German Masís

Un grupo de personas integrado por especialistas en economía y políticas públicas, pidieron en octubre del 2020 al presidente Alvarado, reconsiderar y eliminar el acuerdo al que había llegado el Gobierno con los arroceros.

Los argumentos que utilizaban dichos especialistas eran muy similares a los que se utilizaban en la década de los 80 para impulsar la liberalización y desregulación económica de la actividad agrícola, restringir la participación del Estado y recomendar a los productores reconvertirse hacia cultivos no tradicionales de exportación.

Al final las políticas de cambio se impusieron, porque era más barato importar todo el maíz y parte del frijol y el arroz y de esa forma más de 40 mil productores de la zona Atlántica dejaron de producir granos, incursionando primero en cacao y después en raíces y tubérculos y finalmente se constituyeron en mano de obra de las empresas piñeras, que hoy ocupan las tierras antes dedicadas a la producción de granos.

Pese a que la petición indicada estaba referida plenamente a la actividad arrocera, el documento no profundizaba en cuál había sido la evolución de la producción nacional de arroz, ni sobre las razones por las que en la actualidad esta actividad esté dominada por los consorcios arroceros quienes reciben los mayores beneficios de ésta.

Al respecto es bueno mencionar que la estructura productiva de la actividad arrocera se modificó en las últimas décadas, en buena medida como resultado de las políticas establecidas en las décadas de los 80 y 90 dirigidas a desestimular la producción de granos, desmantelar el esquema estatal de apoyo a esa actividad y eliminar las licencias de importación.

Como resultado de esas políticas, muchos de los productores fueron desapareciendo a través de los años, los pequeños por sus limitados recursos para mantenerse en la producción y algunos medianos y grandes productores por haberse trasladado a actividades más rentables como la producción de caña, melón y sandía, permaneciendo solo un grupo de alrededor de 500 pequeños productores que han decidido permanecer en la producción de arroz por su compromiso con la producción alimentaria del país.

Otros actores en la actividad han sido las empresas agroindustrializadoras del arroz, que con la salida de las plantas procesadoras de granos del CNP, asumieron plenamente el procesamiento del grano que es la fase que más valor genera, algunas han combinado la fase de producción con la de procesamiento y comercialización, tendiendo a concentrar en unas pocas empresas el proceso agroindustrial y de distribución del producto terminado con diversas marcas y calidades. De más de 12 empresas arroceras que había en la década de los 90, el negocio arrocero se encuentra mayoritariamente en manos de 3 o 4 consorcios agroindustriales(arroceras).

Mientras el otro gran actor de la actividad arrocera, son las empresas importadoras surgidas en la década de los 90, que han llegado a importar alrededor un 60% del arroz a precios más bajos al producido a nivel local, pero sabemos cuánto influyen las importaciones baratas en los precios finales al consumidor?

Finalmente, se encuentra el actor de regulación en la actividad, la Corporación Arrocera Nacional, surgido en la década de los 90 con el propósito de apoyar a los productores nacionales y regular la relación con las arroceras y con los importadores del producto. CONARROZ ha debido cumplir su labor, en medio del proceso de concentración de la actividad arrocera en grandes procesadoras e importadores, pero se podrían haber mantenido los productores nacionales de arroz, si ésta no organización no hubiera existido?, seguramente que no.

En esa perspectiva se ubica el acuerdo al que llegaron en aquel momento las Autoridades gubernamentales y los diferentes actores de la actividad arrocera, cuyos aspectos específicos eran los siguientes:

1.mantener el mecanismo de regulación del precio porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, un precio del arroz relativamente estable.

2.mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que el productor pueda continuar en la actividad, ya que de efectuarse la liberalización del precio se desmantelaría la estructura productiva existente.

3.mantener la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo y las importaciones necesarias.

4.mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, es esencial para mantener la producción nacional, muchos países tienen aranceles para proteger su producción más sensible y estratégica (como Estados Unidos con su millonario programa de subsidios Farm Bill y China con su programa de protección de la producción de arroz).

5.el impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera. (Alterdescr.com,agosto-2020)

Un aspecto adicional al acuerdo es que se fijó un plazo de tres meses para establecer una ruta para proteger y fortalecer al sector, con el fin de afrontar la desgravación del precio del arroz que ocurrirá en 2024 en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

No obstante, según la mencionada petición, todos los elementos señalados son prácticas anticompetitivas, por lo que proponen “eliminar la fijación de precios mínimos y el arancel a las importaciones y abrir el mercado arrocero” (CrHoy.com,11-9-2020), con lo que consecuentemente deben desaparecer CONARROZ, los productores y presuntamente algunas arroceras, quienes sí podrían trasladarse a otra actividad.

Frente a la perspectiva de liberalización, sabemos que los mercados agrícolas en el mundo no son abiertos y de libre competencia, son fundamentalmente de excedentes y en ellos operan una serie de mediaciones comerciales, políticas y hasta culturales, que definen el mercado de productos agroalimentarios y también conocemos los riesgos de la dependencia de las importaciones, debido a la volatilidad de los precios agrícolas como ocurrió durante la crisis alimentaria del 2007-2008.

Al respecto, el exministro Alvarado de Agricultura había manifestado que “aquí no es un concepto de precio para favorecer al consumidor. También es un análisis de factores estructurales que tiene que ver con políticas públicas en términos de lo que queremos como país: si queremos producir alimentos agrícolas; o si queremos ser como Singapur, donde todo se importa, lo único que tenemos que hacer es importarlo todo sin tener una respuesta hoy a los productores agrícolas que tienen que hacer una transformación sustantiva para ser más eficientes”.

«Si hay que importarlo todo, no solo pasaría con el arroz, sino que iríamos caminando en la desaparición de todos los sectores agrícolas. Podríamos pensar en eliminar productores de frijol que quedan pocos y solo el 20% del frijol que se consume se produce en el país…, sectores de papa y cebolla porque en Holanda la producen más barata”, añadió. (ElPaís.cr,12-9-2020)

Entre los elementos que sustentaban la petición de los especialistas, se encuentra la recomendación del informe de la OCDE, que dice que “el 70% de los costarricenses consume arroz y que la regulación estatal sobre el producto tiene un efecto regresivo, en el cual salen perjudicadas las familias de menos ingresos. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre este argumento, es oportuno valorar que una pretendida liberalización del precio no garantizaría que la población de menores recursos pueda acceder a las presentaciones de arroz de mayor precio, ni tampoco que al arroz de mayor consumo popular (calidad 70-30) y que se utiliza en los comedores escolares, reduzca efectivamente su precio.

De ahí que, coincidimos con la posición de CONARROZ que “la regulación del precio ha sido beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado el cual ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable”.

Otro aspecto presente en el comunicado es el que afirma que “no se justifica atrasar las reformas al sector porque con ello ganan los oligopolios grandes”, pero ¿no son los grandes importadores los que están vinculados a las empresas agroindustriales?

La presencia y predominio de éstas parece consustancial al desarrollo del capital en las actividades agrícolas, así por ejemplo en actividades como la producción y comercio de frijol, prevalecen 4 o 5 empacadoras grandes que controlan la producción, las importaciones y definen el precio de todas las presentaciones del producto final que llega a los consumidores.

Finalmente, el otro elemento mencionado en el documento era que “para apoyar a los pequeños y medianos productores, es necesario transformar los programas establecidos en un programa de reconversión agrícola, que incluya la posibilidad de ser más eficientes en arroz o de moverse a otras actividades”. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre un posible programa de reconversión agrícola, el exministro de Agricultura había señalado “que no es sencillo. Para emigrar a otros cultivos agrícolas, afirma que se deben tomar en cuenta factores de conocimiento, suelos y microclimas”.

Además, es oportuno mencionar que, en los años 2009 y 2010, las unidades de producción arrocera habían logrado mejorar su productividad como resultado del apoyo del Plan Nacional de Alimentos, que impulsó el Gobierno Arias Sánchez debido al aumento de los precios y el desabastecimiento mundial de alimentos. En esa ocasión los productores de arroz y frijol lograron elevar sus rendimientos mediante la incorporación de semillas mejoradas, insumos y tecnología apropiada y prácticas postcosecha, como lo ha logrado efectuar CONARROZ con este acuerdo.

Adicionalmente el documento de los especialistas agrega que “es probable que sea necesario subsidiar de manera temporal a algunos productores de bajos ingresos. Debería ser un programa de asistencia social, para el cual existen los recursos”. Pero contrariamente desde hace muchos años, se ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones y no de la política social, como parte de la población pobre excluida de la actividad productiva.

En ese sentido el exministro de Agricultura había expresado que “nos compete garantizar la productividad, producción, empleo, mano de obra y repartición de la riqueza en las zonas rurales que es donde más deprimida está” y añadió que se trabaja en que los agricultores participen más de la venta de sus productos en mercados digitales y espacios territoriales, con el fin de que eviten transitar largas distancias para comercializar el grano. (ElPaís.cr, 12-9-2020)

El desarrollo de actividad arrocera no responde nada más al factor precio, la participación de los pequeños productores y de las organizaciones que los apoyan son importantes, así como fortalecer la producción nacional y la seguridad y soberanía alimentaria. El Estado ha venido apoyando la actividad con semillas mejoradas, riego y sistemas productivas más sostenibles para que la producción eleve su capacidad y no desaparezca, pero las decisiones recientes van en el sentido contrario.

Los decretos recientes del presidente Chaves, de reducir considerablemente los aranceles a la importación y eliminar los precios mínimos, prácticamente harán desaparecer la producción nacional y el esfuerzo del Estado por mantener y mejorar la producción de este esencial alimento, mientras favorece claramente a los grandes importadores y a unas pocas arroceras que mantendrán sus marcas con el arroz importado, pero esa parece ser la intención de los grupos cercanos al presidente.

 

Imagen ilustrativa.