La Asociación Cultural El Guapinol le invita al estreno nacional del Recital de Dionisio Cabal «Cantando con Tata Mundo» en el marco del X Festival Fabián Dobles.
Viernes 6 de julio a las 7:00 p.m. en el Salón Comunal de la Ribera. Valor de la entrada 3 mil colones.
Imagen con fines ilustrativos de la Asociación Cultural El Guapinol.
Enviado por Asociación Cultural El Guapinol.
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La Comunidad Universitaria, jubiladas y jubilados de la Universidad Nacional ofrecieron este jueves 14 de junio de 2018, un Homenaje Póstumo a la memoria de la académica jubilada de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión Ana Ligia Rovira Ulate.
Sus cenizas fueron el símbolo alrededor del cual su familia, amigas y amigos en medio de música, y anécdotas los asistentes rindieron homenaje a una académica que marcó una huella importante en los inicios de la UNA.
Nuestra solidaridad a sus familiares y personas queridas.
Enviado por M.S.c Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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Nicolás Boeglin(*)
El pasado 13 de junio, fue convocada una reunión urgente de la Asamblea General de Naciones Unidas, a solicitud de Argelia y de Turquía, para examinar la dramática situación que se vive en Gaza, con una violencia que enluta a más de un centenar de familias palestinas desde el pasado 14 de mayo (véase carta oficial de ambos Estados del 8 de junio). A los miles de heridos provocados por la respuesta desproporcional e indiscriminada de las fuerzas militares de Israel ante las manifestaciones en Gaza, y que suman ya más más de 13.000 (según datos aportados en esta nota de prensa de EuropaPress), hay que añadir un mortífero saldo de 124 muertes, al 9 de junio del 2018 (véase nota de France24).
El calificativo de «crímenes de guerra» usado por una ONG norteamericana como Human Rights Watch el mismo 13 de junio viene ahora a interpelar a las entidades a cargo de la aplicación del derecho penal internacional y a quiénes siguen justificando el uso de la fuerza por parte de Israel (véase comunicado oficial del 13 de junio del 2018).
Como se recordará, el pasado 1ero de junio, un veto de Estados Unidos impidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptar una resolución presentada por Kuwait con relación a la urgente necesidad de proteger a los civiles palestinos y sus vidas. Este proyecto de resolución se discutió ante el recrudecimiento de la violencia, el cual se originó a partir del pasado 14 de mayo, y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes contra civiles palestinos, incluyendo a mujeres y a menores de edad, a médicos y a periodistas.
Cabe precisar que Israel y Estados Unidos escogieron el 14 de mayo, día de la proclama de independencia de Israel y víspera de la conmemoración de la Nakba para Palestina, para inaugurar oficialmente la sede diplomática norteamericana en Jerusalén, un hecho condenado por varios integrantes de la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de la Conferencia Islámica que preside Turquía (véase declaración oficial del 15/5/2018). La declaración de Francia (véase texto) refleja la desaprobación generalizada a esta decisión norteamericana que la comunidad internacional no debiera de pasar por alto, y que ningún Presidente de Estados Unidos se había atrevido a materializar, por más solicitudes recibidas por parte de Israel.
Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestras reflexiones publicadas en MiddleEastMonitor, bajo el título «The US Embassy move to Jerusalem: the need for a response from the international community«. Entre algunas opciones, se sugiere que Estados que aún no han reconocido a Palestina como Estado lo hagan: en el caso de España, se trata de una asignatura pendiente desde noviembre del 2014, mes en el que el pleno del Congreso de España adoptó una resolución mediante la cual “instaba” al Poder Ejecutivo a reconocer a Palestina como Estado, con 319 votos a favor, una abstención y dos votos en contra.
Es de notar además que el 16 de mayo, fueron 10 los integrantes del Consejo de Seguridad que exigieron mediante misiva formal (véase texto) al Secretario General de Naciones Unidas preparar un informe escrito, de conformidad con lo expuesto en la resolución 2334 adoptada por este mismo órgano en diciembre del 2016: este informe, cuyo contenido detalla las exacciones cometidas en Jerusalén Oriental, en Gaza y en Cisjordania por parte de Israel (véase texto del informe), será presentado y discutido este 19 de junio durante la reunión mensual sobre Oriente Medio del Consejo de Seguridad.
Nótese que el contundente voto obtenido este 13 de junio en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas refleja el profundo y cada vez mayor repudio a las exacciones israelíes y a los intentos de justificarlas por parte de Israel. La reciente suspensión, el pasado 5 de junio, de un partido de fútbol entre las selecciones de Israel y de Argentina previsto en Jerusalén para este 9 de junio, y la anterior cancelación de un concierto de la popular cantante Shakira oriunda de Colombia en Israel (29 de mayo), evidencian este repudio que se manifiesta desde la misma sociedad civil (movimiento «Boicot, Desinversiones y Sanciones contra la colonización y la ocupación ilegal israelí«, más conocido por sus siglas como «Movimiento BDS«).
Materializado el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén el 14 de mayo, las manifestaciones en Palestina no tardaron, así como la violenta respuesta israelí, con un saldo de 59 muertes palestinas acaecidas el mismo 15 de mayo.
La resolución votada este 13 de junio (véase texto final reproducido al final de esta nota y disponible en este enlace) es muy similar a la vetada por Estados Unidos el pasado 1ero de junio en el Consejo de Seguridad. Después de los considerandos colocados en la parte inicial de la resolución, se incluyeron 17 párrafos operativos, cuyos tres primeros se leen de la siguiente manera:
«1. Pide a todas las partes que respeten plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular en lo que respecta a la protección de la población civil, y reitera la necesidad de adoptar medidas apropiadas para velar por la seguridad y el bienestar de los civiles y asegurar su protección, así como para garantizar que se rindan cuentas por todas las violaciones;
2. Deplora el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por las fuerzas israelíes contra los civiles palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y especialmente en la Franja de Gaza, en particular el uso de munición real contra manifestantes civiles, incluidos niños, así como personal médico y periodistas, y expresa su grave preocupación por la pérdida de vidas inocentes;
3. Exige que Israel, la Potencia ocupante, se abstenga de llevar a cabo esas acciones y cumpla plenamente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949» ;
Puesta a votación después de un intento de Estados Unidos de enmendar el texto con una condena expresa a Hamas, que no recogió votos suficientes, la resolución titulada «Protección de la población civil palestina» obtuvo a su favor 120 votos, y tan solo 8 Estados votaron en contra (Australia, Estados Unidos, Israel, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Islas Salomon y Togo).
Posiblemente en razón de presiones de diversa indole recibidas por parte de Estados Unidos y de Israel, fueron 45 Estados los que optaron por abstenerse, entre los cuales Argentina, Canadá y México.
De manera a completar el panorama, hay que precisar también que 20 Estados optaron por el «No Show« (ausencia física del delegado al momento de registrarse el voto): en el caso del hemisferio americano, se registra a Haití y a Dominica (Commonwealth de).
En América Latina, votaron a favor de esta resolución los siguientes Estados: Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Por alguna razón que sería extremadamente oportuno conocer en algunos casos, se abstuvieron Argentina, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, así como República Dominicana.
Con relación a la Unión Europea (UE), de sus 28 Estados miembros, votaron a favor de esta resolución 11 Estados, a saber: Bélgica, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Malta, Portugal, así como Suecia.
El mayoritario apoyo recibido pese a los intentos de Israel y de Estados Unidos de frenarlo constituyen un nuevo episodio en el que claramente la diplomacia de Palestina sale victoriosa.
Cabe precisar que el frustrado intento de Estados Unidos de presentar un texto condenando expresamente a Hamas ya se había presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado 1ero de junio, dando lugar a una inédita situación en los anales de Naciones Unidas: de quince votos posibles, el texto norteamericano obtuvo un solo voto a favor (Estados Unidos).
Es posiblemente la primera vez desde 1945 que Estados Unidos exhibe ante los demás integrantes del Consejo de Seguridad una soledad tan pronunciada, la cual evidencia la total pérdida de credibilidad de la diplomacia norteamericana.
Este 19 de junio, después de una fuerte crítica del jefe de la diplomacia del Reino Unido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la inclusión de Israel en el punto 7 de su agenda, Estados Unidos probablemente notifique su retiro del máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos (véase nota de The Telegraph titulada “United States ‘to announce withdrawal from UN human rights council”).
Texto de la resolución adoptada este 13 de junio del 2018 por la Asamblea General de Naciones Unidas, titulada «Protección de la población civil palestina»
Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental Ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado
Argelia, Turquía y Estado de Palestina: proyecto de resolución
Protección de la población civil palestina
La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones pertinentes relativas a la cuestión de Palestina,
Recordando también sus resoluciones pertinentes sobre la protección de los civiles, en particular la resolución 71/144, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados, la resolución 72/131, de 11 de diciembre de 2017, relativa a la seguridad del personal de asistencia humanitaria y protección del personal de las Naciones Unidas, y la resolución 72/175, de 19 de diciembre de 2017, relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad,
Recordando además los informes pertinentes del Secretario General, incluido el más reciente, de 14 de mayo de 2018, sobre la protección de los civiles en los conflictos armados,
Recordando todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, entre otras, las resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, 338 (1973), de 22 de octubre de 1973, 605 (1987), de 22 de diciembre de 1987, 904 (1994), de 18 de marzo de 1994, 1397 (2002), de 12 de marzo de 2002, 1515 (2003) de 19 de noviembre de 2003, 1544 (2004), de 19 de mayo de 2004, 1850 (2008), de 16 de diciembre de 2008, 1860 (2009), de 8 de enero de 2009, y 2334 (2016), de 23 de diciembre de 2016,
Recordando también la declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 28 de julio de 2014,
Teniendo presente la carta de fecha 21 de octubre de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General
Recordando las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, en particular las relativas a los niños y los conflictos armados, entre otras, sus resoluciones 1894 (2009), de 11 de noviembre de 2009, y 2225 (2015), de 18 de junio de 2015, así como las declaraciones pertinentes de su Presidencia, y las resoluciones sobre la protección del personal médico y de asistencia humanitaria y de los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado en los conflictos armados, entre otras, las resoluciones 2222 (2015), de 27 de mayo de 2015, y 2286 (2016), de 3 de mayo de 2016, así como las demás resoluciones y declaraciones de la Presidencia pertinentes,
Reafirmando la obligación de respetar y velar por que se respete el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias, de conformidad con el artículo 1 de los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949,
Expresando su grave preocupación por la intensificación de la violencia y las tensiones y por el deterioro de la situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en particular desde el 30 de marzo de 2018, así como su profunda alarma por la pérdida de vidas de civiles y el elevado número de bajas de civiles palestinos, en particular en la Franja de Gaza, incluidas muertes de niños, causadas por las fuerzas israelíes,
Condenando todos los actos de violencia contra civiles, incluidos los actos de terror, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción,
Reafirmando el derecho a la reunión y protesta pacíficas y la libertad de expresión y de asociación,
Poniendo de relieve la necesidad de aplicar medidas de rendición de cuentas, y destacando a este respecto la importancia de velar por que se realicen investigaciones independientes y transparentes que sean conformes a las normas internacionales,
Alarmado por el empeoramiento de la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza, y destacando la necesidad de lograr una solución duradera de esta crisis que sea conforme al derecho internacional,
Destacando que los conflictos armados tienen un efecto particular sobre las mujeres y los niños, incluso en cuanto refugiados y desplazados, así como sobre otros civiles que pueden ser vulnerables por motivos específicos, entre ellos las personas con discapacidad y las personas de edad, y destacando la necesidad de que el Consejo de Seguridad y los Estados Miembros fortalezcan más la protección de los civiles,
Recordando que solo se puede alcanzar una solución duradera del conflicto israelo-palestino por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como mediante negociaciones creíbles y directas,
Destacando que la Franja de Gaza constituye una parte integral del territorio palestino ocupado en 1967,
Reafirmando el derecho de todos los Estados de la región a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente,
1. Pide a todas las partes que respeten plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular en lo que respecta a la protección de la población civil, y reitera la necesidad de adoptar medidas apropiadas para velar por la seguridad y el bienestar de los civiles y asegurar su protección, así como para garantizar que se rindan cuentas por todas las violaciones;
2. Deplora el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por las fuerzas israelíes contra los civiles palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y especialmente en la Franja de Gaza, en particular el uso de munición real contra manifestantes civiles, incluidos niños, así como personal médico y periodistas, y expresa su grave preocupación por la pérdida de vidas inocentes;
3. Exige que Israel, la Potencia ocupante, se abstenga de llevar a cabo esas acciones y cumpla plenamente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949 ;
4. Deplora todas las acciones que pudieran provocar actos violentos y poner en riesgo la vida de civiles y exhorta a todos los agentes a que velen por que las protestas se desarrollen de manera pacífica;
5. Deplora también el lanzamiento desde la Franja de Gaza de cohetes dirigidos contra zonas civiles israelíes;
6. Pide que se adopten medidas urgentemente para velar por que se establezca inmediatamente un alto el fuego duradero que se respete plenamente;
7. Pide también a todas las partes que actúen con la máxima moderación y calma y destaca la necesidad de que se adopten inmediatamente las medidas significativas necesarias para estabilizar la situación e invertir las tendencias negativas sobre el terreno;
8. Destaca la necesidad de responder a las situaciones de conflicto armado en que los civiles sean objeto de ataques o se obstaculice deliberadamente la asistencia humanitaria a ellos destinada, incluso considerando la posibilidad de adoptar las medidas apropiadas que puedan tomarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;
9. Pide que se examinen medidas para garantizar la seguridad y la protección de la población civil palestina en el Territorio Palestino Ocupado, en particular en la Franja de Gaza;
10. Pide también que se adopten medidas inmediatas para poner fin al cierre y las restricciones impuestos por Israel a la entrada y salida de la Franja de Gaza y a los desplazamientos en esa zona, en particular la apertura continua de los puntos de paso de la Franja de Gaza para que se permita la circulación de la ayuda humanitaria, los bienes comerciales y las personas, de conformidad con el derecho internacional, incluido en lo que respecta a las legítimas necesidades de seguridad;
11. Exige que todas las partes cooperen con el personal médico y de asistencia humanitaria para permitir y facilitar el acceso sin trabas a la población civil, y pide el cese de todas las formas de violencia e intimidación dirigidas contra el personal médico y de asistencia humanitaria;
12. Insta a que se preste asistencia humanitaria inmediatamente y sin obstáculos a la población civil palestina de la Franja de Gaza, teniendo presentes las necesidades fundamentales de atención médica, alimentos, agua y combustible, e insta a que se preste más apoyo al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, en reconocimiento de la función esencial que desempeña, junto con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, en la provisión de asistencia humanitaria y de emergencia, especialmente en la Franja de Gaza;
13. Alienta a que se adopten medidas tangibles en pro de la reconciliación entre los palestinos, en particular en apoyo de los esfuerzos de mediación realizados por Egipto, así como medidas concretas para reunir la Franja de Gaza y la Ribera Occidental bajo el legítimo Gobierno palestino y velar por su funcionamiento efectivo en la Franja de Gaza;
14. Acoge con beneplácito la colaboración del Secretario General y el Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz del Oriente Medio y Representante Personal del Secretario General ante la Organización de Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina para prestar asistencia, en cooperación con los asociados pertinentes, en los esfuerzos para distender la situación inmediatamente y hacer frente a las necesidades urgentes en materia de infraestructuras, asistencia humanitaria y desarrollo económico, en particular mediante la ejecución de proyectos aprobados por el Comité Especial de Enlace para la Coordinación de la Asistencia Internacional a los Palestinos, e insta a que se refuerce esa colaboración;
15. Solicita al Secretario General que examine la situación actual y presente un informe por escrito lo antes posible, como máximo en un plazo de 60 días a partir de la aprobación de esta resolución, que contenga, entre otras cosas, sus propuestas sobre las maneras y los medios de garantizar la seguridad, la protección y el bienestar de la población civil palestina que vive bajo ocupación israelí y, en particular, recomendaciones sobre un mecanismo de protección internacional;
16. Pide que se redoblen los esfuerzos de manera urgente para crear las condiciones necesarias para iniciar negociaciones creíbles sobre todas las cuestión es relativas al estatuto definitivo a fin de poner fin sin demora a la ocupación israelí que comenzó en 1967 y lograr una paz amplia, justa y duradera basada en el ideal de una región en la que dos Estados democráticos —Israel y Palestina— vivan el uno al lado del otro en paz y con fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de referencia de la Conferencia de Madrid, incluido el principio de territorio por paz, la Iniciativa de Paz Árabe y la hoja de ruta del Cuarteto, como se pide en la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad y demás resoluciones pertinentes;
17. Decide suspender temporalmente el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia y autorizar al Presidente de la Asamblea General en su período de sesiones más reciente a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado por el autor.
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El rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington, expresó mediante un video la posición de la casa de enseñanza superior en torno al tema fiscal.
Jensen señaló que la Universidad de Costa Rica es consciente de la situación fiscal, ha hecho esfuerzos por reducir gastos y hará nuevos esfuerzos en ese sentido de ser necesario, pero llamó la atención en torno a lo anti-patriótico de los fenómenos de la evasión y la elusión fiscal. Abogó por soluciones fiscales que no afecten a los sectores más vulnerables y generen inequidades.
Compartimos el video de aproximadamente dos minutos. De ser necesario, para visualizarlo en su celular, recomendamos colocar el dispositivo en posición horizontal.
Imagen de portada (tomada de la página oficial de la UCR): Henning Jensen Pennington, Rector UCR.
Enviado a SURCOS por Luis Alberto Soto.
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Ingrese en el siguiente enlace para leer el comunicado emitido al respecto por ANEP.
1-2018-SALARIOS GOBIERNO ALVARADO-Segundo semestre 2018-primer semestre 2019-1-PDF-CORRECTO
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Albino Vargas.
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En el marco de la conmemoración del centenario de la Reforma de Córdoba, la Universidad de Costa Rica realizó durante la semana del 23 al 28 de abril diversas actividades para reflexionar y discutir sobre los temas relevantes vinculados con el quehacer de la Universidad Pública latinoamericana. Uno de estos espacios fue la conferencia impartida por el Dr. Boaventura de Sousa Santos “La función decolonizadora de la Universidad pública latinoamericana”, disponible en pdf en el siguiente enlace.
Durante la conferencia se compartió el Manifiesto de Acción Social: Los dolores que quedan son las libertades que faltan, resultado de un proceso colectivo que retomó muchos de los aportes de los encuentros realizados en el Foro de Acción Social: “La Inter-acción Universidad-Sociedad: propuestas y desafíos a cien años de la Reforma de Córdoba”, realizado de agosto del 2017 al 28 de abril del 2018. Le invitamos a conocer y suscribir este manifiesto.
Imagen de portada tomada de nota de la UCR titulada: UCR celebra el centenario de la Reforma de Córdoba
Enviado por Marjorie Jiménez Castro.
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Este jueves 21 de junio se realizó el evento «La Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas en la Costa Rica del Siglo XXI«.
Tuvo lugar en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa en un Conversatorio con la Presidenta de la Asamblea, el Magistrado Román Solís, la Sub-Contralora Silvia Solís y el encargado de Gobierno Abierto Alexander Astorga.
Moderó el evento la Vicerrectora de Extensión de la UNA Yadira Cerdas.
Todo esto es parte de los preparativos para la Actividad de Gala de Rendición de Cuentas de carácter nacional que se celebrará en Pococí, el próximo 27 de julio a las 8:00 a.m. en el Salón Parroquial de Guápiles.
Se hicieron presentes delegados de Territorios Seguros de todo el país, con una delegación muy importante de Nicoya.
Texto e imágenes enviadas por Carlos Campos Rojas.
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BOLETIN # 08-2018, 21-06-2018
HUELGA NACIONAL EL LUNES 25 DE JUNIO
SINTRAJAP SE UNE POR NUESTROS DERECHOS CONVENCIONALES Y CONTRA EL PAQUETE FISCAL
A todas y todos los afiliados a SINTRAJAP.
Como ya lo informamos en el boletín # 07 – 2018, nuestra organización se suma a la huelga nacional convocada por la Unión Sindical Costarricense. Ya hemos explicado las razones que tenemos para unirnos a la lucha nacional.
Aclaramos que el próximo lunes entramos en un conflicto pacífico de brazos caídos y paralización de labores y desde ya les solicitamos a los trabajadores y trabajadoras que ingresan en el turno de las 08:00 horas, que nos concentremos a la entrada del puesto # 1, entrada peatonal principal de JAPDEVA en el Parque Vargas. De ahí saldremos en los vehículos a los diferentes sitios de concentración. A los compañeros y compañeras que están saliendo del turno de media noche y puedan quedarse acompañándonos y a los que entran en el turno de las 16 horas, igualmente esperamos que se presenten a las 08:00 horas en el sitio ya establecido.
Aclaramos que en esta lucha no estamos solos, participaran educadores, estibadores, trabajadores y trabajadoras de RECOPE, el ICE, la CCSS, Municipalidades y otros sectores que igualmente se sienten afectados por las medidas que está aplicando el gobierno en contra de la clase trabajadora y el pueblo costarricense.
“Los derechos que no se defienden, se pierden. Vamos a la luchar con dignidad.”
Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General
Liroy Pérez Pérez, Secretario De Prensa
Imagen ilustrativa.
Enviado por Liroy Pérez.
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Pese a la existencia de políticas preventivas y de articulación interinstitucional, se requiere mayor apoyo de la academia para entender el fenómeno de la narcoviolencia y poder atenderlo de forma efectiva; así quedó plasmado en el espacio de reflexión desarrollado el 20 de julio en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La actividad se tituló “Narcoviolencia: tendencias de investigación académica y desafíos para las políticas públicas” y contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto; el subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres, la jurista del Poder Judicial, Siany Mata; el Director de la Dirección de Promoción de Paz y Convivencia Democrática, Julio Solís y el investigador del ISS, Sebastián Saborío.
Los participantes coincidieron en la necesidad de tratar el fenómeno de la narcoviolencia como un problema de salud pública en el país y de implementar políticas preventivas respecto a las que no se informa lo suficiente en los medios de comunicación.
La jurista Siany Mata afirmó que el “tráfico de drogas lleva implícita la violencia”, por lo cual, resulta necesario reconocer el papel de las autoridades policiales y aclarar la implementación de la jurisdicción sobre crimen organizado.
El ministro Michael Soto señaló la importancia de articular trabajo de campo con las comunidades, las cuales aseguró, presentan realidades distintas. Reiteró además su compromiso con estas acciones al afirmar que no será un “ministro de escritorio”.
A criterio del subdirector de la DIS Jorge Torres, “no existe confianza en el estado, en la policía” y por tanto, se debe trabajar en el fortalecimiento de la imagen de las autoridades si se pretende trabajar en coordinación con las comunidades.
Por su parte, el director Julio Solís enfatizó la necesidad de involucrar a la población en la atención del tema, pues considera que la seguridad impacta a toda la población y por tanto, es también una responsabilidad colectiva.
La narcoviolencia desde la academia
El investigador del ISS, Sebastián Saborío Rodríguez, afirmó que las investigaciones académicas que abordan la narcoviolencia deben presentar una “mirada más preventiva” que favorezca la comprensión real del fenómeno.
Según el académico, los estudios sobre esta temática se han concentrado en el registro de datos e incluso presenten cifras inexactas; por lo recomienda un abordaje más cualitativo de la situación que se acerque a la realidad de las distintas comunidades.
Agregó que dicho planteamiento favorecería “la comprensión del territorio”, pues es común que se intente trasladar políticas públicas entre territorios y países, sin tomar en cuenta sus características y particularidades propias.
El investigador consideró que el país ha tenido una mayor resistencia a la influencia del fenómeno de la narcoviolencia respecto a los otros países, como resultado del involucramiento del Estado, aunque reconoció que la policía ha perdido legitimidad.
Saborío concluyó además, que las series y películas romantizan el imaginario construido en torno a la definición de narcotraficantes y de organizaciones criminales, dando lugar a conceptos alejados de las situaciones reales que acompañan el conflicto en la vida cotidiana.
Francesca Brunner Alfani
Asistente Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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“El hospital no se está cerrando, se está transformando”, afirmó la directora del Hospital Nacional Psiquiátrico (HNP), Dra. Lilia Uribe López, en el marco del conversatorio que organizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) bajo el título “Pasado, presente y futuro de los hospitales psiquiátricos”.
El espacio fue convocado luego de que el 23 de abril, el HNP colocó un candado en las puertas de su asilo, como acto simbólico respecto al cierre de su servicio de internamiento permanente, el cual estuvo en funcionamiento durante 127 años y llegó a ocupar 800 de las 1253 camas que tuvo el centro médico en la década de 1990.
Según Uribe, el país “descuidó mucho las otras áreas de la salud mental, usando el dinero que tenía para encerrar a las personas con psicosis”, condición que de forma natural evoluciona hacia el deterioro y por tanto, propicia al abandono familiar de quienes lo padecen.
La atención de la población estuvo a cargo del HNP, el cual brindó albergue a los pacientes durante periodos de hasta 50 años. Sin embargo, la experta considera que es momento de que el país empiece a modificar el modelo de atención de la salud mental mediante la desinstitucionalización de la temática y un cambio de paradigmas.
Uribe señaló la necesidad de consolidar una serie de programas que permitan unir esfuerzos interdisciplinarios para mejorar las prácticas de todas las aéreas que tratan la prevención de las enfermedades mentales, así como la creación de espacios de atención en las comunidades.
“Debemos identificar lo que no sabemos abordar, buscar las mejores prácticas para hacerlo y trasladar ese conocimiento a la red de servicios comunitarios que son los que deben manejar la salud mental”, afirmó Uribe, quien considera que se debería convertir los hospitales en entes especializados.
La experta afirmó que lejos de la tendencia mundial de aislar a los pacientes con estas enfermedades o de catalogarlos como personas que estorban, está comprobado que a partir de medicamentos y una atención integral es posible lograr su adecuada reinserción en la sociedad.
La jefa de Trabajo Social del Hospital Chacón Paut, Luisa Vargas, coincidió en la necesidad de la “desinstitucionalización asilar” y señaló que este centro médico, que también atiende la salud mental desde hace 66 años, inició en el 2015 un proceso de reestructuración enfocado en procesos de rehabilitación con equipos interdisciplinarios y de proyección a la comunidad.
Detalló que tal como se ha venido implementado, dichas iniciativas de reinserción social no deben centrarse en las deficiencias de las personas, sino en sus funcionalidades y en la detección de los apoyos que requieren para desarrollarse en un espacio comunitario
Vargas no dejó de mencionar los altos costos económicos que los extensos periodos de internamiento han generado a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el trabajo que el Hospital Chacón Paut ha venido desarrollando durante los últimos años para cerrar su estancia prolongada, lo cual aún no ha sido posible.
“El cerrar el espacio de estancia prolongada es dar la oportunidad de atención al nuevo perfil epidemiológico de salud mental en el país” enfatizó la trabajadora social.
Por su parte el jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental, Dr. Francisco Gólcher, afirmó que “la salud mental siempre fue vista en el país como la prima pobre de la salud”, en un contexto de atención que ha privilegiado la mirada desde la perspectiva biológica.
Afirmó que la creación de una Política Nacional de Salud Mental en el país enfrenó diversos detractores pues “atentaba contra el statu quo” y fue hasta el 2012 que logró consolidarse desde un concepto de salud mental que considera aspectos biológicos, ambientales, económicos y culturales.
Gólcher enfatizo la necesidad de promover un cambio de paradigma que permita fortalecer la atención en los centros médicos comunitarios y de esta forma, facilitar la consolidación de diagnósticos tempranos y oportunos, por parte de equipos integrales de salud mental.
La docente de la Escuela de Psicología de la UCR, Laura Chacón Echeverría, también participó del espacio y afirmó que el país enfrenta nuevos retos en la atención de la salud, como resultado de una sociedad que crece y presenta múltiples dificultades que desencadenan el sufrimiento psíquico.
Por su parte, el también académico Mariano Fernández Sáenz, consideró que las acciones de los hospitales psiquiátricos en el país “nos conciernen a todos”, pues son un lugar esencial de construcción del oficio diario de la salud mental.
Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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