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¿No más impuestos?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Arabella Salaverry

Hoy escribe el presidente. Se manifiesta @Patricia Mora. Y se desatan las redes.

Algunos se quejan porque Célimo, acuerpado por la UCCAEP y su movimiento infiltrado por el narco no son los protagonistas de los diálogos y que pobrecitos, han sido reprimidos. Si de represión hablamos, tenemos que dar una miradita a Chile, a Estados Unidos, a Bolivia para entender lo que es represión. Creo que es importante no romantizar la protesta. Ver de qué sector viene y tratar de entender a qué responde. ¿No más impuestos? Y las cámaras y los grandes evasores se pliegan, felices, porque así quedan excluidos. Y luego dirán que el único camino es la venta de activos del Estado.

¿No será que lo que se está cocinando es un ataque a la institucionalidad y poder arrasar con lo poco que nos queda? Pesca de arrastre; ya hay en la Asamblea un proyecto apoyando la minería, seguirá el gas, el petróleo, el agua.

Debilitar la institucionalidad es el primer paso para abrir una puerta nefasta.

Y todos en coro repitiendo las consignas que la propaganda orquestada por un vende patrias propone: que Carlos es comunista, y los venezolanos relamiéndose con los posibles negocios en este país hablando de chavismo. (Si de mi dependiera ya los hubiera deportado por interferir en temas de política nacional). Y la dizque izquierda diciendo que Alvarado es el hijo dilecto de la derecha…

Pareciera que creyeron que Carlos era el Che, y no la figura de un partido de centro; y no toman en cuenta que se está tratando de terminar con la corrupción, que se ha avanzado en múltiples aspectos, y que podemos no estar de acuerdo con las medidas económicas, pero ante el panorama que debimos enfrentar, era la única opción.

Creo que como país necesitamos una buena dosis de ubicación.

Luchar por mejorar lo mejorable, hacernos oír desde la reflexión y la propuesta constructiva y no perdernos y enredarnos en los juegos que la propaganda sucia propone.

¡Ah!!! Y mi agradecimiento profundo a Patricia Mora. ¡Por estar y por ser!!!

 

Tomado del Facebook de la autora.

¡Con exclusiones no!… La gestión del conflicto social del presidente Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

César López Dávila

En el mundo, la movilización de un grupo de personas buscando soluciones a problemas concretos, o para expresar su opinión a favor o en contra de una figura, política pública, o ley, es una práctica acostumbrada. Incluso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (que impone a los Estados miembros, obligaciones tendientes a la promoción y protección de derechos humanos), y del cual forma parte nuestro país; reconoce que la protesta social juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

Costa Rica no es ajena a las acciones de protesta. Incluso centros de investigación como el Programa Estado de la Nación, definen la protesta social como eventos en que participa un grupo de personas, para expresar una demanda o reivindicación de alcance colectivo, ante alguna entidad pública o privada.

Pero tengamos presente que la protesta social no ocurre en el abstracto, sino como parte de un contexto regional, en el cual la desigualdad sigue presente y crece. Tal desigualdad suele ser el rasgo social ante el cual la participación ciudadana sobre asuntos públicos, con frecuencia, toma forma de protesta.

En Costa Rica, desde años atrás, entes internacionales como el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), nos vienen avisando del crecimiento alarmante de la desigualdad, así como del sostenido y sistemático aumento de la brecha entre ricos y pobres. A la vez, investigaciones nacionales indican cómo el desempleo y la pobreza, consumen a cada vez más hogares.

En sociedades democráticas, no es de extrañar que las personas se organicen y expresen sus demandas de formas distintas, con estrategias variadas, sean formales o no institucionales. En sociedades con desigualdades tan crecientes como la nuestra, no debería causar extrañeza que la protesta tome formas menos institucionales; sobre todo si ésta proviene de sectores vulnerables a los cuales, durante largo tiempo, los canales tradicionales de participación para tramitar sus necesidades insatisfechas, no les han generado soluciones concretas.

Esas formas no institucionales de protesta, en variadas ocasiones, afectan el normal desarrollo de otras actividades; incluso, al punto de generar su interrupción súbita. Sin embargo, tal situación no las vuelve en sí mismas ilegítimas como formas de expresión. Tenga claro la persona lectora que esto no lo digo yo, sino la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas son una realidad social compleja, donde resulta difícil armonizar los distintos derechos en juego, tanto los de los manifestantes, como los de los ciudadanos que no forman parte de la protesta. Precisamente, por ello, las manifestaciones suelen convertirse en un disparador de emociones, lo cual puede resultar riesgoso en un país como el nuestro, en el cual reiterados estudios de opinión vienen señalando una alarmante disminución del respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los demás; en especial, a los de aquellos con quienes no se está de acuerdo. O lo que es lo mismo: un aumento de la intolerancia política.

Por eso, a pesar de las emociones encontradas que generan las protestas, no corresponde al rol de los afectos, dar solución a una conflictividad social en aumento. Por el contrario, corresponde a los Estados, la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Así lo promueve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que Costa Rica es parte.

Siempre con relación a las medidas que tomen los Estados para atender las protestas sociales en sus distintas modalidades, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos diferencia, que una cosa es el uso proporcional de la fuerza en aras del orden público; y, otra cosa muy distinta, un paradigma de seguridad ciudadana, en el que se considere a la población civil que se manifiesta como “enemigo”, lo cual a la luz del derecho humano y de un sistema democrático, se considera un error en la gestión del conflicto social.

Se puede estar de acuerdo o diferir con las modalidades que grupos vulnerables con limitado o nulo acceso institucional escogen para realizar sus protestas, pero en toda gestión del conflicto, los Estados que se precien de democráticos, paralelo a su preocupación por el establecimiento del orden público, deben garantizar respuestas enmarcadas en el diálogo y las garantías para quienes se manifiestan.

Por eso llama mucho la atención que los días 4 y 11 de octubre, el Presidente Alvarado (Poder Ejecutivo) y el diputado Criuckshank (Presidente del Legislativo), propusieran una fórmula de diálogo entre actores institucionales, pero se excluía a un actor principal de los acontecimientos: el Movimiento Rescate Nacional.

El diálogo se ha vuelto necesario ante las manifestaciones, sin ellas, el Gobierno hubiese seguido su ruta causante del descontento. Tal diálogo, en cualquier parte del mundo, sucede entre actores concretos que entran en tensión sobre ciertos temas. Si el diálogo se ve como salida negociada a la conflictividad, ¿qué sentido tiene que el Gobierno hable de diálogo desde una posición que descalifica al adversario como sujeto de negociación?

La apertura al diálogo con los Estados y la sociedad civil no se limita a la vía institucional. En momentos de elevada conflictividad, deben primar altas luces democráticas para discernir, si quienes se manifiestan tienen o no, por su situación de exclusión o vulnerabilidad, acceso a las instituciones de mediación. O si, por el contrario, el origen de su malestar consiste en que la vía institucional no responde, efectivamente, a sus necesidades. Alarmante es para la Democracia cuando quienes gobiernan, insisten en desconocer a la oposición cuando ésta emerge de grupos subrepresentados o marginados, que enfrentan marcos institucionales que no favorecen su participación.

Más alarmante es aún la reacción de la clase gobernante, luego de que, por debilidades metodológicas propias, el pasado 15 de octubre se anunciara la caída de la primera mesa de diálogo. Ahí es donde el mensaje del Presidente Alvarado, del 16 de octubre, se torna pieza de antología: apoyándose en que la solidez de la Democracia no se debe poner en riesgo, calificó como mancha a la Democracia que una organización empresarial legitimara, mediante la firma de un principio de diálogo sin exclusiones, al actor que el Gobierno califica como “ilegítimo”.

Si tal cosa no es insistir en un paradigma de seguridad ciudadana, que considera “enemigos” a los protagonistas de las protestas, no sé lo que sea. La improcedencia del discurso de la legitimidad formal, como impedimento para interactuar en un dialogo social, queda en evidencia cuando, guardando las diferencias y dimensiones del caso, lo aplicamos a otros sucesos históricos: ¿es que alguien se imagina al imperio británico diciéndole a Ghandi que no atendería sus demandas, por considerar que la dirigencia de su movimiento no tenía legitimidad formal?

En comunicación política, la construcción de un enemigo externo es recurso frecuente para cohesionar la opinión pública; generalmente es seguido de llamados a cerrar filas con el sistema democrático. En nuestro país las instituciones democráticas siguen vigentes, más allá de temores infundados. La verdadera preocupación que deberíamos atender, es aprender las lecciones del tristemente célebre Memorándum del Miedo en tiempos del TLC, y preguntarnos si en Costa Rica se ha convertido o no, en una práctica recurrente, la costumbre de apelar a la cultura del miedo como estrategia de profundización del modelo neoliberal.

A menos de 24 horas de anunciada la nueva convocatoria de Gobierno, 40 diputados de 5 fracciones legislativas anunciaron que no asistirían. ¿A quién culparán ahora de manchar la Democracia? ¿Cómo garantizarán la vinculación legislativa de lo que ahí se acuerde? ¿Por qué insistir en excluir del proceso a protagónicos actores?

Diálogos hay muchos y con propósitos diversos. Por ello resulta esclarecedor analizar la gestión de la conflictividad social. Sepamos distinguir: Un diálogo sin exclusiones contempla los actores en tensión en busca de una salida una salida negociada a la conflictividad. Un diálogo entre actores únicamente institucionales, se limita a legitimar decisiones. Si los procesos de diálogo no dan cabida a la voz de los descartados de la economía, cuando estos presentan planteamientos alternativos a los intereses políticos y económicos dominantes, de poco servirán las mesas en la búsqueda de aplacar las protestas. ¡Con exclusiones no… La salida debe ser política.

Ortega: 65 Años más de Vida

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Ortega y Gasset es uno de esos seres humanos que indudablemente ha alcanzado la inmortalidad del alma, porque a pesar que su cuerpo ha dejado de existir hace 65 años, sus ideas continúan con el accionar de su existencia, porque es uno de esos seres que ha logrado trascender por sus ideas, y que nacen de una profunda reflexión de su accionar humano.

Para hablar de Ortega tenemos que tener en claro que toda su obra está orientada al yo social, por eso acuña ese «yo soy yo y mi circunstancia y si no a salvo a ella, no me salvo yo» que puso siempre en práctica, frase tan celebrada en su vida, porque no solo buscó comprender a la España o Europa de su época, sino también al personaje principal que la habita – ese que al mismo tiempo habita todo el mundo- «el hombre y su gente», porque el hombre es un personaje que va siempre ligado a los otros (la gente), debido a que su naturaleza proviene de dos seres que forman parte de la gente, la masa, el pueblo. Por eso, podemos contemplar en la vida de Ortega su preocupación por la sociedad, esa misma que espera libre, dueña de sí misma, y no presa de una dictadura ni de una mediocridad que lo aleja de su ser trascendental; logrando desarrollar de esa manera un pensamiento racional vitalista, desde donde empieza a meditar y plasmar cada una de sus preocupaciones y contemplaciones humanas, aquellas que nos conducen al encuentro con nosotros mismos, dentro de sí y en medio de la sociedad a la que pertenecemos.

Para hablar del pensamiento orteguiano primero debemos desnudarnos el alma, despojarnos de todas las cosas que nos rodean el cuerpo y la mente para ser libre, deshaciéndonos de todo prejuicio y soberbia del conocimiento, así como de todo tecnicismo, porque -como él mismo lo manifestaba – «la claridad es la cortesía del filósofo», por eso necesitamos ser sencillos y humildes para poder comprender lo que este gran filósofo nos quiso enseñar a través de sus reflexiones humanas, esas que en resumen nos deberían enseñar ir a la acción, al cambio del mundo, formando personas con criterio, personas que no trasgreden el bien común ni el propio, porque no irán contra los otros ni en perjuicio de sí mismos, debido a que sabrán aplicar perfectamente la frase que podría resumir toda su preocupación filosófica, con la que pudo haber logrado la rebelión de las masas, porque solo basta aprender y comprender que «cuando enseñes, enseña a dudar hasta lo que enseñes» para evitar los dioses y dictadores, y para centrarnos en nuestro ser que siempre va a estar ligado a una sociedad: la humanidad, sin ser más ni menos que otro.

Pucallpa, 18 de octubre de 2020 a las 11:36 horas

El contexto de las elecciones presidenciales en EEUU. Trump y las ideologías políticas que han definido históricamente al Partido Republicano y al Partido Demócrata

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Partido Republicano de los Estados Unidos hoy encarna a la derecha política y conservadora de ese país.

Originalmente, fue fundado en 1792 por Thomas Jefferson, lo que lo convierte en el partido más viejo de los que participan en el proceso electoral del próximo 3 de noviembre, aunque su fecha de fundación, para la actualidad, la remontan al 20 de marzo de 1854, como una organización que también hundía sus raíces en el Partido Whig que existió desde 1834.

El Partido Demócrata, su principal contrincante, considerado liberal, progresista, fue fundado en 1828 hoy acusado por Donald Trump de representar la “izquierda”, y algunas veces lo ha acusado de “comunista”, cuando realmente responde más a las corrientes actuales políticas que podrían encajar en socialdemócratas.

El Partido Comunista de los Estados Unidos que no está participando en las elecciones, con candidatos propios, pero que existe, fue fundado en 1919. Sus raíces estaban en el Partido Socialista de América. Los otros partidos políticos que están en la lista electoral estadounidense son más recientes, entre ellos los partidos Libertario, el Verde y 17 partidos más. En algunos Estados de la Unión Americana también se llevarán elecciones legislativas y estatales gubernamentales.

En las elecciones principales está en juego la Presidencia, sacar o mantener a Donald Trump, derrotar la mayoría republicana en el Senado o mantenerla, igualmente derrotar la mayoría Demócrata en el Congreso o mantenerla.

El escenario se orienta hacia una posible derrota de Trump y hacia una derrota de los republicanos en el Senado. Pero, hasta que no haya elecciones no se sabrán sus resultados.

En sus orígenes el Partido Republicano fue la fuerza política antiesclavista, abolicionista, y proteccionista desde el punto de vista económico, que agrupaba más a los pobladores de los estados norteños de los Estados Unidos. En las elecciones de 1860 fue el Partido de Abraham Lincoln.

Desde 1869 hasta 1933 la mayoría de Presidentes de los Estados Unidos han pertenecido al Partido Republicano, que gobernaron, de este período, 48 años, y les siguieron 20 años, hasta 1953, de gobiernos del Partido Demócrata. Este período fue el de auge de las políticas reformistas, impulsadas por el Partido Demócrata, en el contexto del impacto de la Crisis Mundial de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial, políticas de salarios, pensiones, incentivos laborales, legislación laboral, fortalecimiento sindical, reformas sociales y económicas que no pudieron ser abatidas por los republicanos a su regreso en 1953.

En la década de 1960 se invirtieron los papeles de estos partidos. El Demócrata avanzó hacia el progresismo social, defensor de los derechos de los negros y de minorías, y el Republicano agrupó los grupos conservadores, racistas y todavía “esclavistas” existentes en los Estados Unidos.

Con Ronald Reagan el Partido Republicano consolidó sus posiciones dentro del conservadurismo estadounidense. Reducción de impuestos, inversiones, ahorro público, más empleo, más ingresos, reducción del gasto público, eliminación de la burocracia estatal, reducción y eliminación de programas sociales, economía de libre mercado fueron sus consignas, al impulso de la llamada Revolución Conservadora, con fuerte manto protector religioso, convirtiéndose desde ese momento en un partido altamente conservador, lo que lo ubica, en el plano político, en la derecha del espectro electoral norteamericano, con una base social más compacta y unida, más homogénea.

En la tradición norteamericana, desde el punto de vista del lenguaje político, se acuñó ser Liberal como ser del sector de izquierda, y no de la derecha como significa para casi el resto del mundo. En su lugar ser Conservador es ser de derecha.

El Partido Republicano está afiliado a la Unión Internacional Demócrata, donde también participan partidos demócratas cristianos.

Como en todos los partidos políticos en el Partido Republicano hay sus fracciones, desde moderados hasta ultraconservadores, así como hay distintos componentes sociales y raciales, entre ellos blancos, hispanos, negros y afroamericanos. Muchos de los negros y afrodescendientes que participan bajo las banderas del Partido Republicano responden a militancias en movimientos nacionalista negros, de tipo conservador y también anticomunistas. En este último sentido también participan latinos, especialmente cubanos. Por ello se encuentran como activistas del Partido republicano e identificados plenamente con Trump. No casualmente es importante el Estado de la Florida en estas elecciones. El anticomunismo organizado, aún existente, en cientos de asociaciones en el territorio de los Estados Unidos es parte de la base de apoyo de Trump, por ello sus discursos anti izquierda y anti comunistas del Presidente contra el Partido Demócrata y su candidato Joe Biden.

En el caso del Partido Republicano, en los últimos 40 años, han llegado a tener un gran peso político interno los sectores más conservadores, unidos a grupos fundamentalistas, de tipo religioso, de distintas iglesias y grupos religiosos no católicos, dando origen también a tendencias políticas teoconservadoras, o de la derecha cristiana.

El conservadurismo político del Partido Republicano se expresa, principalmente, en temas sociales, familia, matrimonio, gays en general, LGTBIQ, aborto, sexo, conservadurismo fiscal relacionado con recortar gastos públicos, reducir impuestos, establecer menos regulaciones, aunque también hay republicanos opuestos a estas políticas.

La base social de blancos del Partido Republicano se identifica con ser blancos no hispanos, de tradición más europea, no española ni portuguesa, más sajones y protestantes religiosamente.

La elección de Donald Trump, como candidato presidencial en el 2016, creó mucha tensión interna, en el Partido Republicano, por ser considerado un intruso político, sin trayectoria militante política, que se ha mantenido hasta hoy, porque no se apega al “guion” histórico de los presidentes republicanos. Incluso desde el 2017 hubo voces disonantes contra Trump en el propio partido Republicano, pero desde el 25 de enero del 2019 el Comité Nacional del Partido Republicano le dio un respaldo no oficial a la candidatura a Donald Trump.

Como candidato actual mantiene esa tensión, y hoy más, por su individualismo extremo en su toma de decisiones, por su manera temperamental de atender asuntos, por su intransigencia, por sus posturas supremacistas, por su desprecio a los hispano mexicanos, puertorriqueños y latinos en general, por su abierto apoyo a los grupos racistas y supremacistas, por la defensa de la represión policiaca brutal, por su negativa a dar informes tributarios, que por ley está obligado, por sus disparates expresados constantemente en su cuenta de twitter, por su poca educación y mal trato con gobernantes y líderes de gobiernos, por sus juicios poco pensados sobre mujeres, latinos, afroamericanos, por sus tendencias dictatoriales y aislacionistas internacionalmente, por sus posturas desglobalizadoras, considerando que con ello se benefician los intereses norteamericanos.

Su tendencia dictatorial, autogolpista que impulsa cuestionando el propio proceso electoral y su legitimidad, negándolo, afirmando que está preñado de fraude, intentando postergarlo, acusando públicamente al Partido Demócrata de estar realizando el fraude con el voto por correo, su cuestionamiento al voto de las minorías negras, afroamericanas, hispano mexicanas, está en función de considerar que su postura autoritaria y dictatorial es para proteger la democracia norteamericana, “su” democracia, su mantenimiento en el Poder, puesto que el exceso de democracia puede ser peligroso para la misma Democracia y para resguardar o proteger los valores democráticos.

A propósito de este supuesto fraude en marcha en las elecciones de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, de la cual Estados Unidos es miembro, debería integrar una Misión Oficial de Observación del Proceso electoral de los Estados, así como se integran para vigilar y supervisar procesos electorales en América Latina, con el voto y anuencia de los Estados Unidos. Desde 1962 la OEA ha desplegado en el continente casi 250 Misiones de este tipo, en 27 países, de los 34 que integran la OEA.

Para Trump el posible triunfo del Partido Demócrata es un paso hacia el crecimiento del socialismo, de la izquierda, del comunismo, que pone en peligro la democracia norteamericana y la estabilidad de su sistema.

Trump impulsa una nueva Guerra Fría internacional, en torno a la competencia comercial que tiene Estados Unidos con la República Popular China, y presiona, en ese sentido a los países, como se hacía durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética y los otros países socialistas, para su ruptura, si fuera posible hoy, o por el debilitamiento de esos lazos comerciales. No es ya, un problema de relaciones políticas, como lo era en preocupación de Estados Unidos hasta 1990, sino que es de relaciones económicas y de control de mercados. La Ruta de la Seda, que impulsa la República Popular China, no la puede evitar en el nivel mundial que puede llegar a alcanzar.

Estas posturas conservadoras, o neoconservadoras, linda con elementos fascistas, de allí también el movimiento AntiFa, como parte de los movimientos que adversan la candidatura de Trump, que se ha desatado en los Estados Unidos.

Una expresión de estos movimientos conservadores fue el surgimiento en los Estados Unidos de los Libertarios, con repercusiones internacionales, en oposición a los liberales clásicos.

La apelación religiosa, que constantemente hace Trump, está en función de enfatizar la religión como la base esencial de la sociedad, lo que ha fortalecido el surgimiento de movimientos políticos religiosos, o movimientos religiosos con fines y objetivos políticos.

“Hacer Grande a América”, el grito de guerra de Trump, en este momento, recuerda el “Pacto con América”, agitado en la elección de 1994, donde no hubo un triunfo político en toda la línea, en la posibilidad de que Trump pudiera ganar la Presidencia.

Donald Trump impulsa un nacionalismo extremo, en su lucha contra los migrantes, una justificación contraria a la naturaleza misma de los Estados Unidos, que nació como resultado de procesos migratorios intensos, multiculturales, que hoy tiende Trump a quebrar, de esa manera, que es la esencia e identidad de la grandeza de los Estados Unidos.

Esta posición lleva a Trump a dirigirse en sus discursos y actuaciones a la derecha típica norteamericana, que en los Estados Unidos, tiene cerca de 1000 grupos, que abarcan desde partidos políticos hasta asociaciones, de todo tipo, muchos de ellos de larga tradición histórica. Quienes han analizado la derecha en Estados Unidos sostienen que surgió desde los mismos días de la Independencia.

Derecha e Izquierda se traduce hoy en Estados Unidos como Conservadores y Progresistas, aunque desde la campaña electoral del 2016, por los ataques que le hacía Donald Trump a Hillary Clinton, se exaltó en el lenguaje popular el término de Izquierda para calificar al Partido Demócrata y el de Derecha para referirse al Partido Republicano, y para significar en ese concepto de Izquierda al comunismo. Los nazi americanos se identifican más con la derecha y extrema derecha y rechazan la identificación con el conservadurismo o el neoconservadurismo. La Organización del Ku Klux Klan, fundada en 1865, tampoco se reconoce como conservadora o neoconservadora.

El conservadurismo norteamericano es hoy una articulación de movimientos que se expresan en las luchas callejeras, con expresiones muy importantes en el campo intelectual, que ha permitido que se exprese, en distintos momentos, en la propia Casa Blanca, desde Nixon hasta Trump.

Un elemento importante del conservadurismo en Estados Unidos es su nacionalismo y su anticomunismo, que es la esencia común de los movimientos conservadores norteamericanos. En su anticomunismo hoy no está la URSS pero está China, la República Popular China, que Trump la exaltado en su discurso electoral, no así la República Popular Democrática de Corea o la de Vietnam, ni tampoco está en es nivel Cuba, a pesar del debilitamiento de relaciones que ha hecho respecto a lo que el Presidente Barack Obama había avanzado.

La base social del Partido Republicano, en el sector rural y central de la geografía norteamericana deviene, de la identificación de estos sectores productivos que desde hace décadas se manifiestan contrarios a las intervenciones estatales reguladoras de mercados, de precios, y por sus tradiciones históricas conservadoras, que los lleva a mayor identificación con el conservadurismo político y religioso. En las condiciones actuales, de la crisis de la Pandemia del Coronavirus y el descalabro económico que eso ha significado para todos los países y todas las economías, esta situación se ha desbalanceado y hoy el Partido Demócrata tiene más proyección con este electorado, lo que se manifiesta en el menor respaldo que recibe Trump ante Biden.

Ronald Trump es hoy el Presidente Republicano número 19. ¿Continuará su mandato? Eso está por verse el próximo 3 de noviembre.

Diálogo social y rescate democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Me gustas, democracia, porque estás como ausente”
(Canción de Javier Krahe)

Manuel Hernández

  • Después de varias intentonas, viene el infaltable reality show

El último Informe Especial COVID-19 de CEPAL (octubre/2020), destaca la extraordinaria importancia que tiene el Diálogo Social para enfrentar integralmente la crisis sanitaria, que ha profundizado la desigualdad estructural, económica y social de América Latina.

La CEPAL sostiene que serán necesarios pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de sectores, de largo plazo, que promuevan la universalización de la protección social, la salud y reoriente el desarrollo, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad de las políticas fiscales, industriales y ambientales.

CEPAL insiste en que para alcanzar estos pactos se requiere un liderazgo político transformador, que goce de legitimidad social, que, además, incluya la más amplia y diversa gama de actores.

El Informe advierte un aspecto de suma relevancia, que dadas las circunstancias políticas y sociales que vertiginosamente se desarrollan en nuestro país, no podemos dejar pasar inadvertido:

“Es importante que los Gobiernos tengan en cuenta que, en algunas partes de la región, el descontento previo a la pandemia hizo que se acumulara una energía social que no va a desaparecer después de la crisis, energía que la sociedad en su conjunto deberá manejar abriendo caminos institucionales, democráticos y justos de diálogo y concertación social.”

Desafortunadamente algo tan elemental, después de varios intentos fracasados de diálogo social, todavía no logra comprender el Gobierno de nuestro país, que ahora está tratando de articular un nuevo ensayo, convocando a un conjunto de actores de sectores sociales, productivos, políticos y hasta religiosos.

No obstante, esta última convocatoria fue discriminatoria y excluyente, porque cerró ese cauce institucional de participación democrática a un movimiento social, dirigido por Rescate Nacional, que desde hace unas semanas se está expresando activamente en los espacios y foros públicos, exigiendo su Derecho Fundamental de ser escuchados y atendidas sus demandas de justicia social, protestando contra todo préstamo del FMI, “que nos jode a tod@s, no solo a las camareras”. *

El Informe de CEPAL sigue diciendo que ese liderazgo político debe “servir para reconocer y convivir con los conflictos colectivos en que se enfrentan los actores como parte de su adhesión a diferentes grupos sociales”.

Por contrario, el Gobierno impulsa el denominado proceso de diálogo multisectorial imponiendo unilateralmente el consenso, desde arriba, no soberano, que repele la legitimidad del conflicto social, conflicto que es consustancial a cualquier sistema democrático y pluralista; que no debe ser aplacado con la ostentosa e intimidatoria circulación de la “bestia” policial, a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos con el bloqueo de los espacios de participación democrática.

Partiendo de esa misma convicción ideológica, promocionó una reaccionaria contrarreforma laboral, que culminó con la prohibición del derecho de huelga en la mayoría de las actividades económicas y servicios públicos, configurando el derecho de huelga del enemigo.

El Gobierno sigue reflejando una posición autoritaria, basada en la construcción simbólica del “enemigo”, que no se concilia con los principios constitucionales del Estado democrático, que por imperio de la reforma del artículo 9 constitucional, garantiza a la ciudadanía, a la universalidad ciudadana, y no solo a la que convenientemente se seleccionó, la plena participación en la construcción y definición de las políticas públicas.

Las y los indignados que representan el poder de los sin poder, quienes rompieron su callada indignación y fueron excluidos, no tienen menos derechos de participación ciudadana que aquellos actores oficialmente convidados al reality show, como si la democracia fuera patrimonio del gobernante de turno y su socio presidente de la Asamblea Legislativa.

En definitiva, en la de menos, este es el gran desafío que tenemos que asumir: liberar la Constitución Política de quienes la tienen secuestrada, pero para ello es necesario, primero, recuperar la democracia.

25/10/2020

* Frase escrita en un cartel de las asambleas del 15-M, cuyo mensaje deriva de la denuncia judicial que presentó Nafissatou Diallo contra Strauss-Kahn, expresidente de FMI, quien lo acusó que mientras ella estaba realizando labores de limpieza, en un hotel de Nueva York, la golpeó e intentó violarla. A consecuencia de este escándalo, Strauss-Kahn renunció a la Presidencia de FMI (2011).

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

  1. Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
  2. Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
  3. Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
  4. Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
  5. Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
  6. Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
  7. Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
  8. Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
  9. Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
  10. Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

MINUCIAS LEGISLATIVAS y como tirarse de palo a palo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Roberto Zeledón

Ayer se aprobó el Proyecto 21478 para el aprovechamiento sostenible de pesca de camarón. Proyecto muy pero muy controversial.

Este proyecto es de la autoría del diputado Melvin Núñez Piña, puntarenense del Partido Restauración Nacional, partido que ostenta la Presidencia del Directorio Legislativo con Don Eduardo Cruiskshank y que para su nombramiento contó con los votos de la fracción del gobierno PAC y del otro socio el PLN. Este proyecto de pesca de arrastre tuvo la firma de 40 diputados más al ser presentado.

En la agenda de ayer se encontraba el proyecto para reducir el costo del marchamo. Otro proyecto polémico y que para que pudiera entrar en vigencia debía aprobarse antes del 1 de noviembre.

Recordemos que tanto la fracción de Gobierno como el propio gobierno se habían opuesto al proyecto porque «afectaba los ingresos de Hacienda». Previendo la aprobación de este proyecto, el Gobierno mediante el Ministerio de Hacienda decretó un aumento en la valoración de vehículos en un 25% en general para minimizar el impacto del proyecto.

Con el traslado al Edificio nuevo hubo contagios que afectaron principalmente al departamento que es principal soporte administrativo para el funcionamiento de comisiones. Tan es así que el martes pasado en horas de la mañana se cancelaron todas las comisiones hasta el 31 de octubre próximo, solamente quedó funcionando la Comisión de Hacendarios porque supuestamente ese personal no tuvo contacto con los contagiados del Departamento de Comisiones. Así fue como entre las comisiones canceladas está Gobierno y Administración que tenía que dictaminar el Proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Este jueves 22 la discusión del proyecto sobre pesca de arrastre consumió gran parte de la sesión.

Luego de la votación del proyecto de Restauración Nacional de pesca de arrastre, por ahí de las 3 pm, don Eduardo Cruickshank levantó la sesión argumentando que había 44 personas de toda la Asamblea que habían tenido contacto con contagiados y cerró las instalaciones hasta el lunes inclusive.

Con esta decisión de don Eduardo deja sin posibilidades al proyecto de reducción del costo del marchamo principalmente por los tiempos que no darían para Primer Debate, Segundo Debate y hasta la posibilidad de veto presidencial, que ya Carlos Alvarado había anunciado.

Así las cosas, el gobierno y las fracciones del PAC y Restauración aprovecharon la coyuntura pandémica y lograron cada uno sus objetivos: Restauración pesca de arrastre y Gobierno que no se aprobara la disminución en el costo del marchamo.

Dos apuntes finales:

  1. ¿Irá el Ministerio de Hacienda a revocar el aumento de valoración de la flotilla vehicular o aprovechará para cobrar más y sacarle más plata a los propietarios de vehículos?
  2. Carlos Alvarado como candidato se opuso a la pesca de arrastre: ¿irá a cumplir su palabra y vetará el proyecto aprobado sobre pesca de arrastre?

UNA pide veto a Ley de Pesca de Arrastre

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Madre Tierra.

  • Pronunciamiento de la Escuela de Ciencias Biológicas en torno a la aprobación del proyecto de ley para el “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.
  • Petición al señor Presidente de la República para que vete la Ley al proyecto de ley N°21.478.
  1. Los continuos estudios realizados por más de 30 años por la Universidad Nacional en la zona marino costera del Pacífico Costarricense, en torno a la pesquería de camarón.
  2. Que las redes de arrastre no son selectivas, ya que el principio de estos artes es remover los fondos marinos y atrapar todo lo que se cruce a su paso, independientemente de la talla, edad,  grupo taxonómico (peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, etc.).
  3. Que la pesca de arrastre rompe las redes tróficas de los mares, ya que mata indiscriminadamente organismos que se ubican en los niveles más bajos de las cadenas alimenticias y la captura incidental causada por la esta actividad, es una amenaza a la diversidad de especies en zonas tropicales, ya que ésta incluye la captura de especies de peces importantes para el consumo humano, siendo por tanto una amenaza a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad en la producción pesquera.
  4. Que las poblaciones de camarón de las costas de nuestro país se encuentran en estado de sobrepesca; evidenciando que tanto la biomasa de organismos juveniles como adultos han disminuido de forma alarmante, inclusive sobrepasando el 90% de sobre explotación.
  5. Que debido a sobreexplotación de las poblaciones de camarones; y las capturas de este recurso por parte de la flota semi-industrial disminuyeron en un 45% a finales del 2012, esta pesquería solo es rentable gracias a la captura de especies de peces como: cabrillas, congrios, pargos entre otros.
  6. Que los salarios que genera esta actividad están por debajo del salario mínimo, exceptuando el Capitán y los tripulantes con rango de marineros; además del efecto económico sobre recursos marinos que pueden ser aprovechados por la flota artesanal.
  7. Que la exoneración del combustible aplicada a esta actividad, reduce considerablemente los gastos en las tareas de las faenas de pesca, afectando notoriamente los recursos marinos.
  8. Que la pesca de arrastre no cumple con ninguno de los principios que inspiran a este proyecto de Ley que promueve esta práctica, como lo son el desarrollo sostenible, enfoque precautorio, preventivo y de sostenibilidad, ecosistémico, seguridad alimentaria, trazabilidad del criterio de sostenibilidad, entre otros.
  9. Que esta actividad pesquera causa daños al lecho marino y tienen un efecto negativo en algunos ecosistemas e incluso pueden dañar la misma pesca del camarón, esto por cuanto al ocasionar daño al fondo marino, todas las especies que viven o dependen de él se van a ver perjudicadas.
  10. Que un principio fundamental en el enfoque precautorio es que “La ausencia de información científica adecuada NO debe ser usada como una razón para posponer o no tomar medidas de conservación o de manejo”.
  11. Que los estudios científicos necesarios para el aprovechamiento, debe incluir la estimación de Biomasa disponible, periodos de desove, tallas o edades de madurez sexual de ese recurso, efecto ecosistémico de la actividad entre otros.
  12. Que se afectan negativamente las actividades económicas de otros muchos pescadores artesanales a lo largo de la costa del pacífico.
  13. Que el INCOPESCA no tiene capacidad ni libertad para hacer los estudios que permitan determinar la sostenibilidad de la actividad y mucho menos de hacer respetar que no se pesque en esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes y áreas protegidas.
  14. El proyecto N°21.478, es una amenaza directa contra el artículo 50 de la Constitución Política establece que «Toda persona tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.  Siendo que es el estado el llamado a garantizar, defender y preservar dicho derecho.
  15. Llamamos al respeto de las partes por el orden y paz en el país, para que no haya disturbios que deriven en violencia innecesaria.

Por lo tanto:

Solicitamos respetuosamente que se vete la Ley derivada del expediente N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.

Información: Oficina de Comunicación UNA

La lucha continúa…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La lucha social, de las movilizaciones de ciudadanos, de bloqueos de carreteras, en el interior del país especialmente, y en las arterias principales de circulación vehicular, no es casual. Es el resultado de una escuela de lucha social que se ha dado desde hace muchos años.

Las luchas y huelgas sindicales, de distintos sectores laborales, y estudiantiles, como las de las comunidades, cuando estas reaccionan de esa manera, como las de los sectores campesinos, son el resultado en primer lugar de organizaciones existentes que las dirigen, las organizan y preparan en todos sus alcances, o a la convocatoria de personalidades reconocidas. Raras veces responden a movilizaciones espontáneas de las gentes.

La importancia de los sindicatos para los trabajadores de las empresas privadas e instituciones públicas, es que por medio de ellos se pueden realizar luchas concretas, desde las negociaciones internas, entre sindicatos y patronos, sin que terminen en huelgas o paros, hasta los paros, las huelgas, sean declaradas legales o ilegales, y las negociaciones colectivas, o en el pasado los arreglos directos, que se realizaron como alternativa de negociación hasta que los Tribunales los impidieron.

La importancia conexa de los sindicatos es que son válvulas de escape, y de estabilidad laboral y empresarial, a la presión social existente de las mismas condiciones de trabajo, de la seguridad social y laboral, y a la estabilidad democrática nacional. Sin sindicatos las luchas sociales podrían ser más dramáticas. Los sindicatos son factores y actores activos de la democracia.

Estas luchas siempre han sido dirigidas con objetivos y metas precisas, posibles de alcanzar, destacando en ellas, aspectos principales y aspectos secundarios, sabiendo, por parte de los dirigentes, que en una mesa de negociaciones se pueden sacrificar unos aspectos para lograr otros, que son los más importantes. No se pueden realizar luchas de esta naturaleza con objetivos imposibles de lograr. En una huelga de hambre no se puede poner un objetivo imposible porque no se trata de que muera en la huelga de hambre quien se dispone a ejecutarla.

La tradición de huelgas y de luchas populares en Costa Rica se inició en el seno mismo de los sectores laborales, desde el siglo XIX, sin partidos políticos que los orientaran. Esas huelgas tuvieron grados de organización y preparación. Antes de que existieran los Sindicatos y las Ligas de Obreros, desarrolladas entre 1900 y 1902, ya existían esas formas de lucha, de huelgas y de paros, y de resistencia a los organismos policiales o militares, cuando había Ejército, con represión o sin ella, y con cárcel para dirigentes y manifestantes, y en ocasiones con muertos que los ha habido en Costa Rica.

Desde principios del siglo XX con la organización sindical se mejoraron esas formas de lucha. Se iban educando los trabajadores en su organización y en su lucha. Contribuyeron con ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, entre otros intelectuales de la primera mitad del siglo XX.

En 1920, estamos en el centenario de esta fecha, desde finales de enero hasta diciembre, se realizaron una serie de movimientos huelguísticos que culminaron con el establecimiento de la Jornada de 8 horas de trabajo, para todo el país, jornada que se quiere eliminar actualmente.

Todo el movimiento sindical actual debería estar preparando actos relacionados con esta fecha, y hasta una gran manifestación, para el miércoles 9 de diciembre, en exaltación a esta conquista laboral, hoy amenazada por todos los costados.

A finales del siglo XIX el movimiento obrero y popular llegó a tener tres diputados, Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, y Víctor Gölcher, en una época en que se consideraba que los diputados representantes de los trabajadores podían proponer y hacer leyes que mejoraran las condiciones laborales, y de vida, de los trabajadores, pensando, de esa manera también, que así superarían las injustas condiciones de un sistema económico y político de organización social.

Hasta la llegada del Partido Reformista, en 1923, volvieron los diputados representantes de los trabajadores, entre ellos, el líder sindical Julio Padilla. De ese período fue la obtención de la Ley de Accidentes de Trabajo, en 1925, ley que tenía 18 años de estarse peleando su aprobación en el Congreso.

Luego fue, a partir de 1934, con la existencia del Partido Comunista, 1931-1943, luego llamado Vanguardia Popular, a partir de 1943, que el movimiento sindical y las luchas de los trabajadores tuvieron una orientación política más clara.

Las luchas obreras y campesinas tuvieron una nueva dimensión con la presencia comunista organizándolas. A partir de la alianza de la Iglesia, el Partido Vanguardia Popular y el gobierno de Calderón Guardia, en 1943, la Iglesia impulsó su Central Sindical, la Rerum Novarum, que sobrevivió la Guerra Civil. Hacia 1958 se dividió dando origen a la central sindical socialdemócrata y originando sindicatos socialcristianos, junto a los de tradición comunista que se habían vuelto a organizar desde 1952, peleando, desde entonces, distintos grupos de trabajadores y a veces los mismos, como fueron en las Bananeras, las huelgas bananeras de la década de 1950-1960 expresión de ello.

Con los trabajadores estatales, especialmente en áreas estratégicas, muelles, ferrocarriles, electricidad, RECOPE y otras, los gobiernos, especialmente liberacionistas impulsaron la firma de convenciones colectivas de trabajo con sus sindicatos, para evitar la penetración de los sindicatos dirigidos por los comunistas.

El Partido Vanguardia Popular puso énfasis en las luchas agrarias, por la toma de tierras. Nunca esas luchas llegaron a paralizar el país, como lo hacen ahora los campesinos. Aquellas luchas fueron muy locales, intensas, dramáticas y altamente reprimidas. Solo en Guanacaste, entre 1930 y 1980 hubo más de 900 conflictos agrarios, y así eran otras provincias donde el problema de la tierra era explosivo. No casualmente Liberación Nacional impulsó el Instituto de Tierras y Colonización en la década de 1960.

A finales del siglo XX, Guido Vargas, quien llegó a ser diputado, en 1998, empezó a sobresalir como dirigente de los pequeños campesinos. El fue el que organizó, especialmente con UPANACIONAL, surgida en 1981, las grandes protestas campesinas que paralizaban el país en distintas partes del territorio, movilizando localmente a sus afiliados en las distintas provincias.

Esas enseñanzas fueron bien aprendidas y se siguen haciendo, como fue evidente en estas últimas protestas que ha habido, donde el país se ha paralizado, en carreteras, especialmente, por ese papel que juegan los micro, pequeños y medianos campesinos, casi imposibilitando que la Fuerza Pública pueda atender los distintos puntos de conflicto y de paralización de la circulación vehicular en carreteras.

En las luchas actuales, los cabecillas de Rescate Nacional rechazaron la presencia de Guido Vargas y hasta de “traidor” lo trataron, pero a él deben su capacidad organizativa y en cierta forma de lucha social.

El Partido Comunista, ni los otros partidos de la izquierda nacional, pudieron hacer este tipo de luchas en el sector campesino. Con obreros agrícolas, y de la caña, fueron muy exitosos, en Juan Viñas, en Coopevictoria o en CATSA.

En el momento actual, en los bloqueos de calles, siguen presentes estos sectores sociales y de trabajadores.

Los sindicatos se quedaron al margen o a la cola, hasta estos últimos días en que han empezado a movilizarse, con consignas muy débiles, cuando podrían estar haciendo énfasis en las luchas principales contra lo que se está aprobando en la Asamblea Legislativa, debilitando más los beneficios laborales que gozan todos los trabajadores del país, especialmente del sector público.

En la lucha urbana, sea por manifestaciones estudiantiles o convocadas por sindicatos, se bloquean las calles por donde transitan las movilizaciones, pero eso no ha alcanzado para paralizar simultáneamente distintas partes del país y por varios días. Solo durante la lucha del Combo del ICE, en el 2000, y del TLC, en el 2006 y 2007, se vieron situaciones similares.

La suspensión de estas actividades, en las luchas recientes, sobrevino de su necesidad. Se había llegado a un tope. La salida de UCCAEP con el cabecilla principal de Rescate Nacional fue la válvula de escape que facilitó la suspensión de actividades junto con las tareas que había impulsado la Fuerza Pública, y las acusaciones ante los Tribunales que se estaban encauzando.

La mezcla de intereses, que se reunieron desde sectores empresariales, y de tipo popular, movilizados por el mismo paraguas, y quizá las mismas fuentes de financiamiento, en contra de los impuestos que se querían aprobar en la Asamblea Legislativa, no se habían dado antes en el país. De allí ese amorío público evidenciado por disputar la paternidad y la maternidad de haber suspendido los bloqueos. Si de eso se trata, allí estaban el padre y la madre de esa criatura, de la suspensión de los bloqueos, que gozaban de cierta simpatía popular pasiva, pero que ya era asfixiante, para la ciudadanía como para los distintos tipos de empresarios, productores y comerciantes.

Estas luchas, las actuales, no tuvieron ninguna presencia importante o significativa de ningún partido político, ni de partidos de izquierda, que son casi inexistentes en el país. Lo más que hicieron algunos de ellos fue declarar su simpatía con la lucha, como tal, e invitar a participar en las marchas, pero en la cola de la criatura.

Carecieron estas luchas de los elementos organizativos de las marchas, para evitar o controlar hasta donde se puede a provocadores e infiltrados, interesados en desprestigiar las protestas, como de los organismos represivos y de seguridad nacional.

Estas luchas no tuvieron palancas parlamentarias que hubieran podido influir para una mejor canalización de las luchas y de las marchas. Estando el Proyecto de Ley, de aprobación del préstamo del FMI, en la Asamblea Legislativa, se movilizaban a la Casa Presidencial, más con fines políticos, y preelectorales 2022.

El corolario de estas luchas se dio con el enfrentamiento de los pescadores artesanales de camarón, esta semana, que se movilizaban contra el proyecto de ley que autorizaría la pesca de arrastre, y los empleados, o personas pagadas por las empresas que promueven la pesca de arrastre, aprovechando la pobreza de Puntarenas, el desempleo local y las necesidades económicas.

Las mafias organizadas alrededor de este negocio de la pesca de arrastre enfrentaron a ciudadanos pobres con pescadores pobres… Qué triste, pero así son a veces algunas luchas, donde los grandes intereses, y grupos mafiosos, ponen a pelear a sectores laborales, trabajadores y pobres entre sí… por supuesto, a veces también con la complicidad, y quizá con buen pago, de algunos de sus dirigentes…

La lucha continúa, es lo que se sigue afirmando.