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Cuál choque de trenes ni que carajo…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

INTRODUCCIÓN. Corresponde aclarar que la Corte Constitucional de Colombia, en fallo normal de ajuste del ordenamiento jurídico interno, ha reconocido la obligatoriedad de Colombia, como Estado Parte, en el concierto internacional, de garantizar la segunda instancia a todo quien haya sido condenado en única instancia, así sea funcionario aforado.

Andrés Felipe Arias Leyva, fungió como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en 2005, durante el primer mandato del narcoparamilitarismo en Colombia. Durante su gestión estuvo salpicado en el escándalo de la hacienda Carimagua, de 17.000 hectáreas, propiedad de la nación, ubicada en el municipio colombiano del Departamento del Meta, en Puerto Gaitán, una de las regiones petroleras por excelencia y escenario del paramilitarismo, como política oficial contra insurgente que aplica el ejército colombiano. Hizo los trámites para que el predio fuera entregado a los latifundistas y ante el escándalo suscitado reculó. Por no tratarse de un gobierno popular, los predios se destinaron a la explotación de la producción de bio combustibles, sembrando Palma africana y maíz con capital lavado del narcoparamilitarismo; la asistencia internacional y bajo el ropaje de legalidad de la estatal Ecopetrol. Los campesinos fueron despojados de sus tierras en Carimagua, condenados a ser peones o apareceros de uno que otro patrón. Una grosera copia del modelo malayo de exportar lo agrícola e importar alimentos agrícolas.

En otro descalabro del exministro Arias, el cual le costó su libertad, aplicó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Su gestión buscó consolidar la producción de biocombustibles en Colombia para auto abastecer al país a base de caña de azúcar y palma africana. Esto con relación a la crisis alimentaria mundial (2007-2008) y al debate que generó la destinación de alimentos para abastecer la demanda por combustibles más baratos. Hacia la extranjerización de la tierra y la consolidación de la gran plantación habría favorecido a acaudaladas familias del Magdalena y del Valle del Cauca.

Agro Ingreso Seguro (AIS) fue una línea de crédito FINAGRO- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – o del gobierno colombiano, para entregar préstamos con bajas tasas de interés con destino a desarrollos agropecuarios, a agricultores colombianos, víctimas de despojos y de la violencia paramilitar substituido por Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

Estalló un escándalo por corrupción alrededor de AIS, siendo beneficiadas, en la práctica, con donaciones oficiales, familias de latifundistas como los Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, Davilo Jiménez, (subsidios de $2.200.000.000 de pesos colombianos) hasta la reina de belleza, Valerie Domínguez Tares. Todas familias de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200 millones de pesos por el mismo concepto. Que la mayoría de los beneficiados fueron aportantes a la campaña de reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue tal el festín que los titulares segregaron las tierras a nombre de familiares, para así obtener mayores montos de subsidios. Tal desfalco, en su equivalente en cientos de millones de dólares, no fueron recuperados por el erario público. Todos los hechos de corrupción ocurridos durante el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) conllevaron a que el 03 de julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado a favor de terceros, por lo cual se le condenó a 17 años y 4 meses de prisión.

LO DECIDIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

Habíamos anticipado que procedería la Tutela interpuesta por Uribito alegando-como condenado y por el régimen de aforado- que tenía derecho a impugnar la sentencia en su contra, por ser de única instancia y no haberle concedido el derecho universal de la doble instancia o “doble conformidad” acorde a la expresión técnico-jurídica. Lo sucedido no es un triunfo para la “democracia” en Colombia, en donde no existe tal, en tanto se imponga la actual legislación electoral, corrupta, clientelista y de casino, que permite que un sub presidente- que no es mi presidente- permanezca, con avalada legalidad, pese al fraude de la ÑEÑE política. Pero Sí es un triunfo para el Estado de Derecho, en Colombia.

Al darse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 30 de enero de 2014, condenando al Estado de Surinam a conceder la revisión de sentencia condenatoria de un ciudadano que había sido condenado en única instancia, corresponde a todos los Estados Asociados acogerse a ese efecto, que en en el caso colombiano se dio con el Acto Legislativo 01 de 2018, por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementa el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Ese, ni lo actual, constituye un logro de la secta o partido político centro democrático (CD). El Innombrable, en su ego idolatra, utilizó la dictadura mediática para que la llamaran en cita a su pupilo “y buen” muchacho “la ley Arias” y así la tramitó, con parafernalia publicitaria, el Congreso, con mayoría de derecha narco paramilitar.

El artículo 3° de ese Acto Legislativo, modificó el artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91) el cual quedará así: “.5. Juzgar, a través de la Sala Especial de Primera Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomática o Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.  6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

La suerte del Uribito está echada desde que huyó a USA y fue extraditado, a pagar la condena en Colombia. Al interponer la Tutela, pidieron medida de excarcelar y no les prosperó. ¡Aja!, prueba que no la pedirán en el alegato de la doble conformidad, por que como sede de instancia la Corte Suprema puede decidir que no continué pagando la pena en un casino de oficiales milicos, sino en La Picota, como corresponde. Pidieron que la segunda instancia-en forma personalizada y prepago- se cumpliera ante un Tribunal Especial y la Corte Constitucional no les otorgó tal abuso y exabrupto jurídico.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia falló conforme a derecho y en sustento a las pruebas. Si es sólida y los nuevos magistrados en Sala Penal-que son diferentes- no se tuercen ante el dios mercado y dinero, pues obvio que la sentencia condenatoria se confirma. Si no resulta, pues queda la instancia de la Justicia Popular en Colombia. Desde ya aclaro, que no se trata de la Justicia Insurgente, puesto que a este actor político le importa un bledo la suerte moral del Establecimiento constitucional que por principio rebelde ataca y busca destruir. Déjese de pensar en justicialismos guerrilleros. Si fuera así hubieran aplicado el “ojo por ojo” ante el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y ante el actual del asesinato selectivo y sistemático de líderes y lideresas sociales.

Corolario de lo anterior: 1. La aplicación de la doble conformidad, reitera el valor del Derecho Internacional y el acatamiento de lo dispuesto en sus actos e instancias; por lo cual coloca al régimen del sub presidente actual a la ineludible exigencia de otra conducta, respecto a respetar los Protocolos, asentados en Ginebra, de garantías para que la Delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) pueda regresar al país y se respete la soberanía de la gloriosa Cuba Libertaria. 2. Cese la conducta de perjurio contra el ELN, contra Cuba y consecuencia diplomática con los países garantes y acompañantes (Noruega, Venezuela, etc.); en la búsqueda del fin del conflicto armado en Colombia. 3. Se defina la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los delitos radicados contra el Innombrable.4. Cuéntese como un golpe político al Innombrable y su aspiración fascista a la creación de una Sola Corte en Colombia.

 

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Personas jubiladas plantean recurso de amparo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Comunicado de prensa

“Ley 9796 es defectuosa, contradictoria y regresiva”

Un grupo de más de 190 jubilados y jubiladas plantearon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Ley 9796, dado que dicha legislación es una amenaza al marco jurídico nacional, al Estado Social de Derecho*, contiene graves errores, contradicciones internas y la aberración de pretender rebajar más a las pensiones más bajas.

De acuerdo con las y los jubilados, la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria N° 9796, es regresiva porque basta aplicar una fórmula para darse cuenta que las personas más afectadas son quienes reciben pensiones brutas (aún sin rebajos de ley) más bajas –menores a ¢5 millones—Esto sucede porque esta ley plantea una tabla de rebajos que en lugar de propiciar progresividad, subiendo la cotización conforme aumenta la pensión, hace lo contrario, y así, terminan contribuyendo más las pensiones más bajas.

Además, esta ley genera superposición de rebajos, cuando se trata de pensiones entre ¢2,2 y 4 millones. La razón de este grave error es porque al modificar el artículo 71 de la ley 2248, se traslapa con el artículo 70, que establece un porcentaje escalonado de cotización al régimen.

De acuerdo con el economista Francisco Esquivel, uno de los firmantes, “estas situaciones se dan, en parte, porque el proyecto no tuvo un estudio actuarial, tal como exige la ley. Tampoco se aplicó un test de impacto para saber cómo afectaría la ley a cada una de las pensiones. El resultado fue una ley con errores graves que afectan desproporcionadamente a las pensiones menores a 4 millones. La Comisión de Asuntos Sociales solo contó con un cálculo –remitido por la Superintendencia de Pensiones en setiembre de 2019–, de lo que sería el gasto en pensiones por parte del Régimen Transitorio de Reparto y de las pensiones otorgadas por la Dirección Nacional de Pensiones. Y eso es absolutamente insuficiente para tomar una decisión tan importante como la modificación de miles de pensiones”.

Por otra parte, el historiador José Salas, otro firmante del recurso, mencionó que “contrario a lo que se ha dicho hartamente por parte de medios y políticos costarricenses, nosotros sí aportamos a nuestra pensión, no solo cuando estábamos activos (entre 10-16% de nuestro salario, hasta cuatro veces más que los del IVM), sino que seguimos aportando como pensionados en una proporción mayor”. El RTR a diferencia de otros regímenes continúan rebajando cotizaciones a la pensión.

Además, según expresaron, lejos de ser un grupo de pensionados de lujo como falazmente se les llama con fines políticos, más del 80% de los jubilados de este régimen recibe una pensión bruta menor a ¢1,500.000, menos que el tope establecido por el IVM de la CCSS. Solo 0,41% de los 43,500 pensionados de ese régimen reciben una pensión bruta (sin tener los rebajos aún) mayor a 6 millones (datos de JUPEMA, 2019).

Para este grupo, el carácter discriminatorio de esta ley, que se aplica solo a un grupo de contribuyentes, resulta violatorio de un estado de derecho social como se dice del costarricense, e irrespeta la Constitución Política (artículo 34 – A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas).

Las personas jubiladas firmantes esperan que la Sala Constitucional analice las consecuencias de dar curso a una ley que plantea tales defectos, descuidos y contradicciones, y por ende, atenta contra el bienestar de numerosas familias costarricenses, que lejos de “enriquecerse”, como dice el Presidente de la República, viven con pensiones menores a la de la Caja, lo cual está muy lejos de ser enriquecimiento.

* Organización estatal basada en el respeto en las normas jurídicas establecidas, y el respeto por las personas de la sociedad.

Para mayor información comunicarse con los pensionados José Antonio Salas, tel. 8810-0104 o Jorge García 8380-0799.

Acerca del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

En 1958 se promulgó la Ley 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que unificó las pensiones de la educación. El régimen era tripartito, con cargo al fondo de pensión que se creara al efecto, y sus trabajadores, aún pensionados, seguirían cotizando al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS. El Estado no creó el fondo con su parte –patrono y Estado—pero sí recogía las cuotas de los trabajadores, y ese dinero se destinó a gasto corriente. Luego se dan cambios en el sistema –los más importantes de 1991 y el de 1995 con la ley 7531–. Este última dividió el régimen en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) administrado por JUPEMA y el Régimen Transitorio de Reparto, que se acaba con el último pensionado que ingresara a trabajar antes de 1992 (esto lo hace cerrado, finito, transitorio y sustitutivo del IVM). El RTR se cargó entonces al presupuesto nacional (pues el Estado no creó el fondo que le correspondía –como lo establece incluso el art. 73 de la Constitución Política–y debió hacerse garante hasta el último adscrito o descendiente).

Información enviada a SURCOS por Ricardo Carballo.

Costa Rica, dime tu Estado y te diré el estado de tu Covid-19

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SILVIA ROJAS HERRERA*

Frente a la Pandemia por Covid-19, queda evidencia más claramente cómo se materializa la recesión económica a nivel global, con deterioros sistémicos del mercado y colapsos de los Estados que se consolidaron en función del modelo económico neoliberal. Esos países hoy están enfrentando graves impactos en la salud pública, la vida humana y la atención de los sectores sociales más vulnerabilizados y excluidos del bienestar social. Estos Estados se quiebran, se arrodillan ante la pandemia del Covid-19, y van demostrando cómo el mercado es incapaz de sostener una expansión masiva y descontrolada de la enfermedad, sumando en su camino problemas de ingobernabilidad, desempleo, hambre y muertes.

En Costa Rica la situación pareciera estar en una condición pendulante entre el reiterado llamado a proteger y fortalecer el Estado Social de Derecho mediante el apoyo a la institucionalidad pública y una mayor cobertura poblacional de sus programas sociales y por otro lado, la tendencia al debilitamiento y privatización del Estado como parte de las medidas de pago de la deuda externa que solicita implementar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), un deber moral que el gobierno se juega frente al crisis sanitaria y económica a nivel nacional.

A finales de mayo, con la identificación de más de novecientos casos de positivos por Covid-19, son 10 las personas fallecidas y se han procesado más de 20.000 muestras a nivel nacional. No ha quedado duda del papel protagónico de la institucionalidad pública en el control de su propagación, considerando además, lo favorable de ha sido por muchos años invertir en una mayor educación y sensibilidad en la población sobre aspectos vinculados a la salud pública.

Frente a este panorama, el fantasma del Plan Fiscal reaparece constantemente, a pesar de que públicamente se ha dejado de lado la discusión sobre los posibles recortes presupuestarios a diferentes instituciones del Estado y áreas estratégicas como es la educación pública y la salud, condición que se traduce en una amenaza en cualquier momento.

La importancia de fortalecer la institucionalidad pública

Esta crisis de la pandemia por Covid-19 se somete a prueba el Estado Social de Derecho y la efectividad de la institucionalidad pública. El Estado y sus redes solidarias formales e informales construyen alternativas para enfrentarla, se han venido aprobando leyes en el Poder Legislativo con una rapidez y un consenso histórico, como también han firmado decretos desde el Poder Ejecutivo en los que se demuestra qué tan importante es la solidaridad, el control y el fortalecimiento de los servicios esenciales del Estado.

Cobra vital importancia el papel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICT), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), entre otras, las cuales fueron creadas a partir de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con el fin primordial de promover el bienestar y el servicio del bien común.

Sin embargo, fue a partir de la década de los años 1980, como efecto de la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE I, II y III) y posteriormente las implementaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC), aunado a las medidas de pago de deuda externa en el marco de una política fiscal, cuando se dio inicio con el debilitamiento del Estado, como por ejemplo el sufrido desde el sector agroalimentario.

Es aquí cuando hay una disonancia frente las estrategias para lograr mantener a flote la economía del país durante y después de la pandemia, una intencionalidad económica marcada por favorecer algunos sectores económicos a costa de la institucionalidad pública, por ejemplo, las presiones manifiestas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCAEP) y el Ministerio de Hacienda.

Sus recomendaciones hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo han pretendido cargar sobre la espalda del sector público la responsabilidad del desempleo actual, por ejemplo, proponiendo que este sector aporte el 10% de su salario, como también, se han venido cuestionando los espacios limitados de comercialización de la producción nacional, así como el que se eleve el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de una 13% a un 15%.

El Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, al igual que varios sectores económicos del país, han apelado en insistir en la urgencia de atender el problema fiscal aplicando medidas como la reducción del gasto público, la disminución de los incentivos salariales e inclusive, la disminución de la planilla laboral de este sector.

Apuestan a la apertura de los monopolios del Estado y se logre la apertura total del mercado, por ejemplo, el año pasado Fernández (2019) publicaba en la prensa nacional que “no hay nada en la economía que justifique la existencia de empresas públicas”.

“Evidentemente, no tenía idea que la institucionalidad pública vendría a ser quien asuma el rol de salvamento no sólo de la población sino también, de la economía nacional”.

Por otro lado, recientemente se anunció la aceptación de Costa Rica como estado miembro No. 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo se cuestionan los pocos espacios de comunicación transparente hacia la población nacional, para conocer, debatir y decidir colectivamente con respecto a los montos contributivos que el país tendrá que asumir por mantenerse como miembro activo; conocer a fondo qué modificaciones desean realizarse en la legislación costarricense para favorecer la atracción de inversión extranjera, de qué tipo, así como las medidas a favor de la privatización de activos estatales. Estos temores se unen a los relacionados con las medidas económicas internas con posibles afectaciones en la producción alimentaria nacional, dado que claramente hay una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70% (Boeglin.2020) (Picado.2020)

Miedos que mutan

Este contexto socioeconómico incrementa los temores, miedos e inseguridades en la población, una clase media que ve amenazado su salario y capacidad de consumo, sentido peor aún en la población que forma parte de los estratos socioeconómicos más bajos. Miedos que tienden a fusionarse con la violencia estructural e institucional principalmente ligada al racismo, a la xenofobia y a la pobreza tres casos se refieren a este fenómeno:

— A más de un año del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, la impunidad parece perpetuarse, se mantienen los conflictos territoriales entre la población indígena en calidad de recuperadores de tierras y no indígena, inclusive se denota un incremento de la violencia racista dentro del territorio Brörán de Térraba, quedando las comunidades indígenas expuestas a la violencia al no tener existir una verdadera estrategia de protección por parte del Estado. Este tipo de conflictos con gran componente racista, en medio de la pandemia, parece convertirse en el caso de los olvidados.

— Por otro lado, frente a la crisis humanitaria y de salud pública del vecino país Nicaragua, se acentúan los sentimientos xenofóbicos de una sociedad costarricense de doble moral, acrecentando un pánico migratorio hacia cualquier persona extranjera especialmente nicaragüense traducido en un “cuerpo sospechoso” (Acuña.2020), que se ve reforzado por discursos xenofóbicos con que se expresan los medios comunicación sobre migrantes enfermos o sospechosos de portar la enfermedad Covid-19. Costa Rica contendrá población migrante afectada por la violación de sus derechos elementos a la salud, la alimentación y el empleo.

— Podría hablarse de una pandemia con cara de pobreza, puesto que la mayoría de los cantones con mayor índice de personas enfermas por Covid-19, también son los que poseen mayores niveles de pobreza y además, mayor hacinamiento poblacional dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Otro gallo canta en la realidad nacional costarricense

Estos sueños utópicos keynesianos, de los abanderados de la economía neoliberal quedan cortos cuando aparecen héroes y heroínas salvando la reproducción de la vida en la población.

Al respecto, ha quedado claro, que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es líder a nivel nacional e internacional en implementar sistemas de salud exitosos, que en el contexto actual ha asumido con gran sapiencia el control de la pandemia por Covid-19, y pesar de haber sido golpeada por la corrupción, mala administración y la privatización de diversos servicios especializados se mantiene como una de las instituciones más importantes y reconocidas en procura del bienestar social.

El Ministerio de Salud, ha asumido el protagonismo de implementar la estrategia de control de la pandemia mediante medidas como: Aislamiento de las personas enfermas o sospechosas, cierre de negocios, suspensión de eventos masivos, culturales, deportivos, religiosos, restricción vehicular, cierre de fronteras, suspensión de vuelos, clausurar el ingreso a diversos lugares públicos como playas y parques nacionales, como también, realizar investigaciones relacionadas con la identificación de clústers, y contención de la propagación comunitaria.

Por otro lado, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) adscrito al Ministerio de Salud, ha sido fundamental en el análisis de las pruebas del Covid-19. De esta manera recibe las pruebas de todo el país, pero, además, las realizadas por los laboratorios privados, realiza investigaciones que aportan a la comprensión del virus y al respecto cabe destacar un logró importante relacionado con el de culminar la secuenciación del genoma completo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Esta y otras investigaciones, como por ejemplo la relacionada con la dotación de ciertas proteínas a caballos para crear un plasma sanguíneo para encontrar el medicamento contra la enfermedad del COVID-19, son realizadas tanto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con laboratorios de la Universidad de Costa Rica.

“Cabe destacar que los aportes de las universidades públicas también son visibles mediante sus aportes en cuento a la creación de respiradores artificiales de bajo costo, creación de mascarillas en 3D para la protección del personal médico, creación de alternativas a los kits de diagnóstico, entre otros”.

La CCSS se beneficia de estas investigaciones, ya que logra bajar los costos y estar prepara para la atención masiva de pacientes portadores de la enfermedad. Sin embargo, la institución requiere robustecerse en todo sentido. En el marco de la pandemia, sale a la luz pública declaraciones del Ministro de Hacienda indicando que el pago de la deuda del gobierno hacia la CCSS no va a ser suficiente para lograr estabilizar el problema financiero de dicha institución, su junta directiva y presidente ejecutivo apuestan entre otras medidas como la aprobación del Reglamento de Contratación de compras a terceros.

Con este tipo de contradicciones, el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), así como diferentes gremios nacionales de lucha por la defensa pública, como por parte de representantes de Juntas de Salud y red de hospitales nacionales han denunciado la poca transparencia al respecto, y poca claridad sobre los impactos económicos y estructurales que tendrá la institución una vez aprobado dicho reglamento.

La CCSS es una institución que pendula entre ser la más vital para la vida humana en el epicentro de la pandemia, y ser una de las más vulnerables por las reformas presupuestarias. Igual problemática enfrentan las universidades públicas, dedicadas actualmente a fomentar alternativas para el mejoramiento de la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria, la salud mental de grupos vulnerables, enfrenta la crisis actual de la reducción del su presupuesto designado a las universidades públicas conocido como: Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

A pesar de estas contradicciones, se asumen los retos a nivel interinstitucional

Por ejemplo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) han logrado coordinar con los comités municipales y comunales de emergencia para la entrega de alimentos para reforzar la ayuda humanitaria mediante el programa “Enlace de esfuerzos” y el programa “Con vos podemos”. Así también, el Consejo Nacional de Producción (CNP) incrementó la producción de alcohol antiséptico en la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), para la dotación de alcohol y alcohol en gel para usos médicos y para la venta nacional. A pesar de que actualmente se debate la concesión o su venta como paliativo al déficit fiscal, más recientemente reconocido por los legisladores costarricense como el “negocio del guaro” del Estado.

En un contexto donde la salud es más fundamental que nunca, lo correcto es dirigir todos los esfuerzos en garantizar la vida, el bienestar y la estabilidad socio económica, como también ambiental. Es contraproducente que estando en una crisis de recesión económica el Ministerio de Hacienda siga pendiente de hacer los cobros de impuestos a las pymes o mipymes, cuando están a punto de quebrar o ya definitivamente cerraron sus operaciones. Estas contienen el 80% de las exportadoras, así también el sector exportador genera el 30% del empleo nacional. Contrariamente, se abrió el apoyo con fondos no reembolsables mediante el Programa Alivio, impulsado por PROCOMER, Banca para el Desarrollo.

En tiempos de Covid-19, las acciones afirmativas hacia mujeres no parecen ser la norma, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el primer trimestre del año “18% de las mujeres se encuentran desempleadas, mientras el porcentaje de hombres en esa condición alcanza el 8.6%. Mientras la ocupación laboral de los hombres es de 68.2%, el de las mujeres es de solo un 42,8%, es decir, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar se encuentra empleada” (2020).

Como alivio económico temporal al desempleo, el Gobierno implementó el Bono Proteger según Decreto No. 42305-MTSS-MDHIS, extendido a miles de beneficiarios en todo el país por tres meses. Según el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal (OCTF), mediante los resultados de la primera medición del índice de transparencia de la información del Bono Proteger, urge la rendición de cuentas de parte del gobierno, así como facilitar el acceso de información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social. (Delfino.cr.2020).

También existe el temor por la planificación y ejecución eficiente del financiamiento de créditos para la empresa, administrado por la banca pública. El Bono Proteger posee pocos mecanismos que garantizan la transparencia y claridad sobre el uso de una cartera de aproximadamente 900millones de colones cerca un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), quedando la duda si el mismo tendrá influencia de decisiones económicas tomadas desde la cámara empresarial (UCAEP), por ejemplo.

El mercado laboral costarricense es altamente informal y se encuentra muy precarizado. Si bien es cierto existen estos diferentes programas sociales para la atención de las personas desempleadas, no han sido suficientes. Por ende, se ha incrementado el empleo en calidad de repartidores a domicilio bajo la modalidad de Uber Eats, Glovo, Rappi. Sin embargo, existe muy poca claridad con respecto a sus derechos laborales, aunado a las ventas ambulantes, ventas por internet que forman parte de la informalidad laboral con salarios muy bajos.

Condiciones que están afectando los núcleos familiares, especialmente a las mujeres, que, en sus roles de género, ha tenido que reinventar el uso del tiempo, han tenido que enfrentar no sólo la carga laboral sino también, los roles de cuido y los educativos, especialmente en el momento en que el Ministerio de Educación implementó la educación a distancia de todos los niveles educativos. Aunado a las brechas económicas y digitales que limitan la accesibilidad tecnológica y conectividad digital, situación que incrementa la posibilidad de que cierta población educativa y familiar esté más expuesta a problemas en su salud mental (mal manejo de la frustración y la ira, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, entre otros) o bien se eleven los casos de violencia doméstica y deserción escolar.

Préstamos del FMI tienen valores y consecuencias

El gobierno recientemente ha solicitado un préstamo de 504 millones de dólares, al FMI para enfrentar la crisis de la pandemia, frente a lo que el Banco Mundial y el FMI han llamado una recesión económica. Dicho préstamo tiene una “tasa de interés de 1,58% anual, según un comunicado de prensa de la Presidencia de la República y el Banco Central (BCCR), con tres años y cuatro meses de gracia, pero, después, deberá ser saldado en cinco año” (Díaz. 2020).

Es cierto el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda valoraron positivo este crédito de rápido desembolso permitirá al Gobierno de Costa Rica financiar la atención de la crisis sanitaria y económica en condiciones muy favorables de tasa y plazo. Lo que queda por esperar su pago en los próximos años con cautela de que a cambio no se dé el desmantelamiento de la institucionalidad pública costarricense amparados, por ejemplo, a leyes como la Ley de Venta de Activos Públicos o bien una injusta o agresiva propuesta tributaria.

Comunidades ante/y el Estado

En un contexto incierto a nivel económico, el impacto de la pandemia en Costa Rica ha permitido evidenciar el papel protagónico de la institucionalidad pública. Así como de las comunidades que a nivel nacional se destacaron creando sus propias estrategias de autocuidado reconociendo los esfuerzos se encuentran Isla Venado, Isla Caballo, comunidades del distrito de Paquera de la provincia de Puntarenas en la Región Pacífico Central, así como comunidades indígenas del Cantón de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas, y las comunidades indígenas, costeras y rurales del distrito de Talamanca en la Provincia de Limón en la Región del Caribe Sur del país.

Con sus formas de auto organización han ideado campañas de recolección y distribución de alimentos a familias y personas afectadas por el desempleo y el estancamiento económico, eventos organizados por iglesias de diferentes tendencias religiosas, colectivos sociales y culturales, sumando a universidades, cooperativas, bancos, entre otros.

El desarrollo hacia adentro sigue siendo una gran alternativa para un alto porcentaje del país desempleado. Reinventar la economía y fortalecer la economía social y solidaria cobra fuerza, por ejemplo, cada vez son más los esfuerzos por lograr los apoyos solidarios entre sectores productivos, pescadores que donan sus productos a agricultores, productores agropecuarios donan sus cosechas a poblaciones sin recursos. La creación de atractivas y más económicas ofertas turísticas para la población nacional, entre otras.

Estas medidas dan una señal al país de que urge mantener vigente y remozado el pacto social de parte del Gobierno y del Poder Legislativo y sin duda, robustecer el Estado Social de Derecho. Y repensar de manera horizontal, participativa y transparente las estrategias para enfrentar la crisis económica que está provocando esta pandemia por Covid-19.

* SILVIA ROJAS HERRERA es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, académica en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica e integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “El istmo centroamericano repensando los centros”.

BIBLIOGRAFÍA

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Boeglin, Nicolás. 16 de mayo del 2020. Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes. En opinión. ElPaís.cr. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/05/16/costa-rica-futuro-miembro-numero-38-de-la-ocde-algunos-apuntes/

Díaz, Natalia. 17 de abril del 2020. Covid-19 provoca recesión mundial. Costa Rica tomaría crédito de $506 millones con el Fondo Monetario Internacional por COVID-19. País. Semanario Universidad. Tomado de: https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-tomaria-credito-de-506-millones-con-el-fondo-monetario-internacional-por-covid-19/

Picado, Henry. 03 de abril del 2020. Comida y pandemia. En Opinión. El País. Tomado de: https://www.elpais.cr/2020/04/03/comida-y-pandemia-en-costa-rica/

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OCTF. 14 de mayo del 2020. Índice de la transparencia de la información sobre el bono proteger del 30 de abril del 2020. Tomado de: https://delfino.cr/2020/05/observatorio-ciudadano-reporta-bajo-nivel-de-transparencia-en-bono-proteger

Fuente: https://oistmo.com/
Enviado a SURCOS por la autora.

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Contexto del COVID 19 en Guatemala: de las luces a las sombras

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Pablo Menchú Jiménez

Cada sociedad vive la pandemia del Covid 19 de manera diferente, ya sea por el contexto específico de cada país o por la capacidad y responsabilidad del gobierno de turno, por lo tanto no es lo mismo vivirla en el centro de África que en Islandia. En el caso de Guatemala hay condiciones particulares que hace que la pandemia tenga efectos muy sensibles, por ejemplo tiene la inversión pública más baja en salud de toda Centroamérica (2.1% del PIB cuando lo recomendado es 6%), más del 60% de los guatemaltecos vive de la economía informal (lo que implica que vive al día y no posee protección social) y la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, sin mencionar la cultura de corrupción que impera en el Estado. Esto implica grandes desafíos para un gobierno que recién tomó posesión en enero de este año.

El primer caso se registró el 13 de marzo y el gobierno de Alejandro Giammattei (por cierto médico de profesión) tuvo el buen criterio de tomar las acciones correctas de manera pronta, por ejemplo habilitar hospitales temporales, implementar una política de distanciamiento social, imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas, la elaboración de programas de apoyo económico (como transferencias a la familias más vulnerables y kit de alimentos) y suspender varias actividades que no resultaban esenciales. Aunado a que se aprobó una ampliación de presupuesto de más de Q29 mil millones financiados con deuda (equivalente el 5% del PIB) para poner en marcha los programas de fortalecimiento del sistema de salud y de ayuda económica para las personas. Pero como todo gobierno tiene sus luces y sombras, y en este caso lo que empezó siendo una luz poco a poco se fue apagando.

Conforme pasan las semanas la pandemia empieza a revelar la realidad estructural de Guatemala y un gobierno que no está preparado para asumir este reto. Lo que empezó siendo luz con la instalación de hospitales temporales se fue apagando con un gobierno que se rehúsa a masificar los test por considerarlo innecesario (de esa manera manteniendo las cifras de contagio en un rango favorecedor a la opinión pública), un sistema hospitalario que a dos meses del primer caso y con más de mil contagios ya se ve superado, al punto de que los mismos médicos alegan no tener equipo suficiente para hacer frente a la situación. Y en el ámbito económico algo común es ver a mujeres y niños en la calle con una bandera blanca indicando que necesitan alimentos para sobrevivir, esperando la ayuda de los ciudadanos ya que a pesar de que el gobierno anunció hace más de un mes sus programas de ayuda estos no han sido bien ejecutados. A esto se suma el interés del gobierno de ocultar información, para mantener sus índices de popularidad, o hacer parecer que todo es un éxito mediante discursos del presidente donde hay más demagogia que realidad.

Hoy la desconfianza en la autoridades va en aumento, se pone en duda veracidad de lo que el presidente dice en sus conferencias de prensa y se cuestiona el uso de la deuda pública ya que estas ampliaciones no se han visto reflejadas en paliar la situación económica de las familias guatemaltecas ni en mejorar el sistema de salud. En esta situación las sombras del gobierno van aumentando y si no cambia esta realidad, la situación futura de Guatemala no se ve muy alentadora.

Guatemala, mayo del 2020

En los siguientes audios el autor da detalles importantes que explican la situación de Guatemala en medio de la pandemia:

 

¿Cuáles son las medidas tomadas por el gobierno? ¿Son consistentes?
¿Cuáles son los tres problemas que afectan la atención de la pandemia en Guatemala?

Foto de cabecera es de La Prensa Libre de Guatemala.

Proteger la vida para mejor recuperar la economía

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Covid-19 en Costa Rica. A propósito de los controles sanitarios en frontera

Grupo Economía Pluralista*

La pandemia del Covid-19 obliga a establecer un orden de prioridades que no admite vacilaciones: por encima de todo está la protección de la salud y de las vidas humanas. En los países donde esto no ha estado claro –Estados Unidos, Brasil o Rusia, por ejemplo– las consecuencias son devastadoras. Tristemente, es posible que el caso de nuestra vecina Nicaragua sea incluso peor.

Esta emergencia sanitaria, por sus alcances excepcionales, no permite ampliar el funcionamiento de la economía, si para ello se recurre al aflojamiento de las medidas sanitarias. Plantearlo de esa forma es formular una dicotomía falaz. El orden de las cosas es otro: hay que proteger la salud y la vida, para entonces disponer de una base sólida, desde la cual recuperar la economía e impulsar la creación de empleos.

Imaginar que se puede lograr mejoras en el campo económico, descuidando la parte sanitaria, puede ser un peligrosísimo bumerang. Porque si ello conduce a un agravamiento de la pandemia, y, con ello, un incremento en el número de personas enfermas y, dolorosamente, en el número de muertes, es muy seguro que deba recurrirse a medidas de confinamiento de la población, incluso más severas que las que han sido aplicadas.

Es por completo inaceptable incurrir en tal devastación humana, cuando, por otra parte, ello simplemente conduciría, no solo a la agudización, sino a la prolongación de la crisis económica.

Es importante que la población en general, y el empresariado en particular, comprendan esto. Especialmente en esta oportunidad, aplica el dicho popular de “despacio porque precisa”. La impaciencia no solo podría ser una mala consejera, sino, sobre todo, un gravísimo error.

Como país y comunidad nacional, debemos avanzar paso a paso, midiendo con rigor y cuidado, cada movimiento que se haga. Si por intentar apresurar las cosas en lo económico, dejamos la puerta de atrás abierta para que la pandemia entre a nuestra casa, las consecuencias posteriores podrían ser devastadoras: en el plano humano, en primera instancia, pero también desde el punto de vista económico. Debemos así garantizarnos mantener bajo control la pandemia y lograr que, con el transcurso de las semanas, el peligro decrezca de forma gradual pero sostenida.

En la medida en que ese cometido se cumpla exitosamente, podremos avanzar, sobre bases firmes, en el plano económico. Un avance que necesariamente comporta una reinvención de la “normalidad” en que vivamos: hacia una sociedad más justa y solidaria; hacia una economía asentada sobre bases más sólidas; hacia formas de producir y consumir mucho más cuidadosas y responsables con la naturaleza.

Por ello, hemos manifestado que, en una primera etapa, que aún no hemos superado, el énfasis de las políticas económicas, debería estar en aliviar la gravedad de la recesión económica y, sobre todo, aminorar sus impactos sociales y humanos, especialmente en las poblaciones más vulnerables y carenciadas, como las mujeres jefas de hogar, entre otros grupos que requieren una especial atención. Debemos así, crear bases más firmes para poder avanzar, en una segunda fase, con políticas que promuevan de forma vigorosa, la recuperación económica y la creación de empleos.

Reconocemos y aplaudimos el magnífico trabajo que realiza nuestra institucionalidad pública en el combate del Covid-19: la excelencia y compromiso de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud, y el amor y el coraje que su personal pone en esta lucha. Asimismo, reconocemos el liderazgo lúcido y enérgico, científicamente fundamentado, que han ejercido los doctores Daniel Salas y Román Macaya, ministro de Salud y presidente de la Caja, respectivamente.

Apoyamos totalmente las medidas de control sanitario que nuestras autoridades han decidido aplicar en fronteras, así como las disposiciones adoptadas para que el comercio de mercancías por vía terrestre se realice en condiciones que protejan la salud de la población. Son absolutamente inaceptables las propuestas que pretenden relajar esos controles. Es importante que el comercio fluya, pero bajo condiciones de estricta protección de la salud.

Nuestro llamado, respetuoso y vehemente, al empresariado, y a los propios trabajadores del transporte, para que comprendan la importancia que esto tiene y lo valioso que resulta su compromiso y colaboración. Proteger la salud beneficia a todos y a todas, sin excepción.

Y al gobierno de la República, nuestra excitativa para que se mantenga firme y no ceda a las presiones. Hacemos nuestras las palabras del ministro Salas: “nadie puede decir que cargas comerciales valen más que la vida”.

Y agregamos: nadie puede decir que priorizar las cargas comerciales a la vida permitirá avanzar en la recuperación económica. Todo lo contrario, más bien.

* El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

(23 de mayo de 2020)

Foto: Presidencia de Costa Rica

Igualdad de oportunidades en la educación en contexto de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Muñoz Varela[1]

En marzo de 2020, de un día para otro la vida cotidiana costarricense amaneció enmarcada en un cuadriculado de emergentes temores, ansiedades, incertidumbres, restricciones. Había llegado una amenaza invisible de la que, según lo apuntaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades sanitarias de diversos países del mundo y los informes de investigación de distintos centros e institutos científicos especializados, nada se sabía. Un virus al que se le dio por nombre Covid-19, originado por zoonosis y cuyas causas se atribuyen a los desequilibrios provocados en la naturaleza por la depredación de los recursos naturales y la destrucción humana de los ecosistemas. A cien años de la “gripe española”, la pandemia del coronavirus Sars Cov-2 se había instalado planetariamente.

En Costa Rica, al tiempo que se establecieron las medidas sanitarias y diversas restricciones dictadas por el gobierno (confinamiento en casa, restricción a la movilización vehicular, cierre de diversos establecimientos comerciales, paralización de múltiples actividades económicas y productivas, el teletrabajo), también llegó, lógicamente, la pérdida de empleos, la reducción de la jornada laboral, la clausura de ingresos para pequeños negocios y empresas; la crisis económica.

La llegada de la pandemia trastocó y puso en estado de quiebra toda la “normalidad” en la que se vivía hasta inicios de marzo. Las primeras reacciones estuvieron determinadas por una ambivalencia entre cuidarse de los contagios y respetar las medidas sanitarias, o si aventurarse a seguir en las mismas dinámicas de la vida cotidiana tal como se hallaban definidas y estructuradas hasta ese momento. Pronto dicha ambivalencia quedó resuelta, al irse tomando conciencia de la gravedad de la situación y, sobre todo, a partir del momento en que las autoridades de gobierno establecieron medidas drásticas cuyo desacato implicaba penalizaciones de diversa magnitud.

Trascurridos poco más de dos meses desde la aparición del primer contagio de Covid-19 en Costa Rica, los acontecimientos ocurridos en este tiempo han revelado con claridad varios aspectos importantes y, por cierto, algunos de ellos también bastante preocupantes.

En primer lugar, seguramente quepa destacar las capacidades de respuesta desplegadas por las instituciones del sistema de salud del país; capacidades de organización hospitalaria, de competencias y solidez profesional del personal médico y de enfermería; de acervo de conocimiento científico y de capacidad tecnológica instalada en materia de salud; la seriedad asumida por las autoridades de salud en el ámbito de la gestión para controlar y contener la propagación de los contagios. La pandemia, en resumen, ha puesto de manifiesto el valor y la importancia de contar con un sistema de salud pública bien articulado y con capacidades de cobertura universal. La sociedad costarricense despertó de una especie de modorra y de indolencia en la que estaba, para empezar de pronto a comprender que hay instituciones a las que se debe proteger, cuidar y defender.

Asociado a este aspecto positivo, la pandemia también vino a transparentar, por otra parte, una realidad nacional de profunda desigualdad social y económica. Aunque ya claramente se percibía esta situación desde hace mucho tiempo, sin embargo, había pasado a quedar marginada de la sensibilidad social e institucional del país; se había normalizado. La pandemia no solo ha venido a poner de manifiesto de manera clara y contundente la magnitud de las desigualdades sociales prevalentes en Costa Rica, sino que, además, las profundiza aún más y las coloca en un plano de incremento y de reproducción en una proyección de largo plazo.

Al respecto, valga la ocasión para hacer una pequeña exposición de las cifras que dan cuenta de las desigualdades sociales en Costa Rica. Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al año 2019, la tasa de pobreza en el país abarca al 20,98% de los hogares, distribuida en 15,14% de hogares en condición de pobreza no extrema y de 5,84% en pobreza extrema. La zona rural es la que presenta la mayor tasa de hogares en pobreza: un 24,17% frente a un 19,77% en la zona urbana. Por regiones de planificación, la distribución de las tasas de pobreza es como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1: Tasas de pobreza de los hogares en Costa Rica, año 2019

Región de planificación

No pobres

Pobres

Total

Pobreza no extrema

Pobreza extrema

Central

83,01

16,99

12,68

4,32

Chorotega

79,74

20,26

14,84

5,42

Pacífico Central

70,21

29,79

20,67

9,11

Brunca

69,65

30,35

21,11

9,24

Huetar Caribe

70,76

29,24

20,34

8,90

Huetar Norte

72,41

27,59

18,70

8,89

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares, 2019a.

El término pobreza indica que los hogares están en una situación tal “cuando su ingreso per cápita es menor que el costo per cápita de una canasta de bienes y servicios, requeridos para mantener un nivel mínimo de subsistencia”. (INEC, 2020, p. 35). Se trata de una canasta básica de bienes y servicios de necesidad elemental para la subsistencia: alimentación, salud, agua potable, energía, vivienda, educación. Por su naturaleza básica, esta canasta no incluye bienes y servicios tales como dispositivos tecnológicos, computadoras, tabletas, conectividad a internet.

El término pobreza extrema, por su parte, salvando la obviedad, indica un estado socioeconómico en el que los hogares se encuentran en una situación de carencias múltiples que les impide el acceso a vivienda, alimentación, salud, higiene, servicios de agua potable y electricidad. Se trata de hogares en los que, lógicamente, el acceso a la educación y a la permanencia en el sistema educativo presentan serias y ostensibles limitaciones.

La población tipificada como no pobre, por otra parte, está conformada por hogares que, en general, cuentan con una solvencia económica al menos suficiente para tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación y salud, vivienda, educación. Sin embargo, esta es una población altamente heterogénea, desigual en la disposición de ingresos y en el acceso a bienes de índole tecnológica como una computadora o la conectividad de internet, así como a los diversos servicios que hoy son indispensables para solventar los requerimientos de la vida actual.

Por diversas razones (monto de los ingresos, lugar de residencia, estabilidad del empleo), el hecho de tipificar como un hogar no pobre no significa que se cuente con suficientes bienes y servicios. En este mayoritario grupo social de los hogares no pobres está incluida una importante cantidad de ellos en los que las probabilidades de pasar a formar parte de los hogares en condición de pobreza son bastante altas.  

De conformidad con las cifras expuestas en la tabla 1, las regiones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema son, en orden de mayor a menor, la Brunca, la Pacífico Central, la Huetar Caribe y la Huetar Norte. Todas estas regiones se caracterizan por ser mayoritariamente rurales y, salvo en el caso de la Huetar Norte, por ser también costeras. Con las obvias diferencias, puede decirse que, en general, en estas regiones, las actividades económicas están básicamente definidas por la agricultura, la ganadería, la agroindustria de monocultivo, la pesca, el turismo y los servicios.

Sobre la base de los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación, establecidos en las políticas educativas costarricenses del último cuarto de siglo, puede decirse que, en general, en todo el territorio nacional se hace necesario desarrollar acciones de política, institucionales y programáticas, para que la aplicación de estos principios conduzca, en efecto, a crear las capacidades que se requieren para reducir las desigualdades sociales y avanzar en el establecimiento de condiciones para el logro del bienestar social y el buen vivir.

Las anteriores diferencias por regiones de planificación indican que las acciones y esfuerzos por emprender no pueden ser desarrollados por medio de políticas, programas y estrategias de aplicación homogénea. Cada región amerita la atención que de manera específica demandan las propias realidades sociales, económicas, culturales e institucionales que les caracterizan. Esto también vale de manera especial para la educación.

A fin de complementar la información anterior y contar con un panorama un poco más amplio acerca de la situación socioeconómica en que se encuentran los hogares en Costa Rica, en la siguiente tabla se presentan las estadísticas sobre ocupación, desempleo, subempleo y de empleo informal.

Tabla 2: Tasas de ocupación, desempleo, personas ocupadas con subempleo, personas ocupadas con empleo informal, por regiones de planificación, año 2020.

Región de planificación

Tasa de ocupación[2]

Tasa de desempleo[3]

Porcentaje de personas ocupadas con subempleo

Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal[4]

Central

58,7

12,3

11,4

45,8

Chorotega

46,8

15,2

12,8

44,6

Pacífico Central

52,4

9,1

16,3

54,1

Brunca

45,7

16,1

15,0

53,9

Huetar Caribe

50,9

12,0

9,9

43,4

Huetar Norte

54,7

11,7

18,6

53,7

            Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Hogares 2020.

Tal como se puede observar, estas cifras develan, aún con mayor claridad, la magnitud crítica de la desigualdad social y de la precariedad e inestabilidad socioeconómica en la que se encuentra una significativa proporción de los hogares costarricenses.

La región Brunca sigue siendo la que presenta la situación más desfavorable, al exhibir la menor tasa de ocupación y la mayor de desempleo. Sin embargo, en este caso, la región Chorotega, que en los datos de la tabla 1 ocupaba la segunda mejor posición, registra ahora como la segunda de las regiones más afectadas por los bajos niveles de ocupación y los mayores de desempleo. La explicación de esta diferencia puede que resida en el hecho de que, al ser las tasas una representación de magnitudes promedio, no pueden dar cuenta de la intensidad específica en la que se distribuyen las desigualdades sociales al interior de cada región.

En general, incluso en un caso como el de la región Central, que en todos los aspectos considerados en las estadísticas del INEC aparece siempre ocupando las mejores posiciones, cabe presuponer que la magnitud de las desigualdades sociales intrarregionales es aún mayor y más intensa de lo que reflejan las cifras estadísticas.

En el actual contexto de la pandemia y de la crisis económica devenida y agudizada por ella, en materia de empleo, desempleo, pobreza y pobreza extrema, la información difundida por distintas fuentes oficiales señala la configuración de una situación que pasa a ser dramática en todo el territorio nacional. Las repercusiones económicas de la crisis sanitaria vienen a incrementar la crítica situación en la que ya de por sí se estaba antes de que ella apareciera y, en este momento, se incrementan por miles los hogares que afrontan múltiples dificultades para poder agenciarse la subsistencia del día a día.

En su informe anual 2019, Unicef- Costa Rica señaló que 470 mil niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza en nuestro país. La crisis económica que ya enfrentábamos se agrava ahora por los efectos del COVID- 19 ante el aumento drástico del desempleo. (Guardia, 2020).

Según es obvio, se trata de una situación que, al mismo tiempo, desencadena afectaciones múltiples en lo que concierne a la educación. Una vez declarada la pandemia, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) tomaron la decisión de suspender el curso lectivo presencial en todos los centros educativos del país, para pasar a implementar la modalidad de educación virtual a distancia.

A tal efecto, a fin de identificar de manera aproximada cuáles son las posibilidades que tienen las distintas poblaciones estudiantiles del país para hacer frente a los requerimientos que plantea la dinámica de la educación virtual a distancia, se presentan en la tabla 3 los porcentajes de viviendas que, por regiones de planificación, cuentan con disposición de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de necesidad básica para atender la educación virtual a distancia.

Tabla 3: Porcentajes de viviendas que cuentan con diferentes TIC, por regiones de planificación, año 2019

Región de planificación

Con teléfono residencial

Con teléfono celular

Computadora

Tableta

Servicio de internet en la vivienda

Central

39,1

96,2

55,1

21,9

88,3

Chorotega

20,7

95,8

38,0

9,2

82,5

Pacífico Central

20,0

96,1

36,0

9,8

88,1

Brunca

15,5

96,3

37,9

6,8

83,6

Huetar Caribe

11,6

96,4

29,1

8,3

82,8

Huetar Norte

16,1

96,1

29,9

7,7

80,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares 2019b.

Tal como refieren las estadísticas, el teléfono celular es el dispositivo TIC que en mayor proporción existe en los hogares de Costa Rica. Todas las regiones de planificación registran una tasa de más de 95% de las viviendas que cuentan con al menos un teléfono celular. Caso contrario lo es el de la telefonía residencial o fija, cuyas tasas son muy inferiores y la más alta de ellas ocurre en la región Central (39,1%), siendo ésta prácticamente el doble de la que presentan las regiones Chorotega y Pacífico Central, las dos regiones que, en este aspecto, ocupan la segunda y tercera posición.

Las estadísticas sobre la disposición de internet en las viviendas, por su parte, indican que, en todas las regiones de planificación, más del 80% de los hogares cuenta con acceso a este servicio. Las mayores proporciones las tienen la región Central y la Chorotega. Sin embargo, este dato es inespecífico; no refiere si la conexión es por la vía del servicio celular de datos móviles, o por la de la conexión fija. Es muy probable que sea lo primero.

En lo que respecta a la disposición de computadoras en los hogares, las cifras son bastante bajas y únicamente la región Central presenta una proporción ligeramente superior a la mitad de las viviendas. En las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte, en más de las dos terceras partes de los hogares no se cuenta con una computadora. Y en lo referente a tabletas, que constituye otra herramienta de necesidad básica para atender los requerimientos de la educación virtual a distancia, las cifras son aún menores. Únicamente en la región Central superan levemente el 20% de los hogares, mientras que en las demás regiones se ubican por debajo del 10%.

Costa Rica ha desarrollado legislación, diseñado políticas y establecido programas para asegurar los principios de igualdad de oportunidades, calidad de la educación, inclusión y no discriminación. Las poblaciones estudiantiles cuentan con el acceso a los servicios de los programas de Alimentación y Nutrición (PANEA) y de Transporte Estudiantil (PTE), así como a los apoyos que brindan el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Avancemos. Asimismo, de más reciente creación, también está la estrategia “Yo me apunto con la educación”, que tiene por finalidad brindar atención especial a los centros educativos de las comunidades que afrontan mayores niveles de pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social.

Este conjunto de iniciativas y de acciones está asociado con el principio fundamental de la solidaridad, que junto con los de igualdad de oportunidades y de inclusión y no discriminación es constitutivo de los derechos humanos y, en particular, del derecho humano a la educación. En su enunciado formal, el principio de solidaridad establece que, en su conjunto, la institucionalidad del Estado y de la sociedad tienen el deber y la responsabilidad ineludibles de proporcionar las condiciones y proveer la dotación de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad que cumpla con los principios de “acceso universal”, “no discriminación” y de “igualdad de oportunidades y de trato”. En este sentido, declara la UNESCO (2016): “ningún país que se comprometa seriamente con la educación para todos se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta”.

Más allá incluso de la dotación de recursos, que son imprescindibles, el principio de solidaridad remite esencialmente a la creación y facilitación de las condiciones que permitan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades y no discriminación. En situaciones especiales causadas por desastres naturales, guerras, crisis sanitarias, crisis económicas, el principio de solidaridad involucra la creación y sustentación de las condiciones que faciliten a las comunidades y a las poblaciones estudiantiles más afectadas poder protegerse de los daños y pérdidas que acontezcan en el marco de la coyuntura de crisis.

Se trata de afectaciones que, de no atenderse con la prontitud, alcance de cobertura y calidad que se requiere, pueden pasar a convertirse en pérdidas cuyo impacto en el incremento de la inequidad y la desigualdad social tendrá efectos que se proyectarán a largo plazo, con todas las implicaciones negativas que harán derivar para el conjunto en general de la sociedad.

La pandemia llegó de repente y obligó a las autoridades de gobierno a tomar medidas de emergencia. El establecimiento de estas medidas representó una quiebra abrupta de la “normalidad” de la vida cotidiana y de todas las actividades asociadas a ella. En materia de educación, la suspensión del curso lectivo en su modalidad presencial y su conversión a educación virtual a distancia dejó en condiciones claras de desventaja a una diversidad de poblaciones y sectores estudiantiles. Además, al tiempo que se suspendía el curso lectivo, las medidas sanitarias establecidas para contener y frenar la propagación de la pandemia (confinamiento, distanciamiento social, restricción vehicular, cierre de lugares públicos), afectaron diversas actividades económicas y productivas, de la misma manera que una cantidad significativa de familias han visto restringidas o incluso canceladas las posibilidades para agenciarse la subsistencia.

En este momento, aún cuando no existan evaluaciones de por medio respecto del trabajo que se le asigna a la población estudiantil para realizar en sus hogares, lo cierto es que hay un sector mayoritario de estudiantes que, al carecer de las condiciones necesarias para atender los requerimientos de la educación virtual, ha quedado en una clara desventaja en relación con otros sectores que sí cuentan con esas condiciones. Esta es una situación que obliga a hacer un esfuerzo amplio de análisis, en articulación y convergencia interinstitucional y multisectorial, a fin de identificar y definir las acciones inmediatas y estratégicas que permitan dar contención a las afectaciones y allegar los apoyos que contribuyan a atender y solventar en la mayor medida posible las carencias.

Las desventajas no tienen que ver únicamente con la no disposición del equipo y la conectividad. También intervienen en ellas factores como el desempleo de las jefaturas de familia, la necesidad de contribuir con la búsqueda de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas; la carencia de una alfabetización adecuada en el hogar, que imposibilita brindar acompañamiento a las hijas e hijos en sus menesteres escolares. Se trata de carencias y desventajas “corrosivas” (Nussbaum, 2012) que, de no tomarse en consideración, inevitablemente repercutirán en un deterioro presente y a futuro del bienestar social para muchas familias y de oportunidades para distintos sectores de estudiantes.

Este panorama crítico plantea la necesidad urgente de que los diversos actores involucrados en el campo de la educación (académicos, institucionales, organizaciones de la sociedad civil, municipalidades, organizaciones productivas, colectivos de mujeres, asociaciones locales) contribuyan a buscar alternativas de atención y respuesta a esta difícil y problemática situación. La academia universitaria, en particular, la comunidad investigadora vinculada al campo de la educación se encuentra interpelada para desarrollar las acciones de investigación, análisis y reflexión sobre lo que acontece, a fin de identificar posibles soluciones y a hacer que éstas se canalicen y se pongan a disposición de las autoridades del MEP y de las demás instituciones que puedan estar convocadas a participar en la articulación y la convergencia de los esfuerzos.

La medida adoptada de establecer la modalidad de educación virtual a distancia requiere ser evaluada de manera urgente. En esta evaluación deben participar estudiantes, docentes y madres y padres de familia. Es preciso realizar consultas localizadas, contextualizadas, en cada una de las comunidades y regiones del país. Es imprescindible conocer de qué manera las poblaciones estudiantiles, la planta docente y las familias han asumido los requerimientos de la educación virtual a distancia; cómo se ha llevado a cabo la dinámica de la “mediación pedagógica” y con qué disposición de equipo se ha contado.

Esta evaluación es necesaria y muy importante, en la medida que sus resultados permitirán identificar las dificultades que se hayan tenido, hacer los ajustes pedagógicos que se requiera, brindar capacitación a la planta docente que se haya visto más limitada para el desarrollo de su trabajo, coordinar con las instituciones y empresas prestadoras de servicios de internet para asegurar la plena cobertura nacional de este servicio.

Según se ha indicado por parte del MEP, la proyección es retornar al curso lectivo presencial a partir del próximo mes de agosto, después de concluido el período de vacaciones de medio año. El cumplimiento de esta proyección, sin embargo, depende de diversos factores y la mayoría de ellos son externos al sistema educativo y a las competencias del MEP. El comportamiento de la pandemia es incierto y el regreso a los centros educativos, además, no se podrá llevar a cabo sin el establecimiento de diversas medidas de control y vigilancia sanitaria. Este es otro aspecto en el que las autoridades educativas habrán de implementar capacitaciones al personal docente y administrativo, para lo cual desde ya se tendrían que estar desarrollando las acciones correspondientes.

De igual manera, la decisión de retornar al curso lectivo presencial, ya sea en agosto próximo o después, es una decisión que requiere de un análisis minucioso acerca de todos los factores implicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la disposición de ingresos de los hogares, el empleo, al menos una mínima estabilidad económica de las familias.

Esta es una dimensión de la situación de crisis que no puede ser obviada y que exige una atención cuidadosa. De no tratarse con el cuidado y la atención que amerita, se estaría empujando a una proporción amplia y diversa de sectores estudiantiles a una situación de mayor desigualdad que la que ya existía antes de la llegada de la pandemia. Esta decisión, en último término, debe estar basada en un plan de contingencia y de recuperación que, como ya se indicó, demanda una formulación de políticas que puedan ser ejecutadas por medio del accionar de una plataforma de articulación y convergencia multisectorial e interinstitucional.

Referencias bibliográficas

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Madrid: UNICEF. Recuperado de: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Guardia Donato, Diana. (2020). ¿Qué pasa con la infancia costarricense durante la cuarentena? Semanario Universidad, 06 de mayo de 2020. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/que-pasa-con-la-infancia-costarricense-durante-la-cuarentena/?fbclid=IwAR0Iz_GV18pQxGgpiZykAyHZyLQFg_x6B3Wte9RoODJvFGikFZsZMJAtpc0

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019a). Encuesta Nacional de Hogares. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/pobreza-y-desigualdad/pobreza-por-linea-de-ingreso

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Programa Estado de la Nación. (2019). Informe Estado de la Nación 2019. San José: Servicios Gráficos AC. Recuperado de: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf

Nussbaum, Martha C. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Recuperado de: https://es.scribd.com/document/361404680/Crear-Capacidad-Martha-Nussbaum

 

[1] Investigador del Observatorio de la Educación Nacional y Regional (OBSED), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. Mayo de 2020. C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr

[2] “Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar.” (INEC, 2020). La población en edad de trabajar es la que tiene 15 años y más.

[3] “Porcentaje de la población desempleada respecto a la fuerza de trabajo. (INEC, 2020).

[4] “Porcentaje de la población ocupada con empleo informal respecto al total de ocupados.” (INEC, 2020).

Foto del Semanario Universidad. Estudiante de Sixaola, Limón.

¡Benditas leyes sociales!

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

“Colocándonos en un punto de vista cristiano, creemos que para asegurar las bases de la paz futura del pueblo costarricense, es necesario consignar en la Constitución el principio que crea los seguros sociales como un derecho inalienable de los trabajadores administrados por la Caja Costarricense del Seguro Social. Es principio junto con el que crea el salario mínimo, la jornada mínima de ocho horas, el derecho de sindicalización para patronos y trabajadores, la protección del anciano, la madre y el niño como un deber social del Estado”. Mensaje del Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia dirigido al Congreso el primero de mayo de 1942)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            Sin duda, abundan los testimonios de la generación que nació entre los años 1920 y 1930, de las penurias que vivieron por la pobreza doméstica, intensificada por el impacto social y económico de la gran depresión de 1929. Esta generación también experimentó la transición hacia mejores condiciones de vida, después de la aprobación de las leyes sociales de los años 1940. De ahí el valor de esta fuente testimonial a la que hacemos referencia, destacando dos historias.

            Los jornaleros regresaban cabizbajos y tristes porque el patrón nuevamente les había quedado debiendo el jornal. Manuel, que se había atrasado, se los topaba y le decían que se devolviera que era viaje perdido. Testarudo, como lo fue siempre, siguió su camino pensando que el patrón esta vez no se podía salir con la suya. Primero, iría donde su amigo Lalo para que le ayudara a convencerlo; sabía que era ingenioso. Así sucedió, se le pagó su jornal y hasta se le agradeció reconociéndole que era uno de los mejores jornaleros. De regreso, pasó donde Lalo para agradecerle, y este le contó su artimaña: le había dicho al hacendado que Manuel llevaba el apellido materno Vega, pero que era de los Camacho de San Ramón, quienes donde ponían el ojo ponían la bala o el puño, y que ahora venía decidido a todo con tal de llevarse su jornal. Habiendo vivido en carne propia las injusticias de que eran víctimas los jornaleros de esos tiempos, y también los cambios que se dieron después de aprobadas las leyes sociales, se hizo un fiel calderonista hasta que el partido perdió los estribos, como acostumbraba a decir. Una vez, le preguntó a su amigo don Porfirio porqué los ulatistas perseguían a los calderonistas, siendo de la misma ideología, a lo que el ingenioso don Porfirio le respondió: son los ladrones persiguiendo a los sinvergüenzas. ¡Maldita corrupción, tan antigua como dañina!

            Con mi suegro de 82 años, en estos días de compañerismo a distancia, viajamos a tiempos de su niñez, en una tertulia que nos llevó a los convulsos años de 1940, pero socialmente promisorios. Cuando tenía un año de edad estuvo al borde de la muerte, como muchos niños de la Costa Rica descalza; sufría de raquitismo y bronconeumonía. Su madre sabía que el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia atendía a los pobres y no les cobraba. La atendió gratuitamente y hasta le regaló los medicamentos, que curaron a su hijo de ambas enfermedades. Ya adulto, conociendo aquella historia, se hizo calderonista. Cosas de la vida, siendo un jovenzuelo le correspondió ir a arreglar una fuga de agua en la casa de la viuda del doctor, doña Rosario, a quien retribuyó ingeniándoselas para evitar romper las paredes, de la antigua oficina del Presidente, enchapadas con finas losetas. Hoy, vive eternamente agradecido con el doctor y los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hace seis años fue sometido a una compleja, pero exitosa, cirugía de un aneurisma de la aorta, en el Hospital Calderón Guardia. Además, disfruta de una modesta pensión con la que vive con dignidad al lado de su esposa, sus 6 hijos, nietos y bisnietos.

                Las historias de vida se siguen escribiendo, y dentro de unas décadas abundaran los testimonios de lo que significó la Caja del Seguro Social para muchos pacientes que salieron airosos, después de haber contraído el virus COVID 19, gracias a la inteligencia, sabiduría y generosidad de los trabajadores de la salud de esta insigne institución pública ¿Habrá alguien, todavía, pensando en privatizarla? ¡benditas leyes sociales!

El caribe no es de EUA

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Marlin Óscar Ávila Henríquez

Para quienes logran salir del encierro informativo en que nos mantienen los medios en poder de la oligarquía nacional, y otros internacionales como CNN y Fox News, los motivos del conflicto político actual entre Washington, Caracas y Teherán, a pocas horas de convertirse en un conflicto bélico de incalculables dimensiones, son más que evidentes. Lejos de ser por una democracia cacareada por la ultraderecha internacional, tiene mucho más de motivos económicos y, ahora, electorales en Washington.

Si se inicia esa guerra entre el Pentágono, Irán y Venezuela, será con graves consecuencias para América Latina. Los gobiernos de Colombia y Brasil ya tomaron partido y seguramente están listos a activar bélicamente. Sin embargo, potencias mundiales como China y Rusia, también parecieran estar listas.

Simplemente, el mercado, que está respirando a medias, por resultados con la pandemia Covid19 va a tener una «embolia respiratoria» de la cual no saldrá con «anticoagulantes».

 Los tres países del llamado Triángulo Norte de Centro América, va a querer asaltar a Nicaragua. A Nicaragua le falta poco para ser asfixiada comercialmente por sus vecinos, Costa Rica y Honduras, teniendo atrás de estos gobiernos las embajadas de EUA.

Al iniciar las primeras acciones bélicas por el Pentágono en las fronteras marítimas venezolanas, aún sin expandirse los ataques más allá de esa zona, los barcos mercantes detendrán sus viajes a la zona del mar Caribe. El desabastecimiento será regional, en toda Mesoamérica. El Canal de Panamá será obligado a cerrar y dejar pasar únicamente a la flota marina de EUA, más sus aliados.

Washington enviaría otras flotas de marinos militares a las costas del Atlántico y del Pacífico centroamericano.

Colombia estaría convertida en un territorio completamente militarizado, donde por algún tiempo, el poder total estaría en los Marines gringos y las tropas colombianas sometidas a sus dictados.

Bolivia, Perú y Ecuador no tendrán ninguna voz, excepto obedecer a Washington. Los Carabineros de Chile, nuevamente, dispuestos a reprimir a su juventud, aunque se quede en la retaguardia de ese casi probable conflicto bélico. Argentina, de igual manera que México, actuarían para «apagar» el incendio provocado por Trump.

Seguramente los gobiernos narco mercantes y la DEA ya tienen definida su reacción para «después» consolidar su negocio. Para lo cual invierten en paramilitares, mercenarios y terroristas (Ver caso fallido de hace pocos días en Costa Norte venezolana). Esperan que, los precios de sus estupefacientes aumenten. Así que tienen en perspectiva una celebración continental.

Igualmente están los halcones del gobierno de Trump, quien con un «posible triunfo bélico» espera extender su inquilinato en la Casa Blanca.

Sin embargo, como en toda aventura de esta índole, esto podría tener resultados adversos. Aunque estemos encerrados por el Covid-19, la juventud latinoamericana podría reaccionar contra la invasión yanqui. Si China y Rusia reaccionan militarmente, la fiesta de los Narcos y la ultraderecha gobernante en nuestro continente podría tener su fin por donde menos lo esperaban.

Está posibilidad no solamente acabaría con el imperio estadounidense, pero con toda la ultraderecha dentro de países como Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Centroamérica.

Posiblemente se establezcan gobiernos de transición mientras sucedan elecciones limpias y democráticas.

Es seguro que una u otra alternativa será dolorosa para nuestros pueblos. Los que sobrevivan, después de la mortal pandemia, podrían morir en la guerra bélica, de inanición o de la angustia que se vivirá. No sería una guerra de uno o dos meses. Podríamos vivir en guerra hasta un año, quien sabe.

La decisión de entrar en esta aventura está en manos (porque su cerebro parece achicársele rápidamente) del señor Trump.

Para los pueblos sin poder, no sería, como nunca lo es, nada bueno que reviente una guerra en nuestros mares del caribe. Sin embargo, con los gobernantes que tenemos actualmente, es muy probable que aquí se dé el inicio de la última guerra mundial.

Costa Rica ha estado jugando a la «democracia perfecta”, siendo integrante activa del club conservador de Lima. Últimamente, no ha estado muy beligerante en ese club, pero si ha estado aliada a Washington en los organismos multilaterales, particularmente en la OEA, donde su secretario, Luis Almagro, se ha ganado una muy negativa imagen internacional.

Por lo anterior, quisiéramos que nuestra cancillería se mantenga lo más alejada posible de tales conflictos y no nos arrastre a tomar partido por Washington nuevamente.

Esperemos que el vaquero de Donald Trump mantenga «enfundado su revolver» en los días venideros, puesto que sus contrincantes saben usar igual o mejor sus armas.

Exijamos a Washington que busque otros territorios para ejecutar sus duelos escandalosos, puesto que el caribe es nuestro y no de Washington.

¿Pandemia O Genocidio?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(Una Pregunta Para La Ciencia Ficción)

Macv Chávez

¿El virus se coronó como rey o es solo una conspiración para aniquilar a “la inservible” población mundial? Podría ser el inicio de una serie de preguntas que rondan mi cabeza y que todas me podrían conducir a una misma respuesta, debido a que todas tienen su origen gracias a -y en- la miseria del hombre: su propia malformación humana, esa que nos conduce a este momento de la humanidad, como a muchos otros, debido a que, a pesar de ser tiempos de “grandes avances humanos”, todavía seguimos siendo animales domésticos, animales que nos creemos superiores a las demás vida de la naturaleza y a la misma naturaleza, razón por la cual el Covid-19 que, desde un principio me sonó a nombre de laboratorio, tomó posesión de la tierra en el 2020, y todo gracias a una estúpida superioridad que no llega ni a los talones de las razas irracionales, quienes parecen ser más racionales que nosotros.

Durante estos dos meses de confinamiento -aunque para mí es normal estar en casa- he podido ir dando vuelta a una serie de reflexiones a través de diversas conversaciones o lecturas de la realidad, junto a otras meditaciones personales que vengo acarreando desde hace años. Estas reflexiones me llevaron a una incredulidad de la política e institucionalidad que “gobierna el mundo” o nuestras naciones, porque dichas entidades se parecen a los golpes de pecho dominical que vienen cargados de una semana de doble moral, apelando a la caridad disfrazada por la lástima y al aprovechamiento mismo estilo de un sinfín de ONGs que han lucrado con la pobreza de la humanidad, logrando continuar con el reinado de la miseria y los miserables a lo largo de la historia, es decir, de los opresores y oprimidos; motivos por el cual la “Pandemia” solo se ha dedica a aflorar dicha miseria, dando como resultado insultos para los opositores del gobierno que es gobernado por los grupos de poder para aplastar a los que no tienen ni el poder de hacer algo productivo con su vida o existencia, logrando inclinarse ambos bandos extremos: del pobre y rico, bajo o hacia el hambre del dinero, porque lastimosamente hoy la gente está más preocupada por formar una buena mesa financiera antes que su humanidad, al punto de que hay incapacidad para ver que cae en el juego miserable del opresor, dándose de libre e independiente para seguir siendo más de lo mismo, aliviando su pena con “la caridad” y “la lástima” por las personas que viven en la miseria, sin caer en la reflexión de que el problema de la miseria humana radica en que seguimos dejándonos cegar por las falsas ideas del vivir, sin darnos cuenta que estamos demasiado lejos del vivir realmente, porque simplemente estamos entre los sobrevivientes, los que buscan sobrevivir a cualquier costa, y los supervivientes, los que buscan vivir por encima de la gente y gracias a la ceguera de los explotados sobrevivientes.

Recuerdo que en una temporada atrás Frecuencia Latina venía lanzando una campaña de “concientización” para el cuidado del medio ambiente, no sé si otros canales lo hacía, ni tampoco si lo hacían en otros países, pero sería interesante que las personas que lean esto lo manifiesten si sí o si no, porque en dicho spot salía un tipo diciendo que pronto tendríamos que usar mascarillas todo el tiempo si no cuidamos el medio ambiente, spot que lo pasaban casi como disco rayado, hasta que llegó la “Pandemia”, donde lo quitaron y no sé si lo sacaron porque no querían competencia o qué, pero en el fondo dicho spot buscaba incitar a que la gente usara mascarillas sí o sí, más que a cuidar el medio ambiente, tanto que yo pensaba adquirir uno de tanto oídlo, como oía que nos íbamos a morir por Covid-19 si es que nos daba, por más que no se sea vulnerable.

Una temporada, después de dicho spot, el Coronavirus empieza a tomar protagonismo en la ciudad de Wuhan y comienza a acaparar todos los medios de comunicación a nivel mundial, donde poco a poco nos van dando a conocer que el virus mataría al 3% de la población mundial de convertirse en Pandemia, debido a que “China no controlaba el virus”, aunque curiosamente solo se hablaba de los contagiados de Wuhan, como si China solo fuese ese lugar, para luego trasladarse a España e Italia hasta presentar los miles de muertes, logrando asustar a la población mundial a tal punto que el mundo aceptó el confinamiento sin mayor problema, sin pensar en la ineficiencia del gobierno para gobernar y, por ende, para combatir el virus, ignorando la gran problemática socioeconómica que eso traería a los países, y todo gracias al gran pavor que nos introdujeron los medios de comunicación, tanto que en ese momento ya me siento morir por Covid y escribo esto como testamento, sin darnos oportunidad para reflexionar, porque tampoco es algo que se haga constantemente, debido a que solo somos animales domésticos que obedecemos al amo según cómo nos ordene él o los jefes del momento; porque, además, la mayoría de personas se aferran a la vida inútilmente, como si realmente vivieran, como si nunca se fueran a morir, una estupidez que se les debemos a las corrientes de la malformación humana, desde los grandes imperios -que mantenían ignorantes a los súbditos para que no se dieran cuenta de que son los que dan el poder a unos cuantos- hasta la fecha, donde seguimos los mismo patrones, solo que dibujándolos bajo los conceptos de empleador/empleado o gobierno/pueblo, por más que de cualquier forma ambos siguen siendo la cuna del opresor/oprimido, porque todavía seguimos siendo bastantes pobres de ser como para comprender lo que es la dignidad humana o lo digno del ser.

En la siguiente temporada el virus empezó a llegar de un país a otro hasta que finalmente los gobiernos empezaron a tomar el confinamiento como medida para salvar la vida de los más vulnerables, al mismo tiempo que nos metían miedo a todos, so pretexto de que los hospitales reventarían con los pacientes graves y bla, bla, bla, razón por la cual era necesario e indiscutible realizar dicha cuarentena o aislamiento social obligatorio, para que los hospitales y las ciudades no se llenasen de enfermos graves, al mismo tiempo que de muertos.

En el caso de Perú el aislamiento vino de dos en dos, como cervezas en un bar, cosa que “era necesario para salvaguardar la vida de la población, sobre todo de los más vulnerables”, según palabras del floro barato de Salvador Vizcarra. Decisiones que fueron buenas, pero mal gestionadas o accionadas, porque solo un mediocre o ladrón pueden pensar concientizar a un pueblo envuelto en la corrupción y miseria más de 30 años, donde las palabras de los políticos no son más que floro barato para seguir robando, cosa que hemos podido contemplar desde el primer momento, con la serie de inacciones que tuvo el gobierno de turno ante el robo descarado en las compras de mascarillas y otros implementos médicos y sanitarios, mostrando indiferencia a dicho tema a pesar que se empezaba a destapar el escándalo a nivel nacional por dichos robos, logrando afianzar esa indiferencia con la contribución a más corrupción al entregar dinero a las municipalidades para las canastas, sabiendo bien que ya hemos tenido serios problemas de corrupción en todo el país con el caso Odebrecht, el club de la construcción, reconstrucciones de desastres naturales, entre otros, al punto de que habíamos llegado a ocupar el quinto lugar de países más corruptos del mundo en algún diario internacional, siendo famosos por los presidentes “presos por corrupción”, algo que siempre dije que era mero show político, porque hasta ahora siguen chinos de risas, porque les seguimos pagando por ser expresidentes y jodernos el país.

Han pasado más de 60 días y sorprendentemente casi todo lo que he visto han sido medidas buenas mal ejecutadas, tanto que no he dejado de preguntarme: ¿tan imbéciles son esos profesionales que aplican buenas ideas como si fueran personas ignorantes? Al punto de que en mis disparos contra la descarada corrupción del gobierno he dicho que el cabecilla es un ladrón y mentiroso, además de andar rodeados de una sarta de imbéciles que no tienen ni la menor idea de cómo hacer bien las cosas, cosa que me ha ayudado a sacar a la luz el odio de muchísima gente que me ha denunciado, insultado y hasta amenazado solo por quejarme de la estupidez y mediocridad humana que albergan los políticos al tomar medidas tan paupérrimas de acción, como si estuvieran leyendo una manual para principiantes, mientras el mediocre pueblo seguía justificando la estupidez humana bajo frases que ayudan a contemplar mejor su nivel de lucha contra la corrupción, porque piensan matemáticamente, es decir, que corrupción más corrupción es igual a positivo, o sea, a “mediocridad humana”, porque son los mediocres los que terminan robando dinero al pueblo para sentirse poderosos y alcanzar “un nivel de vida digno”, uno que no es más que una ilusión, en autoengaño para no saber bien quién diablos es el ser humano, o qué implicar ser realmente persona, es decir, tener derecho a la vida, la dignidad, libertad, entre otros derechos constitucionales que al mismo tiempo también son universales y que en idea sirven para contribuir al desarrollo de la humanidad y no a su domesticación, como realmente lo sigue haciendo, y todo gracias al auspicio de la mediocridad que nos gobierna, porque humanamente todavía seguimos siendo mediocres, porque estamos muy por debajo de ser personas, es decir, de evolucionar de animal doméstico a persona.

Han pasado más de 60 días y hemos visto cómo cientos o miles de personas han naufragado entre sus lágrimas y la impotencia, como en la indiferencia e hipocresía de millones de seres vivos llamados animales racionales, entre los cuales están los malditos miserables que esperaban la muerte de la masa inservible para lograr sus fines, como los que pudieron estirar la mano para brindar un poco de ayuda por lástima o caridad, para sentirse buenos, para sentir que están haciendo algo bueno, como intentando limpiar su conciencia de la incontemplación de su ser que con su estilo o forma de vida contribuye a que esa miseria siga creciendo día a día, porque ¿cuántos se han puesto a pensar que si la corrupción y miseria existe en el país es porque hemos contribuido directa o indirectamente a ello? ¿Cómo? Fácil y sencillo: sabemos que el Banco para la Corrupción Peruana (BCP) apoya el robo al pueblo desde la política y los beneficios políticos de la corrupción, porque sabemos que la CONFIEP nos quiere explotar hasta que le seamos inservibles; porque sabemos que el Perú es 75%, informal (pequeñas y medianas empresas, como también comerciantes y ambulantes); porque sabemos el sistema de educación es miserable, tan miserable como para juntarse con la USIL a hacer un “aprendo en casa” que enseña que el juane se hace con hoja de plátano y no de bijao, solo por ser verde su envoltura; porque sabemos que el sistema de salud es nauseabundo, incapaz de atender bien en estados normales de vida; porque sabemos que tenemos millones de profesionales mediocres, que solo tienen una carrera para justificar su sueldo; porque sabemos que tenemos un poder judicial que merece ser escrito con minúscula porque es la cuna de la corrupción, motivo por el cual hay todas esas grandes obras de lucha contra la corrupción en el tacho de basura o el olvido; porque sabemos que hay grandes empresas que roban y oprimen al pueblo; pero, sin embargo, seguimos consumiendo la misma mierda como si fuéramos incapaces de darnos cuenta de cuánta basura nos entregan los grupos de poder en colusión con el gobierno, como si fuéramos incapaces de vivir sin ellos, a pesar de tener la noción de que ellos sin nosotros no existen, simplemente porque somos nosotros los que alimentamos su miserable ego o poder, simplemente porque naturalmente tendemos a ayudar al necesitado, razón por la cual existen un sinfín de ONGs como campañas de ayuda al prójimo o necesitado, sin preocuparnos en reformar el sistema en el que vivimos para que no sigamos necesitando dichas actividades de lástima, donde directa o indirectamente contribuimos a la corrupción, del mismo modo que lo hace el taxista o mototaxista cobrando de más una carrera, solo porque no conoces o porque él es vivo, tan igual como lo hace el comerciante acaparando productos para poder venderlos a más precio, comparando el producto al productor y a un precio menor del costo de producción, discriminando al agricultor que en esta pandemia se sacó la M para que no faltaran los productos en la mesa de toda la población, sin importar que su trabajo era uno de los más menospreciados por la cuestión económica, tan igual como lo hace aquel que vive aceptando recibir o pagar coimisiones por negociados personales, empresariales, laborales, permitiendo que las mafias del robo al pueblo (los políticos y trabajadores del estado) sigan robando, entre tantas otras cosas más que nos embriagan con tanta miseria y que han contribuido con la pandemia para el Genocidio deseado por un sinfín de grupos de poder como de mediocres, porque lastimosamente ahora que con los más de 60 días de confinamiento veremos el aumento del hambre y el terror que nos llevará a miles de muertes silenciosas que pasarán por Covid, y estas serán muertes que pudimos evitar de haber usado mejor la razón para aplicar las buenas medidas con bien, no con ases bajo la manga, pero bueno, ahora nos tocará limpiarnos las manos como los buenos Poncios Pilatos que somos, porque seguiremos buscando culpables para lavarnos la manos, no solo para protegernos del Coronavirus, sino también para sentir que somos personas diferentes: “mejores”, cuando no somos más que miserables que se encierran en su burbuja, esa misma que ahora seguro anda pensando -en mayoría, porque aquí no hablo de las excepciones que son muy pocas y que no pueden hacer mucho, porque lastimosamente están aisladas y cansadas de tanta miseria, pensando- que ahora es tiempo de hacer más dinero para guardar pan para mayo, porque hay muchas deudas que pagar, mucha competencia laboral, muchas oportunidades que no podemos dejar pasar, como las redes de mercadeo, esas que son una buena oportunidad para tener dinero fácilmente, sin caer en la cuenta de que es una estafa, porque ahí se vive estafando a los que no podrán negociar de la misma forma que tu bolsillo o labia de doble moral, porque no todos los ilusos que quieren tener dinero pueden juntar a los suficientes ilusos para darles ganancia fácil, con esa facilidad que me recuerda al método de trabajo que usaba nuestro emprendedor Manrique, solo que ahora dicha estafa lo usan con más poesía al momento de la venta, como para hacer volar a la gente por la imaginación de las alucinantes palabras enriquecedoras que nos brindan las campañas de las redes de mercadeo, sin dejar de ser otro sistema más de estafa opresora, esa que tarde o temprano termina mandando a la miseria a algunos para que los bolsillos de los pillos sigan engordando, esos que en algún momento necesitarán limpiar su conciencia con obras de caridad para no aceptar la verdad de su real indiferencia a la dignidad humana, razón por la cual creo que la mejor forma de medir el valor de las cosas es contemplando la realidad de la atención de las necesidades básicas, como alimento, salud, educación, trabajo y seguridad, para poder comprender realmente si es que estamos siendo indiferentes o no con la realidad sociocultural en la que “vivimos” o en la que creemos ser personas y vivir.

Pero bueno, ese es un asunto para viajes de reflexiones mayores, pero ahora solo quiero centrarme en ¿por qué digo que esta pandemia es un genocidio? Si analizamos del 6 de marzo al 19 vamos a ver que hemos tenido en 13 días 3 fallecidos por Covid-19 con 234 infectados, pero si a esos 234 le hacemos un cálculo de que cada infectado ha contagiado por lo menos unas 10 personas, antes de la cuarentena: del 6 al 15 de marzo, según nos informaban de la capacidad de contagio sin mascarilla, vamos a tener a unos 2340 infectados aproximadamente y con 3 muertos, un 0.13% de letalidad. Diez días después, con aislamiento social obligatorio, tenemos 852 contagiados -según registro del estado- con 29 muertos, es decir, 26 muertos más en 10 días de confinamiento, es decir, 618 más y si lo multiplicamos por 6, tendríamos un resultado de 3708 contagiados con 26 muertos (886 & de más, a comparación de los 13 primeros días de no confinamiento). Y si queremos comparar más allá: vamos a ir del 19 de marzo al 19 de abril, donde tenemos ya 15628 contagiados, dándonos 14776 desde el mes pasado, el que yo multiplicaría por 5, porque honestamente las mascarillas que se usaban en esa temporada eran malísimas, ya que no se tenía consciencia de que dichas mascarillas caseras permitían el pase del virus sin ningún problema, porque solo nos protegen entre el 5% o 10%, exagerando las mejores con un 20%, según pude contemplar en los videos que circulaban probándolos con spray o rociador, es decir, las mascarillas usadas en el primer mes solo servían para engañar a los policías y militares para que no nos jodan por no usarlas, no para no contagiarnos, por ende, teniendo en cuenta que el virus contagia desde que nos llega tenemos tendríamos 11368 contagiados nuevos, desde el 19 del mes pasado, monto proyectado en la realidad de la vida, no en las pruebas que realiza el gobierno, porque esas no llegará jamás a tener idea de la realidad, por ende, solo podemos creer más cercano a la realidad los números de muertos que nos dan: 371 (1279.31 & de más, en comparación con los 13 días de confinamiento). Y es aquí donde aparece el inicio del genocidio y ¿por qué razón? Durante 30 días de confinamiento hemos podido apreciar que los medios de comunicación nos han atormentado con el contagio, con el virus y su letalidad, y con las muertes desmesuradas en otros países, más una serie de tormentos mentales (dinero, comida, familia, injusticias sociales, hambre, éxodo, bono no entregado ni beneficiado, pago de deudas, alquileres, servicios y otros) que han contribuido a una serie de desórdenes alimenticios, fisiológicos, mentales, los que han contribuido sutilmente a que el cuerpo desgaste energía, al mismo tiempo que baja sus defensas, como también lo ha podido hacer en un sinfín de personas el hambre, la desnutrición, aparte del maldito bombardeo de la gente y sus antojos o gustitos alimenticios que no hacían más que contribuir a la humillación del más necesitado, porque lastimosamente con esto de la modernidad hasta el más pobre tiene acceso a las redes sociales, donde busca escapar muchas veces de su triste realidad para dejar de prestar atención a la preocupación y al hambre, para contemplar cómo muchos andaban pensando en el pollito a la brasa y sus tragos, sin siquiera comprender el dolor de la impotencia, del hambre, de la humillación, claro, porque no es culpa de ellos el que esa gente sea pobre, ni que tengan hijos que les arden las tripas, porque claro, no es culpa de ellos el hecho de que llevan más de treinta días sin poder trabajar para sobrevivir como lo hacían antes de la pandemia, porque claro, ellos no son de su familia ni de sus intereses diarios, pero en fin, es gente, masa, personas que deben morir por vivir en la miseria, por ignorantes, mediocres, delincuentes, borrachos, mujeriegos, cojudas que tienen un hijo tras otro, entre tantas otras cosas que las voces humanas disparan a quemarropa, tanto que por momentos comprendía mejor el tema hitleriano del campo de concentración, mientras veía como aumentaba el desprecio a la humanidad a flor de piel, porque la masa pudiente ya no solo se iba contra los extranjeros sino también contra sus propios compatriotas, mientras que los bellos discursos de doble moral religiosa, profesional o emprendedora apoyaban las medidas tomadas por el gobierno sin siquiera reclamar por esa gente que terminaba en la miseria por culpa propia y también por nuestra culpa, porque hemos sido miserables, porque solo nos hemos preocupado por tener un buen sueldo, un buen trabajo, una buena vida, para cumplir con los deberes cívicos y sociales para no sentirnos miserables como esa gente que está dentro del 75% de informalidad y que representa a la pobreza y extrema pobreza, a los delincuentes, choros, asesinos, borrachos, muertos de hambre, entre otros términos que suelen usar los grandes marginadores de la inferioridad de esta gente, gente que en mayoría está cargada de traumas históricos y familiares, y digo históricos porque viven repitiendo patrones de vida de los grupos sociales en los cuales se rodean por naturaleza, porque penosamente es la vida que conocen, esa misma vida que los ha llevado a conocer con mayor profundidad el hambre y la humillación durante esta pandemia, porque muchos de ellos, inocentemente, fueron golpeados por la pobreza y el sobrevivir día a día, sin tener una mano a quien acudir para levantarse, siendo juzgados incluso como la mayoría delincuencial, esos que son tan igual a los marginadores, porque de seguro son los que paran repitiendo incansablemente esa frase popular o religiosa que sirve para someter al hombre a sus ligas de oprimidos, para vestir una camiseta que dice: “de buenas intenciones está libre el infierno”, para aniquilar el buen deseo de cambiar las cosas, para no caer en la resignación de que así es el sistema, qué se puede hacer. Pero, bueno, del 19 de abril al 19 de mayo tenemos 2914 muertos por Covid-19, logrando tener 99483 según Perú en tus manos, siendo 84707 contagiados de más desde el 19 de abril, el cual podríamos multiplicar por 3 para tener 254121 una cifra más cercana a la realidad, eso sin tener en cuenta la gran inacción para las tomas de prueba del gobierno desde el principio, porque en ese caso, pienso que si agregamos a los asintomáticos podríamos multiplicar esta cifra por 5 y tendríamos 423535 infectados, de los que no me preocuparía, porque finalmente tarde o temprano todos nos infectaremos, ya que lo que se quiere evitar son las muertes, muertes que en un mes más de confinamiento improductivo aumentaron en 2514 (628.5 % en comparación a los 33 días de confinamiento), y que de seguro seguirán aumentando, porque a estas alturas tenemos una población bastante debilitada física y espiritual o mentalmente, motivo por el cual esta pandemia se transforma indiscutiblemente en un genocidio, porque las muertes no serían por el Covid-19 sino por la debilidad física y mental que ha sufrido el pueblo en este enfermizo confinamiento, el que no creo que nos haya servido de mucho, simplemente porque no hemos aprendido nada, solo a continuar con la supervivencia y la sobrevivencia, caso contrario, si yo me equivoco, veremos cómo el mundo se vuelve más racional y sensible con la vida que dejará su vida superficial para hacerla más profunda, más humana, luchando por los derechos de todos los hombres, por esa igualdad de vida digna para todos, hasta eliminar la miseria de la pobreza y extrema pobreza, como la de la explotación del hombre por el hombre, cosa que debería suceder si es que la humanidad ha aprendido algo, caso contrario: que se vengan más Coronavirus muchísimo más letales, hechos por el hombre o por la naturaleza, de cualquier nos sirve, porque somos el peor virus que tiene la tierra, mientras no aprendamos a vivir como personas, como seres trascendentales, porque nos seguiremos matando unos a otros y lavándonos las manos como Poncio Pilatos, porque como ya lo dije en un escrito anterior todos tenemos responsabilidad, pero si no lo recuerdan dejo aquí el porcentaje de responsabilidad: gobiernos anteriores (30%), 20% del gobierno actual, 15% de los grupos de poder, 15% del cuarto poder: la prensa, 10% de los directores médicos y colegios profesionales, 5% del pueblo “consciente” y 5% del pueblo irresponsable, porque todos hacemos que esta penosa realidad de la corrupción y deformación del hombre exista, porque esta pandemia no solo terminará cuando se acabe la cuarentena o se baje la curva de contagios y muertes por Covid, sino cuando no se sumen a las muertes por Coronavirus los muertos por hambre, por los delincuentes que aflorarán ante la crisis económica y por suicidio, los que se quitarán la vida por endeudamiento y vida dura que le tocará después de la cuarentena.

Lima, 18 y 21 de mayo de 2020 a las 02:04 y 20:40 horas

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Dignidad e Indignidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mientras no se hayan superado todas las barreras que discriminan a algún ser humano por cualquier de esas condiciones, no tiene sentido hablar de igualdad, libertad, solidaridad o régimen democrático.

José Manuel Arroyo Gutiérrez (Exmagistrado, Catedrático UCR)

Aunque los diccionarios registran distintos significados de la palabra dignidad, y de su opuesta, la indignidad, me quiero referir en esta oportunidad tan solo a dos acepciones de estos conceptos, para analizar el fondo y alguna ingrata anécdota de un tema que, pandemia aparte, ha tenido su debate en los últimos días.

Desde una perspectiva jurídico-política, la dignidad de una persona sólo puede ser definida y entendida desde el reconocimiento y efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales. La Historia milenaria registra cómo amplios sectores de la humanidad carecieron del justo reconocimiento de esos derechos y, de alguna manera eran, o incluso siguen siendo, personas de segunda clase, sub-humanos, o simplemente “cosas” en el inventario de quienes sí son considerados ciudadanos plenos. Tal ha sido la trayectoria de la mitad de la humanidad, las mujeres, así como también de esclavos, infantes y, por supuesto, los pobres, siempre los pobres. También ha sido el caso de extranjeros, migrantes, o aquellos diferentes en razón del color de piel, de sus creencias religiosas y políticas, o sus orientaciones sexuales o de género.

Mientras no se hayan superado todas las barreras que discriminan a algún ser humano por cualquier de esas condiciones, no tiene sentido hablar de igualdad, libertad, solidaridad o régimen democrático. Mientras no se garanticen a plenitud el disfrute de esos derechos, no podemos hablar de un auténtico estado de derecho y una eficaz vigencia de los derechos humanos.

El otro sentido de la palabra dignidad que me interesa traer a cuento, tiene que ver con su utilización para reconocer el merecimiento de una persona por sobre el común de los mortales, ya por su especial condición en el concierto social, ya por sus cualidades positivas, su natural liderazgo, sus habilidades y destrezas, o su sabiduría… En un régimen republicano ideal, desde las antiguas Grecia y Roma, el gobierno y los puestos de autoridad pública debían ser desempeñados por los, y ahora las, mejores ciudadanos y ciudadanas, elevados a los cargos de mayor prestigio en razón de sus virtudes y méritos.

Por eso, cuando un diputado de la República arremete a golpes contra un asesor parlamentario, estamos frente al quebranto de la dignidad, y naufragando en la indignidad, en los dos sentidos antes destacados.

Es indigno que supuestos representantes populares pretendan ignorar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia a la que, como nación, nos hemos voluntariamente adherido y comprometido a respetar sus decisiones. Es de toda indignidad que se pretenda ignorar el plazo que nuestro propio Tribunal Constitucional haya fijado para que la Asamblea Legislativa debatiera una forma legal que hiciera realidad el mandato internacional. Y resulta de oprobiosa indignidad, a estas alturas, que se intenten nuevas maniobras dilatorias y engañosas, so pretexto de que no ha habido tiempo u oportunidad de cumplir con las obligaciones impuestas, puesto que esto es abiertamente falso.

Uno no sabe qué es más indigno. Si pretender eludir la sentencia de los jueces de mayor jerarquía, o contemplar el bochornoso espectáculo de un “patricio” comportándose como fanático de gradería. Uno no sabe cuál es la peor forma de ejercer violencia de hecho. Si el flagrante incumplimiento de la ley por parte de quienes están llamados a ser los primeros en respetarla, o la respuesta a puñetazos de un sujeto que no parece tener ni la más lejana idea de lo que significa haber sido elevado a la dignidad de una curul parlamentaria.

Quienes piensen que las acciones del grupo de diputados y diputadas contumaces, y la acción de su colega agresor, son dos cuestiones cualitativamente diversas, se equivocan. Ambos comportamientos están envueltos por la misma lógica perversa. Sólo se trata de dos maneras apenas diferentes de ejercer violencia, de tomarse la ley en sus manos, de acudir a las vías de hecho contra todo derecho, y pretender imponer el criterio y pre-juicio religioso particularísimo, sobre una minoría discriminada, contra todo equilibrio de poderes y sano control democrático.

 

Artículo publicado por el Semanario Universidad en la columna ¿Gato o Liebre?
Compartido con SURCOS por el autor.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de malagaldia.es

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