económico y Social en 1947 hasta su disolución formal (en marzo del 2006) como el principal órgano de discusión y debate en materia de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas.
En ambos casos (tanto la Comisión como el Consejo), se está en presencia de un órgano de carácter intergubernamental – y por ende político – en el que participan de manera exclusiva los Estados, con un extenso programa de trabajo en los más diversos tópicos sobre los cuales es llevado a pronunciarse (véase, a modo de ejemplo, el último informe del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General de Naciones Unidas, correspondiente al período diciembre 2019-julio 2020).
Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014 a la hora de crear el Consejo de Derechos Humanos una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en junio del 2015
El Consejo de Derechos Humanos se renueva de manera parcial cada año, con ocasión de una votación directa y secreta realizada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participan los 193 Estados Miembros de la organización. Como dato de interés, en mayo del 2018, Estados Unidos optó por no seguir siendo integrante de esta instancia de Naciones Unidas (Nota 1).
El resultado de las elecciones del 2020 en el seno del Consejo de Derechos Humanos
Por parte de América Latina y del Caribe, con tres vacantes liberadas al llegar al término de su mandato Chile, Perú y México, fueron electos el 13 de octubre del 2020 los tres Estados que postularon su candidatura, a saber: Bolivia (con 172 votos a favor), Cuba (170 votos), al tiempo que México fue reelecto con 175 votos (véase nota oficial y video oficial de Naciones Unidas con recuento de los votos registrados).
Es de notar que la nota verbal de Bolivia postulando su candidatura fue enviada a Naciones Unidas el 1ero de junio del 2020 (véase texto completo), a diferencia de Cuba, que lo había hecho desde el mes de enero del 2020 (véase texto completo).
Por parte de Europa del Oeste fueron electos Francia (con 167 votos a favor) y Reino Unido (165), así como, por parte de Europa Oriental, Ucrania (166) y Rusia (158); al tiempo que fueron electos por, África, Costa de Marfil (con 182 votos), Gabón (176), Malawi (180) y Senegal (este último reunió una cifra raramente alcanzada de 188 votos a su favor), mientras que Marruecos obtuvo una marca raramente obtenida: un único voto a su favor.
El otro grupo regional en el que se presentaron más postulaciones que escaños disponibles fue el grupo de Asia y del Pacífico, donde fueron electos China (139 votos a favor), Nepal (150), Pakistán (169) y Uzbekistán (169), quedando fuera Arabia Saudita (con tan solo 90 votos a favor reunidos).
El distanciamiento de Costa Rica con el Consejo de Derechos Humanos
Habíamos tenido la oportunidad de analizar la súbita candidatura presentada por Costa Rica a inicios del mes de octubre del 2019 (anunciada mediante … un tweet presidencial enviado de madrugada) para evitar que Venezuela fuera electa (Nota 2). Pese a la maniobra costarricense, quedaron finalmente electos en octubre del 2019 Brasil con 153 votos y Venezuela con 105 votos a favor, mientras que la repentina candidatura de Costa Rica reunió 96 apoyos, (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas del 17/10/2019). Cabe precisar que la nota diplomática de postulación de Costa Rica detallando sus compromisos en materia de derechos humanos (véase texto integral) fue circulada el 10 de octubre del 2019, tratándose posiblemente de la postulación más tardía presentada para una elección de esta naturaleza (a menos de siete días de la votación).
Otra ocasión en la que Costa Rica tampoco logró ser electa fue en el mes de octubre del 2014, siendo electos Bolivia (con 144 votos), El Salvador (151) así como Paraguay (139), mientras que Costa Rica no logró obtener más que 120 votos (remitimos a nuestros estimables lectores a la breve nota que publicamos en el sitio jurídico argentino de DIPúblico sobre esta elección del 2014, y disponible aquí): esta vez, la nota diplomática de Costa Rica fue circulada desde el mes de marzo del 2014 (véase texto integral).
Cabe recordar que la última vez que Costa Rica fue electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, realizada en el mes de mayo del 2011, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136 votos, quedando fuera de la contienda Nicaragua con apenas 90 votos reunidos.
Es de notar que en mayo del 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez (sustituyendo a la antigua Comisión de Derechos Humanos), los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos). Remitimos a nuestros lectores, para mayores detalles sobre este episodio pocamente divulgado en América Latina, a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas.
A modo de conclusión
A partir del 1ero de enero del 2021, la región de América Latina y del Caribe se presentará en el Consejo de Derechos Humanos con los siguientes ocho integrantes: Argentina, Brasil, Cuba, Bahamas, Bolivia, México, Uruguay y Venezuela.
A la ya tradicional ausencia de Colombia, pareciera sumarse ahora la de los Estados centroamericanos, constituyéndose en una llamativa tendencia, mientras la cifra alcanzada por México (175 votos) viene a reafirmar la notable labor desplegada por su aparato diplomático en este 2020 (Nota 3): la elevada marca registrada por Bahamas al ser electa en el 2018 así como por Perú en el 2017 (180 votos) persiste como la más alta alcanzada por un Estado de la región.
Con relación a Costa Rica, después del verdadero traspié que significó su no elección en el 2014, pareciera que ha optado por varios años por no postular su candidatura para integrar la máxima instancia en materia de derechos humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender a todo observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento del que ha beneficiado Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos. El tardío interés que manifestó unas pocas semanas antes de la realización del voto en octubre del 2019 parece haber obedecido a una iniciativa (bastante peculiar) sugerida a sus actuales autoridades.
Para el 2021, serán nuevamente tres las vacantes de la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, al concluir su mandato Argentina, Bahamas y Uruguay; serán dos en el 2022 al concluirse los de Brasil y de Venezuela.
Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
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Nota 1: Sobre esta insólita decisión, directamente relacionada a la incondicional alianza existente entre Estados Unidos e Israel, remitimos a nuestros lectores a la siguiente nota nuestra: BOEGLIN N., «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«, publicada en Monitor de Oriente (MEMO), edición del 26/06/2018, disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N.,»El anuncio de la reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: breves apuntes«, publicada en el sitio de Derechoaldía, edición del 8/10/2019, disponible aquí.
Nota 3: A estos 175 votos obtenidos para integrar el Consejo de Derechos Humanos, hay que señalar que en junio del 2020, México logró el respaldo de 187 Estados para ser electo Miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de 180 para integrar el Consejo Económico y Social – ECOSOC (véase resultados de elecciones disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas).
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Compilación de datos de interés: resultados de las últimas ocho elecciones de los Estados de América Latina y del Caribe en el Consejo de Derechos Humanos (el número refiere al número de votos obtenidos):
2020: Bolivia (172), Cuba (170) y México (175)
2019: Brasil (153) y Venezuela (105) – Costa Rica (96, no electo)
2018: Argentina (172), Bahamas (180) y Uruguay (177)
2017: Chile (175), México (179) y Perú (180)
2016: Brasil (137) y Cuba (160) – Guatemala (82, no electo)
2015: Ecuador (152), Panama (157) y Venezuela (131) – Bahamas (113, no electo)
2014: Bolivia (144), El Salvador (151) y Paraguay (139) – Costa Rica (120, no electo)
2013: Cuba (148) y México (135)
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado por el autor.
¿El simplismo autoritario como atajo frente a la crisis fiscal? (Acerca de las propuestas de Gerardo Corrales)
Luis Paulino Vargas Solís
Economista, director a.i. CICDE-UNED
Me refiero aquí a un texto escrito por el economista y banquero Gerardo Corrales, que pareciera ser un mensaje dirigido al presidente Alvarado, y el cual, en los últimos días, circuló profusamente en redes sociales. Se trata de un listado de medidas gracias a las cuales lograríamos resolver, al parecer en forma definitiva, el problema fiscal. Con cada medida, viene la cuantificación respectiva. Algunas de esas cifras provienen de fuentes oficiales. En su mayoría son de la propia hechura del susodicho. De dónde salen los números que se ofrecen, nadie lo sabe; tienen un origen arcano y misterioso, solo al alcance del señor Corrales. Finjamos demencia, y limitémonos a repetirlas.
En lo que sigue, examino brevemente cada una de esas propuestas.
1) La aprobación de la ley de empleo público, incluyendo la prohibición de las convenciones colectivas (según lo indicado por Rubén Hernández) aportaría un ahorro del 1% del PIB en cuatro años. Así lo plantea Corrales. Yo, por mi parte, me permito decir ¿qué tal si, con una perspectiva menos autoritaria, admitimos que el tema es, como mínimo, opinable? Porque, ciertamente, es muy debatible la idea de imponer un régimen de empleo uniforme en todo el sector público, y un control centralizado de las políticas de empleo público. Por ejemplo, y para ilustrar el punto, mientras Corrales fue gerente del BAC ¿los regímenes laborales y salariales aplicados en ese banco eran idénticos a las que aplicaban el resto de las empresas, en el propio sector bancario y en otros sectores de la economía? ¿Será que había acaso algún estímulo especial a favor de quienes jaqueaban las bases de datos de la Caja, o para quienes embaucaban a gente humilde con tarjetas de crédito que cobraban tasas de interés arriba del 50%?
2) Aplicación generalizada del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas): 1% de ahorro. La idea es por lo menos, rara. El SICOP debería ser una herramienta para lograr mayor eficiencia, de forma que, gastando lo mismo, las cosas se resuelvan con más rapidez, y, entonces, los servicios sean de mayor calidad y más oportunos. Debería haber mejora que incremente la calidad y cantidad de los servicios, no recorte del gasto ¿de dónde saldría ese recorte? ¿Acaso se compraría menos? ¿Consistiría acaso la idea en hacer el mismo volumen de compras con menos gente, procediendo entonces a realizar despidos? Supongamos, en todo caso, que el ahorro proviene de economías de escala en las compras ¿no deberían emplearse entonces esos recursos que quedan disponibles para ampliar y mejorar servicios, en vez de irse a hinchar los recortes? Porque una cosa es cierta: las necesidades y demandas destendidas o mal atendidas, son muchas. Recortar, en vez de aprovechar lo que quede disponible para ampliar la capacidad de atención, es una vía regresiva.
3) Reforma organizacional (reorganización): 2% del PIB. Dejemos de lado, por un segundo, el autoritarismo implícito a la forma como la propuesta se formula, y admitamos que ningún proceso de reorganización está exento de conflictos y fricciones. Que si tal cosa ocurre -y en el mundo de los seres de carne y hueso es usual que ocurra- el resultado podría ser incierto. Acaso ello podría evitarse si de por medio hubiese un proceso, necesariamente complejo y laborioso, de diálogo y construcción de consensos. Pero, bueno, no parece que eso calce con el talante autoritario y la impaciencia que caracteriza la propuesta que estamos comentando.
4) También en este caso -como con el SICOP- cabe preguntarse ¿por qué reorganizar deba implicar ahorrar, es decir, recortar? Debería, en cambio, implicar mejoría. Es decir, sí es una buena reorganización, que genera ganancias en la eficiencia y motivación y compromiso en las personas, debería propiciar que, con la misma cantidad de recursos, se presten más servicios y servicios más expeditos y de mejor calidad. Proponer que habrá ahorros, equivale, poco más o menos, a proponer que se mantendrá la misma calidad y cantidad de servicios, pero utilizando menos recursos ¿Querrá esto decir que se despedirá gente, de forma que, aproximadamente, se mantengan los mismos servicios, pero con menos personal? De ser ese el caso, ello agregaría nuevos elementos de conflicto y fricción, los cuales, aunque ajenos a la racionalidad autoritaria, sí forman parte inherente de la realidad, y sí tienen consecuencias reales, generalmente negativas.
5) Aparentemente (el planteamiento es sumamente oscuro) hay también una propuesta de recorte de los altos salarios, por un monto equivalente al 2% del PIB. No sé cómo se amolda eso con las leyes vigentes, ni parece que sea algo que preocupe a Corrales. No lo dice, pero se adivina que la cuestión queda resuelta como un ejercicio tan simple como arbitrario: agarre las tijeras y corte.
6) Corrales admite que podríamos recuperar hasta un 2% mediante el combate a la evasión. Curioso: no dice nada de la elusión, herramienta favorita de los muy ricos para evitar pagar impuestos. Asimismo, llamativo: solo menciona los “movimientos subterráneos” en Aduanas ¿y las ganancias empresariales que, comprobadamente, son la principal fuente de evitación del pago de impuestos?
7) Privatización de empresas públicas. Las ideas aquí vuelven a ser oscuras y enrevesadas, lo que, de nuevo, obliga a un ejercicio de adivinación. La cuestión va como así: que un 60% de la propiedad de esas empresas pase a los fondos de pensiones, lo cual al parecer reduciría la deuda en el equivalente al 5% del PIB y reduciría los pagos por intereses en, al parecer, un 2% del PIB. Recalcó lo del “al parecer”, inevitable cuando hay tal oscuridad en la expresión de las ideas. Es muy llamativo que una reducción del monto de la deuda por cinco puntos genere un ahorro en intereses de dos puntos ¿cuáles son las tasas de interés que implícitamente el señor Corrales asume? Pero, en fin, como es él quien lo dice hay que creerle. Eso exigen sus fans, que tanto lo idolatran.
8) Quedaría algunas otras nimiedades por resolver: ¿o en serio alguien podría creer que basta con un movimiento de la varita mágica para que ese proceso de privatización llegue a su gloriosa realización? Creer que esas son fruslerías irrelevantes, solo es propio, o bien de una mente autoritaria, o bien de un razonamiento abstracto que perdió todo contacto con la realidad. Lo más probable es que ambas cosas a la vez.
9) Ahora que todavía restaría preguntarse: una vez privatizadas, ¿esas empresas seguirán contribuyendo al financiamiento del sector público de la misma forma y en los mismos montos como lo hacen hoy día? La pregunta cobra especial relevancia en el caso de los bancos públicos, aunque no solo con estos. Si la respuesta es negativa, ello implica que Corrales nos está debiendo la deducción correspondiente a los montos de las contribuciones fiscales (o más bien parafiscales) que esas empresas hoy día aportan, y que en el futuro desaparecerían.
10) La “reingeniería de la deuda”: aquí reaparecen las oscuridades discursivas del señor Corrales, de manera que no queda claro cuánto es el monto del ahorro estimado, aunque aparentemente (estoy adivinando) podría ser del orden del 2%. En todo caso, lo llamativo es que esa reingeniería deba limitarse exclusivamente a la deuda colocada en el sector público. Al parecer, los rentistas del sector privado merecen ser mimados.
11) Algunos ajustitos en materia tributaria darían un 1,5%, con afectación mínima para los más ricos. La supresión de algunas exoneraciones, aportarían, por su parte, un 1,16%. Puesto que, en este último aspecto, se acoge lo planteado por el propio gobierno, queda claro que zonas francas han de preservar intactos sus privilegios.
12) Y, por supuestísimo, la regla fiscal, materia en la cual Corrales también hace suyas las estimaciones oficiales, para sumar 3,3% a la buchaca de los recortes.
13) Para reactivar la economía, Corrales propone un “War Economic Room” (sic) de donde debe salir una reactivación de la economía que incrementará los ingresos en el equivalente al 2% del PIB. No se sabe cuáles son las medidas de reactivación -eso lo decidirá el “War Economic Room”- solo sabemos cuáles son los numeritos de Corrales, cuyo origen preciso igualmente desconocemos, pero ¿a quién le importa eso? Cuando lo afirma este señor, solo un camino queda disponible: creerlo.
14) En resumen, tenemos lo siguiente:
- Más del 13% (al parecer alrededor el 13,3%) del PIB en reducción de gastos.
- Aproximadamente un 6,7% de incremento de ingresos, incluyendo los 2 puntos que presuntamente rendiría la reactivación de la economía.
- Total: 20% del PIB, que, aparentemente, se obtendrían a lo largo de cuatro años, aunque eso no es claro (en algunos casos se menciona ese plazo, en otros se omite indicar plazo alguno).
- Al parecer, la mitad de ese monto se dedicaría a reducción (amortización) de deuda. La otra mitad para lograr reducir el déficit a cero. Recalco: al parecer es así, y es importante tenerlo en cuenta, en vista de las reiteradas imprecisiones en que el susodicho incurre, lo cual obliga a interpretar, suponer, imaginar y, en último término, adivinar. La cuestión no tiene que ver con la complejidad de las ideas planteadas. En realidad, éstas no son simples, sino simplistas, ajenas a cualquier problematización que tenga ni dos centímetros de profundidad. El problema es que las cosas están dichas de forma muy desprolija, con un manejo del discurso escrito que da pena.
- La cuestión tiene algo (o mucho) de delirante: nos quiere hacer creer que un ramillete de medidas puntuales e inconexas, no solo rendirían un monto gigantesco, sino que, además, podrían aplicarse sin que ello genere interrelaciones problemáticas y efectos secundarios, que, potencialmente, podrían ser muy complejos, y eventualmente muy conflictivos y dañinos. Como dije más arriba: es un planteamiento simplista, de tono autoritario y demagógico. Supongo que es justo por ello que resulta tan atractivo, puesto que, ante la ansiedad inevitable que toda esta situación genera, hoy son multitud quienes añoran una salida fácil, o algún milagro caído del cielo. Corrales, según parece, ha querido oficiar de profeta, a cargo de transmitir tan venturosa nueva.
15) En lo que no se dice -y lo que no se dice es muchísimo más que lo que está torpemente dicho- quedan muchas preguntas sin ser contestadas. Por ejemplo: ¿cómo se compatibiliza un proceso de ajuste fiscal de (al parecer) 5 puntos del PIB como promedio anual, con la presunta reactivación que el “War Economic Room” impulsaría? Quizá nos saque a relucir entonces las tesis de la “austeridad expansiva”, que, bien se sabe, enfrenta durísimos cuestionamientos teóricos y empíricos, y la cual, en un contexto de agravada incertidumbre como el que enfrentamos, y con índices de desempleo y pobreza realmente catastróficos, vendría a ser una apuesta al desastre. Pero, bueno, no sabemos. Este viene a ser otro más, en el interminable rosario de ejercicios de adivinación a que obligan las impresiones, vaguedades, silencios y omisiones de Corrales.
Simposio: “Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos”
Transparencia y acceso a la información pública como medio de creación de políticas para el bienestar económico y social
Este lunes 28 de setiembre de 2020, a la 1.00 pm, y en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, se llevó a cabo el segundo Foro como parte del Simposio Internacional titulado: Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos, a través de la presencialidad remota (Zoom).
El tema abordado en este espacio se refiere a la “Transparencia y acceso a la información pública como medio de creación de políticas para el bienestar económico y social”. Para exponer al respecto participaron los expositores nacionales e internacionales: Carolina Hidalgo, Diputada Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ana Cristina Migorane Arniz, Profesora de la Universidad de San Pablo-CEU, Gustavo Fuchs, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Andrés Araya, Asociación Costa Rica Integra (Sociedad Civil) y Susana Soto de la Abriendo Datos. La moderación de la mesa de trabajo estuvo a cargo del Master Guillermo Acuña González, académico de la Universidad Nacional-UNA-Costa Rica.
La diputada Carolina Hidalgo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, planteó que el contexto actual de pandemia ha sido sumamente retador, en el tanto las instituciones del Estado no se encontraban preparadas para una situación de tal magnitud y tampoco se tiene experiencia en el manejo de situaciones similares a esta. Asimismo, que América Latina es vulnerable dado la gran informalidad con la que opera la economía, por lo que los efectos de la Covid-19, ha provocado decrecimiento económico, graves afectaciones en poblaciones vulnerables como lo son, las mujeres, población estudiantil, población migrante, así como una importante reducción de la jornada laboral y por ende de los ingresos que las familias perciben: “Desde el Parlamento se han generado más de 16 proyectos de ley relacionados con la atención de la pandemia, que tiene que ver con acciones como: bono proteger, la restricción vehicular, notificaciones sanitarias, reducciones en las jornadas de trabajo, traslados de feriado, sesiones del parlamento por medios tecnológicos, apoyos e incentivos fiscales para algunos sectores, así como el retraso de pagos de algunos rubros fiscales”.
En cuanto a las acciones de transparencia la diputada Hidalgo, reconoció la necesidad de que el Parlamento realice mayores esfuerzos, pero, también mencionó que se ha realizado publicidad de las reuniones que mantienen los jefes de las fracciones, se han venido realizando también transmisiones de las sesiones de plenario por medio de radio y televisión, se han compartido las agendas diarias de las sesiones del plenario, se transmiten sesiones virtuales con las comisiones legislativas y se han implementado cuatro canales de YouTube que transmiten el contenido.
Ana Cristina Migorane Arniz, Académica de la Universidad de San Pablo-CEU-España, indicó que ante la situación de pandemia habían dos opciones, por un lado, no hacer nada y mantener la economía o por otro lado, declarar la alerta sanitaria y tomar acciones para enfrentarla a costa de la desaceleración económica: “En este sentido, España decidió enfrentarla siendo en este momento uno de los países más afectados de Europa, las consecuencia dichas acciones no se hicieron esperar, se han experimentado grandes efectos en el sector productivo, con una caída del PIB de 21% una de las más grandes caídas en los últimos años, afectando así el consumo de bienes y servicios”.
Para Migorane, las afectaciones de la COVID-19 en España presenta algunas similitudes con Costa Rica, presentándose mayores afectaciones en el sector de servicios que se encuentra cubierta en un gran porcentaje por el turismo, la destrucción del tejido empresarial que corresponde en 98% a pequeñas y medianas empresas que, aunque se crean relativamente fácil, es también fácil que se destruyan, el empleo se ha visto reducido en un 1,7% y se ha identificado una pérdida en el nivel educativo. Al igual que en Costa Rica ha habido un aumento en el déficit público.
Según esta profesora, la sociedad en general vive en la incertidumbre de lo que pueda suceder en la economía, pero, el sector público se podría ir recuperado, en la medida que genere empleo y pueda sortear la crisis sanitaria que ha causado la pandemia, con nuevas contrataciones y la transferencia en ayudas sociales: “ En nuestro país, se han adoptado medidas como la asignación de bonos sociales para gastos como luz y agua, se ha gestionado una moratoria en el pago de hipotecas, se han aprobado diversas ayudas sociales, se ha colaborado con las pymes por medio de créditos oficiales, han destinado recursos para la investigación para una vacuna contra la Covid-19 y han destinado recursos para material sanitario”, indicó Ana Cristina Migorane Arniz.
Gustavo Fuchs del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), comentó que Costa Rica es un país que pertenece al Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) este incluye derechos relacionados con la seguridad social, nivel de vida adecuado, acceso a la cultura, ambientes sanos, derecho a la información y en tiempos de pandemia el acceso la información científica. En este sentido, Fuchs dijo que los países que suscribieron el Pacto creen que el acceso a la información puede hacer una diferencia para la población en términos económicos, sociales y culturales, tal es el caso respecto de la pandemia, con la cual los gobiernos toman decisiones sanitarias, comerciales y políticas, ofreciéndole a la población la oportunidad de participar en esas decisiones: “ Por ejemplo existe poca información acerca de los intentos por reducir la inversión en educación, trabajo, salud y vivienda, así como la decisión del gobierno de priorizar en el pago de deuda, a pesar de que organismos internacionales han indicado que esto no debería ser así en tiempo de pandemia, todo esto sumando al hecho de que en la Asamblea Legislativa, los proyectos que inciden directamente en el bienestar de la población se encuentran estancados u obstruidos, mientras, que se le da trámite a unos pocos, pero no mejorar directamente la situación del país. Algunos de esos proyectos tienen que ver con reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos y a la canasta básica, lo cual afectaría positivamente a la población de manera directa”.
Para el representante del IIDH, es preocupante que haya en este momento proyectos que se están discutiendo, que no toman en cuenta este Pacto en proyectos específicos para ciertos grupos económicos como, taxistas o empresas grandes, dejando de lado que en Costa Rica el 80% de la producción se da a través de Pymes y Mipymes:” Es importante que todos los actores políticos informen a la ciudadanía acerca de cómo se incorporarán los DESC en la discusión del nuevo presupuesto nacional, tanto, para mejorar la condición interna, como para mejorar la calificación internacional de Costa Rica ante las organizaciones”.
Andrés Araya, Asociación Costa Rica Integra, organización de la sociedad civil, expuso que la transparencia es un principio que debe ser aplicado a nivel institucional y por todos los funcionarios públicos, privados y gestores, con el fin de que la población pueda saber y comprender las actuaciones prever la manera en que actuarán. Por ende, la importancia de la transparencia radica en su aplicación como política pública, para mejorar la relación y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, así como fortalecer la democracia. Es por ello, que la información, la transparencia le ofrece a la ciudadanía mayor conocimiento sobre las acciones de las instituciones del Estado, para evaluar dichas acciones: “Las políticas deben estar basadas en datos abiertos y en un gobierno abierto, los cuales deben ser conocidos por la ciudadanía, para participar en la toma de decisiones. Un nuevo paradigma en el manejo de la información, dado su gran volumen, velocidad y variedad hace que herramientas como el Big Data sean utilizadas por los gobiernos de manera transparente de cara a la ciudadanía”.
Araya, puntualizó que Gobierno Abierto, es un concepto que se refiere a la relación del gobierno con la ciudadanía a través de principios como la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana, así como los elementos relacionados a esos principios, tales como: comunicación, información oportuna y la creación de medios tecnológicos para la difusión de información: “ La información proveniente de los datos de gobierno abierto, no debe ser específica, debe estar a disposición de todos, no debe tener costo y debe ser útil para la toma de decisiones, al cruzarla por distintas instituciones. Un aspecto importante en las que interviene un gobierno abierto es la seguridad pues accediendo a la información de barrios y espacios públicos, se puede crear alianzas y colaboraciones con instancias como la fuerza pública para el beneficio de la ciudadanía”, recalcó el representante de Costa Rica Integra.
Para concluir el panel, Susana Soto de la organización “Abriendo Datos”, comentó que la CEPAL señala a la región latinoamericana como un territorio que aún previo a la pandemia ya enfrentaba serios problemas de crecimiento económico y un limitado espacio de política fiscal, de esta manera, ese panorama se vio agravado por la pandemia, pues según dicha organización se cerrará el 2020 con más de 30 millones de personas que caerán en la pobreza: “ A pesar que la pandemia ha causado un gran impacto, la región ya experimentaba problemas de base, que, por no haber sido corregidos, se empeoraron durante lo que va el 2020, por ejemplo, Costa Rica, en agosto reportó una tasa de desempleo del 24,4%, equivalente a más de 550.000 personas y 150.000 hogares que subsisten a través de la ayuda alimentaria que provee el Ministerio de Educación Pública (MEP), desde el programa de comedores escolares”.
Para Soto, en el sector educación se prevé un descenso en el nivel de Costa Rica en las pruebas estandarizadas PIZA de la OCDE, la brecha digital entre la educación pública y privada coloca en desventaja a más de 500.000 estudiantes que no han tiene acceso, y más de 50.000 con quienes ni siquiera el MEP ha tenido contacto durante la crisis de la pandemia. Asimismo, debe considerarse que las brechas digitales de los ciudadanos, pero también la del Estado tendrá un efecto que no es visible en lo inmediato, pero, que tendrá impacto en 20 o 30 años sobre la economía del país, tal y como ocurrió con la educación en los años 80 y que se ve reflejada hoy en día.
Para la representante de “Abriendo Datos” el derecho a la información y el acceso a ella, más que una herramienta, debe ser tratada por el gobierno como un derecho y como tal debe concentrarse en protegerlo y garantizarlo. A pesar de que no todas las personas se interesan por la información y que por lo tanto se requiere una mediación al respecto, lo cierto es que, la información debe estar disponible pues es la base de la transparencia, el gobierno abierto y el acceso a los datos: “ Costa Rica requiere avanzar en la discusión y aprobación de una Ley de acceso a la información, ya que judicializar los procesos de acceso a la información no es el camino para democratizar el acceso a los datos”.
El Master Guillermo Acuña González, académico de la Universidad Nacional y moderador de la actividad, comentó lo tratado en esta mesa de trabajo y recalcó sobre la identificación que se realiza en el marco de la coyuntura de la pandemia de la afectación mayor que han tenido las poblaciones vulnerables, (trabajadores, mujeres, población migrante) que además plantea el reto de seguir trabajando en la reducción de la desigualdad. Asimismo, sobre el esfuerzo que se viene realizando desde el Parlamento para la discusión y aprobación de política pública que permita responder ante la inesperada situación.
Acuña, sintetizó que con respecto a la situación que vive en varios países en relación con la pandemia, lo que ha generado un deterioro del sector turístico, la producción, la destrucción del tejido empresarial y sus repercusiones a nivel social. De esta manera, se requiere que los gobiernos locales y la ciudadanía en general, tengan una participación más activa en lo relacionado a los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para enfrentar las soluciones y esfuerzos de forma articulada.
Señala que en la región Latinoamérica muchos de los DESC (Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas) que se habían alcanzado, han empezado a retroceder, entre estos factores se ve afectado el del derecho a la información, lo cual constituye un peligro para el bienestar de la población. Los DESC son derechos que se van ajustando a las vicisitudes de las coyunturas, por lo que en el marco de la pandemia deben ser analizados y observados: “En el concepto de transparencia es muy pertinente su vinculación con el proceso de formulación de políticas públicas y democratización del poder público. La potencialidad se puede alcanzar en un proceso de trabajo conjunto, de co-creación, disposición de trabajo mutuo, con inteligencia colectiva entre el gobierno abierto y la ciudadanía, que aspire a consenso para mejorar la calidad de la sociedad. Es necesario reflexionar sobre la deuda que se está generando con las generaciones de jóvenes y niños para el futuro del país, así como con la salud mental que ha sido dañada durante este año a partir de las consecuencias de la pandemia”, concluyó el académico del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Este Simposio se lleva a cabo en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria–Diálogo Nacional, y fue organizado por la Rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Movimiento Iniciativa Popular, la Fundación Konrad-Adenauer, el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ParlAmericas, y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Enlace al evento completo: https://www.facebook.com/104524877983409/videos/355827238999121
Por: Efraín Cavallini Acuña-UNA
Joselyn Miranda. Estudiante RI-UNA. Ideario Diálogo Nacional
I Coloquio UNA Bioética: Consideraciones éticas para las respuestas de atención y prevención sociosanitaria por COVID-19
La Escuela de Filosofía, la Maestría en Bioética y el Comité Ético Científico de la Universidad Nacional le invita al I Coloquio UNA Bioética: Consideraciones éticas para las respuestas de atención y prevención sociosanitaria por COVID-19, el cual será transmitido de manera virtual por Zoom, Youtube y Facebook.
Serán cuatro fechas: 19 y 28 de octubre; 04 y 11 de noviembre a las 5 p.m. en las que se tratarán los siguientes temas:
- Bioética en la atención clínica durante el periodo de la emergencia
- Bioética de la asistencia social y de la ayuda humanitaria
- Desafíos de los cuidados y de protección a las personas más vulnerables
- Protección de participantes en la investigación con seres humanos: experiencias de la UNA
Más detales en las siguientes imágenes.
Publican primer boletín del Observatorio de Bienes Comunes
El pasado mes de julio, el Foro Económico Mundial dio a conocer un informe titulado “El Futuro de la Naturaleza y los Negocios”, en este informe se exponen desde su perspectiva algunas de las amenazas que enfrenta el planeta, pero también procura proponer alternativas que permitan minimizar las actuales condiciones de vulnerabilidad que afectan los ecosistemas, además su análisis se enmarca en las graves consecuencias de la Pandemia del COVID19.
¿Qué es el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra?
El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes. Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.
Este documento fue elaborado por el Equipo del Observatorio de Bienes Comunes.
Compartimos el documento:
Ética y Gestión Pública: Diálogo sobre ética y valores en la gestión pública
Semana Nacional de la Ética en Costa Rica
Eje Transformación del Estado:
Departamento de Planificación del Senara
Catedra Ética y Responsabilidad de la Comunicación Alberto Cañas-
Tribunal Honor y Ética-Colegio de Periodistas de Costa Rica
Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional
Foro Virtual
En la semana del 7 al 14 de octubre del 2020, se celebra en el país la «Semana Nacional de la Ética y los Valores en la Gestión Pública». En este sentido, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento-Senara convocó al Conversatorio: «Diálogo sobre ética y valores en la gestión pública. Se unieron a este esfuerzo el Departamento de Planificación del Senara, así como la Catedra Ética y Responsabilidad de la Comunicación “Alberto Cañas” del Tribunal Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, como parte del esfuerzo que se viene haciendo en el Eje Transformación del Estado del Ideario Nacional.
Este conversatorio tuvo lugar este lunes 12 de octubre de 2020 a las 9.00 am por medio de presencialidad remota (ZOOM y Facebook Live del Senara), con la participación del M.Sc Efraín Cavallini Acuña, la Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Presidente y Vicepresidenta del Tribunal de Honor del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, escritor, historiador, ex diputado, ex director general del SINART y Premio a la Ética del Colegio de Periodistas 2017.
El Dr. Juan Carlos Mora Montero, Director Planificación SENARA moderó el evento e indicó, que este espacio de análisis y reflexión inter institucional e interdisciplinario, permitió abordar un tema que sin duda nos invita a reflexionar sobre la contribución de las instituciones en la creación de valor público por medio de la prestación de los mejores bienes y servicios a los habitantes: “El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento (Senara), institución que tiene como misión gestionar el recurso hídrico mediante la investigación, innovación de aguas subterráneas y superficiales, así como la implementación de riego, drenaje y prevención contra inundaciones para mejorar la productividad, el desarrollo y la calidad de vida de todas las personas habitantes, está sumamente comprometido con la generación de valor público para la sociedad costarricense desde la institucionalidad pública en el tratamiento hídrico, que involucra a muchos actores sociales por lo que es pertinente y necesaria la amplitud y aprendizaje sobre el tema ético”.
La Gerencia General del SENARA declaró de interés institucional este Conversatorio, por ello, la apertura oficial del evento estuvo a cargo de la Ingeniera Patricia Quirós Quirós, Gerente general de Senara, quien reconoció la importancia del tema y la práctica de la ética, la transparencia y rendición de cuentas, especialmente como administradores de recursos públicos. Para la jerarca de esta institución, hoy la sociedad en la que vivimos muy virtual y tecnológica, permite a los habitantes estar más informados de todo lo que hacen las instituciones y cómo lo hacen. Por su parte, las instituciones tienen la oportunidad de comunicar a la población lo que hacen, cómo usar los recursos y cuánto valor se genera: “Eso crea confianza en las personas, y promueve la gobernabilidad democrática”.
El M.Sc Efraín Cavallini Acuña Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas (COLPER), introdujo el conversatorio, afirmando que la Ética Pública significa que cada habitante haga conciencia del imperativo de defender los valores ciudadanos, fortalecer la democracia, la paz, la justicia social y los derechos humanos en Costa Rica: “Debemos entender que como ciudadanos tenemos la enorme responsabilidad de superar los problemas del país, enfrentarlos con actitud cívica y de respeto a la integridad de las personas y del ordenamiento jurídico. El imperativo es nuestro deber de volver a fortalecer la democracia republicana y los valores fundamentales, que nos cimientan como Estado libre e independiente”.
Cavallini, indicó que uno de los objetivos primordiales de la Ética Pública es la civilidad, por medio de la actitud individual y colectiva de preocupación por el bien público, es decir, que exista autoconciencia colectiva con las pautas de comportamiento y conducta que les permiten a los individuos vivir en sociedad y resguardar el patrimonio social.
Por su parte la Dra. Beatriz Pérez, destacó la ética como el diálogo de las personas en plena convivencia, por ello, es de suma relevancia enmarcar la ética en la Costa Rica actual y la Costa Rica del futuro, como parte de la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas, para que sean los valores cívicos, las practicas, el diálogo, la cohesión social, lo que conlleven la vida en sociedad.
Para la expositora, la ética está muy ligada con la gestión pública, por ello, el ejercicio de una buena gestión es la suma de voluntades y descansa precisamente, en la fuerza de los valores sociales, culturales y cívicos compartidos, esto es, aquellas normas, entidades, e instituciones que cohesionan el quehacer social, y que permiten, a su vez, reconocer el sentido de pertenencia, la idiosincrasia y la identidad: “ Es necesario potenciar las capacidades ciudadanas para la vivencia de la democracia, constituyendo una Esfera Pública bien informada, crítica, analítica y educada en las labores del cabildeo y la participación política, por ello, uno de los ejes de la ética es informar, debatir, trabajar en equipo, ser transparentes, involucrar a las personas ciudadanas; especialmente en un contexto en la que aspectos como la desconfianza, deslegitimidad e indiferencias se encuentran presentes, por ejemplo, con el tratamiento de las noticias falsas, que colocan la opinión pública y el debate desde ciertos puntos de interés particulares y no hacia el verdadero deber de informar”.
Pérez, resaltó la necesidad de garantizar la representatividad de los sectores sociales, respaldados en marcos jurídicos y éticos, para tutelar más allá del interés individual; de esta forma trae a colación el principio de soberanía popular lo cual supone que la legitimidad de las autoridades públicas deriva de todas y todos sobre la base de una igualdad deliberativa y participativa.
El Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, expresó que: “la ética es una cosa muy sencilla y muy difícil, porque simplemente la ética, es la verdad y de dicha premisa se desagrega cualquier acción ética, es decir y vivir dentro de la verdad y esto nos lleva a otro elemento: la credibilidad, esa confianza en la acción del otro ser humano”.
Para Aguilar Bulgarelli, la convivencia juega un papel central en la formación de la estructura ética del ser humano, es por ello, que se recomienda incluir la ética en los lineamientos de la educación formal e informal de las personas, así se reconoce las escuelas, colegios, universidades y también los medios de comunicación como transmisores de la verdad que consolidan el ejercicio ético y la democracia.
Don Oscar, indicó que también se requiere una Sociedad Civil fuerte y dinámica, consciente, proactiva y dialogante. La ciudadanía es pieza fundamental en el desarrollo costarricense, para avanzar con inteligencia y audacia en la reconstitución de las relaciones de lo público y lo privado, del Estado y la Sociedad: “La construcción de la opinión pública con respeto a la diferencia de posiciones, es vital en una democracia ya que, de no ser así, se le estaría diciendo a la gente que tiene que creer de una manera forzada, esto lleva a la imposición de ideas y con ello la corrupción”.
Para este historiador y escritor costarricense, es prioritario en el siglo XXI realizar todos los esfuerzos individuales y colectivos, para que Costa Rica avance en la reconceptualización del Estado y la Sociedad Civil, que comporte una nueva forma de convivir en lo ético, político, administrativo, jurídico, cultural y social, y cuyos resultados y perspectiva proporcionen una visión más lúcida y transparente sobre el tipo de sociedad que se quiere desarrollar para los próximos decenios.
Como parte del conversatorio se les solicitó a los participantes una reflexión final. En este sentido, la Vicepresidenta del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, comentó que para garantizar una ética verdadera dentro de las instituciones, deben existir y promoverse instrumentos de acción en concordancia con los valores que orienten la función pública como la eficiencia, responsabilidad social, probidad, que a su vez originan deberes para el servidor público, como lo son el deber de confidencialidad, imparcialidad y objetividad en el desempeño de los distintos cargos: “En el desempeño de las instituciones, especialmente en este caso del campo del agua (Senara) es necesario generar formas para acercarse y educar a las personas usuarias, dar a conocer las políticas y la riqueza del valor público”, concluyó la expositora.
El Dr. Aguilar Bulgarelli, cerró su intervención enfatizando el papel de la institución Senara que tiene un papel fundamental en el cuido de la parte esencial de nuestras vidas, que es el agua y ahora, se articula con el quehacer ético, que permite dialogar su papel como recurso, fomentar una ética del cuido para no desperdiciar ni regalar un recurso, que se puede concebir como un medio para la vida, la salud, la producción el alimento y el bienestar de todas y todas que son parte de la sociedad: “ Es nuestro compromiso fortalecer una entidad política particular y única, que rescate y fomente diariamente la democracia y donde cada uno de los habitantes y las instituciones, sea garante de una ética universal de la responsabilidad; por el presente y el futuro de las personas y la ciudadanía”, cerró su participación Don Oscar.
El Presidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER cerró la actividad con una reflexión sobre la necesidad de innovar, en alianza con actores y sectores y donde impere la colaboración, la coordinación y la co-creación, dado que esa ha sido la forma que en el pasado ha permitido construir nuestra República, y nos hizo innovadores, no obstante, pareciera que se nos ha olvidado y nos obliga a plantearnos ahora (situaciones límites de crisis) volver a vernos para reinventarnos: “La voluntad es algo muy simple y a la vez complicado, la voluntad de aceptar las diferencias, la voluntad en la tolerancia, en comprender que estamos con una misma bandera, en una patria, que tenemos que fructificar hacia el futuro”.
En este espacio se expuso el papel de los diferentes actores públicos, sociales y privados para sumar esfuerzos y recursos, demostrando así que la generación de valor público es responsabilidad compartida entre los habitantes y las instituciones, por ello, se debe fortalecer una ética donde se manifiesten los mecanismos de Gobierno Abierto: transparencia, cooperación, colaboración, cultura de participación, de auditoría y rendición de cuentas, para exigir la eficiencia de los gobernantes, funcionarios y ciudadanos como requisito para afianzar la gobernanza como derecho democrático esencial.
Enlace Conversatorio Completo:
https://www.facebook.com/SenaraCR/videos/350255012752668
Por:
Efraín Cavallini Acuña- Ideario UNA-THE-COLPER-
Gabriela Corrales-Ideario UNA